Panorama tributario

Obras por impuestos

Revista Nº 205 Ene.-Feb. 2018

Humberto Aníbal Restrepo Vélez 

Abogado tributarista 

Con la expedición del Decreto 1915 del 2017 se abrió paso a la aplicación de un complicado mecanismo de pago denominado obras por impuestos, que había sido incorporado a nuestro ordenamiento jurídico mediante la reforma tributaria estructural (L. 1819/2016, art. 238, en los términos en que debió ser adicionado por el D.L. 883 del 2017), pretendiendo aprovechar la experiencia de la República del Perú, producto de casi dos (2) lustros de implementación de esta figura.

No es otra cosa que un nuevo modo de extinguir parcialmente las obligaciones tributarias relacionadas con el impuesto sobre la renta y complementarios, al que pueden optar las personas jurídicas contribuyentes de dicho impuesto —solo si sus ingresos brutos del período gravable son iguales o superiores a 33.610 UVT—, a través de la inversión directa en la ejecución de proyectos de trascendencia social en cualquiera de los 344 municipios —ya designados— que integran las zonas más afectadas por el conflicto armado (Zomac), bajo las siguientes modalidades: (i) destinando hasta el cincuenta por ciento (50%) del impuesto a cargo determinado en la respectiva declaración privada a proyectos de inversión en infraestructura y/o dotación, o (ii) financiando proyectos de inversión solo en infraestructura cuyo valor supere el cincuenta por ciento (50%) de tal impuesto a cargo.

Se trata de que el contribuyente asuma directamente la realización de una o más obras relacionadas con el suministro de agua potable, alcantarillado, energía, salud pública, educación pública o construcción y/o reparación de infraestructura vial, que debe corresponder a iniciativas o proyectos debidamente viabilizados y registrados en el banco de proyectos de inversión en las Zomac, a cargo de la Agencia para la Renovación del Territorio (ART), previo visto bueno del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y soportado por el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP).

Para el efecto, el contribuyente que desee optar por esta modalidad de pago, deberá efectuar una solicitud de vinculación de su pago de impuestos al proyecto seleccionado, mediante un único escrito dirigido a la ART, al DNP y a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), dentro de los tres (3) primeros meses del año siguiente al respectivo período gravable (sic), para que, en caso de ser aprobada, proceda a prepararse para la ejecución del proyecto, esto es, constituir una fiducia mercantil irrevocable con destino exclusivo a la ejecución de la obra objeto del proyecto y depositar el monto total del impuesto a pagar de esta manera, definir el cronograma, celebrar los contratos y seleccionar la gerencia del proyecto, entre otros, para continuar con la etapa de ejecución, construcción y entrega de la obra.

El propósito fiscal depende de la manera cómo se realiza la inversión, así:

(i) Cuando el contribuyente destine hasta el cincuenta por ciento (50%) del impuesto a cargo determinado en su declaración privada, la obligación tributaria de pago de este valor se extinguirá en la fecha en que se produzca la entrega de la obra totalmente construida y en disposición para su uso y/o funcionamiento. Para ello, el término de prescripción de la acción de cobro por esta suma se interrumpe (sic) a partir de la comunicación de la aprobación de la postulación y se reanuda con la certificación del interventor a la DIAN acerca del incumplimiento definitivo de la obligación de construcción de la obra.

(ii) Si lo que se pretende es invertir una suma equivalente a más del cincuenta por ciento (50%) del impuesto a cargo determinado, se facilita la recuperación de esta inversión a manera de descuento efectivo en el impuesto sobre la renta y complementarios liquidado en las declaraciones que correspondan al período gravable siguiente al año de aprobación del proyecto, en cuotas iguales del diez por ciento (10%) durante un periodo de diez (10) años, independientemente del grado de avance de la obra, respetando, en principio, un límite de descuento anual de hasta el cincuenta por ciento (50%) del impuesto liquidado en cada vigencia.

Sobra advertir que el incumplimiento definitivo en la obligación de ejecución y entrega de la obra, limita este medio de pago al monto ejecutado de conformidad con el avance de obra, amén de la obligación de cancelar el saldo insoluto con intereses de mora causados desde la fecha del incumplimiento —para la primera modalidad—, y de la imposición de una sanción por incumplimiento equivalente al ciento por ciento (100%) del valor ejecutado.

Si bien a priori la figura supera el test de constitucionalidad, al estar enmarcada en la excepción que prevé la inversión social para no limitar las rentas nacionales de destinación específica (C.N., art. 359, num. 2º y D. 111/1996, art. 41), como ya es usual, nuevamente se presentan fallas en la estructuración de la norma, que tampoco son superadas por un decreto reglamentario prolijo, pero confuso, incongruente y contradictorio, lo que pone en duda su efectiva aplicación, a menos que —y ojalá así no sea— tanto los contribuyentes dispuestos a optar por este medio de pago, como las iniciativas y proyectos a seleccionar, tengan nombre propio.