iuris dictio

Martha Patricia Hernández Biografía

Abogada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Santo Tomás de Aquino (Colombia). Especializada en derecho Comercial en la Universidad Externado de Colombia. Catedrática de la Universidad Sergio Arboleda (Colombia). Redactora de la guía jurídica de los negocios Fiduciarios en Colombia editada por LEGIS 2011.

Sumario Origen, evolución y establecimiento del derecho del consumo en Europa y EE. UU. y la protección al consumidor en América Latina

El presente artículo parte de los antecedentes históricos del origen del consumidor y la relación del consumo, continuando con la evolución del derecho del consumo y la protección al consumidor en Estados Unidos, la Comunidad Europea, la Organización de las Naciones Unidas —ONU—, Consumers International y Mercosur como preámbulo de un cuadro comparativo entre las diferentes legislaciones de América Latina respecto de su consagración constitucional.

Abstract Origin, evolution and establishment of consumer rights in Europe and the USA and consumer protection in Latin America

The present article has as its base the historical antecedents of the origin of the consumer and the consumption relationship, continuing with the evolution of the Consumption Right and the protection of the consumer in the United States, the European Community, The United Nations —UN—, Consumers International and Mercosur as a preamble of a comparative table between the different Latin American legislations taking into account its constitutional consecration.

Consumidor

Proveedor

Relación de Consumo

Publicidad

Origen, evolución y establecimiento del derecho del consumo en Europa y EE. UU. y la protección al consumidor en América Latina

Revista Nº 58 Ene.-Mar. 2018

por Martha Patricia Hernández 

Introducción

Inicialmente, el presente artículo pretende penetrar en la evolución del Derecho de Consumo como disciplina autónoma y en constante desarrollo desde mediados del siglo pasado, con el ánimo de regular las relaciones de los ciudadanos cuando actúan en el mercado propendiendo por su protección ante su situación de debilidad frente a los empresarios, partiendo de la etapa previa a su irrupción en el mundo jurídico, el contexto social que posibilitó su génesis y su estado actual en las diferentes legislaciones de los países de América Latina.

Al reseñar la evolución, resultó esencial adherir el epíteto histórico, máxime cuando se efectuó una reconstrucción explicativa del surgimiento del derecho de consumo en Estados Unidos, Comunidad Europea, Organización de la Naciones Unidas —ONU—, Consumers Internacional, en el Mercosur y su consagración constitucional en los diferentes países de Latinoamérica, aspecto este último que obedeció a la necesidad de materializar la igualdad y restablecer el equilibrio de las relaciones entre empresa y consumidores en una economía de mercado que no está matizada por el valor justicia social y que tiende a aplicar los principios de la economía clásica sobre autonomía de la voluntad y la igualdad formal.

Las directivas adoptadas en 1985 por la Asamblea de la ONU, que fueron traducidas en claros derechos de los consumidores, fueron acogidas por los países latinoamericanos como derechos del consumidor. A partir de ellas, este escrito desarrolla sucintamente el marco legal sobre los aspectos más relevantes del Derecho de Consumo en Latinoamérica, definiendo, en primer lugar, como consumidor a quien sin ser parte de una relación de consumo como consecuencia o con ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar y como proveedor a las personas naturales o jurídicas, de carácter público o privado, que habitualmente desarrollen actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución o comercialización de bienes o de prestación de servicios a consumidores.

Luego, y bajo el contexto anterior, se incorpora el concepto de la Relación de Consumo como el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario, en la cual el proveedor se obliga a suministrarle al consumidor la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado y se prohíbe la publicidad engañosa y abusiva sobre los mismos, exigiéndose el anunciante en los términos de dicha publicidad con el consumidor.

Finalmente se delimita el derecho del consumo de tal forma que se sepa cuál es su contexto y real alcance frente a la protección de la integridad del consumidor como una prioridad, ante el riesgo de sufrir un daño inherente a la introducción de productos defectuosos o con vicios de calidad o cantidad en el mercado. La responsabilidad solidaria y objetiva por productos defectuosos y por el cumplimiento de las garantías, para culminar, y el derecho de retracto que le asiste al consumidor o usuario.

I. Antecedentes

A finales de la Segunda Guerra Mundial se implantó el llamado Estado de bienestar en varios de los países industrializados, el cual se caracterizó por el acrecentamiento en el poder adquisitivo de los diferentes estratos sociales derivado del mejoramiento salarial obtenido por los acuerdos celebrados por los sindicatos y las organizaciones patronales; situación que conllevó a aumentar la producción y a fomentar el consumo de productos publicitados como imprescindibles, con el fin de que se consumiera todo lo fabricado, aumentando, de esta forma, las ganancias de los industriales, todo ello de la mano de los adelantos tecnológicos de la época. Igualmente se incorporaron, en los sectores medios y bajos en el mercado consumidor, productos antes reservados a las clases privilegiadas, tales como electrodomésticos, automóviles, etc., mejorándose, así, el nivel de vida de los obreros lo que mitigó los reclamos y los posibles conflictos sociales. A este modelo basado en el consumo masivo se lo denominó sociedad de consumo y dos fueron los elementos fundamentales que ayudaron a instalar el consumismo: la publicidad y las ventas a crédito.

Es así como el desarrollo del derecho del consumidor surge a partir de los años 60 con el reconocimiento del status de consumidor y la relación de consumo, con esta nueva disciplina el Estado pretende intervenir en la contratación privada para resguardar el interés privado del consumidor como resultado de los abusos de que era víctima como consecuencia de los principios del individualismo y de no intervención del Estado, aplicados a la relación de consumo y que serían la base de la teoría tradicional del libre mercado e individualismo que imperaba para la época y fue el fundamento (Piris, 2000: 2-3) de las doctrinas anglosajona del caveat emptor “el consumidor sea consciente” que demandaba como algo lógico y natural que el empresario trataría de obtener ventajas del consumidor por lo que este debía utilizar el sentido común para evitarlas de lo contrario no podía quejarse y, en el Derecho Occidental Moderno, con fundamento en los principios de libertad e igualdad derivados de la Revolución Francesa, si a todos los hombres se los consideraba libres e iguales, era lógico que la contratación estuviera regida por el principio de autonomía de la voluntad, tornando obvio que el contrato constituía ley para las partes.

A pesar de la precariedad del Derecho de Consumo antes de mitad del siglo XX, existían en las legislaciones civiles y comerciales preceptos como los vicios ocultos, que conferían cierta protección al consumidor-comprador, la cohibición de los monopolios, que alentaban la lealtad comercial, y que exigían a los productos ciertas condiciones mínimas para ser comercializados, lo cual, de cierta forma, benefició al consumidor. Sin embargo, el incremento de la demanda de bienes y servicios después de la posguerra, con ocasión de un mayor poder adquisitivo, exigió un mercado más ágil y con diversidad de productos, en el que no tenían cabida las formas tradicionales de contratación y se hacía cada vez más necesaria la imposición de contratos prediseñados o de adhesión por parte de los productores, proveedores y distribuidores en los cuales los consumidores no tenían participación y eran lesionados, la mayoría de las veces, en sus intereses y derechos. Adicionalmente este mercado moderno evolucionado exigía nuevas formas de resolver los conflictos derivados de la relación de consumo de manera más expedita, contrario sensu de las formas convencionales que regían para ese entonces, ya que resultaban inoperantes.

Ante esta situación era imprescindible para el Estado tomar riendas sobre la protección del consumidor, previa su identificación como un grupo social determinado; es así como surge la definición de “consumidor como un sujeto del tráfico económico y de mercado frente a la empresa organizada; quién es el usuario final de bienes y servicios para uso privado”, es decir, con el propósito de no volverlos a introducir nuevamente en el mercado. En otras palabras es el último eslabón en la cadena de producción-distribución-comercialización, según Piris (2000).

Es así como, en la América del Norte, Comunidad Europea y América Latina se comenzaron a desplegar esfuerzos en reglamentar esta nueva disciplina.

II. Evolución del derecho del consumo y la protección al consumidor

1. Estados Unidos

Entre los años 50 y 60, en los Estados Unidos, se propagó un nuevo estilo de vida que comenzó a difundirse como el american way of life “estilo de vida americano”(1), el cual tenía como fundamento, la realización individual de los seres humanos a través del consumo de artículos; Para ello, se utilizaron dos elementos: la publicidad y la disminución de la calidad de los productos, con el fin de que tuvieran menor vida útil y por lo tanto, fuera necesario reponerlos más rápidamente(2). Las características de ese estilo fueron —además del consumismo— la exageración, la ostentación de la riqueza y la grandiosidad reflejadas en todos los órdenes. Es así como, la industria automotriz norteamericana se diferenció de las demás por el enorme tamaño de sus vehículos y por su mayor potencia, se creó, de este modo, una notoria influencia y hasta dependencia cultural, pues el resto de los países estuvieron influidos por la moda y las preferencias norteamericanas, más allá de sus propias tradiciones o idiomas.

El 15 de marzo de 1962, el presidente de EE. UU. John F. Kennedy en su discurso ante el Congreso, por primera vez, estableció principios de protección al consumidor de manera formal(3). Dijo Kennedy en su discurso. “Por definición, el término consumidores, nos incluye a todos”, “Ellos son el grupo económico más amplio que afecta y es afectado por casi cada decisión económica pública o privada. No obstante, es el único grupo importante (...) cuyas opiniones a menudo no son escuchadas”. Las afirmaciones del líder norteamericano constituyeron un punto de partida para las legislaciones futuras sobre los derechos del consumidor, tales como, el derecho a la seguridad, a la información, a la libre elección, a la existencia de competencia de precios y a ser escuchados para la formulación de políticas de consumo, con el fin de que su situación de inferioridad respecto de las empresas estuviera protegida y mejorara su calidad de vida.

En la actualidad el trabajo de la Consumers International y sus organizaciones miembros está inspirada en ocho derechos básicos de los consumidores: i) Derecho a la satisfacción de necesidades básicas, ii) Derecho a la seguridad, iii) Derecho a ser informado, iv) Derecho a elegir, v) Derecho a ser escuchados, vi) Derecho a la reparación, vii) Derecho a la educación como consumidores y viii) Derecho a un ambiente saludable.

En la década de los 80, el entonces presidente de Consumers International Anwar Fazal(4), introdujo igualmente un conjunto de responsabilidades de los consumidores para cumplir con sus derechos que se mantienen en la actualidad y han sido adoptados por varias organizaciones de derechos, estas son:

• “Conciencia crítica: los consumidores deben ser sensibilizados para hacer más cuestionamientos acerca de la entrega y la calidad de bienes y servicios.

• Participación o acción: los consumidores deben involucrarse y actuar para garantizar que reciban un trato justo.

• Responsabilidad social: los consumidores deben actuar con responsabilidad social, con preocupación y sensibilidad hacia el impacto de sus acciones sobre las demás personas, en particular en relación con los grupos vulnerables de la Comunidad y en relación con las realidades económicas y sociales existentes.

• Responsabilidad ecológica: debe haber una mayor sensibilidad a los impactos de las decisiones de consumo sobre el medio ambiente físico, el cual debe ser desarrollado de manera armoniosa, promoviendo la conservación como el factor más importante en la mejora de la calidad real de vida de la población para el presente y el futuro.

• Solidaridad: las mejores y más eficaces acciones se producen mediante esfuerzos de cooperación dirigidos a la formación de organizaciones de consumidores/ciudadanía que juntos pueden tener la fuerza y la influencia para garantizar que se preste la debida atención a sus intereses”.

2. Comunidad Europea

Por su parte, en la Comunidad Europea la protección al consumidor encuentra su punto de partida metódico en la Cumbre de Jefes de Estado de París en 1972, como lo afirma el licenciado José Eugenio Castañeda (1992: 197): “En la misma, los jefes de estado unieron desarrollo económico y mejora de la calidad de vida, así, en su comunicado final se dice que: ‘La expansión económica no es un fin en sí misma y debe traducirse en una mejora de la calidad y nivel de vida”. Lo antepuesto deja claro que el Tratado de Roma de 1968 no fue el inicio de una política de protección al consumidor, a pesar que hiciera mención a la necesidad de fortalecer la posición del consumidor comunitario y que se registraran intentos aislados de protección de los intereses privados de los consumidores, tal y como se demuestra con la creación del Comité de Contacto de los Consumidores en 1962.

Se subraya que la Carta Europea de Protección al Consumidor de 1972 incitó a las instituciones comunitarias para que introdujeran en su normatividad constitucional la protección a los consumidores, cuyo resultado se vio incrementado con la creación de las siguientes comisiones: i) La División para Información y Protección de los Consumidores y Seguridad Nuclear, que después sería la Dirección Ge-198 ii) Medio Ambiente; Protección de los Consumidores y Seguridad Nuclear. En 1973 se creó el Comité Consultivo de los Consumidores, encargado de ser el transmisor de las reivindicaciones de los consumidores a las instituciones comunitarias. En opinión del licenciado José Eugenio Castañeda (1992) todo este movimiento tiene su reflejo normativo el 14 de abril de 1975 en el Programa Preliminar de Acción para la Información y Protección de los Consumidores. Este programa apoyó definitivamente el concepto de consumidor como “persona interesada en los diferentes aspectos de la vida social que pueden afectarle directa o indirectamente”, idea esta que va a tener su reflejo y posterior desarrollo en toda la normativa de consumidores, en primer término, y en segundo lugar la protección jurídica en el evento de violación de los derechos de los consumidores a saber: i) Derecho a la protección de la salud y seguridad; ii) Derecho a la protección de sus intereses económicos; iii) Derecho a la reparación de los daños sufridos; iv) Derecho a la información y educación en materia de consumo; v) Derecho a la representación.

En la década de los 80 se inició un nuevo programa cuyo enfoque, básicamente era “la relación del precio del bien o servicio respecto a su calidad”. Se concretaron desde la reunión monográfica que tuvieron el Consejo, el 12 de diciembre de 1985 y la Directiva 450 de 1984 sobre publicidad engañosa y la Directiva 374 de 85 sobre responsabilidad por defecto en los productos. Por otra parte, el Consejo adoptó la Resolución del 13 junio de 1986 que garantiza la protección a la salud y seguridad de los consumidores, estableciendo para ello la necesidad que los productos vendidos en la Comunidad respondan a normas de calidad y sanidad aceptables.

Desde la óptica de la Directiva 374 de 1985 se entiende por producto defectuoso “el cual no ofrece al consumidor la seguridad que de él pueda esperarse atendiendo a su uso razonable. Endilgándole la responsabilidad al fabricante y distribuidor solidariamente frente a la víctima”, que no se denomina en ella consumidor, habida cuenta que se está en presencia de un hecho que produce un daño reparable. El fabricante puede exonerarse de la responsabilidad probando que el defecto no se debe a su actividad, por su parte el distribuidor se exonera probando que se debe a vicios en la actividad del fabricante indicando quien es. La responsabilidad del suministrador es supletoria y en el supuesto que el fabricante no se haya identificado.

De otra parte y en lo referente a los daños objeto de reparación, esta comprende los casos de muerte o lesiones corporales y los daños materiales, siempre que la cosa dañada sea de las que normalmente se destinan al consumo privado y el perjudicado los haya empleado para su consumo privado.

La Directiva 374 de 1985 ha recibido varias críticas por su estrictez en varios aspectos, algunos de los reparos tienen que ver con características tales como: i) No es automática; ii) Contiene muchas causales de exclusión; iii) Demasiado limitante en cuanto a las cuantías e indemnización, iv) Contiene una responsabilidad objetiva que invierte la carga de la prueba a la víctima, quién tiene que verse abocada a probar el daño y la relación de causalidad con el producto defectuoso (1992: 202-203). Sin embargo, de esta Directiva son plausibles los plazos de prescripción de las acciones de reparación por parte de las víctimas, que son de tres años desde la fecha en que el demandante tuviera o hubiera debido tener conocimiento del daño; el plazo de caducidad de los derechos que la Directiva reconoce a los consumidores que es de diez años; la mejor protección que tienen los derechos de los consumidores al no fijar un límite económico a la responsabilidad por daños, que nunca podrá ser inferior a 70 millones de Ecus.

La política autónoma de protección de los consumidores tuvo vigencia a partir del Acta Única Europea en 1987 (Sáenz y Pérez, 2004 de la comisión, como parte del programa de mercado interior, tomando como medida un alto nivel de protección de estos, principio que serviría de base para que en años sucesivos se adoptaran diversas e importantes directivas en materia de protección de los consumidores.

En mayo de 1990 la Comisión formuló un plan trienal que estaba pensando en el mercado único Europeo. Las prioridades de este plan, tal y como lo muestra el siguiente cuadro, fueron diferentes a las declaradas hasta ese momento:

AntesPlan trienal
1. Primaba la protección a los intereses del consumidor.1. Priman las garantías de la seguridad al consumidor.
2. Primaba la seguridad.2. Se amplían las posibilidades reales de la protección a los consumidores en el mercado.
3. Lo importante era conseguir la mejora de la información.3. Lo importante es mejorar la difusión de la información.
4. Lo importante era mejorar la representación de los consumidores.4. Se intenta garantizar que la representación de los consumidores sea oportuna y suficientemente escuchada.

El fundamento legal de la protección de los consumidores se registró, por primera vez, en un capítulo autónomo (capítulo XI) en el Tratado de la Unión Europea de 1992, imponiéndose, además, como un régimen necesario para alcanzar los fines de la Comunidad Europea a través de medidas adoptadas con base en el artículo 95 en el marco de la realización del mercado interior, con acciones específicas de protección a la salud, a la seguridad e interés económico de los consumidores y al suministro de información adecuada, quedando los Estados miembros en libertad de introducir medidas de protección más estrictas.

Con posterioridad, en el Tratado de Ámsterdam de 1998 se consagró el principio de horizontalidad en materia de aplicación de normatividad de protección de los consumidores al prescribir que esta será tenida en cuenta a la hora de definir y aplicar otras políticas de la Comunidad y le proporciona facultades a dicha comunidad para supervisar la política adoptada por los Estados miembros (2004).

En la actualidad la tendencia de la Comunidad sobre la protección de los consumidores está enfocada en armonizar la legislación en todos los Estados miembros, lo cual tendría una incidencia significativa para las legislaciones comerciales, buscando la eliminación de barreras comerciales y facilitar el mercado transfronterizo. Lo cual es comprensible si se aprecia el soporte de la Unión Monetaria de la Comunidad pues la intención, con un mercado interior único, es la de intensificar las relaciones comerciales y financieras de todos los participantes en el mercado.

3. Organización de las Naciones Unidas, ONU

En 1985 la Asamblea de las Naciones Unidas adoptó directrices, otorgándole una importante legitimidad a los principios de los derechos del consumidor y sirviendo asimismo como guía para el desarrollo de legislaciones nacionales de protección al consumidor. Es así como reglamentó siete derechos básicos del consumidor: i) Recibir información oportuna, completa clara y veraz sobre el producto o servicio; ii) Elegir libremente el producto o servicio; iii) No ser discriminados ni maltratados en virtud de la orientación sexual, raza, condición social, discapacidad u otros similares; iv) Recibir bienes y servicios de calidad y que ofrezcan seguridad; v) Asociarse con otros consumidores o familiares para hacer valer sus intereses; vi) Recibir educación en materia de consumo, y vii) Recibir compensación, es decir, que se le devuelva el dinero pagado, se reduzca el precio o se repare el daño cuando el servicio no es prestado como se ofreció o el bien no cumple con las especificaciones anunciadas.

En 1999 las directrices fueron actualizadas con una nueva sección sobre Consumo y Producción Sustentables —sección G— para reflejar las preocupaciones ambientales que surgieron durante la década de 1990. Los principales objetivos de esta actualización fueron: “a) Ayudar a los países a lograr y mantener una protección adecuada de sus habitantes en calidad de consumidores; b) Facilitar las modalidades de producción y distribución que respondan a las necesidades y los deseos de los consumidores; c) Instar a quienes se ocupan de la producción de bienes y servicios y de su distribución a los consumidores a que adopten estrictas normas éticas de conducta; d) Ayudar a los países a poner freno a las prácticas comerciales abusivas de todas las empresas, a nivel nacional e internacional, que perjudiquen a los consumidores; e) Facilitar la creación de grupos independientes de defensa del consumidor; f) Fomentar la cooperación internacional en la esfera de la protección del consumidor; g) Promover el establecimiento en el mercado de condiciones que den a los consumidores una mayor selección a precios más bajos; h) Promover un consumo sostenible.

Las necesidades legítimas que las directrices procuran atender son las siguientes: a) La protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y su seguridad; b) La promoción y protección de los intereses económicos de los consumidores; c) El acceso de los consumidores a una información adecuada que les permita hacer elecciones bien fundadas conforme a los deseos y necesidades de cada cual; d) La educación del consumidor, incluida la educación sobre la repercusión ambiental social y económica que tienen las elecciones del consumidor; e) La posibilidad de compensación efectiva al consumidor; f) La libertad de constituir grupos u otras organizaciones pertinentes de consumidores y la oportunidad para esas organizaciones de hacer oír sus opiniones en los procesos de adopción de decisiones que las afecten; g) La promoción de modalidades sostenibles de consumo”.

Igualmente se insta a los gobiernos para que implanten y conserven una infraestructura adecuada que permita formular, aplicar y vigilar el funcionamiento de las políticas de protección del consumidor, garantizar que las medidas de protección se apliquen en beneficio de todos los sectores de la población —en particular de la población rural y los pobres— y que todas las empresas acaten las leyes y reglamentos aplicables en los países en que realizan sus operaciones, así como las normas internacionales pertinentes.

Las directrices han sido interpretadas por Consumers Internacional y traducidas en claros derechos de los consumidores:

• Derecho a la satisfacción de las necesidades básicas

• Derecho a la seguridad

• Derecho a ser informado

• Derecho a elegir

• Derecho a ser escuchado

• Derecho a la reparación

• Derecho a la educación de los consumidores

• Derecho a un medio ambiente sano

Las directrices fueron revisadas nuevamente por la Asamblea de las Naciones Unidas y a finales del 2015 se adicionaron las siguientes:

• “Reconocimiento del acceso a bienes y servicios esenciales y de la protección de los consumidores vulnerables y desfavorecidos como legítimas necesidades de los consumidores;

1. Nueva orientación sobre comercio electrónico, paridad de trato entre los consumidores en línea y fuera de línea, y protección de la privacidad de los consumidores;

2. Nueva orientación sobre servicios financieros, servicios públicos, buenas prácticas comerciales y cooperación internacional;

3. Instalación de un nuevo grupo intergubernamental de expertos sobre política, derecho y protección de los consumidores, para monitorear la aplicación de las directrices, que funcionará como un foro de intercambio”.

La revisión de las directrices de la ONU coincide con la reciente aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible —ODS— por Naciones Unidas. Las directrices constituyen una herramienta poderosa para ayudar a los gobiernos a implementar muchas de estas metas”.

4. Consumers Internacional

Es la Asociación Internacional de Consumidores compuesta por 250 organizaciones miembros en 120 países que actúa como la voz global autorizada e independiente de los consumidores y que tiene la misión de defender, promover, desarrollar y aplicar los derechos de los consumidores; así como apoyar, desarrollar y trabajar directamente con las organizaciones miembros, buscando proteger, informar y dar voz a los derechos de los consumidores en todo el mundo.

5. El derecho de consumo en el Mercosur

En el año 1991 cuatro países, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, suscribieron el tratado de Asunción que dio origen al Mercosur, Mercado Común del Sur; con posterioridad, en el año 2012, se adhirió Venezuela. La política Mercosur es facilitar el intercambio de mercancías entre los Estados miembros y la libre circulación de personas, bienes y capital.

Dentro del reto de la integración, los países vinculados a Mercosur, se propuso armonizar la legislación con el fin de propender por una adecuada operación de la integración sin fronteras dando vital importancia al Derecho del Consumo, toda vez que, la eliminación de derechos aduaneros y de restricciones en la circulación de mercancías podía originar la falta de protección adecuada y completa de los consumidores.

No obstante lo anterior, el tratado de Asunción no hizo ninguna referencia al consumidor o sus intereses (Rojo, 2012), fue tan solo a partir de 1994 a 1997 que el protocolo Ouro Preto afianzó la protección del consumidor como una política de Mercosur.

En desarrollo de la estrategia adoptada, se emitieron varias resoluciones sobre los derechos del consumidor, destacándose la Resolución 126 de 1994 del Grupo de Mercado Común —GCM—, en la cual se dispuso, que cada país miembro debería aplicar su propia normativa en defensa del consumidor frente a los productos y servicios que se comercializan en su territorio, sin que en ningún caso, esta normativa supere frente a los bienes provenientes de los países miembros de Mercosur exigencias superiores a las que se les aplica a los productos y servicios provenientes de terceros países.

Posteriormente se creó el Comité Técnico 7 de Defensa del Consumidor a quien se le designó la tarea de elaborar el proyecto de Reglamento para la Defensa del Consumidor para Mercosur; Comité que aprobó, con las sugerencias de la Comisión de Comercio de Mercosur —CCM— diversos temas concernientes a los derechos de los consumidores que fueron plasmados en varias Resoluciones de 1996, tales como: i) Resolución 123 que delimita los conceptos fundamentales del derecho del consumidor; ii) Resolución 124 que declara los derechos básicos de los consumidores; iii) Resolución 125 sobre la efectiva protección de la salud y seguridad; iv) Resolución 126 que delimitó los parámetros en que debía efectuarse la publicidad de los bienes y servicios para que no resultara engañosa o abusiva, y v) Resolución 127 sobre las condiciones de las garantías contractuales. Aunado a lo anterior, en todas ellas se ordenó la incorporación de dichas prescripciones en los ordenamientos jurídicos de los Estados vinculados mientras entraba en vigor el Reglamento definitivo sobre la Defensa del Consumidor.

De la versión definitiva del Proyecto de Protocolo, inicialmente denominado Resolución, el abogado Cristian Ricardo A. Piris (2004, 2: 324) subraya su aporte invaluable sobre los conceptos de consumidor, proveedor, relación de consumo y contrato de adhesión, principalmente. Respecto de la solución de conflictos, el Consejo del Mercado Común —CMC— rubricó el Protocolo de Santa María en el que describió el procedimiento y los tribunales competentes para dirimir las controversias suscitadas entre un consumidor y un proveedor con domicilios en Estados diferentes o que domiciliados en el mismo Estado su relación de consumo se haya originado en un Estado distinto.

A finales de 1997, se sometió a consideración de los países vinculados el proyecto de protocolo, proyecto que fue desaprobado y no suscrito por Brasil al considerar que trasgredía los niveles mínimos de protección del consumidor consagrados en la legislación de ese país, pues derogaba implícitamente una serie de artículos del Código de Defensa del Consumidor Brasilero, resultando la norma contraria tanto a la armonía legislativa originalmente propuesta y a la legislación más avanzada, como a los estándares internacionales sobre el particular.

La decisión de Brasil provocó que tanto la Resolución 123 de 1996 como el protocolo de Santa María carecieran de valor jurídico puesto que su vigencia se condicionó a la aprobación del “Reglamento Común para Defensa del Consumidor”, en opinión de la doctora Martina Rojo (2012).

Definitivamente, en diciembre del año 2000, los Presidentes de Mercosur deciden volver al plan inicial emiten un proveído en el cual emiten una declaración de derechos fundamentales de los consumidores de Mercosur comprometiéndose a una armonización progresiva de sus legislaciones en este aspecto.

6. El derecho de consumo y su consagración constitucional

Según de la autora Liliana Manzano Chávez (2003: 4), Brasil fue el primer país de Sur América en expedir normas concernientes a la defensa de los derechos de los consumidores e instituir, en los años 70, organizaciones del consumidor como el Consejo de Defensa del Consumidor en Río de Janeiro —1974—, la Asociación de Protección del Consumidor en Porto Alegre —1976—; así como la primera institución pública de defensa del consumidor en el país y establecer el Sistema Estadual de Protección del Consumidor de Sao Paulo o PROCONS —1976—.

Defensa que se incorporó en la constitución federal brasilera de 1988, en sus artículos 5º y 170, como un derecho fundamental, partiendo del hecho que el consumidor es parte débil en el mercado, en la relación de consumo y en la desigualdad económica y técnica, responsabilizando al Estado por la promoción de la defensa del consumidor que derivó, con posterioridad, en la excursión de la Ley 8078 del año 1990 que constituyó el Código de Defensa del Consumidor, el cual sistematiza las normas legales sobre protección del consumidor bajo los principios dictados por la Constitución (Appelgren y Pérez, 2014: 75-77).

Francisco Javier Appelgren Deck y Javier Ignacio Pérez Marchant (2014: 34), consideran que Argentina fue el primer país Latinoamericano en incluir, de manera expresa, la protección de los consumidores dentro de una Constitución, consagrando dicha protección por primera vez en la Constitución de la Provincia del Chaco de 1958. La actual Constitución Política de Argentina de 1994 erige específicamente los derechos de los usuarios y consumidores, protegiendo la salud, seguridad e intereses económicos de los mismos y prevé una acción de amparo para el ejercicio y protección de tales derechos. De este modo, el artículo 42 dispone “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de la salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control”. La última parte de esta norma dispone que “la legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previniendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control”. Es decir, se reconoce una situación de desigualdad económica, técnica y de información, en la cual los consumidores se posicionan como la parte débil de esta relación de consumo al igual que Brasil.

A diferencia de Brasil y Argentina, las Constituciones de Chile y Uruguay no contemplan, hoy en día, el reconocimiento y la protección a los derechos de los consumidores. Sin embargo Chile tiene un sistema de economía de mercado en el que la Constitución es reiterativa del principio de la igualdad, que resulta esencial para tutelar el interés de los consumidores. Por el contrario la Constitución de Uruguay aunque consagra la igualdad formal, en cuanto a talento y virtudes se refiere no toca para nada la igualdad real y material, plataforma de la protección de los consumidores; como tampoco consagran los valores de justicia social o solidaridad.

En lo atinente a Paraguay la constitución de 1992 en el artículo 38 —del derecho a la defensa de los intereses difusos— entrevé que toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a reclamar a las autoridades públicas medidas para la defensa, entre otros, de los intereses del consumidor. Igualmente el artículo 28 reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime.

Según Javier López Camargo (2003, 2: 15-16), en la carta magna de Ecuador es interesante el énfasis que se le hace a los diferentes principios y valores que conforman el modelo económico, las obligaciones del Estado y los derechos de los consumidores. En cuanto a principios y valores, el artículo 23 consagra, en el numeral 3º, el valor igualdad para que las personas gocen de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin discriminación en razón de su posición económica, persiguiendo que no sea una igualdad formal sino material y, en el numeral 7º, consagra unas categorías de derechos básicos de los consumidores, como son el derecho a escoger y disponer libremente de bienes y servicios de óptima calidad, el derecho a tener información adecuada y veraz sobre su contenido y características. Respecto a las obligaciones del Estado, este tiene unas funciones concretas que son las de: Garantizar el desarrollo de las actividades económicas, mediante un orden jurídico e instituciones que las promuevan, fomenten y generen confianza; promover el desarrollo de actividades y mercados competitivos; impulsar la libre competencia y sancionar, conforme a la ley, las prácticas monopolísticas y otras que la impidan y la distorsionen, principalmente.

Constitucionalmente en el Perú la protección de los consumidores está explícita en el artículo 65 que reza: “El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población”.

La Constitución Política de la República Bolivariana de Venezuela prescribe en el artículo 117 que todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios que consumen, a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno. Entretanto en el preámbulo y en los artículos 1º y 2º hace mención a que la ley establecerá los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos, las normas de control de calidad y cantidad de bienes y servicios, los procedimientos de defensa del público consumidor, el resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por la violación de estos derechos.

En los artículos 75 de la Constitución boliviana se mencionan los derechos de las usuarias y los usuarios y de las consumidoras y los consumidores, y las garantías que brinda el Estado para su protección, previendo “Las usuarias y los usuarios y las consumidoras y los consumidores gozan de los siguientes derechos: 1. Al suministro de alimentos, fármacos y productos en general, en condiciones de inocuidad, calidad, y cantidad disponible adecuada y suficiente, con prestación eficiente y oportuna del suministro. 2. A la información fidedigna sobre las características y contenidos de los productos que consuman y servicios que utilicen. El Estado garantiza el acceso a un sistema de transporte integral en sus diversas modalidades. La ley determinará que el sistema de transporte sea eficiente y eficaz, y que genere beneficios a los usuarios y a los proveedores”.

En Colombia el precepto constitucional es previsto en el artículo 78 de la Constitución Política el cual manifiesta que “(…) la ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la Comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios”.

El derecho de protección del consumidor en México tuvo referencia a partir del artículo 28 de la Constitución Nacional de 1957 que prohíbe tajantemente los monopolios y las prácticas monopolísticas en cualquier estado mexicano, pero también consagra expresamente —y prevé sanción— para actos que a nivel mundial han sido considerados violatorios de los derechos de los consumidores, facultando al Estado para intervenir en: i) La fijación de los precios máximos de los artículos, materias o productos que se considerasen necesarios para la economía nacional o el consumo popular; ii) La imposición de modalidades de distribución de artículos, materias primas, o productos con el fin de atenuar las intervenciones innecesarias o excesivas que estimulasen la insuficiencia o alza de precios y iii) La protección de los consumidores y el cuidado de sus intereses (Quintana, 2002: 615-616).

Al igual que en México el artículo 46 de la constitución de Costa Rica prohíbe los monopolios como la forma más eficiente de proteger a los consumidores y garantizar la libertad de elección en el mercado; concediendo potestad intervencionista al Estado para impedir cualquier conducta monopolizadora, que a su vez tiene como fin procurar el mayor bienestar a los habitantes del país. Adicionalmente y tomando de ejemplo las legislaciones española y portuguesa en el inciso 5º del mismo artículo consagra la protección de los consumidores y usuarios, enumerando los derechos básicos de los consumidores, que para la Constitución costarricense son: a la salud, al ambiente, a la seguridad e intereses económicos, a recibir información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a un trato equitativo.

Otro tanto ocurre en El Salvador partiendo de la disposición del artículo 110 en donde solo se permite el monopolio a favor de Estado o de los municipios, cuando el interés social lo haga imprescindible, evento en el que se podrán establecer estancos a favor del Estado. A fin de garantizar la libertad empresarial y proteger al consumidor.

Guatemala en su Constitución Política hace un reconocimiento de los derechos denominados como básicos. Es así como el artículo 96 reconoce la necesidad de ejercer un control de calidad de los productos alimenticios, farmacéuticos, químicos y de todos aquellos que puedan afectar la salud y el bienestar de los habitantes. Adicionalmente el artículo 119 literal i) de la Carta establece la defensa de consumidores y usuarios en cuanto a la preservación de la calidad de los productos de consumo interno y de exportación para garantizar su salud, seguridad y legítimos intereses económicos.

En lo que atañe a Honduras la constitución no consagra de manera expresa la protección de los consumidores, por lo que hay que recurrir al sistema económico imperante y los principios y derechos consagrados en la misma; sin embargo en el artículo 331 reconoce, garantiza y fomenta las libertades de consumo, ahorro, inversión, ocupación, iniciativa, comercio, industria, contratación de empresa y cualesquiera otras que emanen de los principios que informan esta Constitución, y en el artículo 332 reconoce el ejercicio de las actividades económicas en cabeza primordialmente de los particulares. Así mismo, como una política de intervención, eleva a precepto constitucional la regulación de la propaganda comercial de bebidas alcohólicas y consumo de tabaco como una forma de indicar implícitamente la protección del consumidor en un sector específico, confundiendo la propaganda con la publicidad, siendo este último el término correcto. Por último, continuando con el esquema tradicional occidental, prohíbe los monopolios, monopsonios y oligopolios, el acaparamiento y las prácticas similares en la actividad industrial y mercantil, como una forma de protección de la competencia y, por ende, del consumidor (2003, 2: 18-19).

Nicaragua tampoco establece constitucionalmente —al menos de forma directa— la protección de los consumidores; no obstante se erigen los derechos de igualdad y protección de las personas y el derecho a la información, imponiendo el deber del Estado de garantizar el control de calidad de bienes y servicios, y evitar la especulación y el acaparamiento de los bienes básicos de consumo, inferencia directa del derecho a la protección de los legítimos intereses económicos de los consumidores.

Si bien, en la Constitución panameña no figura de manera expresa el sistema económico ni el deber estatal de velar por los derechos de los consumidores, esencialmente, la defensa de la competencia permite consumar que es una economía de mercado. En cuanto a la protección del consumidor, es importante resaltar que el Estado intervendrá en la regulación de las tarifas, los servicios y los precios de los artículos de cualquier naturaleza, y especialmente los de primera necesidad y promoverá la producción, disposición, accesibilidad, calidad y control de los medicamentos para toda la población del país.

En el año de 1996 se reformó el artículo 46 de la Constitución Política de Costa Rica para incluir los derechos de los consumidores, de manera tal que hoy en día se cuenta con la tutela constitucional de los mismos y la existencia de instituciones públicas que permiten las prácticas del comercio y del mercado orientadas a satisfacer los derechos de los consumidores, así como evitar el desarrollo de prácticas anticompetencia que perjudican al consumidor.

Por su parte el artículo 101 de la Constitución Política de El Salvador establece que el Estado fomentará los diversos sectores de la producción y defenderá el interés de los consumidores.

Por último, en República Dominicana, en opinión del doctor Javier López Camargo, con las escasas normas se puede concluir que es una economía de mercado, para la que el elemento social es muy tenue haciendo más cercano el régimen a la doctrina clásica de la economía liberal. El artículo 8º de la Constitución Política reconoce como finalidad principal del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona humana y la garantía de los medios que le permitan desarrollarse integralmente y lograr el progreso de toda la colectividad. Este es un principio constitucional que ha inspirado las Constituciones de América Latina, y que específicamente en República Dominicana, tiene un carácter normativo que se desarrolla en los ideales de libertad individual y justicia social, bienestar general, orden público e igualdad y, más concretamente, bajo un sistema económico que propende por el libre mercado —libertades económicas y derecho a la propiedad, numerales 12 y 13 del artículo 8º—. Sobre la base de las anteriores premisas se debe fundamentar la defensa de los consumidores, porque a lo largo del articulado de la Constitución Dominicana no existe una referencia a este colectivo.

III. Marco legal

1. Definiciones

1.1. Consumidor o usuario

Actualmente los países latinoamericanos tienen un estatuto de protección al consumidor dentro del cual se inserta la definición legal adoptada por cada uno de ellos del consumidor como persona destinataria del ámbito de aplicación de la norma.

A continuación se citan esas definiciones de las legislaciones latinoamericanas:

En la Argentina la Ley 24240 de 1993 de Defensa del Consumidor, sustituida por Ley 26361 del 7 de abril del 2008, hace diferencia entre consumidor y usuario, definiendo el primero como la persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social y que sea parte de una relación de consumo. Entre tanto, define como usuario —equiparándolo al consumidor— a quien sin ser parte de una relación de consumo como consecuencia o con ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios, en forma gratuita u onerosa, como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar.

La Ley uruguaya de Relaciones de Consumo —Ley 1725 del 2000—, define al consumidor como “toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza productos o servicios como destinatario final en una relación de consumo o en función de ella. No se considera consumidor o usuario a aquel que, sin constituirse en destinatario final, adquiere, almacena, utiliza o consume productos o servicios con el fin de integrarlos en procesos de producción, transformación o comercialización”. A diferencia de la legislación argentina la ley uruguaya trae la exigencia de que el vínculo jurídico en que consiste la “relación de consumo” sea “a título oneroso la cual sólo es aplicable a la provisión del producto o prestación del servicio por el último proveedor directamente al “consumidor” —art. 4º—; de manera que la gratuidad de la relación entre dos de los proveedores no destruye ni interrumpe la “relación de consumo” trabada con el consumidor” (Cajarville, 2014).

Consonantemente, en Chile la Ley 19496 de 1997 dispone que son Consumidores o Usuarios las personas naturales o jurídicas que, en virtud de cualquier acto jurídico oneroso, adquieren, utilizan, o disfrutan, como destinatarios finales, bienes o servicios. Entendiéndose por actos jurídicos los que, de conformidad a lo preceptuado en el Código de Comercio u otras disposiciones legales, tengan el carácter de mercantiles para el proveedor y civiles para el consumidor actos que teniendo esta mixtura necesaria crean la relación de consumo.

La Ley brasilera 8078 de 1990 —De los derechos del Consumidor— consigna como consumidor a toda persona natural o jurídica que adquiere o utiliza un producto servicio como destinatario final, equiparando al consumidor a la colectividad de personas que aunque indeterminadas hayan intervenido en la relación de consumo.

En Colombia la Ley 1480 de 2011 —Estatuto del Consumidor— incluye dentro del concepto de consumidor al usuario definiéndolo “como toda persona natural o jurídica que, como destinatario final, adquiera, disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza para la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica y empresarial cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica” a diferencia de la ley mexicana que prevé la posibilidad que la persona jurídica que adquiera, almacene, utilice o consuma bienes o servicios, con objeto de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros sea considerada consumidor cuando se violan sus derechos y para efectos de ejercer las acciones que anuncia la Ley Federal de Protección al Consumidor mexicana; al igual que la Ley chilena que no considera consumidor al empresario proveedor que realiza actos de comercio.

La Ley peruana 29571 del 2010 prevé que consumidores o usuarios son: i) Las personas naturales o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales productos o servicios materiales e inmateriales, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, actuando así en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional, y ii) Los microempresarios que evidencien una situación de asimetría informativa con el proveedor respecto de aquellos productos o servicios que no formen parte del giro propio del negocio. En caso de duda sobre el destino final de determinado producto o servicio, se califica como consumidor a quien lo adquiere, usa o disfruta. Excluye al proveedor de la calificación de consumidor al igual que Chile.

La reglamentación ecuatoriana puntualiza que el consumidor es “toda persona natural o jurídica que como destinatario final adquiera utilice o disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para ello. Cuando la presente ley mencione al consumidor, dicha denominación incluirá al usuario”, este último equipamiento es igual que en la normatividad colombiana.

En Bolivia, casuístico resulta el artículo 5º de la Ley 453 de 2013 (Ley General de las Usuarias y Usuarios, Consumidoras y Consumidores) al separar por género en la definición a usuarias y usuarios, consumidoras y consumidores. Sin embargo no indica la diferencia entre usuarios y consumidores definiendo a ambos como las personas naturales o jurídicas que adquieran, utilizan o disfrutan productos o servicios, como destinatarios finales.

Similar a la reglamentación brasilera y guatemalteca, la norma paraguaya incluye dentro de los consumidores a la persona extranjera, además de la persona física o civil nacional que adquiera, utilice o disfrute como destinatario final de bienes o servicios de cualquier naturaleza.

El régimen venezolano(5) describe e identifica como personas a toda persona natural o jurídica, de carácter público o privado, organizada o no, que adquiera, utilice o disfrute bienes y servicios de cualquier naturaleza como destinatario final.

La Ley Federal de Protección al Consumidor mexicana tiene por consumidor, en términos generales, a la persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta, como destinatario final, bienes, productos o servicios; sin embargo, difiere de las anteriores al considerar como consumidor a la persona física que adquiera, almacene, utilice o consuma bienes o servicios con objeto de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros y a la persona moral que adquiera, almacene, utilice o consuma bienes o servicios con objeto de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros, cuando estén acreditadas como microempresas o microindustrias en términos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, respectivamente, en ambos sucesos, únicamente, para los casos a en que tengan que efectuar algún reclamo o queja por violación a la ley apartándose del principio de destinatario final.

En Costa Rica(6), la definición de consumidor en la Ley de Promoción de Competencia y Defensa del consumidor es toda persona física o entidad de hecho o derecho, que como destinatario final, adquiere, disfruta o utiliza los bienes o los servicios, o bien, recibe la información o propuestas para ello. También se considera, con alguna semejanza a la legislación mexicana, consumidor al pequeño industrial o artesano —en los términos definidos en el reglamento de la ley— que adquiera productos terminados o insumos para integrarlos en los procesos para producir, transformar, comercializar o prestar servicios a terceros apartándose excepcionalmente del principio de destinatario final.

Cumple anotar que Honduras(7) no circunscribe la definición de consumidor solamente al principio de destinario final, por el contrario hace extensiva dicha definición, a la persona natural o jurídica de carácter público o privado que adquiera, utilice consuma o disfrute bienes o servicios para su consumo final o beneficio social o reciba simplemente oferta para ello, e incluye en dicha definición al usuario de servicios.

Guatemala al igual que Argentina dentro de la definición de consumidor parte del principio de la onerosidad indicando que es toda persona individual o jurídica de carácter público o privado nacional o extranjera, que en virtud de cualquier acto jurídico oneroso o por derecho establecido, adquiera, utilice o disfrute bienes de cualquier naturaleza, sin determinar que ese goce y disfrute lo efectúe como destinatario final como en la mayoría de las legislaciones. Anexa y separadamente describe al usuario como la persona individual o jurídica, que adquiere a título oneroso o por derecho establecido legalmente, servicios prestados o suministrados por proveedores de carácter público o privado.

La legislación panameña identifica al consumidor como la persona natural o jurídica que adquiere de un proveedor bienes o servicios finales de cualquier naturaleza sin calificarlo como destinatario final, como sí ocurre en la mayoría de las legislaciones estudiadas anteriormente.

La Normativa de Protección al Consumidor de El Salvador define indistintamente al consumidor o usuario como toda persona natural o jurídica que adquiera, utilice o disfrute bienes o servicios, o bien, reciba oferta de los mismos, cualquiera que sea el carácter público o privado, individual o colectivo de quienes los producen, comercialicen, faciliten, suministren o expidan; No obstante y a diferencia de las de más legislaciones no lo tipifica como destinatario final del producto o servicio.

Nicaragua(8) en su normatividad, define al consumidor o usuario como la persona natural que adquiere o disfruta bienes o servicios tanto privados como públicos como destinatario final.

Por último, la legislación de la República Dominicana estable que consumidor o usuario es la persona natural o jurídica, pública o privada que adquiera, consuma, utilice o disfrute productos y servicios, a título oneroso, como destinatario final de los mismos para —limitando esa destinación para fines personales— familiares o de su grupo social. En consecuencia, no se considerarán consumidores o usuarios finales quienes adquieran, almacenen, consuman o utilicen productos o servicios con el fin de integrarlos a un proceso de producción, transformación, comercialización o servicios a terceros.

Como conclusión de lo expuesto se puede aclarar, sobre la definición de consumidor, que la gran mayoría de los países coinciden en reconocer dicha calidad tanto a personas naturales como a jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan bienes o servicios con ocasión de una relación de consumo ligada a un proveedor, fabricante o distribuidor como destinatarios finales, es decir, no con fines comerciales —de intermediación—, ni industriales —de transformación—. Diferenciando a los consumidores de los usuarios en que, el consumidor adquiere, utiliza y/o disfruta bienes o productos y el usuario adquiere, utiliza y/o disfruta servicios.

Por regla general, la adquisición se hace a título oneroso y excepcionalmente y, en algunas legislaciones, a título gratuito. Algunas legislaciones como las de México y de Costa Rica consideran consumidor a aquellas personas físicas o morales que adquieran bienes o servicios para integrarlos en procesos de producción solo para efectos de realizar algún reclamo o queja por violación a la ley, el primero, y, el segundo, para dar impulso al pequeño industrial y artesano.

1.2. Proveedor

Para la legislación Argentina el proveedor es la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, que desarrolla de manera profesional, aun ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios. Se excluyen de esta noción las personas naturales o jurídicas independientes que prestan servicios de profesionales liberales, que requieran para su ejercicio título universitario y matrícula otorgada por colegios profesionales reconocidos oficialmente o por la autoridad facultada para ello, pero la publicidad que se haga de su ofrecimiento sí está regulada por la ley.

Uruguay contempla como proveedor a toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, privada o pública, y en este último caso estatal o no estatal, que desarrolle de manera profesional actividades de producción, creación, construcción, transformación, montaje, importación, distribución y comercialización de productos o servicios en una relación de consumo. Ampliando el ámbito aplicación a personas extranjeras.

Chile designa como proveedores a las personas naturales o jurídicas, de carácter público o privado, que habitualmente desarrollen actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución o comercialización de bienes o de prestación de servicios a consumidores, por las que se cobre precio o tarifa.

La Ley de los Derechos del Consumidor de Brasil establece que el proveedor es la persona natural o jurídica, de carácter público o privado nacional o extranjera que desarrolla actividades de producción, creación, construcción, montaje, importación, exportación, distribución y comercialización de productos o servicios en una relación de consumo. Amplia la definición aplicándola a personas extranjeras, al igual que la ley uruguaya, e insertando en dicha definición a entes despersonalizados, entendidos estos últimos como colectividades de personas.

La preceptiva Colombiana diferencia al proveedor —o expendedor—, y al productor, regulando la conducta y responsabilidad de cada uno de ellos frente al consumidor, definiendo al proveedor como “persona que de manera habitual, directa o indirectamente, ofrezca, suministre, distribuya o comercialice productos con o sin ánimo de lucro”, y productor como “persona que de manera habitual, directa o indirectamente, diseñe, produzca, fabrique, ensamble o importe productos. También se reputa productor, quien diseñe, produzca, fabrique, ensamble, o importe productos sujetos a reglamento técnico o medida sanitaria o fitosanitaria”. Entretanto que la Ley Federal de Protección al Consumidor mexicana solo define y regla la conducta del proveedor.

En Perú, proveedores son las personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, que de manera habitual fabrican, elaboran, manipulan, acondicionan, mezclan, envasan, almacenan, preparan, expenden, suministran productos o prestan servicios de cualquier naturaleza a los consumidores al igual que en las anteriores legislaciones. No obstante, en dicha caracterización se tipifica y define la figura del proveedor, en el mismo sentido que la legislación colombiana pero adicionando a los importadores y a los prestadores. La tipología queda así: i) Distribuidores o comerciantes: personas naturales o jurídicas que venden o proveen de otra forma al por mayor o al por menor, productos o servicios destinados finalmente a los consumidores, aun cuando ello no se desarrolle en establecimientos abiertos al público; ii) Productores o fabricantes: personas naturales o jurídicas que producen, extraen, industrializan o transforman bienes intermedios o finales para su provisión a los consumidores; iii) Importadores: personas naturales o jurídicas que importan productos para su venta o provisión en otra forma en el territorio nacional; e iv) Prestadores: personas naturales o jurídicas que prestan servicios a los consumidores.

Al igual que la legislación peruana, la normativa ecuatoriana separa al proveedor de las demás personas que se encuentra en la cadena como vendedoras y distribuidoras del producto o servicio, prestadoras o importadoras identificándolas por separado así: Proveedor: persona natural o jurídica de carácter público o privado que desarrolle actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución, alquiler o comercialización de bienes, así como prestación de servicios a consumidores, por lo que se cobre precio o tarifa; innovando en dicha definición, por primera vez, con la inclusión del anunciante describiéndolo como el proveedor de bienes o de servicios que ha encargado la difusión pública de un mensaje publicitario o de cualquier tipo de información referida a sus productos o servicios.

Adicionalmente encaja en esta definición a quienes adquieran bienes o servicios para integrarlos a procesos de producción o transformación, así como a quienes presten servicios públicos por delegación o concesión: i) Distribuidores o Comerciantes: personas naturales o jurídicas que de manera habitual venden o proveen, al por mayor o al detal, bienes destinados finalmente a los consumidores, aun cuando ello no se desarrolle en establecimientos abiertos al público; ii) Productores o fabricantes: Las personas naturales o jurídicas que extraen, industrializan o transforman bienes intermedios o finales para su provisión a los consumidores; iii) Importadores: personas naturales o jurídicas que de manera habitual importan bienes para su venta o provisión en otra forma al interior del territorio nacional, y iv) Prestadores: personas naturales o jurídicas que en forma habitual prestan servicios a los consumidores.

La legislación de El Salvador define como proveedor a toda persona natural o jurídica, de carácter público o privado que desarrolle actividades de producción, fabricación, importación, suministro, construcción, distribución, alquiler, facilitación, comercialización o contratación de bienes, transformación, almacenamiento, transporte, así como de prestación de servicios a consumidores, mediante el pago de precio, tasa o tarifa; quedando sujetas las sociedades nulas, irregulares o de hecho, respondiendo solidariamente cualquiera de sus integrantes. Así mismo, será considerado proveedor, quien, en virtud de una eventual contratación comercial, entregue a título gratuito bienes o servicios.

Indistintamente, la Ley boliviana identifica a proveedores como las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que desarrollan actividades de producción, fabricación, importación, suministro, distribución, comercialización y otras, de productos o de prestación de servicios en general destinados directamente a las usuarias y los usuarios, las consumidoras y los consumidores finales. Excluyendo a los que ejercen una profesión libre.

En el Paraguay, al igual que en la Ley brasilera, se extiende la definición de proveedor, no solo a toda persona física, jurídica, pública, privada y nacional sino también extranjera, que desarrolle actividades de producción, fabricación, importación, distribución, comercialización, venta o arrendamiento de bienes o de prestación de servicios a consumidores o usuarios, respectivamente, por los que cobre un precio o tarifa. E igualmente, como en la legislación Ecuatoriana, la norma incluye en la definición de proveedor al anunciante como el encargado de la difusión pública de un mensaje publicitario o de cualquier tipo de información referida a sus productos o servicios.

En Venezuela(9), proveedora o proveedor es toda persona natural o jurídica, de carácter público o privado, que desarrolle actividades en la cadena de distribución, producción y consumo, sean estos importadora o importador, productoras o productores, fabricantes, distribuidoras o distribuidores, comercializadoras o comercializadores, mayoristas o detallistas de bienes, o prestadora o prestador de servicios.

El proveedor en México es la persona física o moral en términos del Código Civil Federal, que habitual o periódicamente, ofrece, distribuye, vende, arrienda o concede el uso o disfrute de bienes, productos y servicios.

En Costa Rica, se califica como comerciante al proveedor, definiéndolo como toda persona física, entidad de hecho o de derecho, privada o pública que, en nombre propio o por cuenta ajena, se dedica en forma habitual a ofrecer, distribuir, vender, arrendar, conceder el uso o el disfrute de bienes o a prestar servicios, sin que necesariamente esta sea su actividad principal. Implantando una responsabilidad solidaria entre el productor, como proveedor de bienes, frente al consumidor, en cuanto a sus derechos e intereses legítimos.

La reglamentación de Guatemala, similar a las normatividades brasilera y paraguaya, indica que proveedor es la persona individual o jurídica de carácter público o privado, nacional o extranjera que en nombre propio o por cuenta ajena, con o sin ánimo de lucro, realice actividades de producción, fabricación, transformación, importación, construcción, distribución o comercialización de bienes o prestación de servicios a consumidores o usuarios en el territorio nacional y por las que cobre precio o tarifa, incluyendo dentro de esta definición al anunciante en los mismos términos que las legislaciones de Paraguay y Ecuador.

La normatividad de Honduras anuncia como proveedor a la persona pública o privada, nacional o extranjera que realice actividades de producción, fabricación, transformación, importación, construcción, distribución o comercialización de bienes o prestación de servicios a consumidores o usuarios al igual que en la legislación guatemalteca.

El proveedor en la legislación panameña es el industrial, comerciante, profesional o cualquier otro agente económico que, a título oneroso o con un fin comercial, proporcione a otra persona un bien o servicio de manera profesional y habitual.

En Nicaragua al igual que en Costa Rica, México, Perú y Colombia se tipifica la actividad del proveedor: persona pública, privada o de carácter mixto, como aquella ejercida de forma habitual en la producción, fabricación, importación, distribución, comercialización o alquiler de bienes o servicios.

República Dominicana dispone que el proveedor es toda persona física o jurídica, pública o privada, que habitual u ocasionalmente, produce, importa, manipula, acondiciona, envasa, almacena, distribuye, vende productos o presta servicios a consumidores o usuarios, incluyendo profesionales liberales que requieran título universitario para su ejercicio, en lo que concierne a la relación comercial que conlleve su ejercicio o el mercado y la publicidad que se haga de su ofrecimiento o cualquier acto equivalente. Esta última disposición en concordancia con lo dispuesto en la legislación Argentina pero solo en lo referente a la publicidad que utilizan los profesionales independientes.

Destaca de lo señalado que ordinariamente los países conceptúan que el proveedor es la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, nacional —en algunas legislaciones extranjeros—, que desarrolla de manera habitual y profesional actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios. Se excluyen de esta noción a las personas naturales o jurídicas independientes que prestan servicios de profesionales liberales. Algunas legislaciones como Paraguay, Guatemala y Ecuador incorporan dentro de la definición proveedor al anunciante quién es el sujeto encargado de la difusión pública de un mensaje publicitario o de cualquier tipo de información referida a sus productos o servicios.

1.3. Relación de consumo

En Argentina la Relación de consumo está definida expresamente en la Ley de Defensa del Consumidor como el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario.

Por su parte la legislación uruguaya Relación de consumo es el vínculo que se establece entre el proveedor que, a título oneroso, provee un producto o presta un servicio y quien lo adquiere o utiliza como destinatario final.

La provisión de productos y la prestación de servicios que se efectúan a título gratuito, cuando ellas se realizan en función de una eventual relación de consumo, se equiparan a las relaciones de consumo.

Las legislaciones chilena, panameña, colombiana, brasilera, ecuatoriana, venezolana, mexicana, costarricense, guatemalteca y de República Dominicana no definen la relación de consumo, pero a partir de la definición de consumidor y proveedor en la ley chilena se infiere que la relación de consumo es aquella que nace por la existencia de un proveedor comerciante —parte pasiva— y el consumidor que realiza actos de carácter civil —parte activa—. Por su parte, en Colombia la relación de consumo nace con el acto mismo de consumo que hace el consumidor al adquirir del proveedor el producto o servicio, lo mismo se puede decir de Brasil y Ecuador.

Decreta la normatividad del Perú que Relación de Consumo es la relación por la cual un consumidor adquiere un producto o contrata un servicio con un proveedor a cambio de una contraprestación económica, es decir a título oneroso excepto, cuando se trata de las operaciones a título gratuito cuando tengan un propósito comercial dirigido a motivar o fomentar el consumo.

Simplemente la norma boliviana prescribe que se entiende por Relación de Consumo al vínculo que se establece entre el proveedor que suministra un producto o presta un servicio y quien lo adquiere, utiliza o consume como destinatario final, sin distinguir si se adquiere a título oneroso o gratuito como en las otras legislaciones.

Partiendo del principio de la onerosidad en Paraguay la Relación de Consumo es la relación jurídica que se establece entre quien, a título oneroso, provee un producto o presta un servicio y quien lo adquiere o utiliza como destinatario final. Añade la definición de Acto de Consumo indicando que es todo tipo de acto, propio de las relaciones de consumo, celebrado entre proveedores y consumidores o usuarios, referidos a la producción, distribución, depósito, comercialización, venta o arrendamiento de bienes, muebles o inmuebles o a la contratación de servicios.

Honduras y Nicaragua definen la relación de consumo como el vínculo jurídico establecido entre el consumidor y el proveedor con la finalidad, por parte del consumidor, de gozar y usar los bienes y servicios. En consecuencia, no se trata de una simple relación entre consumidor y proveedor como la normalizan las demás legislaciones, pues le otorga una categoría jurídica mayor, en el sentido que vincula al proveedor con el consumidor, en relación con la calidad del bien y/o servicio y su disposición de permitir al consumidor el uso y goce para el cual están destinados y por el cual los adquirió.

Cabe advertir, en virtud de lo anterior, que los países que contemplan en sus legislaciones la Relación de Consumo la definen como el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario derivado de la finalidad del consumidor de adquirir, usar y disfrutar los bienes o servicios.

IV. Información y publicidad

1. México

Respecto a la información o publicidad de bienes, productos o servicios la Ley Federal exige que sea veraz, comprobable, clara y exenta de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas; entendiendo por información o publicidad engañosa o abusiva aquella que refiere características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión al consumidor por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta.

Ocasionará sanciones la falta de veracidad en los informes, instrucciones, datos y condiciones prometidas o sugeridas; así mismo, dará lugar al cumplimiento de lo ofrecido o, cuando esto no sea posible, a la reposición de los gastos necesarios que pruebe haber efectuado el adquirente y, en su caso, al pago de la bonificación o compensación del 20% del precio pagado, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios. La reclamación podrá presentarla, indistintamente y a su elección, el consumidor ante el vendedor, el fabricante o importador, dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se haya recibido el producto, siempre que no se hubiese alterado por culpa del consumidor. El proveedor deberá satisfacer la reclamación en un plazo que no excederá a quince días contados a partir de la reclamación. El vendedor, fabricante o importador podrá negarse a satisfacer la reclamación si esta es extemporánea, cuando el producto haya sido usado en condiciones distintas a las recomendadas o propias de su naturaleza o destino, o si ha sufrido un deterioro esencial, irreparable y grave por causas imputables al consumidor.

2. Colombia

Precisa la norma colombiana, para los efectos de aplicación de la misma, el concepto de información y publicidad:

Información: Es “Todo contenido y forma de dar a conocer la naturaleza, el origen, el modo de fabricación, los componentes, los usos, el volumen, peso o medida, los precios, la forma de empleo, las propiedades, la calidad, la idoneidad o la cantidad, y toda otra característica o referencia relevante respecto de los productos que se ofrezcan o pongan en circulación, así como los riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización”.

Publicidad: Es “Toda forma y contenido de comunicación que tenga como finalidad influir en las decisiones de consumo”.

Por otra parte, el Estatuto del Consumidor establece que las condiciones objetivas y específicas anunciadas en la publicidad obligan al anunciante en los términos de dicha publicidad; es decir, lo publicitado o anunciado tiene fuerza vinculante entre el anunciante y el consumidor, lo cual significa que ese vínculo toma importancia en los casos en que el anunciante no cumpla con las condiciones objetivas anunciadas en la publicidad, pues, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar, deberá responder frente al consumidor por los daños y perjuicios causados.

A la par, prohíbe expresamente la publicidad engañosa y le atribuye al anunciante la responsabilidad por los perjuicios que cause este tipo de publicidad; exonerándose si demuestra fuerza mayor, caso fortuito o que la publicidad fue adulterada o suplantada sin que se hubiera podido evitar la adulteración o suplantación. A su vez, hace extensiva la responsabilidad en forma solidaria al medio de comunicación que anunció o publicitó, solo si se le comprueba dolo o culpa grave. Entendiendo como publicidad engañosa aquella cuyo mensaje no corresponda a la realidad o sea insuficiente, de manera que induzca o pueda inducir a error, engaño o confusión”.

3. Argentina

Prohijó la ley argentina que el proveedor está obligado a suministrar al consumidor en soporte físico —salvo autorización expresa diferente a utilizar otro medio información—, en forma gratuita, cierta, clara, comprensible y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee y las condiciones de su comercialización. Fijando, además, que las precisiones formuladas en la publicidad o en anuncios, prospectos, circulares u otros medios de difusión se tienen por incluidas en el contrato con el consumidor y obligan al oferente.

El cumplimiento de la obligación de la oferta o del contrato por el proveedor, salvo caso fortuito o fuerza mayor, faculta al consumidor, a su libre elección, a: i) Exigir el cumplimiento forzado de la obligación, siempre que ello fuera posible; ii) Aceptar otro producto o prestación de servicio equivalente; iii) Rescindir el contrato con derecho a la restitución de lo pagado, sin perjuicio de los efectos producidos, considerando la integridad del contrato. Todo ello sin perjuicio de las acciones de daños y perjuicios que correspondan.

Anejamente, con la reforma de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor se incorporó en dicho cuerpo normativo la figura de daños punitivos (Herrera, 2010) tipificando como sanción al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, una multa a favor de este último la cual se graduará de acuerdo con la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso.

4. Perú

El proveedor tiene la obligación de ofrecer al consumidor la información, que califica la ley como relevante, sobre los productos y servicios, la que, a su vez, debe ser veraz, suficiente, de fácil comprensión, apropiada, oportuna y fácilmente accesible, debiendo ser brindada en idioma castellano, sin perjuicio de las exigencias concretas de las normas sectoriales correspondientes con el fin que aquel pueda tomar una decisión o realizar una elección adecuada de consumo, así como para efectuar un uso o consumo adecuado de los productos o servicios.

Interesa al respecto la prohibición de emitir información falsa o que induzca a error al consumidor respecto a la naturaleza, origen, modo de fabricación, componentes, usos, volumen, peso, medidas, precios, forma de empleo, características, propiedades, idoneidad, cantidad, calidad o cualquier otro dato de los productos o servicios ofrecidos.

De igual forma, la ley protege al consumidor de la publicidad engañosa o falsa que pueda inducirlo a error sobre el origen, la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad, cantidad, precio, condiciones de venta o adquisición y, en general, sobre los atributos, beneficios, limitaciones o condiciones que corresponden a los productos, servicios, establecimientos o transacciones que el agente económico que desarrolla tales actos pone a su disposición o que los induzcan a error sobre los atributos que posee dicho agente, incluido todo aquello que representa su actividad empresarial.

5. Ecuador

Dimana de la protección del consumidor en la preceptiva ecuatoriana el derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren presentar.

Paladinamente, también dicha ley incorpora las definiciones de publicidad, publicidad abusiva, publicidad engañosa y publicidad prohibida. Es así como normaliza el concepto de publicidad como la comunicación comercial o propaganda que el proveedor dirige al consumidor por cualquier medio idóneo, para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio. Como publicidad abusiva toda modalidad de información o comunicación comercial, capaz de incitar a la violencia, explotar el miedo, aprovechar la falta de madurez de los niños y adolescentes, alterar la paz y el orden público o inducir al consumidor a comportarse en forma perjudicial o peligrosa para la salud y seguridad personal y colectiva. Se considerará también publicidad abusiva a toda modalidad de información o comunicación comercial que incluya mensajes subliminales y como publicidad engañosa toda modalidad de información o comunicación de carácter comercial, cuyo contenido sea total o parcialmente contrario a las condiciones reales o de adquisición de los bienes y servicios ofrecidos o que utilice textos, diálogos, sonidos, imágenes o descripciones que directa o indirectamente, e incluso por omisión de datos esenciales del producto, induzca a engaño, error o confusión al consumidor. Prohibiendo la utilización de la publicidad engañosa y abusiva.

El proveedor cuya publicidad sea considerada engañosa o abusiva, será sancionado con una multa. Cuando un mensaje publicitario sea engañoso o abusivo, la autoridad competente dispondrá la suspensión de la difusión publicitaria, y además ordenará la difusión de la rectificación de su contenido, a costa del anunciante, por los mismos medios, espacios y horarios. La difusión de la rectificación no será menor al treinta por ciento (30%) de la difusión del mensaje sancionado.

La mora en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor de bienes o servicios, permitirá al consumidor pedir la resolución del contrato, sin perjuicio de las indemnizaciones que pudieren corresponder.

6. Chile

Es típico en la legislación chilena que la información básica comercial, que el proveedor está obligado a suministrar al público, deba ser promovida por medios que aseguren un acceso claro, expedito y oportuno de la misma. Entendiéndose por información básica comercial los datos sobre la identificación del bien o servicio que se ofrece, los instructivos de uso, los términos de la garantía cuando procedan y los antecedentes o indicaciones que la ley le imponga. Es así como, tratándose de bienes en consignación para su venta, el proveedor deberá agregar los antecedentes relativos a su situación financiera, incluidos los estados financieros, exceptuándose los bienes ofrecidos a granel. Respecto de los instructivos de uso de los bienes y servicios cuyo uso normal represente un riesgo para la integridad y seguridad de las personas, será obligatoria su entrega al consumidor conjuntamente con los bienes y servicios a que acceden.

En lo que atañe a publicidad, la ley señala que la comunicación que el proveedor dirige al público por cualquier medio idóneo al efecto, para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio, concibiendo incorporadas al contrato las condiciones objetivas contenidas en la publicidad al igual que en Colombia.

Comete infracción a las disposiciones de Ley 19.496 el que, a sabiendas o debiendo saberlo y a través de cualquier tipo de mensaje publicitario induce a error o engaño respecto de:

a) Los componentes del producto y el porcentaje en que concurren; b) la idoneidad del bien o servicio para los fines que se pretende satisfacer y que haya sido atribuida en forma explícita por el anunciante; c) las características relevantes del bien o servicio destacadas por el anunciante o que deban ser proporcionadas de acuerdo a las normas de información comercial; d) El precio del bien o la tarifa del servicio, su forma de pago y el costo del crédito en su caso, en conformidad a la normas vigentes; e) Las condiciones en que opera la garantía, y f) Su condición de no producir daño al medio ambiente, a la calidad de vida y de ser reciclable o reutilizable. Asimismo, comete infracción el que, a través de cualquier tipo de mensaje publicitario, produce confusión en los consumidores respecto de la identidad de empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros signos distintivos de los competidores.

7. Bolivia

La Ley prevé, como en los demás países latinoamericanos, el derecho a la información que tienen los usuarios, usuarias, consumidores y consumidoras, Información que debe tener el carácter de fidedigna, veraz, completa, adecuada, gratuita y oportuna sobre las características y contenidos de los productos que consuman y servicios que utilicen.

Por otra parte, la legislación boliviana diferencia la publicidad engañosa de la publicidad abusiva. Erigiendo cualquier modalidad de publicidad, información o comunicación total o parcialmente falsa que induzca a error respecto a las características, modo de empleo u otro dato del producto o servicio como publicidad engañosa. Reglamentando que la publicidad abusiva es la publicidad o información discriminatoria, que instiga o induce a la violencia o al miedo, aprovechándose de la falta de discernimiento e infringiendo valores ambientales, morales y éticos, que es capaz de inducir a las usuarias y los usuarios, las consumidoras y los consumidores a comportarse de forma perjudicial o peligrosa para su salud o integridad física.

Sancionando, conforme a la normativa penal, el delito de fraude o engaño contra la industria y el comercio que resulte de la utilización de cualquiera de las publicidades mencionadas, sin perjuicio de las demás sanciones a que hay lugar.

8. Paraguay

El derecho de información en el Paraguay tiene como finalidad asegurar al consumidor la libre elección de productos y servicios, y la equidad en las contrataciones de servicios. En consecuencia el consumidor tiene derecho a recibir todos los datos y características relevantes de los productos y servicios ofertados para poder realizar una elección informada.

Tuteladamente, tiene derecho el consumidor a la adecuada divulgación sobre las características de los productos y servicios ofertados en el mercado y a recibir información clara sobre los diferentes productos y servicios con las correspondientes especificaciones sobre la composición, calidad, precio y riesgos que eventualmente presenten los mismos. Dicha información, debe ser brindada al consumidor por parte del proveedor y a la vez debe ser de fácil acceso y comprensión.

En afinidad con lo anterior, la Ley 1334 de 1998(10) respecto a la publicidad establece que está prohibida cualquier publicidad considerada engañosa; concibiendo por tal, cualquier modalidad de información, difusión o comunicación de carácter publicitario que sea entera o parcialmente falsa, o que de cualquier otro modo incluso por omisión, sea capaz de inducir a error al consumidor, cuando se proporcionen datos respecto a la naturaleza, características, calidad, cantidad, propiedades, origen, precio, condiciones de definir la relación de consumo. Adyacentemente prohíbe la publicidad comparativa cuando, a través de acciones dolosas o de declaraciones generales e indiscriminadas, se induzca al consumidor a establecer la superioridad de un producto o servicio sobre otro.

En lo que se refiere a la publicidad abusiva, docta como aquella de carácter discriminatorio de cualquier naturaleza, o que incite a la violencia, explote el miedo, se aproveche de la falta de madurez de los niños, infrinja valores medioambientales o sea capaz de inducir al consumidor a comportarse en forma perjudicial o peligrosa para su salud o seguridad.

Para efectos de la exoneración de responsabilidad derivada de la publicidad utilizada, le compete la carga de la prueba al proveedor de bienes o servicios probando la veracidad de las afirmaciones contenidas en el mensaje publicitario.

9. Uruguay

La información es un derecho básico en la Ley 17250 del 2000 y debe ser suficiente, clara, veraz, en idioma español sin perjuicio que puedan emplearse además otros idiomas. Si es contradictoria, se tendrá en cuenta la más favorable para el consumidor, principio de favorabilidad que inspira a todas las legislaciones de Latinoamérica, e incluirá el precio con impuestos, forma de pago, y las condiciones en caso de ofertas a crédito indicando el número de cuotas o con financiación indicando la tasa de interés; del mismo modo, deberá contener la forma de actualización de la prestación, intereses adicionales por retrasos, gastos extras y lugar de pago.

Análogamente a las demás legislaciones, toda la información proporcionada, aún la contenida en avisos publicitarios, obliga al oferente que ordenó su difusión y a todo el que la utilice, e integra el contrato que se celebre con el consumidor.

Yuxtapuestamente con toda la legislación tratada en el presente artículo la ley prohíbe la publicidad engañosa; en consecuencia los mensajes publicitarios no podrán contener información que pueda inducir a error al consumidor sobre las características, cantidad, origen y precio de los productos o servicios que se publicitan, ya sea que se trate de información falsa, incompleta o errónea.

La publicidad engañosa puede dar lugar a la aplicación de sanciones, a la suspensión de la publicidad, así como también a ordenar la realización de contra publicidad con la misma frecuencia que la publicidad infractora cuyo gasto deberá ser sufragado por el infractor, esta última sanción es innovadora frente a los demás regímenes.

10. Venezuela

Paralelamente la Ley de Defensa de las Personas en el Acceso para los Bienes y Servicios de Venezuela, establece en su artículo 41 que los bienes y servicios puestos a disposición de las personas deben incorporar o llevar consigo, información en idioma oficial, veraz, preciso, comprensible y suficiente sobre las características esenciales, en los siguientes aspectos, sin perjuicio de las que establezcan sobre la materia las normativas especiales: 1. Origen o procedencia geográfica, naturaleza, composición y finalidad. 2. Los porcentajes de sus componentes o ingredientes. 3. Calidad, cantidad, categoría o denominación usual si la tiene. 4. Fecha de producción o suministro, plazo recomendado para el uso o consumo y fecha de vencimiento o caducidad de ser el caso, en un lugar visible de la presentación del bien. 5. Presupuesto de ser el caso, indicando con claridad y de manera diferenciada el precio del bien o servicio y el importe de incrementos o descuentos, y de los costos adicionales por servicios, accesorios, financiamiento, aplazamiento o similares, expresado en la moneda de curso legal. 6. Instrucciones o indicaciones para su correcto uso o consumo, con advertencia y riesgos previsibles. 7. Los términos de garantías, en los bienes y servicios que lo ofrezcan. 8. Los resultados, beneficios, consecuencias o implicaciones que se pueden esperar del uso del producto o de la contratación del servicio. 9. No se permitirá el uso de declaración, impresión o etiquetas autoadhesivas, en los bienes o productos, relacionado con fecha de vencimiento o tiempo de duración de los mismos.

Así mismo, la ley define como publicidad falsa o engañosa(11) todo tipo de información o comunicación de carácter comercial en el que se utilicen textos, diálogos, sonidos, imágenes o descripciones que directa o indirectamente, e incluso por omisión, puedan inducir al engaño, error o confusión de las personas en relación con las condiciones esenciales del producto y la información entregada.

El que incurra en publicidad falsa o engañosa, será sancionado conforme a lo previsto en la ley, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal y administrativa a que hubiere lugar. Cuando la gravedad de las afirmaciones hechas en un mensaje publicitario considerado falso o engañoso afecte a la colectividad, la autoridad correspondiente ordenará, la difusión de la rectificación de su contenido, a costa del anunciante y por los mismos medios en que se difundió el mensaje, como medida correctiva.

Igualmente se prohíbe la publicidad abusiva, en la que se discrimine, se incite a la violencia, al miedo, se aproveche de la falta de discernimiento, infrinja valores ambientales o morales o sea capaz de inducir a las personas a comportarse en forma perjudicial o peligrosa para la salud o seguridad de las personas.

Cuando la gravedad de las afirmaciones hechas en un mensaje publicitario considerado falso o engañoso afecte a la colectividad, la autoridad correspondiente ordenará la difusión de la rectificación de su contenido, a costa del anunciante y por los mismos medios en que se difundió el mensaje, como medida correctiva.

11. Guatemala

Conforme con el artículo 18 de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario y siguiendo la tendencia legislativa que se viene analizado, se considera como información básica, que debe ser entregada, tanto al consumidor como al usuario, la relativa a las características de los bienes y productos, así como sus medidas, composición, peso, calidad, precio, instrucciones de uso y riesgos o peligros que represente su consumo o uso, condiciones de pago y garantía, fecha de fabricación y vencimiento, la cual deberá ser veraz, exacta, clara y visible, consignada en idioma español o a través de la simbología internacionalmente aceptada, en moneda nacional y con las unidades de medida que correspondan.

Al igual y como ocurre en los demás países anteriormente tratados, el artículo 20 de la misma ley prohíbe la publicidad engañosa que induzca al consumidor o usuario a error mediante ardid o engaño, para defraudarlo en su patrimonio en perjuicio propio o de tercero.

Por su parte los artículos 39 y 40 hacen énfasis en la información que tiene que incorporar el proveedor en los productos peligrosos, revelando las advertencias e indicaciones necesarias para que puedan ser utilizados con la mayor seguridad posible. De igual manera, en la prestación de servicios riesgosos, el proveedor deberá adoptar las medidas necesarias para que se realicen en adecuadas condiciones de seguridad, informando previamente al consumidor o usuario y a quienes puedan verse afectados por tales riesgos para que se tomen las medidas preventivas que correspondan; imponiendo una obligación adicional y expresa al proveedor, a diferencia de las demás legislaciones, que, si posterior a la introducción en el mercado de consumo un bien representa la existencia de peligros o riesgos para la salud en el uso del mismo, especialmente en el caso de medicamentos, deberá comunicarlo de inmediato al órgano estatal que corresponda y a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor e informar al público consumidor mediante anuncios publicitarios por los medios de comunicación social adecuados al caso, sobre la existencia de tales riesgos o peligros y, de ser necesario, deberá proceder a retirar dichos productos del mercado, reembolsando sin mayores formalismos su importe a quienes los hubieren adquirido. En casos especiales en donde se hubiere causado un daño grave a los consumidores o usuarios, el proveedor responsable deberá indemnizar a los mismos en la forma legal que corresponda.

12. Honduras

Continuando con la tendencia del deber de información del proveedor hacia los consumidores, el Decreto 24 del 2008 —Ley de Protección al Consumidor— le impone la carga de informar, en idioma español, oportuna, veraz, clara, adecuada y suficiente las características esenciales de los bienes y servicios que provee y las condiciones de comercialización y provee de los mismos efectos que en Chile, Honduras y Nicaragua a la publicidad en el sentido que, las precisiones formuladas en los anuncios, prospectos, circulares, empaques, manuales u otros medios de difusión obligan al proveedor y se tiene incluidos en los contratos.

En cuanto a la publicidad engañosa o falsa prescribe texto similar al de Nicaragua, castigando con este calificativo a la publicidad en la cual se omitan los datos fundamentales de los productos que se ofrecen al público

13. Costa Rica

En los literales b) y d) del artículo 34 de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor el comerciante-proveedor está obligado a informar suficientemente al consumidor, en español y de manera clara y veraz, acerca de los elementos que incidan en forma directa sobre su decisión de consumo. Debe enterarlo de la naturaleza, la composición, el contenido, el peso —cuando corresponda—, las características de los bienes y servicios, el precio de contado en el empaque, el recipiente, el envase o la etiqueta del producto y la góndola o el anaquel del establecimiento comercial, así como de cualquier otro dato determinante. Añadido a lo anterior, deberá suministrar a los consumidores las instrucciones para utilizar adecuadamente los artículos e informar sobre los riesgos que entrañe el uso al que se destinan o el normalmente previsible para su salud, su seguridad y el medio ambiente.

Coherente con lo expuesto, la oferta, la promoción o la publicidad de los bienes y servicios debe realizarse de acuerdo con la naturaleza de ellos, sus características, condiciones, contenido, peso —cuando corresponda—, utilidad o finalidad, de modo que no induzca a error o engaño al consumidor. No pueden omitirse tales informaciones, si de ello puede derivarse daño o peligro para la salud o la seguridad del consumidor(12).

Acorde con lo dispuesto en el artículo segundo del Decreto Ejecutivo 37899-MEIC de 2013, por el cual se reformó íntegramente el reglamento a la Ley 7472 de 1994, la publicidad puede ser abusiva, comparativa, denigratoria, encubierta y engañosa.

Entendiendo por publicidad abusiva: Cualquier modalidad de información o comunicación de carácter publicitario que tenga una connotación discriminatoria de cualquier naturaleza capaz de, entre otros, incitar a la violencia, explotar el miedo, aprovechar la falta de madurez de los niños, infringir valores sociales y culturales o inducir al consumidor o usuario a comportarse en forma perjudicial o peligrosa para su salud y seguridad.

La publicidad comparativa: Es aquella que utiliza en sus mensajes una comparación del producto o servicio anunciado, de forma expresa o implícita, con otros similares de su competencia.

El empleo de términos comparativos en la oferta, la promoción o la publicidad de los bienes y servicios, solo se admite respecto a datos esenciales, afines y objetivamente demostrables, siempre que se comparen con otros similares, conocidos o de participación significativa en el mercado. La comparación no es admisible cuando se limite a la proclamación, general e indiscriminada, de la superioridad de los productos propios.

Completamente opuesto a lo previsto para la publicidad abusiva, la publicidad denigratoria: es aquella cuyo contenido, forma de presentación o difusión provoca descrédito, denigración o menosprecio directo o indirecto de una persona, empresa o de sus productos, servicios o actividades, pudiendo inducir a confusión a los consumidores, al trasladar las impresiones que no corresponden con la realidad y que pueden resultar determinantes en la decisión final de la compra del producto en cuestión.

Cuando el mensaje dificulta que un consumidor pueda identificar el carácter publicitario del mismo, al encontrarse en un contexto de información, ficción o entretenimiento y, en consecuencia, aumenta su propensión a dejarse seducir por esta promoción oculta, bajando sus defensas frente a la publicidad, al no darse cuenta de que esa presencia es premeditada y, en la mayoría de los casos remunerada, se entiende que es publicidad encubierta.

Coherente con lo reglamentado en los demás países, el decreto citado define por publicidad engañosa a todo tipo de información o comunicación de carácter comercial en que se utilicen textos, diálogos, sonidos, imágenes o descripciones que directa o indirectamente, e incluso por omisión, puedan inducir a engaño, error o confusión al consumidor, en especial sobre: a) Las características básicas del bien, b) El precio de los bienes, c) El procedimiento para hacer efectiva la garantía, d) Los beneficios que reporta el bien, e) El lugar de origen del bien y de prestación del servicio. Al productor o al comerciante que, en la oferta, la promoción, la publicidad o la información, incumpla con las exigencias previstas en este artículo, se le debe obligar a rectificar la publicidad, costearla y divulgar la información veraz u omitida, por el mismo medio y forma antes empleados.

14. Panamá

En relación con la veracidad en la publicidad prescribe la normativa que todo anuncio o aviso publicitario deberá ajustarse a la verdad, cuidando el anunciante de que no se tergiversen los hechos y que el anuncio o la publicación no induzca a error o confusión. Las afirmaciones que se refieran a la naturaleza, a la composición, al origen, a las cualidades sustanciales o a las propiedades de los productos o servicios deberán ser siempre exactas y susceptibles de comprobación en cualquier momento.

Así mismo toda información, publicidad u oferta al público, transmitida por cualquier medio o forma de comunicación, en relación con los bienes ofrecidos o servicios a prestar, vincula al proveedor que solicite, autorice o pague la difusión correspondiente. Dicha información formará parte del contrato de venta que se celebre entre el proveedor y el consumidor(13).

Por otra parte define como publicidad engañosa aquella que refiere a características o información relacionada con algún bien, producto o servicio, que inducen a error o confusión por la forma inexacta, limitada, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta y obliga a todo anunciante a cumplir lo ofrecido en los términos contenidos en el aviso publicitario. Adicionalmente prohíbe los anuncios de artículos que den a entender que el producto tiene cualidades, características o beneficios de los que carece. Los consumidores afectados por publicidad engañosa tendrán derecho a resolver el contrato de venta, cada parte devolviendo lo que hubiera recibido.

Trae una norma especial respecto de testimonio en anuncios publicitarios, indicando que si los anuncios publicitarios se basan en testimonios deben ser ciertos y auténticos, por lo que la Autoridad podrá solicitar a los proveedores la identificación, el domicilio y las generales de las personas que ofrezcan su testimonio, a fin de que pueda ser comprobado.

15. Nicaragua

Al igual que en los demás países, en Nicaragua la información deberá presentarse de forma clara, veraz, completa y oportuna, indicando las características generales de los productos; así como las instrucciones precisas para su uso y consumo, con las advertencias de los riesgos visibles y previsibles; información que, además, debe estar exenta de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas o denominaciones de origen o descripción que induzca a error a los consumidores o usuarios.

En ese orden de ideas, la ley define como publicidad falsa o engañosa aquella que directa o indirectamente pueda inducir a error o falsas conclusiones a los destinatarios, yendo más allá, incluso, que la mayoría de las legislaciones latinoamericanas, al sancionar con este adjetivo a la publicidad en la cual se omitan los datos fundamentales de los productos que se ofrecen al público.

A la par con las legislaciones de Bolivia, Ecuador y Chile, la normativa define la publicidad abusiva como aquella que promueva discriminación alguna, atente contra los valores y derechos y la dignidad de las personas contenidos en el ordenamiento jurídico.

16. El Salvador

Al igual que en los demás países estudiados y, en desarrollo del derecho a la información(14) en los bienes y servicios ofrecidos a los consumidores, se deben indicar en idioma castellano, en forma clara, veraz, completa y oportuna sus características, según corresponda, especialmente en los siguientes aspectos: a) el origen, composición y finalidad; b) la calidad, cantidad, peso o medida, en su caso, de acuerdo a las normas internacionales expresadas de conformidad al sistema de medición legal o con indicación de su equivalencia al mismo; c) el precio, tasa o tarifa y en su caso, el importe de los incrementos o descuentos, los impuestos que correspondan y los costos adicionales por servicios, accesorios, financiamiento, prórroga del plazo u otras circunstancias semejantes; d) fecha de caducidad de los bienes perecederos, y e) las instrucciones o indicaciones para su correcto uso o consumo, advertencias y riesgos previsibles. En consecuencia, todo detallista deberá marcar en los empaques o envases de los productos, en carteles visibles o en cualquier otro medio idóneo, el precio de venta al consumidor.

Por otra parte, la ley conceptualiza la publicidad ilícita y la publicidad engañosa o falsa(15) así: Publicidad ilícita: La publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen reconocidos en la constitución, especialmente en lo que se refiere a la mujer, juventud, infancia o grupos minoritarios. Se entenderán incluidos en la previsión anterior, los anuncios que presenten a las mujeres de forma humillante, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo, como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar, o bien su imagen asociada a comportamientos estereotipados. Publicidad engañosa o falsa: La publicidad engañosa o falsa es cualquier modalidad de información o comunicación de carácter publicitario, total o parcialmente falsa, o que de cualquier otro modo, incluso por omisión, sea capaz de inducir a error, engaño o confusión al consumidor, pudiendo afectar su comportamiento económico.

La responsabilidad por publicidad ilícita recaerá sobre el proveedor o anunciante que haya ordenado su difusión, no sobre la agencia o agente de publicidad que contrate la pauta, ni sobre el medio que la difunda.

17. Brasil

La Ley 8078 de 1990 de Protección al Consumidor, en el acápite de los derechos del consumidor establece que la información debe ser clara y adecuada con las especificaciones correctas de cantidad, calidad, cantidad y composición, precio, garantía, plazos de validez y origen, características entre otras, así como los riesgos que presentan los productos y servicios para la salud y seguridad de los consumidores.

A la par que varias de las legislaciones ya estudiadas, la información o la publicidad, transmitida por el proveedor a los consumidores hace parte del contrato de consumo y análogamente diferencia entre publicidad engañosa y abusiva, definiendo como engañosa aquella que entera o parcialmente es falsa o induce a error al consumidor en cuanto a la naturaleza, características, calidad, cantidad, propiedades, origen, precio, entre otros, de los productos y servicios, así como la que omita un dato esencial. Y como abusiva a la que es discriminatoria e incita a la violencia o explota el miedo la superstición, o se aproveche de la deficiencia del razonamiento y la experiencia de los niños o infrinja valores ambientales o pueda inducir al consumidor a comportamientos de manera perjudicial o peligrosa para su salud o integridad.

18. República Dominicana

En el documento de venta de bienes muebles(16) deberá constar: a) La descripción y especificación del bien; b) El nombre y domicilio del vendedor; c) El nombre y domicilio del fabricante, distribuidor o del importador —cuando corresponda—; d) Las características de la garantía conforme a lo establecido en esta ley; e) Los plazos y condiciones de entrega; f) El precio y las condiciones de pago, y g) El impuesto correspondiente.

La redacción debe ser hecha en idioma español; como mínimo, ser completa, clara y fácilmente legible. Las menciones de convenciones, leyes o reglamentos de otros textos o documentos, que apliquen al contrato, deberán acompañarse, cuando resulte posible, de una explicación sucinta de sus principales prescripciones.

Cuando se incluyan cláusulas adicionales o exigibles en virtud de lo previsto en la ley, aquellas deberán ser escritas en letras destacadas y suscritas por ambas partes, excepto en el caso de los contratos de adhesión para los cuales regirán las disposiciones especiales.

De otra parte se entenderá como publicidad toda forma o medio de comunicación que directa o indirectamente es realizada por una persona física o moral, pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, con el fin de informar, motivar o inducir a la aceptación y/o adquisición de la oferta de bienes y servicios.

V. Garantías

La garantía es inherente a la calidad e idoneidad del producto que se pone en circulación, lo cual presume que tenga las características ofrecidas o inherentes por naturaleza, que funcione para lo que fue producido y que pueda ser usado por el consumidor que lo adquirió.

1. México

La Ley Federal de Protección al Consumidor instituye que si se ofrece garantía de un bien o servicio esta deberá sujetarse a lo dispuesto en ella y a lo pactado entre el proveedor y el consumidor. La garantía se otorgará por escrito a través de una póliza de garantía cuyo tiempo de duración no podrá ser inferior a sesenta días contados a partir de la entrega del bien o la prestación total del servicio y deberá ser entregada al consumidor al momento en que este reciba el bien o el servicio de que se trate. En la póliza, de manera clara y precisa debe expresarse, por lo menos, su alcance, duración, condiciones, mecanismos para hacerlas efectivas, domicilio para reclamaciones y establecimientos o talleres de servicio.

Las garantías ofrecidas no pueden ser inferiores a las que determinen las disposiciones aplicables, ni prescribir condiciones o limitaciones que reduzcan los derechos que legalmente corresponden al consumidor. El cumplimiento de las garantías es exigible, indistintamente, al productor y al importador del bien o servicio, así como al distribuidor, salvo en los casos en que alguno de ellos o algún tercero asuma por escrito la obligación.

El cumplimiento de las garantías deberá realizarse en el domicilio en que haya sido adquirido o contratado el bien o servicio, o en el lugar o lugares que exprese la propia póliza y el proveedor deberá cubrir al consumidor los gastos necesarios erogados para lograr el cumplimiento de la garantía en domicilio diverso al antes señalado.

Durante el término de vigencia de la garantía y, posteriormente, durante el tiempo en que los productos sigan fabricándose, armándose o distribuyéndose, los productores deberán asegurar y responder del suministro oportuno de partes y refacciones, así como del servicio de reparación.

El tiempo que duren las reparaciones efectuadas al amparo de la garantía no es computable dentro del plazo de la misma. Cuando el bien haya sido reparado se iniciará la garantía respecto de las piezas repuestas y continuará con relación al resto. En el caso de reposición del bien deberá renovarse el plazo de la garantía.

Así mismo, se dispone en el artículo 79 que el cumplimiento de las garantías será exigible, indistintamente, al productor, al importador o al distribuidor del bien o el servicio, salvo en los casos, en que alguno de ellos o algún tercero asuma la obligación. Lo anterior significa que existe una responsabilidad solidaria entre los tres partícipes mencionados de la cadena de producción, bastándole al consumidor probar la falta de idoneidad del producto sin tener que demostrar la culpa, lo cual nos coloca frente a una responsabilidad objetiva.

2. Colombia

Todo bien o servicio que se ofrezca con garantía deberá sujetarse a lo dispuesto por la ley y a lo pactado entre el proveedor y el consumidor; no obstante, la garantía no podrá ser inferior a sesenta —60— días contados a partir de la entrega del bien o la prestación total del servicio. Para el efecto, el proveedor expedirá por escrito una póliza de garantía en la cual de manera clara y precisa debe expresar, por lo menos, su alcance, duración, condiciones, mecanismos para hacerla efectiva, domicilios para reclamaciones y establecimientos o talleres de servicio. La póliza debe ser entregada al consumidor al momento de recibir el bien o servicio de que se trate.

El cumplimiento de las garantías es exigible, indistintamente, al productor y al importador del bien o servicio, así como al distribuidor, salvo en los casos en que alguno de ellos o algún tercero asuma por escrito la obligación. El cumplimiento de las garantías deberá realizarse en el domicilio en que haya sido adquirido o contratado el bien o servicio, o en el lugar o los lugares que exprese la propia póliza. El proveedor deberá cubrir al consumidor los gastos necesarios erogados para lograr el cumplimiento de la garantía en domicilio diverso al antes señalado.

El Estatuto del Consumidor establece dos tipos de garantías, la garantía legal y las garantías suplementarias.

a. La garantía legal: Está constituida por la obligación de todo productor y/o proveedor de responder por la calidad, idoneidad, seguridad y buen estado y funcionamiento de los productos. Entendiéndose como:

1) Calidad: Condición en que un producto cumple con las características inherentes y las atribuidas por la información que se suministre sobre él;

2) Idoneidad o eficiencia: Aptitud del producto para satisfacer la necesidad o necesidades para las cuales ha sido producido o comercializado.

3) Seguridad: Condición del producto conforme con la cual en situaciones normales de utilización, teniendo en cuenta la duración, la información suministrada en los términos de la ley y si procede, la puesta en servicio, instalación y mantenimiento, no presenta riesgos irrazonables para la salud o integridad de los consumidores. En caso de que el producto no cumpla con requisitos de seguridad establecidos en reglamentos técnicos o medidas sanitarias, se presumirá inseguro.

Respecto a la prestación de servicios, precisa el legislador, el prestador tiene una obligación de medio, por lo que la garantía está dada, no por el resultado, sino por las condiciones de calidad en la prestación del servicio, según las condiciones establecidas en normas de carácter obligatorio, en las ofrecidas o en las ordinarias y habituales del mercado.

El término de la garantía será el dispuesto por la ley o la autoridad competente o el anunciado por el productor y/o proveedor, en su defecto será de un año para productos nuevos y el de la fecha de vencimiento para productos perecederos. El término de la garantía se suspenderá mientras el consumidor esté privado del uso del producto con ocasión de la efectividad de la garantía. Los responsables de hacer efectiva la garantía son los productores y proveedores solidariamente. Para establecer responsabilidad por incumplimiento a las condiciones de idoneidad y calidad bastará con demostrar el defecto del producto.

Los productos usados pueden ser vendidos sin garantía, circunstancia que debe ser notificada y aceptada por el consumidor, de lo contrario se entenderá que tienen una garantía de tres meses. Igualmente la prestación de servicios que suponen la entrega del bien para la reparación del mismo podrá ser prestada sin garantía, circunstancia que debe ser informada y aceptada por escrito claramente por el consumidor. En caso contrario se entenderá que el servicio tiene garantía de tres meses, contados a partir de la entrega del bien a quien solicitó el servicio.

La garantía legal para los bienes inmuebles comprende la estabilidad de la obra por diez años, y para los acabados un año. Los aspectos que incluye la garantía son la reparación de los defectos del bien, su transporte y suministro oportuno de repuestos. La reposición o devolución del dinero si no admite reparación.

En opinión del doctor Daniel Ossa Gómez (2013, 70: 254-255) la garantía legal y la responsabilidad por productos defectuosos son dos formas de protección diferentes y adicionales que trae el estatuto, por lo cual resultaría contra natura aplicarle a una los términos y regulaciones especiales de otra; son dos cosas distintas y así lo confirma el artículo 58 de la Ley 1480 de 2011, al regular lo referente al procedimiento especial de la acción de protección al consumidor, señalando que mediante ella deben tramitarse todos los procesos que versen sobre violación a los derechos de los consumidores —que incluye el incumplimiento de garantías—, a excepción de la responsabilidad por productos defectuosos.

El incumplimiento de esta obligación dará lugar a: 1. Responsabilidad solidaria del productor y proveedor por garantía ante los consumidores. 2. Responsabilidad administrativa individual ante las autoridades de supervisión y control en los términos de esta ley. 3. Responsabilidad por daños por producto defectuoso, en los términos de esta ley. En consecuencia se puede afirmar que en la garantía legal de la Ley 1480 de 2011 no se incluye la responsabilidad por productos defectuosos, pues esta última es una protección adicional y complementaria que trae el Estatuto.

b. Garantías suplementarias: Son las ofrecidas por los productores y proveedores para ampliar o mejorar la cobertura legal, de forma gratuita u onerosa. En este último caso se deberá obtener la aceptación expresa por parte del consumidor, la cual deberá constar en el escrito que le dé soporte. También podrán otorgar este tipo de garantías terceros especializados que cuenten con la infraestructura y recursos adecuados para cumplir con la garantía. A estas garantías se les aplica también la responsabilidad solidaria respecto de quienes hayan participado en la cadena de producción y distribución.

Se exoneran de responsabilidad de la garantía el proveedor y/o productor cuando demuestren que el defecto proviene de: 1. Fuerza mayor o caso fortuito. 2. Hecho de un tercero. 3. Uso indebido por parte del consumidor. 4. No atención de instrucciones de instalación, uso o mantenimiento indicadas en el manual y la garantía.

3. Argentina

Cuando se comercialicen cosas muebles no consumibles conforme lo establece el artículo 2325 del Código Civil, el consumidor y los sucesivos adquirentes gozarán de garantía legal por los defectos o vicios de cualquier índole, aunque hayan sido ostensibles o manifiestos al tiempo del contrato, cuando afecten la identidad entre lo ofrecido y lo entregado, o su correcto funcionamiento.

La garantía legal tendrá vigencia por tres meses cuando se trate de bienes muebles usados y por seis meses en los demás casos a partir de la entrega del producto, pudiendo las partes convenir un plazo mayor. En caso de que la cosa deba trasladarse a fábrica o taller habilitado el transporte será realizado por el responsable de la garantía, y serán a su cargo los gastos de flete y seguros y cualquier otro que deba realizarse para la ejecución del mismo.

El tiempo durante el cual el consumidor está privado del uso de la cosa en garantía, por cualquier causa relacionada con su reparación, debe computarse como prolongación del plazo de garantía legal.

Son solidariamente responsables del otorgamiento y cumplimiento de la garantía legal, los productores, importadores, distribuidores y vendedores de las cosas.

Cuando la reparación no sea satisfactoria por no reunir la cosa reparada, las condiciones óptimas para cumplir con el uso al que está destinada, el consumidor puede:

a) Pedir la sustitución de la cosa adquirida por otra de idénticas características. En tal caso el plazo de la garantía legal se computa a partir de la fecha de la entrega de la nueva cosa;

b) Devolver la cosa en el estado en que se encuentre a cambio de recibir el importe equivalente a las sumas pagadas, conforme el precio actual en plaza de la cosa, al momento de abonarse dicha suma o parte proporcional, si hubiere efectuado pagos parciales;

c) Obtener una quita proporcional del precio.

La garantía por vicios redhibitorios subsiste al tiempo con las garantías legales y contractuales.

4. Perú 

En la codificación peruana las garantías están directamente relacionadas con la idoneidad del producto o de la prestación del servicio y son características, condiciones o términos con los que cuenta el producto o servicio.

Análogamente con la legislación colombiana y conforme con el artículo 20 y siguientes del Código de Protección y Defensa del Consumidor las garantías pueden ser legales, explícitas o implícitas: a. Una garantía es legal cuando por mandato de la ley o de las regulaciones vigentes el producto o la prestación de un servicio debe comercializarse con la referida garantía, la cual se entiende incluida en los contratos de consumo, así no se señale expresamente; b. Una garantía es explícita cuando es expresamente ofrecida por el proveedor al consumidor en el contrato, en el etiquetado del producto, en la publicidad, en el comprobante de pago o cualquier otro medio por el que se pruebe específicamente lo ofrecido al consumidor; c. Una garantía es implícita cuando, ante el silencio del proveedor o del contrato, se entiende que el producto o servicio cumplen con los fines y usos previsibles para los que han sido adquiridos por el consumidor considerando, entre otros aspectos, los usos y costumbres del mercado, esta garantía vincula al proveedor.

Cuando el proveedor consigne la leyenda “garantizado” en las diferentes formas de presentación de un producto se entenderá que está prestando la garantía de uso o buen funcionamiento, en consecuencia deberá informar su alcance, duración y condiciones, así como la individualización de las personas que las extienden y los establecimientos en los que puede hacerse efectiva. La indicación de exclusiones o limitaciones al otorgamiento de una garantía no puede conllevar a limitaciones que no sean justificadas o que la desnaturalicen.

El obligado a atender el reclamo en el Perú es el proveedor, a diferencia de la mayoría de las legislaciones latinoamericanas que involucran al importador y en algunos casos al productor. Para atender y dar respuesta a la reclamación el proveedor cuenta con 30 días. Dicho plazo puede ser extendido por otro igual cuando la naturaleza del reclamo así lo requiera, debiendo informar al consumidor de dicha circunstancia antes de la culminación del plazo inicial.

En el evento de ser deficiente el servicio que otorgue el prestador, el producto objeto de reparación, limpieza, mantenimiento u otro similar se pierde o sufre menoscabo, deterioro o modificación que disminuya su valor o lo haga total o parcialmente inapropiado para el uso normal al que está destinado o lo convierta en peligroso, el prestador del servicio debe indemnizar al consumidor por los daños y perjuicios ocasionados.

5. Ecuador

Antitéticamente, en comparación con otras legislaciones, en el Ecuador los productos de naturaleza durable tales como vehículos, artefactos eléctricos, mecánicos, electrodomésticos, y electrónicos, deberán ser obligatoriamente garantizados por el proveedor para cubrir deficiencias de la fabricación y de funcionamiento(17).

Las leyendas “garantizado”, “garantía” o cualquier otra equivalente solo podrán emplearse cuando indiquen claramente en que consiste tal garantía; así como las condiciones, forma plazo y lugar en que el consumidor pueda hacerla efectiva. Toda garantía deberá individualizar a la persona natural o jurídica que la otorga, así como los establecimientos y condiciones en que operará.

Cuando fuere manifiesta la deficiencia del producto y el proveedor haya incumplido la garantía y dentro del plazo de ella, además de la indemnización por daños y perjuicios ocasionados, el consumidor tendrá derecho(18) a la reparación gratuita del bien y, cuando esto no sea posible, a su reposición o a la devolución de la cantidad pagada, en un plazo no superior a treinta días.

6. Chile

En el ámbito chileno la garantía legal tiene por fundamento la protección de la idoneidad de la cosa cuyo responsable es el vendedor de la misma, respondiendo el fabricante por dicha idoneidad, subsidiariamente en caso de quiebra, término de giro u otra circunstancia semejante del vendedor (Barrientos, 2010, 14), a diferencia de las políticas mexicana y colombiana, en los cuales responden solidariamente el vendedor y el fabricante.

El consumidor tendrá derecho a reclamar la garantía frente al vendedor cuando el producto no cumple con las especificaciones legales, ofrecidas y convenidas dentro del término establecido en la misma, siempre y cuando este sea mayor a tres meses, de acuerdo con lo estipulado en la póliza que la contiene. La póliza producirá plena prueba.

Si el producto fue vendido sin garantía el consumidor cuenta con un plazo de tres meses para efectuar la reclamación y puede optar por: i) La reparación gratuita del bien; ii) La reposición del bien por otro, o iii) La devolución de la cantidad pagada en dinero, devolución que debe efectuarse con el reajuste.

7. Bolivia

La Ley 453 del 4 de diciembre de 2013 no trata específicamente sobre las garantías de los productos y servicios, es por ello que el reglamento a dicha ley, expedido el septiembre 25 de 2014, fue el llamado a mencionarlas y regularlas en su artículo 21 y siguientes. Es así como, dicho artículo instituye las garantías de fábrica de productos nuevos, entre ellos, electrodomésticos, artefactos electrónicos, eléctricos, mecánicos, u otros que por su naturaleza requieran de garantía de fábrica, los cuales obligatoriamente deberán contar con el certificado de garantía en el cual deberás estar expresamente descritos, de manera clara y precisa, el alcance de la garantía, el plazo de vigencia, las condiciones y los datos del producto que garantiza, a efectos de su correcta individualización. A solicitud de las usuarias y los usuarios, las consumidoras y los consumidores, los proveedores activarán en el registro del sistema informático, telemático o cualquier otro, cuando corresponda, la vigencia de la garantía de fábrica, sin perjuicio de la entrega del documento de garantía al solicitante.

La garantía debe hacerse efectiva dentro de los treinta días hábiles siguientes a la reclamación. El incumplimiento injustificado en la efectividad de la garantía hace responsable de su cumplimiento al proveedor final que entregó la garantía, estando obligado a la efectiva reparación o cambio del producto, o devolución del monto total del costo del producto, sin perjuicio del resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la usuaria o el usuario, la consumidora o el consumidor, determinado por la autoridad competente del sector no regulado.

Igualmente el proveedor de vehículos motorizados nuevos está obligado a otorgar una garantía por defectos de fábrica, mínima de tres años o cien mil kilómetros.

El proveedor durante la vigencia de la garantía es responsable de cualquier daño o pérdida, del producto entregado por la usuaria o usuario, consumidora o consumidor, para su reparación, estando obligado a resarcir el daño o pérdida del producto.

El abandono del producto, por parte de la usuaria o usuario, consumidora o consumidor, por más de ciento ochenta días calendario, computable a partir del día en que al usuario ha sido comunicado expresamente para el retiro del bien, libera de toda responsabilidad a la proveedora o proveedor, sobre el cuidado y mantenimiento del producto.

8. Paraguay

Paritariamente con lo dispuesto en la normativa del Uruguay, en el Paraguay no es obligatorio que el proveedor de productos o servicios ofrezca la garantía; sin embargo, cuando la brinde(19), deberá hacerlo por escrito y para todos los productos idénticos, en idioma oficial y de fácil comprensión, con letra clara y legible, conteniendo como mínimo las siguientes informaciones: a) La libre elección del bien que se va a adquirir o del servicio que se va a contratar; b) Identificación del fabricante o importador del producto o prestador de servicio respectivo; c) Identificación precisa del producto o servicio, con sus especificaciones técnicas; d) Condiciones de validez de la garantía, su plazo y cobertura, especificando las partes del producto o servicio que serán cubiertas por la garantía; e) Domicilio de quienes están obligados contractualmente a prestar la garantía, f) Condiciones de preparación de producto o servicio, con especificación del lugar donde se efectivizará la garantía; g) Costos a cargo del consumidor —si los hubiese—, y h) Lugar y fecha de provisión del producto de servicio al consumidor.

En cuanto a la responsabilidad civil esta es objetiva y son responsables todos los integrantes de la relación de consumo solidariamente al igual que en los demás países.

9. Uruguay

En la ley uruguaya el proveedor no tiene la obligación de ofrecer garantía, pero si la otorga, lo deberá hacer por escrito, de manera estandarizada en caso de ofrecerse para productos idénticos. En tal sentido, la garantía deberá contener información “fácilmente comprensible y legible” sobre los aspectos más significativos, es decir, identificación del oferente, del fabricante o importador del producto o servicio, las indicaciones técnicas, básicas y de especificación de las condiciones de validez de la garantía plazo y cobertura, aclaración de las partes del producto o servicio que quedan cubiertas, domicilio y teléfono de los obligados a prestar las condiciones de reparación del producto o servicio, y lugar donde se efectuará la reparación. Este documento deberá ser completado por el proveedor y entregado junto al producto o servicio.

Si el comerciante entrega certificado de garantía y en este se identifican al fabricante e importador que ofrecen garantía, estos últimos resultan obligados.

Si el producto es reparado bajo garantía, se dará al consumidor constancia sobre el tipo de reparación, piezas reparadas o reemplazadas y fechas de entrega y devolución del producto. El tiempo que el producto esté en reparación se computará como extensión del plazo de la garantía.

No obstante, e independientemente de que se otorgue o no la garantía, todos los consumidores tienen derecho a reclamar judicialmente por los vicios aparentes que se puedan presentar en los productos o servicios adquiridos, dentro del plazo de 30 o 90 días, contados a partir de la fecha en que se hizo efectiva la entrega o la finalización de la prestación del servicio, según se trate de productos o servicios no duraderos o duraderos, respectivamente, que equivale a la garantía legal contemplada en algunos países como Colombia. También puede el consumidor reclamar judicialmente por vicios ocultos, dentro del plazo de seis meses salvo que dichos defectos se pongan de manifiesto, caso en el que se podrá reclamar hasta tres meses después de que los vicios se evidenciaran.

10. Venezuela

La Ley 38984 del 2008 establece que los fabricantes e importadores de bienes de naturaleza duradera y las prestadoras o prestadores de servicios deberán ofrecer a las personas garantías suficientes por escrito, contra los desperfectos y mal funcionamiento, vicios ocultos o cualquier otro riesgo de acuerdo a la naturaleza del bien o servicio. Las proveedoras o proveedores y las expendedoras o expendedores serán solidariamente responsables de dar cumplimiento a tales garantías.

En las garantías deberán ser emitidas en idioma oficial y tomarán la forma de certificados, los cuales incluirán, por lo menos, los siguientes datos: 1. El producto o servicio garantizado; 2. La identidad del garante y de la persona beneficiaria de la garantía; 3. Las obligaciones del garante en relación con lo previsto en el encabezamiento de este artículo; 4. Los derechos de la beneficiaria o beneficiario, con indicación de las personas que puedan cumplir por el garante; 5. La fecha de expedición, la duración de la garantía y sus condiciones, y 6. La obligación del garante de reparar o sustituir el producto o servicio garantizado o rembolsar el precio a la persona.

La proveedora o el proveedor y el fabricante están obligados a hacer efectiva la garantía ante la persona, en el plazo establecido, el cual no podrá ser en ningún caso mayor de treinta días. Las personas tendrán derecho, cuando adquieran bienes y servicios de naturaleza duradera, a un servicio técnico y a la existencia de repuestos durante un lapso mínimo de diez años a partir de su comercialización, a menos que reglamentaciones técnicas determinen otro lapso, el cual no podrá ser menor de siete años.

En los contratos de prestación de servicios cuyo objeto sea la reparación de cualquier tipo de bienes, se entenderá implícita la obligación, a cargo del prestador del servicio, de emplear en tal reparación componentes o repuestos nuevos y adecuados al bien de que se trate, sin perjuicio de la libertad de las partes para convenir expresamente lo contrario.

11. Guatemala

El artículo 22 del Decreto 06-2003 permite introducir la expresión “garantizado” o “garantía” o cualquier frase, leyenda o palabra equivalente en documentos, etiquetas o propagandas, cuando se señale en qué consiste, la persona obligada y las condiciones de forma, plazo y lugar en las que el consumidor o usuario podrá hacerla efectiva.

Por su parte, el artículo 23 contempla una garantía legal(20) obligatoria para los productos durables —electrodomésticos, muebles, indumentaria, entre otros— la cual cubre cualquier defecto que impida que el producto funcione normalmente. Para el efecto, el proveedor deberá extender un certificado de garantía de uso o funcionamiento con Programa de Información Estratégica —PIE-CALAS— Centro de Acción Legal - Ambiental y Social de Guatemala —CALAS—, en el cual deberá indicar en qué consiste, la persona obligada y las condiciones de forma, plazo y lugar en las que el consumidor o usuario podrá hacerla efectiva. Los fabricantes, importadores y vendedores deben asegurar un servicio técnico adecuado y el suministro de partes y repuestos, sin costo adicional para el consumidor o usuario, mientras dure la garantía.

Además de la indemnización de perjuicios, el consumidor o usuario tendrá derecho a reclamar al proveedor, previa la devolución del producto, en el plazo estipulado en la garantía si este fuere mayor o, en su defecto, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que haya recibido el producto, la reparación gratuita del bien, su reposición o la devolución de la cantidad pagada, siempre que no se hubiere deteriorado por el hecho imputable al consumidor o usuario. Para los productos perecederos el plazo no podrá ser mayor de siete días.

12. Honduras

Detalladamente en el Decreto 24 del 2008 el proveedor garantiza al consumidor o usuario los perjuicios ocasionados. Si se trata de bienes de uso durable, el consumidor y los sucesivos adquirientes gozarán de la garantía por los defectos o vicios de cualquier índole, aunque hayan sido ostensibles o manifiestos al momento del contrato de consumo, cuando estos afecten la identidad de lo ofrecido y entregado y su correcto funcionamiento.

Responden por la garantía el fabricador, el importador, el distribuidor, el comerciante mayoritario y minoritario, y quién haya puesto su marca en el producto o bien. El plazo de la garantía será igual al que determinó el fabricante, en todo caso, no puede ser inferior a sesenta días.

Se debe expedir un certificado de garantía el cual debe contener, como mínimo, la identificación del responsable de la garantía, identificación del bien, las condiciones y plazo de la garantía y las condiciones de la reparación del bien.

La ley hondureña le da la potestad al consumidor para que opte por la no reparación del bien, pudiendo pedir, en su defecto, la sustitución del bien adquirido por otro de idénticas características, cuando en opinión del perito designado por la autoridad de aplicación y debido a la magnitud del defecto o vicio, determine que la sustitución de las partes pueda comprometer la calidad, seguridad o las características del producto o disminuir su valor.

De otra parte, y en lo relacionado con la garantía del servicio, reglamenta el decreto que esta debe constar por escrito con mínimo la identificación del trabajo realizado, el tiempo de vigencia de la garantía y el periodo de iniciación, así como las condiciones de validez y la identificación de la persona, empresa o entidad responsable de hacer efectiva la garantía.

13. Costa Rica

La reglamentación costarricense predica una garantía implícita en cuanto al cumplimiento de los estándares de calidad y los requerimientos técnicos que, por razones de salud, medio ambiente y seguridad, establezcan las leyes, los reglamentos y las normas respectivas, dictadas por la administración pública.

En tratándose de bienes muebles duraderos, tales como equipos, aparatos, maquinaria, vehículos y herramientas o de servicios de reparación, montaje o reconstrucción de tales bienes, además de la garantía implícita de calidad mencionada, la garantía debe indicar, por lo menos, el alcance, la duración, las condiciones, las personas físicas o jurídicas que las extienden y son responsables por ellas, y los procedimientos para hacerlas efectivas. Estos extremos de la garantía deben explicitarse claramente, anotarse en la etiqueta o en algún lugar visible de los bienes o emitirse en documento separado o en la factura que debe entregarse al consumidor en el momento de venderle el bien o de prestarle el servicio.

El plazo para hacer efectivo la garantía es desde hasta treinta días, contados a partir de la entrega del bien o de la prestación del servicio, para hacer valer la garantía ante la Comisión para promover la competencia. Si se trata de daños ocultos del bien que no se hayan advertido expresamente, el plazo comienza a correr a partir del momento en que se conocieron esos daños. Si el contrato entre las partes establece plazos mayores, estos prevalecen.

El productor, el proveedor y el comerciante deben responder solidariamente si el consumidor resulta perjudicado por razón del bien o el servicio, de informaciones inadecuadas o insuficientes sobre ellos o de su utilización y riesgos. Solo se libera quien demuestre que ha sido ajeno al daño.

Los representantes legales de los establecimientos mercantiles o, en su caso, los encargados del negocio son responsables por los actos o por los hechos propios o por los de sus dependientes o auxiliares. Los técnicos, los encargados de la elaboración y el control responden solidariamente —cuando así corresponda— por las violaciones a esta ley en perjuicio del consumidor.

14. Panamá

Los términos y las condiciones de las garantías de los bienes y servicios deberán constar por escrito en forma clara y precisa, y podrán incorporarse al contrato de compraventa o consignarse en documento aparte. En este último caso, el documento formará parte integral del contrato de compraventa o de la factura de venta, y contendrá, por lo menos, la siguiente información: 1. Nombre y dirección exactos del establecimiento comercial; 2. Nombre y dirección exactos del consumidor; 3. Descripción precisa del bien o servicio objeto de la garantía, con indicación de la marca y el número de serie —si fuera el caso—, así como del modelo, tamaño o capacidad, material y color predominante; 4. Fecha de la compra y de la entrega del bien o servicio, con indicación del número del contrato de compraventa y de la boleta de entrega, si esta no se hubiera efectuado inmediatamente, o si se hubiera realizado fuera del establecimiento del proveedor; 5. Término de duración de la garantía; 6. Condiciones generales para que la garantía se haga efectiva, con indicación de los riesgos cubiertos y de los que no lo están; 7. Lugar donde debe ser presentada la reclamación, y 8. Aprobación expresa del proveedor o de su representante autorizado.

La garantía será exigible siempre que exista un defecto en el producto o por causa imputable al fabricante, importador, distribuidor o proveedor, cuando los bienes no funcionen adecuadamente, caso en que el proveedor queda obligado a garantizar el funcionamiento y, en su caso, dependiendo de la afectación del bien o alguno de sus componentes, a su reparación.

El periodo de garantía dependerá de la naturaleza del bien, por lo cual podrá ser reglamentado. El proveedor y los intermediarios no podrán proporcionar una garantía inferior a la que reciban del fabricante.

Si dentro del periodo de garantía estipulado para equipos o productos mecánicos, eléctricos, electromecánicos, electrónicos, mobiliarios, vehículos de motor y otros bienes de naturaleza análoga, estos no funcionaran adecuadamente, o no pudieran ser usados normalmente, el proveedor estará obligado a la reparación de dichos bienes o a su reemplazo, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se presente la respectiva reclamación. Si no fuera posible la reparación, el proveedor estará obligado a reemplazar el bien por otro igual o a devolver las sumas pagadas. Cuando se trate de vehículos de motor o equipos de tecnología sofisticada, el término para su reparación o reemplazo será de hasta seis meses, siempre que en la garantía se pacte libremente entre el proveedor y el consumidor la responsabilidad del primero en caso de no poder reparar el bien dentro de los primeros treinta días.

Cuando el tiempo que utilice el proveedor para honrar la garantía de productos o servicios exceda los treinta días, contados a partir de la entrega efectiva del bien al proveedor, se interrumpirá el plazo de vigencia de la garantía. En el caso en que la reparación, el cambio u otra medida por parte del proveedor excedan los treinta días, el periodo de garantía será prorrogado por un tiempo igual al que utilice el proveedor para ejecutar las acciones descritas.

En caso de que, en virtud del cumplimiento de una garantía, se entregara un nuevo bien o un componente del bien original al consumidor, el plazo de vigencia de la garantía será igual al otorgado originalmente para el bien o componente cambiado.

Se podrá rehusar el cumplimiento de la garantía cuando el reclamo se haga fuera de su término de duración, o cuando el uso del bien vendido se haya realizado en forma contraria a las instrucciones del producto. De no haberse proporcionado al consumidor las instrucciones de uso en idioma español, el proveedor no podrá rehusar el cumplimiento de la garantía, ni eximirse de responsabilidad extracontractual por daños y perjuicios, invocando uso inadecuado del producto por parte del consumidor, salvo que este uso refleje una falta de cuidado o un desconocimiento tal que las instrucciones en español no hubieran prevenido el uso inadecuado.

Es considerada garantía en la prestación de servicios de reparación, la condición de eficiencia en la ejecución o la realización de los servicios contratados. Cuando la ineficiencia recaiga sobre servicios de reparación o de mantenimiento de vehículos automotores o de bienes muebles destinados para el uso personal, en el hogar o en establecimientos profesionales, comerciales o industriales, el proveedor estará obligado, dentro de un plazo no mayor de quince días, a prestar nuevamente el servicio contratado en forma satisfactoria y sin costo adicional para el consumidor. El proveedor podrá, alternativamente, devolver al consumidor todas las sumas que este le hubiera pagado por la prestación de dichos servicios. En los casos en que la reparación no esté cubierta con garantía, el taller de reparación tendrá que efectuar una evaluación y un diagnóstico y solicitará la autorización expresa del consumidor antes de iniciar la reparación.

15. Nicaragua

Los proveedores deberán responder por la garantía ofrecida de conformidad a las condiciones de idoneidad, calidad, seguridad y buen funcionamiento del bien. El período de garantía estará condicionado por la práctica del mercado, sin embargo el proveedor estará obligado a proporcionar a la persona consumidora los términos de garantía mínima que reciba del fabricante.

Parejo a la legislación panameña los términos y condiciones de las garantías de los bienes, deberán constar por escrito en forma clara y precisa, y podrán incorporarse al contrato de compraventa o a la factura respectiva o consignarse en documento aparte. En este último caso, el documento pasará a formar parte integrante del contrato de compraventa o de la factura de venta y contendrá la misma información que se indicó en el punto anterior que es exigida por esa normatividad.

La obligación del proveedor de prestar los servicios de reparación al amparo de la garantía, deberá realizarse sin costo adicional, dentro de un plazo máximo de treinta días calendario, de acuerdo con la naturaleza del servicio. Cuando para cubrir la garantía se requiere de importación de repuestos, accesorios o partes de los bienes, el plazo de 30 días calendario se ampliará, tomando en cuenta el tiempo necesario para el transporte de los mismos, debiendo informar al consumidor sobre estas situaciones particulares.

Los bienes con garantía vigente que no funcionen de forma idónea por causas imputables a la persona proveedora o por defecto del producto, deberán ser reparados. En caso de no ser esto posible, la persona proveedora procederá a la reposición del bien por otro de iguales características o la devolución de las sumas pagadas.

Bienes muebles con vicios ocultos. Cuando los bienes muebles dentro del período estipulado de garantía, presenten vicios ocultos, la persona proveedora estará obligada a recibirlos y devolver las sumas pagadas por la persona consumidora. No obstante, esta podrá optar por recibir una rebaja en el precio, sin derecho a reclamo posterior.

Suspensión del período de garantía en los bienes muebles. El tiempo que un bien permanezca en poder de la persona proveedora para su reparación al amparo de la garantía, no es computable dentro del plazo de la misma. Cuando el bien mueble haya sido reparado, se iniciará la garantía respecto de las piezas repuestas y continuará con relación al resto. En el caso de reposición del bien, deberá renovarse el plazo de la garantía.

Exoneración de la responsabilidad de la garantía. La persona proveedora se exonerará de la responsabilidad derivada de la garantía en los siguientes casos: 1. Cuando se compruebe que el defecto proviene del uso indebido del bien por parte de la persona consumidora; 2. Cuando la persona consumidora no haya atendido las instrucciones para la instalación, uso o mantenimiento indicado en el manual del producto y en la garantía entregados por la persona proveedora, o 3. Haya expirado el plazo de la garantía.

La prestación de servicios de reparación no cubiertos por la garantía deberá realizarse con calidad y eficiencia de conformidad a los servicios requeridos por las personas consumidoras o usuarias. En estos casos, el taller de reparación tendrá que efectuar una evaluación y diagnóstico, y solicitará la autorización por escrito de la persona consumidora o usuaria, antes de iniciar la reparación. Una vez realizada la reparación del bien, quien la haya realizado, estará obligado a entregar a la persona consumidora o usuaria la constancia de reparación indicando los siguientes principales aspectos de la reparación. Así mismo, se le deben entregar las partes o repuestos que hubieren sido reemplazados. Cuando el servicio recibido de reparación o mantenimiento de vehículos auto motores o de bienes muebles sea deficiente, la persona consumidora contará con treinta días hábiles para presentar su reclamo correspondiente ante la persona proveedora, quien a su vez estará obligada, dentro de un plazo no mayor de quince días hábiles después de hecho el reclamo, a prestar nuevamente el servicio contratado en forma satisfactoria y sin costo adicional para la persona consumidora. La persona proveedora podrá devolver, alternativamente, a la consumidora todas las sumas que esta le hubiese pagado por la prestación de dichos servicios de reparación, dejándose a salvo el derecho de la consumidora para reclamar por los daños y perjuicios sufridos.

16. El Salvador

El proveedor que ofrezca garantías al consumidor así lo deberá expresar de forma clara en el documento contractual o en documento anexo, el cual contendrá: las condiciones, formas y plazos de la garantía de uso o funcionamiento con que se adquiere el bien, las responsabilidades del consumidor, la forma en que puede hacerse efectiva y la individualización de las personas naturales o jurídicas que la extienden y que las cumplirán.

Son obligatorias para los distribuidores las garantías ofrecidas por el fabricante o productor de los bienes y servicios. En cualquier compraventa de bienes muebles nuevos no perecederos, el proveedor está obligado a garantizar al consumidor la calidad, cantidad, funcionamiento y seguridad de los mismos, acorde con el fin para el cual son fabricados. El plazo de la garantía, requisitos y procedimiento para hacerla valer se determinarán en la respectiva norma técnica.

Las garantías extendidas serán obligatorias para proveedores y consumidores, y no podrán implicar un límite o renuncia a las garantías otorgadas en la ley o reglamentos técnicos respectivos. Para hacer la reclamación de la garantía el consumidor deberá comunicar el defecto de funcionamiento o la deficiencia del servicio por cualquier medio que garantice la constancia de su recepción, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de haberlo descubierto. La garantía comprenderá las reparaciones necesarias para el buen funcionamiento del bien o la correcta prestación del servicio, y habiéndose intentado la reparación del defecto que reduce sustancialmente el uso, valor o seguridad del bien o servicio hasta dos veces sin poder corregirlo, el consumidor tendrá derecho a elegir entre las siguientes opciones: i) El cumplimiento de la oferta, si esto fuere posible; ii) La sustitución del bien por otro de diferente naturaleza, y iii) La reducción del precio o la devolución de lo pagado. En el caso de sustitución del bien por otro de la misma naturaleza, el nuevo tendrá las mismas garantías del bien originalmente adquirido, por el plazo que quedare pendiente. El término durante el cual el bien esté en reparación no se contará en el plazo de la garantía.

Responden solidariamente por las acciones u omisiones quienes producen, importan, suministran, comercializan o facilitan productos o servicios que causen daños o perjuicios a los consumidores, a menos que conste o se acredite que se han cumplido debidamente las exigencias y requisitos establecidos por leyes, reglamentos y normativas.

En materia de responsabilidad, regirán los siguientes criterios, replica el artículo 36: a) El fabricante, importador, vendedor o suministrador de productos o servicios a los consumidores responde del origen, identidad e idoneidad de los mismos, de acuerdo con su naturaleza o finalidad, según las normas que los regulan; b) En el caso de productos a granel, responde el tenedor de los mismos, sin perjuicio de que se pueda identificar y probar la responsabilidad del anterior tenedor o proveedor, y c) En el supuesto de productos envasados, etiquetados y cerrados con cierre íntegro responde el fabricante, importador, vendedor o suministrador que figure en su etiqueta, presentación o publicidad; pero podrá exonerarse de esa responsabilidad probando su falsificación o incorrecta manipulación por terceros, quienes serán entonces los responsables.

Defensoría del Consumidor, Ley de Protección al Consumidor. Si a la producción de daños concurrieren varias personas, el que pagare al perjudicado tendrá derecho a repetir de los otros responsables, según su participación en los daños causados.

Responsabilidad por el correcto uso, artículo 37. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, se responderá de los daños originados en el correcto uso y consumo de bienes y servicios, cuando por su propia naturaleza o estar así reglamentariamente establecido, incluyan necesariamente la garantía de niveles determinados de pureza, eficacia o seguridad, en condiciones objetivas de determinación y supongan controles técnicos, profesionales o sistemáticos de calidad, hasta llegar en debidas condiciones al consumidor. En todo caso, se consideran especialmente sometidos a este régimen de responsabilidad, los proveedores de productos alimenticios, de bebidas, de higiene y limpieza, de cosméticos, de especialidades y productos farmacéuticos, de servicios sanitarios, de gas, de electrodomésticos y ascensores, de medios de transporte, de vehículos a motor, de juguetes y de productos dirigidos a los niños. En el caso de alimentos o bebidas se acudirá a lo dispuesto en el Código de Salud.

17. Brasil

El artículo 18 y siguientes del Código de Defensa del Consumidor consagra una garantía legal implícita, por los vicios de calidad y cantidad de los productos de consumo perecederos y no perecederos, pudiendo el consumidor solicitar al proveedor la sustitución de las partes viciadas; obligación que debe cumplirse en un plazo máximo de treinta días. De no ser subsanado el vicio en este plazo el consumidor podrá reclamar la sustitución del producto o la restitución del importe del valor del mismo con actualización monetaria, sin perjuicio de las eventuales pérdidas y daños, acordando un plazo adicional para cumplir la obligación que no puede ser inferior a siete días ni superior a ochenta días.

De no ser posible sustituir las partes viciadas, el consumidor podrá acordar con el proveedor la sustitución por un bien de otra especie, marca o modelo diversa, mediante la complementación de la eventual diferencia del precio, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios.

La ignorancia del proveedor sobre los vicios de calidad e inadecuación de los productos y servicios, no exime al proveedor de su responsabilidad de cumplir con la garantía legal. Si son varios los proveedores estos responderán solidariamente. La garantía legal de adecuación del producto depende de manifestaciones expresa, siendo prohibida la exoneración contractual al proveedor.

El derecho a reclamar caducará dentro de los 30 días siguientes a la entrega del producto si es no duradero, si es duradero dentro de los noventas días siguientes a su entrega del producto o finalización del servicio. La pretensión de reparación de los daños causados prescribe en cinco años.

18. República Dominicana

La legislación dominicana parte de la definición de “bienes duraderos” indicando que son aquellos cuyas características les permiten ser utilizados sucesivamente hasta agotar sus propiedades durante su vida útil, con el fin de enfocar el régimen de la garantía, disponiendo que el consumidor y los sucesivos adquirientes, tienen una garantía legal por los defectos o vicios de cualquier índole, que afecten el correcto funcionamiento de tales bienes o que hagan que las características de los productos entregados difieran con respecto a lo ofrecido.

Por la adquisición de bienes duraderos nuevos, el consumidor tendrá derecho a un adecuado servicio técnico con la respectiva provisión de repuestos durante un período de tiempo determinado y a la información precisa en caso de ausencia de estos. En ningún caso podrá exigirse al consumidor pago extra alguno por la garantía ofrecida ni por los servicios técnicos o los repuestos suministrados durante el período de vigencia de dicha garantía.

El proveedor deberá entregar una garantía escrita, al menos, en idioma español, que contenga obligatoriamente: a) La identificación del proveedor; b) El titular de la garantía; c) La identificación del producto garantizado, con las especificaciones necesarias para que no pueda confundirse con otro igual o similar; d) Las condiciones de instalación, uso y mantenimiento necesarios para un buen funcionamiento; e) Las condiciones de validez de las garantías y el plazo de duración de la garantía; f) Las condiciones de reparación y la especificación del lugar donde se hará efectiva la reparación; incluyendo la responsabilidad por el traslado, acarreo o transporte del bien a reparar bajo garantía, y g) La cesión de la garantía dentro de su plazo de duración.

Durante el período de vigencia de la garantía, su titular tendrá derecho a la reparación gratuita y satisfactoria de los vicios o defectos originarios. Si se constatara que el producto no tiene las condiciones para cumplir con el uso al cual estaba destinado o no fuese posible su reparación satisfactoria, el titular de la garantía tendrá derecho a su mejor opción, a la sustitución del producto por otro en buen estado, a una rebaja del precio, o a la devolución del valor pagado, en capital, intereses y otros gastos de la operación, sin perjuicio de otras acciones que conforme a la ley puedan ejercerse.

Los consumidores o usuarios podrán reclamar el cumplimiento de la garantía de los bienes duraderos que hubieren adquirido ante cualquier proveedor autorizado de dichos bienes, siempre y cuando estén acompañados de la documentación que compruebe la adquisición legítima del bien o servicio y de conformidad con los términos y condiciones del documento de garantía.

El proveedor, en la prestación de servicios de reparación y mantenimiento de cualquier tipo de bien o artículo, deberá contar con la autorización escrita del consumidor sobre el empleo de componentes usados. El proveedor del servicio deberá otorgar una garantía en forma escrita no inferior a treinta días por dicha reparación o mantenimiento.

Los proveedores de servicios de reparación, mantenimiento, limpieza u otros similares, deberán compensar adecuada y oportunamente al consumidor, si por deficiencias del servicio el producto se pierde o sufre tal deterioro que resulte total o parcialmente inapropiado para el uso o finalidad a que estaba destinado.

El tiempo durante el cual el consumidor está privado del uso del bien en garantía, por cualquier causa relacionada con su reparación, debe computarse como prolongación del plazo de la garantía legal.

VI. Producto defectuoso

Al respecto, aprecia la doctora Georgina Alicia Flores Madrigal (2013, 5) lo que se debe tener en cuenta a la hora de tratar el tema de producto defectuoso. Es esencial entender que el producto ofrecido y entregado sea apto para el uso y reúna las condiciones de seguridad y de protección a que tiene derecho todo consumidor, considerando que un producto es seguro cuando, utilizado en condiciones normales —consumidor racional— o razonablemente previsibles, no presente riesgo alguno o presente riesgos mínimos —alcanzar un nivel adecuado de protección de la salud y seguridad de los consumidores— compatibles con el uso del producto —control de calidad—. Por el contrario, un producto se considera como defectuoso cuando no ofrece la seguridad a la que una persona tiene legítimamente derecho teniendo en cuenta todas las circunstancias, esto es: a. La presentación del producto —envase, instrucciones de ensamble, instalación y mantenimiento, etiquetado, instrucciones de uso—; b. El uso que razonablemente pudiera esperarse del producto —condiciones normales de uso—, y c. El momento en que se puso en circulación.

1. México

La Ley Federal de Protección al Consumidor no habla propiamente de producto defectuoso; sin embargo en su artículo 82 consagra acciones para cuando se presentan defectos o vicios ocultos en el producto imponiendo, indistintamente, la obligación solidaria al importador, productor y distribuidor de atender los requerimientos y reclamaciones del consumidor.

Inferencia de lo anterior, es el establecimiento de la alternativa para el consumidor de optar por pedir la restitución del bien o servicio, la rescisión del contrato o la reducción del precio, y en cualquier caso, la bonificación o compensación, cuando la cosa u objeto del contrato tenga defectos o vicios ocultos que la hagan impropia para los usos a que habitualmente se destine, que disminuyan su calidad o la posibilidad de su uso, o no ofrezca la seguridad que dada su naturaleza normalmente se espere de ella y de su uso razonable; bastándole al consumidor probar los defectos o vicios ocultos del producto sin tener que demostrar la culpa, lo cual nos coloca frente a una responsabilidad objetiva, al igual que en el evento de la reclamación de las garantías (Ovalle: 137-138).

Indicando además que si el consumidor opta por la rescisión, el proveedor tiene la obligación de reintegrarle el precio pagado y, en su caso, los intereses a que haya lugar. Lo anterior sin perjuicio de la indemnización que en su caso corresponda por daños y perjuicios.

2. Colombia

En Colombia se entiende por producto defectuoso aquel bien mueble o inmueble que en razón de un error en el diseño, fabricación, construcción, embalaje o información, no ofrezca la razonable seguridad a la que toda persona tiene derecho.

Ante el consumidor responden solidariamente, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, el productor y proveedor por los daños causados por los defectos de sus productos. Le corresponde al consumidor, para determinar la responsabilidad, demostrar el defecto del bien, la existencia del daño y el nexo causal entre este y aquel. Como daño, se entienden la muerte o lesiones corporales, causadas por el producto defectuoso, y los daños producidos a una cosa diferente al producto defectuoso. Cuando no se indique expresamente quién es el productor, se presumirá como tal quien coloque su nombre, marca o cualquier otro signo o distintivo en el producto.

Son solo admisibles como causales de exoneración de la responsabilidad por daños por producto defectuoso: i) La fuerza mayor o caso fortuito; ii) Cuando los daños ocurran por culpa exclusiva del afectado; iii) Por hecho de un tercero; iv) Cuando no se haya puesto el producto en circulación; v) Cuando el defecto es consecuencia directa de la elaboración, rotulación o empaquetamiento del producto conforme a normas imperativas existentes, sin que el defecto pudiera ser evitado por el productor sin violar dicha norma; vi) Cuando en el momento en que el producto fue puesto en circulación, el estado de los conocimientos científicos y técnicos no permitía descubrir la existencia del defecto.

3. Argentina

El Régimen del Consumidor argentino incorporó la noción de vicio como equivalente de defecto, revelando que existe vicio o defecto, ya sea ostensible u oculto, al momento de perfeccionarse la relación o contrato de consumo, en los bienes o servicios que adquiera o utilice el consumidor o usuario, ya sea a título gratuito u oneroso, cuando se afecte la identidad entre lo ofrecido y lo entregado o su correcto funcionamiento, conociéndolo o no, posibilitándose a aquel para exigir el cumplimiento en especie de la obligación, aceptar otro bien equivalente o rescindir el vínculo jurídico, incluyéndose siempre la acción de daños por responsabilidad integral que corresponda.

Aun cuando el artículo 18 de la Ley de Defensa del Consumidor establece que en caso de vicios redhibitorios a instancia del consumidor se aplicará de pleno derecho el artículo 2176 del Código Civil y no podrá serle opuesto el artículo 2170, se debe remontar al artículo 1051 y siguientes del unificado Código Civil y Comercial de la Nación, Ley 26.994 de 2014; en tal sentido, por vicios redhibitorios se entienden aquellos “defectos que hacen a la cosa impropia para su destino por razones estructurales o funcionales, o disminuyen su utilidad a tal extremo que, de haberlos conocido, el adquirente no la habría adquirido, o su contraprestación hubiese sido significativamente menor”.

Considera la actual codificación que un defecto es vicio redhibitorio: a) Si lo estipulan las partes con referencia a ciertos defectos específicos, aunque el adquirente debiera haberlos conocido; b) Si el enajenante garantiza la inexistencia de defectos, o cierta calidad de la cosa transmitida, aunque el adquirente debiera haber conocido el defecto o la falta de calidad; c) Si el que interviene en la fabricación o en la comercialización de la cosa otorga garantías especiales. Sin embargo, excepto estipulación en contrario, el adquirente puede optar por ejercer los derechos resultantes de la garantía conforme a los términos en que fue otorgada.

La responsabilidad por defectos ocultos no comprende: “a) los defectos del bien que el adquirente conoció, o debió haber conocido mediante un examen adecuado a las circunstancias del caso al momento de la adquisición, excepto que haya hecho reserva expresa respecto de aquellos. Si reviste características especiales de complejidad, y la posibilidad de conocer el defecto requiere cierta preparación científica o técnica, para determinar esa posibilidad se aplican los usos del lugar de entrega; b) los defectos del bien que no existían al tiempo de la adquisición. La prueba de su existencia incumbe al adquirente, excepto si el transmitente actúa profesionalmente en la actividad a la que corresponde la transmisión”(21).

El adquirente del producto tiene la carga jurídica de denunciar expresamente la existencia del defecto oculto al garante dentro de los 60 días de haberse manifestado. Si el defecto se manifiesta gradualmente, el plazo se cuenta a partir del día en que se pudo advertir. El incumplimiento de esta carga extingue la responsabilidad por defectos ocultos, excepto que el enajenante haya conocido o debido conocer, la existencia de los defectos.

La responsabilidad por defectos ocultos caduca: a) Si la cosa es inmueble, cuando transcurren tres años desde que la recibió; b) Si la cosa es mueble, cuando transcurren seis meses desde que la recibió o puso en funcionamiento. Estos plazos pueden ser aumentados convencionalmente. Las acciones para reclamar los vicios redhibitorios prescriben en un año.

4. Perú

Al igual que en la legislación colombiana, la ley peruana milita sobre producto defectuoso(22) en puntualizar que es aquel que no ofrece la seguridad a la que las personas tienen derecho, tomando en consideración las circunstancias relevantes, tales como: a. El diseño del producto; b. La manera en la que el producto ha sido puesto en el mercado, incluyendo su apariencia, el uso de cualquier marca, la publicidad referida al mismo y el empleo de instrucciones o advertencias; c. El uso previsible del producto; d. Los materiales, el contenido y la condición del producto.

A diferencia de las legislaciones colombiana y ecuatoriana, el responsable por los daños y perjuicios causados a la integridad física de los consumidores o a sus bienes por los defectos de su producto es el proveedor y la responsabilidad civil por productos defectuosos es objetiva. En tratándose de varios proveedores es solidaria. Sin perjuicio de ello, cada proveedor tiene derecho a repetir contra el que le suministró el producto defectuoso u originó el defecto.

Daños indemnizables. La indemnización comprende todas las consecuencias causadas por el defecto, incluido el daño emergente, el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral.

5. Ecuador

Aun cuando la Ley Orgánica de la Defensa del Consumidor no define el producto defectuoso, el artículo 71 prevé, cuando el producto presente deficiencias de fabricación, elaboración, estructura, calidad o condiciones sanitarias, que no permitan que sea apto para el uso al cual está destinado, el derecho que tiene el consumidor de exigir la reparación gratuita del bien y, cuando esta no sea posible, su reposición o la devolución de la cantidad pagada, en un plazo no superior a treinta días.

La responsabilidad por las indemnizaciones civiles derivadas de los daños ocasionados por vicio o defecto de los bienes será solidaria entre los productores, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, que haya puesto su marca en la cosa o servicio y, en general, todos aquellos cuya participación haya influido en dicho daño. La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan. Tratándose de la devolución del valor pagado, la acción no podrá intentarse sino respeto del vendedor final.

Las acciones civiles que contempla la ley prescribirán en el plazo de doce meses contados a partir de la fecha en que se ha recibido el bien o terminado de prestar el servicio. Si se hubiese otorgado garantía por un plazo mayor, se estará a este, para efectos de prescripción.

6. Chile

Según la Directiva 374 de 1985, un producto es defectuoso cuando no ofrece la seguridad a la que una persona tiene legítimamente derecho”. Se toman en consideración todas las circunstancias tales como: a) La presentación del producto; b) El uso que razonablemente pudiera esperarse del producto, y c) El momento en que el producto se puso en circulación.

En opinión de la doctora Francisca María Barrientos Camus (2010, 14), en términos generales, la defectuosidad de un producto se relaciona con la seguridad, es decir, con los daños producidos a los consumidores o su patrimonio. La noción de defecto hace alusión al mal estado de las cosas. El concepto de defecto no es unívoco y determinado, sus características dependerán de los avances científicos, de la estructura tecnológica vigente y, en definitiva, de cada sociedad que regulará la responsabilidad civil por productos defectuosos de conformidad a sus intereses.

La nota fundamental del defecto viene dada por su falta de seguridad, de modo que ni su falta de calidad, utilidad o eficacia, ni los vicios que lo hagan impropio para el uso a que se destina, implican necesariamente que sea defectuoso. Ahí estriba la diferencia con los productos inidóneos que se determinan por su falta de aptitud para el uso asimilándose a los vicios redhibitorios, cuya obligación pesa sobre el vendedor. Aledañamente también se diferencian de los productos peligrosos porque estos lo son antes de producirse el daño, es decir, son peligros por su naturaleza, pero no son defectuosos y usados conforme a las instrucciones y no comportan ofrecer seguridad. Por ejemplo, medicamentos, fungicidas, sustancias explosivas, etc.

Para que un producto sea considerado defectuoso, basta con que se presente la defectuosidad al momento de la puesta en el comercio que lo haga peligroso y que el daño quede por fuera de lo razonable.

Es responsable por la seguridad del producto el vendedor al tenor de lo establecido en el artículo 23 de la Ley 19955 del 2004; no obstante para que se configure la responsabilidad civil por productos defectuosos debe el proveedor-vendedor haber causado un daño al consumidor con el producto, el daño debe ser provocado por las fallas o deficiencias del producto; debe concurrir una relación de causalidad entre el defecto del producto y el daño, y también se exige una conducta calificada del proveedor, en el caso de que haya sido negligente.

Reflexiona sobre el particular la doctora Barrientes Camus (2010, 14) que no hay duda de que el vendedor responde por la infracción al artículo 23 de la LPDC. Esto se infiere de la expresión que exige que el perjuicio se cause en la venta. Como el suministrador final vende los productos de consumo masivo responde si ha actuado con negligencia. Sin embargo, si se piensa en los fundamentos de la responsabilidad civil por productos defectuosos, el responsable debiera ser el fabricante, no el vendedor, pues aquel está obligado a manufacturar bienes seguros de consumo masivo y el vendedor se encuentra al margen del proceso de producción en el que tienen su origen los daños, no ocasiona el defecto, ni puede adoptar las medidas precisas para prevenir su aparición, ni, en consecuencia, para evitar que los daños se produzcan. Pero en realidad, no es tan extraño que el vendedor responda por los productos defectuosos, porque la obligación de seguridad no solo se encuentra en la órbita del fabricante sino que también tienen obligaciones de seguridad los demás agentes que interactúan en la cadena de distribución. De lo que se sigue que el vendedor también responderá de ciertos deberes de seguridad en el consumo, que sería el supuesto del artículo 23 de la LPDC, el producto se vuelve defectuoso dentro de su ámbito de control y cuidado; es decir, por la custodia y conservación del producto, o en los casos en que el producto no pueda ser identificado. Además, por aplicación de las reglas generales, el vendedor responde cuando sabía o debía saber que el producto era defectuoso. Acá, la responsabilidad del vendedor estriba en su calidad de conocedor del defecto de la cosa.

Es trascendente preponderar que la legislación chilena diferencia tres clases de productos para determinar la responsabilidad: i) Producto inidóneo; ii) Producto defectuoso, y iii) Producto peligroso. Cuando se está frente a un producto inidóneo procede la reclamación del consumidor directamente contra el vendedor conforme al contenido, la garantía, la póliza —si se expidió al momento de la entrega del producto— o eligiendo cualquiera de las opciones mencionadas en el punto anterior, y solo subsidiariamente contra en fabricante en caso de quiebra o ausencia del vendedor.

Si se trata de un producto defectuoso, la responsabilidad recae directamente frente al vendedor-proveedor, al igual que en el Perú, porque la órbita de la seguridad del bien le corresponde a este como suministrador final de los productos de consumo masivo, siempre y cuando se demuestre su negligencia (2010, 14).

Por último, si el producto es peligroso o riesgoso, la responsabilidad es solidaria del productor, importador y primer distribuidor o del prestador del servicio, estableciéndose un régimen de responsabilidad extracontractual, solidaria y por culpa presunta en contra de todos los agentes que participan en la cadena de distribución del producto o servicio.

Las acciones que persigan la responsabilidad contravencional que se sanciona prescribirán en el plazo de seis meses, contados desde que se haya incurrido en la infracción respectiva. Las sanciones impuestas por dichas contravenciones prescribirán en el término de un año, contado desde que hubiere quedado a firme la sentencia condenatoria.

7. Bolivia

La legislación boliviana habla de defecto oculto, definiéndolo como la presencia de una deficiencia grave en cualquier producto, que no está a la vista o no es posible conocerla por la usuaria o el usuario, la consumidora o el consumidor, en el momento de la compra, y que una vez sobrevenido, la hace impropia para su uso o disminuye tanto su utilidad que el comprador no la habría comprado o habría pagado menos por ella.

Si del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio resultara un daño al consumidor, será responsable el proveedor, de conformidad con el régimen dispuesto en el Código Civil.

Al igual que en la generalidad de las normativas, el proveedor, comerciante o distribuidor solo responderá cuando el importador y el fabricante no pudieran ser identificados. De la misma forma serán responsables si el daño se produce como consecuencia de una inadecuada conservación del producto o cuando altere sus condiciones originales. El nuevo régimen de responsabilidad beneficia a los distribuidores y comerciantes-proveedores, ya que en el régimen del Código Civil su responsabilidad por incumplimiento contractual en sede de vicios era primaria y todo contratante podía reclamar la reparación del daño causado por el producto vicioso o defectuoso, independientemente de que este tuviera o no posibilidades de conocerlo. Lo único que le quedaba para resarcirse de lo que debía pagar, era la acción de regreso contra el fabricante. En todo caso, el proveedor no responde sino de los daños y perjuicios que sean consecuencia inmediata y directa del hecho ilícito e incluyen el daño patrimonial y extrapatrimonial(23). La responsabilidad de los profesionales liberales será objetiva o subjetiva según la naturaleza de la prestación asumida.

8. Paraguay

La Ley 1334 de 1998 desarrolla restrictamente el producto defectuoso; señalando, en virtud del principio de seguridad —art. 1º—, que si el consumidor se da cuenta de que ha comprado productos dañados o en mal estado, deberá informarlo a la autoridad competente, con el propósito de evitar daños a los demás consumidores o usuarios y, si sufriere un daño como consecuencia de las fallas de un producto o de la prestación de un servicio, serán responsables el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en el producto o servicio solidariamente. La responsabilidad es objetiva, solo basta que se cause daño sin que intervenga la culpa o el dolo.

9. Uruguay

En la normatividad uruguaya, al igual que en la argentina y en la boliviana, se habla de vicio o riesgo de la cosa o de la prestación en el servicio, si en el cual se produce un daño al consumidor, derivará en una responsabilidad del proveedor, comerciante o distribuidor en los términos dispuestos en el Código Civil, cuando el importador o fabricante no pudieran ser identificados.

Agrega la regla protectora anterior que también serán responsables si el daño se produce como consecuencia de una inadecuada conservación del producto o cuando se alteren las condiciones originales.

El proveedor no responde sino por los daños y los perjuicios que sean consecuencia inmediata y directa del hecho ilícito, e incluyen el daño patrimonial y extrapatrimonial. El derecho a reclamar por vicios aparentes, o de fácil constatación, caduca en:

• Treinta días a partir de la provisión del servicio o del producto no duradero.

• Noventa días cuando se trata de prestaciones de productos o servicios duraderos.

El plazo comienza a computarse a partir de la entrega efectiva del producto o de la finalización de la prestación del servicio.

En caso de vicios ocultos, estos deberán evidenciarse en un plazo de seis meses y caducarán a los tres meses del momento en que se pongan de manifiesto. Ello sin perjuicio de las previsiones legales específicas para ciertos bienes y servicios.

La acción para reclamar la reparación de los daños personales prescribirá en un plazo de cuatro años a partir de la fecha en que el demandante tuvo o debería haber tenido conocimiento del daño, del vicio o defecto, y de la identidad del productor o fabricante. Tal derecho se extinguirá transcurrido un plazo de diez años a partir de la fecha en que el proveedor colocó el producto en el mercado o finalizó la prestación del servicio causante del daño.

10. Venezuela

La ley estima que las personas tendrán derecho, además de la indemnización por los daños y perjuicios causados, a la reparación gratuita del o los defectos que presente el bien, dentro de los siete días siguientes al reclamo, y cuando ello no sea posible procederá la reposición del bien o la devolución de la cantidad pagada al valor actual, cuando cualquier producto, por sus deficiencias de fabricación, elaboración, estructura, calidad o condiciones sanitarias, según el caso, no sea apto para el uso al cual está destinado.

En lo que a responsabilidad se refiere, en materia de protección de las personas en el derecho al acceso a los bienes y servicios para la satisfacción de sus necesidades, la ley establece que serán solidariamente responsables los fabricantes, ensambladores, productores e importadores, comerciantes distribuidores, expendedores y todas aquellas personas que hayan participado en la cadena de distribución, producción y consumo del bien o servicio afectado, a menos que se compruebe la responsabilidad concreta de uno o algunos de ellos, la cual será determinada por el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios de conformidad con lo previsto en la ley.

Justamente, José Melich Orsini (Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2002, pp. 143-152) precisa que la evidente necesidad de regular la responsabilidad de los productores y proveedores por defectos o imperfectos en los bienes y servicios; teniendo en cuenta la dificultad a que se van a ver avocados los jueces al tratar de resolver las demandas instauradas para la indemnización de los daños causados, al alternar con la aplicación de la vía contractual o la extracontractual, en busca de una solución ecuánime, inspirada en la jurisprudencia francesa y utilizada antes de la Directiva Comunitaria citada.

Por su parte, el doctrinante José Annicchiarico (2008) considera que el hecho de que en la legislación no se haya contemplado expresamente la responsabilidad objetiva del productor y proveedor, es posible, bajo una correcta interpretación, abrir la brecha a un sistema de responsabilidad objetiva por productos defectuosos inspirada en los sistemas actuales europeos, partiendo de la base teórica que la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario ha impuesto al productor y al proveedor “una obligación legal estricto sensu de seguridad” en el artículo 7º, la cual encuentra su origen jurídico en el artículo 1185 del Código Civil y se tipifica como una obligación que persigue un resultado concreto y determinado lo que equivale a que el daño que se le produce a la víctima es ocasionado por el incumplimiento del resultado a efectos de demostrar un hecho ilícito, lo cual conlleva a asimilar esta responsabilidad a la responsabilidad propiamente objetiva.

11. Guatemala

En Guatemala el defecto del producto está directamente circunscrito y limitado al peligro o riesgo que este conlleve, así sea utilizado adecuadamente, creando una obligación para el proveedor de retirarlo del mercado o sustituirlo por otro a su costo.

En todo caso, el proveedor deberá devolver al consumidor o usuario lo pagado por el producto, contra la presentación de este en su respectivo envase cuando proceda y el documento que acredite la adquisición del mismo.

El productor, importador, distribuidor y/o prestador del servicio responderán solidariamente por los daños o perjuicios que del consumo de dichos productos se deriven para las personas una vez declarada judicialmente o determinada por la autoridad competente la peligrosidad de un bien o servicio, o su toxicidad en niveles considerados nocivos para la salud o seguridad de las personas.

Quien incumpla las obligaciones consignadas anteriormente deberá indemnizar al afectado por los daños y perjuicios que por sus hechos u omisiones ocasione, de acuerdo a las leyes del país. Si los hechos fueran constitutivos de delito, se presentará la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para los efectos respectivos.

El proveedor que preste servicios será el único responsable frente a la usuaria y al usuario.

12. Costa Rica

El artículo 39 de la Ley 7472 de 2012 de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor establece que cuando se vendan productos defectuosos, usados o reconstruidos, antes de la compra, el comerciante debe indicar al consumidor, de manera precisa y clara, tales condiciones y dejar constancia de ello en las facturas o los comprobantes respectivos. El comerciante debe advertir los extremos anteriores si anuncia la venta de esos productos usando cualquier medio. Si no existe advertencia sobre el particular, esos bienes se consideran nuevos y en perfecto estado.

Por su parte, el artículo 35 de la misma ley prevé el régimen de responsabilidad aplicable e indica que: “El productor, el proveedor y el comerciante deben responder concurrente e independientemente de la existencia de la culpa, si el consumidor resulta perjudicado por razón del bien o el servicio, de informaciones inadecuadas o insuficientes sobre ellos o de su utilización y riesgos. Solo se libera de responsabilidad quien demuestre que ha sido ajeno al daño. Los representantes legales de los establecimientos mercantiles o, en su caso, los encargados del negocio son responsables por los actos o los hechos propios o por los de sus dependientes o auxiliares. Los técnicos, los encargados de la elaboración y el control responden solidariamente, cuando así corresponda, por las violaciones a la ley en perjuicio del consumidor”.

Examinando este artículo (Castro, 2011: 101-106), se puede notar un caso de responsabilidad objetiva, donde no se considera la culpa o el dolo del autor, sino que basta su criterio de imputación en el riesgo creado, el cual conlleva daños a terceros o sus bienes, cuyas consecuencias deben ser asumidas por quien realiza la actividad lícita y, por tanto, no antijurídica. Indica al respecto la jurisprudencia de la Sala Primera: “(…) el artículo 35 citado, referido a la responsabilidad civil en materia de derecho del consumidor. Este último supone la responsabilidad civil del productor o comerciante cuando se demuestra la existencia de un daño causado como resultado de la actividad desplegada por el productor o comerciante. Así el consumidor solo debe probar que el daño existe y que este se produce como consecuencia directa e inmediata de la actividad desplegada por el productor o comerciante —causalidad adecuada—. No requiere demostración de la culpa o el dolo —culpabilidad en sentido lato—, puesto que el criterio de imputación es objetivo. Así, el caso fortuito no permite eximir al comerciante o productor de la responsabilidad civil, puesto que no se hace ningún juicio de reproche en relación con su actividad. Únicamente la fuerza mayor y el hecho de la víctima permiten exonerar al comerciante o productor de la responsabilidad civil, en el tanto que ambas circunstancias implican la exclusión de la causalidad, elemento que resulta indispensable para que existan igualmente la responsabilidad subjetiva y la objetiva”. Esta resolución muestra que en materia de derechos del consumidor la responsabilidad del fabricante o productor tiene carácter objetivo; así, de esta manera, lo podría eximir de dicha responsabilidad cuando demuestre ser ajeno a la causa productora del daño, en cuyo momento se rompería el nexo de causalidad. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. San José de Costa Rica —Res. 467-F-2008. San José del 4 de julio del 2005.

Entonces, se entiende que en el ámbito de daños por productos, el daño causado por el producto defectuoso recae en la persona creadora del riesgo, es decir, en el fabricante del producto, ya que se considera que es él quien debe ejercer el control de la calidad y de la seguridad del producto. Sin embargo, la doctrina ha indicado que la responsabilidad objetiva se extiende a todos los involucrados en la cadena de producción. Según indica el autor chileno Sergio Arellano Iturriaga: “La cobertura puede extenderse no sólo a fabricantes, sino a vendedores, envasadores, etiquetadores, instaladores y otros que pueden verse afectados por requerimientos de personas afectadas por un producto defectuoso, así como por acciones u omisiones cometidas en las diferentes operaciones anteriores a la entrega”.

13. Panamá

Al igual que en las legislaciones Argentina, uruguaya y boliviana, el artículo 48 de la Ley 45 del 2007, Tercia por definir los vicios ocultos del producto argumentando que cuando los bienes presenten defectos o vicios ocultos que hagan imposible el uso para el que son destinados, o que disminuyan de tal modo su calidad o la posibilidad de su uso, y que de haberlos conocido el consumidor no los hubiera adquirido o hubiera dado un menor precio por ellos, el proveedor estará obligado a recibirlos y a devolver las sumas pagadas por el consumidor, según lo establece el Código de Comercio. No obstante, el consumidor podrá optar por recibir una rebaja en el precio, sin derecho a reclamo posterior.

Por su parte, el artículo 1254 del Código Civil prevé: “El vendedor estará obligado al saneamiento por los defectos ocultos que tuviere la cosa vendida, si la hacen impropia para el uso a que se le destina, o si disminuyen de tal modo este uso que, de haberlos conocido el comprador, no lo habría adquirido o habría dado menos precio por ella; pero no será responsable de los defectos manifiestos o que estuvieren a la vista ni tampoco de los que no lo estén, si el comprador es un perito que, por razones de su oficio o profesión, debía fácilmente conocerlos”.

Como bien lo menciona Ariel Corbetti (2004: 38-39) “se puede apreciar de los artículos trascritos, que el comprador o consumidor, frente a la existencia de vicios ocultos puede ejercer las acciones pertinentes, siempre que el producto sea impropio para el uso al que se le destina, o que se haga imposible dicho uso o el mismo se vea disminuido, lo que afecta su calidad. Un producto es considerado, así, defectuoso desde el momento que dicho bien no es apto al uso que de él se espera. La regla establecida por las normas anteriores corresponde a la noción funcional de la no conformidad del producto. Esta es, la inaptitud de la cosa o del producto para el uso al cual está destinado, siendo suficiente el constatar el estado de la cosa o del producto entregado que hacen imposible dicho uso.

La no conformidad puede resultar del hecho de entregar un producto igual al solicitado pero alterado o deteriorado, es decir, con vicios, excluyendo aparentemente la noción precisa de conformidad del producto y haciendo útil la garantía de vicios ocultos.

En términos generales, la no conformidad de un producto se refiere a la existencia en el bien o producto de un defecto de conformidad. Este defecto de conformidad se presentaría bajo una forma tangible, evidente, entre la previsión y la realidad, ella recubriría toda una serie de situaciones, entre ellas, la alteración o deterioración física, una falta cualitativa o cuantitativa, o defectos estéticos, incluso, agregó la sentencia del Tercer Tribunal Superior de Justicia(24), “La cuidadosa lectura del artículo antes mencionado —artículo 36— evidencia la necesaria concurrencia de dos supuestos para los efectos de declarar la existencia de un vicio oculto de un bien; en primer lugar, que el bien presente defectos o vicios ocultos que hagan imposible el uso para el que está destinado, o que disminuyan de tal modo su calidad o la posibilidad de su uso y, en segundo lugar, que el consumidor, de haber conocido estos defectos o vicios ocultos, no lo hubiera adquirido, o hubiera dado un menor precio por ellos”.

Para los efectos prácticos, no debe distinguirse entre una causa, el defecto y una consecuencia, la falta de idoneidad del producto para el uso al cual normalmente se le destina. En este caso, es solamente necesario constatar el hecho que la cosa entregada no corresponde al uso normalmente esperado de ella, es decir, el estado actual de la cosa que, de toda evidencia, la hacen impropia a tal uso.

En efecto, lo esencial para el comprador es la utilidad que él puede obtener del producto comprado. Esta utilidad que él espera puede no presentarse, ya sea porque la cosa está defectuosa, o porque su aptitud se encuentra reducida a tal punto que el comprador no la habría adquirido o habría pagado un precio menor de haberlo conocido al momento de la venta.

Si tenemos en cuenta el hecho que la ineficacia de un producto es capaz de causar un daño al comprador, debemos considerar que esta ineficacia del producto genera un incumplimiento a nivel de la causa del contrato, toda vez que el adquirente no recibe la contrapartida justa del precio pagado.

Si el comprador no puede obtener la utilidad esperada del producto, se encontrará frente a un incumplimiento. Este incumplimiento puede comprometer la responsabilidad de una serie de personas manifiestamente vinculadas a la fabricación y a la distribución del producto. En la ausencia de toda regla específica, el Derecho Común del Contrato de Venta gobernará dicha responsabilidad”.

De otra parte, el artículo 80 instaura la solidaridad del proveedor por responsabilidad extracontractual. Si del bien o servicio o por instrucciones inadecuadas o insuficientes sobre este, su utilización y los riesgos resulta un daño o perjuicio al consumidor, responderá el proveedor o, en su caso, el fabricante, siempre que haya mediado dolo, culpa, falta, negligencia o imprudencia de este último. Situación que conlleva al retiro de los bienes contemplada en el artículo 81, obligando al fabricante, importador, distribuidor o proveedor, que tenga conocimiento de alguna llamada a retiro por defecto en el producto o por su efecto dañino, a anunciarlo a través de medios de reconocida circulación nacional, así como a comunicárselo a la autoridad. Para estos casos, el fabricante, importador, distribuidor o proveedor deberá reemplazar la pieza o corregir el daño o retirar el producto inmediatamente tenga conocimiento, a todos los consumidores que adquirieron el producto y que se presenten al establecimiento comercial respectivo, dentro de los ciento veinte días siguientes a la publicación del anuncio.

14. Nicaragua

La Ley 182 de 1994 de Defensa de los Consumidores faculta al consumidor para optar por pedir la rescisión del contrato o la reducción del precio, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios a que haya lugar cuando la cosa u objeto del contrato tenga defectos o vicios ocultos que la hagan impropia o disminuyan su calidad o su posibilidad de uso, al que normalmente se le destina, y que de haberlos conocido el consumidor no los hubiere adquirido(25). Los consumidores deberán realizar las reclamaciones directamente ante el expendedor(26), sin perjuicio de que posteriormente se determine si las responsabilidades civiles deben correr a cargo del importador, distribuidor o fabricante.

Los derechos que la ley otorga a los consumidores con respecto a las responsabilidades civiles, deberán ser ejercidos dentro de un plazo de 15 días a la fecha de la recepción del bien; el proveedor deberá dar satisfacción al reclamo en un plazo que no exceda de los 10 días(27).

Si el proveedor no satisface el reclamo del consumidor, este lo interpondrá ante el órgano competente que designe el Ministerio de Economía y Desarrollo, quien intervendrá para hacerle valer su derecho; todo de acuerdo al procedimiento administrativo que se establezca en el reglamento a la presente ley(28).

15. El Salvador

En la Ley y Reglamento de Protección al Consumidor(29) se impone al consumidor la obligación de comunicar el defecto de funcionamiento del producto o la deficiencia del servicio por cualquier medio que garantice la constancia de su recepción, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de haberlo descubierto. La garantía comprenderá las reparaciones necesarias para el buen funcionamiento del bien o la correcta prestación del servicio, y habiéndose intentado la reparación del defecto que reduce sustancialmente el uso, valor o seguridad del bien o servicio hasta dos veces sin poder corregirlo, el consumidor tendrá derecho a elegir entre las siguientes opciones: i) El cumplimiento de la oferta, si esto fuere posible; ii) La sustitución del bien por otro de diferente naturaleza, y iii) La reducción del precio o la devolución de lo pagado.

En el caso de sustitución del bien por otro de la misma naturaleza, el nuevo tendrá las mismas garantías del bien originalmente adquirido, por el plazo que quedare pendiente.

Las acciones u omisiones de quienes producen, importan, suministran, comercializan o facilitan productos o servicios que causen daños o perjuicios a los consumidores, darán lugar a la responsabilidad solidaria de tales proveedores, a menos que conste o se acredite que se han cumplido debidamente las exigencias y requisitos establecidos por las leyes, los reglamentos y las normativas.

Por regla general, serán responsables frente a los consumidores por el origen, identidad e idoneidad de los bienes, de acuerdo con su naturaleza o finalidad el fabricante, importador, vendedor o suministrador de productos o servicios. Si a la producción de daños concurrieren varias personas, el que pagare al perjudicado tendrá derecho a repetir de los otros responsables, según su participación en los daños causados.

En cuanto a la responsabilidad por correcto uso, la normativa establece que se responderá por los daños originados en el correcto uso y consumo de bienes y servicios, cuando por su propia naturaleza o estar así reglamentariamente establecido, incluyan necesariamente la garantía de niveles determinados de pureza, eficacia o seguridad, en condiciones objetivas de determinación y supongan controles técnicos, profesionales o sistemáticos de calidad, hasta llegar en debidas condiciones al consumidor. En todo caso, se consideran especialmente sometidos a este régimen de responsabilidad, los proveedores de productos alimenticios, de bebidas, de higiene y de limpieza, de cosméticos, de especialidades y de productos farmacéuticos, de servicios sanitarios, de gas, de electrodomésticos y de ascensores, de medios de transporte, de vehículos a motor, de juguetes y de productos dirigidos a los niños.

16. Brasil

El Código de Defensa del Consumidor en el artículo 12 dispone, al igual que en la mayoría de los países estudiados, que se entiende como producto defectuoso aquel que no ofrece la seguridad que de él legítimamente se espera, tomando en consideración las circunstancias relevantes, entre ellas: a) Su presentación; b) El uso y los riesgos que razonablemente se esperan de él, y c) La época en que fue colocado en circulación.

Haciendo responsable, objetivamente, es decir, sin importar si existe o no culpa por el defecto, al fabricante, productor, constructor e importador, solidariamente obligándolos a reparar los daños causados por dicho defecto. Será eximido de responsabilidad el que pruebe: a) Que él no colocó el producto en el mercado; b) Que el defecto no existe, y c) Que la culpa del defecto es exclusiva del consumidor o tercero.

Cuando no se pudiera identificar al fabricante, productor, constructor e importador o, cuando el producto sea colocado en el mercado sin identificación de los mismos o, no conservara adecuadamente los productos perecederos, será responsable por el defecto el comerciante.

17. República Dominicana

La Ley 358 del 2005 preceptúa(30) que el proveedor es responsable por la idoneidad y calidad de los bienes y servicios que oferta, vende o presta en el mercado; previendo que un bien o servicio se considera defectuoso, viciado o insuficiente cuando por su naturaleza o condiciones no cumple con el propósito o utilidad para el que estaba destinado, sea diferente a las especificaciones estipuladas por el fabricante o distribuidor o disminuya de tal modo su calidad o la posibilidad de su uso que de haberlo conocido, el consumidor o usuario no lo hubiese adquirido o hubiese pagado un menor precio.

En caso de que se compruebe que un bien o servicio fue vendido defectuoso, viciado o insuficiente, sin haber informado al usuario, el proveedor estará obligado, a opción del consumidor o usuario, a recibir los bienes y servicios, a restituir el valor pagado, a otorgar una rebaja en el precio o valor pagado, o a restituir los bienes o servicios con las cualidades, calidad y precio originalmente ofertados. Los prestatarios de servicios tendrán treinta días, contados a partir de la fecha de reclamación del usuario, para demostrar que cualquier insuficiencia en el suministro de sus servicios no le es imputable.

No se considera un bien o servicio defectuoso, viciado o insuficiente cuando: a) Exista un mal uso o incorrecta utilización; b) Exista deterioro sufrido como consecuencia de un uso anormal e incorrecto, y c) Se alegue vicio o defecto por comparación con otro bien o servicio de otro de mayor calidad o de igual calidad de otro fabricante o marca.

VII. Derecho de retracto

El derecho de retracto es un derecho de adquisición preferente por el que su titular tiene la facultad de adquirir un determinado bien o derecho cuando se cumple un concreto supuesto de hecho o cuando las partes así lo hayan acordado.

La mayoría de las legislaciones definen algún tipo de derecho de retracto, excepto la legislación boliviana. De igual manera, los ordenamientos prevén el derecho de retracto como la facultad que tiene el consumidor para terminar el contrato de consumo sin la obligación de indicar justa causa o asumir penalidad alguna, excepto en las legislaciones peruana, en la cual le corresponde al consumidor probar la causal que sustenta su derecho a la restitución y el ejercicio del mismo y, en la venezolana en que solo se puede ejercer por justa causa.

Las diferentes legislaciones han adoptado diferentes denominaciones y plazos para ejercer dicho derecho; es así como en México y Argentina se denomina revocatoria del consentimiento y revocatoria de aceptación, respectivamente; en la Unión Europea derecho de desistimiento; en Perú derecho de restitución, y en Ecuador derecho de devolución. El plazo más corto para ejercer el derecho de retracto está contemplado en los ordenamientos jurídicos mexicano y colombiano que constan de cinco días hábiles, y el derecho de devolución y derecho de revocación en la ley ecuatoriana y panameña, respectivamente, de tres días hábiles.

En la Unión Europea es la posibilidad que tiene el consumidor de desistir de un contrato a distancia o celebrado fuera del establecimiento, sin la obligación de indicar el motivo que lo llevo a tal decisión. Lo anterior está definido en el artículo 9º de la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en donde se consagra, al igual que en Colombia, que el consumidor al momento de realizar la devolución del bien no incurrirá en ningún costo, salvo en los casos en los que se haya seleccionado una modalidad de entrega distinta a la ordinaria y cuando el valor del bien disminuya por causas imputables a la inadecuada manipulación del mismo.

Del examen del derecho de retracto discurren como características propias las siguientes: a) Es un derecho irrenunciable; b) Contiene un plazo de reflexión sobre la adquisición del bien o servicio; c) Debe ser informado por el proveedor; d) Tiene un plazo de caducidad para ejercerlo; e) Es unilateral; f) Deja sin efecto el contrato celebrado; g) Tiene efecto retroactivo; h) Contiene una indemnidad de responsabilidad civil y económica, y i) Produce restituciones recíprocas.

1. México

En la legislación mexicana se faculta al consumidor para revocar su consentimiento sin responsabilidad alguna dentro de los cinco días hábiles siguientes a la entrega del bien o de la firma del contrato —lo último que sucede—; de tal suerte que el contrato queda perfeccionada una vez haya transcurrido dicho término y el consumidor no haga uso de la revocatoria del consentimiento dado. Lo anterior aplica en las ventas realizadas a distancia en donde no haya un contacto previo y directo entre el consumidor y el bien, pues no existe la posibilidad de verificar las condiciones reales del producto adquirido. Conforme a los costos de flete y seguro de devolución del bien se establece, al igual que Colombia, que los mismos correrán por cuenta de quien realice la revocación del negocio. Una característica propia de este ordenamiento es que define que para los casos en cuales se realice la prestación de un servicio, el derecho de revocación no será aplicable si la fecha de prestación del mismo se encuentra a diez días hábiles o menos de la fecha de la orden de compra.

A excepción de las legislaciones de los demás países, México establece que el contrato se entenderá perfecto una vez transcurra el tiempo otorgado por la ley para ejercer el derecho de revocatoria y el consumidor no exprese su decisión de revocar el consentimiento dado, es decir, se condiciona el perfeccionamiento del contrato al ejercicio de la revocatoria por parte del consumidor, entretanto que en los ordenamientos jurídicos analizados, el retracto es una forma de terminar un contrato ya perfecto.

2. Colombia

El derecho de retracto por parte del consumidor está consagrado en el artículo 47 de la Ley 1480 del 2011 —aplica a todos los contratos— para: a) La venta de bienes y prestación de servicios mediante sistemas de financiación otorgada por el productor o proveedor; b) Venta de tiempos compartidos, o c) Ventas que utilizan métodos no tradicionales o a distancia, que por su naturaleza no deban consumirse o no hayan comenzado a ejecutarse antes de cinco días; en consecuencia el término máximo para ejercer el derecho de retracto será de cinco días hábiles, contados a partir de la entrega del bien o de la celebración del contrato en caso de la prestación de servicios.

En el evento en que el consumidor haga uso de la facultad de retracto, se resolverá el contrato y el productor o proveedor; según el hecho, deberá reintegrar el dinero de todas las sumas pagadas sin que proceda a hacer descuentos o retenciones por concepto alguno. En todo caso la devolución del dinero al consumidor no podrá exceder de treinta días calendario desde el momento en que ejerció el derecho. Por su parte el consumidor deberá devolver el producto al productor o proveedor por los mismos medios y en las mismas condiciones en que lo recibió, asumiendo los costos de transporte y los demás que conlleve la devolución del bien.

Se exceptúan del derecho de retracto los siguientes casos: a) En los contratos de prestación de servicios cuya prestación haya comenzado con el acuerdo del consumidor; b) En los contratos de suministro de bienes o servicios cuyo precio esté sujeto a fluctuaciones de coeficientes del mercado financiero que el productor no pueda controlar; c) En los contratos de suministro de bienes confeccionados conforme a las especificaciones del consumidor o claramente personalizados; d) En los contratos de suministro de bienes que por su naturaleza no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez; e) En los contratos de servicios de apuestas y loterías; f) En los contratos de adquisición de bienes perecederos, y g) En los contratos de adquisición de bienes de uso personal.

3. Argentina

El artículo 14 de la Ley 26361 del 2008 que sustituyó el texto del artículo 34 de la Ley 24240 de Defensa del Consumidor, prescribió la revocación de aceptación en las ventas de los siguientes tipos: a) Domiciliarias; entendidas como aquellas en las que la oferta o propuesta de venta de un bien o prestación de un servicio es efectuada al consumidor fuera del establecimiento del proveedor o en las cuales la contratación resulte de una convocatoria al consumidor o usuario al establecimiento del proveedor o a otro sitio, cuando el objetivo de dicha convocatoria sea total o parcialmente distinto al de la contratación, o se trate de un premio u obsequio, y b) Por correspondencia que es aquella que se efectúa por medio postal, telecomunicaciones, electrónico o similar y la respuesta a la misma se realiza por iguales medios. Se exceptúan de dicha revocatoria la compraventa de bienes perecederos.

El consumidor tiene derecho a revocar la aceptación durante el plazo de diez días corridos contados a partir de la fecha en que se entregue el bien o se celebre el contrato, lo último que ocurra, sin responsabilidad alguna. Esta facultad no puede ser dispensada ni renunciada.

4. Perú

El consumidor tiene derecho a la restitución inmediata de las prestaciones materia del contrato de consumo(31) en aquellos casos en los que el proveedor haya incurrido en prácticas que mermen de forma significativa la libertad de elección del consumidor a través de figuras como el acoso, la coacción, la influencia indebida o el dolo y haya sido determinante en la voluntad de contratar o en el consentimiento del consumidor y en especial las indicadas el artículo 58 de la Ley 29571 del 2010, cualquiera sea la modalidad de contratación empleada.

Esencialmente el fundamento legal de este derecho es la protección contra los métodos comerciales agresivos o engañosos, para ejercerlo, el consumidor cuenta con un plazo de siete días calendario contados a partir del día en que se produjo la contratación del producto o servicio, o desde el día de su recepción o inicio de su ejecución, lo que ocurra con posterioridad, sin perjuicio de su derecho a ejercer las acciones administrativas pertinentes conforme a las disposiciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor o a solicitar la anulación del contrato en la vía jurisdiccional correspondiente.

El derecho a la restitución es irrenunciable y se considera válidamente ejercido cuando el consumidor comunique fehacientemente al proveedor sobre ello y proceda a la devolución de los productos recibidos o solicite la interrupción del servicio contratado. Ejercido este derecho, el consumidor no asume reducción alguna del monto a ser devuelto en caso de que haya efectuado un uso normal del producto o disfrute del servicio, salvo que se haya generado un manifiesto deterioro o pérdida de su valor. Corresponde al consumidor probar la causal que sustenta su derecho a la restitución.

La presente disposición comprende todo tipo de contratación de productos o servicios, sea efectuada mediante contratos dentro o fuera del establecimiento del proveedor, ventas telefónicas, a domicilio, por catálogo, mediante agentes, contratos a distancia y comercio electrónico o modalidades similares.

5. Ecuador

El derecho de devolución consiste (Velasco, 2015) en devolver un bien o servicio que no cumpla con la calidad o la legítima expectativa del consumidor. Por lo que el consumidor tendrá derecho a que se le restituya el precio pagado. Dentro de este derecho, existen dos mecanismos para su ejercicio, que se diferencian por la forma directa o indirecta de la adquisición o prestación del bien o servicio.

El consumidor que adquiera bienes o servicios indirectamente por teléfono, catálogo, televisión, internet o a domicilio gozará del derecho de devolución, el mismo que deberá ser ejercido dentro de los tres días posteriores a la recepción del bien o servicio, siempre y cuando lo permita su naturaleza y el estado del bien sea el mismo en el que lo recibió. En el caso de servicios, el derecho de devolución se ejercerá mediante la cesación inmediata del contrato de provisión del servicio.

En lo que se refiere a los servicios, la ley establece que el ejercicio del derecho de devolución será aplicable cuando se haya suspendido total o parcialmente el contrato de provisión del servicio.

Cuando la adquisición o prestación es directa, es decir, de forma personal, sin la utilización de medios de comunicación, este derecho se debe ejercer en un plazo no superior a treinta días y solo en los siguientes casos: a) Cuando en el producto que se hubiere adquirido con determinada garantía y, dentro del plazo de ella, se pusiere de manifiesto la deficiencia o características del bien garantizado, siempre que se hubiere destinado al uso o consumo normal de acuerdo a la naturaleza de dicho bien. Este derecho se ejercerá siempre y cuando el proveedor haya incumplido con la garantía; b) Cuando cualquier producto, por sus deficiencias de fabricación, elaboración, estructura, calidad o condiciones sanitarias, en su caso, no sea apto para el uso al cual está destinado, y c) Cuando considerados los límites de tolerancia permitidos, el contenido neto de un producto resulte inferior al que debiera ser o la cantidad sea menor a la indicada en el envase o empaque. Esto sin perjuicio de las acciones civiles, penales o administrativas a que hubiere lugar.

6. Chile

En Chile el derecho de retracto está consagrado en el artículo 3º de la Ley 19496 de 1997 (Tamayo J. y Tamayo R., 2015), en donde se establece que “El consumidor podrá poner término unilateralmente al contrato en el plazo de diez días contados desde la recepción del producto o desde la contratación del servicio y antes de la prestación del mismo”.

Lo anterior se aplica en las compras de: a) Bienes y contratación de servicios realizadas en reuniones convocadas o concertadas con dicho objetivo por el proveedor, en que el consumidor deba expresar su aceptación dentro del mismo día de la reunión; b) En los contratos celebrados por medios electrónicos, y en aquellos en que se aceptare una oferta realizada a través de catálogos, avisos, o cualquier otra forma de comunicación a distancia; en este último caso a diferencia de lo previsto en la ley colombiana, este derecho lo puede ejercer el consumidor siempre y cuando el proveedor no haya dispuesto expresamente lo contrario. Para ejercer este derecho el consumidor deberá utilizar los mismos medios que empleó para celebrar el contrato y siempre que el proveedor, en caso de haberse perfeccionado el contrato, haya comunicado al consumidor copia íntegra, acceso claro, comprensible e inequívoco de las condiciones generales del mismo y la posibilidad de almacenarlos o imprimirlos. Si el proveedor no ha dado cumplimiento al envío de la comunicación escrita anteriormente, el plazo se extenderá a noventa días.

No podrá ejercerse el derecho de retracto cuando el bien materia del contrato, se haya deteriorado por hecho imputable al consumidor.

Si el bien o servicio se obtuvo por medio de un crédito, este queda sin efecto pero los intereses son de cargo del consumidor cuando se haya otorgado por un tercero.

El proveedor estará obligado a devolverle las sumas abonadas, sin retención de gastos, y a la mayor brevedad posible y, en cualquier caso, antes de cuarenta 45 días a la comunicación del retracto. Tratándose de servicios, la devolución solo comprenderá aquellas sumas abonadas que no correspondan a servicios ya prestados al consumidor a la fecha del retracto. El consumidor deberá restituir en buen estado los elementos de embalaje, los manuales de uso, las cajas, elementos de protección y todo otro elemento que viniera con el bien.

7. Costa Rica

Conforme con la Ley de la Promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor y su Decreto Reglamentario(32), el derecho de retracto concede a los consumidores un plazo de ocho días hábiles siguientes al perfeccionamiento de la venta para rescindir el contrato sin responsabilidad alguna, pero ciertamente no es un beneficio que se aplica a todas las compras, es un derecho limitado que solamente se aplica a las ventas a domicilio.

No se aplica el derecho de retracto a los productos consumibles, perecederos o que luego no pueden ser revendidos, o aquellos que ya han sido instalados, usados o sacados de sus respectivos empaques, incluyendo aquellos confeccionados por encargo.

Los consumidores deberán ser informados del procedimiento a seguir para ejercer el derecho de retracto efectivamente, pues su beneficio se tendrá por bien ejercido si demuestra que procedió en tiempo y en la forma determinada en la ley, para lo cual es necesario conservar la factura entregada por el comerciante, dado que a la hora de retractarse deberán hacerlo por escrito —o personalmente— a la dirección indicada.

8. Panamá

En cohesión normativa del artículo 71 de la Ley 45 del 2007 con el artículo 40 del Decreto Ejecutivo 46 del 2008, se implementó el derecho irrenunciable del consumidor a revocar la venta de bienes durante un plazo de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que se entregue la cosa o se celebre el contrato, lo último que suceda sin responsabilidad alguna. Siempre y cuando el bien no haya sido usado y se encuentre en la misma forma en que se recibió.

El consumidor comunicará en forma clara e indubitable dicha revocación al proveedor y pondrá la cosa a su disposición, no obstante, los gastos de devolución son por cuenta del proveedor.

9. Nicaragua

La Ley 842 de 2013 en su artículo 81 instituyó el derecho a retracto en las ventas fuera del establecimiento comercial o a distancia; para tal efecto la persona consumidora podrá rescindir el contrato en un plazo de cinco días hábiles a partir de su perfeccionamiento. En el caso de que la venta fuera a distancia, los cinco días hábiles se contarán a partir de la recepción del bien.

El derecho de retractarse se considerará válidamente realizado, cuando se lleve a cabo mediante el envío del documento de retracto o mediante la devolución de los bienes recibidos.

Por su parte, el artículo 40 del Decreto 36-2013 Reglamentario de la ley formula como excepciones:

a) Cuando se trate de bienes que por su naturaleza se sean consumibles, perecederos o que no puedan ser vendidos una vez que hayan sido instalados, usados o sacados de su empaque;

b) Aquellos que sean confeccionados o preparados sobre medida, o importados por encargo especial de acuerdo a las necesidades propias del comprador, si el vendedor demuestra que al recibir el aviso y manifestación de retracto ya había confeccionado o alistado los bienes, o enviado la orden de compra irrevocable al proveedor extranjero”.

Si los bienes estuviesen en proceso de fabricación, o solo se hubieren realizado estas labores en forma parcial, el comprador podrá ejercer el retracto pagando al vendedor el valor de lo hecho. Por su parte, si la orden de importación es revocable, el comprador deberá sufragar los gastos incurridos, tanto en colocar como revocar el pedido.

c) Cuando la persona consumidora o usuaria solicite que la venta del bien o la prestación del servicio se realice fuera del establecimiento comercial, salvo que haya transcurrido el tiempo establecido por la persona consumidora o usuaria, para que la persona proveedora realice su visita.

A este tenor, el artículo 41 del Decreto Reglamentario prevé, en el caso de las ventas a distancia, que la persona consumidora solo podrá retractarse cuando el bien o servicio recibido no sea conforme a las especificaciones ofrecidas o presente algún defecto.

10. El Salvador

De conformidad con lo previsto en el artículo 13-A de la Ley y Reglamento de Protección del Consumidor, el derecho de retracto de un contrato es la facultad del consumidor de dejar sin efecto el contrato unilateralmente, sin necesidad de justificar su decisión y sin penalización alguna, siempre y cuando no se hubiera perfeccionado por no haber transcurrido el plazo de ocho días, o no se hubiera empezado a hacer uso del bien, o el servicio no se hubiese empezado a prestar. El plazo para ejercer el derecho de retracto se contará desde que se entregó el bien contratado o desde la fecha de celebración del contrato, si el objeto de este fuera la prestación de servicios, y basta con acreditar por escrito el ejercicio del derecho y la fecha en la que se comunicó al proveedor.

El derecho de retracto podrá ejercerse en la compra de bienes y contratación de servicios ofrecidos por el proveedor fuera del establecimiento mercantil, en reuniones convocadas con dicho objetivo por el proveedor y donde el consumidor deba expresar su aceptación dentro del mismo día de la reunión y en los contratos a distancia, es decir, los contratos celebrados con los consumidores en el marco de una actividad empresarial, sin la presencia física simultánea de los contratantes, siempre que la oferta y aceptación se realicen de forma exclusiva a través de una técnica cualquiera de comunicación a distancia y dentro de un sistema de contratación a distancia organizado por el empresario.

El riesgo de la pérdida del bien será asumido por el consumidor y el proveedor estará obligado a devolver las sumas abonadas por el consumidor y dentro del plazo máximo de quince días desde la comunicación del retracto. En aquellos casos en los que el precio del bien o servicio haya sido cubierto total o parcialmente con un crédito otorgado al consumidor por el proveedor o por un tercero, previo acuerdo entre este y el proveedor, lo que deberá indicarse en el contrato de crédito, el retracto resolverá dicho crédito. El proveedor estará obligado a notificar al tercero sobre el ejercicio del derecho de retracto del consumidor. En caso de haber costos involucrados, por ejemplo la cancelación de garantías, estos serán de cargo del consumidor, cuando el crédito haya sido otorgado por un tercero.

11. Uruguay

La Ley 17250 del 2000 dispone en su artículo 16 la rescisión o resolución ipso-jure del contrato cuando la oferta de productos o servicios se realice fuera del local empresarial, por medio postal, telefónico, televisivo, informático o similar. El consumidor podrá ejercer tal derecho dentro de los cinco días hábiles contados desde la formalización del contrato o de la entrega del producto, a su sola opción, sin responsabilidad alguna de su parte, debiendo proceder a la devolución del producto al proveedor, sin uso, en el mismo estado en que fue recibido. A diferencia de los demás países, en Uruguay no se prevé este derecho para las adquisiciones a distancia, en plataformas web y mediante créditos de consumos.

Por su parte, el proveedor deberá restituir inmediatamente al consumidor todo lo que este hubiere pagado y quedarán sin efecto las formas de pago diferido de las prestaciones emergentes de dicho contrato que este hubiera instrumentado a través de tarjetas de crédito o similares. La demora en la restitución de los importes pagados por el consumidor dará lugar a que este exija la actualización de las sumas a restituir. Cada parte deberá hacerse cargo de los costos de la restitución de la prestación recibida.

En el caso de servicios parcialmente prestados, el consumidor pagará solamente aquella parte que haya sido ejecutada y si el servicio fue pagado anticipadamente, el proveedor devolverá inmediatamente el monto correspondiente a la parte no ejecutada. La demora en la restitución de los importes pagados por el consumidor, dará lugar a que este exija la actualización de las sumas a restituir.

12. Paraguay

En el Paraguay el derecho de retracto está consagrado en el literal b del artículo 30 de la Ley 4868 del 2013 del Comercio Electrónico, el cual se puede ejercer por parte del consumidor o usuario en el plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la recepción del producto o servicio de parte del proveedor de bienes y servicios, con la simple notificación electrónica de su voluntad. En el caso de que ejercite oportunamente este derecho, le serán restituidos los valores cancelados, siempre que el servicio o producto no hubiese sido utilizado ni sufrido deterioro. En este caso, los costos que deberán cubrir los consumidores, serán los relativos al retorno de los productos o el pago de los servicios ya prestados;

El derecho de retracto del consumidor o usuario no podrá ejercerse en los siguientes casos: a) Cuando los artículos hayan sido elaborados de acuerdo a las especificaciones provistas por el consumidor o usuario o cuando aquellos hayan sido personalizados; b) Productos que por sus características no puedan ser devueltos o que se deterioren rápidamente; c) Las grabaciones de audio, video o el software cuyas envolturas han sido abiertas por el consumidor o usuario, salvo que su contenido fuera distinto al indicado en la envoltura; d) El suministro de periódicos o revistas; e) El alojamiento, transporte, servicio de banquetes y los servicios recreativos programados para una fecha específica; salvo que mediare una notificación de retractación, con un mínimo de cinco días hábiles de antelación, y f) Los contratos de seguro de viaje y equipaje, así como otros contratos de seguro de corta duración.

13. Venezuela

La Ley de Defensa de las Personas en el Acceso para los Bienes y Servicios en su artículo 73, trae innovaciones al derecho de retracto que hemos venido analizando, pues lo constituye para las personas y los contratos de adhesión en general, pero condicionado a una justa causa. Por ello en opinión de John Alberto Tito Añamuro (2012: 125-126) No existe un derecho de retracto, pues al no poderse dar por terminado unilateralmente el contrato, sin expresar causa alguna, el legislador venezolano lo único que hizo fue trasladar el retracto convencional del Régimen Común —Código Civil, art. 1534— a la defensa de los consumidores.

El plazo para ejercer el derecho es de siete días contados a partir de la firma del contrato o desde la recepción del producto o servicio. En el caso que ejercite oportunamente este derecho será restituido el precio cancelado dentro de los siete días siguientes, a partir de la manifestación de la usuaria o usuario. En aquellos casos en que el bien entregado o servicio prestado tenga características idénticas a las que fueron pautadas en el contrato de adhesión, podrá serle descontado del monto a ser restituido, los gastos en que haya incurrido a la proveedora o proveedor en su entrega o instalación, que consten en presupuesto o factura.

14. Brasil

El artículo 49 de la Ley 8078 de 1990 le otorga al consumidor el derecho a desistir del contrato en un plazo de siete días contados a partir de su firma o desde el momento en que recibió el producto o servicio, siempre que la contratación de suministro de productos y servicios haya ocurrido fuera del establecimiento de comercio, especialmente por teléfono o a domicilio. En tal caso el proveedor deberá devolver los valores recibidos inmediatamente se produzca el desistimiento, pero anotando una novedad frente a las otras legislaciones, en el sentido que dicha devolución debe ser actualizada monetariamente.

15. Honduras

El Decreto 24-2008(33), al igual que en Panamá, Argentina y México, implanta el derecho de revocación que tiene el consumidor en las ventas domiciliarias y por correspondencia; entendiéndose por ventas domiciliarias las efectuadas por fuera del establecimiento de comercio, y por correspondencia las efectuadas por servicio postal, telecomunicaciones, electrónico o similares; siempre y cuando, al igual que en las demás legislaciones, no se trate de bienes perecederos recibidos por el consumidor y pagados de contado y que no se haya usado el bien y pueda este entregarse en las mismas condiciones.

La revocación es irrenunciable, sin responsabilidad alguna y se deberá hacer por escrito dentro de los cinco días hábiles contados a partir de que recibió el bien o se celebre el contrato. Para revocar un servicio se cuenta con el mismo plazo siempre y cuando no se haya iniciado el mismo.

El consumidor deberá poner a disposición el bien del proveedor y este último correrá con los gastos de devolución, a la vez que deberá, dentro de los cinco días hábiles siguientes a partir de la notificación de la revocatoria, devolver todo lo pagado por el consumidor.

16. Guatemala

El consumidor tendrá derecho a retractarse, sin ninguna responsabilidad, siempre dentro de un plazo no mayor de cinco días hábiles contados a partir de la firma del contrato o desde la fecha en que este se hubiere celebrado fuera del establecimiento comercial, especialmente por teléfono o en el domicilio del consumidor o usuario. Si ejercita oportunamente este derecho, le serán restituidos los valores pagados por el consumidor o usuario, siempre que no hubiere hecho uso del bien o servicio(34).

Este derecho es irrenunciable, debido a la obligatoriedad de las leyes protectoras al consumidor que son de carácter imperativo.

17. República Dominicana

A diferencia de las demás legislaciones la normativa de República Dominicana prescribe dos derechos para el consumidor: a) El derecho de reflexión que deberá ejecutar en tres días hábiles como mínimo, previo a la entrega del bien o prestación del servicio, y b) El derecho de prueba de siete días hábiles como mínimo, previo a la devolución del bien o la suspensión del contrato de prestación del servicio, tratándose de ventas o contrato de bienes o servicios que se oferten o efectúen fuera del establecimiento del proveedor y aquellas para las cuales se utilicen medios tales como el teléfono, la televisión, el correo tradicional o electrónico, el medio digital o cualquier medio de mensajes de datos, la internet, servicios de mensajería, de promoción, o cualquier otro tipo de medio análogo.

VIII. Del control del contrato de consumo, de las cláusulas abusivas y de la posición dominante(35) 

1. Definición contrato de consumo

El contrato de consumo es un acuerdo de voluntades entre un productor, importador, proveedor o distribuidor y un consumidor final para la adquisición de bienes o la prestación de servicios, para su uso privado, personal o familiar y del cual surge una relación de consumo como vínculo jurídico obligacional entre aquellos y el consumidor.

2. Características de los contratos de consumo

Los contratos de consumo presentan unas características comunes en los diferentes ordenamientos jurídicos que merecen ser referidas:

a. Es un contrato asimétrico porque el consumidor no tiene una posición de igualdad frente al productor, importador, proveedor o distribuidor, quiénes poseen toda la información relevante para la celebración del contrato.

b. Es un contrato de adhesión porque los que imponen las cláusulas son el productor, proveedor, importador o distribuidor de manera que el consumidor no puede modificarlas, ni puede hacer otra cosa que aceptarlas o rechazarlas.

c. Es un contrato reglado en todas las etapas de su formación por las legislaciones estudiadas, debido al nivel de protección especial derivado de la asimetría que se presenta entre las partes que intervienen en su celebración.

d. El consentimiento es informado teniendo en cuenta el deber de información que le imponen las legislaciones al productor, proveedor, importador o distribuidor al publicitar, ofertar y promocionar el bien o servicio, de tal manera, que el consumidor funda su decisión en ella.

e. La interpretación del contrato se basa en el principio favor consumitoris o pro consumidor en virtud del cual las dudas acerca de la interpretación de la ley o de las cláusulas del contrato serán interpretada en el sentido más favorable al consumidor.

f. La ineficacia del contrato cuando se omiten las condiciones exigidas por la ley para su formación, privándolo de sus efectos y su terminación.

3. El control de cláusulas abusivas

Se evidencia en el derecho comparado una tendencia legislativa de sancionar este tipo de cláusulas a través de la definición de la cláusula abusiva y la consagración de una prohibición general de incluir esta clase de disposiciones en el contrato de consumo, así como la tipificación a través de listados de cláusulas que se consideran abusivas.

4. El abuso de posición dominante contractual

El cual se forja por la asimetría de la información, el poder económico, el saber especializado del productor, importador, proveedor o distribuidor y el poder de negociación frente al consumidor que genera un desequilibrio contractual.

IX. Conclusiones

1. El derecho del consumidor, como disciplina autónoma, se ha venido consolidando mediante el establecimiento de ordenamientos jurídicos positivos de rango legal, con una tendencia general de elevarlo hacia una protección constitucional, inspirados por los documentos del soft law de carácter internacional.

2. La principal razón constitucional para la defensa y protección del consumidor fue la necesidad de materializar la igualdad y restablecer el equilibrio de las relaciones entre empresa y consumidores en una economía de mercado que no está matizada por el valor justicia social y que tiende a aplicar los principios de la economía clásica sobre autonomía de la voluntad y la igualdad formal.

3. El derecho del consumo es aquel que regula los intereses de los consumidores y las relaciones de consumo en general. Aunque no es común definir el derecho del consumo, esta definición se considera acertada, pues la finalidad es la regulación de todas las situaciones jurídicas que pongan en juego intereses de los consumidores. En igual forma el derecho del consumo hace su aparición cuando en cualquier relación jurídica obligacional de naturaleza contractual se encuentre en uno de los extremos un consumidor. Esta relación jurídica ha sido denominada por la doctrina la relación de consumo, constituida por un consumidor y un productor —o profesional—.

4. Las constituciones políticas de los países latinoamericanos, en su gran mayoría, hacen alusión expresa a la protección del consumidor, con fundamento en el principio de una igualdad real y material, de cara a una economía social de mercado, fijando los principios básicos de la Asamblea de las Naciones Unidas de 1985 y partiendo de la premisa del desequilibrio económico y de la debilidad de los consumidores frente a la posición dominante de productores y proveedores que hacen necesaria la tutela de sus intereses.

5. Los países latinoamericanos acogieron como derechos del consumidor las directrices adoptadas en 1985 por la Asamblea de las Naciones Unidas.

6. Las legislaciones latinoamericanas consagraron como derechos básicos de los consumidores:

a. La protección de la vida, la salud y la seguridad contra los riesgos causados por las prácticas en el suministro de productos y servicios considerados peligrosos o nocivos.

b. La educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios, la libertad de elegir y el tratamiento igualitario cuando contrate.

c. La información suficiente, clara, veraz, en idioma español sin perjuicio que puedan emplearse además otros idiomas.

d. La protección contra la publicidad engañosa, los métodos coercitivos o desleales en el suministro de productos y servicios y las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión.

e. La asociación en organizaciones cuyo objeto específico sea la defensa del consumidor y ser representado por ellas.

f. La efectiva prevención y resarcimiento de los daños patrimoniales y extrapatrimoniales.

g. El acceso a organismos judiciales y administrativos para la prevención y resarcimiento de daños mediante procedimientos ágiles y eficaces.

7. Las legislaciones latinas consideran como consumidor a quien sin ser parte de una relación de consumo como consecuencia o con ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios, en forma gratuita u onerosa, como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar.

8. Para la mayoría de la normativa latinoamericana, proveedor son las personas naturales o jurídicas, de carácter público o privado, que habitualmente desarrollan actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución o comercialización de bienes o de prestación de servicios a consumidores.

9. La relación de consumo es definida por las legislaciones como el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario.

10. Se impone una obligación de información a cargo de los fabricantes y proveedores a fin de permitir a los consumidores adquirir los productos con mayor claridad sobre sus características. La sanción del silencio a través del llamado dolo por reticencia ha permitido que la buena fe contractual tenga efectividad jurídica.

11. La información suministrada por el proveedor al consumidor debe ser adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado y se prohíbe la publicidad engañosa y abusiva sobre los mismos.

12. Las condiciones objetivas y específicas anunciadas en la publicidad obligan al anunciante en los términos de dicha publicidad con el consumidor.

13. La protección de la integridad del consumidor constituye una prioridad, ante el riesgo de sufrir un daño inherente a la introducción de productos defectuosos en el mercado. La responsabilidad por productos defectuosos es un régimen de responsabilidad civil, que surge en virtud de la facultad con que cuenta todo consumidor ante un producto defectuoso de reclamar, al responsable, la reparación del daño que el producto ocasionó

14. Todo bien o servicio que se ofrezca con garantía deberá sujetarse a lo dispuesto por la ley y lo pactado entre el proveedor y el consumidor, para el efecto, el proveedor expedirá por escrito una póliza de garantía en la cual de manera clara y precisa debe expresar su alcance, duración, condiciones y mecanismos para hacerla efectiva.

15. Con base en la ausencia de la utilidad normalmente esperada del producto es que se determina que sea defectuoso o tenga vicios ocultos.

16. El fabricante, proveedor, comercializador, distribuidor e importador forman una unidad en la cadena de producción y distribución del producto como resultado de una actividad profesional a título oneroso y habitual. En consecuencia en materia de responsabilidad se consideran profesionales.

17. La responsabilidad exigida a los estos profesionales es objetiva.

18. Por regla general la responsabilidad derivada del incumplimiento o violación a las leyes de defensa del consumidor es exigible solidariamente al proveedor, fabricante, distribuidor e importador.

19. La garantía es inherente a la calidad e idoneidad del producto que se pone en circulación. El producto defectuoso es inherente a la seguridad y protección del consumidor.

20. El derecho de retracto es irrenunciable y está consagrado en la mayoría de legislaciones con diferentes denominaciones y plazos para ejercerlo, especialmente para ventas fuera del local o el establecimiento de comercio.

21. Los contratos de consumo están reglamentados al igual que la utilización de cláusulas abusivas con el fin de proteger los intereses del consumidor de la posición dominante del productor, importador, proveedor o distribuidor.

22. La interpretación de la ley y de los contratos siempre será la que favorezca al consumidor.

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(1) https: historiaybiografias.com/estilo/americano

(2) Ibíd.

(3) es.consumersinternational.org.

(4) Ibíd.

(5) Ley 38984 del 2008, artículo 4º.

(6) Ley 7472 de 1995, artículo 2º.

(7) Decreto 24-2008 del 2008, artículo 7º, numeral 6º.

(8) Ley 842 del 2013, artículo 5º.

(9) Ley 38984 del 2008, artículo 4º.

(10) Ley 1334 de 1998, artículos 35 y ss.

(11) Ley 38984 del 2008, artículo 48.

(12) Ley 7472 de 1995 (actualizada en 2012), artículo 37.

(13) Ley 45 del 2007, artículo 38.

(14) Decreto 776, artículo 27.

(15) Ibídem, artículo 31.

(16) Ley General de los Derechos del Consumidor o Usuario, Ley 358 del 2005, artículos 49 y 50.

(17) Ley 21 del 2000, artículo 11.

(18) Ibídem, artículo 71.

(19) Ley 1334 del 98, artículo 11.

(20) Decreto 06-2003, artículo 22.

(21) Ley 26994 del 2014, artículo 1054.

(22) Ley 29571, artículo 102.

(23) Ley 453 de 2013, artículos 35 y 36.

(24) Sentencia del Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito judicial de Panamá el 28 de septiembre del 2000.

(25) Ley 182 de 1994, artículo 28.

(26) Ley 182 de 1994, artículo 29.

(27) Ley 182 de 1994, artículo 32.

(28) Ley 182 de 1994, artículo 33.

(29) Decreto-Ley 776 del 2005 reformado en el año 2013.

(30) Ley 358 del 2005, artículo 63.

(31) Ley 29571 del 2010, artículo 59.

(32) Ley 7472 de 1994, artículo 128 y Decreto Ejecutivo 37899 - MEIC del 2013, artículo 130.

(33) Decreto 24-2008 del 2008, artículo 58 y Acuerdo Reglamentario 15-2008, artículo 38.

(34) Decreto 06-2003 del 2003, artículo 51.

(35) Revista facultad de ciencias económicas investigación y reflexión. Los contratos de consumo en el derecho colombiano y el derecho comparado. Juan Carlos Villabalba Cuéllar. Universidad Nueva Granada. www.scielo.org.co