“Panamá tiene problemas con el respeto a la libertad sindical”

Revista Nº 161 Sep.-Oct. 2010

Entrevista realizada por Javier N. Rojas a Rolando Murgas Torraza Presidente de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de Panamá

Una de las principales dificultades que enfrenta Panamá con respecto al cumplimiento de los convenios promulgados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) corresponde a la libertad sindical, asegura Rolando Murgas Torraza, especialista panameño en derecho laboral y presidente de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

En su opinión, los gobiernos de su país no han hecho lo suficiente para contrarrestar tal situación. En entrevista con la revista ACTUALIDAD LABORAL, Murgas menciona la tendencia predominante en Latinoamérica del uso de figuras irregulares por parte de los empleadores para eludir la firma de contratos formales de trabajo, realidad que también afecta, en cierta medida, a esa nación centroamericana.

ACTUALIDAD LABORAL: ¿Latinoamérica atraviesa una crisis en materia de sostenibilidad de los sistemas de seguridad social?

Rolando Murgas Torraza: En las últimas décadas, se ha hablado de crisis en los modelos de seguridad y se han discutido, tanto en Europa como en América, posibles causas. Pero se han buscado caminos diferentes para enfrentarla. Por una parte, es obvio que como han aumentado las expectativas de vida y la calidad de la misma, el tiempo estimado de las personas para disfrutar de una pensión ha ido aumentando considerablemente. De otro lado, en América Latina, algunos estudiosos han señalado que también hubo un problema de corrupción en algunas instituciones de la seguridad social y, además, se presentó el inconveniente de que los gobiernos usaron los fondos de la seguridad social como una caja para enfrentar situaciones de desfinanciación presupuestal. Cuando viene la reforma de la seguridad social en Chile, se trata de vender por toda América Latina un modelo de cuentas de ahorro individual para pensiones. Es decir, que cada trabajador se debía pagar su propia jubilación. Eso dio lugar a la creación de las administradoras de fondos de pensiones, con resultados diferentes.

A. L.: ¿Qué se destaca de esa circunstancia?

R. M. T.: La gran discusión era si se sacrificaba o no el elemento de solidaridad. Desde sus orígenes, los esquemas de seguros sociales en Latinoamérica descansaron en la solidaridad, es decir, la solidaridad de una generación frente a la otra, la de quienes más ingresos laborales tienen frente a quienes reciben menos. Eso tiene que ver, no solo con las pensiones, sino con los sistemas de salud. Pero no importan los enfoques de solución, lo fundamental es que los sistemas de protección social no pierdan el sentido de solidaridad.

A. L.: ¿Hay coincidencia en Latinoamérica en torno a la idea de que debe prevalecer esa solidaridad?

R. M. T.: Existe un forcejeo. En Argentina, tuvieron que dar marcha atrás. El otro factor que no puede perderse de vista es que el Estado tiene una responsabilidad frente a la sociedad: debe hacer sentir su protección a los sectores menos afortunados en materia económica. No se puede dejar que la gente se las arregle como pueda. Los sistemas de seguridad social tienen que ser apuntalados por el Estado.

A. L.: En Panamá, ¿cómo es el sistema de pensiones?

R. M. T.: El modelo era público y se hizo una reforma hace unos cinco años, de acuerdo con la cual el sistema pasó a ser mixto. Hay una parte solidaria y una de cuentas individuales, pero todo el modelo es administrado por el Estado. De otro lado, no hay privatización de la seguridad social en materia de salud. Si una persona, por ejemplo, tiene un trabajo y comienza a padecer una enfermedad crónica renal, aunque tenga tres meses de estar trabajando, tendrá la asistencia del seguro social de por vida.

A. L.: ¿Ese tipo de cobertura no podría convertirse en una carga fiscal muy pesada para el Estado?

R. M. T.: En Panamá, se adelantó, hace algunos años, un ajuste en las cotizaciones de los trabajadores y de los empleadores en materia de salud. 12% del salario es el aporte del trabajador a la seguridad social en salud y el 18% del mismo por parte del empleador. Este fue un aumento escalonado, no se hizo todo en un año. El empleador paga exclusivamente el seguro de riesgos profesionales. Hubo problemas financieros, tanto para los empleadores como para los trabajadores, porque se enfrentaron con el aumento en las cotizaciones, pero no se llegó a privatizar el sistema de seguridad social. Las distintas corrientes políticas estuvieron de acuerdo en preservar el modelo público de seguridad social. En Panamá, no hubo división en cuanto a la decisión de no formar un sistema privado de seguridad social, ni en pensiones ni en salud.

A. L.: ¿Por qué se replanteó el modelo de seguridad social panameño en lo pertinente a pensiones?

R. M. T.: Porque la proporción entre cotizantes y pensionados estaba llegando a un nivel crítico. Era un sistema de reparto, de tal manera que la generación de trabajadores que ahora cotiza paga las pensiones de las anteriores; eso hizo que fuera muy pesada la carga de los cotizantes actuales. Todavía hay amenaza, pero no tan dramática como la veíamos venir a corto plazo. También se han hecho reformas para llevar a cotizar obligatoriamente a los trabajadores independientes que ganen más de 1.000 dólares al mes. Esa medida, por un lado, permite inyectar dinero al sistema de pensiones y, por otro, le brinda protección para el futuro a una franja de la población que, por ser de trabajadores autónomos, no tienen la esperanza de una pensión, ya que no cotizan al seguro social, como ocurre en la mayor parte de los países latinoamericanos.

A. L.: ¿Hacia dónde va Panamá en lo concerniente a la seguridad social? 

R. M. T.: El país va a mantener el sistema público: hay un consenso nacional al respecto. La desfinanciación del esquema puede enfrentarse mediante aportes del Estado, porque este no le puede dar la espalda a los sistemas de seguridad social y constituye un ejercicio redistributivo, ya que de los impuestos que recauda el Estado se puede transferir una proporción a la seguridad social. Esta es una manera de redistribuir el ingreso, porque los seguros sociales los usa más la gente que no puede pagar el servicio de la medicina privada o no puede adquirir un seguro de vida. También es importante el tema de la eficiencia, de la racionalidad en el uso de los recursos. Hay que enfrentar estos aspectos. Se requiere despolitizar los entes de la seguridad social y, sobre todo, fortalecer el carácter tripartito de su administración, a fin de que intervengan el Estado, los empresarios y los trabajadores. Eso da confianza en la gestión y es una manera de fiscalizar, porque, en el fondo, los dueños de la seguridad social son los trabajadores.

A. L.: ¿Se está tratando de lograr mayor eficiencia y de buscar la despolitización en su país?

R. M. T.: No del todo. En Panamá, el manejo del sistema es tripartido, igual que en muchos países de Latinoamérica. Se está mejorando la eficiencia de los servicios y se están racionalizando los gastos. Pero todavía no hemos alcanzado el nivel suficiente de despolitización del modelo, que es un problema crónico en Latinoamérica.

A. L.: ¿Algún día se podría privatizar el sistema de seguridad social en Panamá?

R. M. T.: No veo que haya un espacio para hacerlo. Cerca de un millón de personas conforman la población de cotizantes en Panamá, nación que tiene una población de tres millones de habitantes. Tenemos un sistema de seguridad social en salud, cuyos beneficios llegan a dos tercios de la población del país. Acaba de introducirse, por iniciativa del gobierno actual, un esquema que sería equivalente a lo que en Europa han llamado las pensiones no contributivas: a quien tiene 70 años de edad y no tiene ingresos, el Estado le entrega una pensión de 100 dólares al mes. El esquema empezó a operar a finales del 2009. Ninguna reforma de la seguridad social ha resuelto el problema de la seguridad social de los trabajadores informales, que no cotizan a la seguridad social, porque todo el modelo descansa en la cotización del asalariado.

A. L.: ¿Qué está haciendo Panamá para enfrentar el trabajo informal?

R. M. T.: Poco o casi nada. En Panamá, no se discute el tema de la informalidad del trabajo. El problema es que en la informalidad hay una franja de autoempleo. Es decir, que la persona se lanza a la calle a ganarse el pan de manera decente, en lugar de caer en la delincuencia. Hay que admirar a estos individuos que generan su propio puesto de trabajo en una esquina, en un mercado, no tienen jefe y nadie les paga el seguro social; no tienen vacaciones, ni una jornada laboral definida. Y hay otra franja en la informalidad conformada por personas que sí tienen empleados, pero están al margen de la ley: no los registran. Esto es lo que los Estados deben enfrentar rápidamente. En Latinoamérica, se convive con tal realidad, casi a sabiendas de que hay pequeños negocios que no respetan las leyes laborales, no les reconocen los beneficios laborales a los trabajadores y no les cotizan tampoco las cuotas de seguridad social.

A. L.: ¿Cómo es la informalidad en su nación?

R. M. T.: Panamá es una economía fundamentalmente comercial y de servicios, y hay una cierta proporción de informalidad; no a los niveles que han tenido algunos países en América Latina, pero sí la hay. Se trata de un problema grave, porque no tiende a reducirse en la región. Pero a la informalidad se agrega, en Latinoamérica, el inconveniente de la “deslaboralización”. Es decir, las prácticas empresariales de tener como supuestos contratistas a verdaderos trabajadores y, entonces, no les reconocen los beneficios laborales. En Panamá, por cada dólar que se paga a un trabajador, hay un 35% o 40% en cargas laborales y de seguridad social. Si se hace un contrato con un trabajador autónomo, ficticio y violatorio de la ley, el empleador se ahorra ese porcentaje. Además, el trabajador no se va a vincular a un sindicato y no va a pedir, mediante un convenio colectivo, que le aumenten los beneficios. Esa es una práctica que se está extendiendo en el subcontinente. Incluso, en mi país, la están aplicando las firmas transnacionales. No son empresas pequeñas, ni de poco capital, sino transnacionales las que están usando cada vez más el patrón de “deslaboralizar” y de tratar como no trabajadores a quienes en verdad lo son.

A. L.: ¿Cómo se ve Colombia desde Panamá en materia de derecho laboral y de seguridad social?

R. M. T.: Cuando Panamá promulgó el segundo Código de Trabajo en 1971, por iniciativa del general Ómar Torrijos, uno de los códigos que examinamos fue el Código Laboral colombiano. Panamá ha tenido mucho contacto académico con Colombia, no solo en materia laboral. Somos países con problemas similares. Desde luego, Colombia es una nación mucho más grande, con características diferenciadas entre una región y otra. Nosotros tenemos una conformación de acuerdo con la cual la mayor parte de la población está en la franja canalera (canal de Panamá) y ahí está el fuerte de la economía. El interior es de pequeñas ciudades. Siempre hacemos el seguimiento a lo que pasa en Colombia.

A. L.: ¿Cómo ha avanzado Panamá en el cumplimiento de los convenios de la OIT?

R. M. T.: Tenemos problemas en el respeto a la libertad sindical. Hay prácticas anti sindicales por parte de algunos sectores de empleadores. Los gobiernos no están haciendo lo suficiente al respecto. No es una situación generalizada, pero hay una ofensiva anti sindical. Una parte de las empresas transnacionales ha traído esa práctica a Panamá, que es un fenómeno mundial. El país, hace 10 años, entró en un proceso de privatización de los servicios públicos, que lo ganaron transnacionales. Algunas de estas empresas llegaron prácticas anti sindicales.