Parafiscalidad y UGPP

Revista Nº 184 Jul.-Ago. 2014

Fabián Ignacio Hernández Henríquez 

Asesor laboral 

Introducción

El pago de los parafiscales y de las cotizaciones a la seguridad social no es algo que se pueda generalizar en su tratamiento. Decir que los empleadores son cumplidores de la normatividad o que son un conjunto de evasores, es hacer dos suposiciones extremas que no reflejan la realidad del tema, pero que sí explican, conjuntamente, un abanico de posibilidades que van desde el absoluto respeto por el cumplimiento de las obligaciones legales, hasta el más completo desgreño, desidia y dolo en el incumplimiento en las afiliaciones y pagos respectivos.

Sobre estos comportamientos es dable configurar un sistema que vigile y controle que efectivamente se afilie a los trabajadores a la seguridad social, se informe de ellos a los entes que manejan los aportes parafiscales, se paguen cumplidamente los aportes y sobre los valores que las diferentes leyes determinan, para cumplir el objetivo social que plantea el sistema de protección social.

Podemos decir que ese sistema de control nace con la Ley 90 de 1946 que determinó en su artículo 32 que el Seguro y las cajas debían cobrar las cuotas que les adeudaran los empleadores, así como las multas, una vez agotados los procedimientos de reclamo, ante la justicia del trabajo mediante juicio ejecutivo. Los artículos 64 a 68 hablaban propiamente de actos u omisiones de los patronos en perjuicio de los asegurados, de la omisión de inscripción o declaración, inscripción o declaración tardía, o declaración inexacta, del descuento a los asalariados del monto de las cuotas y su no pago consiguiente sin justa causa, y como lo determinaba el artículo 32 mencionado, fijaba multas sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales o disciplinarias.

Posteriormente el Decreto 433 de 1971 modificaría el contenido de la ley y seguiría evolucionando hasta desligarse de la jurisdicción laboral acogiéndose al procedimiento coactivo. De manera análoga, a medida que se fueron creando los “parafiscales”, estos fueron incorporando, en las normas que los instituían, facultades diferentes de cobro según la calidad pública o privada de la entidad recaudadora.

Los parafiscales

El artículo 338 de la Constitución Nacional reconoció la existencia de los pagos parafiscales, que no tenían un fundamento claro antes de 1991. Este artículo menciona que “En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales”. Y determina los requisitos de estos así: “La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos.

La Corte Constitucional en sus primeros años se ocupa de la constitucionalidad de normas acusadas de inexequibilidad sobreviniente por la aparición del nuevo texto constitucional, y es así como en la Sentencia C-490 de 1993 hace un recuento de los antecedentes de la noción de parafiscalidad en Colombia, diciendo que tales recursos parafiscales fueron introducidos en Colombia en el año de 1928 al crearse la contribución cafetera, pronunciándose de igual manera en otros fallos sobre el fondo panelero, las cajas de compensación familiar y del Fondo Nacional del Café, declarándolos a todos constitucionales.

De aquella época es importante también la Sentencia C-040 del 11 de febrero de 1993 que explica cómo en Francia se calificaron como parafiscales los ingresos públicos que tenían características que los diferenciaban claramente de otro tipo de ingresos. La Corte reconoce que estos ingresos se cobran a una parte de la población (no son genéricos), se destinan a cubrir intereses del grupo gravado (cafeteros, paneleros, empleados, hijos de los empleados, aprendices, empleadores), su administración se confía a un ente diferente de la Administración de Impuestos (ICBF, cajas de compensación familiar, SENA) y no engrosan el monto global del presupuesto nacional. Se cita a Duverger, que dice que los parafiscales son impuestos corporativos percibidos por instituciones públicas o privadas e incluye dentro de este tipo de pagos, “las cuotas pagadas a la seguridad social” como ejemplo importante. Reincide la Corte Constitucional en esta posición, zanjando el tema, en la Sentencia C-545 de 1994.

Así las cosas, nos remitimos al Código Sustantivo del Trabajo (CST). En los artículos 285 a 288 determinaba que las empresas de capital de 800.000 pesos o más, estaban obligadas a establecer escuelas primarias para los hijos de sus trabajadores, sostener escuelas de alfabetización y costear estudios de especialización técnica relacionados con su actividad, en establecimientos nacionales o extranjeros, a sus trabajadores o a los hijos de estos.

Esta obligación tuvo pocos efectos en la realidad y se constituyó en un peso para las pequeñas empresas que fueron entrando a golpe de inflación en la suma inamovible de ochocientos mil pesos. Planteó discriminaciones, pues empresas boyantes podían ofrecer buenas instalaciones y servicios educativos, mientras que las menos desarrolladas estaban incapacitadas para prestarlos. Con base en esa situación, se determinó que estas obligaciones serían cambiadas por el pago de un porcentaje de la nómina dirigido a una entidad de formación para el trabajo (Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA) y se diseñó todo un sistema de acercamiento de los aprendices a las empresas.

De la misma manera, ese código, en sus artículos 245 y 246, estableció la obligación, para los empleadores, de fundar y sostener sala cunas destinadas a los hijos menores de 2 años de sus trabajadoras, con servicio médico y enfermera permanente, para el cuidado y alimentación de los niños.

Esta obligación padeció de las mismas dolencias de incumplimiento y efectos discriminadores, por ello la obligación también mutó hacia el pago de un porcentaje de la nómina destinado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que se encargaría de la prestación de estos servicios.

Además, en el país había surgido, por iniciativa patronal y sindical, el pago del subsidio familiar que, para las empresas, se fue volviendo complejo en su administración. El gobierno de Gustavo Rojas Pinilla estableció la prestación a cargo de los empleadores, basada en tres elementos: a) a partir de ese momento se convierte en una prestación obligatoria; b) se le elimina el carácter salarial y cualquier implicación que pudiera tener como factor salarial para efectos prestacionales, y c) se faculta a los empleadores para constituir cajas de compensación familiar.

Esta evolución llega a la constitución de los llamados pagos parafiscales, que serían del 2% sobre la nómina de salarios en favor del SENA, del 3% para el ICBF y del 4% para las cajas de compensación familiar, evolución que aún no termina, pues continúa ahora con el “Impuesto sobre la Renta para la Equidad” (CREE), contenido en la reforma tributaria de la Ley 1607 del 2012.

La seguridad social

El CST impuso obligaciones a los empleadores que posteriormente fueron reemplazadas por los servicios prestados por las entidades de la seguridad social. Los empleadores pagarían lo concerniente a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; asistencia médica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria y auxilio monetario por enfermedad no profesional; descanso remunerado en la época del parto; gastos de entierro del trabajador; pensiones de jubilación y auxilio de invalidez.

El Seguro Social va encargándose desde 1948 de los temas de salud en algunas ciudades del país. En 1965, de las prestaciones de riesgos profesionales, desde 1967, del sistema pensional, y a medida que el sistema se amplía el empleador deja de pagar las cuentas médicas, las pensiones y las indemnizaciones e incapacidades, para verse subrogado en tales obligaciones por el pago de las cotizaciones a la seguridad social.

Así como las obligaciones patronales de educación, guarderías y subsidio familiar se remplazaron por pagos parafiscales, las obligaciones patronales se “convirtieron” en aportes, simplificando la actividad del empleador a organizar bien su nómina y pagar cumplidamente las obligaciones sobre las bases establecidas.

Base de pago de los parafiscales

La Ley 21 de 1982, en su artículo 17 estableció que para liquidar los aportes a las cajas de compensación familiar y el SENA, la nómina mensual de salarios es la totalidad de los pagos hechos por concepto de los diferentes elementos integrantes del salario en los términos de la ley laboral, y además, los hechos por descansos remunerados. Por su parte, el ICBF tuvo norma separada: la Ley 89 de 1988, que en su primer artículo fijó como base “el valor de la nómina mensual de salarios”.

El legislador debió haberse remitido, por tratarse de un único pago consignado a nombre de las cajas y que estas repartirían a los involucrados, a la norma de 1982, pero creó un problema que generaría discusiones múltiples, sentencias contradictorias y que solo vendría a resolverse veinte años después, sobre si las vacaciones, como pagos de descanso remunerado se incluían para las tres entidades y si las vacaciones no disfrutadas, sino compensadas, se entendían como base para la liquidación y pago de los parafiscales.

Base de pago de las cotizaciones a la seguridad social

No siendo ya suficiente problema creado con dos normas diferentes para efectuar un único pago, las cotizaciones a la seguridad social fijaron normas propias, complicando algo que pudo haber sido claro desde el principio. La Ley 100 de 1993 en su artículo 17 estableció la obligatoriedad de las cotizaciones durante la vigencia de la relación laboral al sistema pensional, con base en el salario devengado. El artículo 204, para el sistema de salud, dice que la base de cotización será la misma del sistema general de pensiones, y coordinando con ello, el Decreto-Ley 1295 de 1994, en su artículo 17, fijó como base para calcular las cotizaciones a riesgos profesionales, la misma determinada del sistema pensional.

¿Cuál es la base salarial?

La base la fija, finalmente, el artículo 20 del Decreto Reglamentario 692 de 1994 que dice: “Para el efecto, constituye salario el conjunto de factores previstos en los artículos 127, 129 y 130 del CST, sin incluir en el pago de los aportes, las sumas enumeradas en el artículo 128” (L. 50/90, art. 15).

El pago salarial no depende de la denominación que le asignen las partes, sino de remunerar de manera directa el servicio, pues es salario y tiene que tenerse presente al momento de liquidar las prestaciones sociales, los pagos parafiscales y las cotizaciones a la seguridad social, cubriendo otros pagos que son contraprestación directa del trabajo, “como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones”.

Por otra parte, no son salario:

a) Las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales,

b) La participación de utilidades o excedentes de las empresas de economía solidaria.

c) Lo que recibe en dinero o especie no para su beneficio, ni para su patrimonio, sino para desempeñar sus funciones: gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y semejantes.

d) Las prestaciones sociales.

e) Los pactos de desalarización: que son beneficios o auxilios habituales u ocasionales, convencionales o contractuales u otorgados extralegalmente por el empleador, cuando las partes dispongan que no son salario en dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales, de vacaciones, de servicios o de navidad.

Sobre estos temas hay sendas interpretaciones del Ministerio de Trabajo, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, en especial, de las vacaciones compensadas en dinero (Mintrabajo, Circ. 18, abr. 16/2012, y C.E., S. de Consulta y Servicio Civil, Conc. 2013, feb. 8/2011), en el sentido de que son base de pago de parafiscales. Sobre el salario integral, que se grava en el 70% de este, así como de las vacaciones sobre él calculadas. Sobre bonificaciones, si retribuyen el trabajo son base de pago de parafiscales, mientras que si se entregan como mera liberalidad y no con el ánimo de retribuir el servicio, no lo serán. Sobre los pactos de desalarización, que no serán salario siempre que no desconozcan los elementos salariales. Sobre los viáticos permanentes, que constituyen salario en la parte destinada a manutención y alojamiento, mas no en medios de transporte o gastos de representación. Y sentencias sobre premios que no fueron premios, pues por la primacía de la realidad no podían entenderse como tales, al igual que gastos de representación desconocidos por el juzgador al encontrarse que no eran utilizados para actuar en nombre del empleador sino que constituían ingresos del empleado, comisiones desalarizadas, gastos de transporte sobre personas que no los requerían, etc.

Adicionalmente, se empezaron a aprobar normas limitadoras de las facultades desalarizadoras de las partes, como el límite puesto por la reforma tributaria del 2001 al pago con “cheques” para alimentación, gasolina, etc. La exigencia de que los planes desalarizadores fueran generales para los empleados de la empresa y la fijación de topes a la desalarización, como la de la última reforma tributaria que la fijó en máximo el 40% de los “devengos” anuales.

Fiscalización

Los incumplimientos en el pago de los parafiscales quedaron, durante el siglo pasado y principios de este, en cabeza de cada una de las entidades beneficiarias de estos y fueron desarrollando robustos procedimientos de fiscalización que culminaban en cobros coactivos en el ICBF y el SENA, como entes públicos, pero que no trascendieron a las cajas de compensación familiar por ser entes privados. Cada entidad visitaba a las empresas por separado generando múltiples investigaciones, desgaste administrativo y resultados diferentes. El SENA, en muchos casos conciliador, lograba acuerdos de pago por sumas que no correspondían necesariamente a lo adeudado. El ICBF, en muchos casos pendenciero, arrastró casos hasta el Consejo de Estado con efectos, en ocasiones, opuestos a los logrados con el SENA y las cajas que reaccionaban a los visitados por las dos anteriores a fin de lograr acuerdos para no desgastarse en juicios ejecutivos.

En materia de aportes a la seguridad social la Ley 100 de 1993 dio facultades de cobro coactivo a los entes públicos e invitó al cobro ejecutivo a los privados, pero ni lo uno ni lo otro se logró, además de que el pago desde 1994 hasta la implementación de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), se hacía a cada administradora por separado, por lo que si un empleador quería, podía pagar a salud por sus trabajadores, sobre un salario mínimo, a pensiones sobre un valor mucho más alto en procura de una buena pensión, y en riesgos laborales, ni siquiera afiliarlo; pagando, completamente al margen de esto, lo que hubiera querido manifestar a la caja de compensación, sin que hubiera cruce alguno de información.

Las EPS y las ARP permanecían estáticas con algunos eventuales movimientos de cobro persuasivo, amparadas en el efecto de desafiliación automática y negación de la prestación de servicios que preveían las normas vigentes, hasta que estas fueron siendo modificadas por la interpretación constitucional. Las administradoras del sistema pensional a veces hacían llamadas telefónicas a los deudores que no terminaban en cobro alguno, del que solo años después empieza a ser notoria su ausencia cuando las personas creen que han cumplido los requisitos para pensionarse. Los casos que, en pensiones dejan al descubierto el problema de falta de pago son los de las pensiones de invalidez y muerte que terminan en decisiones constitucionales que amparan el derecho del afiliado y censuran a las administradoras por no haber ejercido acciones de cobro.

Frente a esta situación caótica reacciona el artículo 42 de la Ley 789 del 2002 otorgando facultades al Gobierno Nacional para expedir el régimen de organización, administración y funcionamiento del sistema nacional de registro laboral y sobre este hecho, el propio legislador, en la Ley 828 del 2003 da un plazo de dos años a los ministerios de Hacienda y Protección Social, para poner en marcha tal validador que les permita a las administradoras cruzar información de afiliaciones, pagos, valores de pago y desafiliaciones, el cual funcionaría también para los parafiscales.

Esta norma dejó en cabeza del Ministerio de Protección Social y de la Superintendencia de Salud el control del sistema de cobros mediante requerimientos a los empleadores incumplidos, quienes debían acreditar los pagos en un plazo de 30 días, ya que de no hacerlo se les impondrían sanciones del 5% de lo adeudado. Los requerimientos de información debían hacerlos las administradoras, el ICBF, el SENA y las cajas de compensación. El incumplimiento acarrearía la desafiliación y el empleador quedaría a cargo de los gastos del sistema de salud.

Sobra decir que ni el Ministerio de Protección Social ni la Superintendencia de Salud de la época tenían la capacidad para activar las funciones que les endilgaba la Ley 828, y que las entidades de la seguridad social solo esperaban la puesta en funcionamiento de algo que superaría el prometido sistema nacional de registro laboral, que sería la planilla integrada PILA.

Es entonces que el legislador da un nuevo paso: en el artículo 156 de la Ley 1151 del 2007 constituye la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.

UGPP

Se crea como una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, para realizar tareas de seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la protección social.

Se establece que tendrá facultad de solicitar de los empleadores, afiliados, beneficiarios y demás actores administradores de los recursos parafiscales, la información necesaria para establecer la ocurrencia de los hechos generadores de las obligaciones legales de pago de parafiscales, pudiendo ejercer funciones de cobro persuasivo y coactivo en armonía con las entidades administradoras de estos recursos.

Sobre estas facultades comienza la primera etapa de la vida de la unidad. Visita las empresas, pide información, fiscaliza y determina el valor de las deudas que pudiere encontrar, enviando una carta a la empresa visitada indicándole a qué entidad le debe, por cuál trabajador y por cuál periodo. Igual misiva la envía a cada entidad a fin de que se realice el cobro persuasivo.

De no darse el pago, las entidades públicas podrían desarrollar el cobro coactivo y a las privadas, demostrando que hicieron el trámite persuasivo; la UGPP les adelantaría el cobro coactivo expidiendo una “liquidación oficial”, para lo cual tiene todas las funciones del artículo 664 “y concordantes” del estatuto tributario.

Este diseño comenzó su funcionamiento hacia el año 2010 y denotó una descoordinación absoluta, pues el 21 de enero de ese año se expidió el Decreto 126 que da las mismas facultades a la Superintendencia de Salud pero solo para este sistema, lo que no pasa a mayores porque el decreto es declarado inexequible por la Sentencia C-302 del 2010.

El efecto del diseño del artículo 156 de la Ley 1151 del 2007 se quedó corto a los ojos de la Unidad de Gestión. Es positivo en el sentido de que ya no visita cada entidad por separado con los consabidos efectos administrativos de desgaste mostrando la misma información a todo aquel que la pida, sino que existe ahora una única visita de la UGPP, pero el efecto de cobro parece no tener dientes debido a la demora que el trámite implica frente a un futuro y lejano cobro coactivo, razón por la cual la mitad del artículo mencionado es modificada por la Ley 1607 del 2012 (reforma tributaria).

Sobre este nuevo hecho, el Decreto 575 del 22 de marzo del 2013 modifica la estructura de la unidad y determina las nuevas funciones de sus dependencias, y el Decreto 3033 del 27 de diciembre del mismo año reglamenta algunos aspectos de los artículos 178 y 179 de la Ley 1607 del 2012.

Facultades de la UGPP

Son amplias y diversas, además de tener toda la competencia para ejecutarlas. El artículo 156 de la Ley 1151 ha resistido cuatro ataques de inconstitucionalidad y en todos ha salido airoso. Puede, entonces, solicitar información a las administradoras y órganos de vigilancia y control del Sistema de la Protección Social; verificar la exactitud de las declaraciones de autoliquidación; adelantar las investigaciones para establecer la existencia de hechos que generen obligaciones de la protección social; solicitar de los aportantes, afiliados o beneficiarios del sistema, explicaciones sobre inconsistencias en la información; solicitar la presentación de los documentos que considere necesarios; citar o requerir a los aportantes, afiliados y beneficiarios o a terceros para que rindan informes o testimonios; ordenar a los aportantes, cuando estén obligados a llevar contabilidad, la exhibición y examen parcial de libros, comprobantes y documentos, particularmente de las nóminas; adelantar visitas de inspección; decretar todos los medios de prueba autorizados por la legislación civil; efectuar cruces con la información de autoridades tributarias, instituciones financieras y otras entidades; efectuar las diligencias necesarias para verificar la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones; efectuar subsidiariamente labores de determinación y cobro disuasivo, persuasivo y coactivo; proferir liquidaciones oficiales, y efectuar labores de seguimiento a los procesos sancionatorios y afiliar transitoriamente a la administradora pública a los omisos que no hayan atendido la instrucción de afiliarse.

Conformación interna de la UGPP

La dirección de parafiscales es responsable de las acciones de determinación y cobro. Cuenta con una subdirección de integración para consolidar y transmitir entre los componentes del sistema la información sobre el estado de las obligaciones de los aportantes; con la subdirección de determinación de obligaciones, que realiza la fiscalización a los aportantes, liquida las obligaciones adeudadas, las contribuciones a cargo de los evasores no afiliados y las contribuciones que en virtud de convenios estén a cargo de la unidad, y con la subdirección de cobranzas, que coordina, desarrolla y supervisa los procesos de cobro persuasivo y coactivo o ejecutivo cuando sean adelantados por la UGPP de manera directa o a través de terceros.

Procedimiento

El proceso comienza con un “Requerimiento de información” en el que se desarrollan gran parte de las facultades vistas. La información solicitada en el requerimiento debe entregarse a la UGPP en el plazo determinado. Usualmente es de 15 días, aunque en relación con la cantidad de información solicitada puede pedirse ampliación del término.

La UGPP envía un acto administrativo en donde se informa al aportante los periodos a revisar (la ley la faculta para solicitar hasta los cinco años anteriores). Lo normal es que estén solicitando 2011, 2012 y 2013. Es importante señalar que la reforma tributaria es la que consagra las sanciones, ya que estas no existían en las normas anteriores, por lo cual en aplicación del principio nulla poena sine lege, no puede la UGPP aplicar sanciones por incumplimientos anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 1607 (dic. 26/2012).

La UGPP recibe la información e inicia una actuación administrativa solicitando información para establecer si hubo o no afiliación, si se dejaron de pagar aportes o si se subcotizó. Aquí es donde entran en juego todos los elementos vistos al principio de este escrito, es decir, cuáles fueron los valores desalarizados y cuáles fueron las bases salariales para la liquidación de parafiscales y seguridad social. Se verifican las afiliaciones y determinando el ingreso base de cotización se cruza información con la planilla PILA, se vuelve a hacer la liquidación de aportes y se compara con lo pagado y con lo deducido de la declaración de renta.

Si no existe mérito, se profiere un auto de archivo, pero si se detecta una deuda se expide un “Requerimiento para declarar y/o corregir” contra el que el aportante puede, dentro del mes siguiente a su notificación, dar respuesta argumentando los motivos de oposición o aceptar el valor propuesto y pagarlo.

La UGPP tiene seis meses para reanalizar los argumentos propuestos y decide si archiva la actuación o expide una “Liquidación oficial”. Contra esta liquidación procede el recurso de reconsideración (especialísimo dentro del procedimiento tributario) dentro de los dos meses siguientes a su notificación, el cual debe decidirse a más tardar en un mes, agotándose la vía gubernativa.

Para el cobro coactivo sigue la Ley 1066 del 2006. Primero, deben realizarse los cobros persuasivos que duran aproximadamente tres meses, y si no hay pago comienza el proceso coactivo con mandamiento de pago, embargo, secuestro de bienes, excepciones permitidas en la ley procesal y, finalmente, de ser viable, el remate de tales bienes. En esas liquidaciones oficiales se liquidan, a título de sanción, intereses de mora a la misma tasa vigente para efectos tributarios y las costas del proceso.

Es importante el hecho de que no entregar la información genera sanción de 5 UVT por cada día de retraso, por lo cual la UGPP puede expedir un pliego de cargos que debe ser contestado en un mes. La UGPP tiene seis meses para archivar la actuación o expedir y notificar una resolución sancionatoria por el valor de los días de demora en la entrega. Esta sanción será independiente de la que quepa por la investigación de aportes y parafiscales y contra ella procede el recurso de reconsideración en los 10 días hábiles siguientes a su notificación.

Sanciones

Corregir las autoliquidaciones, sin que medie “Requerimiento de información” de la UGPP, implica una sanción del 5% del mayor valor a pagar, entre la corrección y la declaración inicial. Si la UGPP notifica el “Requerimiento de información”, la sanción será del 20%; si notifica el “Requerimiento para corregir”, aumenta al 35%, y si notifica la “Liquidación oficial”, la sanción será del 60%. Por no afiliación existe una tabla de sanciones de acuerdo con el número de no afiliados.

Conclusión

El sistema siempre ha tenido posibilidades de cobro de aportes no efectuados o subcotizados pero habían sido bastante inanes, lo que permitía que quienes quisieran actuar fraudulentamente pudieran hacerlo sin miramiento alguno. La UGPP cuenta ahora con todas las facultades para hacer los cobros a fin de que se sancione a los incumplidores. Tiene la ventaja de ser exclusiva para este tipo de actividades y contar con todas las posibilidades de hacerlos, solo resta esperar que no llegue como auditor receloso a encontrar errores inexistentes en un afán sancionatorio. Sin embargo, se percibe una entidad autista, ajena y lejana.