Pasivo laboral de Foncolpuertos: del caos al orden legal

Revista Nº 127 Ene.-Feb. 2005

El Ministerio de la Protección Social tiene el reto de poner orden legal al caos que dejó Foncolpuertos. 

Javier N. Rojas 

Especial para la Revista Actualidad Laboral 

En 1999 comenzó a operar, en el Ministerio de la Protección Social, el grupo interno de trabajo para la gestión del pasivo social de Puertos de Colombia, con el reto de poner orden legal al caos que dejó Foncolpuertos en el proceso de liquidación de los compromisos laborales de esa empresa estatal.

La misión encomendada implicó la definición de una estrategia para administrar las relaciones con más de 15.000 pensionados, atender sus reclamaciones y enfrentar las demandas penales que se calcularon en 30.000 procesos. ACTUALIDAD LABORAL entrevistó al director de ese grupo, Carlos Arturo Gómez, para conocer los pormenores de esta experiencia.

ACTUALIDAD LABORAL:¿Por qué el Ministerio de la Protección Social está a cargo del pasivo laboral de Puertos de Colombia?

Carlos Arturo Gómez: Hasta 1991 existió Puertos de Colombia. Con la expedición de la Ley 1ª de 1991 se dispuso que la empresa debía ser liquidada en diciembre de 1993. Desde ese año y hasta 1998 sucedió el siniestro Foncolpuertos (a cargo de la liquidación de la compañía). En 1999 se creó, en el Ministerio de la Protección Social y con vigencia hasta diciembre del 2005, el grupo interno de trabajo para la gestión del pasivo social de Puertos de Colombia. La Ley 1ª de 1991 estableció que los bienes de Puertos de Colombia quedarían en manos del Ministerio de Transporte, Protección Social.

A. L.:¿Qué integra el pasivo laboral de Puertos de Colombia?

C. A. G.: Primero, el manejo de pensionados, que son 15.500 aproximadamente. Administramos las sustituciones pensionales y lo relativo a acrecimientos (división de las pensiones). Manejamos un pasivo riesgoso que tiene la Nación de alrededor de 55.500 reclamaciones, que constituyen 11.555 turnos, lo que llamamos orden secuencial de pagos, que lo regula el Decreto 1211 de 1999. Tramitamos 158.000 reclamaciones administrativas, que piden el reconocimiento de algunas prestaciones sociales como calzado, cena, uniforme y ciertas primas. Se elevaron 72.218 reclamaciones por Ley 4ª de 1976 (reajuste pensional). Administramos 37.000 hojas de vida de ex trabajadores, pensionados y ex contratistas de Foncolpuertos y tenemos a cargo la defensa judicial de la nación en todos los procesos pertinentes a Foncolpuertos.

A. L.: ¿Conviene recurrir a la figura de un fondo para liquidar empresas estatales?

C. A. G.: Sí, pero se tiene que hacer seguimiento permanente, porque en el caso de Foncolpuertos faltaron medidas de control. No es que la figura de los fondos de liquidación sea mala, sino que no hubo seguimiento. Los controles de ley existían. El fondo estaba bajo la tutela administrativa del Ministerio de Transporte y sobre él tenían competencia los órganos de control del Estado, como la Contraloría y la Procuraduría.

A. L.: ¿Cuáles han sido los principales obstáculos que han enfrentado?

C. A. G.: La falta de información, que es un problema que se sigue sufriendo. Para resolver muchas situaciones, no se cuenta con la información completa. No podemos garantizar que el ciento por ciento de los datos de las historias laborales sean fidedignos, porque los archivos estuvieron expuestos y muchos fueron destruidos.

A. L.: ¿Cómo han solucionado este problema?

C. A. G.: El primer trabajo que se hizo fue transcribir a un soporte informático las 37.000 hojas de vida; se tienen alrededor de 13 millones de documentos en una base de datos, para darle seguridad al proceso y evitar alteraciones.

A. L.: ¿De cuántos procesos se tiene registro?

C. A. G.: Se llegó a hablar de cerca de 30.000 procesos contra la nación. Hoy en día, gracias a los programas de descongestión, que dispuso el Consejo Superior de la Judicatura, tenemos unos 1.600 procesos laborales activos, aproximadamente 400 procesos penales y unos 50 procesos administrativos.

A. L.: ¿Hubo negligencia en Foncolpuertos para enfrentar las demandas penales?

C. A. G.: Muchas de estas demandas no fueron contestadas. Inicialmente encontramos 10.221 casos y, después, cerca de 4.500, que con fallo de primera instancia habían quedado prácticamente ejecutoriados. Pero el Estado, en buena hora, cuando empezó a operar este grupo de trabajo, le pidió al Consejo Superior de la Judicatura que se surtiera el grado jurisdiccional de consulta. La Corte Constitucional avaló la figura y se ordenó la revisión de todos esos fallos.

A. L.: ¿Cómo se sustentó la aplicación del grado jurisdiccional de consulta?

C. A. G.: Esa figura corresponde al artículo 69 del Código Procesal del Trabajo, que ordena el grado jurisdiccional de consulta para cuando la nación, los departamentos o los municipios pierden un proceso y no es apelable.

A. L.:¿Cuántos casos quedaron amparados por ese mecanismo?

C. A. G.: Cerca de 15.000 procesos aplicaron a la figura. Esa situación ocurrió por negligencia de la administración que no apeló. Claro que afortunadamente no lo hizo, porque con el grado de corrupción que hubo allá (Foncolpuertos) hubiera hecho una apelación muy elemental para que la segunda instancia confirmara los fallos y quedaran en firme. Pero como no ocurrió, se le abrió al Estado la oportunidad de que en el grado jurisdiccional de consulta se pudieran revisar dichos fallos.

A. L.: ¿Qué otros logros destaca?

C. A. G.: De 10.221 procesos fallados en primera instancia que llegaron al grado jurisdiccional de consulta, 3.366 fueron revocados a favor del Estado, alrededor de 33% de esa cantidad. Hemos encontrado que 25.000 millones de pesos le fueron pagados a los portuarios en aproximadamente el 70% de estos procesos y en cerca de 70.000 millones de pesos no hay evidencia de pago, porque no tenemos la información. Otros 4.500 procesos apenas los estamos sustanciando. En seis años, desde 1999, se han podido esclarecer 15.000 procesos de Foncolpuertos en segunda instancia. Nos sentimos satisfechos, porque la gran mayoría eran absueltos en primera instancia y ahora han sido revocados a favor del Estado.

A. L.: ¿Cómo se organizaron para acometer tal empresa legal?

C. A. G.: El grupo interno de trabajo lo conforman 99 funcionarios, entre los cuales figuran profesionales en derecho y contaduría. Contamos con el área judicial y de asesoría legal. Allí se trazó toda la estrategia para la defensa legal. Tenemos unas bases de datos donde llevamos la información diaria de los procesos. Para el efecto, desarrollamos un programa de informática, que esperamos patentar. Es un sistema integral de información, al que se puede ingresar con el número de cédula de un portuario y se puede revisar toda la información relativa a reclamaciones administrativas, procesos legales y resoluciones.

A. L.: ¿Qué herramientas legales han sido de utilidad?

C. A. G.: La primera ha sido el grado jurisdiccional de consulta, a la par con la Sentencia SU-962 de 1999 de la Corte Constitucional, donde se establece que a los procesos de Foncolpuertos se les debe surtir aquella figura. Se trata de una interpretación del artículo 69 del Código Procesal del Trabajo. Así mismo, el Decreto 1073 del 2002 y el Decreto 994 del 2003 permiten que la administración descuente de la mesada pensional los pagos que haya hecho de más. El Decreto 1211 de 1999 dispuso el orden secuencial de pagos. Este autoriza organizar el estudio de legalidad de las reclamaciones de Puertos de Colombia y estipula que no podrán seguirse ni iniciarse procesos ejecutivos contra la empresa Puertos de Colombia o Foncolpuertos, hasta tanto no se aplique el procedimiento establecido en el Decreto 1211 para el estudio de los títulos de reclamación.

A. L.:¿En qué nuevas normas de apoyo están pensando?

C. A. G.: La Ley 797 del 2003 incluyó los artículos 19 y 20, que también han sido herramientas para atacar el problema. Frente al artículo 20, la Corte Constitucional declaró inexequible la facultad del Estado para revisar, en cualquier tiempo, las pensiones. La Corte señaló que el Congreso tendría que expedir una ley que limite el tiempo. Nosotros, a través del Ministerio de la Protección Social, preparamos un proyecto que indica que el Estado va a tener 10 años para revisarlas.

A. L.: ¿Qué lección le queda al país del caso Foncolpuertos?

C. A. G.: Con el escándalo de corrupción que acaeció alrededor de Foncolpuertos, cualquier equipo de trabajo que se integre para manejar una liquidación va a estar muy alerta de que no se vayan a presentar hechos que pongan en riesgo los dineros del erario ni que vayan a comprometer la responsabilidad legal de las personas que están actuando en torno al proceso, porque está en juego la prestancia de las mismas.