Pensión de sobrevivientes, nueva interpretación

Revista Nº 171 Mayo-Jun. 2012

Andrés Dacosta Herrer 

Abogado Laborista 

El desarrollo legal y jurisprudencial de la pensión de sobrevivientes en la última década ha sido ciertamente casuístico.

De ahí la importancia de analizar la sentencia de casación de radicación 40055, de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia donde se precisó la hermenéutica con respecto a la pensión de sobrevivientes prevista en los artículos 12 y 13 de la Ley 797 del 2003, modificatorios de los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993.

En este caso, un pensionado fallecido el 13 de octubre del 2004, dejando una cónyuge sobreviviente, con quien pese a conservar el vínculo jurídico, se había separado de hecho tiempo atrás, aunque convivió en el pasado más de un quinquenio y una compañera con convivencia permanente durante los últimos catorce años de su vida.

Precisa la Corte en primer lugar que, atendiendo a la fecha del deceso, el caso debía examinarse bajo los preceptos de la Ley 797 del 2003.

Precisamente, sobre la interpretación respecto de los beneficiarios previstos en esa ley se había pronunciado la Sala Laboral en casos anteriores en los cuales había extraído las siguientes reglas que se recuerdan en el fallo en comento y se resumen a continuación así:

Tiene derecho a la pensión de sobrevivientes:

1. Cónyuge o la compañera o compañero permanente mayor de 30 años, de afiliado que fallezca.

2. Cónyuge o la compañera o compañero permanente mayor de 30 años, del pensionado que fallezca, demostrando (i) que hizo vida marital con el causante hasta su muerte y, (ii) por lo menos, durante los cinco años anteriores al deceso.

3. Cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, menor de 30 años, de afiliado o pensionado que fallezca y que hubiere procreado hijos con este.

4. Temporalmente, el cónyuge o la compañera o compañero permanente menor de 30 años, de afiliado o pensionado que fallezca sin haber procreado hijos con este.

5. Si hay concurrencia de un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta con derecho a la pensión acorde con las reglas anteriores, respecto de un pensionado que fallece, la pensión se divide en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.

6. Si existe un caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años anteriores a la muerte, entre el cónyuge y una compañera o compañero permanente, el beneficiario(a) es la esposa(o).

7. Si no hay convivencia simultánea y se mantiene vigente el vínculo matrimonial, pero hay una separación de hecho, la compañera(o) podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente en el literal a), en un porcentaje igual al tiempo convivido con el causante, siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años.

Respecto de este extracto de situaciones y reglas, la Corte, en relación con la necesidad de acreditar convivencia, había precisado:

• En los eventos 1 y 4, para causar derecho a la pensión de sobrevivientes, tanto cónyuge como la compañera o compañero permanente, deben acreditar que son miembros del grupo familiar del afiliado o pensionado y esa acepción aplica para “… quienes mantengan vivo y actuante su vínculo mediante el auxilio mutuo, entendido como acompañamiento espiritual permanente, apoyo económico y vida en común, entendida esta, aun en estados de separación impuesta por la fuerza de las circunstancias, como podrían ser las exigencias laborales o imperativos legales o económicos, lo que implica necesariamente una vocación de convivencia, que indudablemente no existe respecto de aquellos que por más de veinticinco años permanecieron separados de hecho, así en alguna oportunidad de la vida, teniendo esa condición de cónyuge o compañero(a) permanente, hubieren procreado hijos”, según se estableció en sentencia de casación de 5 de abril del 2005 (rad. 22560), por lo que en estos casos debe acreditarse convivencia con el causante al momento de su muerte.

• Para el evento 6, que para la preferencia legal del cónyuge, tiene que acreditarse convivencia con el causante, por lo menos, durante los últimos cinco años de vida.

• En el evento 5 referido se precisó que a la concurrencia de un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta también, debe acreditarse pertenencia al grupo familiar del causante y, por ende, debe acreditarse el requisito de convivencia.

• El caso del numeral 7º implica una excepción a la regla general de acreditar la convivencia, ya que en el mismo se permite al cónyuge sobreviviente que mantiene vigente el vínculo matrimonial, pero se encuentra separado de hecho, reclamar una cuota parte de la pensión, en proporción al tiempo convivido, “… siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante”.

Dicho entendimiento se había planteado en la sentencia de casación de 20 de mayo del 2008, radicación 32393, antes de la declaratoria de exequibilidad condicionada del inciso 3º del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 del 2003, por parte de la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-1035 del 22 de octubre del 2008.

Como se observa, la Corte mantenía entonces su hermenéutica según la cual cónyuge supérstite o compañero(a) permanente debían demostrar la existencia de convivencia y permanencia al grupo familiar, por lo menos, durante los cinco años continuos antes del deceso.

La novedad de la sentencia en comento radica en que la Corte reexamina el tema y precisa, respecto de la séptima de las situaciones anteriormente resumidas, que no se debe acreditar convivencia con el causante justo en los cinco años anteriores al fallecimiento del mismo, en los eventos en que exista convivencia, no simultánea, de cónyuge supérstite separado de hecho, y con un compañero o compañera permanente. Lo anterior, enjuicia la Corte, no exime de acreditar la convivencia mínima de cinco años pero la exigencia de la misma no debe probarse en el lapso quinquenal anterior al deceso del causante, sino en cualquier tiempo.

Para arribar a tal conclusión, la Corte transcribe el inciso tercero del artículo 13 de la Ley 797 del 2003 y recuerda que a través de la sentencia C-1035 del 2008, la Corte Constitucional declaró exequible, por los cargos analizados, la expresión “en caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo” pero condicionando su entendido a que además de la esposa o esposo, son también beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, la compañera o compañero permanente y que dicha pensión debe dividirse en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.

Para la Corte, las normas originales de la Ley 100 de 1993, no comprendieron situaciones de personas que sin acreditar convivencia con el causante al momento del deceso, mantenían con él el vínculo contractual matrimonial, que implicó convivencia en el pasado, y frente a este contingente poblacional, resalta la Sala, la Ley 797 del 2003, buscó contemplar esa situación dando una respuesta jurídica, que implicó que si bien nunca se perdió el espíritu de privilegiar la convivencia, se creó una excepción para el momento de acreditarla en favor del cónyuge separado de hecho que conservó vigente el vínculo matrimonial, erigiéndolo beneficiario de la pensión de sobrevivientes, en proporción al tiempo de convivencia del pasado, que no puede ser inferior a cinco años en garantía del derecho a la igualdad, pero que, se reitera, puede ser acreditado en cualquier término en aras de hacer realmente operativa la norma legal, de otro modo estaría en imposibilidad fáctica, el cónyuge supérstite de acreditar convivencia en los cinco años anteriores al deceso, cuando la norma explícitamente prevé que se trata de un evento de separación de hecho, es decir, de ruptura fáctica de la convivencia.

Así el interés que suscita este importante precedente es que (i) exime de la regla de acreditar convivencia en el quinquenio anterior a la muerte, del cónyuge en situación del numeral séptimo anteriormente referido, (ii) precisa que en todo caso la convivencia, en ese caso, no puede ser inferior a cinco años, tal como se exige en los demás eventos y (iii) precisa que la prueba de esa convivencia puede acreditarse en cualquier tiempo del vínculo matrimonial.

En palabras de la Corte:

(...). 

Para la Corte no tendría ningún sentido y, por el contrario, sería carente de toda lógica, que al tiempo que el legislador consagra un derecho para quien “mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho”, se le exigiera a esa misma persona la convivencia en los últimos cinco (5) años de vida del causante; porque es apenas obvio que, cuando se alude a la separación de hecho, sin lugar a hesitación se parte del supuesto de que no hay convivencia, ya que en eso consiste la separación de hecho: en la ruptura de la convivencia, de la vida en común entre los cónyuges. 

Sin embargo, debe la Corte precisar que, siendo la convivencia el fundamento esencial del derecho a la prestación, el cónyuge separado de hecho debe demostrar que hizo vida en común con el causante por lo menos durante cinco (5) años, en cualquier tiempo, pues de no entenderse así la norma, se restaría importancia al cimiento del derecho que, se insiste, es la comunidad de vida, (…). 

Ahora bien; no desconoce la Corte que el numeral 1º del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, que no ha sido modificado en esa parte, señala que tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca y que, como lo consideró el tribunal, la jurisprudencia de esta Sala ha entendido que, para ser parte de un grupo familiar, se requiere “… un acompañamiento espiritual permanente, apoyo económico y con vida en común que se satisface cuando se comparten los recursos que se tienen, con vida en común o aun en la separación cuando así se impone por fuerza de las circunstancias ora por limitación de medios, ora por oportunidades laborales…”, tal como lo explicó en la sentencia del 10 de mayo del 2005, radicado 24445, de la que hizo mérito el fallador de segundo grado. 

En consecuencia, formar parte del grupo familiar del pensionado o afiliado fallecido, sigue siendo la regla general para poder ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes, mas, actualmente, esa no es la única condición para acceder a la prestación porque, se reitera, con las nuevas disposiciones del artículo 13 de la Ley 797 del 2003 se estableció una excepción a esa regla, de tal suerte que el cónyuge separado de hecho con vínculo matrimonial vigente tiene derecho, en forma proporcional al tiempo de su convivencia con el causante, a una parte de la pensión.