Pensión del Régimen de transición: fórmula para actualizar el IBL

Revista Nº 147 Mayo-Jun. 2008

Javier Mantilla 

Asesor laboral 

Desde que se empezó a organizar en Colombia un “sistema” de seguridad social con la expedición de la Ley 6ª de 1945, la Ley 90 de 1946 y el antiguo, y hoy derogado, artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, se quiso reconocer que, en efecto, era indispensable que los riesgos inherentes al trabajo fueran administrados por entidades especializadas que garantizaran un acertado y adecuado manejo preventivo en la ocurrencia de los sucesos, así como de las reservas que paulatinamente se fueron entregando a esas entidades para el cubrimiento de estos. Sin embargo, ese importante propósito, tan solo y de manera importante vino a materializarse con la expedición de la Ley 100. En él, entre tanto, continuaron a cargo de los empleadores el reconocimiento de la pensión de jubilación, para lo cual existían reglas claras sobre las posibilidades de subrogación, requisitos para su causación, así como el valor de las prestaciones a reconocer.

Hechos posteriores que no resulta pertinente auscultar en este escrito, permitieron que la regla general de reconocimiento, una vez cumplidos los años de servicio y la edad requerida, se rompiera para permitir su otorgamiento tiempo después de haberse acreditado los requisitos, incluso, con el cumplimiento de los años de servicio exigidos, esto es 20, entre otras razones, por ser este, de los dos requisitos exigidos, el de mayor complejidad en su realización, en cuanto que el otro: la edad, normalmente acontecería sin más esfuerzo que esperar el paso del tiempo; lo que se vio reflejado en posteriores acuerdos conciliatorios, que se utilizaron para terminar las vinculaciones laborales de personas que no habían adquirido el derecho a la pensión de jubilación en los términos del artículo 260 mencionado, para no referirme sino al sector privado.

La evolución económica de los países de América Latina presentó tasas inflacionarias de más de un digito, lo que afectó el verdadero valor que debían recibir los acreedores de los deudores de obligaciones dinerarias, así en apariencia se cumpliera con el pago de la obligación nominal establecida en la ley o la pactada. La anterior realidad la recogió el legislador con la expedición en 1959 de la Ley 77, por medio de la cual se aumentaron las pensiones de jubilación e invalidez a partir del 1º de enero 1960.

De manera más exacta en cuanto al reconocimiento legislativo de la corrección monetaria, es pertinente recordar la expedición de los decretos 677, 678 y 1229 de 1972, en los cuales se admitió ésta, en el manejo del ahorro privado dentro del sector de la construcción, como con la expedición del artículo 187 del Código Contencioso Administrativo en referencia a la forma de liquidar las condenas proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Mucho se discutió, entonces, sobre cuál debía ser la naturaleza jurídica de la indización, tratando siempre de encontrar la razón de su reconocimiento, para lo cual se sostuvo desde su naturaleza salarial, hasta la indemnizatoria y prestacional, para en todo caso señalar, que su fundamentación estaba en el reconocimiento del principio de equidad en la adecuación de las obligaciones dinerarias que se afectaron por la devaluación del peso, generando un desequilibrio de la ecuación económica entre los sujetos obligados y en la analogía.

La primera sentencia en donde se reconoció la existencia de la indexación fue proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, adiada el 9 de julio de 1979. De esta manera, se empezó a extender en materia Laboral hacia el año 1982. Después de la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, de la inmersión en ella de principios que reconocen la necesidad de mantener el valor actualizado de las pensiones y de la expedición de la Ley 100 sancionada en 1993, en donde ya expresamente se reiteró normativamente el reajuste periódico de las pensiones —pues la L. 71/88 ya la había establecido—, y el del ingreso base de liquidación, IBL, la jurisprudencia se ha movido reconociéndola recientemente a las pensiones causadas en vigencia de la Ley 100, y a raíz de la sentencia de constitucionalidad C-862 de 2006 (1) ,se abrió paso su reconocimiento a todas, pues “... exclusiones derivadas del tránsito legislativo carecen de justificación” (2) , tesis que hoy parece no tener objeción (3) .

Fórmula para indexar obligaciones pensionales

El espíritu de lo dispuesto en materia de indexación salarial, en el artículo 36 de la Ley 100 sancionada en 1993, que es concordante con el artículo 21 ibídem, es garantizar que para efectos pensionales se considere el impacto de la pérdida del poder adquisitivo del dinero en el tiempo. Para tal efecto, se debe establecer un mecanismo que matemáticamente sea válido para indexar anualmente los salarios y pensiones, tomando como referente el año de la fecha en que se devengaba el salario y el año de la fecha en la cual se efectúa el reconocimiento, o se comienza a disfrutar el derecho a la pensión. Lo anterior, teniendo en cuenta que la práctica señala que los incrementos salariales o pensionales se otorgan anualmente, por lo general el 1º de enero.

En tal caso, el procedimiento para indexar anualmente un salario o una pensión, debe considerar las variaciones anuales del indicador que regule la materia, esto es, el Índice de Precios al Consumidor (IPC), dejando de lado otras variaciones temporales de ese indicador, como la variación diaria, semanal o mensual, que suelen aplicarse para efectos diferentes a los que prevén los artículos 21 y 36 de la Ley 100. Así las cosas, la transcripción matemática en términos de una fórmula que refleje exactamente lo perseguido por la norma, debe considerar las variaciones anuales del IPC.

A manera de ejemplo, si se desea indexar un salario de $600.000 devengado en cualquier fecha del año 2006 (11 de marzo de 2006), a otra fecha del año 2007 (20 de junio de 2007), se debe considerar la variación anual del IPC del año 2006, obteniéndose la siguiente fórmula:

VF = VI (1+VIPC)

Donde:

VF:Valor final o valor indexado al 20-06-2007
VI:Valor inicial o valor del salario al 11-03-2006
VIPC (2006):Variación del IPC del año 2006

Resultado:

VI:$ 600.000
VIPC (2006):4.48%
VF: $600.000 (1+0.048) =$ 626.880

Una segunda fórmula, consiste en que el factor (1+VIPC) puede recogerse matemáticamente, salvo aproximaciones derivadas de la metodología utilizada para determinar el valor del IPC, en el cuociente IPC Final/ IPC Inicial, donde el IPC Final es el valor del IPC a 31 de diciembre del año anterior a la fecha final, e IPC inicial, es el valor del IPC a 31 de diciembre del año anterior a la fecha inicial.

Para el ejemplo la fórmula sería:

VF = VI [(1+IPC final ) ÷ (1+IPC inicial)]

Donde:

VF:Valor final o valor indexado al 20-06-2007
VI:Valor inicial o valor del salario al 11-03-2006
IPC final:Valor del IPC al 31 de diciembre de 2006
IPC inicial:Valor del IPC al 31 de diciembre de 2005

Resultado:

VI:$ 600.000
IPC inicial (2005):161.163571
IPC final (2006):168.380333
[(1+IPC final ) ÷ (1+IPC inicial)]=1.04478
VF: $600.000 (1.04478) =$ 626.868

Las anteriores fórmulas están identificadas para un año. A continuación se realizará la formulación, en dos opciones, que generaliza el mecanismo de indexación cuando el periodo a indizar es superior a una anualidad.

La primera fórmula de indexación como equivalencia de la primera ya mencionada, determina que el valor del salario en la fecha inicial debe multiplicarse por el producto de factores sucesivos (1+VIPC(K)), donde el primer factor corresponde al VIPC del año que precede a la fecha inicial y el último factor corresponde al VIPC del año que precede a la fecha final; esto es:

 

Donde:

VF:Valor final o salario indexado en la fecha final
VI:Valor inicial o valor del salario en la fecha inicial
k =1:corresponde al año que precede a la fecha inicial, k= 1, 2, ...n
n:corresponde al año que precede a la fecha final

Para la opción dos, esto es, la segunda fórmula referida para el caso particular de una anualidad, que resulta equivalente a la inmediatamente anterior, salvo aproximaciones derivadas de la metodología utilizada para determinar el valor del índice, sería:

VF = VI [(1+IPC final ) ÷ (1+IPC inicial)]

Donde:

VF:Valor final o salario indexado en la fecha final
VI:Valor inicial o valor del salario en la fecha inicial
IPC final:valor del IPC vigente al final del año que precede la fecha final
IPC inicial:valor del IPC vigente al final del año que precede la fecha inicial

Lo anterior permite concluir que sea cual fuere la fórmula que se utilice para esos fines, se debe tener en cuenta que el factor primordial para realizar la operación de la manera más cercana a su consagración legal y finalidad, es tomar en todo caso anualidades, con independencia de si en el último año existen meses que abarcan dos años distintos y sobre el cual solo se conoce el causado a 31 de diciembre del respectivo último año, que es como a mi juicio se aplicó, a propósito de la sentencia con Radicación 31222 del pasado 13 de diciembre, magistrado ponente doctor Luis Javier Osorio López.

(1) M.P. Sierra Porto, Humberto Antonio; Sentencia C-862; octubre 19 de 2006; Corte Constitucional.

(2) Ibídem.

(3) M.P. Osorio López, Luis Javier; Radicación 29470; abril 20 de 2007; Corte Suprema de Justicia.