Personas naturales declarantes por primera vez

Revista Nº 128 Mar.-Abr. 2005

John Alirio Pinzón Pinzón 

Contador y abogado tributarista 

Consejo de Estado 

La administración espera aumentar considerablemente el número de declarantes. 

Tal vez el tema que más le interesa a las personas naturales en este año del 2005, es el hecho de que la Ley 863 del 2003 bajó los topes del patrimonio bruto para el año gravable 2004. Los conceptos de la DIAN, la jurisprudencia de las altas cortes y la normatividad vigente sobre aspectos relacionados con el patrimonio, ingresos, costos y deducciones de aquellos contribuyentes, constituyen el objeto del presente escrito con el ánimo de ser tenidos en cuenta al momento de determinar la obligatoriedad o no de presentar declaración de renta y de diligenciar el formulario respectivo.

1. Requisitos para los grupos de declarantes

Las personas naturales, sean nacionales o extranjeras, que tengan la calidad de residentes conforme al artículo 10 del estatuto tributario(1) fueron agrupadas para el cumplimiento del deber formal de presentar la declaración de renta y complementarios, desde la aparición del Decreto Extraordinario 2503 de 1987 en sus artículos 2º y 3º, en dos grupos así: contribuyentes de menores ingresos y asalariados. Posteriormente, con el artículo 10 de la Ley 49 de 1990, se adicionó un tercer grupo, el de los trabajadores independientes. Hoy en día, los artículos 592, 593 y 594-1 del estatuto tributario recogen esas normas, con las modificaciones realizadas por las reformas tributarias de los últimos años.

Respecto del año gravable 2004, los requisitos para estar obligados a presentar declaración de renta dentro de los plazos previstos en el artículo 16 del Decreto 4345 del 2004, para cada uno de esos grupos, son los siguientes:

Contribuyentes de menores ingresos. (E.T., art. 592, num. 1º; D.R. 4345/2004, art. 8º, lit. a))

a) Ser responsables del impuesto a las ventas.

b) Que en el período gravable del 2004 hayan obtenido ingresos brutos superiores a $ 25.000.000.

c) Que el patrimonio bruto al 31 de diciembre del 2004 exceda de $ 80.000.000.

Asalariados. (E.T., art. 593; D.R. 4345/2004, art. 8º, lit. b))

a) Que los ingresos brutos provengan por los menos en un ochenta por ciento (80%) de pagos originados en una relación laboral o legal y reglamentaria.

b) Que sean responsables del impuesto a las ventas.

c) Que durante el año gravable del 2004, los ingresos totales hayan sido superiores a $ 60.000.000.

d) Que el patrimonio bruto al 31 de diciembre del 2004 exceda de $ 80.000.000.

Trabajadores independientes. (E.T., art. 594-1; D.R. 4345/2004, art. 8º, lit c))

a) Que los ingresos brutos se encuentren debidamente facturados por el profesional independiente y, de los mismos, un ochenta (80%) o más se originen en honorarios, comisiones y servicios.

b) Que sobre los anteriores ingresos se haya practicado retención en la fuente por el respectivo agente retenedor.

c) Que sean responsables del impuesto sobre las ventas.

d) Que durante el período gravable del 2004, los ingresos totales sean superiores a $ 60.000.000.

e) Que el patrimonio bruto al 31 de diciembre del 2004 exceda de $ 80.000.000.

Cabe destacar que previo a la presentación de la declaración de renta, tanto las personas naturales que venían declarando como las que lo hagan por primera vez, deben inscribirse en el Registro Único Tributario (RUT), dentro de los plazos previstos en el Decreto 4243 del 2004 para los primeros, y hasta el vencimiento para presentar la declaración para los segundos, según el artículo 19 del Decreto 2788 del 2004.

2. Precisiones sobre los requisitos generales

2.1. Dentro del grupo de menores ingresos se encuentran incluidas las sucesiones ilíquidas(2), es decir, la universalidad patrimonial que se origina cuando fallece una persona natural. El patrimonio bruto en cabeza del causante y los ingresos que antes y después de su muerte hubiere recibido en cabeza suya, deben ser incluidos en la declaración de renta que deban presentar en su calidad de representantes, los albaceas o los herederos con administración de bienes y, a falta de ellos, el curador de la herencia yacente (E.T., art. 572, lit. d)).

2.2. Una de las condiciones para que cualquier persona natural esté obligada a presentar declaración de renta es ser responsable del impuesto sobre las ventas. Sin embargo, desde el año 1998, la DIAN mediante conceptos(3) ha señalado que las personas naturales del régimen simplificado no están obligadas a presentar declaración de renta, siempre que cumplan las demás condiciones establecidas en la ley, posición reiterada en el Concepto Unificado 1 del 2003(4). Esto quiere decir que una persona natural inscrita en el régimen simplificado del IVA cuyos ingresos en el año 2004 fueron inferiores a $ 25.000.000 ó $ 60.000.000 según el grupo de declarantes, o si el patrimonio bruto al 31 de diciembre fue inferior a $ 80.000.000, no estará obligada a presentar declaración de renta, eso sí, siempre y cuando cumpla con los demás requisitos señalados para cada grupo. Esta situación originada en la doctrina oficial de la DIAN contraría lo dispuesto en los artículos 592, 593 y 594-1, ya que allí se dice simplemente que para no declarar renta, la persona no puede ser responsable del IVA sin distinguir su régimen. La interpretación de la DIAN no tiene asidero, ya que desde la implementación del actual régimen del IVA (D.E. 3541/83), son responsables del impuesto, tanto quienes pertenecen al régimen común como al simplificado(5).

2.3. Una advertencia para las personas del régimen simplificado que, cumpliendo todos los requisitos de los artículos 592, 593 y 594-1 del estatuto tributario, para no declarar renta, lo llegaren a hacer, es que dicha declaración “carece de valor legal de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 594-2 del estatuto tributario y, por lo tanto, su impuesto sobre la renta está constituido por el monto de las retenciones en la fuente que le hubieren practicado a título de este impuesto en el año gravable” (DIAN, Conc. IVA 1/2003).

2.4. El artículo 14 de la Ley 863 del 2003, unificó los topes de ingresos brutos y de patrimonio bruto, con los establecidos para los responsables del IVA y con los señalados en el impuesto sobre la renta, para asalariados y trabajadores independientes en $ 60.000.000 y $ 80.000.000, respectivamente. Lo que significa, que las personas naturales que superen tales cuantías, por ese solo hecho, se convierten en declarantes del impuesto sobre la renta ya que pasarían a pertenecer al régimen común que, según el criterio oficial, son los verdaderos responsables del impuesto a las ventas. Dentro de los requisitos para pertenecer al régimen simplificado estaba el previsto en el numeral 3º del citado artículo 14, en cuanto a que el establecimiento de comercio, oficina, sede o negocio no se encontrara en un centro comercial o almacén de cadena, exigencia que fue declarada inexequible por la Corte Constitucional(6).

2.5. Otra de las innovaciones de la reforma tributaria del 2003 para las personas naturales declarantes, es que desde el período gravable 2004, aquellas que durante ese año hubieren obtenido ingresos como asalariados y como trabajadores independientes, y con el fin de establecer el límite de ingresos brutos a partir del cual están obligados a presentar declaración de renta, deberán sumar los ingresos por los dos conceptos (L. 863/2003, art. 21; D.R. 4345/2004, art. 8º, par. 4º); de manera que bastará con que tal sumatoria supere los $ 60.000.000 para tener que declarar, eliminándose la condición existente hasta el 2003 de considerar la cuantía para la calidad que le hubiere generado el mayor porcentaje dentro de sus ingresos totales. Sin embargo, la actividad que le haya producido los mayores ingresos servirá para establecer el código de la actividad a incluir dentro del formulario de declaración.

2.6. En el caso de los asalariados, para el cálculo del 80% de los ingresos de la relación laboral o legal y reglamentaria, y para el tope de los $ 60.000.000 como ingresos totales obtenidos en el año 2004, no deben incluirse los correspondientes a la enajenación de activos fijos, ni los provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares (E.T., art. 593, par. 2º). Es pertinente anotar que conforme a doctrina de la DIAN(7), las herencias, legados y donaciones como ingresos susceptibles de constituir ganancia ocasional, sí deben incluirse dentro de los cómputos para determinar la obligación de presentar declaración de renta y, en caso de existir ganancia gravable, se deberá liquidar el impuesto de ganancias ocasionales en el formulario de declaración, ya que esos conceptos no están sometidos a retención.

2.7. Por ingresos brutos debe entenderse la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año gravable, lo que quiere decir, que son los ingresos antes de cualquier devolución o descuento, en el caso de los comerciantes y profesionales independientes. Para los asalariados serán los ingresos laborales nominales, esto es, aquellos que percibe el trabajador antes de los descuentos de orden legal (v. gr. para seguridad social, retención en la fuente, cooperativas, etc.).

3. Nuevos requisitos aplicables a partir del año 2004

El artículo 22 de la Ley 863 del 2003 trajo requisitos adicionales a los contemplados para las personas naturales en los artículos 592, 593 y 594-1 del estatuto tributario. Señala la norma referida que para no estar obligado a presentar declaración de renta se deben cumplir los siguientes requisitos:

a) Que los consumos mediante tarjeta de crédito durante el 2004 no excedan de $ 50.000.000.

b) Que el total de compras y consumos durante el 2004 no superen la suma de $ 50.000.000; con esto se incluye cualquier compra a crédito, con cheque o en efectivo. Las compras y consumos se refieren a las compras de bienes y servicios, que en el impuesto sobre la renta se presentan como costos de adquisición (valor patrimonial) o deducciones (gastos) según el caso.

c) Que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año 2004, no excedan de $ 80.000.000. El reglamento o la doctrina oficial deberán definir si los ingresos por enajenación de activos fijos, pago de dividendos o reembolsos de capital deben incluirse dentro de tal monto.

4. Ingresos gravados en el 100% a partir del año 2004

El artículo 1º de la Ley 863 del 2003 modificó el artículo 35-1 del estatuto tributario que había sido creado por la Ley 788 del 2002, en el sentido de someter a gravamen del 100% en el impuesto de renta, a partir del año 2004, a algunos ingresos que hasta el año 2003 eran considerados parcialmente como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Esos ingresos son: las utilidades obtenidas en procesos de democratización de sociedades por oferta pública (art. 36-4); utilidad en la venta de inmuebles que sean activos fijos a entidades públicas y/o mixtas, mediante negociación directa y por motivos definidos previamente como de interés público o de utilidad social(8) (art. 37); los ingresos por premios obtenidos en concursos de carácter científico, literario, periodístico, artístico y deportivo (art. 43); el valor de la venta de terneros nacidos y enajenados dentro del mismo año (art. 46); el total de las contribuciones que la empresa le abone al trabajador en un fondo mutuo de inversión (art. 55); los ingresos por dividendos, valorización de acciones y utilidad en la enajenación de acciones que abonen a sus asociados los fondos mutuos de inversión y de valores (art. 56).

5. Inscripción previa en el RUT

El artículo 19 de la Ley 863 del 2003 que adicionó el estatuto tributario con el artículo 555-2, estableció la obligación para todo declarante, responsable, agente retenedor y usuario aduanero de inscribirse en el Registro Único Tributario (RUT), el cual reemplaza, entre otros, al registro tributario que venía utilizando la DIAN y al registro nacional de vendedores. Conforme a los artículos 7º al 19 del Decreto 2788 del 2004, las personas naturales que, al 31 de diciembre, adquirieron la calidad de declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios por no cumplir los requisitos establecidos en el Ley 863 del 2003, tienen plazo para inscribirse a más tardar hasta la fecha de vencimiento para presentar la respectiva declaración. Entre tanto, para las personas naturales que ya venían siendo declarantes del impuesto sobre la renta y continúan con tal calidad, los plazos dependen de los últimos dos dígitos del NIT y van desde el 28 de febrero al 15 de abril del 2005 (D.R. 4243/2004, art. 1º). La sanción aplicable por la no inscripción oportuna, así como la no exhibición en lugar visible al público por los responsables del régimen simplificado, es el cierre del establecimiento.

6. Eliminación de algunas rentas exentas a partir del año gravable 2004

El artículo 5º de la Ley 863 del 2003 eliminó algunas de las rentas exentas que con la Ley 788 del 2002 habían comenzado su proceso de “marchitamiento”. Lo anterior, quiere decir, que a partir del año gravable 2004, las rentas exentas que en principio estarían no gravadas en un 50% para tal año, con la reforma del año 2003 quedaron gravadas en un 100% con el impuesto sobre la renta. Las rentas de mayor utilización que a partir del 2004 son gravadas y aplicables a las personas naturales son: la explotación de minas, gases distintos de hidrocarburos y depósitos naturales a los que se refieren los artículos 167 a 170 del estatuto tributario, una vez terminada la deducción por agotamiento (art. 216); los intereses corrientes y moratorios recibidos en la enajenación voluntaria o por expropiación de que trata la Ley 9ª de 1989 (art. 221); las utilidades de los miembros de las empresas asociativas de trabajo provenientes de sus aportes laborales y los rendimientos e ingresos por los conceptos del artículo 13 de la Ley 10 de 1991 (L. 10/91, arts. 14 y 15) y las inversiones que hagan los exportadores mineros en no menos de un 5% del valor FOB de sus exportaciones (L. 685/2001, art. 235)(9).

7. Tratamiento de los aportes y bonos pensionales

Para las personas naturales que van a declarar por primera vez en el año 2005, es pertinente recordarles el manejo tributario de los aportes pensionales en cuanto a su valor patrimonial e ingresos. Al respecto, la DIAN recientemente expresó(10): “Los aportes obligatorios de los afiliados al régimen solidario de prima media con prestación definida, así como los aportes obligatorios consignados en las cuentas de ahorro pensional dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad, al igual que sus rendimientos, no forman parte del patrimonio bruto de contribuyente y, por consiguiente, no se deben incluir como activo patrimonial dentro de la declaración de renta, ni tenerse en cuenta para efecto de liquidar la renta presuntiva, renta por comparación patrimonial, ni el impuesto al patrimonio.

Por el contrario, los aportes voluntarios depositados en las cuentas de ahorro individual de los afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad, al igual que sus rendimientos, hacen parte del patrimonio bruto del contribuyente, deben ser incluidos como activo patrimonial dentro de la declaración de renta y se tendrán en cuenta para efectos de liquidar la renta presuntiva, la renta por comparación patrimonial y el impuesto al patrimonio.

Finalmente, los bonos pensionales y sus rendimientos, de que tratan el literal h) del artículo 60 y el artículo 115 de la Ley 100 de 1993, son aportes destinados a contribuir a la conformación del capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados al sistema general de pensiones y solo se hacen efectivos a partir de la fecha en que se cumplan las edades para acceso a la pensión dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad. Bajo estas características se constituye que igualmente son recursos de naturaleza parafiscal, respecto de los cuales el titular no tiene libre disposición, salvo para efectos de pensión y por lo tanto, tampoco forman parte del patrimonio bruto de contribuyente y no deben incluirse como un activo patrimonial dentro de la declaración de renta, ni tenerse en cuenta para efecto de liquidar la renta presuntiva, ni el impuesto al patrimonio”. Rectificando su anterior criterio doctrinal, por la naturaleza parafiscal de los aportes obligatorios para pensión y la ausencia de la facultad dispositiva del afiliado, esta posición oficial es concordante con lo expuesto en las recientes Jornadas Colombianas de Derecho Tributario.

8. Costo fiscal de los inmuebles con base en el autoavalúo

Para aquellas personas naturales que durante el año 2004 hubieren enajenado inmuebles que constituían activos fijos, y con el fin de determinar el valor de la renta o ganancia ocasional, es pertinente comentar la interpretación jurisprudencial que efectuó el Consejo de Estado(11) sobre el artículo 72 del estatuto tributario y el numeral 2º del artículo 7º del Decreto Reglamentario 326 de 1995. Es importante advertir que el contribuyente tiene tres (3) opciones para determinar el costo fiscal de los predios que sean activos fijos y se enajenen durante el año gravable, las cuales están previstas en los artículos 69, 72 y 73 del estatuto tributario, tal como lo reafirma el artículo 71 ibídem.

El artículo 72, por su parte, prevé que para esos fines el autoavalúo o avalúo aceptable será el que aparezca en la declaración del impuesto predial unificado y/o en la declaración de renta, según el caso del año anterior al de la enajenación. El honorable Consejo de Estado señaló que tal norma permite tomar como costo fiscal el valor que aparezca en cualquiera de las declaraciones (renta o predial) o en ambas cuando estas coinciden, lo que significa que el costo fiscal en el año anterior a la enajenación (2003 para las ventas efectuadas en el 2004) puede ser “el del autoavalúo o avalúo catastral que figure en la declaración del impuesto predial sin que ese valor necesariamente figure como valor patrimonial en la declaración de renta, toda vez que para estos efectos pudo valorarse el bien acudiendo a otros sistemas aceptados por las normas tributarias”.

9. Deducción por impuestos pagados en el año 2004

Otra novedad para las personas que deban ser declarantes del impuesto sobre la renta por el año 2004, es que solamente es deducible el 80% de los impuestos de industria y comercio y predial que efectivamente se hayan pagado durante dicho año, siempre que tengan relación de causalidad con la renta del contribuyente (E.T., art. 115). Lo que quiere decir, que a partir del año 2004 ya no son deducibles los impuestos de vehículos, registro y anotación, y timbre.

Un comentario especial merece el caso de las personas naturales que pertenecen al régimen simplificado del impuesto de industria y comercio, en los municipios y distritos que como en Bogotá tienen establecido el sistema de retención en la fuente. Considerando que el ICA en Bogotá tiene el mismo tratamiento del IVA, para los responsables del régimen simplificado (ver requisitos L. 863/2003, art. 14), la retención que se les practica se convierte en su impuesto definitivo ya sea que estén o no obligados a presentar declaración (D. Distrital 807/93, art. 37), entonces dicha suma podrá convertirse en impuesto deducible en el impuesto sobre la renta, eso sí, cuando la persona exceda los montos de ingresos y patrimonio que señalan los artículos pertinentes del estatuto tributario. Como lo deducible es lo pagado efectivamente entonces para los responsables del régimen común del ICA, ese valor corresponderá al último bimestre del año anterior al gravable y a los 5 bimestres del 2004.

10. Deducción por depreciación para personas no obligadas a llevar contabilidad

Un aspecto para el cual los conceptos de la DIAN han sido desafortunados, es el referente a la deducción por depreciación para las personas que, como los asalariados y trabajadores independientes, no están obligados a llevar libros de contabilidad. La DIAN ha enfatizado(12) que dicha deducción no es procedente, entre otras cosas, porque el artículo 141 del estatuto tributario señala que las cuotas de depreciación deben registrarse en los libros de contabilidad del contribuyente en la forma que indica el reglamento. No compartimos el criterio oficial, al decir que el valor de la cuota anual de depreciación solo depende de lo mostrado por los libros de contabilidad, como si el desgaste, deterioro normal o la obsolescencia (E.T., art. 128) de un activo fijo dependiera de un registro contable. Esto significa que los asalariados y trabajadores independientes y, en general, quienes no sean comerciantes, están impedidos de utilizar el beneficio tributario previsto en los artículos 127 y siguientes del estatuto tributario por el solo hecho de no estar obligados por las normas mercantiles y contables a llevar contabilidad. Esa interpretación forzaría a esas personas naturales a llevar contabilidad tal como lo permite el artículo 2º del Decreto 2649 de 1993. Para quienes deseen solicitar como deducción la depreciación de sus activos fijos sin llevar contabilidad, tienen el respaldo de la jurisprudencia del Consejo de Estado que expresamente la ha aceptado(13).

11. Deducción por pagos de salud y educación

Uno de los conceptos que mayor revuelo causó durante el año 2004, fue el relacionado con la deducibilidad restringida para las personas naturales declarantes de los pagos que por salud y educación efectúen durante el año gravable(14), siempre que estos no superen el 15% de los ingresos gravados provenientes de la relación laboral, legal o reglamentaria. Lo novedoso es que hasta antes de dicho concepto, la DIAN solamente permitía que los asalariados declarantes dedujeran el valor de los intereses por préstamos de vivienda (E.T., art. 119) desconociendo que el artículo 387 que trata de la disminución de la base de retención por ingresos laborales, no hacía tal distinción, luego, siendo la retención un anticipo del impuesto, era lógico que la DIAN reconsiderara su posición y aceptara deducir lo pagado por salud prepagada y educación del trabajador, su cónyuge y hasta dos hijos, tanto en la base mensual de retención como en la declaración de renta.

Lo anterior solo es aplicable a los asalariados declarantes por el año 2004, que en el año 2003 hayan tenido unos ingresos laborales inferiores a $ 83.021.000 (E.T., art. 387, inc. 3º y D.R. 3803/2003, art. 3º).

12. Renta presuntiva en declarantes por primera vez

Los contribuyentes deben calcular renta presuntiva aunque sea la primera vez que declaran, siempre que al 31 de diciembre del 2003 hayan poseído un patrimonio líquido, y así por ese año gravable no hubieren tenido la calidad de declarantes(15). De esta forma, los declarantes por primera vez deberán calcular un seis por ciento (6%) sobre el patrimonio líquido. Para determinar el patrimonio bruto y, por consiguiente, el líquido, el contribuyente deberá aplicar lo dispuesto en los artículos 261 y siguientes del estatuto tributario, que indican que para su cálculo se deben excluir de la base los primeros $ 233.832.000 del valor de la vivienda de habitación del contribuyente.

13. Comparación patrimonial para los declarantes por primera vez

Finalmente, merece una atención especial las consideraciones jurisprudenciales contenidas en la Sentencia C-374 del 2004(16) al estudiar una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 238 del estatuto tributario, que establece que si en la declaración de renta por primera vez el patrimonio líquido resulta superior a la renta gravable ajustada, como se indica en el artículo 237 del estatuto tributario, ese mayor valor patrimonial se agrega a la renta gravable determinada por el sistema ordinario. Sobre la imposibilidad de comparar el patrimonio líquido del último año con el del año inmediatamente anterior, para que una vez establecida esa diferencia patrimonial se compare con la renta gravable ajustada, la Corte dijo que tal reproche no era atendible puesto que el legislador no podía establecer tal comparación con la declaración anterior “por la sencilla razón de que no existe”, y en cuanto a que el mismo artículo no contempla la posibilidad de que los declarantes por primera vez justifiquen la diferencia patrimonial, el alto tribunal dijo que el artículo 238 del estatuto tributario no le está negando al nuevo declarante que acuda a las distintas posibilidades de justificación del aumento patrimonial que se permiten para los antiguos declarantes a que se refiere el artículo 236 del estatuto tributario, que, antes por el contrario, añade dos nuevos, para el cónyuge o hijo de familia, la inclusión de los bienes en la declaración de renta del otro cónyuge o de los padres, según el caso, en el año inmediatamente anterior. Así pues, ante la declaratoria de exequibilidad del artículo 238 del estatuto tributario, se impone que la persona natural declarante por primera vez, en caso de tener un patrimonio líquido superior a la renta gravable ajustada del año 2004, situación muy posible dado el patrimonio que acumuló durante los años en que no estuvo obligado a declarar, podrá utilizar todas las justificaciones existentes, planteadas por la doctrina oficial y particular(17), así como las dos comentadas del mismo artículo 238 del estatuto tributario, las cuales “deben ser probadas por el contribuyente.

(1) Estatuto tributario, artículo 10.

(2) “Sujetos tributarios pasivos sin personería jurídica” en las Memorias de las XXVI Jornadas Colombianas de Derecho Tributario, año 2002, pp. 74-92.

(3) DIAN, Concepto 39683 de junio 2 de 1998.

(4) DIAN, Concepto Unificado del IVA 1 de junio 19 del 2003, título IX, capítulo II, numeral 4.5.

(5) Los conceptos anteriores se encuentran demandados ante la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Expediente 14.896, ponente Héctor J. Romero Díaz.

(6) Sentencia C-1114 del 8 de noviembre del 2004, Expediente D-5131, ponente Álvaro Tafur Galvis, actores: Tulia E. Hernández y Francisco Pineda Ruiz.

(7) DIAN, Concepto 30276 de abril 30 de 1998.

(8) Sentencia C-1074 del 4 de diciembre del 2002, Expediente D-4062, ponente Manuel José Cepeda Espinosa, actor: Ómar Édgar Borja Soto.

(9) Sentencia C-910 del 21 de septiembre del 2004, Expediente D-5074, ponente Rodrigo Escobar Gil, actor: Humberto de Jesús Longas Londoño.

(10). DIAN, Concepto 8755 de febrero 17 del 2005.

(11) Consejo de Estado, Sección Cuarta, Expediente 13.551, sentencia del 18 de marzo del 2004, ponente Ligia López Díaz. Se anuló el numeral 2º del artículo 7º del Decreto 326 del 22 de febrero de 1995.

(12) DIAN, conceptos 42888 del 26 de noviembre de 1999 y 16805 de marzo 2 del 2001.

(13) Consejo de Estado, Sección Cuarta, Expediente 12.316, sentencia del 8 de marzo del 2002, ponente Juan Ángel Palacio Hincapié.

(14) DIAN, Concepto 22690 del 19 de abril del 2004.

(15) DIAN, Concepto 28005 del 6 de mayo del 2004.

(16) Corte Constitucional, Sentencia C-374 del 27 de abril del 2004, Expediente D-4970, ponente Alfredo Beltrán Sierra.

(17) Circular General de la DIAN 1 de julio 28 de 1982 y los artículos “Comparación patrimonial”, Revista Impuestos Nº 56, pp. 24-32 y “Demostración de la comparación patrimonial”, en la Revista Impuestos Nº 82, pp. 17-24.