Plazo para determinar la caducidad de las acciones contra el librador del cheque. Máxima cambiaria: nueva jurisprudencia

Revista Nº 2 Ene.-Mar. 2004

Por Bernardo Paul 

Biografía

Abogado de la Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela), especialista en asuntos jurídicos financieros. Fue Presidente de la Comisión Nacional de Valores de Venezuela y del Instituto Interamericano de Mercados de Capital. Ha desempeñado cargos directivos y ejecutivos en empresas financieras y publicitarias. Actualmente es Director Principal de la Bolsa de Productos e Insumos Agropecuarios de Venezuela. Ha sido conferencista invitado en Ohio State University (Estados Unidos) y en eventos internacionales de la Asociación Latinoamericana de Instituciones de Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica y en las Conferencias Interamericanas de Comisiones de Valores.

Sumario

La jurisprudencia venezolana estableció un nuevo criterio con respecto al plazo para la presentación al cobro y el protesto por falta de pago, como precondición para el ejercicio de la acción de regreso del tenedor de un cheque contra su librador. Los tenedores dispondrán de seis meses a partir de la fecha de su emisión para presentarlos al librado y en ese mismo lapso deberán levantar el protesto para preservar la acción cambiaria y penal contra el librador.

Abstract Caducity term for collection action for checks

Venezuelan jurisprudence established a new yardstick with regard to the reasonable term for presentment to pay a check and, in case of default, for raising a certified protest, as a prerequisite for the holder to bring collection action against the issuer. Now check holders have six months from the date of their drawing to present them for payment to the bank. The same term will apply to raise a certified protest, as a means to preserve the collection and criminal actions against the issuer.

Cheque

Librador

Caducidad

Letra de cambio

Acción cambiaria

Protesto

Máxima cambiaria

Título valor

La sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela comentada fue proferida el 30 de septiembre de 2003 y casó el fallo de un Juzgado Superior, sentando nuevo criterio con respecto al plazo para la presentación al cobro y elprotesto por falta de pago, como precondición para el ejercicio de la acción de regreso del tenedor de un cheque contra su librador.

1. Antecedentes* 

En Venezuela la normativa sobre el cheque fue adoptada en el Código de Comercio de 1904 y el legislador de ese entonces, con pequeñas modificaciones, calcó las disposiciones del código italiano de 1882, que regulaba por primera vez esta institución, inspirado en la doctrina germánica. Este régimen está actualmente vigente, salvo por el artículo 494 introducido en la reforma de 1955.

Por lo tanto, el régimen legal venezolano del cheque data de un siglo y es totalmente anticuado. Apenas se rige por los artículos 489 al 494 del Código de Comercio vigente, ambos inclusive, con una amplia remisión a las disposiciones relativas a la letra de cambio. El artículo 491 del estatuto mencionado establece la aplicabilidad al cheque de las figuras del endoso, el aval, las firmas de personas incapaces, las firmas falsas o falsificadas, el vencimiento, el pago, el protesto, las acciones contra el librador y endosante y las letras de cambio extraviadas. Esto ha originado dificultades interpretativas e inconvenientes en la práctica.

En el caso sub judice, el Tribunal Superior declaró establecida la caducidad de la acción cambiaria, de conformidad con lo previsto en los artículos 492 y 493 del Código de Comercio, y abordó aspectos atinentes a la relación causal entre el tenedor y el librador.

Sostuvo la alzada: “En razón de una justicia transparente e idónea esta juzgadora debe tener como causa no imputable a la demandada la suspensión del pago ante la evidencia del cobro doble, por un servicio prestado. Así las cosas debe concluirse con base a (sic) lo alegado y a lo probado, que la falta de disposición de fondos está (sic) estrechamente vinculada con la falta de presentación oportuna al pago y con la demostrada intención de cobrar doble, por tanto no es imputable a la demandada, quedando en consecuencia, establecida la caducidad de la acción cambiaria, de conformidad con lo previsto en los artículos 492 y 493 del Código de Comercio”.

2. Aspectos normativos

2.1. Plazos para la presentación del cheque al cobro

El poseedor del cheque debe presentarlo al librado —el banco— dentro de los ocho días siguientes a los de la fecha de la emisión, si el cheque es pagadero en el mismo lugar en que fue girado. Se deberá presentar dentro de los 15 días siguientes si es pagadero en un lugar distinto. El día de la emisión del cheque no está comprendido en estos términos (C. Co., art. 492).

El poseedor de un cheque que no lo presenta en los términos señalados y que no exige el pago en su vencimiento pierde su acción contra los endosantes. Así mismo, pierde su acción contra el librador si después de transcurridos los términos antedichos la cantidad del giro ha dejado de ser disponible por hecho del librado (C. Co., art. 493).

Nótese que esta hipótesis de caducidad se refiere fundamentalmente a los endosantes y solo al librador en caso de que por hecho imputable al banco librado no estén disponibles los fondos, como pudiese ser la eventualidad de la intervención administrativa del banco por insolvencia. Si esta condición no se da, surge la duda de cuál sería la norma rectora y cuándo caducarían las acciones del tenedor contra el librador.

El artículo 491 citado declara aplicables al cheque las normas sobre vencimiento, protesto y acciones contra el librador y el endosante de la letra de cambio. Al cheque girado a la vista se le aplica el artículo 442, que se refiere a la presentación al cobro de la letra de cambio a la vista, y que a su vez remite al artículo 431, el cual establece que la presentación para la aceptación de las letras a término vista es de seis meses.

El verdadero incordio se ha presentado con respecto al plazo para levantar el protesto por falta de pago, para ejercer la acción de regreso contra el librador. Ha sido jurisprudencia pacífica y uniforme, así como la opinión mayoritaria de la doctrina venezolana, exigir el protesto levantado en tiempo útil, como uno de los requisitos de procedencia del ejercicio de las acciones derivadas del cheque. Se había aplicado el criterio de que el protesto debe ser levantado dentro del plazo útil para la presentación al cobro según el citado artículo 492, cuando se trata de las acciones contra los endosantes. Todos los que hayan endosado un cheque están obligados a la garantía solidaria a favor del portador (C. Co., art. 455).

En cambio, para la acción de regreso contra el librador del cheque, el criterio era el de aplicar el plazo del protesto por falta de pago establecido en el artículo 452, el cual indica que debe ser sacado, bien el día en que la letra se debe pagar, bien en uno de los dos días laborables siguientes. Como lo sostiene Juan V. Vadell G.: “... de tal manera que el día de la presentación al pago, que marca el vencimiento del cheque, y los dos días laborables inmediatos que le sigan, son los días útiles para protestarlo. Cuando el cheque se presenta a la cámara de compensación el día que es presentado a la cámara es el día del vencimiento y de allí en adelante corren los dos días laborables siguientes ya indicados. Evidentemente que en la práctica la mayoría de las acciones derivadas del cheque se pierden por no levantar el protesto dentro de ese lapso”(1).

Sin embargo, un sector minoritario de la doctrina nacional en materia mercantil sostiene que no es necesario el protesto como requisito de la acción del tenedor contra el librador. En este sentido se ha pronunciado Rafael Gamus: “En efecto, a diferencia de lo que ocurre con los demás garantes —respecto de los cuales no hay duda de la necesidad del protesto previo a la acción de regreso— el Código de Comercio parece no exigir el levantamiento del protesto para el ejercicio de la acción del tenedor contra el librador”(2).

Así mismo, se ha sostenido que no se requiere levantar el protesto del cheque no pagado por carencia de fondos para denunciar penalmente al agente. Para probar la perpetración —en su aspecto objetivo— de los delitos consagrados en el encabezamiento del artículo 494 del Código de Comercio, es suficiente que el librado cumpla con el deber que le impone la parte final del mismo artículo. Esto quiere decir que debe expresar, a requerimiento del presentante, al dorso del cheque o en hoja adjunta la razón por la cual no hace el pago —falta de fondo, en las hipótesis analizadas—.

En la práctica, ante la injustificable e inadmisible inobservancia por parte de los bancos de la obligación legal antedicha, la parte interesada se ve en la necesidad de sacar el protesto para poder ejercer, con éxito, la acción penal(3).

2.2. La caducidad

A diferencia de lo que ocurre con la prescripción, la caducidad no encuentra en el ordenamiento jurídico venezolano ninguna norma general que la consagre y regule(4).

El doctor José Luis Aguilar Gorrondona define la caducidad como “la extinción del derecho a ejercer una acción o de realizar otro acto en razón de que ha vencido sin ejercerse aquella o realizarse este, un lapso que por disposición de una ley o disposición de las partes, constituye el único período donde deba hacerse una u otra cosa”(5).

“No existe una separación que pueda denominarse radical y verdaderamente diferenciada entre la prescripción extintiva y la caducidad; esta separación fue desconocida por la doctrina más antigua”(6). Quizás una de las diferencias fundamentales es que la caducidad no puede ser interrumpida. De allí las gravísimas consecuencias que trae el que se adopte un criterio u otro para computar el tiempo respectivo.

El lapso para levantar el protesto por falta de pago de una letra de cambio —cheque— es de caducidad y, según Garrigues, el perjuicio de la letra no puede ser alegado de oficio por el juez, porque se establece por la ley en interés del deudor y no en interés público(7).

En Venezuela, la doctrina mayoritaria sostiene que la caducidad es de orden público y en consecuencia:

a) Puede oponerse en cualquier estado del juicio.

b) Puede ser suplida de oficio por el juez.

c) Los términos de caducidad no pueden ser modificados por convenios particulares ni esta puede ser renunciada.

2.3. El protesto

Es un acto mediante el cual se deja constancia auténtica de la falta de aceptación o pago de una letra de cambio.

El protesto es una prueba escrita que debe ser autorizada por un notario público, quien levantará un acta al banco donde hará constar que el cheque no fue pagado y los motivos para ello.

En este acto se exhíbe el cheque al librado —el banco— solicitándole el pago y en su defecto protesta por su actitud. El protesto es la declaración del notario, una vez que solicita el pago del cheque, de que el título no se paga por circunstancias que en ese momento expone el banco librado.

Al leer bibliografía relativa al cheque el lector encontrará que generalmente no se toca el punto referente al protesto. Esto por cuanto en la mayoría de las legislaciones modernas y en la Ley uniforme de Ginebra se ha declarado que esta figura no es necesaria(8).

2.4. La relación causal

En la sentencia comentada también se decide acerca de la relación causal, que es aquella relación subyacente con cuya ocasión se entregó el cheque como medio de pago, por una causa determinada. Esta relación entre las partes está regulada por normas ajenas a la relación cambiaria y de ella surgen acciones para ambas.

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 121 del Código de Comercio, la recepción por parte del acreedor de documentos negociables en la ejecución de un contrato o de un pacto accesorio al acuerdo del que proceda la deuda no produce novación. Pero si los documentos no son a la orden sino al portador este fenómeno se producirá si el acreedor, al momento de recibirlos, no hiciera formal reserva de sus derechos para el caso de no ser pagados.

La acción causal no es cambiaria. Es una acción común regulada por el derecho común.

La emisión del cheque no produce ordinariamente ninguna modificación en el crédito fundamental, que subsiste en estado de temporal inacción. Si el cheque se paga extingue el crédito fundamental en el mismo acto. Si no, falta la condición con la cual había sido aceptado por el tomador; el crédito fundamental recobra su eficacia(9).

La efectividad de este título valor como medio de extinguir obligaciones está subordinada a su pago real por el librado. El deudor carece del derecho a imponer a su acreedor la recepción del pago liberatorio. El cheque se recibe pro solvendo, o salvo buen fin, y no pro soluto.

2.5. Protección penal del cheque

Como lo reconoce la exposición de motivos del Código de Comercio, todos lo delitos atinentes al cheque deberían estar tipificados en el Código Penal. Sin embargo, por causas puramente circunstanciales, a partir de la reforma de 1955, el estatuto mercantil prevé los delitos especiales relativos a este título en su artículo 494. El Código de Comercio es una ley penal especial en sentido impropio(10).

El encabezamiento del artículo 494 del Código de Comercio establece: “El que emita un cheque sin provisión de fondos y no proveyere al librado de los fondos necesarios antes de la presentación del cheque o que, después de emitido este, frustrare su pago, será penado, por denuncia de parte interesada, con prisión de 1 a 12 meses, siempre que no concurran las circunstancias previstas en el Código Penal para el delito de estafa”.

La Conferencia de Ginebra hace una innovación relativa al cheque en materia penal. Una cláusula del proyecto establecía lo siguiente: “El que por dolo o negligencia librase con perjuicio ajeno, un cheque sin provisión, será penado con arreglo a las disposiciones relativas a esta materia. También será castigado el librador que sin justo motivo revocase un cheque e impidiere su pago de otra manera”.

3. Derecho comparado

El problema que nos atañe fue resuelto legislativamente en otros países. Así, el artículo 38 del Decreto 4776 de 1963 argentino disponía: “La constancia consignada por el banco surtirá los efectos del protesto. Con ella quedará expedita la acción ejecutiva que el portador puede iniciar contra el librador y los endosantes...”.

En España, la Ley cambiaria y del cheque —Ley 19 de 1985— que adaptó el ordenamiento sobre la letra de cambio, el cheque y el pagaré a la legislación uniforme de Ginebra dispone, en su artículo 146, que la falta de pago se podrá acreditar por alguno de los medios siguientes:

a) Protesto notarial.

b) Por una declaración del librado fechada y escrita en el cheque.

c) Por una declaración fechada por una cámara de compensación en la que conste que el cheque ha sido presentado en tiempo hábil y no ha sido pagado.

Un anteproyecto venezolano de ley general de títulos valores, presentado por el ejecutivo al entonces Congreso de la República en 1984, contiene una norma similar a la ley española, siguiendo fundamentalmente el modelo de la Ley uniforme de Ginebra sobre el cheque de 1931. Dicho proyecto no llegó a ser aprobado por las cámaras legislativas(11).

Los convenios de Ginebra surgieron por la importancia de este título valor en el comercio nacional e internacional. La difusión que el mismo había adquirido hizo necesario buscar unificaciones legislativas en la materia, lo cual se hizo bajo el mandato de la Sociedad de Naciones. Así, con la asistencia de 30 Estados en la Conferencia Mundial del Cheque, se firmaron varios convenios, entre ellos la ley uniforme. Hasta el momento Venezuela no ha suscrito ninguno de los acuerdos internacionales tendientes a buscar la unificación en lo referente a la legislación en esta materia.

En Colombia, Luis Lopera Salazar sostiene que ordinariamente, aun en el caso de una presentación tardía o de presentación oportuna pero adversa y de cuyo resultado negativo no haya quedado constancia formalizada en el debido protesto, puede el tenedor promover el ejercicio de la acción cambiaria, con base en el primer inciso del artículo 729 del Código de Comercio. Dice el autor: “la acción cambiaria contra el librador y sus avalistas caduca por no haber sido presentado y protestado el cheque en tiempo, si durante todo el plazo de presentación el librador tuvo fondos sufucientes en poder del librado y, por causa no imputable al librador, el cheque dejó de pagarse”(12).

En el proyecto de ley uniforme de títulos valores para América Latina, elaborado para el Instituto para la Integración de América Latina (Intal), por el distinguido profesor mexicano Raúl Cervantes Ahumada, el artículo 120 dice: “La acción cambiaria contra el librador y sus avalistas caduca por no haber sido presentado y protestado el cheque en tiempo, si durante el plazo de presentación el librador tuvo fondos suficientes en poder del librado, y por causa no imputable al librador, el cheque dejó de pagarse.

La acción cambiaria contra los demás signatarios caduca por la simple falta de presentación o protesto”(13).

En Colombia se adoptó el proyecto del Intal en la Reforma de 1971.

4. Aspectos prácticos

La ausencia de una clara legislación ha generado espinosos problemas interpretativos y jurisprudenciales en esta materia.

La falta de seguridad jurídica que rodeaba al cheque como medio de pago, derivada de las dificultades opuestas en la práctica para asegurar el ejercicio de acciones cambiarias y penales efectivas en el evento de falta de pago, así como los riesgos de fraude, causaron una pérdida de credibilidad en el cheque como mecanismo para extinguir obligaciones y era usual observar avisos destacados en los establecimientos comerciales que decían: “no se aceptan cheques”.

Como se señala en el comentario al artículo 489 en el Código de Comercio Eruditos Prácticos Legis(14), los bancos e institutos de crédito idearon un medio que rescataría la confianza del título a través del sistema de conformación mediante el uso de tecnología y medios de comunicación que le permitieran al beneficiario tener la certeza o garantía que su pago se efectuaría.

5. La anterior jurisprudencia de la extinta Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia

En la sentencia de la Sala dictada el 30 de abril de 1987 se sostuvo que el efecto de la caducidad también se hace presente, en cuanto a los derechos del portador, cuando el pago no es exigido en el lapso de seis meses desde su fecha, siendo aplicables las reglas del derecho cambiario sobre caducidad de letras de cambio a la vista. Por eso, la falta de pago del cheque por el librado debe hacerse constar por medio del levantamiento del protesto y efectuarse el día en que el cheque se ha de pagar o en uno de los dos días laborables siguientes (C. Co., arts. 491 y 452). Con ello se evita la caducidad de las acciones contra el librador, así como también contra los endosantes (C. Co., art. 493), preservando el ejercicio de las acciones penales contra el librador.

Esta Corte ha establecido que el protesto es la única prueba idónea para demostrar la falta de pago del cheque (1977).

6. La nueva interpretación

Maria Auxiliadora Pisani Ricci(15), en sus notas de reactualización al Curso de derecho mercantil de Roberto Goldschmidt, adelantó una novísima interpretación con respecto a los plazos para levantar el protesto del cheque impagado e invocó la máxima cambiaria que extrajo del articulado rector de la letra de cambio.

Dice la autora: “Con apoyo en el artículo 491, que dispone aplicar al cheque buena parte de esa normativa, nos permitimos afirmar que el plazo para levantar el protesto es el mismo que rige la presentación al cobro respectiva”. Sostiene además que tal como está concebida la norma (art. 442) resulta obligante la interpretación de que lo querido por el legislador es aplicar al caso el régimen del protesto por falta de aceptación —según la máxima cambiaria— a la vez de obviar la utilización del protesto por falta de pago, inaplicable al caso por densas razones jurídicas. Esta solución resultaría forzosa —por el contrario— de no adoptarse tal redacción.

El artículo 442 remite al 431, el cual dispone que las letras de cambio a un plazo vista deben ser presentadas a la aceptación dentro de los seis meses siguientes desde su fecha, lapso que por remisión expresa se aplica para los cheques a la vista. El argumento adelantado por la autora es que en el caso de las acciones contra los endosantes ha quedado establecido por la Corte que dentro del lapso de presentación al pago de ocho días debe igualmente levantarse el protesto. A esto se le denomina máxima cambiaria.

Igual criterio debe prevalecer con respecto a la acción contra el librador. Aplicando la máxima, el protesto debía ser levantado dentro de los seis meses indicados y no como se había venido sosteniendo, es decir, dentro del lapso establecido para el protesto por falta de pago en el día en que la letra se ha de pagar o en uno de los dos días laborables siguientes. Tácitamente se recurría a la máxima cambiaria —extraída de los propios dispositivos reguladores del protesto—, según la cual los plazos de presentación sirven igualmente para la formulación del protesto en caso de rechazo.

De manera similar se había pronunciado Hugo Mármol Marquís quien estimó que el protesto debe levantarse dentro del lapso hábil dentro del cual puede exigirse el cobro del cheque. Al respecto argumentó que en Ginebra se había aclarado el sentido del artículo 452 y que no resultaba aplicable literalmente en el caso del cheque, indicándose que en caso de letras a la vista, el protesto por falta de pago se debía levantar durante el mismo lapso previsto para el protesto por falta de aceptación(16).

7. La decisión adoptada por la Sala

Con respecto a la relación causal la Sala dijo: “cuando se ejerce la acción cambiaria el cheque es el documento fundamental de la acción y en el libelo no hay que indicar el origen del cheque, toda vez que la acción surge del mismo instrumento; en cambio cuando se ejerce la acción causal, en el libelo de la demanda el actor alegará la relación que tiene con el deudor, surgida con el motivo de la negociación fundamental, y el cheque servirá como medio de prueba para demostrar que el deudor no pagó o no cumplió con su obligación, pero nunca como instrumento fundamental de la demanda”.

Por tanto, el tenedor del cheque acreedor podría optar por ejercer o bien la acción cambiaria, o bien la acción causal.

Con relación al lapso para el protesto, la Corte decidió: “dada la naturaleza del cheque como típico instrumento de pago y dada su extendida circulación dentro de las operaciones mercantiles, el tenedor o poseedor legítimo del mismo, a fin de salvaguardar los derechos que emanan del propio instrumento cambiario contra el librador y de evitar la caducidad de las acciones legales que tiene contra este, se vería obligado a presentarlo al cobro por taquilla, pues si lo deposita en alguna cuenta, el trámite del cobro de dicho título valor a través de la cámara de compensación bancaria, que equivale a su presentación al cobro (C. Co., art. 446), impediría el levantamiento oportuno del protesto, pues de no contar el librador con fondos disponibles, el tenedor del cheque no podría practicar su protesto dentro del breve lapso previsto para el protesto por falta de pago —el mismo día de su presentación al cobro o dentro de los días laborables siguientes— porque cuando la institución financiera pone en posesión del cheque no pagado a su beneficiario o último endosante, dicho lapso ha transcurrido y, por vía de consecuencia la acción ya ha caducado.

Lo antes expuesto, aunado a las razones planteadas en la doctrina transcrita y compartidas por la Sala, hacen evidente la necesidad de modificar el criterio que aplica el protesto por falta de pago para determinar la caducidad de las acciones contra el librador, que impide en la práctica la realización del levantamiento oportuno del referido protesto con el fin de evitar la caducidad de las acciones legales que tiene el portador legítimo del cheque contra el librador.

En consecuencia, con el fin de garantizar al tenedor o poseedor legítimo de un cheque las acciones legales que el mismo le confiere contra el librador, la Sala modifica el criterio que ha venido sosteniendo y declara que, a partir de la publicación del presente fallo, el protesto que se debe aplicar para determinar la caducidad de las acciones contra el girador o librador es el protesto por falta de aceptación previsto en el artículo 452 del Código de Comercio, es decir, dentro del plazo de seis meses para su presentación al cobro, por remisión del artículo 491 ejusdem. De ese modo la acción contra el librador caduca si el cheque no ha sido presentado y protestado dentro del referido plazo de seis (6) meses”.

7.1. Efectos de la sentencia

Con base en este fallo, los tenedores de cheques en Venezuela dispondrán del lapso de seis meses a partir de la fecha de su emisión para presentarlos para su pago al librado y dentro de ese mismo plazo, si fuera el caso, deberán levantar el protesto por falta de pago para preservar la acción cambiaria contra el librador.

Este cambio de jurisprudencia se justifica para reforzar la eficacia del cheque como medio de pago en este país. Su efecto se verá primordialmente en las transacciones entre particulares que no tengan acceso a los sistemas de conformación previa bancaria. Es usual que en el comercio actualmente solo se acepten cheques conformables.

Las reglas del precedente, en un país que aplica el sistema del derecho civil como lo es Venezuela, no obligan a los tribunales para casos semejantes que puedan ocurrir en el futuro. Por ello no se puede descartar, como ha ocurrido en el pasado, que la Sala misma cambie su jurisprudencia. Por lo tanto, se mantiene la necesidad de una reforma legislativa que establezca de manera directa, no mediante una cadena de remisiones, el régimen de las caducidades de las acciones derivadas del cheque, así como otros aspectos relacionados con la materia que requieren soluciones precisas.

Este plazo de caducidad adecuado es oportuno también por sus consecuencias en materia penal.

8. Comentario final

La Sala abandona una jurisprudencia basada en una interpretación literal y exegética del artículo 452 del Código de Comercio, según el cual el protesto por falta de pago puede ser sacado bien el día en que el título se debe pagar, bien en uno de los días laborables siguientes. Esta norma, cuya aplicación es ordenada por el artículo 491 ejusdem a favor de una interpretación utilitaria que legisla sobre el caso concreto flexibiliza la rigidez de la misma.

En nuestra opinión, ello se aparta de lo que denominó el maestro Francesco Messineo “la fidelidad al método tradicional de estudio del derecho, esto es el obsequio frente a la norma jurídica, tal como nos ha sido especialmente formulada por el texto de la ley”. Sentenciaba el maestro: “el jurista tiene el deber de moverse en el ámbito de la norma”(17).

Como reza el aforismo latino dura lex sed lex.

* NOTA: La normativa mencionada por el autor en este artículo corresponde a la legislación venezolana.

(1) Vadell, J.V. La pérdida de las acciones derivadas del cheque. Vadell Hermanos Editores, Valencia: 1987.

(2) Gamus, R. La vigencia temporal del cheque. En: Jornadas de Derecho Mercantil, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas: 1978.

(3) Grisanti Aveledo, H. Manual de derecho penal. Décima Cuarta Edición, Vadell Hermanos Editores, Valencia: 2003.

(4) Gamus, ob. cit.

(5) Cfr. Prescripción y caducidad. En: Revista Doctrina de la Procuraduría General de la República, Caracas: 1972, p. 37.

(6) Enciclopedia Jurídica Omeba, T. II, p. 482.

(7) Garrigues, J. Tratado de derecho mercantil. T. II, Revista de Derecho Mercantil, Madrid: 1955, p. 575.

(8) Regnault, B. El cheque en la legislación venezolana. Ediciones Magón, Caracas: 1979, p. 159.

(9) Vivante, C.

(10) Grisanti Aveledo, H., op. cit.

(11) El articulado de este proyecto y su exposición de motivos aparecen reproducidos en: Morles Hernández, A. Curso de derecho mercantil. Tomo III: Los títulos valores, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas: 2002.

(12) Lopera Salazar, L. Comentarios a los títulos valores. Librería Jurídicas Wilches, Bogotá: 1983.

(13) Cervantes Ahumada, R. Proyecto de ley uniforme de títulos valores para América Latina. Instituto para la Integración de América Latina-B.I.D., Buenos Aires: 1967.

(14) Eruditos Prácticos Legis. Código de Comercio 2003-2004. Legis Editores S.A., Caracas.

(15) Pisani, M.A. Curso de derecho mercantil (Goldschmidt). Universidad Católica Andrés Bello, Caracas: 2001.

(16) Citado por Morles Hernández, quien objetó esta posición por considerar que se aparta de una interpretación literal del artículo 452 del Código de Comercio.

(17) Messineo, F. Manual de derecho civil y comercial. Dott. A. Giuffré, Milán. Traducción Ediciones Jurídicas Europa América, Buenos Aires: 1979 (advertencia para la octava edición), 1952.