Precios de transferencia, una herramienta por construir

Revista Nº 119 Sep.-Oct. 2003

La reglamentación sobre precios de transferencia mantiene en expectativa a los contribuyentes del impuesto de renta que realizan transacciones con sus empresas vinculadas 

Javier N. Rojas 

Especial para la Revista Impuestos 

Mientras el tema de precios de transferencia fue la novedad de la última reforma tributaria en Colombia, en países como México y Argentina ya se están cosechando las experiencias de su aplicación en los años recientes. Inclusive, la atención a aquellas experiencias, sostienen los expertos, le permitió al país recoger, de manera decantada, las bases normativas sobre la materia, en la Ley 788 del 2002.

Desde mediados de la década de los noventa, el Gobierno había mostrado su interés en implantar ese instrumento, que permite la mejor fiscalización de las empresas multinacionales y de los grupos empresariales nacionales. Esa iniciativa se sacrificó en ocasiones anteriores por otras prioridades legislativas, asegura el jefe del Grupo de Precios de Transferencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Javier Ávila, hasta que finalmente se encontró la oportunidad para su aprobación.

Para las firmas multinacionales, los precios de transferencia han hecho parte de sus planes estratégicos, desde finales de los años sesenta, y les han definido un alcance más amplio que el fiscal. La motivación ha sido cómo definir eficientemente los precios de bienes o servicios para las transacciones que realiza una empresa (casa matriz) con sus firmas vinculadas, generalmente establecidas en otro país. “El sistema de precios de transferencia de las multinacionales no solo tiene como objetivo principal la maximización de su ingreso neto mundial, sino también tomar en cuenta otras condiciones de su entorno”, escribió recientemente en un ensayo sobre el tema, Rubén Mosqueda, del Departamento de Contabilidad de la Universidad de Valencia.

Desde el punto de vista fiscal, en los mismos años sesenta, los precios de transferencia comenzaron a tomar relevancia cuando se fortalecieron las jurisdicciones fiscales y aparecieron los paraísos fiscales (jurisdicciones de baja imposición). “Los precios de transferencia son importantes para arbitrar responsabilidades de una y otra jurisdicción”, afirma el especialista de Deloitte & Touche, Pedro Sarmiento.

Explica que las multinacionales pueden distorsionar los precios mediante los cuales intercambian bienes y servicios con vinculadas en el mundo, con el objeto de localizar en jurisdicciones de menor imposición utilidades que en el país donde se generaron tributarían a tasas significativas. “Hoy, con los precios de transferencia, la DIAN puede verificar que las multinacionales tributen sobre las utilidades generadas en Colombia y que las empresas nacionales (grupos empresariales) no utilicen las llamadas zonas de tributación especial para generar menores impuestos, mediante el desvío de utilidades nacionales a las empresas ubicadas en esas jurisdicciones”.

Con el ánimo de buscar eficiencia, Sarmiento cree que la administración de impuestos debería anticiparse a conocer quiénes están obligados a hacer los estudios de precios de transferencia mediante los instrumentos de la Ley 788, como la declaración informativa de precios, o con el empleo de información exógena, lo que permitiría darle prioridad en la solicitud de la información sobre transacciones entre vinculadas a las empresas con mayores posibilidades de tributación.

Nueva experiencia

“Antes de la figura de precios de transferencia”, asegura Sarmiento, “la DIAN tenía que buscar información, a través de organismos de fiscalización, para identificar precios y valores en plaza de los bienes. Se recurría a información estadística de diversas fuentes para hacer la comparación entre lo declarado por los contribuyentes y los precios del mercado, situación en la que se establecía un margen de tolerancia, hacia arriba y hacia abajo, aproximado a 25% para los precios de bienes muebles, y de 50%, en el caso de los inmuebles. A pesar de los intentos, no ha sido posible aplicar acertadamente esa herramienta, porque tal medición solo tiene validez cuando el que produce es el mismo que vende a sus vinculados o a terceros independientes. Técnicamente es imposible comparar precios de empresas diferentes, porque están determinados por aspectos como las características propias del producto, o por intangibles como el prestigio de una marca”.

La alternativa, entonces, es realizar la comparación de los márgenes de utilidad entre distintas empresas que operan negocios similares, comenta este experto. Por ejemplo, comparar los márgenes de utilidad de firmas dedicadas a la distribución de electrodomésticos.

La Ley 788 del 2002 establece el principio de plena competencia entre una empresa (casa matriz) y sus vinculadas, que busca garantizar que las transacciones entre ese grupo se realicen a precios de mercado. Esta normativa también fija el compromiso del contribuyente de demostrar que cumple este principio y además define la metodología, como medio de prueba, para demostrar que sus precios de transferencia son de mercado.

“Se trasladó la carga de la prueba de la administración de impuestos al contribuyente”, asegura Sarmiento, pues es él quien debe demostrar que se comporta bajo el principio de plena competencia. Si no cumple, debe ajustarse, so pena de que le practiquen una corrección de precios de transferencia y le impongan como tributo lo que la ley denomina “mediana”, sanción que significa un impuesto equivalente a la mediana de la rentabilidad de las empresas que son comparables con la sancionada.

Una de las ventajas del sistema de precios de transferencia es que se basa en la comparación de la firma investigada con empresas nacionales o extranjeras que tengan actividades similares. Otra es que permite establecer el grupo de las empresas comparables mediante una base internacional de datos, que facilita la ubicación por actividad económica (código CIIU) y la depuración de la información, con el fin de seleccionar las empresas más comparables.

Así mismo, el modelo permite realizar ajustes a los precios de transferencia, de acuerdo con parámetros, tales como el desempeño de las economías, la ubicación geográfica o los ajustes correspondientes a riesgos, a planta y equipos, a inventarios y a capital de trabajo. “De este modo, se disminuye el riesgo de error al establecer si la empresa investigada está en el margen de tributación de plena competencia”, explica Sarmiento.

Según este especialista, lo recomendable es que la reglamentación se refiera a aspectos muy concretos y no a detalles técnicos. Cree que deben definirse las relaciones de control empresarial que se presentan cuando una firma tiene, por ejemplo, un único proveedor o un único cliente, y que debe reglamentarse la relación con los agentes comerciales.

La reglamentación

Para Ávila, los puntos esenciales en los que se debe basar la reglamentación son: determinar las jurisdicciones de baja imposición, definir los contenidos de la declaración informativa que deben presentar los que realizan transacciones con vinculadas, establecer los documentos que se conservarán por cinco años para comprobar el apego al principio de plena competencia y estipular las condiciones de los acuerdos previos de precios de transferencia que pueden pactar los contribuyentes con la administración de impuestos. Cuando se identifiquen los países de baja imposición para Colombia, las operaciones de los contribuyentes nacionales con esas jurisdicciones serán consideradas transacciones realizadas con un vinculado económico. Entonces se deberá demostrar que se adelantaron conforme al principio de plena competencia, explica Ávila.

Otro aspecto importante de este proceso es precisar quiénes quedan en la categoría de empresa vinculada. Ávila destaca el alcance particular de la ley colombiana que incluye a los contribuyentes del impuesto sobre la renta que realicen negocios en el país con partes relacionadas, es decir que comprende a todos los que operan como grupos empresariales nacionales. Comenta que la legislación tributaria del país está perforada por tratamientos preferenciales, tales como las zonas económicas especiales. El modelo de precios de transferencia permitirá vigilar que no se utilicen estas zonas para trastear utilidades desde las empresas vinculadas establecidas fuera de la zona hacia la que tiene el tratamiento tributario preferencial.

Entre los retos del trabajo de reglamentación está el de definir el universo de los contribuyentes sujetos al esquema de precios de transferencia, sin que se genere un cuello de botella. Otro es el diseño eficaz de los controles a la movilidad de utilidades entre las empresas de un grupo económico. A la DIAN también le preocupa que las empresas pequeñas que tienen operaciones con vinculadas tengan que asumir el costo de implantar el modelo de precios de transferencia. Dado que ya existen controles, “no se quiere que los precios de transferencia se vuelvan un mecanismo de control fiscal”, comenta Ávila. No se quiere crear una situación de ineficiencia ni generar obstáculos a la inversión extranjera. Algunos expertos señalan que los costos en consultoría sobre precios de transferencia, para una empresa promedio, podrían oscilar entre 15.000 y 25.000 dólares al año, mientras otros calculan hasta 40.000 dólares al año.

La DIAN estudia la situación de las empresas de servicios públicos, cuyas tarifas están sujetas a control por parte de las autoridades del sector, circunstancia que distorsiona la aplicación del esquema de precios de transferencia. El tema es de tal importancia para la institución que se conformó un grupo interdisciplinario permanente de doce funcionarios, que, además de trabajar en la reglamentación, deberá proponer la estructura administrativa para operar el sistema. No existen cifras relativas al efecto fiscal esperado, pero “si en el presente se utilizan los precios de transferencia para migrar utilidades y pagar menos impuestos, eso se corregirá sensiblemente muy pronto”, asegura Ávila.

El especialista de Deloitte & Touche Estanislao Milicich, quien conoce la experiencia argentina, afirma que con la implantación de los precios de transferencia muchas compañías en ese país han corregido la conducta fiscal y eso ha llevado al aumento de la tributación. Además, empresas que acumulaban pérdidas para pagar menos impuestos dejaron tal práctica.

Con respecto a los acuerdos anticipados de precios, explica Ávila, la experiencia internacional ha demostrado que no es fácil que las empresas venzan la desconfianza en las administraciones tributarias, sobre todo porque temen que al no llegar a un acuerdo la información suministrada pueda ser empleada para otros propósitos fiscales.

Milicich advierte que en Latinoamérica no es fácil que los contribuyentes suscriban los acuerdos previos de precios de transferencia dada la inestabilidad generalizada de las economías: “no hay visión clara de futuro”.

Preparación: un tema clave

De los seis modelos posibles de precios de transferencia contemplados en la Ley 788, el método de precio comparable no controlado es el que mejor consulta la realidad del mercado, sostiene Milicich, pero observa que es difícil de aplicar dada la poca disponibilidad de la información. El método consulta el precio o el monto de las transacciones comparables entre partes independientes.

Para este especialista, el más empleado es el de márgenes transaccionales de utilidad de operación, pues se ajusta a la forma en que opera una casa matriz con sus vinculadas. “Consiste en determinar en transacciones entre partes relacionadas, la utilidad de operación que hubieran obtenido empresas comparables o partes independientes en operaciones comparables, con base en factores de rentabilidad que toman en cuenta variables, tales como activos, ventas, gastos o flujos de efectivo”, explica Sarmiento.

El ex director de la DIAN Horacio Ayala cree que la administración de impuestos no está preparada para operar el modelo de precios de transferencia, pues no cuenta ni con los recursos ni con los especialistas. Las causas son de fondo debido a la falta de una política tributaria que lleve al desarrollo de planes y no a la toma de medidas coyunturales. Piensa que las condiciones negativas para la institución se acentúan con las premisas gubernamentales de reestructuración afincadas en la reducción de personal y en la congelación de salarios, que conduce a menores niveles de eficiencia y eficacia. La obligación de la DIAN de tener un equipo interdisciplinario dedicado exclusivamente a precios de transferencia le resta capacidad en las demás actividades.

Lo crucial de la reglamentación, comenta Ayala, es lo relativo a los paraísos fiscales. Precisamente, este tema fue objeto de pronunciamiento de la Corte Constitucional. Hace unas semanas, la Sala Plena declaró la inexequibilidad de la remisión que la Ley 788 hacía a las guías de la OCDE, para determinar los países considerados paraísos fiscales y las jurisdicciones de baja imposición.

Según este experto, si Colombia pretende definir las jurisdicciones de baja imposición debe hacer abstracción de aspectos distintos a los tributarios. Antes de definir el derrotero en cuanto a tratados de doble tributación, el país tiene que ponderar acuerdos sobre esa materia con la Comunidad Andina de Naciones y otros relativos al transporte internacional. “Si la DIAN logra integrar un buen equipo de precios de transferencia, de los primeros resultados va a depender el éxito del programa. Si no es operativo y da ‘palos de ciego’ perderá credibilidad”, asegura Ayala.

Tabla comparativa de legislaciones de precios de transferencia en América

La siguiente información ha sido preparada, excepto por lo referente a Perú, a partir de la publicación Strategy Matrix for Global Transfer Pricing, que contiene información general de las normas de precios de transferencia de 33 países y la OCDE, por lo cual no debe ser tomado como sustituto de las legislaciones y normas oficiales de los países que en ella se señalan. La información referente a Perú fue tomada de la Ley de impuesto sobre la renta del Perú publicada en abril de 2001.

PaísMetodos aplicables
ArgentinaCUP, MPR, MCA, MDB y MMNT.
Aplica regla del método más adecuado sin prioridad específica.
BrasilCUP, MPR para importación aplica un margen fijo de 60% para materias primas y 20% para bienes tangibles distintos de estas; para exportación aplica un margen fijo de 15% para ventas al mayor y 30% al detal, MCA para importación aplica un margen fijo de 20%; para exportación aplica un margen fijo de 15%. Prioridad para el método que resulte en el margen de utilidad más bajo.
CanadáCUP, MPR, MCA, MDB y MMNT. Aplica regla del método más adecuado con prioridad para los métodos tradicionales de transacciones. MDB tiene prioridad ante el MMNT y el MDB residual tiene prioridad ante el MDB.
EE.UU.CUP, MPR, MCA, MDB y Método de beneficio comparable.
Aplica regla del método más adecuado sin prioridad específica.
MéxicoCUP, MPR, MCA, MDB y Método de Márgenes Transaccionales de Utilidad de Operación (MMTUO).
No hay prioridad específica en la aplicación de los métodos.
PerúCUP, MPR, MCA, MDB y MMNT.
Aplica regla del método más adecuado con prioridad específica para el CUP.
OCDECUP, MPR, MCA, MDB y MMNT.
Aplica regla del método más adecuado con prioridad para los métodos tradicionales de transacciones.
Fuente: D ''ARRIGO G., Carlos. Régimen venezolano de precios de transferencia. Legis Editores C.A. Caracas, 2003, pp. 123-124.

 

PaísSanciones y atenuantes
ArgentinaNo hay multas o sanciones específicas.
BrasilSanciones ordinarias se aplican sobre el ajuste al impuesto de 75% al 150% si toda la documentación comprobatoria está disponible en la fiscalización; en caso contrario la sanción sobre el ajuste al impuesto aumenta de 112,5% al 225% y la SRF tiene derecho de aplicar el método que resulte en el margen de utilidad más alto.
CanadáSanciones ordinarias se aplican sobre el ajuste que exceda el impuesto pagado de 10%. Si toda la documentación comprobatoria está disponible en la fiscalización, no se aplica multa.
EE UUSanciones ordinarias se aplican sobre el ajuste que exceda el impuesto pagado de 20% a 40%. Si se ha aplicado razonablemente la metodología y toda la documentación comprobatoria está disponible en la fiscalización, no se aplica multa.
MéxicoSanciones ordinarias se aplican sobre el ajuste que exceda el impuesto pagado de 50%. Si toda la documentación comprobatoria está disponible en la fiscalización se aplica la multa reducida a la mitad.
PerúNo hay multas o sanciones específicas.
OCDENo aplicable.
Fuente: D ''ARRIGO G., Carlos. Régimen venezolano de precios de transferencia. Legis Editores C.A. Caracas, 2003, pp. 123-127.

 

La experiencia internacional demuestra que las empresas productoras de intangibles son las que con mayor frecuencia tienen controversias con la administración de impuestos por precios de transferencia, sostiene el profesional en esta materia de Araújo Ibarra & Asociados, Juan David Barbosa. Aclara, por ejemplo, que las actividades basadas en licenciamiento y patentes son susceptibles de divergencias al momento de establecer los precios de transferencia, por las dificultades para definir valores a los intangibles. Para las empresas nuevas en el tema, explica, no será necesario crear un departamento exclusivo para atender este tema: “una compañía no tendrá que cambiar su conducta, si los directivos conocen a fondo cómo son las relaciones con sus vinculadas”.

México fue el país latinoamericano pionero en la implantación de regulaciones a los precios de transferencia, en la segunda mitad de los años noventa. “Los resultados positivos de la experiencia se debieron, en primer lugar, a que se adelantó una intensa capacitación de los funcionarios a los que se les encomendó la responsabilidad de desarrollar el programa”, asegura uno de los especialistas de Ernst & Young, Diego González. “Otro aspecto importante fue la rapidez con la que se adoptó el principio de plena competencia y se regularon los aspectos de cumplimiento y documentación”. Comenta que en ese país se destaca el cuidado con el que se tratan los temas de fiscalización, revisión y legislación.

Cautela institucional

Con el tiempo se ha reconocido que esta es una figura con gran potencial recaudatorio y, por lo tanto, no se han excedido los requerimientos de información, explica González. Otro factor de éxito en los procesos de validación de precios de transferencia es la situación particular de la industria maquiladora mexicana (ensamble para exportar), que incentivó la celebración de acuerdos anticipados de precios de transferencia, mediante los que se fijaron, desde hace algunos años, reglas de procedimiento que hoy son exitosas.

Hace ocho años existe una política corporativa de precios de transferencia, que se basa en la valoración de los productos en dólares para todas las operaciones comerciales internacionales entre sus compañías vinculadas, explica el gerente financiero de la empresa farmacéutica multinacional Glaxosmithkline, Gustavo Zapata. Las políticas de la organización exigen que se cumplan las regulaciones en cada país donde está instalada y que los negocios sean autosuficientes, para lo cual los precios deben estar de acuerdo con los costos.

En cuanto a la reglamentación que se espera existen aspectos complejos para la industria farmacéutica. Por ejemplo, una misma molécula (medicamento) puede ser importada como producto terminado, importada por componentes y ser terminada en el país, o fabricarse completamente en Colombia. En tal circunstancia, los márgenes de utilidad pueden mostrar variaciones amplias, situación que debe ser prevista por las autoridades que preparan la reglamentación.

 

Precios de transferencia en América

PaísContenido de la documentación comprobatoria y fecha para consignarla
ArgentinaAnálisis de transacciones, funciones y riesgos; selección de métodos; operaciones controladas analizadas; descripción de los datos o las empresas comparables seleccionadas. Debe ser consignada anualmente cinco meses después del cierre del ejercicio fiscal.
BrasilOperaciones controladas analizadas, selección de métodos, análisis económico y resultados de rango o intervalo de valores de plena competencia, cualquier otra documentación. Debe ser suministrada al momento de la fiscalización.
CanadáAnálisis de transacciones, funciones y riesgos, selección de métodos y aplicación de métodos alternativos, descripción de los datos o las empresas comparables seleccionadas, análisis económico y resultados del rango o intervalo de valores de plena competencia, cualquier otra documentación. Debe ser suministrada dentro de los 90 días siguientes a la notificación de la fiscalización.
EE UUAnálisis de transacciones, funciones y riesgos, selección de métodos y aplicación de métodos alternativos, descripción de los datos o las empresas comparables seleccionadas, análisis económico y resultados del rango o intervalo de valores de plena competencia, información relevante obtenida después del cierre económico, índice de la documentación y cualquier otra documentación. Debe ser suministrada dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la fiscalización.
MéxicoAnálisis de transacciones, funciones y riesgos, selección de métodos, descripción de los datos o las empresas comparables seleccionadas. Debe ser suministrada al momento de la fiscalización.
PerúInformación sobre los métodos utilizados, con indicación del criterio y elementos objetivos considerados para determinar los precios de las operaciones controladas y adicionalmente los precios de las operaciones no controladas que se refieran a la prestación de servicios.
OCDEAnálisis de transacciones, funciones y riesgos, selección de métodos, descripción de los datos o las empresas comparables seleccionadas, análisis económico y resultados del rango o intervalo de valores de plena competencia, cualquier otra documentación. Debe ser suministrada dentro de un plazo razonable siguiente a la notificación de la fiscalización.
Fuente: D''ARRIGO G., Carlos. Régimen venezolano de precios de transferencia. Legis Editores C.A. Caracas, 2003, pp. 125-126.

 

“El negocio de los productos químicos es complejo. Unos laboratorios producen medicamentos, otros cosméticos y productos para el cuidado de la salud, también existen los que atienden las necesidades veterinarias, agrícolas y hospitalarias. Dentro de estos frentes, algunos se subespecializan, como los que elaboran productos cardiovasculares, así que los costos de producción pueden variar de una compañía que fabrica grandes volúmenes con respecto a otra que no produce a gran escala”, explica Zapata. Esto deriva en que sea difícil adelantar la comparación de precios y de márgenes de utilidad en bases de datos del mercado, como parte del estudio de precios de transferencia que debe realizar un laboratorio multinacional.

En tal condición, “los consultores tienen la sartén por el mango”, advierte Zapata y sugiere que tanto ellos como el Gobierno utilicen las mismas bases de datos como fuente. Además del costo de la consultoría, que puede estar en el rango de 20.000 a 40.000 dólares al año, una o dos personas deben estar permanentemente dedicadas a preparar la información, en tanto que la gerencia actúa como coordinadora con los proveedores de los productos, comenta el ejecutivo de Glaxosmithkline.

“Se debe destacar la tendencia de los países latinoamericanos a tratar de imponer precios controlados a los medicamentos”, sostiene este experto. “En el caso colombiano, la Ley 100 de 1993 determina el control de precios al usuario final para algunos medicamentos, mientras otros están bajo libertad vigilada. En consecuencia, es necesario que se concilien las normas para evitar distorsiones al principio de plena competencia que debe regir el esquema”.

La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación ha avanzado en el tema de precios de transferencia con el diseño de una matriz que muestra cómo operan las empresas farmacéuticas en el país, que servirá de referencia para la comparación de precios y de márgenes de utilidad en ese sector. En lo que parece un ambiente de expectativa del sector privado, la DIAN ha advertido que no habrá sorpresas en la reglamentación sobre precios de transferencia. Lo cierto, para los expertos, es que en la legislación tributaria colombiana se incorporó una herramienta, cuya operación significa un reto para la administración tributaria en el camino de la modernización.

 

Fortalezas del modelo OCDE

Según la Corte Constitucional, las guías aprobadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) no pueden establecerse como pautas obligatorias de cumplimiento. Por esta razón, declaró, hace un par de semanas, la inconstitucionalidad de los artículos 260-6 y 260-9, del parágrafo 2° del artículo 124-1 y del parágrafo del artículo 408, adicionados al Estatuto Tributario por los artículos 28, 82 y 83 de la Ley 788 del 2002.

Estas guías hacen parte de un documento que sirve de referencia técnica e interpretativa para los países que cuentan con legislaciones de precios de transferencia, asegura Álvaro Fernández del área de precios de transferencia de Ernst & Young. Una de sus principales virtudes, explica, es que trata definitivamente de ser una guía práctica para temas técnicos que pueden diferir de una administración fiscal a otra. De esta forma, este documento intenta homogeneizar criterios de aplicación. Esta tendencia de concertación obedece a que precisamente es el resultado de negociaciones en el seno del Consejo Fiscal de la OCDE.

Otra ventaja es que plantea, de forma práctica, la metodología y reglas del juego tanto para las administraciones fiscales como para las empresas multinacionales y otorga las herramientas que permitirán tributar de forma coherente, con base en las funciones, activos y riesgos de cada filial, con lo cual la base gravable de los países que siguen el principio de plena competencia recaudarán conforme a lo que les corresponde.

Esto significa que es un documento que sienta las bases para evitar las ventajas o desventajas fiscales o para evitar desigualdad para fines de tributación, que, de otra manera, afectaría el flujo de comercio internacional.

Las guías de la OCDE aconsejan a las administraciones fiscales que den la oportunidad al contribuyente para probar que sus operaciones se efectúan según el principio de plena competencia y, en caso de encontrar diferencias, deja presente que esto no siempre se debe a actos elusivos o de mala fe.

Puede ser difícil medir el impacto cuantitativo cuando se aplica el principio de plena competencia. Sin embargo, la experiencia de otros países puede ser de utilidad. A mediados de los años noventa, en EE.UU, el entonces candidato a la presidencia William Clinton propuso al Congreso la aplicación de precios de transferencia en ese país para lograr que las corporaciones extranjeras que estaban haciendo negocios en EE.UU pagasen una "cuota justa" de impuestos por sus operaciones. Se estima que la implementación de la Ley 482 sobre precios de transferencia le dio a ese país un aumento en la recaudación en más de 100 millones de dólares anualmente (Fuente: Deficit Reduction Act, US Congress, EE.UU, 1993).

Por lo general, el cumplimiento de las disposiciones de precios de transferencia se enfoca a empresas o personas jurídicas multinacionales. Sin embargo, comenta Fernández, la mayoría de las legislaciones incluyen su cumplimiento a las personas naturales.

Es importante mencionar que la regulación de precios de transferencia en personas naturales puede ser trascendente en el pago de regalías, precisamente cuando el nombre de estas personas es utilizado, como en el caso de los diseñadores, deportistas, actores y personalidades del mundo del espectáculo, entre otros, que puedan estar relacionados con nombres comerciales y marcas de fábrica, los cuales constituyen instrumentos de marketing muy eficaces.

Las operaciones entre compañías pertenecientes al sector financiero o, en particular, al sector bancario son de suma importancia, debido a un factor principal: las operaciones financieras se dan, por naturaleza, en uno de los mercados más completos de la economía. En Colombia existen operaciones financieras que están reguladas por el Banco de la República, como los controles en cambios y los niveles mínimos en tasas de interés.