Préstamos a trabajadores ¿Hay lugar a intereses?

Revista Nº 126 Nov.-Dic. 2004

Ana María Muñoz Segura 

Profesora Universidad de los Andes 

El Código Sustantivo del Trabajo, dentro de su título V, contempla la normativa atinente al elemento salarial propio de la relación laboral, regulando de manera específica la retención, reducción y compensación de dicho pago; pretendiendo así proteger la remuneración del trabajador de cualquier tipo de descuentos, derivados de la relación de trabajo, diferentes a los señalados por la misma ley (art. 150).

En este sentido, el artículo 152 permite los convenios entre trabajador y empleador tendientes a la financiación de viviendas, con la consiguiente posibilidad por parte del empleador de retener las cuotas previstas para el pago del crédito otorgado, con la finalidad descrita. Por su parte, el artículo 153 establece que además del caso anterior, esto es la financiación de vivienda, “... los préstamos o anticipos de salarios que haga el patrono al trabajador no pueden devengar intereses”, protegiendo nuevamente, la integridad del pago salarial.

Ahora bien, en sentencia del 19 de marzo del 2004, radicada bajo el número 20151, la Corte Suprema de Justicia en su Sala Laboral tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre el entendimiento y alcance que se le debe dar a las normas referidas.

Así, los supuestos de hecho que dieron lugar al mencionado fallo están relacionados con la terminación del contrato de trabajo entre el empleado y su patrono. Dado que el trabajador considera que existió un despido sin justa causa solicita la reliquidación de sus prestaciones sociales, además del pago de los descuentos hechos, a su juicio, de manera ilegal correspondientes a unas cuotas de amortización por un préstamo concedido por el empleador para la adquisición de un vehículo automotor, entre otros.

Más allá de las manifestaciones que se hubieran podido dar, tanto por las partes como por la corporación, frente a la terminación del contrato de trabajo y de las correspondientes obligaciones que por este hecho quedaron insolutas por parte del empleador, en lo que respecta de manera particular a los préstamos y descuentos que por este concepto puede hacer el empleador a su trabajador, el actor considera que las mencionadas cuotas constituyen un descuento ilegal de su salario toda vez que de acuerdo con el artículo 153 arriba mencionado, los empleadores solo podrán cobrar intereses en los casos en que el préstamo tuviera como finalidad la adquisición de vivienda, de acuerdo con el artículo 152, ya señalado.

Es decir, a juicio del actor, se trata de una prohibición “... contundente y fatal, con una excepción que es la de préstamos para vivienda”. Por su parte, el empleador señala que el trabajador obtuvo diversos tipos de préstamos, contemplados todos ellos en el pacto colectivo existente en la empresa; además, se trata de créditos que no tienen una especificación alguna y por ende no estarían dentro de lo contemplado por el artículo 151 del Código Sustantivo del Trabajo. Adicionalmente, señala la empresa, el actor en calidad de vicepresidente financiero y administrativo de la entidad intervino en el diseño de las políticas de préstamos y al suscribir el pacto las aceptó en su integridad.

En primera instancia, el fallador absolvió a la entidad demandada, actuación que fue confirmada por el respectivo tribunal. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia, consideró necesario, para la resolución del caso, presentar el significado que pueden tener los préstamos y anticipos a que se refieren las normas tantas veces señaladas.

Para ello recurre a lo indicado por el tribunal cuando este sostuvo que “... en el caso de los planes de préstamos a trabajadores; el dinero que estos (sic) reciben no provienen de sus sueldos presentes o futuros; sino del capital de la empresa, que esta no tiene por qué devaluar en beneficio de sus trabajadores. Respecto de aquellos, la prohibición al empleador de cobrar intereses sobre ellos, tiene por finalidad de estimular toda conducta patronal encaminada a mermar el ingreso del trabajador, en beneficio del empleador. En los préstamos a largo plazo y a bajo interés, no se contraría dicha finalidad; porque dado su bajo monto no enriquecen al empleador en detrimento del trabajador; simplemente compensan la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, durante el largo tiempo del préstamo”.

Lo anterior quiere decir, entonces, que en el caso en que se trate de préstamos a largo plazo y bajo el entendido de que el empleador no puede recibir de vuelta el valor del préstamo de manera devaluada, puede cobrar intereses, solo si estos no le significan un enriquecimiento al empleador y un empobrecimiento correlativo al trabajador. Parece entonces que es necesario evaluar en cada caso, la correspondencia y equivalencia entre lo prestado y lo devuelto por las partes.

En este mismo sentido, la Corte aclara que si se estuvieran “... aplicando los preceptos sustantivos traídos a colación, el actor tendría razón en su reclamo, dentro de un marco de interpretación literal de los mismos, el que no es de recibo, en atención a la época de su redacción y a la concepción filosófica que imperaba en 1950; hoy, su concepción ha sido superada con el paso del tiempo, el que impone al trabajador además de facilitarle la consecución de vivienda, que es por la que propugna el artículo 152 del Código Sustantivo del Trabajo, se le permita y garantice otras líneas de crédito para la adquisición de unos bienes o servicios como la consecución de vehículo y préstamos para educación, que van a mejorar su nivel de vida”. En este orden de ideas, y “... para que el artículo 153 del Código Sustantivo del Trabajo sea operante en la dinámica del tiempo en su real pensamiento e intención del legislador respecto a la prohibición de pactar intereses sobre préstamos que conceda el empleador, se requiere deostrar que con él se está perjudicando al trabajador al imponérsele condiciones más gravosas de las que le exigiría una persona dedicada a explotar la actividad comercial de los créditos”.

De esta manera, bajo el criterio jurisprudencial de que “las leyes del trabajo no deben aplicarse siempre al pie de la letra, son exactitudes matemáticas que contraríen la naturaleza humana que las inspira y justifica”, se debe entender que si los créditos “... son ofrecidos por el empleador en condiciones más ventajosas o al menos iguales a las vigentes en el mercado, no se puede privar al trabajador que tenga acceso a ellos so pretexto de la prohibición del artículo 153 del estatuto sustantivo, en cuanto al pacto de intereses, porque en lugar de favorecerlo, por obvias razones se les estaría perjudicando, y ese no es el espíritu de las referidas posiciones, ni de los artículos 13 y 14 del mismo estatuto”. Es como lo señaló el tribunal “… aventar al trabajador al mercado del dinero, con sus altas tasas de interés que hipotecan casi toda su vida laboral, con evidente desmejora del salario que con tal disposición se pretende proteger. No es pues esa la racional lectura de la norma en comento...”.

Así las cosas, frente a las consideraciones planteadas por la Corte, se puede concluir la posibilidad que tiene el empleador de cobrar intereses por préstamos hechos a sus trabajadores, si se cumplen los siguientes postulados:

1. Si las condiciones que ofrece el empleador son mejores o por lo menos iguales a las que ofrece el mercado.

2. No se está perjudicando al trabajador con el cobro de dichos intereses.

3. Las condiciones que impone el empleador no son más gravosas que las que exigiría una persona que normalmente explotara la actividad comercial de los créditos.

Todo pacto entre trabajador y empleador que respete los parámetros señalados no es ineficaz, tiene plena validez y por ende el empleador podría hacer los descuentos correspondientes y el trabajador tendría que permitir tal deducción. Se entiende la interpretación arriba enunciada, en el evento en que el préstamo tenga unas condiciones superiores a las del mercado y, de esta manera, se esté favoreciendo al trabajador (por acceder a un crédito de este tipo), pero vale la pena preguntarse sobre la viabilidad y alcance de la interpretación cuando los beneficios son los mismos que el trabajador obtendría en el mercado comercial de préstamos, pues no es visible el beneficio para el trabajador como sí ocurre en la situación anterior. Adicionalmente, no es claro lo que significaría el “perjuicio” del trabajador, pues de qué dependería, de su situación económica particular o del impacto de la cuota en el salario del trabajador o del hecho de que los intereses sean muy altos, entre otros.

En el caso particular, a juicio de la Corte, aparentemente los beneficios ofrecidos por el empleador eran superiores a los existentes en el mercado; las condiciones impuestas por el empleador no superaban las normales de la explotación del ramo; y no se desmejoró o por lo menos no se presentó un perjuicio para el trabajador, máxime si se tiene en cuenta que dada la condición jerárquica del actor y su nivel intelectual, el empleador no abusó de su derecho y por ende no quebrantó las normas citadas.

Finalmente, por considerar que la prohibición del Código Sustantivo del Trabajo es perentoria, el magistrado Toro Correa salvó el voto. A su juicio, “... cualquier préstamo o anticipo que el empleador haga a sus trabajadores estará liberado de la imposición de intereses”. Entonces, así los intereses sean menores, según el criterio planteado mayoritariamente, al empleador le está prohibido, expresamente, hacerlos.

De este modo, se impone un nuevo criterio de interpretación de las normas referidas, bajo el entendido de una nueva concepción histórica y filosófica de las mismas respecto al momento en que fueron creadas y a la situación en la que hoy se aplican; sin embargo, no es clara esta interpretación bajo una visión gramatical, sistemática o extensiva de la normas en cuestión.

Si bien es cierto, las relaciones laborales y económicas del momento de redacción del Código Sustantivo del Trabajo han variado, e incluso algunas han quedado obsoletas con relación a la realidad actual, no es claro que las razones que dieron origen a las normas hubieren cambiado y que la protección al salario no siga siendo la misma. Así, si lo que las normas en cuestión pretendieron proteger fue la integridad del salario frente a los descuentos del empleador, no es claro que hoy esa protección no se quiera mantener, con independencia de lo que suceda dentro del desarrollo de relaciones comerciales que no tienen incidencia directa ni vinculación con la relación laboral, que es la protegida por las normas analizadas.