Primeras reflexiones frente a la reforma tributaria

Revista Nº 187 Ene.-Feb. 2015

Juan José Fuentes Bernal 

Director de la Cámara de Asuntos Tributarios 

y Financieros de Andesco 

Una vez conocido el texto de la recientemente expedida reforma tributaria, por medio de la cual se prorroga la vigencia del 4x1000, se aumenta la tarifa del CREE y se implementa un nuevo gravamen al patrimonio, denominado “impuesto a la riqueza”, es pertinente hacer una reflexión sobre lo que pueden implicar estos cambios para las empresas.

Sea lo primero advertir que el nuevo aplazamiento de la extinción del 4x1000 deja muchas dudas sobre la real voluntad de suprimir este tributo, cuyos inconvenientes, en términos de la desintermediación financiera que provoca, han sido ampliamente documentados por especialistas. En todo caso, de las medidas adoptadas esta parece ser la que menos discusión genera y, salvo la respetable opinión del sector bancario, resulta para muchos la menos negativa de las alternativas para el incremento del recaudo tributario.

En lo que no hay realmente consenso es en la bondad de las otras dos estrategias definidas por el gobierno. En el caso del CREE, cuya tarifa sube gradualmente en los próximos años, se ha resaltado que este tributo no lo pagan todas las personas jurídicas, ni las personas naturales con capacidad de pago, por lo que resulta inequitativo y conlleva un aumento desmesurado de la tributación sobre las utilidades, debido a que la base de este gravamen excluye las deducciones especiales del estatuto tributario.

En lo que concierne al denominado “impuesto a la riqueza”, la opinión generalizada es que va a elevar excesivamente la tasa efectiva de tributación frente a la rentabilidad de los negocios, desestimulando la inversión privada. En sectores especialmente intensivos en activos, en donde se deben realizar grandes inversiones, sin que ello necesariamente implique la obtención de utilidades o rentas, un impuesto al patrimonio eleva los costos de operación e induce a la descapitalización y al endeudamiento. Dado que este gravamen no se aplica a las ganancias, los inversionistas del exterior no pueden descontarlo en su país de origen mediante el mecanismo tax credit. Además, afecta el resultado operacional que normalmente se toma en cuenta para el cálculo de indicadores de gestión como el Ebitda, impactando negativamente la valoración de las inversiones y de las empresas.

Aunque el fundamento de la reforma tributaria es la necesidad de financiar coyunturalmente un déficit de presupuesto, las disposiciones adoptadas confirman una vez más que, frente al crecimiento inercial del gasto público, un impuesto concebido como temporal tiende a volverse permanente. En tal sentido, vale la pena preguntar si estos cambios en las reglas de juego, a los que cada cierto tiempo se ven enfrentados los empresarios, no vulneran la confianza y la seguridad jurídica. Así mismo, se deben resaltar las diferencias entre la presión fiscal calculada en términos globales y la presión fiscal individual, esto es, la real incidencia de los tributos en el bolsillo de los contribuyentes. Si bien se reconoce que en Colombia la presión fiscal como porcentaje del PIB no es especialmente alta, comparada con la de otros países, es claro que para las empresas la tasa efectiva de tributación como porcentaje de la utilidad neta es una de las más elevadas. Esto se debe a la multiplicidad de gravámenes (impuestos, tasas y contribuciones) de orden nacional, departamental y municipal. Ahora bien, la diferencia entre los dos indicadores mencionados se explica por los altos niveles de evasión, lo que demuestra que en nuestro país los mayores impuestos los siguen pagando los mismos de siempre.

Por lo anterior, se ha reiterado la necesidad de una reforma estructural en la que se revisen las tasas efectivas de tributación y, de manera especial, las necesidades de gasto público y el rol de las instituciones en el control de la evasión tributaria. Esta iniciativa también permitiría simplificar los procedimientos y modificar las normas que acentúan el efecto distorsionador de los tributos, en aspectos como la recuperación efectiva del IVA pagado en la adquisición de bienes de capital, el ajuste de la retención en la fuente para evitar excesos frente al valor del impuesto sobre la renta, la regulación de la autonomía tributaria de los municipios y la aplicación efectiva de beneficios por el uso de tecnologías que ayudan al crecimiento económico y al mejoramiento ambiental. La materialización de esta propuesta depende, como es lógico, de la voluntad del gobierno y del interés de los parlamentarios y requiere, por supuesto, de un diálogo abierto, técnico y constructivo, que recoja la experiencia de los actores económicos en aras de fortalecer la competitividad del país.