Privilegios fiscales para el sector primario

Revista Nº 185 Sep.-Oct. 2014

Humberto Aníbal Restrepo Vélez  

Abogado tributarista 

Fue promulgada la Ley 1731 del 31 de julio del 2014 que —con el objeto de adoptar medidas tendientes a impulsar la reactivación de los sectores agropecuario, pesquero, acuícola y forestal— consagra marginalmente disposiciones de carácter tributario dirigidas a beneficiar los contribuyentes o responsables que se dedican a la explotación de estas actividades (arts. 23 y 24 ibídem).

Recordemos que como producto de la pretendida bancarización impulsada por el Gobierno Nacional, desde el año gravable 2014 ha comenzado la complicada aplicación del primer año de gradualidad en el reconocimiento fiscal como costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables, de los pagos realizados en efectivo por estos conceptos, en cumplimiento del mandato legal contenido en el artículo 771-5 del estatuto tributario que condiciona su procedencia al hecho de efectuar los pagos mediante depósitos, giros o transferencias en cuentas bancarias, cheques girados al primer beneficiario, o tarjetas de crédito o débito, entre otros.

La gradualidad consiste en la aceptación cada vez menor de una parte de los pagos realizados en efectivo, que inicia en el año 2014 con el reconocimiento solo del menor de los valores que representen el ochenta y cinco por ciento (85%) de lo pagado o cien mil (100.000) UVT, o el cincuenta por ciento (50%) de los costos y deducciones totales, hasta estabilizarse en el cuarto año de aplicación en el menor de los valores que representen el cuarenta por ciento (40%) de lo pagado o cuarenta mil (40.000) UVT, o el treinta y cinco por ciento (35%) de los costos y deducciones totales (E.T., art. 771-5, par. 1º).

Pues bien, aparte del tratamiento preferencial que habían recibido los operadores de juegos de suerte y azar (L. 1607/2012, art. 164), en esta ocasión le correspondió el turno a los contribuyentes y responsables pertenecientes a los sectores agropecuario, pesquero, acuícola y forestal cuyos ingresos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean inferiores a noventa y dos mil (92.000) UVT, para quienes la gradualidad empieza a aplicarse desde el año gravable 2016, gracias a la adición del parágrafo 3º al artículo 771-5 del estatuto tributario.

De manera que las personas naturales y jurídicas señaladas que se dediquen a estas actividades podrán seguir efectuando sus pagos en efectivo sin ninguna restricción fiscal, al menos durante el transcurso del año 2015, periodo gravable en el que además —por disposición expresa de la ley y de manera transitoria— los contribuyentes del impuesto sobre la renta podrán solicitar en su denuncio rentístico el reconocimiento fiscal del quince por ciento (15%) que la legislación vigente para el año gravable 2014 no les permitió tener en cuenta a efectos de la depuración del ingreso constitutivo de renta o de la determinación del patrimonio líquido, e incluso de la determinación del impuesto al valor agregado, IVA, según sea el caso, conjurando de esta manera la prohibición que desarrolla el principio constitucional de irretroactividad previsto en el artículo 338 de la carta.

Será tarea del reglamento proporcionarle a la Dirección de Impuestos Nacionales, DIAN, los parámetros que le permitan ejercer el adecuado control para el reconocimiento fiscal de estas sumas en el periodo gravable 2015.

Adicionalmente y solo para los sujetos pasivos, contribuyentes o responsables pertenecientes al sector agropecuario, se incluyó nuevamente la posibilidad por doce (12) meses de utilizar una condición especial para el pago de impuestos, tasas y contribuciones del nivel nacional —con la autorización de aplicación en el ámbito territorial— por obligaciones en mora correspondientes a los periodos gravables 2010 y anteriores.

El artículo 24 de la Ley 1731 del 2014 les confiere el derecho a solicitar una condición especial de pago consistente en la rebaja del ochenta por ciento (80%) o del cincuenta por ciento (50%), tanto de los intereses de mora causados hasta la fecha de pago como de las sanciones actualizadas, dependiendo de si se realiza el pago del total de la obligación insoluta más la parte no rebajada de los intereses de mora y de las sanciones, bien sea de contado o como producto de un acuerdo de pago, pero cualquiera sea el caso dentro del plazo de doce (12) meses señalado.

Se trata, en términos generales, de la misma figura de condonación de parte de los intereses de mora y sanciones contemplada en el artículo 149 de la Ley 1607 del 2012, cuyo parágrafo 4º ya había indicado un plazo de pago diferente para este sector, que según las voces del artículo 12 del Decreto 699 del 2013 se extendió hasta el pasado 26 de abril del 2014 para los contribuyentes que a 25 de diciembre del 2012 se encontraban inscritos en el RUT con los códigos de actividad económica del sector agropecuario (DIAN, Res. 139/2012).