Procedencia de costos y deducciones: tarifa legal

Revista Nº 159 Mayo-Jun. 2010

Andrea Carolina Martínez  

Abogada tributarista 

El artículo 3º de la Ley 383 de 1997, adicionó al estatuto tributario una disposición que establece que el único soporte que se aceptará para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, e impuestos descontables en el caso del impuesto sobre las ventas, será la factura que cumpla con los requisitos establecidos en los literales b), c), d), f) y g) de los artículos 617 y 618 del estatuto tributario o el documento equivalente que debe cumplir con los literales b), d) y g) del artículo 617 ibídem.

La Corte Constitucional, en la Sentencia C-733 del 26 de agosto del 2003, analizó la constitucionalidad de la norma anteriormente explicada con relación a la posibilidad de establecer una tarifa legal para la procedencia de los costos, deducciones e impuestos descontables. Para el alto tribunal, ante la necesidad de la administración de contar con información fidedigna que revele el valor de las transacciones relevantes en materia tributaria, la factura se configura como la fuente ideal de información para controlar las actividades generadoras de renta y el cobro y recaudo de impuestos. Al establecer la factura como único soporte válido para la procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables, el legislador no violó el artículo 29 de la Constitución, referente al debido proceso, ya que de los artículos 15, 150-2 y 338 ibídem se concluye que la libertad probatoria en materia tributaria no es absoluta. Con base en estos argumentos la Corte declaró la exequibilidad de la norma.

En la jurisdicción de lo contencioso administrativo también se han presentado discusiones frente a esta tarifa legal, uno de estos casos es el de la sentencia de 28 de mayo del 2009(1), en la cual el Consejo de Estado si bien acoge la posición formulada por la Corte Constitucional en cuanto a la validez de la existencia de una tarifa legal sin ningún tipo de excepciones, al resolver el caso en concreto acepta como soporte de costo una factura, que no fue expedida a nombre del contribuyente, junto con una nota de débito que permite establecer con certeza que en efecto se incurrió en dicho costo. En este caso, se evidencia una contradicción del consejo cuando reconoce la validez de una restricción a la libertad probatoria para soportar los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, pero acepta, a renglón seguido, otros medios de prueba con el fin de acreditar la validez de una factura que no cumple con los requisitos establecidos por la ley para que sea tenida en cuenta por las autoridades tributarias y judiciales.

En febrero del presente año(2) el Consejo de Estado se pronunció de nuevo frente al particular, pero en este caso rechazó el medio de prueba alterno (inspección tributaria) presentado por el contribuyente para soportar las sumas relacionadas como costos.

(1) C.E., Sec. Cuarta, Exp. 15884, C.P. Héctor J. Romero Díaz.

(2) C.E., Sec. Cuarta, Exp. 16446, C.P. William Giraldo Giraldo.