Procedimiento de devoluciones y/o compensaciones: ¿un paso adelante?

Revista Nº 174 Nov.-Dic. 2012

Finalmente, el decreto que reglamenta parcialmente el procedimiento de devoluciones y compensaciones vio la luz. A pesar de que a finales del año pasado conocimos un proyecto que fue publicado en la página web de la DIAN, el cual fue criticado por contener algunos errores de técnica legislativa, omisiones e imprecisiones, el Decreto 2277 del 2012 parece sortear con holgura algunos de los principales problemas detectados en el proyecto.

El proyecto pretendía modificar el Decreto 1000 de 1997 y el 522 del 2003, pero no se presentó como una normativa única que regulara todo el procedimiento de devoluciones y compensaciones; por el contrario, se trataba de disposiciones que no lograban articularse correctamente con el Decreto 1000 de 1997. De manera que era recomendable que, con el fin de evitar confusiones, contradicciones y dispersión, toda la materia se encontrara en un solo cuerpo normativo. Así lo hizo el Decreto 2277 del 2012 que reglamentó todo el procedimiento y, en consecuencia, derogó el Decreto 1000 de 1997 y el artículo 13 del Decreto 522 del 2003.

Con esta integración normativa se conjuraron otros inconvenientes que tenía el proyecto del decreto. Por ejemplo: (i) se incluyeron los bienes y servicios de que trata el artículo 477 del estatuto tributario dentro de los que dan derecho a devolución o compensación (en el proyecto solo se hacía referencia a los bienes y servicios del artículo 481 ibídem); (ii) el apoderado que presente la solicitud de devolución o compensación no deberá tener la calidad de abogado y a él no se le atribuye ninguna responsabilidad por el contenido de la información suministrada con la solicitud, como sí lo hacía el proyecto del decreto, y (iii) se establece que a partir del día hábil siguiente a la radicación de la solicitud en debida forma y con el cumplimiento de los requisitos físicos y virtuales —cuando se trate de solicitudes efectuadas a través del servicio informático electrónico de la DIAN—, empiezan a correr los términos establecidos en los artículos 855 y 860 del estatuto tributario, cuestión que no estaba definida en el proyecto.

Ahora bien, en el trasfondo del articulado propuesto era posible notar un espíritu diferente al que ahora embarga el cuerpo de la regulación. En realidad, entendimos quienes estudiamos el proyecto, que existía la idea de allanar un camino que le permitiera a la administración hacer uso de herramientas tecnológicas e informáticas que de una parte favorecieran el control y la fiscalización y, de otra, facilitaran al contribuyente la radicación de las solicitudes de devolución o compensación.

No obstante lo anterior, en el Decreto 2277 la única referencia que se hace respecto a medios tecnológicos es en relación con la presentación de la solicitud de manera virtual. Si bien, en principio, los nuevos requerimientos no son injustificados, se demuestra que se dejó de lado el fin inicial de la modificación al procedimiento de devoluciones o compensaciones.

De otra parte, y haciendo referencia a las variaciones en el procedimiento de devolución y compensación, vale destacar las siguientes:

(i) Se aclara que en relación con los responsables de los bienes y servicios de que tratan los artículos 477 y 481 del estatuto tributario, cuando estos realicen simultáneamente operaciones gravadas nacionales, la devolución o compensación solo procederá por el IVA descontable asociado directamente con la producción de los bienes y servicios exportados o exentos.

(ii) El certificado de existencia y representación legal de las personas jurídicas que presentan solicitud de devolución o compensación debe ser expedido con anterioridad no mayor a un mes. Con el Decreto 1000 de 1997, la vigencia del certificado era de cuatro meses. Además, en estos casos se debe allegar copia del recibo de pago de la prima correspondiente a la póliza otorgada por entidades bancarias o compañías de seguros.

(iii) El RUT del titular del saldo a favor, al momento de la presentación y durante todo el trámite de esta, debe estar formalizado y actualizado ante la DIAN y no haber sido objeto de suspensión ni cancelación.

(iv) Se establece que cuando hubiera lugar a la cancelación de intereses, como consecuencia de un proceso de devolución, su pago se sujetará a las apropiaciones correspondientes dentro del presupuesto general de la Nación.