Informe especial

Protesta social y derechos laborales en Colombia

Revista Nº 205 Ene.-Feb. 2018

Javier Rojas 

Periodista 

Un estudio de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), divulgado en octubre del 2017, reveló que el 23% de las movilizaciones que llevaron a cabo los colombianos, entre el 2013 y el 2016, fueron motivadas por asuntos relacionados con garantías laborales, porcentaje que superó el de otras causas como servicios y bienes públicos con el 15%, inconformismo con el gobierno local o nacional con el 12%, tierra o vivienda con el 11% y garantías de justicia o seguridad con el 6%. Esta investigación evidencia el protagonismo que ha ido ganando la protesta social como mecanismo para reivindicar derechos relacionados con el trabajo, mientras los sindicatos, al parecer, han estado perdiendo terreno en ese frente.

Juan Pablo López, consultor empresarial y especialista en Derecho Laboral, comenta que el contexto del análisis de los asuntos sociales, en Colombia, ha cambiado como consecuencia del proceso de paz, lo cual implica que “el canal de discusión de muchos temas tenga que pasar de unos escenarios de violencia a unos naturales en donde un grupo de personas o, en general, la sociedad trata de expresar sus dificultades, sus quejas, sus preocupaciones a través de la protesta, de la movilización”.

El fenómeno de la protesta social, considerada como el “hecho de que la gente se une para manifestarse por algo, es un síntoma de que, hoy por hoy, el país está empezando a cambiar de polarización política. Producto del Frente Nacional teníamos un escenario en donde el mundo de la política estaba sustentado”, alternativamente, “entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. Eso empieza a fraccionarse hace más o menos doce años”. En consecuencia, se rompe esa estructura afincada en los dos partidos políticos y se genera “un fenómeno completamente distinto”, conforme al cual “la gente empieza a tener una visión política del país” con amplio espectro y arraigada en las propias convicciones.

El actual contexto social del país “también es producto de los desafíos que supuso la Constitución de 1991, de los cambios que ha venido desarrollando la propia Corte Constitucional en materia de doctrina y del mismo cambio generacional de la población. Entonces, hoy el debate político tiene un matiz distinto, porque se centra en el modelo de Estado, en el modelo económico y en el modelo social”. Y, en este último, ocupan un lugar destacado los aspectos laboral y de la seguridad social. “Estamos en un mundo distinto en lo político y va a tener una injerencia natural en las estructuras jurídicas, en las decisiones judiciales, en las decisiones normativas, en el interés legislativo”, anota López.

En el contexto universal de la protesta social, Marcel Silva, abogado laboralista y catedrático de la Universidad Nacional, comenta que la razón de ser del Derecho Laboral, en el modelo capitalista, es servir de válvula de escape a la presión que se genera en la relación entre trabajadores y empleadores o de lo contrario “estallaría el sistema”.

“Y cuando esas válvulas se cierran la gente busca la manera de protestar para lograr mejores condiciones de vida o para eliminar la arbitrariedad. En la historia de la humanidad, la huelga, las insurrecciones, las asonadas son prohibidas y así se les opongan veinte mil leyes y la[s] repriman veinte mil jueces, la gente termina protestando, especialmente, cuando ve que sus condiciones de vida van a ser sufridas”.

Según Silva, “en un sistema capitalista arbitrario como el colombiano, donde no hay democracia en las relaciones obrero patronales, la protesta salta de distintas formas. Ahora que se va conociendo quiénes son los jefes de las guerrillas, la mayoría fueron dirigentes sindicales de los años 70, 60 y, en alguna medida, de los 80, que lucharon laboralmente. La Corte Suprema de Justicia de ese entonces impuso unas condiciones increíbles a la huelga y especialmente a los tribunales de arbitramento. Y muchas de esas generaciones de dirigentes radicales y honestos en la defensa de los intereses de los trabajadores terminaron yéndose al monte”.

Asegura que esas personas no se mantuvieron en la vida civil, ni adoptaron la protesta social como instrumento reivindicatorio de los derechos laborales, porque “no las dejaron. La gran protesta social, en esa época, eran las huelgas; los paros van a venir con posterioridad”. De otro lado, el Comité de Libertad Sindical de la OIT señala, en sus decisiones, que “la inexistencia de sindicalismo no muestra indolencia de los trabajadores, sino que demuestra la falta de democracia del Estado respectivo. Es decir, si alguien va a un país y ve que el sindicalismo está reducido a nada, que no tiene medios de protesta, porque se le reprime muy duramente como acaba de pasar, por ejemplo, con la huelga de pilotos de la aerolínea Avianca, ahí no va a haber sindicalismo y esa es la muestra de la ausencia de la democracia de un sistema”.

Si a los trabajadores “se les cierran las posibilidades de ejercer el derecho de huelga, la inconformidad va a ir en aumento” y si no la pueden manifestar “dentro de los canales legales, lo harán por otro medio que, incluso, puede llegar a ser el movimiento social” o la protesta. Silva recuerda que, en Colombia, “en la década de los años 20 del siglo XX no estaban reconocidos los sindicatos y había un régimen de hegemonía conservadora que reprimió los derechos de los trabajadores y llevó a cabo masacres como las de las petroleras de 1924 y 1927, y la de las bananeras de 1928”.

“Y cómo pudo surgir de allí el sindicalismo, con movimientos sociales. Por ejemplo, en Barrancabermeja (Santander) que era el centro de una actividad socialista obrera, los paros de los petroleros eran regionales e involucraban a toda la población. Es decir, las luchas iniciales, en las cuales se forjó el movimiento sindical colombiano, fueron eminentemente de tipo social que podían llamarse, en esa época, protestas sociales”. Silva manifiesta que, en ese momento de la historia nacional, se combinaban la protesta social y la huelga.

En la huelga de los trabajadores ferroviarios de la región del Pacífico, en 1926, se logró, por primera vez, la jornada de trabajo de ocho horas y el descanso dominical remunerado. “Ese movimiento cubrió a todos los trabajadores, no solamente a los de los ferrocarriles. Y así ocurrieron varias huelgas que fueron movimientos sociales de tipo reivindicativo. En la medida en que no se deje fluir la inconformidad y la protesta de los trabajadores, por sus condiciones de trabajo, en esa medida van a reventar movimientos sociales muy fuertes que incluyen reivindicaciones de tipo laboral. Pero, lamentablemente, en Colombia, nuestros teóricos laboralistas y la Corte Suprema de Justicia no han entendido ese fenómeno que no es un problema de tipo jurídico, sino eminentemente político-social”, acota Silva.

“El movimiento social, en estos momentos, debido a las condiciones tan difíciles en Colombia, también abarca la lucha de tipo laboral o, a su vez, las luchas de tipo laboral tienden a convertirse en luchas de tipo social como sucedió en los años veinte en el país. El resultado de esos años fue que subió al poder el liberalismo y dictó una ley por la cual se reconoció, por primera vez, a los sindicatos y se trató de regular el derecho de asociación y el derecho de huelga, porque en la medida en que se aplasten y se destruyan las condiciones democráticas, en las relaciones obrero-patronales, no hay ninguna democracia”.

“Si no le dan una vía de verdad al Derecho Laboral”, advierte Silva, los trabajadores sindicalizados dejarán, cada vez más, de seguir recurriendo al movimiento social. “En el caso de Argentina, donde está el proletariado más desarrollado en América Latina, el trabajador ya no va a hacer una huelga en la empresa, a paralizarla, porque queda arrinconado su movimiento”, en consecuencia “hacen la huelga, pero se toman las calles, las carreteras. Eso lo hacen constantemente, porque debido al desarrollo de la tecnología y de los nuevos sistemas de producción quedarse recluido en un sitio” solo para adelantar una huelga “no logra el impacto, ni las consecuencias políticas que se requieren” a fin de alcanzar las reivindicaciones.

El profesor Marcel Silva expresa que hoy “el problema de la huelga no es si es legal o no, sino si es eficaz o no. Se hace una huelga y puede ser ilegal, pero si logra sus objetivos, pues se impone que no va a haber represión, ni nada parecido. El problema es la eficacia o no de la huelga y no la legalidad o ilegalidad de la misma”, insiste.

Según el experto en asuntos laborales del gremio empresarial más importante del país, quienes usan el bloqueo de vías en la protesta social como mecanismo para lograr reivindicaciones laborales y de otra naturaleza vulneran los derechos de los demás ciudadanos. Al respecto, Silva expresa que “lo hacen para ser escuchados dentro de la comunidad”.

Y en relación con la idea de que sea penalizable esta acción, señala que “la esencia del derecho de huelga es que cause un perjuicio; eso lo dice Óscar Ermida Uriarte, un tratadista uruguayo. Cuando una persona le infringe perjuicios a otra, en Derecho Penal, en Civil o en cualquier clase de Derecho, ahí mismo se habla de resarcir los perjuicios, es decir, buscar que quien sufre el perjuicio reciba una indemnización. Eso aplica en todas las ramas del Derecho, menos en el Derecho Laboral, porque la huelga crea un perjuicio: el patrono no puede trabajar, los trabajadores no reciben salario y la comunidad sale” también afectada.

Convergencia de intereses

Los jornaleros y las personas que han conformado diversos grupos denominados dignidades “no son sindicatos, sino organizaciones sociales que llevan internamente el componente laboral. La Corte Suprema de Justicia señaló que no tienen el beneficio del Convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación”, señala Silva, mientras en una sentencia de ese tribunal, atinente a las protestas sociales adelantadas en el 2013, en el municipio petrolero de Monterrey (Casanare), determinó que “las juntas de acción comunal no podían promover huelgas y que la ley era muy clara” respecto a tal prohibición. Sin embargo, estas juntas las incentivan cuando lo consideran necesario.

Silva explica que las organizaciones rurales llamadas dignidades abogan no solamente por la solución de los problemas laborales de los trabajadores del campo, sino que también lo hacen por los problemas generales de los pequeños propietarios rurales que les ofrecen empleo a aquellos. “Esos pequeños propietarios no tendrían la fuerza que hoy tienen, si sus trabajadores tuvieran organizaciones sindicales negociando pliegos de peticiones. Entonces, como no las tienen, les toca meterse en la otra pelea”, en la protesta social de los pequeños propietarios de tierras.

Al impedir la protesta social rural “se están dando cada vez mayores bases para que se incremente” y esta resulta “mucho más arrasadora, frente al sistema, que si fuesen las organizaciones sindicales” las que actuaran. “En todos esos movimientos de tipo social, si el trabajador real no estuviera incluido, no tendrían esa fuerza”, anota Silva.

“En el campo, donde hay minicultivos, es un sueño casi imposible” que se conformen sindicatos de trabajadores. Los que se han denominado sindicatos agrícolas son “tanto de propietarios como de campesinos y, lógicamente, al estar el propietario y el trabajador del campo, el propietario los termina” por manipular en torno a acciones de protesta social. “Por eso la OIT insiste mucho en que quienes sean propietarios no pueden tener cargos directivos en los sindicatos de trabajadores, en un momento determinado, porque frenan su acción. Eso está en las decisiones del Comité de Libertad Sindical” de la OIT.

Además, continúa Silva, los jornaleros que van de cosecha en cosecha, en busca de trabajo, no tienen el tiempo suficiente de convivencia para integrarse con otros trabajadores y organizar un sindicato. “En otros países, los trabajadores rurales pueden afiliarse a los sindicatos antes de entrar a laborar y el sindicato negocia con el empleador, como en España, las condiciones de trabajo”. En Colombia primero se debe tener la condición de trabajador bajo contrato formal con una empresa y luego sí se puede afiliar a un sindicato, a través del cual se negocia una convención colectiva con beneficios laborales.

En el caso de los trabajadores informales de la ciudad, se presenta una situación de injusticia, pues “desde el punto de vista procesal las puertas les están cerradas”, en lo pertinente a la defensa de sus derechos laborales, incluso, no solo en cuanto al derecho de huelga, “sino desde el punto de vista de acudir ante el juez a demandar sus derechos. El trabajador con contrato de prestación de servicios, el de una tienda o el de restaurante nunca va a recurrir a la justicia, primero, porque no tiene pruebas y, segundo, porque si llega a demandar pone en peligro su puesto de trabajo. Y las instituciones procesales, ya no solamente las laborales sino también las civiles, no tienen una alternativa, en Colombia, frente a esas situaciones como sí se ha dado en otros países”, afirma Silva.

Entre tanto, los trabajadores de las agencias temporales de empleo no alcanzan la condición de trabajadores en las empresas a las que acuden, por un breve tiempo, en misión y en la agencia temporal que los emplea no tienen suficiente interacción con sus compañeros de trabajo, de modo que “objetivamente les queda imposible sindicalizarse”. En el escenario descrito, los trabajadores del campo, los trabajadores informales de la ciudad y los empleados de las agencias temporales de empleo, “donde haya condiciones de demasiada represión, a qué tienen que recurrir: a la protesta, al levantamiento por fuera de cualquier cauce legal”, asegura Silva.

Mauricio Archila, profesor del departamento de historia de la Universidad Nacional e investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), comenta que, de acuerdo con sus estudios, las principales causas de la protesta social en Colombia son: los incumplimientos del Estado, las políticas públicas, la defensa de derechos y pliegos, y temas laborales. Sin embargo, precisa, en el tópico de incumplimientos del Estado, que el primer lugar lo ocupa el atraso en el pago de salarios.

Según el análisis de Archila, “el mundo laboral sí ha perdido cierto protagonismo en la protesta social”, aunque reconoce que “todavía hay sectores laborales muy fuertes, donde incluso se hace huelga. Hay visibilidad del sector laboral, pero en el conjunto de las protestas, las de naturaleza laboral no son la mayoría como solían serlo hasta los años 90”.

Considera que esta situación obedece a “fenómenos de corte estructural: la apertura económica, eso que se llama neoliberalismo; la flexibilización del mundo del trabajo, la tercerización en muchas empresas, la vinculación de contratistas; la pérdida de derechos laborales, de garantías laborales, de contratos estables fijos; la disminución del sindicalismo”.

Manifiesta que tales causas han debilitado al sindicalismo, porque este “se construyó sobre el empleo formal; se habla mucho del momento en que, en el capitalismo, con las ideas del industrial estadounidense Henry Ford, del economista británico John Maynard Keynes y de la socialdemocracia, se hicieron unos acuerdos obrero-patronales para fortalecer el mundo laboral, con legislación y sindicatos fuertes”.

Esa pérdida de fuerza del sindicalismo ha sido un proceso lento, “pero los historiadores y los sociólogos hablamos del paso de un capitalismo de Estado bienestar, benefactor, que se vivió en el mundo entre los años 30 y los 90”, y que tras el ascenso de Margaret Thatcher al gobierno en el Reino Unido de Gran Bretaña y de Ronald Reagan en EE. UU. “se produce el quiebre de ese modelo del Estado bienestar, es decir, de la intervención del Estado en la economía para tratar de fortalecer algunos sectores sociales”, recuerda Archila. A su vez, César Gaviria, presidente de Colombia entre 1990 y 1994, inició esa misma tendencia mundial.

Archila comenta que “a mediados de los años 60 y comienzos de los 70, teníamos una tasa de sindicalización del 16%, la más alta que hemos tenido, pero muy baja en comparación con Argentina y Chile. Hoy estamos en menos del 4%; de 100 trabajadores, 3 o 4 están afiliados a los sindicatos. Hubo un momento en que tenían más afiliados las cooperativas de trabajo asociado que los sindicatos”.

En términos generales, según Archila, la protesta social “se va a mantener en estándares altos. Nuestras estadísticas muestran que el 2013 fue el año de más protestas; contabilizamos unas 1.100. En el 2015 volvió a ser alto, pero no llegó a ese número. En el 2016 bajó un poco. Pero los últimos años de los gobiernos de Santos, desde el 2013, han sido de promedio alto y uno prevé que va a seguir así”.

No obstante, en general, los sindicatos y los movimientos sociales “han sido víctimas de la violencia. Esta ha debilitado mucho el mundo” del liderazgo social y “todavía lo seguimos viendo hoy, desafortunadamente, con el asesinato de los líderes sociales. Entonces, se van debilitando las organizaciones, porque no es solo que maten a un líder comunitario, al gobernador de un cabildo indígena o al dirigente de un sindicato, sino que con eso amedrentan” a toda una comunidad.

A pesar de la situación anterior, afirma Archila, “en la medida en que un actor que, evidentemente, fue un gran victimario, las FARC, entran en un proceso político, eso va a ser un factor que favorece” expresiones ciudadanas como la protesta social, se crean estructuras de oportunidad política para la movilización de todas las comunidades del país que buscan la satisfacción de diversas necesidades. Se verá como parte de la dinámica ciudadana que “si alguien siente que le están cometiendo una injusticia, se le rebosa la copa y sale a protestar”.

De otro lado, hay una fuerte “presión social por las reformas, algunas pactadas en La Habana, especialmente en el punto de tierras, pero hay toda otra serie de puntos que no fueron incluidos, en esos diálogos, que están a la espera de solución; muchos problemas de las regiones, de Chocó, de Tumaco, de Buenaventura, todo el Pacífico, de los pueblos indígenas de muchas partes, de comunidades negras”. Asimismo, los temas laborales no se incluyeron en ese reciente acuerdo de paz con la guerrilla, aunque se planteó el fortalecimiento de los movimientos sociales y de la participación ciudadana. Sin embargo, “todo eso está quedándose en letra escrita”.

Debilidad convocatoria

Por su parte, Juan Pablo López, experto en derecho laboral, considera que las organizaciones sindicales no han tenido la capacidad de aglutinar a la ciudadanía en torno a “un interés macro de la sociedad, en términos del ejercicio” de la movilización. “Cuando se mira la protesta de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) o de la Asociación nacional de trabajadores del sistema judicial colombiano y afines (Asonal Judicial) se encuentran protestas” surgidas a partir de “problemas y beneficios para un sector específico de la economía, de un grupo de trabajadores”.

“Las grandes manifestaciones del país, en el transcurso de los años recientes, han sido gremiales”, es decir, de algún sector del Estado o de la economía. Entonces, asevera López, “el mundo de la actividad sindical recoge el interés de un grupo particular de trabajadores, pero no recoge, porque no es su función, las preocupaciones de la sociedad frente a otra cantidad de temas de carácter político, económico, social que se pueden dar en el país”.

“Los sindicatos no representan, necesariamente, todo el escenario de la protesta social. Pero, el fenómeno curioso es encontrar el nivel de activismo social en el que está el país que, además, es muy propicio para los procesos de paz”. Lo importante de la protesta social es cuando deja de ser una acción con propósito particular para convertirse en un vehículo con capacidad de influir en la política pública. Sin embargo, la protesta social hasta ahora no ha tenido tal alcance en el país, anota López.

“Los sindicatos, sin lugar a duda, deberían ser unos factores de desarrollo social. Y una de las grandes críticas al sindicalismo, en Colombia, es que se quedó en una postura puramente contestataria, política, y se olvidó de que su gran preocupación debería ser buscar desarrollo social. Esa ha sido una discusión compleja, aun dentro del propio mundo sindical”.

“No estoy muy seguro de que el canal capaz de atender las preocupaciones de las personas de la sociedad sean las organizaciones sindicales. Se quedan cortas, porque no tienen la capacidad” de asimilar “la realidad en su contexto”, pues aunque intentan comprender la problemática económica y social de la ciudadanía se limitan a “una visión política de cómo resolverla. Esa es una salida que no le interesa a la gente que quiere opciones” pragmáticas y democráticas, afirma López.

De otra parte, López asegura que los sindicatos no han logrado que los trabajadores independientes ni los informales se identifiquen con ellos, “porque no han entendido que la representatividad es completamente distinta” al tipo de vínculo laboral de una persona. O sea, “no se puede pretender que todo el mundo disponga de contrato de trabajo. Esa es una decisión equivocada. No se le puede decir al campesino que tenga un contrato de trabajo, porque simplemente su capacidad financiera y económica se lo impide”.

Entre tanto, Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), sostiene que la “protesta social se viene abriendo camino en el mundo como un mecanismo a través del cual se reivindican derechos de grupos determinados” de ciudadanos que “se vuelcan a las calles a reclamar sus derechos” y a manifestarse cuando alguna decisión pública o privada los perjudica.

“Hay desconfianza de la inmensa mayoría de la gente en torno a protestas estructuradas”, anota Gómez. Es decir, en relación “con una determinada movilización, por ejemplo, por mejores salarios, no necesariamente concurre la gente, concurrimos los sindicalistas, quienes tenemos un vínculo directo a través de una organización sindical, pero el común de la gente no asiste a ese tipo de convocatorias, porque, desde el punto de vista de medios de comunicación, no tenemos cómo llegar” a los diferentes sectores de la sociedad.

En este entorno, “la protesta social se abre camino en todo el país; los pueblos indígenas se movilizan, el movimiento campesino también, en función de sus derechos”. Según Gómez, los ciudadanos perciben que la única manera de ser escuchados “es a través de la movilización social, de la protesta social”.

Respecto a la eventualidad de que los sindicatos estén siendo desplazados por la protesta social de las comunidades para defender derechos laborales, Gómez dice: “el derecho de huelga, que es el más sagrado de los derechos, el cual hemos reivindicado los sindicalistas en todo el mundo, se ha venido convirtiendo en un artículo de lujo, casi exótico. Esto tiene una explicación y es que las bajas tasas de sindicalización impiden que en una asamblea general de trabajadores de una empresa sea posible votar la huelga en condición mayoritaria, que es uno de los requisitos de ley. Y las bajas tasas de sindicalización también están íntimamente ligadas a sistemas de contratación irregular, contratos basura y contratos de corta duración”.

Expresa que el trabajador de una empresa puede tener la intención de vincularse al sindicato, pero no lo hace, pues teme que al momento de vencerse el contrato de trabajo no se lo renueven, “porque se afilió al sindicato”. La CGT, durante sus campañas de afiliación, acude “a ciertos lugares en búsqueda de trabajadores, los espera a la puerta de la fábrica o a la salida de los almacenes y dicen que no se puede afiliar a un sindicato, porque tienen un contrato a noventa días, a un mes o que no son trabajadores de esa empresa, pero afirman que no quieren formar parte de un sindicato, porque eso les significa el despido”.

Gómez piensa que la protesta social será un medio de uso constante en la sociedad, durante los próximos años, para defender los derechos laborales, “en la medida en que se constriñe el espacio hacia formas mucho más organizadas de protesta, como ocurre en los países donde hay unas tasas de sindicalización muy altas” y un marco de garantías, mientras que en esta Nación no lo hay.

“En Colombia difícilmente llegamos al 7%” de tasa de sindicalización de los trabajadores”. Eso permite prever que “la gente va a recurrir a la protesta a través de un sector económico, de una junta de acción comunal, de una asociación de padres de familia. La gente siempre va a tener un tubo de escape para manifestar sus inconformidades con el sistema” político o económico, subraya Gómez.

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Respecto a la afirmación de que la protesta social de las comunidades ha ganado el terreno cedido por los sindicatos, Gómez sostiene que “uno no puede tapar el sol con las manos. El movimiento sindical victimizado, además, por hechos de violencia, perseguido, estigmatizado, ha perdido escenarios. El movimiento sindical, entonces, en dónde se recicla: en las organizaciones sociales. La CGT no es solo una central de sindicatos, sino que está todo el movimiento campesino, organizaciones indígenas, organizaciones de lucha por la tierra, organizaciones del sector informal de la economía, porque la gente va ingeniándose formas para hacer sentir su inconformidad con las inequidades del sistema. Estamos ramificados también en muchos lugares, con otros sectores sociales”.

Reconoce que la CGT utiliza la protesta social “como una herramienta reivindicativa. Hay que hacerse sentir independientemente de los formalismos y de las barreras que plantee la ley. Gómez advierte que “la protesta social no la pueden regular” y para adelantar las marchas de protesta “nos gustan la carrera séptima y la carrera décima, en Bogotá; el paseo Bolívar, en Barranquilla; nos gusta agarrar por las diferentes calles de Medellín, de Bucaramanga, de Cali. Eso no lo van a poder evitar nunca”. La protesta social “es un mecanismo legítimo; se legitimó fruto de lo que la gente reivindica y como lo que se plantean son derechos ciertos de los trabajadores, entonces, qué alcalde se atreve a ordenar reprimir una manifestación. Tiene que ser un loco”.

Parece incontrovertible que la protesta social, más que ser un hecho de coyuntura, se está convirtiendo en un instrumento de uso habitual por parte de diversos grupos de ciudadanos, con la finalidad de reivindicar derechos laborales y presionar la solución a problemas complejos de distinta naturaleza. En consecuencia, el país debe prepararse para atender con inteligencia la intensificación de los eventos de protesta social durante los próximos años.