Reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros en Ecuador: un camino inexplorado

Revista Nº 8 Ene.-Jun. 2008

Xavier Andrade Cadena 

1. Introducción.

La efectividad del arbitraje depende de que los laudos puedan ser reconocidos y ejecutados de manera oportuna. De poco serviría que las partes de una disputa hubieran elaborado un buen convenio arbitral, seleccionado árbitros idóneos y que estos hayan resuelto acertadamente un conflicto, si su decisión no puede ser cumplida.

El reconocimiento y la ejecución de laudos extranjeros en Ecuador es un camino inexplorado. Las cortes ecuatorianas aún no se han enfrentado a peticiones de reconocimiento y ejecución de laudos foráneos, después de la expedición de la Ley de Arbitraje y Mediación de 1997(1), por lo que es difícil anticipar la forma en que estas procederán(2).

Los abogados ecuatorianos son testigos de que el arbitraje internacional ha empezado a desarrollarse en el país. Cada vez es más común encontrar cláusulas arbitrales en contratos que involucran partes extranjeras o que implementan transacciones internacionales. También se ha observado la abrupta incursión del Estado ecuatoriano en esta disciplina. El país ha sido demandado al menos en nueve ocasiones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi)(3).

Tres de estos asuntos ya se encuentran resueltos: IBM World Trade Corp v. República del Ecuador terminó por acuerdo entre las partes; Repsol YPF Ecuador S.A. v. Empresa Estatal de Petróleos del Ecuador (Petroecuador) fue resuelto a favor de la primera; M.C.I. Power Group, L.C. y New Turbine, Inc. v. República del Ecuador terminó con una decisión a favor del segundo. Se espera que los restantes seis arbitrajes sean decididos en los próximos meses.

Además, Ecuador ha sido demandado por dos empresas petroleras extranjeras, en controversias relacionadas con el pago del impuesto al valor agregado. Estos dos arbitrajes fueron resueltos de conformidad con las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI): Occidental Exploration & Production Co. v. República del Ecuador, resuelto a favor de la petrolera, y En Cana Corporation v. República del Ecuador, fallado a favor del demandado.

Considerando estos antecedentes y el hecho de que los laudos de los citados casos se ejecutarán más temprano que tarde, voluntaria o forzosamente, este es un momento oportuno para explorar cómo los jueces ecuatorianos actuarían frente a peticiones de reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros. En la siguiente sección de este trabajo se analizarán ciertos conceptos necesarios para comprender el alcance del reconocimiento y la ejecución de laudos extranjeros, así como la jurisdicción y competencia de los jueces ecuatorianos en esta materia.

Posteriormente, se examinarán los mecanismos de reconocimiento y ejecución de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958 —en adelante, la Convención de Nueva York—, del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados de 1966 —en adelante, el Convenio de Washington— y de la Ley de Arbitraje y Mediación ecuatoriana. Igualmente, se hará un breve ejercicio acerca de cómo un juez aplicaría la normativa internacional y la local dependiendo del mecanismo adoptado, para luego auscultar la posibilidad de aplicar el principio del derecho más favorable establecido en la Convención de Nueva York. Por último, se sustentará la tesis de que los laudos arbitrales extranjeros no se reconocen ni ejecutan en Ecuador de la misma manera que las sentencias judiciales extranjeras.

2. Consideraciones preliminares.

Antes de analizar los diferentes mecanismos que existen para reconocer y ejecutar laudos arbitrales extranjeros, resulta conveniente revisar ciertos conceptos. Se tratarán las nociones de “reconocimiento” y “ejecución” que, a pesar de ser comúnmente utilizadas como si fuesen sinónimos, tienen sus propios objetivos, efectos y, en ocasiones, normas aplicables. Adicionalmente, se determinará la jurisdicción de los jueces ecuatorianos frente a las peticiones de reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros, así como su competencia en razón de los grados, del territorio y de la materia.

2.1. Reconocimiento.

Es el acto mediante el cual un juez nacional reconoce un laudo arbitral extranjero, en el que se reitera su validez, ejecutoriedad y el efecto de cosa juzgada. En otras palabras, es el pronunciamiento por el que se admite la existencia del proceso arbitral y del laudo extranjero dictado por un tribunal arbitral, calificándolos como válidos y ejecutables en el territorio. A este acto se le conoce como exequátur y se debe realizar antes de la ejecución del laudo. Para efectuar este reconocimiento no es necesario que el juez verifique su ejecutoriedad en el país de emisión, pues las convenciones sobre arbitraje internacional vigentes han eliminado este requisito, conocido por la doctrina como “doble exequátur”.

El reconocimiento está vinculado al concepto de cosa juzgada o res judicata y normalmente es utilizado como defensa(4). A pesar de que normalmente precede a la ejecución del laudo, pueden existir circunstancias que ameriten demandar solo el reconocimiento(5), por ejemplo, para evitar que una persona demande a otra ante la justicia ordinaria o mediante un arbitraje por una controversia que ya fue resuelta por árbitros. Con base en el principio non bis in idem, la parte demandada podría solicitar el reconocimiento judicial del laudo y que el juez o tribunal arbitral se abstenga de conocer un caso que ya ha sido resuelto previamente.

2.2. Ejecución.

Es el acto judicial, obligatorio y forzoso por el cual un juez hace efectiva la decisión de los árbitros sobre la materia controvertida, utilizando para ello todas las medidas que la legislación contempla. En el lenguaje del artículo 1º del Código de Procedimiento Civil ecuatoriano, se trata de la facultad que tienen los jueces de “hacer ejecutar lo juzgado”. Para que un laudo pueda ser ejecutado es necesario que haya sido previamente reconocido.

La fase de ejecución forzosa de una sentencia judicial o de un laudo arbitral en Ecuador se la conoce como “vía de apremio”, la cual será analizada más adelante(6). Como su nombre lo indica, esta etapa comprende la aplicación de apremios o “... medidas coercitivas de que se vale un juez o tribunal para que sean obedecidas sus providencias por las personas que no las cumplen dentro de los términos respectivos”(7).

La legislación ecuatoriana no diferencia expresamente los conceptos de reconocimiento y ejecución. Sin embargo, el artículo 32 de la Ley de Arbitraje y Mediación considera los elementos constitutivos de ambos conceptos: “Los laudos arbitrales tienen efecto de sentencia ejecutoriada y de cosa juzgada y se ejecutarán del mismo modo que las sentencias de última instancia, siguiendo la vía de apremio...”.

2.3. Jurisdicción y competencia.

La tarea de los árbitros en un proceso arbitral concluye en el momento en que se emite el laudo final. Ellos no juegan ningún rol en la ejecución del laudo, aunque son responsables de esforzarse por dictar decisiones ejecutables en las respectivas jurisdicciones(8). La prerrogativa de reconocer y ejecutar los laudos extranjeros le corresponde exclusivamente al órgano judicial del país donde se solicita tal reconocimiento y ejecución. Le compete, por lo tanto, al derecho interno de cada país definir el órgano responsable de esta tarea y el procedimiento a ser aplicado. No obstante, esta prerrogativa debe ejercerse con sujeción a las normas de los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado.

La parte que busca el reconocimiento y la ejecución del laudo es quien decide en qué país o jurisdicción debe hacer valer los derechos determinados en el fallo. El propósito de una petición de reconocimiento y ejecución es lograr que el juez utilice su potestad coercitiva para hacer cumplir lo resuelto por los árbitros, por lo cual, el interesado, al momento de tomar su decisión respecto de dónde presentar la petición, seguramente pondrá atención en el lugar donde están los bienes del ejecutado. Ahora, el lugar de ubicación de los bienes no es el único criterio que se debe tomar en cuenta en esta decisión. También es recomendable analizar, por ejemplo, la actitud y experiencia de las cortes frente a este tipo de peticiones, el procedimiento local aplicable y si el país de ejecución es signatario o no de la Convención de Nueva York o de otro instrumento que facilite la tarea.

En la siguiente sección se analizará cuál es el órgano competente para conocer solicitudes de reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros en Ecuador, en razón de los grados, del territorio y de la materia.

2.3.1. En razón de los grados.

El artículo 42 de la Ley de Arbitraje y Mediación ecuatoriana establece que los laudos provenientes de un arbitraje internacional serán ejecutados de la misma manera que los laudos emitidos en el país(9). De conformidad con el artículo 32 de dicha ley, los laudos arbitrales locales se ejecutan de la misma manera que las sentencias de última instancia. Esto es, mediante la vía de apremio(10).

Por su parte, los artículos 54 y 302 del Código de Procedimiento Civil ecuatoriano señalan que las sentencias emitidas en todo juicio serán ejecutadas por los jueces de primera instancia(11). Adicionalmente, el artículo 488 determina que las sentencias que no sigan un procedimiento especial de ejecución serán ejecutadas del mismo modo que los fallos dictados en juicios ejecutivos, a través de la vía de apremio(12). En consecuencia, los jueces competentes para conocer peticiones de reconocimiento y ejecución en Ecuador, en razón de los grados, son los de primera instancia.

2.3.2. En razón del territorio.

El artículo 26 del Código de Procedimiento Civil dispone: “El juez del lugar donde tiene su domicilio el demandado, es el competente para conocer de las causas que contra este se promuevan”. Pero, el artículo 19 del mismo estatuto también le otorga competencia a los jueces del lugar (i) donde deba hacerse el pago o cumplirse la obligación; (ii) donde se celebró el contrato; (iii) donde el demandado se haya sometido expresamente en el contrato; (iv) donde estuviere la cosa raíz materia del pleito; (v) donde los daños se causaron, en las demandas sobre indemnización o reparación de estos, y (vi) donde se hubieren administrado bienes ajenos.

Como se observa, en razón de la materia, el demandante puede optar por una amplia gama de opciones ante quien presentar su petición.

2.3.3. En razón de la materia.

El artículo 71 de la Ley Orgánica de la Función Judicial ecuatoriana(13) establece que es atribución de los jueces de lo civil “... conocer y resolver, en primera instancia, los asuntos contenciosos y de jurisdicción voluntaria, cuyo conocimiento no esté atribuido a otra autoridad...”. La facultad de ejecutar sentencias y, por lo tanto, laudos arbitrales extranjeros, no está confiada a jueces especiales, razón por la que esta tarea les corresponde a los jueces de lo civil(14).

3. Mecanismos de ejecución y reconocimiento. Legislación internacional y local.

En el ámbito internacional existen varios mecanismos de reconocimiento y ejecución de laudos. Para conocer los mecanismos disponibles en un determinado país es necesario remitirse a su legislación, particularmente a las convenciones sobre arbitraje internacional de las que ese Estado es parte y a su derecho procesal local. Dependiendo de qué tan desarrollada sea la legislación de un país, el proceso de reconocimiento y ejecución de un laudo puede ser, como mencionan los autores, una mera “formalidad administrativa” o convertirse en una “verdadera pesadilla”(15).

Ecuador ha suscrito y ha ratificado varias convenciones internacionales que tienen relevancia para el objeto de este escrito: la Convención sobre Derecho Internacional Privado de la Habana de 1928 —Código Sánchez de Bustamante—(16); la Convención de Nueva York(17); el Convenio de Washington(18); la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1975 —Convención de Panamá— (19) y la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros de 1979—Convención de Montevideo—(20). Adicionalmente, se deben considerar los tratados bilaterales de inversión que Ecuador ha suscrito con más de 20 países, los cuales, en su mayoría, remiten las controversias de los inversionistas con los Estados al arbitraje internacional(21).

Este trabajo se limita al análisis de las convenciones que, por su amplia aplicabilidad e importancia, en este momento son las más relevantes para el entorno ecuatoriano: la Convención de Nueva York y el Convenio de Washington. En vista de que la primera es casi idéntica a la Convención de Panamá, lo referido a ella será, en gran parte, aplicable también a la segunda. Además, se examinará la legislación procesal ecuatoriana, especialmente la Ley de Arbitraje y Mediación y el Código de Procedimiento Civil, así como la manera en que esta interactúa con la legislación internacional.

3.1. Mecanismo bajo la Convención de Nueva York(22). 

3.1.1. Obligación de reconocer y ejecutar laudos extranjeros.

La Convención de Nueva York contempla un sistema sencillo y efectivo de reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros. El alcance de este instrumento se encuentra delimitado en su artículo I(1), que establece: “La presente convención se aplicará al reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales dictadas en el territorio de un Estado distinto de aquel en que se pide el reconocimiento y la ejecución de dichas sentencias, y que tengan su origen en diferencias entre personas naturales o jurídicas. Se aplicará también a las sentencias arbitrales que no sean consideradas como sentencias nacionales(23) en el Estado en el que se pide su reconocimiento y ejecución”.

El artículo III, por su parte, deja en claro la obligación de reconocer y ejecutar laudos de los países firmantes de la misma: “Cada uno de los Estados contratantes reconocerá la autoridad de la sentencia arbitral y concederá su ejecución de conformidad con las normas de procedimiento vigentes en el territorio donde la sentencia sea invocada, con arreglo a las condiciones que se establecen en los artículos siguientes...”.

Además de obligar a las cortes de los países suscriptores a reconocer y ejecutar laudos extranjeros, esta norma le otorga una presunción de validez a los laudos arbitrales. En efecto, si no se demuestra que existe un motivo válido para denegar el reconocimiento y la ejecución de un laudo extranjero, el juez no tiene otra alternativa que ejecutarlo(24).

3.1.2. Motivos para denegar el reconocimiento y la ejecución.

El artículo V de la Convención de Nueva York contiene una lista taxativa de los motivos por los que un juez puede rechazar una demanda de reconocimiento y ejecución de un laudo extranjero. El análisis pormenorizado de estos requisitos justifica una investigación independiente. Sin embargo, pueden clasificarse en dos grupos: (i) los que deben ser propuestos y probados por la parte que se opone al reconocimiento y ejecución y (ii) los que deben ser analizados de oficio por el juez.

Los primeros se refieren a la invalidez del convenio arbitral o incapacidad de las partes, al desarrollo irregular del procedimiento arbitral que haya provocado indefensión, a incongruencias del laudo arbitral o al exceso de autoridad del árbitro, a irregularidades en la constitución del tribunal arbitral o en el procedimiento arbitral y al estado no ejecutorio del laudo. Los segundos comprenden la inarbitrabilidad de la controversia y la violación del orden público del país de ejecución.

Estos motivos tienen las siguientes características: (i) son taxativos, es decir, los jueces no pueden denegar el reconocimiento y ejecución con base en otras circunstancias; (ii) no permiten la revisión sustantiva de los méritos del laudo, pues solo se refieren a cuestiones procedimentales, y (iii) la carga de la prueba recae sobre la persona que se opone al reconocimiento y ejecución(25). La parte interesada en el reconocimiento y ejecución, como se verá más adelante, está obligada únicamente a cumplir con las formalidades del artículo IV.

Si la corte no verifica la existencia de uno de los motivos del artículo V de la Convención de Nueva York, se verá obligada a reconocer y ejecutar el laudo. En otras palabras, si quien se opone a la decisión no puede probar ante el juez los motivos del artículo V(1) o si el juez no encontró en su examen de oficio que el laudo incurre en los motivos del artículo V(2), deberá reconocer y ejecutar la decisión. Cualquier otra alternativa carecería de sustento legal.

3.1.3. Formalidades.

Las formalidades que debe cumplir la parte interesada en el reconocimiento y ejecución se encuentran contenidas en el artículo IV de la Convención, que establece: “1. Para obtener el reconocimiento y la ejecución previstos en el artículo anterior, la parte que pida el reconocimiento y la ejecución deberá presentar, junto con la demanda:

a) El original debidamente autenticado de la sentencia o una copia de ese original que reúna las condiciones requeridas para su autenticidad,

b) El original del acuerdo a que se refiere el artículo II, o una copia que reúna las condiciones requeridas para su autenticidad.

2. Si esa sentencia o ese acuerdo no estuvieran en un idioma oficial del país en que se invoca la sentencia, la parte que pida el reconocimiento y la ejecución de esta última deberá presentar una traducción a ese idioma de dichos documentos. La traducción deberá ser certificada por un traductor oficial o un traductor jurado, o por un agente diplomático o consular”.

Una vez la parte interesada cumple con estos requisitos, automáticamente tiene el derecho de solicitar el reconocimiento y ejecución del laudo(26). Por el contrario, si no los reúne será requerida por el juez para completar la petición. Este último no podrá denegar el reconocimiento y la ejecución del laudo por no cumplir con todas las condiciones, pues ello no constituye una causal de denegación de conformidad con el artículo V de la Convención(27). Lo correcto es que el juez no le dé trámite a la petición y se abstenga de proceder con el reconocimiento y la ejecución mientras no se presenten todos los documentos.

Sobra mencionar que el juez que conoce la petición no está autorizado para solicitar documentos o requisitos adicionales a los señalados, pues la Convención de Nueva York es el instrumento que determina cuáles son las condiciones sustantivas para el reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros, las cuales, en todo evento, prevalecen sobre las normas del derecho interno(28).

3.1.4. Procedimiento en Ecuador.

La Convención de Nueva York no impone un procedimiento para el reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros en el país de ejecución. Y no es que sus redactores olvidaran desarrollar tan importante tema, sino que desistieron de la idea por la dificultad que representaba plantear un procedimiento aplicable a todos los sistemas jurídicos de los países firmantes(29). Como menciona Van den Berg, uniformar los procedimientos de reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros es algo “deseable”, pero “impracticable”(30).

Este instrumento faculta a cada Estado para que establezca su propio procedimiento de reconocimiento y ejecución. Así, el artículo III señala: “... Cada uno de los Estados contratantes reconocerá la autoridad de la sentencia arbitral y concederá su ejecución de conformidad con las normas de procedimiento vigentes en el territorio donde la sentencia sea invocada, con arreglo a las condiciones que se establecen en los artículos siguientes...”. Esta facultad está, sin embargo, limitada por la misma norma: “... Para el reconocimiento o la ejecución de las sentencias arbitrales a que se aplica la presente convención, no se impondrán condiciones apreciablemente más rigurosas, ni honorarios o costas más elevados, que los aplicables al reconocimiento o a la ejecución de las sentencias arbitrales nacionales”.

La Convención de Nueva York es tan categórica respecto de esta limitación que ciertos autores han llegado a afirmar que, si un país no tiene un procedimiento específico para reconocer y ejecutar laudos extranjeros, se aplicaría automáticamente el procedimiento de ejecución de laudos locales(31). En Ecuador, como se ha visto, los laudos extranjeros se ejecutan de la misma manera que los laudos locales, por lo que la legislación interna se encuentra en cumplimiento del mandato del instrumento internacional.

Ahora, vale la pena aclarar que, a pesar de que la Convención de Nueva York no contempla un procedimiento de reconocimiento y ejecución de laudos, en ella constan las condiciones sustantivas que rigen este proceso, particularmente los requisitos del artículo IV para solicitar el reconocimiento y ejecución, y los motivos del artículo V para denegarlo. La facultad de los países firmantes, en consecuencia, se limita únicamente a determinar los asuntos adjetivos del proceso(32). En caso de conflicto entre las normas del derecho procesal interno y las de la Convención de Nueva York, deben prevalecer estas últimas(33).

Varios países firmantes del instrumento internacional han ejercido la facultad de crear un procedimiento de reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, Australia, Dinamarca, Estados Unidos, India, Suecia, Reino Unido y aquellos que han adoptado la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional(34), cuyo objetivo es armonizar la legislación interna de los Estados con las normas de la convención.

Ecuador no ha desarrollado un procedimiento específico para el reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros, sino que optó por equiparar este proceso al de ejecución de los laudos locales. Por lo tanto, no debe sorprender que un procedimiento concebido para la ejecución local de laudos no sea el más apropiado para laudos extranjeros, como se indicará más adelante.

3.1.5. Problemática.

Como se analizará en la sección 3.5. de este trabajo, la vía de apremio por la que se ejecutan los laudos extranjeros es un proceso expedito que limita al máximo la intervención de las partes y del propio juez. Esta limitación deviene en al menos dos inquietudes al momento de aplicar la Convención de Nueva York: ¿cómo debe el juez realizar el examen de oficio contemplado en el artículo V(2), si la vía de apremio no contempla una fase cognoscitiva de reconocimiento?, y ¿en qué momento puede la parte demandada oponerse al reconocimiento y ejecución del laudo al amparo del artículo V(1) de la convención, si la vía de apremio no le brinda esta oportunidad procesal?

3.1.5.1. Ausencia de fase de reconocimiento.

Cuando una demanda de reconocimiento y ejecución se basa en la Convención de Nueva York, el juez está obligado a analizar de oficio si el laudo extranjero es reconocible y ejecutable en Ecuador, verificando que la materia sobre la que este versa sea arbitrable según las leyes nacionales y que no sea contrario al orden público. Vale mencionar que, dada la carencia de jurisprudencia y doctrina ecuatoriana sobre este análisis, la tarea no es fácil para el juez(35).

La vía de apremio no contempla una etapa específica para que el juez realice de oficio tal examen. Ante ello, y considerando el mandato ineludible de la Convención de Nueva York, este está obligado a encontrar un momento en el proceso para hacer este análisis. Por ello, una propuesta sería que fuera realizado en el auto de mandamiento de ejecución, antes de ordenar la ejecución del laudo(36).

Si el juez encuentra que la decisión arbitral se encuentra incursa en uno de los motivos del artículo V(2) de la convención, deberá rechazar la solicitud de reconocimiento y ejecución. Por el contrario, si pasa el examen, se le debe declarar reconocido prima facie y ordenar su ejecución. Esta calificación es prima facie porque el demandado luego tendrá la oportunidad de probar ante el juez los motivos del artículo V(1) de la Convención de Nueva York.

3.1.5.2. Falta de oportunidad para oponerse al reconocimiento y ejecución.

La vía de apremio tampoco comprende una fase en la que el ejecutado pueda oponerse al reconocimiento y a la ejecución del laudo. Esto tiene lógica porque la vía de apremio es solo un procedimiento de ejecución forzosa, al que se llegó después de un proceso de conocimiento judicial o arbitral en el que las partes tuvieron la oportunidad de defenderse.

Sin embargo, la Convención de Nueva York le permite al demandado oponerse al reconocimiento y a la ejecución del laudo con base en los motivos del artículo V(1). El demandado tiene el legítimo derecho de probar que el laudo no puede ser reconocido y ejecutado por incurrir en estas causales(37). En consecuencia, el juez ecuatoriano está obligado a conceder esta oportunidad al ejecutado en algún momento de la vía de apremio. Por ello se propone que esto se realice en la contestación al mandamiento de ejecución. De acuerdo con el artículo 438 del Código de Procedimiento Civil ecuatoriano, el demandado solo tiene 24 horas para contestar esta providencia, lo que evidentemente no es suficiente.

Si el juez encuentra que los argumentos para oponerse al reconocimiento y a la ejecución tienen sustento bajo el artículo V de la convención, se deberá suspender el proceso de apremio y denegar el reconocimiento y la ejecución del laudo. Por el contrario, si encuentra que los argumentos del demandado son infundados o son distintos a los mencionados en la convención, se deberá ordenar la ejecución forzosa del laudo.

3.1.5.3. Propuesta.

Los problemas descritos en la aplicación de la Convención de Nueva York en Ecuador se deben a la falta de armonización de la legislación local con este instrumento. La vía de apremio no está diseñada para reconocer y ejecutar laudos extranjeros sino sentencias locales, por lo que la solución pasa necesariamente por una reforma a la legislación procesal ecuatoriana.

Varios de los países suscriptores de la Convención de Nueva York ya han realizado esta armonización. En Latinoamérica, países como Bolivia, Brasil, Chile, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela han desarrollado en sus legislaciones un procedimiento específico para reconocer y ejecutar laudos extranjeros(38). Algunos lo han hecho mediante la adopción de la Ley Modelo de Arbitraje de la CNUDMI(39) y otros mediante reformas a leyes existentes. Aquellos que han adoptado las disposiciones modelo tienen, además, la ventaja de haber armonizado las causales de anulación local de laudos con las de denegación del reconocimiento y la ejecución de laudos extranjeros, que a su vez se basan en los motivos del artículo V de la Convención de Nueva York.

Para desarrollar un procedimiento de reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros, las legislaciones de los países latinoamericanos han contemplado, como mínimo, lo siguiente: (i) designar un órgano competente para conocer la petición(40), el cual, debe ser la Corte Suprema de Justicia ecuatoriana, sin perjuicio de que la fase de ejecución la tramite un juez de primera instancia; (ii) elaborar un procedimiento de la solicitud, de manera que sea un trámite específico o se le remita a uno preestablecido(41), el cual debe ser sumarísimo, pero al mismo tiempo tiene que permitirle al juez realizar un análisis apropiado del laudo y brindarle al demandado la oportunidad de oponerse al reconocimiento y a la ejecución con base en los motivos de la convención; (iii) existir una serie requisitos para presentar la solicitud, que en la gran mayoría de casos son los mencionados en el artículo IV de la Convención de Nueva York(42), y (iv) determinar causales para denegar la solicitud, coincidentes con las del artículo V del instrumento internacional(43).

Es imperiosa la necesidad de una reforma a la legislación ecuatoriana que armonice lo acordado por el país cuando suscribió la Convención de Nueva York con las normas procesales existentes. Esto se podría llevar a cabo con relativa facilidad, mediante la adopción de Ley Modelo de la CNUDMI que es un instrumento sencillo, completo y moderno.

3.2. Mecanismo bajo el Convenio de Washington.

3.2.1. Autosuficiencia del mecanismo.

El régimen de ejecución de laudos arbitrales extranjeros del Convenio de Washington —en adelante, también, Convención del Ciadi— difiere sustancialmente del analizado bajo la Convención de Nueva York. Podría decirse incluso que lo supera, ya que el sistema de la Convención del Ciadi desnacionaliza el procedimiento y no permite que la parte vencida acuda a una corte para oponerse al reconocimiento y ejecución del laudo.

En este sentido, el numeral 1º del artículo 53 de este instrumento establece: “El laudo será obligatorio para las partes y no podrá ser objeto de apelación ni de cualquier otro recurso, excepto en los casos previstos en este convenio. Las partes lo acatarán y cumplirán en todos sus términos, salvo en la medida en que se suspenda su ejecución, de acuerdo con lo establecido en las correspondientes cláusulas de este convenio”.

Además de resaltar el carácter obligatorio de los laudos emitidos bajo el Convenio de Washington, esta norma deja en claro que su ejecución solo puede ser suspendida por los recursos establecidos en el mismo instrumento, que son los de ampliación, aclaración, revisión y anulación. Este sistema, conocido en la doctrina como interno, autocontenido(44) o autosuficiente(45), tiene relación con la naturaleza misma del arbitraje Ciadi, donde los procesos se consideran a-nacionales o desnacionalizados, independientes y aislados del control judicial del país donde se realiza el arbitraje o se emite el laudo(46).

Una vez es emitida la decisión arbitral y se han agotado los recursos establecidos en el convenio, las partes están obligadas a acatar lo resuelto por los árbitros en virtud del principio pacta sunt servanda. De manera concomitante, las cortes están obligadas a reconocer y a ejecutar los laudos, absteniéndose de interferir en el proceso y rechazando cualquier recurso que las partes pudiesen interponer basado en la legislación local. El incumplimiento de las cortes a esta obligación, conocida como la “regla de abstención”(47), podría dar lugar a una nueva controversia entre Estados, de conformidad con el artículo 64 del convenio(48).

3.2.2. Obligación de ejecutar laudos extranjeros.

Los Estados firmantes del Convenio de Washington tienen la obligación ineludible de ejecutar los laudos en su territorio. Así, en el artículo 54(1), este indica: “Todo Estado contratante reconocerá al laudo dictado conforme a este convenio carácter obligatorio y hará ejecutar dentro de sus territorios las obligaciones pecuniarias impuestas por el laudo como si se tratare de una sentencia firme dictada por un tribunal existente en dicho Estado...”.

Es importante recalcar que el sistema autosuficiente de la Convención del Ciadi solo es aplicable para obligaciones de tipo pecuniario(49) , pues cualquier otra no goza de este tratamiento. Esta distinción se debe a que los redactores del instrumento temieron que era posible que no existieran obligaciones de otra naturaleza en ciertos Estados, lo cual traería complicaciones al momento de hacerlas efectivas. Asumieron, en cambio, acertadamente, que la obligación de pagar una cantidad de dinero existe en toda jurisdicción(50).

Ahora, el hecho de que el sistema autosuficiente no esté disponible para obligaciones que no sean pecuniarias no significa que estas no produzcan el efecto res judicata y deban ser ejecutadas. El artículo 54 es claro en indicar: “Todo Estado contratante reconocerá al laudo dictado conforme a este convenio carácter obligatorio...”(51). La diferencia radica en que las obligaciones de carácter pecuniario deben ejecutarse sin la posibilidad de que sean impugnadas mediante recursos establecidos en la legislación local, mientras que las de carácter no pecuniario podrían ser recurridas si la ley lo permite(52).

Por último, se debe anotar que la Ley de Arbitraje y Mediación ecuatoriana resulta concordante con lo dispuesto por el artículo 54(1) del Convenio de Washington, pues un laudo extranjero se ejecuta de la misma manera que una “sentencia firme dictada por un tribunal” ecuatoriano, mediante la vía de apremio.

3.2.3. Inmunidad soberana.

La Convención del Ciadi permite que un Estado se niegue a ejecutar un laudo fundamentado en sus propias normas de inmunidad. Así, en el artículo 55, la Convención establece: “Nada de lo estipulado en el artículo 54 se interpretará como derogatorio de las leyes vigentes en cualquier Estado contratante relativas a la inmunidad en materia de ejecución de dicho Estado o de otro Estado extranjero”.

Esta norma podría limitar la posibilidad de ejecutar laudos extranjeros, al supeditar el procedimiento a las leyes locales sobre inmunidad. Sin embargo, pocos países han desarrollado una normativa sobre inmunidad estatal en materia de ejecución. En Estados Unidos, por ejemplo, la legislación permite que los bienes de un Estado extranjero sean objeto de ejecución si fueron utilizados para actividades que dieron lugar a la controversia(53). En Francia, la inmunidad puede aplicarse de manera excepcional cuando “... los bienes sobre los cuales recae la ejecución han sido asignados (...) a una actividad económica y comercial”(54). En Ecuador no se han encontrado normas que traten específicamente sobre inmunidad estatal en materia de ejecución de bienes.

Cuando un Estado acuerda una cláusula de arbitraje amparada bajo el Convenio de Washington, implícitamente renuncia a su derecho de inmunidad sobre la jurisdicción del caso y el reconocimiento del laudo, pero, según algunos autores, tal renuncia no alcanza a la ejecución del laudo(55). Van den Berg es contrario a esta teoría y considera incongruente sostener que la renuncia que realiza un Estado, cuando acepta una cláusula arbitral amparada por la Convención del Ciadi, no alcance a la ejecución del laudo, aunque al mismo tiempo admite que el instrumento deja abierta esta posibilidad. Así, sostiene: “... si un Estado recurre al arbitraje se debe entender que ha aceptado sus consecuencias, incluyendo el cumplimiento de un laudo desfavorable a él”(56).

La imposibilidad de que un Estado se oponga al reconocimiento de un laudo según sus normas de inmunidad ha sido ratificada por la Corte de Casación francesa en el caso Soabi v. La República de Senegal, donde afirmó: “... un Estado extranjero que ha consentido a recurrir al arbitraje ha aceptado que el laudo pueda ser reconocido —exequátur—, acto que no constituye una medida de ejecución que pueda dar lugar a inconvenientes relacionados con la inmunidad de ejecución del Estado en cuestión...”(57). Además de separar correctamente los conceptos de reconocimiento y ejecución, este pronunciamiento deja en claro que un Estado solo puede alegar sus derechos de inmunidad soberana, al momento de la ejecución y no en la etapa de reconocimiento, pues este último acto está gobernado únicamente por el sistema autosuficiente del Convenio(58).

La facultad de un Estado de proponer su inmunidad soberana en la fase de ejecución fue ratificada por las cortes estadounidenses en el caso Liberian Eastern Timber Co. v. Gobierno de la República de Liberia, en el que la Corte Distrital de Nueva York le permitió a Liberia oponerse a la ejecución de bienes que mantenía en Estados Unidos en virtud de su inmunidad soberana(59).

3.2.4. Formalidades.

El artículo 54(2) del Convenio de Washington determina cuáles son los requisitos para solicitar el reconocimiento y la ejecución de un laudo emitido al amparo de este instrumento. Según esta disposición, la parte que busca el reconocimiento y la ejecución debe presentar al tribunal o juez competente una copia del laudo certificada por el secretario general del Ciadi, siendo esta la única formalidad que debe cumplir. Ahora, parece razonable sugerir que, si un laudo fue dictado en un idioma extranjero, se adjunte también una traducción legalizada del mismo, a pesar de no ser una condición para su ejecución.

3.2.5. Procedimiento en Ecuador.

El Convenio de Washington, al igual que la Convención de Nueva York, no establece un procedimiento específico para el reconocimiento y la ejecución de laudos(60). Sin embargo, el artículo 54(3) del primero establece un parámetro para tal proceso: que se realice conforme a las normas sobre ejecución de sentencias del país de ejecución. Por lo tanto, cada Estado debe cumplir el mandato del artículo 54 “... de conformidad con su propio sistema jurídico”(61), pero sujeto a aquel parámetro.

El reenvío a las normas locales sobre ejecución de sentencias del artículo 54(3) del Convenio de Washington debe interpretarse de manera limitada y solo como una referencia procesal, pues una interpretación extensiva contrariaría el espíritu y las normas del mismo convenio(62). Por ejemplo, no estaría permitido que una parte recurriera a las normas de ejecución de sentencias para obstaculizar el proceso de reconocimiento y ejecución o para tratar de impugnar un laudo con recursos no previstos en el instrumento. Afortunadamente, en Ecuador no existe este riesgo, pues los laudos extranjeros se ejecutan de la misma manera que las sentencias locales, mediante la vía de apremio, que no contempla recursos de impugnación.

El trámite de reconocimiento y ejecución previsto en el Convenio de Washington es bastante sencillo. La prerrogativa del juez está limitada a verificar la autenticidad del laudo, comprobando que el proceso se haya acompañado una copia certificada del laudo(63), sin que este se pueda someter a exámenes distintos o más extensos. De hecho, una vez verificada la autenticidad del laudo, el juez tiene la obligación de ejecutarlo, a menos que aquel contenga obligaciones de carácter no pecuniario y la legislación permita la denegación del reconocimiento y la ejecución bajo motivos locales, como se explicará posteriormente. Vale la pena mencionar que la Convención del Ciadi no faculta a un juez ni siquiera a denegar el reconocimiento o la ejecución por razones de orden público(64) o por inarbitrabilidad de la disputa, como sucede con la Convención de Nueva York.

La diferenciación de obligaciones pecuniarias y no pecuniarias del Convenio de Washington carece de importancia práctica en Ecuador, pues la vía de apremio no le permite al ejecutado presentar o alegar ningún tipo de excepción o impugnación. En teoría, si las obligaciones contenidas en el laudo fueren de carácter no pecuniario y la legislación ecuatoriana facultara al ejecutado para alegar excepciones y oponerse al proceso de ejecución, este podría impugnar la ejecución basado en las normas locales, pero tal no es el caso en Ecuador. El juez nacional está obligado entonces a rechazar cualquier excepción u oposición que pueda presentar el ejecutado, para posteriormente reconocer y ejecutar el laudo una vez verificada su autenticidad. Esta verificación deberá realizarse en el mismo auto de mandamiento de ejecución.

3.3. Mecanismo bajo la ‘Ley de Arbitraje y Mediación’ ecuatoriana.

La Ley de Arbitraje y Mediación ecuatoriana no cuenta con un sistema específico para reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros, sino que existe una asimilación al proceso de ejecución de sentencias judiciales locales de última instancia.

3.3.1. Obligación de ejecutar laudos extranjeros.

Como ya se anotó, el artículo 42 de la Ley de Arbitraje y Mediación ecuatoriana indica: “Los laudos dictados dentro de un procedimiento de arbitraje internacional, tendrán los mismos efectos y serán ejecutados de la misma forma que los laudos dictados en un procedimiento de arbitraje nacional”. Según el artículo 32, dicho proceso será el aplicable a las sentencias locales de última instancia, esto es, a través de la vía de apremio. La mencionada normativa deja en claro el deber de un juez ecuatoriano de reconocer y ejecutar laudos extranjeros en la vía de apremio, sin que exista la posibilidad de aplicar otro procedimiento.

Este procedimiento, como se verá más detalladamente, es muy expedito. El juez inicia el proceso otorgando un plazo muy corto para que el ejecutado pague lo debido o señale bienes para su embargo y posterior remate.

3.3.2. Mecanismo que no permite oposición del demandado.

La característica más sobresaliente —y lamentable— del mecanismo de la Ley de Arbitraje y Mediación ecuatoriana es la falta de oportunidad que tiene el demandado para oponerse el reconocimiento y ejecución de un laudo. Como se ha observado, tanto la Convención de Nueva York como el Convenio de Washington le permiten al demandado oponerse al reconocimiento y a la ejecución. La primera, de conformidad con los motivos de su artículo V que deben ser probados ante el juez local, y la segunda, mediante los recursos del sistema autosuficiente.

La normativa ecuatoriana niega esta opción, lo que resulta contrario a la tendencia moderna de brindarle al demandado la oportunidad de probar que un laudo irregular no debe ser ejecutado(65). Si la parte vencedora sustenta su petición de reconocimiento y ejecución en el mecanismo de la Ley de Arbitraje y Mediación, la parte vencida solo tendrá la oportunidad de impugnar el laudo en el lugar de emisión, siempre que la lex arbitri y el derecho aplicable lo permitan(66).

3.3.3. Excepciones posteriores a la expedición del laudo.

El artículo 32 de la Ley de Arbitraje y Mediación ecuatoriana establece que los laudos deben ejecutarse siguiendo la vía de apremio “sin que el juez de la ejecución acepte excepción alguna, salvo las que se originen con posterioridad a la expedición del laudo”. Esta salvedad también tiene sustento en el Código de Procedimiento Civil ecuatoriano. Los únicos argumentos que el ejecutado puede presentar en la vía de apremio son los del artículo 489 del mencionado estatuto procesal: “En la fase de ejecución del fallo, podrán alegarse pago efectivo, transacción, compensación, compromiso en árbitros, novación, espera, el pacto de no pedir y cualquier otro arreglo que modifique la obligación, siempre que fueren posteriores a la sentencia”(67).

Como se puede observar, solo se permite la presentación de argumentos tendientes a extinguir las obligaciones —siempre que se originen luego de emitido el laudo—, más no a cuestionar su determinación por parte de los jueces y árbitros. El objetivo de esta norma es que las partes puedan acordar un mecanismo de extinción de las obligaciones contenidas en el laudo, sin necesidad de que termine el proceso forzoso de ejecución.

3.3.4. Formalidades.

La Ley de Arbitraje y Mediación ecuatoriana no determina los requisitos que debe cumplir una solicitud de reconocimiento y ejecución de un laudo extranjero. Sin embargo, parece razonable aconsejar que ella esté acompañada de los originales o copias certificadas del laudo y del convenio arbitral(68). Si estos documentos están escritos en un idioma extranjero, debe presentarse una traducción legal de los mismos. El juez no está facultado para solicitar cualquier otra formalidad para proceder con el reconocimiento y la ejecución de un laudo extranjero en Ecuador.

3.4. La vía de apremio en Ecuador. Concurso de la normativa internacional.

Este trabajo no pretende analizar a profundidad la vía de apremio en Ecuador, sino brindarle al lector una idea general sobre su naturaleza y alcance. Además, se analizarán las normas que el juez aplicaría en esta vía, dependiendo del mecanismo de reconocimiento y ejecución escogido por el actor.

Antes de entrar en este ejercicio, se debe señalar que, si el actor sustenta su petición en un instrumento internacional, se deben aplicar las siguientes normas: (i) las convenciones internacionales prevalecen sobre las leyes ecuatorianas, estando supeditadas solo a la Constitución de la República(69); (ii) las convenciones establecen los requisitos y condiciones sustantivas para el reconocimiento y la ejecución de laudos extranjeros, lo cual no es competencia de las leyes locales y (iii) la libertad que tienen los países firmantes de la Convención de Nueva York y del Convenio de Washington para definir el procedimiento de reconocimiento y ejecución deberá enmarcarse en los límites y parámetros impuestos por estos mismos instrumentos.

La aplicación de la normativa internacional vis-a-vis respecto de la legislación procesal ecuatoriana no es sencilla, pues la primera puede interactuar con la segunda de manera supletoria, complementaria y, en ocasiones, excluyente, dependiendo del tipo y alcance de la norma. Como método, se aplicará la legislación local únicamente cuando: (i) trate de asuntos procedimentales; (ii) tales asuntos no estén regulados por las convenciones y (iii) la aplicación no se oponga a las normas o al espíritu de las convenciones.

3.4.1. Petición.

La vía de apremio comienza con un simple escrito en el que la parte interesada solicita al juez ecuatoriano el reconocimiento y la ejecución de un laudo extranjero. La legislación ecuatoriana no establece requisitos ni formalidades para esta petición. Sin embargo, como se ha señalado, si el actor basa su petición en los mecanismos de la Convención de Nueva York o de la Ley de Arbitraje y Mediación ecuatoriana, es aconsejable adjuntar el original o copia certificada del convenio arbitral y del laudo(70). Si lo hace de conformidad con el Convenio de Washington, deberá presentar una copia del laudo certificada por el secretario general del Ciadi.

3.4.2. Mandamiento de ejecución.

Una vez recibida la petición de reconocimiento y ejecución, el juez deberá expedir un auto conocido como el mandamiento de ejecución (71). A pesar de que la vía de apremio no contempla una fase de reconocimiento, el juez está obligado a reconocer el laudo antes de ordenar su ejecución y, al parecer, no tiene más opción que hacerlo en este auto. Según se ha señalado, el alcance de este reconocimiento depende del mecanismo de reconocimiento y ejecución seleccionado por el actor. Si el laudo es reconocido, el juez reiterará su carácter ejecutorio y efecto de cosa juzgada, para inmediatamente dictar las medidas de ejecución.

3.4.3. Medidas de ejecución forzosa.

Las medidas de ejecución dependen del tipo de obligación que debe cumplir el ejecutado. Si la obligación del demandado es de pagar una suma de dinero, el juez “... fijará la cantidad que debe pagarse por intereses y dispondrá que el deudor señale dentro de 24 horas, bienes equivalentes al capital, intereses y costas, si hubiere sido condenado a pagarlas”(72). De considerarlo necesario, el juez puede nombrar un perito para la liquidación de intereses(73).

Si el demandado no señalare bienes para el embargo, si lo hiciere de manera maliciosa o si estos no fueren suficientes para cubrir la deuda o se encontraren fuera del país, el actor tendrá derecho a señalar los bienes a ser ejecutados “... prefiriendo dinero, los bienes dados en prenda o hipoteca, o los que fueron materia de la prohibición, secuestro o retención”(74). Una vez embargados los bienes del deudor, estos son avaluados y rematados, y la deuda es pagada al acreedor con los frutos del remate(75). En caso de que el juez o árbitro haya ordenado la aprehensión del dinero del deudor, el pago se realizará con ese dinero(76).

Cuando se trate de la obligación de entregar un bien, el demandado será compelido a entregarlo, incluso con el apoyo de la fuerza pública (77). En cuanto a las obligaciones de hacer que se pudieren realizar, el juez ordenará que se cumplan por cuenta del deudor(78). Si los bienes no se pueden entregar o las obligaciones no son realizables por cuenta del deudor, el juez “... determinará la indemnización que deba pagarse por el incumplimiento y dispondrá el respectivo cobro, por el procedimiento de apremio real”(79). Si la obligación consiste en el otorgamiento o suscripción de un instrumento “... lo hará el juez en representación del que deba realizarlo”(80). Por último, si la obligación es de no hacer, el juez deberá determinar el monto de los perjuicios que causó el incumplimiento, si no puede deshacerse el hecho(81).

3.5. Principio del derecho más favorable. El artículo VII de la Convención de Nueva York.

El artículo VII (1) de la Convención de Nueva York contiene el denominado “principio del derecho más favorable” en los siguientes términos: “Las disposiciones de la presente convención no afectarán la validez de los acuerdos multilaterales o bilaterales relativos al reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales concertados por los Estados contratantes ni privarán a ninguna de las partes interesadas de cualquier derecho que pudiera tener a hacer valer una sentencia arbitral en la forma y medida admitidas por la legislación o los tratados del país donde dicha sentencia se invoque”.

Esta norma establece un estándar mínimo que debe cumplirse para el reconocimiento y la ejecución de laudos extranjeros(82). Nada impide, entonces, que la legislación local o la internacional establezcan regímenes más favorables para el reconocimiento y ejecución, partiendo del aquel parámetro. Consecuentemente, si en el país de ejecución existen mecanismos de reconocimiento y ejecución establecidos por la legislación interna o internacional que sean más favorables que el de la Convención de Nueva York, la parte interesada puede optar por ellos, pues el actor no está obligado a seleccionar el mecanismo de este instrumento(83).

Uno de los países pioneros en la aplicación del principio del derecho más favorable es Francia. En los casos Polish Ocean Line v. Jolasry de 1993 y Hilmarton v. Omnium de Traitement et de Valorisation de 1994, estudiados por la Corte de Casación francesa, así como en Chromalloy v. la República Árabe de Egipto de 1997, decidido por la Corte de Apelaciones de París, se permitió que un laudo anulado en el país de origen fuera reconocido y ejecutado en ese país bajo el argumento de que el Nuevo Código de Procedimiento Civil francés no contemplaba este hecho como causal para denegar el reconocimiento y ejecución de un laudo, a pesar de que lo era bajo la Convención de Nueva York. Es decir, se permitió que el mecanismo de la legislación francesa primara por ser más favorable al demandante(84).

Después de analizar los mecanismos de reconocimiento y ejecución de la Convención de Nueva York, del Convenio de Washington y de la Ley de Arbitraje y Mediación ecuatoriana, parecería que esta última es la disposición más favorable para la ejecución de laudos extranjeros en Ecuador. Esto, por cuanto esta normativa limita el alcance del reconocimiento que debe hacer el juez y no le brinda oportunidad al ejecutado para que se oponga al proceso. Lo único que este puede hacer es presentar uno de los argumentos del artículo 489 del Código de Procedimiento Civil.

Este mecanismo es más favorable para el demandante que el de la Convención de Nueva York y el del Convenio de Washington, pues la primera permite que el reconocimiento y la ejecución se denieguen por los motivos de su artículo V, y la segunda brinda la oportunidad a la parte vencida de que interponga ciertos recursos ante el Ciadi. Claro está que una vez que el laudo ha salido de la jurisdicción del Centro, los mecanismos de la Ley de Arbitraje y Mediación ecuatoriana y del Convenio de Washington son los mismos, pues este último hace un reenvío a la legislación local.

En este punto cabe preguntarse si una persona puede fundamentar su petición de reconocimiento y ejecución en un instrumento y, al mismo tiempo, acceder al mecanismo de reconocimiento y ejecución de otro. Los autores se encuentran divididos sobre este tema. Unos sostienen que no es posible escoger a conveniencia las normas de uno y de otro instrumento, pues solo es permitido adoptar un mecanismo de manera total y excluyente(85). Otros, por el contrario, creen que el artículo VII de la Convención de Nueva York permite adoptar una norma de ejecución más favorable incluso cuando la ejecución se fundamente en esta convención(86). Para estos últimos autores, esta facultad estaría “... de acuerdo con el incuestionable espíritu proejecución de la convención que permite su coexistencia con normas más favorables de leyes nacionales o instrumentos internacionales”(87).

Sin embargo, la aplicación concurrente de normas, sean estas locales o internacionales, no es una novedad en el derecho moderno. No existiría inconveniente en que las normas de un instrumento se complementen o combinen con las de otro, por ejemplo, para volver más expeditos los procesos. En consecuencia, una persona podría basar su petición en la Convención de Nueva York y, basada en el artículo VII(1) de la misma, recurrir al mecanismo de reconocimiento y ejecución de la Ley de Arbitraje y Mediación ecuatoriana. Esta aplicación concurrente podría inclusive comprender más de dos instrumentos. Por ejemplo, una persona podría fundamentar su petición de reconocimiento y ejecución en el Convenio de Washington y, basada en el artículo VII(1) de la Convención de Nueva York, aplicar el principio del derecho más favorable y recurrir al mecanismo de la Ley de Arbitraje y Mediación.

Ahora, lo que no sería conveniente —aunque estaría permitido— es que el demandante escoja un determinado mecanismo con el propósito de limitar los derechos del ejecutado, ya que el objetivo del principio del derecho más favorable es que los derechos que una persona pudiere tener con base en un instrumento no se vean limitados por la existencia de otro. Como se ha señalado, el mecanismo de la Ley de Arbitraje y Mediación ecuatoriana no brinda oportunidades apropiadas de defensa al ejecutado. Para evitar el abuso del principio del derecho más favorable es necesario reformar esta normativa, a fin de que su mecanismo de reconocimiento y ejecución de laudos brinde mayores garantías a la parte vencida, pero cuidando también que no se transforme en una etapa de incidentes que obstaculice la ejecución del laudo.

Por último, cabe mencionar que, a pesar del lenguaje del artículo VII de la Convención de Nueva York, el principio del derecho más favorable está disponible únicamente para la persona que busca la ejecución del laudo y no para la que se opone a ella, pues esta tiene como propósito facilitar el reconocimiento y ejecución de laudos y no volverlo más dificultoso. Una interpretación contraria permitiría que el demandado escogiera el sistema más complejo de ejecución de laudos, contrariando el espíritu de las convenciones internacionales y también el de la Ley de Arbitraje y Mediación ecuatoriana(88).

4. El procedimiento de reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros no es el mismo que el previsto para las sentencias judiciales extranjeras.

Existen autores que consideran que los laudos extranjeros deben seguir en Ecuador la misma suerte que las sentencias judiciales extranjeras, para cuyo reconocimiento y ejecución se deben cumplir los requisitos del artículo 414 del Código de Procedimiento Civil ecuatoriano. Esta posición es particularmente mantenida por el respetado jurista y catedrático Santiago Andrade Ubidia(89).

Para tener una idea clara del alcance de esta posición, el artículo 414 del Código de Procedimiento Civil establece:

“Las sentencias extranjeras se ejecutarán si no contravinieren al derecho público ecuatoriano o a cualquier ley nacional y si estuvieren arregladas a los tratados y convenios vigentes.

A falta de tratados y convenios internacionales, se cumplirán si, además de no contravenir al derecho público ecuatoriano o a las leyes ecuatorianas, constare del exhorto respectivo:

a) Que la sentencia pasó en autoridad de cosa juzgada, conforme a las leyes del país en que hubiere sido expedida; y,

b) Que la sentencia recayó sobre acción personal”.

Respetuosamente, se considera que esta teoría no es aplicable por las siguientes razones:

a) Un análisis profundo sobre las diferencias existentes entre las sentencias judiciales y los laudos arbitrales se alejaría del objeto de este trabajo. Sin embargo, debe decirse que estos dos tipos de fallos no comparten la misma naturaleza jurídica ni están sujetos a la misma normativa. A pesar de que tanto en la legislación internacional como en la local existen instrumentos aplicables a ambos tipos de fallos, es conocido por todos que el arbitraje cuenta con instrumentos internacionales modernos como la Convención de Nueva York, la Convención de Panamá y el Convenio de Washington, que no son aplicables a sentencias judiciales y que representan adelantos sustanciales a la ejecución de fallos emitidos en el exterior.

Una de las razones por las que la comunidad de negocios internacional ha optado por el arbitraje para resolver sus disputas, en lugar de recurrir a la justicia ordinaria, es justamente la existencia de tratados sobre arbitraje internacional con alcance mundial que facilitan la tarea de ejecución de laudos, lo cual no se ha conseguido en el ámbito de las sentencias judiciales extranjeras(90). No sería aceptable desconocer estos adelantos ni la normativa de los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por Ecuador, los cuales forman parte de la legislación interna y prevalecen sobre cualquier ley nacional por mandato expreso del artículo 163 de la Constitución ecuatoriana.

b) Además del aporte que representan las convenciones sobre arbitraje internacional, la legislación ecuatoriana también ha evolucionado en esta materia. La Ley de Arbitraje y Mediación, promulgada en 1997, establece inequívocamente el mecanismo de reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales extranjeros. Como se ha señalado en este trabajo, en sus artículos 32 y 42 se determina que los “... laudos dictados dentro de un procedimiento de arbitraje internacional (...) serán ejecutados en la misma forma que los laudos dictados en un procedimiento de arbitraje nacional”, esto es, “... del mismo modo que las sentencias de última instancia, siguiendo la vía de apremio”. Esta posición es compartida por García Feraud quien sostiene que “... no podemos imponer para la ejecución de laudos arbitrales otras condiciones de procedibilidad que no sean las señaladas en el artículo 32 de la Ley de Arbitraje y Mediación”(91).

Dada la claridad de la normativa ecuatoriana sobre el mecanismo de reconocimiento y ejecución de laudos, resulta injustificado aplicar lo dispuesto en el artículo 414 del Código de Procedimiento Civil ecuatoriano, que fue concebido para la ejecución de sentencias judiciales extranjeras. Adicionalmente, se debe recordar que, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Arbitraje y Mediación, las normas del estatuto procesal pueden ser aplicadas de manera supletoria únicamente cuando esta preceptiva no dice nada acerca de un determinado tema. Como se ha demostrado, la ley no guarda silencio sobre el procedimiento de reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros, por lo que la aplicación del artículo 414 del Código de Procedimiento no tendría fundamento.

c) La indebida aplicación del artículo 414 del Código de Procedimiento Civil ecuatoriano no solo infringiría la legislación ecuatoriana, sino que también violentaría las normas supranacionales del derecho internacional privado:

• Como se ha analizado, corresponde privativamente a las convenciones establecer las condiciones sustantivas de reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros. Establecer estos requisitos no es facultad de los legisladores de los países firmantes. Ellos solamente pueden regular el procedimiento, sin que les sea permitido establecer condiciones diferentes a las de los instrumentos internacionales. Así lo aclara Van den Berg, a propósito de la Convención de Nueva York: “Las normas procedimentales para la ejecución de un laudo bajo la convención están determinadas por la ley procedimental del país donde se busca la ejecución. Estas normas procedimentales no se refieren a las condiciones para la ejecución, mismas que están reguladas exclusivamente por la Convención de Nueva York”(92).

Si se aceptara la tesis de que el artículo 414 del Código de Procedimiento Civil ecuatoriano es aplicable al reconocimiento y ejecución de laudos, Ecuador estaría creando condiciones de reconocimiento y ejecución adicionales a las previstas en las convenciones, lo cual alteraría el ordenamiento jurídico internacional. ¿Qué pasaría si se permitiese que los países firmantes de las convenciones empezasen a establecer nuevos requisitos para el reconocimiento y la ejecución de laudos en sus leyes internas y de menor jerarquía? ¿De qué servirían entonces las convenciones? Las cortes ecuatorianas deben rechazar esta posibilidad, tal como ya lo han hecho las cortes de otros países (93).

• Como se ha indicado, el artículo III de la Convención de Nueva York prevé: “... Para el reconocimiento o la ejecución de las sentencias arbitrales a que se aplica la presente convención, no se impondrán condiciones apreciablemente más rigurosas, ni honorarios o costas más elevados, que los aplicables al reconocimiento o a la ejecución de las sentencias arbitrales nacionales”. Someter los laudos extranjeros al mecanismo del artículo 414 del Código de Procedimiento Civil ecuatoriano indudablemente representa “... imponer condiciones apreciablemente más rigurosas” que las aplicables a la ejecución de laudos locales, conducta que no está permitida.

• Si la ejecución del laudo se solicita con base en el Convenio de Washington, además se estaría infringiendo su artículo 54(1) que establece que el laudo habrá de ejecutarse “... como si se tratare de una sentencia firme dictada por un tribunal existente en dicho Estado”. Las sentencias judiciales dictadas por las cortes ecuatorianas se ejecutan por la vía de apremio, sin que deban cumplir con las condiciones del artículo 414 del Código de Procedimiento Civil ecuatoriano.

• Además, vale la pena mencionar las consecuencias negativas que la tesis del profesor Andrade Ubidia traería en la práctica, de ser aceptada. En primer lugar, el alcance del reconocimiento que propone el autor comprendería examinar que el laudo no contravenga al derecho público ecuatoriano o a cualquier ley nacional. Esta tarea es por demás compleja para un juez. Someter un pronunciamiento arbitral, que puede basarse en derecho extranjero y en el derecho internacional privado, al derecho público ecuatoriano y a cualquier ley nacional resulta inaceptable.

Pero eso no es todo, si no se pudiere aplicar una convención internacional, el juez, además, deberá verificar que el laudo haya pasado en autoridad de cosa juzgada en el lugar de emisión y que la acción recaiga sobre acción personal. Estas dos últimas condiciones deberán constar en un exhorto de una corte del país donde se expidió el laudo. Como se ve, el artículo 414 del Código de Procedimiento Civil ecuatoriano inclusive podría revivir el requisito del doble exequátur, que logró ser abolido por la Convención de Nueva York en 1958.

En segundo lugar, el reconocimiento y ejecución de una sentencia judicial extranjera es un juicio de carácter declarativo que, al no tener un procedimiento específico en la legislación ecuatoriana, debe tramitarse mediante juicio ordinario(94), lo cual ha sido ratificado varias veces por las cortes ecuatorianas(95). Este tipo de juicio es susceptible, entre otros, de recursos verticales de apelación y del recurso extraordinario de casación, cuya resolución puede tomar varios años. Además, al ser los juicios ordinarios procesos de conocimiento, existirían razones suficientes para temer que el juez les permita a las partes argumentar nuevamente sus posiciones y analice de novo los méritos de la disputa, lo cual reñiría con la naturaleza del arbitraje y con la voluntad de las partes.

• El criterio de los autores que sostienen la aplicabilidad del artículo 414 del Código de Procedimiento Civil ecuatoriano para el caso de laudos extranjeros está influenciado por la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia ecuatoriana en el caso The Coca Cola Company v. José Arévalo, en el que efectivamente se sostuvo que un laudo arbitral extranjero que cumplía con los requisitos del artículo 414 del Código de Procedimiento Civil ecuatoriano debía ser ejecutado(96). Pero, lo que no se ha considerado es que esta sentencia data de 1972, muchos años antes de que fuera promulgada la Ley de Arbitraje y Mediación. Con su expedición, en 1997, el legislador reemplazó el mecanismo del artículo 414 del Código de Procedimiento Civil por el de los artículos 32 y 42 de la normativa indicada.

Por lo expuesto, se reitera que los laudos arbitrales extranjeros no se ejecutan de la misma manera que las sentencias judiciales extranjeras. Sostener lo contrario constituiría un desconocimiento y una violación abierta a las convenciones suscritas y ratificadas por Ecuador, al principio constitucional de supremacía de la normativa internacional y a las claras normas de la Ley de Arbitraje y Mediación.

5. Conclusiones.

Ecuador ha incursionado bruscamente en el ámbito del arbitraje internacional. En los últimos años, tanto el Estado ecuatoriano como los practicantes del derecho de manera privada se han visto obligados a familiarizarse con este método de resolución alternativa de conflictos. Las cortes ecuatorianas no escapan a esta realidad y muy pronto serán puestas a prueba cuando conozcan solicitudes de reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros.

El país ha suscrito y ha ratificado las principales convenciones sobre arbitraje internacional y cuenta con una Ley de Arbitraje y Mediación moderna, aunque perfectible, desde 1997. De este marco jurídico se han analizado los mecanismos para el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros que ofrecen la Convención de Nueva York, el Convenio de Washington y la Ley de Arbitraje y Mediación, evidenciando las particularidades y dificultades que traería su aplicación práctica en el país.

El mecanismo de la Convención de Nueva York puede ser aplicado en Ecuador, a pesar de encontrarse incongruencias tanto de fondo como de forma, debidas especialmente a la falta de armonía entre la Ley de Arbitraje y Mediación ecuatoriana y este instrumento internacional. Las discordancias existentes no le permiten al juez hacer un debido análisis de la regularidad procesal del laudo, ni al demandado oponerse al reconocimiento y ejecución del laudo basado en las causales del artículo V. Resulta entonces necesario reformar la Ley de Arbitraje y Mediación, de manera que permita una adecuada aplicación de la Convención de Nueva York.

El mecanismo del Convenio de Washington debería ser aplicado sin mayores contratiempos en Ecuador, en consideración al reenvío que este realiza hacia la legislación nacional. Una vez que se han agotado todos los recursos que contempla el mecanismo autosuficiente del Ciadi, los laudos extranjeros deben ser reconocidos y ejecutados en el país sin escrutinios en la vía de apremio.

El mecanismo de la Ley de Arbitraje y Mediación resulta ser el más favorable para la persona interesada en obtener el reconocimiento y la ejecución de un laudo extranjero. Al disponer que los laudos extranjeros deban ejecutarse de la misma manera que los dictados en Ecuador, esta normativa limita al máximo la posibilidad del ejecutado de oponerse a tal proceso forzoso.

En virtud del denominado principio de derecho más favorable del artículo VII de la Convención de Nueva York, el demandante podría optar en Ecuador por acogerse al mecanismo que más le convenga a sus intereses. Para poder evitar el abuso de este principio en detrimento de los derechos del ejecutado es necesaria una reforma a la Ley de Arbitraje y Mediación que consolide un mecanismo expedito con mayores garantías para el ejecutado.

Por último, se ha sostenido con fundamento la posición de que los laudos arbitrales extranjeros no se reconocen ni ejecutan en Ecuador de la misma manera que las sentencias judiciales extranjeras. El arbitraje brinda un régimen de reconocimiento y ejecución considerablemente más eficiente que el aplicable a las sentencias de la justicia ordinaria. Se aspira a que los jueces ecuatorianos analicen las posiciones discordantes que existen sobre este tema, pero entendiendo la concurrencia de las normas del derecho internacional privado con las del derecho local, aplicando el principio constitucional de supremacía del derecho internacional sobre el derecho local y poniendo especial atención a las claras normas de la Ley de Arbitraje y Mediación.

(1) R.O. 145 del 4 de septiembre de 1997.

(2) Solo se ha podido encontrar jurisprudencia ecuatoriana en un caso que data de mucho antes de la expedición de la Ley de Arbitraje y Mediación. Véase la sección 4 de este trabajo.

(3) Repsol YPF Ecuador S.A. v. Empresa Estatal de Petróleos del Ecuador (Petroecuador), caso Ciadi Nº ARB/01/10; IBM World Trade Corp. v. República del Ecuador, caso Ciadi Nº ARB/02/10; M.C.I. Power Group, L.C. y New Turbina, Inc. v. República del Ecuador, caso Ciadi Nº ARB/03/6; Duke Energy Electroquil Partners and Electroquil S.A. v. República del Ecuador, caso Ciadi Nº ARB/04/19; Empresa Eléctrica del Ecuador, Inc. (Emelec) v. República del Ecuador, caso Ciadi Nº ARB/05/9; Noble Energy Inc. y Machala Power Cia. Ltda. v. República del Ecuador, caso Ciadi Nº ARB/05/12; República del Ecuador y Consejo Nacional de Electricidad, Occidental Petroleum Corporation y Occidental Exploration and Production Company v. República del Ecuador, caso Ciadi Nº ARB/06/11; Técnicas Reunidas S.A. y Ecuacontrol S.A. v. República del Ecuador, caso Ciadi Nº ARB/06/17, y City Oriente Limited v. República del Ecuador y Empresa Estatal de Petróleos del Ecuador (Petroecuador), caso Ciadi Nº ARB/06/21. Disponibles en: www.worldbank.com/incsid/cases/cases.htm. Consulta realizada el 12 de abril del 2007.

(4) El artículo 297 del Código de Procedimiento Civil ecuatoriano establece el efecto res judicata de las sentencias al señalar: “La sentencia ejecutoriada surte efectos irrevocables respecto de las partes que siguieron el juicio o de sus sucesores en el derecho. En consecuencia, no podrá seguirse nuevo juicio cuando en los dos juicios hubiere tanto identidad subjetiva, constituida por la intervención de las mismas partes, como identidad objetiva, consistente en que se demande la misma cosa, cantidad o hecho, fundándose en la misma causa, razón o derecho.

Para apreciar el alcance de la sentencia, se tendrá en cuenta no solo la parte resolutiva, sino también los fundamentos objetivos de la misma”.

(5) Tómese como ejemplo el caso Mark Dallal v. Bank Mellat, resuelto por un tribunal de reclamos entre Estados Unidos e Irán. Citado por: Lew, J., Mistelis, L. y Kröll, S. Comparative international commercial arbitration. Kluwer Law International, La Haya: 2003, p. 690.

(6) Sobre la vía de apremio, véase la sección 3.5.

(7) Artículo 924 del Código de Procedimiento Civil ecuatoriano.

(8) Existen varias normas que recogen esta obligación. Por ejemplo, el artículo 35 de las Reglas de Arbitrajede la Cámara de Comercio Internacional (CCI) establece: “En todos los casos no previstos en el reglamento, la Corte y el tribunal arbitral procederán según el espíritu de sus disposiciones esforzándose siempre para que el laudo sea susceptible de ejecución legal”. Disponible en: www.iccwbo.org/court/english/arbitration/pdf_documents/rules/rules_arb_spanish.pdf. Consulta realizada el 15 de diciembre del 2006. De manera similar, el artículo 32(2) de las normas del Reglamento de Arbitraje de la London Court of International Arbitration (LCIA) indica: “En todos aquellos asuntos particulares no contemplados en este reglamento, la Corte de la LCIA, el tribunal arbitral y las partes actuarán de conformidad con el espíritu de este reglamento, esforzándose siempre para que el laudo que eventualmente se dicte sea legalmente ejecutable”. Disponible en: www.lcia.org. Consulta realizada el 15 de diciembre del 2006.

(9) “Los laudos dictados dentro de un procedimiento de arbitraje internacional, tendrán los mismos efectos y serán ejecutados de la misma forma que los laudos dictados en un procedimiento de arbitraje nacional” (Ley de Arbitraje y Mediación ecuatoriana, art. 42).

(10) “... Los laudos arbitrales tienen efecto de sentencia ejecutoriada y de cosa juzgada y se ejecutarán del mismo modo que las sentencias de última instancia, siguiendo la vía de apremio, sin que el juez de la ejecución acepte excepción alguna, salvo las que se originen con posterioridad a la expedición del laudo” (Ley de Arbitraje y Mediación ecuatoriana, art. 32).

(11) “Instancia es la prosecución del juicio, desde que se propone la demanda hasta que el juez la decide o eleva los autos al superior, por consulta o concesión de recurso. Ante el superior, la instancia empieza con la recepción del proceso, y termina con la devolución al inferior, para la ejecución del fallo ejecutoriado” (CPC ecuatoriano, art. 58).

“La ejecución de la sentencia corresponde, en todo caso, al juez de primera instancia, sin consideración a la cuantía” (CPC ecuatoriano, art. 302).

(12) “Los fallos expedidos en los juicios sumarios o en los ordinarios, que no se ejecuten en la forma especial señalada por la ley, se llevarán a efecto del mismo modo que las sentencias dictadas en el juicio ejecutivo, siguiendo este desde ese punto de partida” (CPC ecuatoriano, art. 488).

(13) Decreto Supremo 891. R.O. 636 del 11 de septiembre de 1974.

(14) Según Andrade Ubidia: “Es principio general en nuestro sistema procesal que, naciendo la competencia de la ley, debe existir una norma específica que señale la competencia del juez, por ello el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil dispone que ejercen competencia privativa los órganos jurisdiccionales a quienes se encarga el conocimiento de materias especiales; por lo tanto, si no existe en una norma legal el encargo de determinada materia a un juez con jurisdicción privativa, conocerá de esta materia el juez ordinario, o sea el juez de lo civil” —Andrade Ubidia, S. En torno al tema del reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras y laudos internacionales. En: Foro Revista de Derecho, Universidad Andina Simón Bolívar, Nº 6, Quito: 2006, p. 69—.

(15) Redfern, A. y Hunter, M. Law and practice of international commercial arbitration. Sweet & Maxwell, Londres: 1999, p. 338.

(16) R.O. S-1202 del 20 de agosto de 1960.

(17) R.O. 43 del 29 de diciembre de 1961. Ecuador ratificó la Convención de Nueva York, acogiéndose a las reservas comercial y de reciprocidad señaladas en su artículo I(3). En razón de lo anterior, este instrumento aplicará únicamente a los laudos dictados en el territorio de otro Estado contratante y cuando ellos se refieran a cuestiones comerciales, según la ley ecuatoriana.

(18) R.O. 386 del 3 de marzo de 1986.

(19) R.O. 875 del 14 de febrero de 1992.

(20) R.O. 153 del 25 de noviembre del 2005.

(21) Ecuador ha suscrito tratados bilaterales de inversión (TBI) con Alemania, Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, China, Cuba, El Salvador, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Países Bajos, Paraguay, Perú, Rumania, Suecia, Suiza y Venezuela.

(22) Sobre la Convención de Nueva York, véase: Van den Berg, A. J. The New York Convention of 1958 towards a uniform judicial interpretation. Kluwer Law, La Haya: 1981.

(23) El artículo 41 de la Ley de Arbitraje y Mediación ecuatoriana establece los criterios para calificar un arbitraje como internacional. Los laudos emitidos en arbitrajes internacionales no son considerados nacionales en el país, razón por la que, según el artículo I(1) de la Convención de Nueva York, este instrumento también es aplicable a este tipo de laudos y no solo a los extranjeros. Sobre los parámetros para considerar internacional a un arbitraje en Ecuador, véase: Andrade Cadena, X. Las ventajas del arbitraje internacional: una perspectiva ecuatoriana. En: Revista de Derecho Comparado, Arbitraje, Ed. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires: 2005, pp. 134-139.

(24) En este sentido, entre otros, véase: Born, G. B. International commercial arbitration. Kluwer Law, La Haya: 2001, p. 779.

(25) Sobre este tema, entre otros, véase: Van den Berg, A. J. Refusal of enforcement under the New York Convention of 1958: the unfortunate few. Arbitration in the next decade. En: ICC International Court of Arbitration Bulletin, Special Supplement, Nº 9, 1999, p. 75.

(26) “(U)na vez cumplidas estas condiciones, la parte que busca la ejecución produce evidencia prima facie que le faculta a obtener la ejecución del laudo” —Van den Berg, A. J. The New York Convention of 1958 towards a uniform judicial interpretation..., cit., p. 247—.

(27) En un caso en el que el actor no presentó todos los documentos del artículo IV de la convención, la Corte Suprema de Austria consideró que tal falencia podría ser subsanada de conformidad con las normas del Código de Procedimiento Civil austriaco y que no justificaba denegar la solicitud de reconocimiento y ejecución —Caso Oberster Gerichtshof de 1965, citado por: Van den Berg, A. J. The New York Convention of 1958 towards a uniform judicial interpretation..., cit., p. 249—.

(28) Varias cortes han ratificado este principio. Por ejemplo, en los casos Presse Office S.A. v. Centro Editorial Hoy S.A. y Malder Mills Inc. v. Hilaturas Lourdes S.A., los tribunales mexicanos rechazaron el argumento de que para que un laudo extranjero sea ejecutado en México es necesario un exhorto de las cortes de Nueva York y París, donde fueron dictadas estas decisiones, con base en una norma del Código de Procedimiento Civil mexicano. Sin embargo, las cortes sostuvieron que los exhortos no eran necesarios, porque la ejecución del laudo estaba regulada por la Convención de Nueva York y que las condiciones del artículo IV se habían cumplido —sentencias citadas por: Van den Berg, A. J. The New York Convention of 1958 towards a uniform judicial interpretation..., cit.,p. 248—.

(29) Véase la historia y la discusión del artículo III en: Van den Berg, A. J. The New York Convention of 1958 towards a uniform judicial interpretation..., cit., p. 235.

(30) Ibídem, p. 238.

(31) Véase: Fouchard, Ph., Gaillard, E., y Goldman, B. International commercial arbitration. Kluwer Law International, La Haya: 1999, p. 968, haciendo referencia a Albert Jan Van den Berg.

(32) “(L)as normas procedimentales para la ejecución de un laudo bajo la convención están determinadas por la ley procedimental del país donde se busca la ejecución. Estas normas procedimentales no se refieren a las condiciones para la ejecución, mismas que están reguladas exclusivamente por la Convención de Nueva York” —Van den Berg, A. J. The New York Convention of 1958 towards a uniform judicial interpretation..., cit., p. 245—.

(33) La Corte de Primera Instancia de Nápoles sostuvo que el artículo 798del Código Civil italiano, que permite en ciertos casos la revisión de los méritos de laudos arbitrales, no podía ser aplicado por oponerse al artículo III de la Convención de Nueva York. Al respecto, sostuvo que la facultad que tienen los países de reconocer y ejecutar los laudos de acuerdo a su legislación interna se refiere únicamente a temas procedimentales, como por ejemplo la forma de la solicitud o demanda, el juez competente, etc., y no a las condiciones sustantivas para el reconocimiento y ejecución establecidas en la misma convención — Sentencia del Tribunal de Nápoles de 1976 en el caso Società La Naviera Grancebaco S.A. v. Italgrani. Citado por: Van den Berg, A. J. The New York Convention of 1958 towards a uniform judicial interpretation..., cit., p. 239—.

(34) Véase una lista actualizada de los países que han adoptado la Ley Modelo en: www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration_status.html.

(35) En Ecuador todavía no existe un estudio profundo sobre la arbitrabilidad de las controversias. Tampoco se ha encontrado un análisis consistente sobre el concepto de orden público. En todo caso, este no puede ser confundido con el ordenamiento jurídico interno de un país. Sobre este concepto, véanse, entre otros: Lalive, P. Transnational —or truly international— public policy and international arbitration. En: Sanders, P. (ed.), Comparative Arbitration Practice and Public Policy in Arbitration, ICCA Congress Series Nº 3, Kluwer Law and Taxation Publishers, La Haya: 1986, p. 264; Lew, J. Applicable law in international commercial arbitration. Oceana Publications, Nueva York: 1978, p. 532.

(36) Sobre el auto de mandamiento de ejecución y temas conexos, véase la sección 3.5.2.

(37) Véase: Van den Berg, A. J. The New York Convention of 1958 towards a uniform judicial interpretation..., cit., p. 239.

(38) Sobre el desarrollo de la legislación latinoamericana sobre arbitraje internacional véase, entre otros: Blackaby, N., Lindsey, D. y Spinillo, A., (eds.). International arbitration in Latin America. Kluwer Law International, La Haya: 2002.

(39) Entre ellos: Chile, México, Nicaragua, Paraguay y Perú. Véase: www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration_status.html. Consulta realizada el 20 de diciembre del 2006.

(40) Por ejemplo, el artículo 82 de la Ley de Arbitraje y Conciliación boliviana de 1997 establece: “La solicitud de reconocimiento y ejecución de un laudo extranjero en Bolivia será presentada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. En la legislación colombiana, el proceso de exequátur se realiza de conformidad con la regulación correspondiente del Código de Procedimiento Civil, siendo la Corte Suprema de Justicia el órgano competente para conocer de él. En Brasil, el artículo 35 de la Ley 9307 de 1996 dispone: “Para ser reconocida o ejecutada en Brasil una sentencia arbitral extranjera está sujeta únicamente a la homologación del Tribunal Supremo Federal”. En Panamá, el artículo 42 de la Ley 5 de 1999 por el cual se establece el Régimen General de Arbitraje, de la Conciliación y de la Mediación establece: “... será el tribunal competente para el reconocimiento y ejecución de un laudo extranjero, la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia de Panamá”. En Perú, el artículo 127 de la Ley General de Arbitraje de 1996 indica: “Un laudo arbitral, cualquiera sea el país en que se haya dictado, será reconocido como vinculante y, tras la presentación de una petición por escrito ante la Sala Civil de la Corte Superior competente (...) será ejecutado en conformidad con las disposiciones de esta sección”. Adicionalmente, la ley peruana en sus disposiciones complementarias y transitorias octava y novena creó salas y juzgados especializados en varios distritos judiciales con el fin de atender, entre otros asuntos, los pedidos de reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros. Igualmente, el artículo 48 de la Ley de Arbitraje Comercial venezolana de 1998 establece: “... (El) laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que haya sido dictado, será reconocido por los tribunales ordinarios como vinculante e inapelable, y tras la presentación de una petición por escrito al tribunal de primera instancia competente será ejecutado forzosamente por este...”.

(41) Por ejemplo, el artículo 83 de Ley de Arbitraje y Conciliación boliviana determina el procedimiento que se debe seguir ante la Corte Suprema de la Nación. Las partes cuentan con una etapa de prueba de ocho días, luego de la cual la corporación tiene cinco días para dictar su resolución. El artículo 36 de la Ley 9307 brasilera señala que la homologación para reconocimiento o ejecución se realice de conformidad con los artículos 483 y 484 del Código de Procedimiento Civil de ese país. Igualmente, el artículo 1463 del Código de Comercio mexicano establece: “El procedimiento de reconocimiento o ejecución se sustanciará incidentalmente de conformidad con el artículo 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles”. Igualmente, el artículo 130 de la Ley General de Arbitraje peruana indica: “El procedimiento de reconocimiento de un laudo arbitral extranjero se tramita como proceso no contencioso, siendo de aplicación los artículos 749 al 762 del Código Procesal Civil”. Esta norma también añade que resulta procedente el “... recurso de casación cuando no se hubiera reconocido en todo o en parte el lado arbitral extranjero”.

(42) Por ejemplo, estos requisitos son exigidos por los artículos: 82 de la Ley de Arbitraje y Conciliación boliviana; 37 de la Ley 9307 brasilera; 35(2) de la Ley 19971 sobre Arbitraje Comercial Internacional chilena del 2004; 1461 del Código de Comercio mexicano; 42 del Decreto-Ley 5 de Panamá y 127 de la Ley General de Arbitraje peruana.

(43) Esta realidad se evidencia, por ejemplo, en los artículos 38 y 39 de la Ley 9307 brasilera; 36 de la Ley 19971 sobre Arbitraje Comercial Internacional chilena; 1462 del Código de Comercio mexicano; 41 del Decreto-Ley 5 de Panamá; 129 de la Ley General de Arbitraje peruana y 49 de la Ley de Arbitraje Comercial venezolana. Por su parte, la Ley de Arbitraje y Conciliación boliviana acumula como causales de nulidad de los laudos a la misma ley y a las señaladas para denegar los convenios internacionales.

(44) Véase, entre otros: Schreuer, Ch. The Icsid Convention: a commentary. Cambridge University Press, Cambridge: 2001, p. 1084.

(45) Van den Berg, A. J. Some recent problems in the practice of enforcement under the New York and Icsid conventions. En: 2 Icsid Rev.-Foreign Investment L. J. 439, 1987, p. 441.

(46) Véase, entre otros: Schreuer, Ch. The Icsid Convention: a commentary..., cit., p. 1084.

(47) “(E)n el contexto del convenio, las cortes locales deben abstenerse de tomar ninguna acción que pudiere interferir con el carácter autónomo y exclusivo del arbitraje Ciadi (...). Esta ‘regla de abstención’ que es esencial para la implementación apropiada del convenio encuentra su sanción en el artículo 64 del convenio...” —Delaume, G. R. Icsid arbitration and the courts. En: American Journal of International Law, Nº 77, 1983, 784, p. 785—.

(48) “Toda diferencia que surja entre Estados contratantes sobre la interpretación o aplicación de este convenio y que no se resuelva mediante negociación, se remitirá, a instancia de una u otra parte en la diferencia, a la Corte Internacional de Justicia, salvo que dichos estados acuerden acudir a otro modo de arreglo” (Convenio de Washington, art. 64).

(49) Según el Diccionario de la Lengua Española, ‘pecuniario’ significa: “Perteneciente o relativo al dinero efectivo”. Disponible en: www.rae.es. Consulta realizada el 15 de febrero del 2007.

(50) Véase: Broches, A. Awards rendered pursuant to the Icsid Convention: binding force, finality, recognition, enforcement, execution. En: 2 Icsid Rev.-Foreign Investment L. J. 287, 288, 1987, p. 314.

(51) Sobre este tema, véase: Schreuer, Ch. The Icsid Convention: a commentary..., cit., pp. 1124-1126.

(52) Como lo aclara Schreuer: “(N)o existe duda de que una obligación impuesta por un laudo que no se encuentra expresada en términos monetarios sino como una obligación de hacer un acto en particular o de no hacer una cierta acción, es igualmente obligatoria y genera el efecto de res judicata. El convenio meramente excepciona a dicha obligación del procedimiento simplificado y automático del artículo 54” —Schreuer, Ch. The Icsid Convention: a commentary..., cit., p. 1126—.

(53) Véase: Cane, G. The enforcement of Icsid awards: revolutionary or ineffective? En: The American Review of International Arbitration, Nº 15, 2004, 439, p. 453, citando ejemplos basados en la Foreign Sovereign Immunities Act de 1976, reformada en 1988.

(54) Soabi v. República de Senegal. Sentencia citada por: Galliard, E. Enforcement of Icsid awards in France: the decision of the Paris Court of Appeal in the Soabi Case. En: 5 Icsid Rev.-Foreign Investment L.J. 69, 70, 1990, p. 72.

(55) Sin embargo, la inmunidad de ejecución de la que gozan los Estados “no puede ser invocada para obstruir una solicitud de reconocimiento y declaración de ejecutabilidad de un laudo que cumple con las condiciones del artículo 54(2) del convenio” —Galliard, E. Enforcement of Icsid awards in France: the decision of the Paris Court of Appeal in the Soabi Case..., cit., p. 71—.

(56) Van den Berg, A. J. Some recent problems in the practice of enforcement under the New York and Icsid conventions..., cit., p. 449.

(57) Société Ouest Africaine de Bétons Industriels (Soabi) v. República de Senegal, caso Ciadi Nº ARB/82/1. 4 de febrero de 1988. En: 6 Icsid Rev. 127, 1991. Véanse los comentarios sobre esta sentencia en: Galliard, E. Enforcement of Icsid awards in France: the decision of the Paris Court of Appeal in the Soabi Case..., cit. y Delaume, G. R. Icsid arbitration and the courts..., cit.

(58) Los conceptos de reconocimiento y de ejecución también fueron distinguidos categóricamente por la Corte de Apelaciones de París en el caso Benvenuti et Bonfant v. Gobierno de la República del Congo. 26 de junio de 1981. En: 7 Y.B. Com. Arb. 159 (1982). Citada por: Van den Berg, A. J. Some recent problems in the practice of enforcement under the New York and Icsid conventions..., cit., p. 448.

(59) Liberian Eastern Timber Corp. v. Government of the Republic of Liberia, caso Ciadi Nº ARB/83/2. 31 de marzo de 1986. En: 26 ILM 647 (1987). Liberian E. Timber Corp. v. Government of Republic of Liberia. En: 650 F. Supp. 73 (S.D.N.Y. 1986) (2.d Cir. 19 de mayo de 1987).

(60) Los redactores del convenio dedicaron extensas discusiones al procedimiento de reconocimiento y ejecución de laudos. Algunos creyeron necesario determinar un procedimiento de ejecución, especialmente para los casos en que la parte vencida sea un inversor, porque creyeron que era “altamente improbable” que un Estado se negara a ejecutar voluntariamente un laudo. Esta propuesta no tuvo acogida por la dificultad de delinear un procedimiento aplicable a todos los sistemas jurídicos existentes. Sobre la historia del convenio, véase: Schreuer, Ch. The Icsid Convention: a commentary..., cit., p. 1102.

(61) El Informe de los directores ejecutivos acerca del convenio, aprobado por la Junta de Gobernadores del Banco Mundial el 10 de septiembre de 1964, es claro al respecto: “Debido a las distintas técnicas procesales seguidas en las jurisdicciones del common law y las que se inspiran en el derecho civil de tradición romana, así como a los distintos sistemas judiciales existentes en los Estados unitarios y en los federales u otros no unitarios, el artículo 54 no establece ningún método especial para lograr el cumplimiento interno del laudo, sino que exige a cada Estado contratante que cumpla las disposiciones del artículo de conformidad con su propio sistema jurídico”. Disponible en: www.worldbank.org/icsid/basicdoc-spa/partB-section06.htm#04. Consulta realizada el 10 de enero del 2007.

(62) “(L)a intención de esta referencia es meramente procedimental; no es un espacio para evitar la obligación de ejecución establecida en el primer párrafo del mismo artículo o para eludir los límites de revisión establecidos en el artículo 53” —Cane, G. The enforcement of Icsid awards: revolutionary or ineffective?..., cit., p. 442—.

(63) Sobre este punto, véase: Schreuer, Ch. The Icsid Convention: a commentary..., cit., p. 1114.

(64) Aunque algunos redactores del convenio, como el representante de Alemania, sostuvieron la necesidad de que la ejecución de un laudo pudiera ser denegada por contravenir el orden público del país de ejecución, esta posición no tuvo el respaldo de la mayoría de representantes —véase: Schreuer, Ch. The Icsid Convention: a commentary..., cit., p. 1129—.

(65) Por ejemplo, el artículo 36 de la Ley Modelo establece los motivos por los cuales un juez puede denegar una petición de reconocimiento y ejecución, los cuales están armonizados con los motivos del artículo V de la Convención de Nueva York.

(66) Normalmente, los laudos son impugnables también en el lugar de emisión mediante recursos o acciones de anulación. La Ley de Arbitraje y Mediación ecuatoriana permite que un laudo emitido en Ecuador sea impugnado a través de la acción de nulidad contemplada en su artículo 31.

(67) Además, el artículo 489 indica: “El juez admitirá estas alegaciones únicamente cuando consten de documento público, documento privado judicialmente reconocido o confesión judicial y su resolución causará ejecutoria”.

(68) “(E)l propósito de la autenticación del laudo es permitir a la corte verificar que el laudo sea genuino y establecer la identidad de sus autores” —Fouchard, Ph., Gaillard, E., y Goldman, B. International commercial arbitration..., cit., p. 970—.

(69) “Las normas contenidas en los tratados y convenios internacionales, una vez promulgados en el Registro Oficial, formarán parte del ordenamiento jurídico de la República y prevalecerán sobre leyes y otras normas de menor jerarquía” (Constitución Política ecuatoriana, art. 163).

(70) Véase la sección 3.3.4. en el sentido de que es aconsejable pero no obligatorio bajo la Ley de Arbitraje y Mediación ecuatoriana.

(71) El mandamiento de ejecución “... es el auto en que el juez ordena, una vez ejecutoriada la sentencia, que el deudor señale bienes suficientes para cubrir la deuda, intereses y costas, si hubiere sido condenado a ellas o pague dentro de 24 horas” —Puig Vilazar, C. Índice de procedimiento civil ecuatoriano. Fondo de Cultura Ecuatoriana, t. V, Cuenca: 1984, p. 42—.

(72) Artículo 438 del Código de Procedimiento Civil ecuatoriano.

(73) Ibídem.

(74) Artículo 439 del Código de Procedimiento Civil ecuatoriano.

(75) Véanse los artículos 439 al 479 del Código de Procedimiento Civil ecuatoriano.

(76) Artículo 443 del Código de Procedimiento Civil ecuatoriano.

(77) Artículo 440 del Código de Procedimiento Civil ecuatoriano.

(78) Ibídem.

(79) Ibídem, en concordancia con el artículo 1569 del Código Civil ecuatoriano que establece: “Si la obligación es de hacer, y el deudor se constituye en mora, podrá pedir el acreedor, junto con la indemnización de la mora, cualquiera de estas dos cosas, a elección suya:

1. Que se le autorice para hacerla ejecutar por un tercero, a expensas del deudor; y,

2. Que el deudor le indemnice los perjuicios resultantes de la infracción del contrato”.

(80) Artículo 440 del Código de Procedimiento Civil ecuatoriano.

(81) Artículo 1571 del Código Civil ecuatoriano.

(82) En este sentido, véase: Lew, J., Mistelis, L. y Kröll, S. Comparative international commercial arbitration..., cit., p. 697; Fouchard, Ph., Gaillard, E., y Goldman, B. International commercial arbitration..., cit., p. 914; Paulsson, J. Enforcing arbitral awards notwithstanding a local Standard annulment (LSA). En: ICC Bulletin Nº 9, vol. 1, 1998, p. 18. Esta opinión también fue acogida por las cortes francesas en el caso Pabalk v. Norsolor. Sobre esta sentencia, véase: Fouchard, Ph., Gaillard, E., y Goldman, B. International commercial arbitration..., cit., p. 914.

(83) “(N)o existe obligación de ejecutar laudos bajo la Convención de Nueva York. Al contrario (...) la misma convención reconoce que pueden existir métodos más favorables de ejecución” —Redfern, A. y Hunter, M. Law and practice of international commercial arbitration..., cit., p. 486—. De manera similar, Van den Berg afirma: “(L)a ejecución de un laudo extranjero no tiene que basarse en la Convención de Nueva York. El artículo VII de la convención contiene el denominado ‘principio del derecho más favorable’ por el cual una parte puede buscar la ejecución en base a la legislación local sobre ejecución de laudos arbitrales extranjeros” —Van den Berg, A. J. Enforcement of annulled awards? En: ICC Bulletin Nº 9, vol. 2, 1998, p. 15—.

(84) Para Fouchard, Gaillard y Goldman, la posición de las cortes francesas: “(S)e encuentra en perfecta armonía con el artículo VII de la Convención de Washington” —Fouchard, Ph., Gaillard, E., y Goldman, B. International commercial arbitration..., cit., p. 914—. Sobre este tema, véase, además: Paulsson, J. Enforcing arbitral awards notwithstanding a local standard annulment (LSA)..., cit., p. 14. Véase, sin embargo, la tesis contraria en: Van den Berg, A. J. Enforcement of annulled awards?..., cit., p. 15, entre otros.

(85) “(S)i una parte que busca el reconocimiento —de un laudo— decide basarse en la ley local relativa a ejecución de laudos extranjeros o en otro tratado, en virtud del principio del derecho más favorable del artículo VII de la Convención de Nueva York, puede hacerlo in toto únicamente excluyendo a la Convención de Nueva York. Escoger las normas no está permitido” —Van den Berg, A. J. Enforcement of annulled awards?..., cit., p. 18—.

(86) “(P)ermitir la aplicación de normas locales más favorables, al tiempo de mantener otros mecanismos de reconocimiento y ejecución de la Convención de Nueva York —si estos son más favorables para la parte que busca ejecutar el laudo— estaría definitivamente en línea con la idea que la Convención de Nueva York busca promover” —Tepes, N. The more favorable right provision of art. VII of the New York Convention and its application to the form of the arbitration agreement”. En: 12 Croatian Arbitration Yearbook 125, 2005, p. 151—.

(87) Lew, J., Mistelis, L. y Kröll, S. Comparative international commercial arbitration..., cit., p. 698.

(88) Ibídem, p. 698.

(89) Según Andrade: “Para que pueda solicitarse el reconocimiento de una sentencia extranjera, se ha de cumplir con ciertos requisitos, los cuales varían según el caso. Si existe un tratado o convenio vigente, habrá de consultar el instrumento internacional, de conformidad con lo que dispone el inciso 1º del art. 414; de no existir tal instrumento internacional, deberá estarse a lo dispuesto en el inciso 2º de dicha disposición legal. Lo anterior es aplicable a los laudos arbitrales” —Andrade Ubidia, S. En torno al tema del reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras y laudos internacionales..., cit., p. 59—. Esta posición también es compartida por Ramiro Salazar Cordero. Véase: Blackaby, N., Lindsey, D. y Spinillo, A., (eds.). International arbitration in Latin America..., cit., p. 152.

(90) Sobre este tema no existen convenciones que tengan el suficiente alcance global para facilitar la tarea de ejecución de sentencias judiciales extranjeras, mientras que en el arbitraje existe especialmente la Convención de Nueva York —véase: Andrade Cadena, X. Las ventajas del arbitraje internacional: una perspectiva ecuatoriana..., cit., pp. 141-146—.

(91) García Feraud, G. Cuestiones jurídicas. Edino, Guayaquil: 2005, p. 152.

(92) Van den Berg, A. J. The New York Convention of 1958 towards a uniform judicial interpretation..., cit., p. 245.

(93) Véanse, por ejemplo, los casos Presse Office S.A. v. Centro Editorial Hoy S.A. y Malder Mills Inc. v. Hilaturas Lourdes S.A.

(94) Andrade Ubidia, S. En torno al tema del reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras y laudos internacionales..., cit., pp. 69 y 70.

(95) En el caso Micheline Roy v. Rubén Tenorio, la Corte Suprema de Justicia ecuatoriana resolvió: “... la homologación o exequátur de la sentencia extranjera se trata ‘de un verdadero proceso de tipo declarativo, porque se persigue que se reconozca el valor que dicha sentencia extranjera tiene’; y en nuestra legislación procede al amparo del artículo 424 (actual artículo 414) del Código de Procedimiento Civil”. En: Gaceta Judicial, serie XVII, Nº 3, p. 613. Esta posición ha sido corroborada por la Primera, Segunda y Tercera salas de la Corte Suprema ecuatoriana en otros casos.

(96) The Coca Cola Company v. José Arévalo. Pronunciamiento de la Primera Sala de la Corte Suprema de Justicia ecuatoriana del 27 de junio de 1972. Citado parcialmente en una sentencia de la Segunda Sala de la Corte Suprema de Justicia, Gaceta Judicial Nº 10, serie XII, Corte Suprema de Justicia, 1976, pp. 2052-2055.