Reflexiones del Sistema General de Pensiones en torno a la acción de tutela

Revista Nº 128 Mar.-Abr. 2005

Francisco José Cortés Mateus 

Abogado especializado en seguros, seguridad social y derecho laboral 

Agradezco la posibilidad de contar con un espacio académico que permita avistar los retos que nuestro ordenamiento jurídico y, en especial, el Sistema de Seguridad Social en Pensiones nos presenta, mediante el estudio crítico del impacto e influencia de la acción de tutela. Como recordaremos, su ejercicio ha generado fuertes enfrentamientos entre nuestros máximos tribunales. Esta acción, orientada a la defensa de los derechos fundamentales, se constituye en salvaguarda de quienes consideren vulnerados, no solo derechos fundamentales sino también cualquier otro derecho, como la seguridad social, que sin gozar de dicho estatus, por vía de conexidad, adquieren tal calidad(1) .

Sea entonces esta la oportunidad para analizar brevemente algunas sentencias que pueden servirnos como referentes del alcance que el ejercicio de la acción de tutela tiene en nuestro joven sistema pensional. Apreciaremos como en determinadas oportunidades en nuestro sentir, las decisiones de la Corte Constitucional superan las vías judiciales tradicionales, al punto de llegarse a poner en tela de juicio la fuerza vinculante de los fallos de la jurisdicción ordinaria y su propia independencia, generando asu paso una verdadera incertidumbre jurídica como efecto colateral. En esta misma vía, analizaremos algunos interrogantes asociados a las decisiones tomadas, las cuales tienen la potencialidad de afectar el normal funcionamiento de nuestro sistema pensional.

Competencia del juez de tutela para resolver aspectos litigiosos

La Corte Constitucional(2) ha señalado que al juez constitucional no le corresponde indicar el contenido de las decisiones que toman las autoridades en desarrollo de las funciones asignadas por la Constitución y la ley, ya que cuentan con los elementos de juicio necesarios para resolver sobre los derechos que se encuentran en debate. Adicionalmente ha dicho que en principio, las controversias suscitadas con ocasión del reconocimiento de derechos pensionales, tampoco le competen a dicha jurisdicción en sede de tutela, ya que se trata de pretensiones de orden legal para cuya definición existen en el ordenamiento jurídico otras instancias, medios, procedimientos administrativos y judiciales ordinarios, a menos que dadas las circunstancias del caso concreto, estos medios resulten ineficaces para la garantía de los derechos fundamentales o, se pueda razonablemente prever la ocurrencia de un perjuicio irremediable(3) , caso en el cual la orden del juez se impartirá de manera transitoria, mientras se resuelve en forma definitiva la controversia en torno al derecho reclamado por la jurisdicción ordinaria. Corresponde entonces, estudiar brevemente si el juez constitucional realmente se mantiene en este marco y cuál ha sido el alcance de su labor en el campo de la seguridad social en pensiones.

Controversia referentea la mora del empleador

Llama la atención los pronunciamientos de la Corte Constitucional al decidir de fondo sobre tutelas encaminadas a obtener el reconocimiento del derecho pensional en casos en los cuales se encontraba en tela de juicio el responsable de su pago y que, por sus especiales características, debió someterse tal decisión ante el juez laboral. Es este el caso de la Sentencia T-394 del 2004, mediante la cual, se ordenó el reconocimiento de la pensión de invalidez a una AFP que objetó su pago debido a la cancelación extemporánea de las cotizaciones, es decir, una vez ocurrido el siniestro, al conceder la Corte eficacia al pago de los aportes en mora. Consideraciones de elemental justicia nos imponen detallar que la pensión se reconoce en interés de una persona en estado de debilidad manifiesta dada su precaria condición de salud. No obstante lo anterior, resulta criticable la determinación de la Corte, dadas las siguientes consideraciones e interrogantes: i) Se abroga la capacidad de determinar el responsable del pago de la pensión, dificultando el acceso para una de las partes vinculadas al proceso de tutela a la jurisdicción ordinaria dada la potencialidad de asumirse la existencia de la cosa juzgada. ii) Si resulta admisible que la tutela proceda como mecanismo transitorio para evitar perjuicios irremediables, entonces, ¿qué razones resultan aducibles para sustituir la jurisdicción ordinaria y así determinar si la AFP o el empleador debe reconocer la pensión solicitada en forma definitiva? iii) La financiación de las pensiones en el RAIS(4) , comporta la presencia de un seguro previsional con el cual se asegura la suma adicional que permita alcanzar el capital necesario para financiar las pensiones, el cual requiere del pago cumplido de la prima, que a su vez depende de la cancelación oportuna de los aportes pensionales. Un efecto colateral de la sentencia lo encontramos precisamente en este campo, dado que el asegurador podría abstenerse de reconocer la suma adicional al no haber recibido el pago de las primas por causa de la mora del empleador. Si esto llegase a ocurrir ¿Cómo se reunirá el capital para el pago de la pensión? ¿Debe la AFP responder por el capital adicional parafinanciar las pensiones? iv) La responsabilidad de los jueces no debe circunscribirse al ámbito jurídico, sino también al económico, velando en todo caso por la preservación del sistema de seguridad social, ¿No debería el juez de tutela vincular al proceso a los aseguradores con el fin de garantizar la adecuada financiación de las pensiones, o debemos considerar a las aseguradoras como ruedas sueltas del sistema de seguridad social, inadvertidas por nuestros jueces? v) ¿Se debe premiar con la absolución al empleador incumplido en el pago de sus aportes, el cual descuenta y retiene los valores descontados, en muchos casos, sin trasladarlos a la AFP, sin que dicha conducta sea valorada jurídicamente? vi) De mantenerse la jurisprudencia de la Corte en la misma vía, podrían enviarse los siguientes mensajes negativos en contra del sistema con resultados nefastos para el mismo: a) El esquema de aseguramiento de la seguridad social se desvirtúa en su esencia, admitiendo el aseguramiento de siniestros ocurridos y la eficacia del pago de cotizaciones en mora al acaecer los siniestros; b) El empleador incumplido no debe preocuparse de entrar en mora en el pago de su obligación con el sistema de pensiones, ya que en todo momento podrá ponerse al día, aun ocurrido el siniestro. vii) Si bien las administradoras del RAIS tienen obligación de cobro, no cuentan con jurisdicción coactiva(5) , sino que deben acudir ante la jurisdicción ordinaria, resultando dispendioso el cobro de las acreencias. Ahora bien, la falta de esta gestión, tampoco le impone la carga de reconocer la pensión ni la suma adicional necesaria para su reconocimiento. ¿En dónde se encuentra expresa dicha obligación en su contra, o nos encontramos frente a un mecanismo de expropiación del capital de las administradoras? viii) El Decreto 1406 de 1999, artículo 39, referente al pago y recaudo de los aportes del sistema de seguridad social integral, determinó que “las consecuencias derivadas de la no presentación de las declaraciones de autoliquidación de aportes o de errores u omisiones en esta, que afecten el cubrimiento y operatividad del sistema de seguridad integral o la prestación de los servicios que él contempla con respecto a uno o más de los afiliados, serán responsabilidad exclusiva del aportante”. ¿Dónde queda entonces la responsabilidad del empleador? ix) Se evidencia la existencia de una jurisprudencia(6) contraria y reiterativa de la Corte Suprema de Justicia frente a este delicado tema. Aun cuando lo anterior resulta satisfactorio si se analizael enfoque amplio con el cual la Corte Suprema de Justicia aborda el tema, en un Estado social de derecho la presencia de dos altas Cortes opinando en vías opuestas no puede generar más que inseguridad jurídica, ya que depen-diendo de la jurisdicción elegida para elevar el reclamo, el resultado será diferente. x) Finalmente, la lectura que seguramente ha llegado a nuestros colegas, no será otra que la acciónde tutela puede ser utilizada como una vía expedita que reemplace a la jurisdicción ordinaria en materia pensional.

Afortunadamente en el seno de la Corte Constitucional, encontramos pronunciamientos que se encaminan a implementar fórmulas intermedias que si bien, a nuestro juicio, atemperan la postura clásica de este tribunal sin abandonarla, vislumbran evolución favorable hacia una funcionalidad razonable de la acción de tutela en este campo. Tal es el caso de la Sentencia T-664 del 9 de julio del 2004, con ponencia del magistrado Jaime Araújo Rentería, donde no obstante ordenarse el pago de la pensión a la AFP, se deja abierta la posibilidad de debatir dicha obligación con el empleador incumplido ante la jurisdicción ordinaria.

No abogo en este escrito por la desprotección de los derechos fundamentales, ni dejo de reconocer la procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio, pero sí resulta apreciable evaluar por parte de los operadores jurídicos un uso racional de esta acción, poniendo de presente aquellos detalles que pasan inadvertidos y que como lo mencioné anteriormente, golpean la viabilidad de nuestro sistema pensional.

Tutela contra sentencias

Fuimos testigos de amplios debates en torno a la procedencia de la acción de tutela contra sentencias. Precisamente, fue este el escenario que a finales del 2003 y comienzos del 2004 generó una álgida confrontación entre la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. Nuevamente el trasfondo de la discusión no es otro que la independencia de los jueces, la seguridad jurídica y los límites de acción del juez constitucional, pero en esa oportunidad el debate lo generó el reconocimiento de pensiones.

Los casos motivo de estudio

Motivo de enfrentamiento fueron las sentencias T-951 y SU-1158 del 2003, mediante las cuales la Corte Constitucional dejó sin efectos sentencias, tanto de los tribunales como de la Corte Suprema de Justicia.

En el caso de la Sentencia T-951 del 2003, un afiliado al ISS sufrió una accidente de origen común que le ocasionó la pérdida total (100%) de su capacidad laboral, estructurándose su invalidez el 24 de enero de 1993, es decir, antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993. El problema jurídico implícito resulta ser la definición de la ley aplicable, ya que el ISS se decidió por el Acuerdo 49 de 1990, negando la prestación al encontrar cotizadas solo 119 semanas dentro de los últimos seis años, anteriores a la invalidez y 119 en cualquier época anterior a ella, requiriéndose 150 semanas cotizadas. Por su parte, el afiliado consideraba aplicable los términos de la Ley 100 de 1993, dado que el dictamen de invalidez se obtuvo durante su vigencia. El ISS confirmó su decisión, pero ante el recurso de apelación contra la misma guardó silencio.

En estrados judiciales, el juez de primera instancia condenó al ISS a pagar la pensión de invalidez, acogiendo las consideraciones delafiliado reclamante, aplicando las condiciones de la Ley 100 de 1993 por resultarle más benéficas que las previstas en el Acuerdo 49 de 1990, apoyándose, adicionalmente, en un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia(7) en tal sentido. Por su parte, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, aduciendo que el estado de invalidez se estructuró el 24 de enero de 1993, revocó la sentencia de primera instancia, dando acogida a los argumentos esgrimidos por el ISS al negar la pensión, tomando como referencia jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia(8) , en donde sobre hechos similares a los debatidos, determinó la improcedencia del beneficio pensional. En sede de casación, la Sala Laboral de la honorable Corte Suprema de Justicia no casó la sentencia del tribunal, aduciendo falta de técnica en la formulación del recurso, aunque se adentró en el contenido de la pretensión y avaló la decisión de segunda instancia.

Contra la sentencia de segunda instancia y de casación se presentó acción de tutela, denegándose la misma en primera instancia al considerar que la Sala de Casación accionada obró como correspondía al negarse a estudiar la demanda. El juez constitucional de segunda instancia, por su parte, modificó la decisión de primer grado, pero no concedió el amparo al juzgar que las sentencias del Tribunal Superior de Bogotá y de la Casación Laboral obedecían a un análisis suficiente y razonable que le impedían al accionante acceder a la pensión solicitada.

La Corte Constitucional como resultado de su revisión revoca las sentencias de instancia de tutela y deja sin efectos las sentencias del Tribunal y de la Corte Suprema de Justicia, fundamentándose en diferentes consideraciones, ordenando el cumplimiento de la sentencia de primera instancia de la jurisdicción ordinaria y conminando, a su vez, al ISS para que en el término de 48 horas efectuara el reconocimiento de la pensión reclamada.

Aduce la Corte que debe aplicarse en el caso en estudio las normas de la Ley 100 de 1993, pese a estructurarse la invalidez antes de su vigencia, fundamentándose en consideraciones de favorabilidad, justicia y equidad, que determinan la aplicación retrospectiva del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, basándose en la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia(9) retomada por el juzgador de primera instancia. Así mismo, considera que el tutelante tiene derecho a exigir del Estado y, en consecuencia, de las salas accionadas y del ISS, la pensión de invalidez, al igual que se adopten en su favor medidas que contrarresten el estado de debilidad manifiesta en que se encuentra, entre las que deben destacarse programas de rehabilitación, de integración social y de empleo. Adicionalmente, menciona que no puede echarse de menos que el actor cotizó al sistema de seguridad social desde el inicio de su actividad laboral y hasta el momento que sufrió el accidente, de suerte que no considera razonable para definir su derecho a la pensión aplicarle el artículo 6º del Acuerdo 49 de 1990. Así las cosas, para la Corte la norma aplicable es el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, por cuanto la disposición vigente al tiempo de la realización del riesgo lo excluye del sistema de seguridad social, para el cual contribuyó efectivamente, exclusión que no resulta posible si se considera que acredita un número de semanas de cotización considerablemente superior a las 26 que sustentan el riesgo de invalidez por régimen común.

En cuanto a la Sentencia SU-1158 del 2003, esta tuvo su génesis en la Sentencia de Tutela T-1306 del 2001. En dicha sentencia estimó la Corte Constitucional que la Corte Suprema de Justicia incurrió en vía de hecho al no casar una sentencia por errores en la técnica de casación, reconociendo, sin embargo en el fallo, que el recurrente sí tenía derecho a la pensión de jubilación, dándose por lo tanto primacía al derecho procesal sobre el sustancial, incurriendo así en un excesivo ritualismo. Indicó la Corte Constitucional, que conforme al artículo 162 de la Ley 446 de 1998, corresponde a las salas de Casación de la Corte Suprema de Justicia separar los cargos y las acusaciones, o proceder a integrarlos, con miras a hacer que las demandas de casación se adecuen a las sentencias que las partes controvierten. Como resultado en este proceso se ordenó dar cumplimiento al fallo del juzgado de primera instancia que condenó al empleador a reconocer la pensión deprecada, dada la negativa de la Corte Suprema de Justicia a emitir una sentencia de reemplazo en los términos exigidos por la Corte Constitucional.

Las consideraciones

Dejaremos de lado por un instante las consideraciones de fondo que esgrimen tanto la Corte Suprema de Justicia como la Corte Constitucional respecto a la procedencia de la acción de tutela contra sentencias, para enfocarnos en el estudio estricto desde el punto de vista de la seguridad social en pensiones. Posteriormente retoma-remos este aspecto al realizar el cierre de este artículo, dada su innegable importancia.

La Sentencia T-951 del 2003, presenta interesantes retos para nuestra disciplina, dado que se encuentran involucrados diversos conceptos relativos a las pensiones de invalidez, así como de la aplicación de la ley laboral en el tiempo, etc. Llama la atención que pese a encontrarse estructurada la invalidez bajo el imperio del Acuerdo 49 de 1990, optó la Corte Constitucional por avalar la aplicación de las condiciones propias de la Ley 100 de 1993, en forma retrospectiva.

Resulta conveniente indicar que no puede confundirse la estructuración de la invalidez con el dictamen que declara tal estado, ya que corresponde el primero a un hecho constitutivo de una calidad, que en nuestro criterio determinará la ley aplicable, en tanto que el segundo constituye un hecho meramente declarativo.

Ahora bien, respetando el prístino derecho a la hermenéutica jurídica que nos asiste como profesionales del derecho, podrá optarse por la interpretación normativa que se considere adecuada y justa para determinar la ley aplicable al caso en estudio.

Por mi parte, considero que existiendo certeza en cuanto a la norma aplicable en el tiempo, dado que la invalidez se estructuró en vigencia del Acuerdo 49 de 1990, siendo una situación definida, en oposición a lo manifestado por la Corte Constitucional, debió analizarse la prestación bajo aquella norma y no otra.

Recuerda este debate el protagonizado por cuenta de la condición más beneficiosa, del cual se ha ocupado ampliamente la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia(10) , en virtud de la cual debemos dar aplicación a condiciones pensionales de leyes derogadas a situaciones ocurridas en vigencia de la Ley 100 de 1993. Se trata en última instancia del mismo sustrato jurídico: la ley aplicable en el tiempo. Por efectos prácticos no abordaré el tema en este escrito, pero insto a los lectores a analizar con mente abierta la jurisprudencia y a obtener sus propias conclusiones sobre la bondad o no que dicha teoría y la expuesta por la Corte Constitucional en esta sentencia puedan aparejar a las administradoras del sistema general de pensiones, en especial, en el régimen de financiamiento de las pensiones respaldado en riesgos asegurados y claramente definidos.

Fijar la posición expuesta en la Sentencia T-951 del 2003, conduce inevitablemente a considerar la posibilidad de reevaluar todos aquellos reclamos donde se negaron las pensiones y la invalidez se hubiese estructurado antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

Ahora bien, resulta en todo caso preocupante que nuevamente la Corte Constitucional se abroga el papel de juez en las dos sentencias que venimos analizando, pero en esta ocasión, adicionalmente anula las sentencias de la jurisdicción ordinaria, incluidas las de su máximo tribunal, imponiendo su criterio, dada la exis-tencia de diversos pronunciamientos judiciales sobre la materia, tal como lo evidencia su sentencia.

Adicionalmente, en los dos casos la Corte Constitucional elimina de un plumazo el recurso extraordinario de casación y la autoridad legítima de los jueces de la República. No resulta desconocido para nadie que dada su alta exigencia técnica, una inadecuada formulación de los cargos puede frustrar las pretensiones de los recurrentes. Sin embargo, resulta indispensable recordar que el recurso extraordinario de casación no tiene por objeto constituirse en tercera instancia, sino que asegura la legalidad de las sentencias y unifica la jurisprudencia. Tenemos entonces dos alternativas: revisar el alcance de la casación o el de la acción de tutela.

La Corte Suprema de Justicia refleja su posición en un comunicado de prensa emanado de la Sala Plena el 19 de febrero del 2004. Para esta, resulta inadmisible la intromisión dela jurisdicción constitucional al revisar las sentencias que se encuentran ejecutoriadas, toda vez que se desconoce la gestión realizada por los juzgadores de instancia al revocar las decisiones judiciales que han hecho tránsito a cosa juzgada, desconociéndose entonces la seguridad jurídica del sistema de administración de justicia y, por tanto, la firmeza de sus decisiones. Esto promociona en su sentirla utilización de la acción de tutela para “cercenar” la función propia de la Corte Suprema de Justicia, incluso para sustituirla, usurpando tal jurisdicción e impidiendo la aplicación de una de las reglas propias del debido proceso instituida en favor de los ciudadanos: “Nadie puede ser juzgado sino de acuerdo con las formas propias de cada juicio y ante el juez competente, entendido este como el juez natural...”.

Para la Corte Suprema de Justicia, la eficacia de los derechos fundamentales se encuentra presente en la actuación de todos los jueces de la República y los procesos se encuentran estructurados para obtener tan preciado fin, razón por la cual estima que “la tutela como mecanismo de protección del ciudadano debe ser fortalecida, pero al mismo tiempo debe ser inhabilitada como instrumento de destrucción del Estado de derecho”.

En cuanto al error judicial, expresa que la posibilidad de su existencia, no legitima, per se, la acción de tutela contra sus decisiones, como tampoco el ser esta una autoridad pública, pues igual condición tiene la Corte Constitucional, por lo que, por ese camino, además de que cabrían también acciones de tutela contra esta, ningún proceso tendría fin.

Finalmente, reconoce la Corte Suprema de Justicia que “el control constitucional de los fallos judiciales se encontraría procedente siempre y cuando se señalen legalmente las causales de su procedencia y se hubiere hecho uso de los recursos legales que la ley le confiere a las partes dentro de los procesos o habiendo hecho uso de los mismos, la actuación judicial revele evidentes vías de hecho que contraríen su propia finalidad”. No obstante lo anterior, indica la Corte que no deja de “desconocer el peligro que ello implica, dado el alto grado de subjetividad que la interpretación normativa y probatoria, efectuada dentro del marco legal, implica para el ejercicio de la función judicial”.

Calificación de invalidez de beneficiarios

Recientemente la Corte Constitucional en Sentencia T-1221 del 2004, con ponencia del magistrado Alfredo Beltrán Sierra, se manifestó frente a este requisito. El problema en este caso radicaba en la exigencia del dictamen de la junta regional por parte de un empleador reconocedor de pensiones, al presunto beneficiario de una pensión de sobrevivencia declarado interdicto por esquizofrenia que carecía de recursos para acceder a la junta regional.

La Corte se enfoca en la exis-tencia de una sentencia que declaró interdicto al beneficiario, en su difícil situación económica, y en el pronóstico médico no favorable, etc., ordenando en consecuencia el pago de la pensión en defensa de sus derechos fundamentales.

Esta sentencia resulta importante pero admite las siguientes críticas y cuestionamientos: i) Conforme a las normas existentes(11) se requiere el dictamen de la junta competente que declare el estado de invalidez de los beneficiarios. ¿No debe someterse el juez al imperio de las normas existentes? ii) Si el impedimento lo constituía la falta de recursos económicos, ¿no hubiese resultado preferible ordenar la práctica del examen médico en forma perentoria a cargo del empleador? iii) Si bien la sentencia de interdicción separa al beneficiario de la administración de sus bienes, etc., no suple en forma alguna el dictamen de la junta regional, dada su especial experticio.

Esperemos que este pronunciamiento no sirva de plataforma para que aventurados juristas pretendan obviar tal requisito previsto para el reconocimiento y pago de las pensiones de invalidez o de sobrevivencia, dado que la falta del dictamen crea serios inconvenientes(12) en la operación de cualquiera de los regímenes pensionales.

Consideraciones finales

Constituye una evidente realidad que la seguridad social ha servido de medio para un acelerado desarrollo y evolución de los derechos fundamentales a través de la acción de tutela. Sin embargo, el juez de tutela en su invaluable labor de garante de la primacía constitucional, debe desarrollar dicha función dentro del marco legal al cual se encuentra sujeto en virtud de la misma Constitución Política y, por tanto, debe armonizar la defensa y ejercicio del derecho a la seguridad social con la subsistencia misma de este sistema, asumiendo con vehemencia la responsabilidad tanto jurídica como económica que le asiste por el efecto producido por sus propios pronunciamientos.

De igual forma, la acción de tutela resulta procedente como mecanismo transitorio con el fin de evitar perjuicios irremediables, de tal suerte que bien podrá conceder el amparo solicitado el juez constitucional en temas propios de la seguridad social, pero en todo será a la jurisdicción del trabajo y de la seguridad social, la encargada de dirimir en última instancia las diferencias entre los afiliados, administradoras, y aseguradoras, etc.

Pareciera encabezar un ataque cerrado en contra de la Corte Constitucional, pero solo pretendo llamar la atención de nuestro máximo tribunal constitucional, creando ambientes de discusión que permitan apreciar las inquietudes antes mencionadas desdeotro punto de vista, con el ánimo de enriquecer la visión existente de nuestro sistema pensional para así brin-dar la experiencia atesorada que me proporciona conocer el gremio desde su interior, aun cuando deseo dejar en claro que no actúo, represento o comprometo con mis opiniones personales al mismo, en modo alguno.

(1) Corte Constitucional, Sentencia T-426 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; Sentencia T-181 de 1993, M.P. Hernando Herrera Vergara.

(2) Sobre el particular, ver las sentencias T-190, T-279 de 1993; T-093 y T-133A de 1995; T-038 de 1997; T-28 de 1998; T-789 de 1998; T-1058 del 2004; T-01 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-036 de 1997, M.P. Hernando Herrera Vergara; T-718 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz; T-660 de 1999; T-408 del 2000, y T-398 del 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-476 del 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(3) Sentencia T-553 de 1998, M.P. Antonio Barrera Carbonell y Sentencia T-627 de 1997, M.P. Hernando Herrera Vergara.

(4) Régimen de ahorro individual con solidaridad, administrado por las AFP.

(5) Solo en el régimen de prima media se cuenta con jurisdicción coactiva que le permite el cobro directo de las acreencias a su favor en virtud del artículo 57 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 2633 de 1994.

(6) La Corte Suprema de Justicia cuenta con una amplia y reiterada jurisprudencia en la cual se reconoce como responsable al empleador por el pago de las pensiones cuando las administradoras, ISS o AFP, objetan su reconocimiento por mora en el pago de las cotizaciones. Ejemplo de ello son las sentencias del 30 de enero del 2002 (Rad. 17049), M.P. José Roberto Herrera Vergara; 30 de agosto de 1994 (Rad. 13818), reiterada el 29 de junio (Rad. 15660) y el 25 de octubre (Rad. 16368) del 2001; 11 de julio del 2002 (Rad. 16573), M.P. Fernando Vásquez Botero; 27 de enero del 2001 (Rad. 20716), M.P. Fernando Vásquez Botero; 25 de marzo del 2004 (Rad. 21382), M.P. Carlos Isaac Náder; 24 de junio del 2004 (Rad. 21967), M.P. Fernando Vásquez Botero.

(7) Sentencia del 17 de abril de 1997, Radicación 9438, M.P. Francisco Escobar Henríquez. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia no casó la sentencia proferida por la Sala Laboral del honorable Tribunal Superior de Medellín, en cuanto este revocó la sentencia que había concedido la pretensión, “después de concluir que la Ley 100 de 1993 es la normatividad aplicable al caso, por encontrarse vigente cuando se configuró el estado de invalidez en que se fundan las pretensiones de la actora y porque esta no reunió los requisitos previstos en su artículo 39 para la causación de esa prestación”.

(8) Sala de Casación Laboral, 26 de noviembre de 1998, Radicación 11.141, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

(9) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia del 26 de noviembre de 1998, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

(10) Sentencia del 13 de agosto de 1997, Radicación 9758; Sentencia del 3 de diciembre de 1998, Radicación 111112; Sentencia del 5 de abril del 2001, Radicación 15449; Sentencia del 26 de julio del 2001, Radicación 15760; Sentencia del 5 de septiembre del 2001, Radicación 15667, y Sentencia del 20 de agosto del 2002, Radicación 18633, entre otras.

(11) Decreto 2463 del 2001.

(12) Partiendo del porcentaje de invalidez reconocido en el dictamen de la junta se determina el monto de la pensión, la fecha en la cual se redimirá anticipadamente los bonos pensionales, etc.