Reforma de la auditoría en la Unión Europea: una respuesta a la actual crisis financiera

Revista Nº 50 Abr.-Jun. 2012

Javier Montoya del Corte* 

Ana Fernández-Laviada* 

Francisco Javier Martínez García** 

(España) 

* Profesores Contratados Doctores ** Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad Departamento de Administración de Empresas Facultad de CC. EE. y Empresariales Universidad de Cantabria

Introducción(1) 

En un artículo previo publicado en esta revista (Montoya, Martínez y Fernández-Laviada 2011), se avanzaba en el estado de la cuestión sobre algunos temas pendientes sometidos a debate con relación a la auditoría en el contexto de la Unión Europea (Comisión Europea 2010). Transcurrido un año de aquel documento, se han dado pasos importantes en la discusión de estas cuestiones por parte de todos los colectivos implicados.

En el momento actual, se dispone de nuevas propuestas reguladoras encaminadas a reforzar la calidad de los trabajos de auditoría, contribuyendo así a restaurar la confianza de los mercados en la información financiera divulgada por las empresas, muy especialmente la de los bancos, la de las grandes empresas cotizadas y la de las entidades aseguradoras, reconocidas formalmente todas ellas como entidades de interés público (EIP).

El objetivo que se plantea en este trabajo es analizar algunas de las medidas más importantes que recientemente (nov. 2011) se han propuesto con relación a diferentes temas vinculados con la auditoría, como son: la función de los auditores, la independencia, la supervisión pública, la cooperación internacional, la configuración del mercado y los requisitos para las pymes.

Lo que resta del artículo se estructura de la siguiente manera. Tras esta breve introducción, se realiza un rápido repaso de los antecedentes que motivan la actual reforma de la auditoría en la Unión Europea. A continuación, se analizan uno a uno los principales temas que han sido objeto de revisión, presentando seguidamente las reacciones más destacadas de los distintos colectivos implicados. El trabajo concluye con una reflexión final y la bibliografía que ha sido utilizada como referencia.

1. Antecedentes

Tras un largo camino de discusión y debate iniciado en los años finales del pasado siglo, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea emitieron la Directiva 2006/43/CE, relativa a la auditoría de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas. El objetivo de esta directiva era claro: aumentar y armonizar la calidad de los trabajos de auditoría en la Unión Europea y facilitar la cooperación internacional, con el fin de consolidar la confianza de los mercados. Así, por ejemplo, algunas de las medidas concretas establecidas fueron:

— Exigir la aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría.

— Actualizar los requisitos de formación previa que dan acceso al ejercicio de la actividad.

— Redefinir y reforzar el concepto de ética profesional e independencia.

— Plantear las directrices generales de la aplicación técnica de la cooperación entre autoridades competentes, tanto dentro como fuera de la Unión Europea.

Poco después de la publicación de dicha directiva, la crisis financiera provocó el inicio de un nuevo debate, más intenso aún si cabe, acerca de la necesidad de emprender medidas de reforma adicionales sobre la auditoría, al entenderse esta como una actividad protagonista, junto con la realizada por los bancos, los fondos de inversión, las agencias de calificación y las autoridades supervisoras y los responsables del gobierno corporativo, en el devenir de la estabilidad del sistema financiero (Comisión Europea 2010).

El debate contó con un total de 688 contribuciones individuales de agentes provenientes de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, con Alemania (291), Reino Unido (65), Francia (45) y España (29) a la cabeza en número de aportaciones. Entre los grupos de interés que participaron en el debate destacan, por encima de todos, los profesionales de la auditoría, con el 59,2% de las aportaciones (407), repartidas entre firmas de auditoría pequeñas y medianas (286), corporaciones profesionales (94), otras firmas internacionales (23) y las “Big-Four” (4)(2). A todos ellos se les unen las empresas (145), autoridades públicas (57), académicos (28), usuarios de la información financiera (22), comités de auditoría (9) y otros (20).

Los resultados del debate son indicativos de la aceptación generalizada del enfoque dado a la mayor parte de los temas planteados en el Libro Verde (Comisión Europea 2011a).

— Se pone de manifiesto que sigue existiendo un gap de expectativas entre el alcance real de la auditoría y la percepción pública que se tiene de la función que cumplen los profesionales que ejercen esta actividad, por lo que se plantea la necesidad de mejorar la transparencia sobre el desarrollo y el resultado de los trabajos de auditoría.

— Se identifica como importante la necesidad de ajustar el trabajo llevado a cabo tomando en consideración los requerimientos de los principales grupos de interés, y se sugiere la posibilidad de alinear en mayor medida la función de los auditores con las expectativas del público en general, ofreciendo más información sobre los resultados de los trabajos que añada valor al servicio prestado.

— Se reconoce que el marco legal establecido para garantizar el requisito de independencia en auditoría no es suficiente y es necesario introducir algunos cambios estructurales.

Sobre la base de estos pilares, el Parlamento Europeo respaldó el planteamiento global de la Comisión Europea y algunas de sus principales propuestas, aunque no todas, con el firme propósito de abordar una nueva configuración del mercado de la auditoría, en general, y en todo lo relativo a la auditoría de las EIP(3), más en particular. No obstante, como se verá más adelante, existen discrepancias muy significativas por parte de los distintos grupos de interés con relación a algunas de las medidas que finalmente han sido consideradas por la Comisión Europea.

A continuación, se analizan algunos de los planteamientos más importantes que la Comisión Europea ha formalizado en este ámbito a finales del 2011 con la publicación de:

— La Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas (Comisión Europea 2011b).

— La Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público (Comisión Europea 2011c).

Como se irá viendo en el próximo apartado, algunas de las medidas incluidas en estas dos propuestas son de gran dureza, y serán difíciles de asimilar por la profesión auditora si se mantienen en los términos previstos.

2. Reforma de la auditoría en la Unión Europea

2.1. Función de los auditores 

La función otorgada a los auditores es uno de los aspectos que no ha sufrido modificaciones, por lo que su labor sigue siendo emitir una opinión técnica e independiente que aporte una seguridad razonable de que, en su conjunto, los estados financieros están elaborados conforme a lo dispuesto en el marco normativo de información financiera que resulte de aplicación, y libres de errores e irregularidades significativos.

Con esta función, los auditores contribuyen claramente a mejorar el nivel de confianza de un amplio abanico de usuarios de la información financiera elaborada por las empresas y, por ende, a la estabilidad de los mercados. Esto hace que la auditoría asuma una función de interés público, o función social, especialmente importante, ya que diferentes grupos de personas e instituciones confían en la calidad del trabajo del auditor.

En consecuencia, se descarta la posibilidad de redefinir el alcance de la auditoría para cubrir el gap de expectativas: no es su función ofrecer garantías sobre la salud o solidez financiera ni hacer un examen riguroso del principio de “empresa en funcionamiento” de las empresas auditadas.

Ahora bien, entre algunos grupos de interés participantes en el debate, se había planteado la posibilidad de aumentar la sensibilización de los usuarios de la información financiera respecto al alcance de la auditoría en general, por lo que sí se plantea aclarar y especificar en mayor medida esta cuestión en las normas de la Unión Europea y su extensión en Estados miembros.

Para el caso concreto de las EIP, se proponen como opciones para mejorar la información que los auditores ofrecen al público en general y a las entidades auditadas las siguientes:

— Mejorar y ampliar los contenidos del informe de auditoría.

— Exigir un informe adicional más detallado sobre los resultados de la auditoría, dirigido a la propia entidad auditada, en particular al comité de auditoría y a la dirección.

— Reforzar la comunicación entre el auditor y el comité de auditoría.

Además, para mejorar los canales de comunicación entre los auditores y los supervisores de las propias EIP, se propone exigir un diálogo regular entre ambas partes y que los informes adicionales detallados puedan estar a disposición de estos supervisores.

2.2. Independencia

La condición de independencia que los auditores deben mantener de la empresa auditada es, seguramente, el tema más controvertido y discutido, no solo en este debate, sino en todos los acontecidos hasta la fecha con relación a la regulación legal de la auditoría. El nombramiento y la remuneración de los auditores por parte de la propia empresa auditada, convirtiéndose así en su cliente; la prolongación en el tiempo del contrato de auditoría; la prestación simultánea de otros servicios adicionales o el peso específico de los honorarios cobrados de un solo cliente son algunos de los aspectos que siempre han formado parte de la polémica.

Lo que es indiscutible es que la independencia, siendo un tema capital, no se puede garantizar y, por tanto, no es demostrable, al recaer el peso de su cumplimiento en las propias personas: los auditores. Ahora bien, qué duda cabe de que existen medidas tendentes a reforzar el necesario escepticismo profesional que debe impedir que las empresas auditadas acaben por sentirse cómodas con el responsable de revisar y verificar su información financiera, algo que es contrario a la esencia misma de la independencia.

Así, junto con las medidas generales ya establecidas, con objeto de aumentar la independencia de los auditores, se propone que toda persona o entidad que posea derechos en una sociedad de auditoría deba ser independiente de la entidad auditada y no intervenir en los procesos de toma de decisiones de esta.

Para el caso concreto de las EIP, se proponen las siguientes medidas adicionales:

— Establecer políticas y procedimientos internos adecuados para garantizar el cumplimiento de las normas relativas al deber de independencia.

— Prohibir a los antiguos auditores, a los socios clave de auditoría y a sus empleados que asuman cargos directivos importantes en la entidad auditada, así como participar en el comité de auditoría de la misma, o ser nombrados miembros no ejecutivos del órgano de administración o de supervisión de dicha entidad auditada, antes de que transcurra, como mínimo, un plazo de dos años desde la finalización del encargo de auditoría.

— Limitar los honorarios percibidos por el auditor o sociedad de auditoría por la prestación de servicios relacionados con la auditoría a una misma empresa auditada a un máximo del 10% de los honorarios que dicha empresa haya satisfecho por el servicio de auditoría.

— Introducir las salvaguardias apropiadas cuando los honorarios totales por concepto de auditoría y de otros servicios relacionados alcancen un porcentaje significativo de los ingresos totales percibidos por el auditor.

— Prohibir que el auditor, la sociedad de auditoría o los miembros de la red a la que esta pertenece presten a la empresa auditada determinados servicios ajenos a la auditoría que son, en esencia, incompatibles con su función de interés público.

— Dejar en manos del comité de auditoría o de la autoridad pública competente la evaluación de la pertinencia de poder prestar simultáneamente, en función de las circunstancias concretas, otros servicios que no son esencialmente incompatibles con la auditoría(4).

— Obligar a las sociedades de auditoría de mayor tamaño a concentrar su actividad profesional en la realización de auditorías y desautorizarlas para prestar servicios ajenos a este campo.

— Valorar, por parte del auditor, todas las amenazas potenciales para su independencia, confirmándola ante el comité de auditoría, antes de aceptar un nuevo contrato o continuar con uno en vigor.

— Cambiar obligatoriamente de sociedad de auditoría al cabo de un plazo máximo de seis años, que será de nueve cuando se hayan designado dos o más sociedades de auditoría.

— Reforzar las funciones del comité de auditoría en la selección de un nuevo auditor o sociedad de auditoría y en la supervisión de su trabajo, para que la junta general de accionistas o miembros de la empresa auditada cuenten con una mayor transparencia informativa.

2.3. Supervisión pública

A lo largo del debate que ha originado toda esta reforma, también se ha puesto de manifiesto que la supervisión de los auditores no está armonizada en la Unión Europea, y que esta supervisión no es indiscutiblemente independiente, lo cual requiere una intervención concertada a nivel de conjunto.

En consecuencia, se establece como prioridad que la autoridad competente responsable de la supervisión de los auditores sea una autoridad pública única gestionada por personas no pertenecientes a la profesión, y que esta asuma, igualmente, la autorización, el registro y el control de calidad de los trabajos de auditoría. De esta forma, se evita la práctica comúnmente extendida de hacer responsables de estas funciones a las corporaciones profesionales representativas de los propios auditores.

Así mismo, para garantizar que estas autoridades públicas responsables de la supervisión de los auditores ejerzan sus funciones de manera independiente y eficaz, hay que dotarlas de:

— Las competencias necesarias: capacidad para acceder a documentos, demandar información de cualquier persona y realizar las investigaciones e inspecciones que consideren oportunas.

— Los recursos apropiados: (1º) personas, ajenas a la profesión, con los conocimientos técnicos adecuados y seleccionadas a través de procedimientos independientes y transparentes y (2º) recursos financieros suficientes, que pueden ajustarse delegando en otras instituciones u organismos públicos algunas de sus funciones relacionadas con la autorización y el registro de auditores.

2.4. Cooperación entre Estados miembros y terceros países

En la Unión Europea, en el año 2005, se instituyó el “Grupo Europeo de Organismos de Supervisión de los Auditores” —Egaob, por sus siglas en inglés—, con capacidad para debatir cualquier asunto relativo a la cooperación entre sistemas de supervisión pública de auditores y sociedades de auditoría. Tiene entre sus funciones (Comisión Europea 2005):

— Facilitar la cooperación entre los sistemas de supervisión pública de los Estados miembros y favorecer el intercambio de buenas prácticas en lo que respecta al establecimiento y la cooperación permanente de estos sistemas.

— Contribuir a la evaluación técnica de los sistemas de supervisión pública de terceros países y a la cooperación internacional entre Estados miembros y terceros países en este ámbito.

Pues bien, con el ánimo de reforzar la cooperación entre Estados miembros y terceros países, en la Unión Europea se proponen en la actualidad las siguientes medidas:

— Facilitar el intercambio de información entre las autoridades responsables de la supervisión pública de los distintos Estados miembros, imponiendo la obligación de secreto profesional a todas las personas que participen en las tareas de supervisión, a fin de proteger la confidencialidad de la información intercambiada.

— Recurrir a actos delegados para desarrollar los procedimientos relativos al intercambio de información entre las autoridades competentes de los Estados miembros, a las modalidades de realización de las investigaciones transfronterizas y a las modalidades de cooperación entre las autoridades competentes de los Estados miembros y las de terceros países.

— Establecer mecanismos de cooperación a escala europea en el marco de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM), autoridad que absorbe el actual mecanismo europeo de cooperación auspiciado por el Egaob.

2.5. Configuración del mercado

En el seno de la Unión Europea existe un elevado nivel de concentración del mercado de auditoría. Este está tan polarizado que, por ejemplo, rara vez el auditor de una EIP es una firma diferente a las “Big-Four”. Así, en la mayor parte de los Estados miembros, estas cuatro sociedades de auditoría revisan los estados financieros de más del 85% de las grandes empresas que cotizan en Bolsa (en España, por ejemplo, todas las empresas cotizadas en el IBEX-35 en 2011 fueron auditadas por alguna de las “Big-Four”). Esto es realmente preocupante, ya que el marco jurídico vigente no contempla los riesgos asociados a dicha configuración ni, por supuesto, la necesidad de incrementar el número de sociedades más cercanas en dimensión y tamaño a las “Big-Four”.

Ante esta situación, se plantea como objetivo superar los obstáculos al desarrollo y mejorar las condiciones generales del mercado único de auditoría en la Unión Europea, introduciendo una mayor transparencia y competencia. De este modo, se persigue reducir los trámites exigidos para autorizar la realización de auditorías transfronterizas, facilitar el crecimiento de las pequeñas y medianas sociedades de auditoría y estimular la entrada de nuevos proveedores del servicio.

Además, para el caso concreto de las EIP, se proponen las siguientes medidas adicionales:

— Exigir que las empresas establezcan un procedimiento de licitación en el que participen distintas sociedades de auditoría.

— Prohibir la existencia de cláusulas contractuales entre empresas y terceros (bancos, por ejemplo) que limiten la elección de la sociedad de auditoría.

— Aumentar la transparencia de la calidad de los trabajos y de las propias sociedades de auditoría, publicando, por ejemplo, sus estados financieros y los resultados de los informes de inspección.

— Crear una certificación de calidad con validez en toda la Unión Europea para aquellos auditores y sociedades de auditoría que cumplan determinados requisitos demostrativos de su capacidad para ejecutar trabajos de auditoría de alta calidad.

2.6. Requisitos para las pymes

El último de los aspectos que se analizan en este trabajo es el relativo a la auditoría en las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Al respecto, cabe destacar, en primer lugar, que se propone un cambio en la definición formal de auditoría, en el sentido de que esta actualmente solo abarca la auditoría de las cuentas anuales o de las cuentas consolidadas que sea exigida por el derecho comunitario de la Unión Europea. De este modo, se realiza una ampliación del concepto, de tal matera que ahora también recoja la auditoría de las cuentas anuales o de las cuentas consolidadas que sea exigida por la legislación nacional aplicable a las pequeñas empresas, así como la que sea realizada voluntariamente por estas.

Y es que, como se deduce de lo anterior, en el ámbito de la Unión Europea ya no se va a exigir la auditoría obligatoria a las pequeñas empresas, definidas a partir de ahora de manera idéntica en todos los Estados miembros (Comisión Europea 2012). En este sentido, se entenderá por pequeña empresa aquella que, en la fecha de cierre del balance, no rebase los límites numéricos de dos de los tres criterios siguientes:

— Total del balance: 5 millones de euros.

— Volumen de negocios neto: 10 millones de euros.

— Número medio de empleados durante el ejercicio: 50 trabajadores.

Esta liberación de la obligación de auditar los estados financieros cada año a las pequeñas empresas persigue, fundamentalmente, la reducción de sus cargas administrativas y el ahorro de recursos.

En esta misma línea, se introducen normas especiales relativas a los trabajos de auditoría que se realicen a las pymes. Así, en los casos en que las empresas medianas deban ser auditadas en cumplimiento de alguna legislación comunitaria de la Unión Europea, se obliga a los Estados miembros a velar por que las normas de auditoría aplicadas se adapten de forma proporcionada a las dimensiones y escala de estas empresas, así como a la complejidad de sus actividades. Además, también las pequeñas empresas cuyos estados financieros se auditen por imposición de la legislación nacional (auditoría obligatoria) o por iniciativa propia (auditoría voluntaria) se beneficiarán de esta aplicación proporcionada de la normativa.

Algunos Estados miembros, no obstante, como alternativa a esta propuesta ya han sustituido la auditoría de las pymes por lo que se denomina una “revisión limitada” de sus estados financieros, entendida esta como el procedimiento seguido por el auditor o la sociedad de auditoría para detectar inexactitudes por error o fraude en los estados financieros, dando lugar a un nivel de fiabilidad inferior al de la auditoría convencional.

En cualquier caso, esta adecuación de la normativa de auditoría al tamaño de las empresas, que no será de aplicación para el caso de las pymes que sean EIP, favorecerá la prestación de un mejor servicio a este tipo de empresas, más adaptado a sus necesidad y requerimientos del mercado y, seguramente, redundará en un ahorro de recursos financieros para ellas.

3. Reacciones a las propuestas de la Comisión Europea

Para analizar la reacción de la profesión auditora frente a las nuevas medidas de reforma planteadas en el seno de la Unión Europea, se toma como principal referencia la posición adoptada por las tres corporaciones representativas de auditores en España(5), que, por lo visto en otros pronunciamientos internacionales, se sitúa en la misma línea del conjunto de la profesión en el ámbito europeo y, en muchos aspectos, como se verá en este mismo apartado, está en sintonía con la opinión de muchos otros agentes implicados (El Economista 2012b).

En primer lugar, cabe señalar la resistencia al cambio y el rotundo rechazo de la profesión auditora en Europa a algunas de las medidas más “revolucionarias” introducidas por la Comisión Europea (Cinco Días 2011). En esta misma línea se muestran, además, buena parte de los propios comisarios europeos, un número significativo de gobiernos, destacados reguladores, las empresas, otros agentes económicos y el propio Parlamento Europeo, a quien la Comisión Europea ha remitido recientemente las propuestas.

Así, por ejemplo, estos colectivos se manifiestan en contra de medidas tales como la rotación obligatoria de la sociedad de auditoría, ya no solamente del auditor firmante, que solo contó con el voto favorable de dos países, Irlanda y Letonia. Sobre este tema, además, el Parlamento Europeo ya había manifestado expresamente en septiembre de 2011 que “la actual rotación del socio proporciona la independencia necesaria para la efectividad de una auditoría”.

Por otro lado, la imposición que se hace a las sociedades de auditoría de limitar sus servicios exclusivamente a este tipo de actividad se ha efectuado a pesar de la oposición de países de envergadura como Alemania, Francia y Reino Unido. Acerca de esta medida relacionada con lo que podría denominarse “auditoría pura”, el Parlamento Europeo apuntó en su momento que sería preferible elaborar una “lista” de condiciones bajo las que otros servicios adicionales (como la consultoría o el asesoramiento) se consideran incompatibles con la auditoría, reconociendo, además, que la prestación de dichos servicios es esencial a efectos de poder ampliar la capacidad de las pequeñas y medianas sociedades de auditoría. Sobre esta medida, no obstante, también es preciso indicar el contrapunto mostrado por los competidores directos de los auditores, como pueden ser los abogados y los asesores fiscales, que creen que aquellos no deben prestar servicios que no sean de auditoría (El Economista 2011).

Otro de los temas que mayor polémica ha originado es el relativo a la exención de realizar auditoría obligatoria a las pequeñas empresas. En países como España, por ejemplo, este planteamiento ya está instaurado desde hace años, así que el verdadero motivo de la controversia es el establecimiento de unos umbrales comunes para definir a las pymes en todos los Estados miembros de la Unión Europea, que en el caso concreto de España prácticamente se sitúan en el doble de los fijados actualmente(6). Esto acarrea, de forma inmediata, que un número importante de empresas ahora también se consideren pequeñas y, por tanto, queden eximidas de la obligación de auditar sus estados financieros, con las consecuencias negativas que ello conllevaría (ICJCE 2012):

Pérdida de credibilidad de la información financiera. En un entorno de crisis como el actual, reducir la transparencia puede comportar añadir incertidumbres que dificulten aún más la salida de esta situación, incluso cuestiones más evidentes como crear inconvenientes para el acceso al crédito bancario.

Opacidad y fraude. La ausencia de obligación de auditar la información financiera para un mayor número de empresas provoca el incremento del fraude fiscal y el blanqueo de capitales.

Efecto en la actividad de los auditores. Una reducción en el número de auditorías obligatorias afectaría, principalmente, a las pequeñas y medianas sociedades de auditoría, con lo que aumentaría aún más la concentración del mercado.

Cabe destacar también que, ante el rechazo mayoritario de 15 gobiernos europeos (solo Francia y Rumanía se mostraron a favor), la obligación de realizar auditorías conjuntas o coauditorías por más de un auditor o sociedad de auditoría es una de las alternativas que finalmente no ha sido considerada por la Comisión Europea, aunque sí se había planteado anteriormente durante el debate como medida para fortalecer la independencia de los auditores. Entre los mayores inconvenientes vinculados con esta medida sobresalen el incremento del tiempo que duran las auditorías, la duplicación de las exigencias de cumplimiento normativo y el aumento de los costes del servicio (Expansión 2011). Algunos profesionales del sector, sin embargo, ven ventajas en esta medida, como por ejemplo la puerta que se abre al resto de sociedades de auditoría que no forma parte del selecto grupo de las “Big-Four”, para poder firmar contratos de auditoría con grandes clientes que, por razones de capacidad técnica, de otra manera no podrían conseguir (El Economista 2012a).

Ya desde el mismo momento del inicio del debate, en octubre del 2010 con la publicación del Libro Verde “Política de auditoría: lecciones de la crisis”, reguladores y supervisores, así como representantes de la profesión y de los usuarios de la información financiera, mostraron su desacuerdo al considerar que, lejos de contribuir a añadir valor a las auditorías, el conjunto de medidas establecidas:

— Redunda en una importante disminución de la calidad de los trabajos.

— Incrementa sustancialmente los costes de las empresas, algo especialmente relevante en momentos de crisis financiera como el actual.

— Perjudica el objetivo de conseguir generar confianza en los mercados.

Ahora bien, la Comisión Europea parece firme en su propósito de reforma, justificando su decisión, entre otros motivos, en que muchos bancos han obtenido pérdidas en esta época de crisis después de haber sido auditados sin salvedades, y esto es algo difícil de entender para muchos inversores, ciudadanos y el público en general. Por tanto, considera que una auditoría sólida es clave para restablecer la confianza de los mercados (El Economista 2011).

Esto hace que el mercado de auditoría en la Unión Europea esté actualmente en plena ebullición y que desde algunos sectores se hayan empezado a producir movimientos y reacciones inmediatas. Así, por ejemplo, las sociedades de auditoría de pequeño y mediano tamaño replantean su visión de negocio en el corto plazo, siendo la fusión una de las alternativas para tratar de captar clientes de mayor tamaño, ganar cuota de mercado y aumentar su peso en multidisciplinariedad e internacionalización (Cinco Días 2012).

4. Reflexión final

No cabe duda de que el objetivo último de toda esta reforma que se está llevando a cabo en la Unión Europea es incrementar la competencia en un sector que se considera clave para el correcto funcionamiento de los mercados. Con ello se pretende proteger en mayor medida la confianza de los usuarios en la información financiera elaborada y divulgada por las empresas (Expansión 2012).

Ahora bien, a la vista de todas las medidas propuestas y las reacciones que en los diferentes grupos de interés estas han provocado, lo que también es evidente es que la forma y los instrumentos con los que todo este proceso se está llevando a cabo no son, seguramente, los más adecuados.

Parece pues imprescindible que la falta de consenso, y en algunos casos el enfrentamiento, que esta situación ha provocado, desemboque en un mayor diálogo entre los diferentes colectivos involucrados. Por el bien de la calidad de una actividad de reconocido interés social y público (Diario de Navarra 2010), es necesario evitar que se tomen decisiones tan serias de forma precipitada.

Bibliografía

CINCO DÍAS (2011) “Rechazo mayoritario a la propuesta de auditoría de la Comisión Europea”, 1.º de diciembre.

— (2012) “Tres auditoras se fusionan para estar entre las diez primeras”, 10 de enero.

COMISIÓN EUROPEA (2005) “Decisión de la Comisión por la que se crea un Grupo de expertos para asesorar a la Comisión y facilitar la cooperación entre los sistemas de supervisión pública de los auditores legales y las sociedades de auditoría (2005/909/CE)”, 14 de diciembre.

http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/egaob/index_en.htm 

— (2010) “Libro Verde. Política de auditoría: lecciones de la crisis”, 13 de octubre.

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— (2011a) “Resumen de respuestas al Libro Verde. Política de auditoría: lecciones de la crisis”, 14 de febrero.

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— (2011b) “Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas”, 30 de noviembre.

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— (2011c) “Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público”, 30 de noviembre.

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DIARIO DE NAVARRA (2010) “Los auditores desaparecerán si no demuestran interés social”, 10 de septiembre.

DIRECTIVA 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas.

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EL ECONOMISTA (2011) “Reglamento de Auditoría: argumento para un debate”, 5 de diciembre.

— (2012a) “Entrevista a Mario Alonso Ayala, Presidente de ‘Auren’ y Vicepresidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España”, 2 de enero.

— (2012b) “Los socios de la UE muestran su oposición a la norma de auditoría”, 10 de febrero.

EXPANSIÓN (2011) “Europa revoluciona a las auditoras”, 7 de noviembre.

— (2012) “Auditoras a la gresca”, 11 de marzo.

INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE CUENTAS DE ESPAÑA, ICJCE (2012) “Posicionamiento referente a la Propuesta de Directiva sobre los estados financieros anuales, estados financieros consolidados y otros tipos de informes de ciertos tipos de empresas (2011/0308)”, 25 de enero.

MONTOYA DEL CORTE, J.; MARTÍNEZ GARCÍA, F. J. y FERNÁNDEZ-LAVIADA, A. (2011) “Reforma de la auditoría de cuentas en España: antecedentes, motivación, aspectos clave y temas pendientes”, Revista Internacional Legis de Contabilidad & Auditoría, n.º 45, pp. 13-40.

(1) Los autores de este trabajo forman parte del Grupo de investigación en contabilidad y auditoría vinculado al área de excelencia de “Banca, finanzas y actividad empresarial” de Cantabria Campus Internacional, así como a la Cátedra Pyme de la Universidad de Cantabria (España). La Cátedra Pyme (http://www.expertoauditoria.es) está financiada por el Banco Santander y la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria. Los autores agradecen, por otra parte, la colaboración prestada para la realización de este trabajo de Cristina Poveda Villacís y José María Vallejo Merino, becarios de iniciación a la investigación de la Universidad de Cantabria.

(2) “Big-Four”: Deloitte, Ernest & Young, KPMG y Pricewater house Coopers.

(3) Son entidades de interés público (EIP) aquellas cuyos valores sean negociables en un mercado regulado de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, las entidades de crédito, las entidades de seguros y aquellas que los Estados miembros designen en atención a su importancia pública significativa por la naturaleza de su actividad empresarial, su tamaño o su número de empleados.

(4) Con relación a estos dos últimos puntos, se deja la puerta abierta a la Comisión Europea para establecer las listas de servicios autorizados y prohibidos.

(5) Corporaciones representativas de auditores: Instituto de Censores Jurados de Cuentas, el Consejo General de Colegios de Economistas y el Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles.

(6) Total del balance: 2.85 millones de euros; volumen de negocios neto: 5.7 millones de euros; número medio de empleados durante el ejercicio: 50 trabajadores.