Régimen de los riesgos laborales en Colombia. Aproximación a la Ley 1562 del 2012

Revista Nº 173 Sep.-Oct. 2012

Juan Carlos Cortés González 

Director de la Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social  

Introducción

Luego de seis años de espera, el país cuenta con una nueva ley que regula el Sistema de Riesgos del Trabajo, modifica el régimen anterior y llena vacíos que habían surgido con base en decisiones de la Corte Constitucional sobre la inexequibilidad de disposiciones contenidas en el Decreto-Ley 1295 de 1994 por exceso en el uso de las facultades extraordinarias otorgadas al Gobierno Nacional en virtud de la Ley 100 de 1993.

El ajuste a la normatividad en materia de riesgos laborales se da en medio de permanentes cambios y actualizaciones en el sector de la protección social.

Al poco tiempo se expidió la reforma al Sistema de Seguridad Social en Salud, la cual está contenida en la Ley 1438 del 2011, sector que continúa padeciendo de dolencias institucionales las cuales seguramente demandarán intervención desde la rectoría y probablemente en el ámbito regulatorio. De esta forma, se adopta el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, Prosperidad para Todos y, a partir de las regulaciones de la Ley 1444 del 2011, se restablece en el país el Ministerio del Trabajo, separándose de la cartera de salud y protección social. Igualmente, se establece el sector administrativo de la inclusión y la reconciliación, se crea el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social y, posteriormente, se legisla sobre el Programa Familias en Acción. También se crea la figura de la pensión familiar y de este modo ampliar la cobertura previsional sumando esfuerzos e intereses de la pareja, aun cuando el proyecto correspondiente fuere objetado por el Presidente de la República.

En medio de este panorama de reformas ejecutadas, o en curso, y sin contar con las transformaciones institucionales en temas afines o relacionados como la adopción de la Ley de Víctimas, de la Ley de Vivienda de Interés Prioritario, del Estatuto Anticorrupción y del nuevo régimen de simplificación de trámites, se da la aprobación por parte del Congreso de la República de la ley por la cual se reforma el Sistema de Riesgos Laborales y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

A diferencia de los otros campos de la seguridad social, el ámbito de los riesgos del trabajo ha sido menormente objeto de regulación e intervención, reservando su operación a un esquema de aseguramiento a cargo de entidades especializadas que asumen el cubrimiento de riesgos contra el pago de una prima variable que cancela el empleador, para así trasladar la carga que le representa la eventual causación de los accidentes de trabajo y de las enfermedades laborales de sus trabajadores.

Ha sido este un campo tradicionalmente reservado al cubrimiento de la población trabajadora dependiente formal del país, con menores conflictos y con un mayor apalancamiento a través de la constitución de reservas para cubrir las prestaciones que lleguen a causarse en el futuro.

La Ley 1562 del 2012, producto de una propuesta desde el legislativo, viene a introducir ajustes conceptuales y operativos a ese sistema, abriendo una nueva etapa en este y planteando retos que será preciso avocar para garantizar un mejor desenvolvimiento de la protección por riesgos del trabajo y, en últimas, para amparar a más trabajadores con mejores prestaciones.

Así pues, en este texto presentaremos algunas consideraciones sobre los antecedentes, características y alcances de la reforma.

Antecedentes

La orden impartida por la Corte Constitucional respecto a que el Congreso de la República actualizara los contenidos declarados inexequibles por exceso en el uso de las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley 100 de 1993 en la expedición del Decreto-Ley 1295 de 1994, hacía prever que prontamente iba a regularse esta materia, en particular llenando los puntos que quedasen sin regulación directa con motivo de dicha decisión jurisprudencial.

En efecto, la Sentencia C-858 del 2006 incluyó una decisión de diferimiento de sus efectos en cuanto a la inconstitucionalidad de la definición de “accidente de trabajo” dada hasta el 20 de junio del 2007, dando tiempo a que se produjera una regulación sobre la materia por parte del órgano legislativo.

Como tal decisión no se adoptó y como se llenó el vacío normativo acogiendo criterios de la CAN, por orientación del Ministerio de la Protección Social, este vacío legal se mantuvo y contrario a lo que se quería aumentó frente a las posteriores sentencias de la Corte Constitucional, en las que se acogió similar postura respecto al exceso en el uso de las facultades extraordinarias al regular aspectos como la definición de la enfermedad profesional y el carácter de la afiliación para trabajadores independientes.

Con miras a integrar el ordenamiento, el 9 de abril del 2007 se presentó el proyecto de ley 256 Cámara, por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el Sistema General de Riesgos Profesionales y otras disposiciones, por parte del Ministerio de la Protección Social.

Aprobado con modificaciones por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, el proyecto fue aprobado en segundo debate por la plenaria de aquella el 14 de agosto del 2007. No obstante, por vencimiento de los términos previstos por la Ley 5ª de 1992 para el trámite de iniciativas legislativas, el proyecto no se convirtió en ley.

Ante esta circunstancia, la senadora Gloria Inés Ramírez radicó ante la secretaría del Senado de la República, el 6 de agosto del 2008, un nuevo proyecto que se convirtió en el proyecto de ley 103 del 2008 Senado, por la cual se reforma el Sistema de Riesgos Profesionales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional.

Aprobado en Comisión Séptima y en plenaria del Senado de la República, el proyecto pasó a consideración de la Cámara de Representantes en donde, por razones de tiempo, no se surtió el último debate, motivo por el cual tampoco se convirtió en ley de la República.

Frente a estos intentos fallidos, finalmente se radicó por la misma senadora Ramírez del Polo Democrático Alternativo el proyecto de ley 067 del 2010, el cual concluiría su trámite legislativo convirtiéndose en la Ley 1562 del 2012, con una participación activa del Congreso, especialmente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y con la participación del reconstituido Ministerio del Trabajo como responsable de la rectoría del sector, en los términos dispuestos por el Decreto 4108 del 2011.

Características

Dentro de las características atribuibles a la reforma introducida al régimen de riesgos del trabajo en Colombia podemos citar las siguientes:

a. Su carácter no estructural. En efecto, ni sus antecedentes ni las discusiones que dieron origen a la ley permiten concluir que se trate de un ajuste que modifique la naturaleza o estructura del Sistema de Riesgos del Trabajo. Contiene regulaciones sobre aspectos particulares de dicho sistema y aun cuando se refiere a su definición misma y a las contingencias que dan lugar a las coberturas, no tiene el alcance de introducir ajustes sustanciales que modifiquen su condición originaria.

b. El menor interés político que generó su adopción. En efecto, piénsese que tardó cinco años el trámite de la iniciativa, en particular considerando que existía un mandato de la Corte Constitucional sobre la regulación de contenidos que fueron declarados inexequibles por ella. No obstante esa determinante, ni el Gobierno Nacional ni el Congreso, en su momento, consideraron prioritaria la tramitación del proyecto de ley que regulara los vacíos y ajustara el sistema. Tampoco puede afirmarse que la deliberación reciente haya provocado fuertes debates públicos, concentrándose el análisis del proyecto a los directamente interesados, resaltándose sí en los tiempos recientes un mayor interés tanto del órgano legislativo, como del Gobierno Nacional, en especial con la reconformación del Ministerio del Trabajo.

c. Se trata de una reforma del órgano legislativo, en la medida que tanto su origen como el impulso político para la adopción de la ley correspondió al Congreso de la República, con menor participación del Gobierno Nacional. A pesar de la especialidad de la materia, tradicionalmente regulada por medio de decisiones originadas en la Rama Ejecutiva —como aconteció con las previsiones fundantes del Decreto-Ley 1295 de 1994—, en esta ocasión no hubo proyecto del Ejecutivo y los asuntos objeto de regulación fueron evaluados en forma predominante por el Congreso, con especial dedicación de las comisiones séptimas constitucionales permanentes, pues vale la oportunidad para comentarlo: los contenidos normativos no generaron discusiones mayores en las plenarias del Senado de la República ni de la Cámara de Representantes.

d. Ser una reforma ideológica que reorienta conceptualmente el sistema, abriéndolo bajo la noción de los riegos laborales a un campo hasta ahora inexplorado en cuanto a la cobertura de población trabajadora independiente e informal, de la misma manera que pretende reenfocar la salud ocupacional hacia una noción más amplia de seguridad y salud en el trabajo. En la misma medida, la ampliación de los alcances definitorios del accidente de trabajo, por ejemplo, permite identificar la Ley 1562 en su pretensión hacia una redefinición de los términos esenciales del Sistema de Riesgos Laborales.

e. Propende por la universalización en los distintos tipos de cobertura del sistema, tanto desde el enfoque subjetivo como bajo la óptica de los contenidos materiales. En efecto, desde la re-denominación del ámbito de los riesgos del trabajo y en varias de las disposiciones de la ley se aprecia el interés por orientar esfuerzos a ampliar la cobertura, extendiéndola en forma obligatoria a ciertos trabajadores independientes (los de actividades de alto riesgo) o ampliándola a informales bajo esquemas de apalancamiento a partir del Fondo de Riesgos Profesionales, en armonía con los desarrollos que se dé a los beneficios económicos periódicos. En el otro sentido y tal como se enfatizó desde el proyecto de ley originario y en las diversas ponencias dentro del trámite parlamentario, se pretendió ampliar la hipótesis de cobertura en el accidente de trabajo, para dejar claro que por el ejercicio del ius variandi ejercido por el empleador es menester considerar tal accidente en el caso de ocurrir por labores ordenadas por aquel, aun cuando sean diferentes de las propias del cargo, incluyendo así mismo los eventos que se causen por ejercicio de la función sindical aún en permiso para tal propósito.

f. No se trata de una reforma integral u omnicomprensiva en relación con la materia regulada, pues si bien toca aspectos básicos del Sistema de Riesgos del Trabajo, su desarrollo se enfoca solamente en ciertos contenidos regulatorios sin pretender sustituir el ordenamiento existente, por lo cual es una reforma aditiva que debe interpretarse en forma articulada con las demás disposiciones vigentes. Esta metodología regulatoria demanda esfuerzos en lo atinente a la interpretación y aplicación de las normas, pues, como ha terminado ocurriendo con los otros subsistemas de la seguridad social, la definición del derecho objetivo pertinente para un caso deberá establecerse mediante un proceso de validación sobre vigencia y adecuación hermenéutica conforme diferentes ordenamientos, entre los cuales no necesariamente hay armonía ya que obedecen a momentos históricos diferentes. Es la tensión resultante por ejemplo entre instituciones clásicas del Sistema de Riesgos Profesionales contenidas en el Decreto-Ley 1295 de 1994 y las orientaciones hacia la cobertura de trabajadores informales que procura la ley. Ello adquiere particular importancia si se considera que la técnica empleada en la redacción de la Ley 1562 no en todos los casos hizo referencia expresa a las regulaciones anteriores que modificaba o derogaba, dejando vivas normas previas que habrá que interpretar en forma articulada y sistemática junto a las regulaciones contenidas en el nuevo ordenamiento.

g. Aplica el principio de sostenibilidad que fuera incorporado inicialmente en el ordenamiento jurídico nacional por el Acto Legislativo 01 del 2005 para el Sistema General de Pensiones y que luego se extendiera como principio hacendístico mediante Acto Legislativo 03 del 2011. De hecho, la ley establece en su artículo 24 “toda ampliación de cobertura tendrá estudio técnico y financiero previo que garantice la sostenibilidad general del Sistema General de Riegos Laborales”, con lo cual se introduce en la estructura interna del sistema un elemento de razonabilidad para garantizar su sanidad financiera, sin perjuicio de los esfuerzos que la misma ley dispone para ampliar la cobertura.

h. No es una reforma prestacional en la medida en que sus disposiciones no se refieren a ni modifican el régimen del plan de beneficios propio del sistema, pues no alteran los montos de las prestaciones ni las condiciones de causación.

Principales alcances de la reforma

A manera de reflexión introductoria sobre los efectos que tendrá la Ley 1562 del 2012 en el ámbito de la seguridad social, podemos identificar por campos temáticos los principales impactos que el ordenamiento está llamado a producir. Veamos los más relevantes.

— Ajustes conceptuales y de orientación del sistema.

Entre ellos el más paradigmático se refiere al cambio en la denominación del sistema, el cual deja de ser de riesgos profesionales para convertirse en “Sistema de Riesgos Laborales”.

Esta transformación no es estética, pues revela la intencionalidad de avanzar hacia la ampliación de la cobertura y al establecimiento de mecanismos que permitan la inclusión dentro del ámbito de la protección por riesgos del trabajo a independientes sin contrato y trabajadores informales.

De la misma manera se aprobó la re-denominación de la salud ocupacional como el ámbito propio de la “seguridad y la salud en el trabajo”, a la vez que se implementó el concepto del “Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo”, para evidenciar que más allá de la estructuración de un programa de salud ocupacional, las responsabilidades de los actores dentro del sistema alcanzan el diseño, ejecución y seguimiento a estrategias integradas y sistémicas para prevenir y controlar la ocurrencia de siniestros laborales.

Ello entraña el fortalecimiento del campo de la promoción y la prevención que ha sido baluarte y distintivo muy reconocido de los esfuerzos del Sistema de Riesgos del Trabajo en Colombia.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que a partir de la reforma las administradoras se denominarán de riesgos laborales ARL.

— Extensión de la cobertura. Cambios en la afiliación al sistema.

La Ley 1562 del 2012 estableció como obligatoria la afiliación de todos los contratistas que presten servicios en el país bajo cualquier modalidad formal de vinculación civil, comercial o administrativa. Así mismo, dispuso ese carácter para los trabajadores independientes que desempeñen actividades calificadas por el Gobierno Nacional como de alto riesgo.

En el caso de los contratistas se precisó que los contratos correspondientes tengan una duración superior a un mes y en ellos se especifiquen las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se realizan lo servicios.

De otro lado, incluye la posibilidad de la afiliación voluntaria al sistema no solo de los demás trabajadores independientes, sino de los informales que coticen al régimen contributivo de salud, sujeta a los desarrollos reglamentarios que al respecto deban adoptarse.

— Posibilidad de incentivar la protección para trabajadores informales.

Con cargo a los recursos del Fondo de Riesgos Laborales se estableció la posibilidad de aplicar un incentivo económico a la prima de un seguro de riesgos laborales para determinar coberturas a los trabajadores informales que se afilien al sistema, siempre que se trate de personas sujetas al régimen de beneficios económicos periódicos BEP y/o pertenezcan a procesos de formalización bajo las condiciones que al efecto disponga el Gobierno Nacional.

— Precisión en cuanto la definición de las contingencias cubiertas.

Se regulan legalmente las definiciones de accidente de trabajo y de enfermedad laboral que habían quedado sin piso por determinaciones de inexequibilidad adoptadas por la Corte Constitucional, retornándose a los conceptos del anterior régimen.

Por accidente de trabajo se entiende todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, o una invalidez o la muerte. Se anota la inclusión expresa de los efectos que puedan ocurrir en materia de efectos psiquiátricos en el trabajador.

Por enfermedad profesional se entiende la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral o del medio de trabajo, conforme la tabla de enfermedades que defina el Gobierno Nacional o de la causalidad existente entre la patología y los factores de riesgo ocupacional.

— Extensión de la cobertura del sistema para la función sindical.

En lo que respecta a la causación material de las coberturas del sistema se aprobó incluir la posibilidad de generar la protección por riesgos laborales en los eventos que sucedan a los trabajadores que se encuentren en ejercicio de función sindical, aún en permiso o fuera de la funcionalidad propia de su ejercicio contractual.

— Definición del ingreso base de liquidación aplicable en el sistema.

Para el caso del accidente de trabajo, este se establece en el promedio del IBC que corresponda a los seis (6) meses anteriores a su ocurrencia. Por su parte, frente a la enfermedad laboral el IBL corresponderá al promedio del último año en relación con el ingreso base de cotización IBC, desde calificación en primera oportunidad de la patología.

Igualmente, se ordena que las prestaciones económicas que se paguen deben indexarse con base en el IPC vigente al momento del pago.

— Normas sobre cotizaciones y régimen y efectos de la mora.

Se reitera en la Ley 1562 del 2012 el régimen de cotizaciones, con referentes mínimos y máximos y variables, y se aclara su aplicación frente a contratistas.

La mora en el pago de aportes durante la vigencia de la relación laboral y del contrato de prestación de servicios no genera la desafiliación automática del sistema. Se establece así mismo la responsabilidad por mora del empleador y del contratista, consistente en la asunción por estos de los gastos en que incurra la ARL por las prestaciones asistenciales otorgadas, así como el pago de aportes en mora con sus respectivos intereses y el de las prestaciones económicas a que hubiere lugar.

La norma además contiene un régimen de constitución en mora, que implica el reporte escrito de la administradora a la empresa o contratista afiliado mediante comunicación remitida por correo certificado en un plazo no mayor a un (1) mes del no pago de aportes, copia de la cual se enviará al representante de los trabajadores en el Copaso. Luego de dos (2) meses de persistir la mora debe darse aviso a la empresa y a la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo, conservando la ARL el registro de tales comunicaciones.

— Ampliación del término de prescripción de las prestaciones.

Este punto interesa de manera especial a los afiliados, pues por la reforma todas las prestaciones que reconozca el sistema, tanto asistenciales como económicas y dentro de estas últimas, pensionales y no pensionales, prescribirán a los tres años desde el momento en que se definan para el trabajador. En el anterior régimen la prescripción era de tres años solamente para el caso de las mesadas pensionales, mientras que para el resto de las prestaciones (ej. el reconocimiento de un subsidio económico) dicho término se reducía a un año.

— Fortalecimiento de la prevención y la promoción y reporte de actividades por parte de las administradoras de riesgos laborales.

Corresponde a las administradoras de riesgos laborales presentar al Ministerio del Trabajo en forma anual un reporte sobre sus programas de prevención y los resultados obtenidos. El incumplimiento de los planes adoptados por estas será sancionado por las direcciones territoriales del ministerio.

Igualmente, se dispone fortalecer las actividades de prevención de riesgos en micro y pequeñas empresas, a la vez que se establecen criterios en cuanto a la presencia de las administradoras en los municipios del país con afiliados y la utilización de medios electrónicos y masivos para la realización de actividades de promoción y prevención.

— Responsabilidades de los empleadores y sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.

Como expresión de las responsabilidades propias de los empleadores, que deben cumplirse sin posibilidad alguna de delegación pero con el apoyo de las administradoras de riesgos laborales, les corresponde la adopción de un sistema obligatorio de garantía de calidad de riesgos laborales cuya ejecución en resultados será escrutada por el Ministerio del Trabajo mediante visitas de verificación del cumplimiento de estándares mínimos. El incumplimiento de los estándares mínimos dará lugar a la imposición de sanciones por parte de las autoridades de inspección, vigilancia y control de ese ministerio.

El costo de dichas visitas de verificación será cubierto en forma paralela por la administradora y por el Fondo de Riesgos Laborales.

El incumplimiento de los programas y de las normas dará lugar a la imposición de sanciones por las autoridades de inspección, vigilancia y control del Ministerio del Trabajo. La reincidencia o el incumplimiento de correctivos podrán acarrear la suspensión de actividades hasta por 120 días o el cierre de la empresa. Por su parte, el accidente mortal generará multa de hasta 1000 smlmv, en caso de obedecer a incumplimiento de los deberes del empleador y por desatención a los correctivos ordenados podrá generar la suspensión o el cierre de la empresa.

Además, se obliga expresamente al empleador a facilitar espacios y tiempos para la capacitación en SGSST y se reitera su responsabilidad en materia de prevención respecto a los teletrabajadores.

— Gastos de administración a cargo de las ARL.

El Ministerio del Trabajo definirá los límites de gastos de administración que podrán aplicar las administradoras de riesgos laborales, previo concepto del Consejo Nacional de Riesgos Laborales, según variables que consulten las condiciones de operación respecto de sus empresas afiliadas.

— Modificaciones al Fondo de Riesgos Laborales.

Aquellas se expresan principalmente en dos sentidos:

De un lado, en la ampliación en sus fuentes de financiamiento, representada por la asignación de nuevas multas que puedan engrosar sus arcas y, fundamentalmente, por el incremento en el porcentaje que del total de las cotizaciones al sistema de riesgos laborales se podrá destinar al mismo, el cual será de hasta un 3% (anteriormente equivalía al 1%), conforme la regulación que adopte el Gobierno Nacional (ministerios de Hacienda y Crédito Público, del Trabajo y de Salud y Protección Social), previos los estudios técnicos y financieros del caso.

De otro lado, el fondo asume nuevas funcionalidades orientadas ahora al reconocimiento de incentivos económicos que obren en beneficio de informales incursos en procesos de formalización laboral que se integren al sistema, así como al desarrollo de programas de formación y sensibilización en el sector educativo, al despliegue de actividades de promoción y prevención en el contexto de la estrategia de atención primaria en salud ocupacional y a la aplicación de recursos para actividades de inspección, vigilancia y control, conforme al ámbito de sus competencias.

— Ajustes en el régimen aplicable a la calificación sobre el estado de invalidez.

Se precisan las condiciones en cuanto a pago de los dictámenes de calificación que hagan las juntas, señalando que según la calificación en primera oportunidad le corresponderá el pago anticipado a la administradora de fondos de pensiones o a la administradora de riesgos laborales según sea considerada como de origen común o laboral la contingencia y una vez se resuelva definitivamente el asunto, se efectuarán los rembolsos del caso.

También se posibilita que la calificación en primera oportunidad la realicen las juntas regionales de calificación y no solamente las administradoras como lo establecía el Decreto 019 del 2012.

— Regulación sobre las juntas de calificación de invalidez.

La reforma introduce una serie de principios y regulaciones de orden legal en lo relativo a la organización y el funcionamiento de las juntas regionales y Nacional de Calificación de Invalidez, las cuales pasan a ser organismos del Sistema de Seguridad Social, entes privados y técnicos, con personería jurídica, adscritos al Ministerio del Trabajo, sujetos de control disciplinario y fiscal y con una organización regionalizada.

Le corresponderá al Gobierno Nacional desarrollar reglamentariamente la estructura, forma de integración y procedimientos aplicables por las juntas, así como ejercer la supervisión sobre el cumplimiento de sus funciones.

— Creación de un cuerpo especializado de inspectores de trabajo para el campo de los riesgos laborales.

Con el fin de dotar de mayor especialidad y capacidad técnica a las autoridades del Ministerio del Trabajo para desarrollar las labores de inspección, vigilancia y control de cara al cumplimiento de las obligaciones dentro del Sistema de Riesgos Laborales, se aprobó la conformación de una Comisión Permanente y Especial de Inspectores del Trabajo que asuma tal tarea en forma articulada con las restantes funcionalidades de la cartera; podrán establecerse además subcomisiones regionales o inspectores del trabajo delegados para tales fines.

— Creación del Sistema Nacional de Inspecciones del Trabajo.

Se fijan criterios para que el Ministerio del Trabajo desarrolle dicho sistema, facultando al Viceministro de Relaciones Laborales, por conducto de la Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial, para ejercer poder preferente en materia de investigaciones y actuaciones dentro del mismo, así como se establece la posibilidad de constituir una unidad de investigaciones especiales adscrita a dicho viceministerio.

— Actualización del régimen de giros y recobros entre los sistemas de seguridad social en salud y riesgos laborales.

Como existían vacíos regulatorios en lo concerniente a los procedimientos, términos y alcances respecto al cubrimiento de prestaciones asumidas por las entidades promotoras de salud o por las administradoras de riesgos laborales y que luego debían recobrarse por efectos de la definición en cuanto al origen, se incorporaron en la nueva regulación previsiones al respecto para precisar y facilitar el flujo de recursos y evitar una mayor conflictividad entre los operadores de seguridad social.

Los pagos deben realizarse en el término de 30 días, a menos que se formulen glosas serias y fundadas. La resolución de los conflictos por dichas glosas debe darse por medio de los mecanismos de arreglo de controversias y, en últimas, dando aplicación a los criterios definidos por la junta de calificación de invalidez competente.

— Inclusión del principio de sostenibilidad financiera y desarrollo del postulado de destinación específica de recursos y de no afectación de los mismos.

Acorde con los derroteros trazados por actos legislativos anteriores, entre ellos el 01 del 2005, el proyecto incorporó el criterio de la sostenibilidad financiera como condicionante que debe ser considerada al adoptar toda política y reforma al interior del Sistema de Riesgos Laborales respecto a la ampliación de cobertura.

Igualmente, precisó que las cotizaciones pagadas, las reservas técnicas y matemáticas para el pago de pensiones y sus rendimientos financieros no podrán ser gravadas por el Estado.

Comentarios finales

Otras tantas son las medidas que se incluyen en la reforma, algunas de las cuales vienen a dar sustento legal a disposiciones reglamentarias, ora reiteran prescripciones anteriores o introducen modificaciones específicas, por ejemplo en cuanto a la obligación de desarrollar un régimen de salud ocupacional para el magisterio o en lo atinente a la adscripción de funciones a las direcciones departamentales y distritales de salud para el otorgamiento y renovación de las licencias de salud ocupacional.

No nos detendremos en ellas, pues el propósito fundamental de este artículo se concreta en compartir con el lector el interés por profundizar en el conocimiento y el análisis del nuevo régimen de riesgos laborales en Colombia, así como en el de hacer seguimiento a su desarrollo e implementación, etapas estas de las que dependerá, sin duda, que las buenas intenciones plasmadas en el texto aprobado por el Congreso de la República no se queden en el campo especulativo, sino que se adecúen a la realidad y a las expectativas de una sociedad anhelante de contar con un sistema de protección social progresivamente incluyente, universal, sostenible y equitativo.