Régimen legal aplicable a las cooperativas que realizan coberturas de riesgos en Venezuela

Revista Nº 4 Jul.-Sep. 2004

Por Alberto Baumeister Toledo 

Biografía

Abogado y especialista en derecho privado y financiero de la Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela). Es profesor de la misma universidad, así como de la Católica del Táchira, Fermín Toro, Margarita y Central (Venezuela). Es miembro del Instituto Iberoamericano y Panamericano de Derecho Procesal, del capítulo metropolitano del Instituto Venezolano de Derecho Procesal y honorario de la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros. Presidente de las asociaciones venezolanas de derecho de seguros, tributario y financiero; integrante del curatorio de la Fundación Instituto Universitario de Seguros y director de la Fundación de Altos Estudios Jurídicos y Disciplinas Afines.

Sumario

La cobertura de riesgos por parte de entidades cooperativas, el control de esta actividad por parte del Estado y los aspectos contractuales en materia de seguros —temas que surgen con ocasión de la nueva legislación— actualmente son objeto de análisis doctrinario en Venezuela. Además de regular los fines de estas entidades, su régimen de funcionamiento y sus actividades financiera y social, la normativa abre las puertas a un régimen excepcional que les permite realizar la actividad aseguradora.

Abstract Insurance cooperatives in Venezuela

Authors in Venezuela are currently analyzing the risk scope by the cooperative entities, the control of such activity by the State and the contractual features in the insurance field —all subjects borne out of the new legislation—. As well as regulating the purpose of such entities, their operating regime and their financial and social activities, the law opens the door to an exceptional regime that will enable them to carry out the insurance activity.

1. El qué y el porqué de este análisis(1) 

Para el debido análisis y estudio de esta materia debemos comenzar por el examen del contenido de algunas disposiciones constitucionales y legales con el objeto de determinar, en primer lugar, si la actividad de las cooperativas se ajusta al derecho venezolano. Se pretende determinar si su actuación es legal pues, de otra manera, fácilmente cabría desechar toda la problemática al sostener obviamente que la misma es contraria a derecho, no apegada a la ley y, por lo tanto, ilícita.

Por el contrario, sabemos que la actividad aseguradora en Venezuela está regulada por el Estado, mientras que su ejercicio habitual, comercial o empresarial, está sometido al cumplimiento de unos requisitos legales concretos, contenidos en las dos leyes que la rigen, tal como lo veremos más adelante. Es decir, la actividad aseguradora está condicionada a que se cumplan determinados requisitos sustanciales y formales desde el punto de vista “institucional” pues, en principio, solo puede ser realizada por entes societarios determinados, cuyo nacimiento, funcionamiento y extinción están reglamentados de manera precisa en el ordenamiento.

Sin embargo, entre esos entes, de manera general y no solo en el ámbito nacional, no se encuentran las cooperativas ni otras formas asociativas. No obstante, como resulta ahora de la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela(2), a estas se les reconoce un rol particular fundamental en el desarrollo de la economía social y una manera específica para que la ciudadanía acceda a esta actividad productiva organizada.

En el expresado orden de ideas, el artículo 70 de la Carta Política establece: “Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativas, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante; entre otros; y en lo social y económico: las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y solidaridad.

La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo”.

Por su parte, el artículo 118 señala: “Se reconoce el derecho de los trabajadores y trabajadoras, así como de la comunidad para desarrollar asociaciones de carácter social y participativo, como las cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas. Estas asociaciones podrán desarrollar cualquier tipo de actividad económica, de conformidad con la ley. La ley reconocerá las especificidades de estas organizaciones, en especial, las relativas al acto cooperativo, al trabajo asociado y su carácter generador de beneficios colectivos.

El Estado promoverá y protegerá estas asociaciones destinadas a mejorar la economía popular y alternativa”.

De la misma manera, el artículo 184 dice: “La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y los municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que estos gestionen, previa demostración de su capacidad para prestarlos, promoviendo: (...).

5. La creación de organizaciones, cooperativas y empresas comunales de servicios, como fuentes generadoras de empleo y de bienestar social, propendiendo a su permanencia mediante el diseño de políticas en las cuales aquellas tengan participación”.

Finalmente, el artículo 308 indica: “El Estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana industria, las cooperativas, las cajas de ahorro, así como también la empresa familiar, microempresa, y cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro, y el consumo, bajo régimen de propiedad colectiva, con el fin de fortalecer el desarrollo económico del país, sustentándolo en la iniciativa popular. Se asegurará la capacitación, la asistencia técnica y el financiamiento oportuno”.

De lo anteriormente expuesto se puede destacar que la existencia, la promoción y el rol de las cooperativas y de los entes asociativos similares a ellas en Venezuela, tiene reconocimiento constitucional. Incluso se puede afirmar que la Constitución fue aun más allá que la misma ley que las regula y contempla, por la forma y manera en que las definió, les fijó sus papeles, les concedió sus objetivos y finalidades en la organización social y económica. En efecto les otorgó, como lo destaca la propia exposición de motivos de la Ley Especial de Cooperativas(3), un papel fundamental para contribuir al desarrollo nacional, mediante el aporte de un medio de educación, organización y de protagonismo económico y social de gran importancia, con el fin de que se establecieran como una alternativa para toda la sociedad. Para ello deben desarrollar procesos democráticos que no se limiten a la esfera estrictamente política, sino que abarquen lo económico y lo social.

Fue así como se produjeron ideas basadas en la experiencia cooperativa, para que se reconocieran sus especificidades y se estableciera un marco regulatorio abierto flexible que les permitiera adaptarse a los valores culturales y a las necesidades de los asociados, así como al entorno cambiante en donde se desarrollen.

La misma exposición de motivos determina: “La ley que se dicte para tales propósitos, se la promulgará para desarrollar un derecho constitucional y para establecer las regulaciones que derivan de los comentados artículos 184 y 308 de la misma, relacionados con la promoción y protección del Estado y la transferencia de funciones hacia la comunidad organizada en cooperativas”.

Así mismo, se trata de un claro mandato constitucional el que dichos entes cooperativos puedan realizar cuantas actividades económicas se cumplan en el ámbito nacional, en tanto que su objeto fundamental será “mejorar la economía popular y alternativa”. Eso sí, se encuentran sujetas al ordenamiento legal dictado especialmente para tal efecto.

En la aludida Ley Especial de Asociaciones Cooperativas(4) se disponen las siguientes regulaciones especiales:

a) “ART. 1º—Esta ley tiene como finalidad disponer los mecanismos de relación, participación e integración de dichos entes en los procesos comunitarios con los sectores público y privado y con la economía social y participativa, constituida por las empresas de carácter asociativo que se gestionan en forma democrática. Así mismo, establecer las disposiciones que regulen la acción del Estado en materia de control, promoción y protección de las cooperativas(...)”.

b) “ART. 2º—Las cooperativas son asociaciones abiertas y flexibles de hecho y derecho corporativo, de la economía social y participativa, autónomas, de personas que se unen mediante un proceso y acuerdo voluntario, para hacer frente a sus necesidades, aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, para generar bienestar integral, colectivo y personal, por medio de procesos y empresas de propiedad colectiva, gestionadas y controladas democráticamente”.

c) “ART. 5º—El Estado garantizará el libre desenvolvimiento y la autonomía de las cooperativas, así como el derecho de los trabajadores y trabajadoras y de la comunidad de cooperativas para el desarrollo de cualquier tipo de actividad económica y social de carácter lícito, en condiciones de igualdad con las demás empresas, sean públicas o privadas”.

d) “ART. 6º—Las cooperativas se originan en un acuerdo libre e igualitario de personas que deciden constituir y mantener una empresa asociativa de derecho cooperativo, cuyas actividades deben cumplirse con fines de interés social y beneficio colectivo, sin privilegios para ninguno de sus miembros”.

e) “ART. 89.—El Estado, mediante los organismos competentes realizará la promoción de las cooperativas por medio de los siguientes mecanismos: (...).

10. El fortalecimiento de los fondos que los entes financieros del sector público y privado destinan al financiamiento cooperativo y el establecimiento de condiciones preferenciales en el otorgamiento de todo tipo de financiamiento.

11. La exención de impuestos nacionales directos, tasas, contribuciones especiales y derechos registrales, en los términos previstos en la ley de la materia y en las disposiciones reglamentarias de la presente ley...”.

f) “ART. 90.—Los organismos oficiales, para otorgar protección y preferencias establecidas en el presente capítulo —capítulo XIII de la ley: relaciones con el Estado y otros sectores sociales— a favor de las cooperativas, deberán exigirles la presentación de una certificación de cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta ley en lo referente al trabajo asociado y del uso de los excedentes provenientes de actividades de obtención de bienes y servicios en operaciones con terceros.

Las cooperativas solicitarán a la Superintendencia Nacional de Cooperativas la emisión de estas certificaciones”.

Como se adelantó anteriormente, el legislador venezolano, de acuerdo con los preceptos constitucionales que regulan la libertad de comercio e industria, desde hace muchos años, al igual que ocurre en otros ordenamientos, ha reglamentado y contemplado un estricto régimen para permitir la explotación de la actividad empresarial del seguro.

Esta normativa, que antecede la reglamentación de las cooperativas, contempla el ejercicio legal de la actividad aseguradora, las empresas que lo pueden realizar, etc. Así mismo, desde antaño y de manera consuetudinaria, proscribe la explotación de esa actividad por todo o cualquier ente que no revista ciertos requisitos formales que garanticen su pervivencia o que no cuente con requerimientos mínimos de patrimonio. De la misma manera, el Estado se reservó siempre la vigilancia y control de dichas entidades y la actividad en sí.

Tales normas y principios dimanaban en primer lugar del propio Código de Comercio. Recientemente, después de una larga tradición histórica que albergaba como típica actividad mercantil la industria o empresa del seguro y, como acto de comercio típico, la explotación del contrato de seguro por parte del ente que lo promovía, el legislador venezolano sustrajo del estatuto de 1919 una ley especial que reglamentó de manera general el contrato en sí y algunas de sus modalidades. Por otra parte, separó la actividad aseguradora en otra ley especial, que ya desde los años 30 había sido provista para tales fines. Nos referimos a las leyes del contrato de seguro(5) y a la de empresas de seguros y reaseguros(6).

Estas disposiciones legales disponen de modo general sobre el tema, lo siguiente:

De la Ley del Contrato de Seguro:

a) “ART. 1º—El presente decreto-ley tiene por objeto regular el contrato de seguro en sus distintas modalidades; en ese sentido se aplicará en forma supletoria a los seguros regidos por leyes especiales”.

b) “ART. 5º—El contrato de seguro es aquel en virtud del cual una empresa de seguros, a cambio de una prima, asume las consecuencias de riesgos ajenos, que no se produzcan por acontecimientos que dependan enteramente de la voluntad del beneficiario, comprometiéndose a indemnizar, dentro de los límites pactados el daño producido al tomador, al asegurado o al beneficiario, o a pagar un capital, una renta u otras prestaciones convenidas, todo subordinado a la ocurrencia de un evento denominado siniestro, cubierto por una póliza.

Las disposiciones del contrato de seguro se aplicarán a los convenios mediante los cuales una persona se obliga a prestar un servicio o a pagar una cantidad de dinero en caso de que ocurra un acontecimiento futuro e incierto y que no dependa exclusivamente de la voluntad del beneficiario a cambio de una contraprestación, siempre que no exista una ley especial que los regule”.

Por su parte, la ley que regula la actividad de las empresas de seguros y reaseguros, dispone:

a) “ART. 1º—El objeto de esta ley es establecer los principios y mecanismos, mediante los cuales el Estado regula las actividades aseguradoras, reaseguradora y conexas realizadas en el país, en beneficio de los contratantes, asegurados y beneficiarios de los seguros mercantiles y de la estabilidad del sistema asegurador.

La intervención del Estado en las actividades aseguradora, reaseguradora y conexas, desarrolladas en el país, se realizará por órgano de la Superintendencia de Seguros servicio autónomo de carácter técnico, sin personalidad jurídica, adscrito al Ministerio de Hacienda”.

b) “ART. 5º—Queda prohibido el funcionamiento de las sociedades denominadas tontinas o chatelusianas y las formas mixtas de ellas.

PAR. ÚNICO.—Mediante leyes especiales se regularán las actividades y funcionamiento de las mutuales y cooperativas de seguros y reaseguros que se constituyan en el país, pero en todo caso quedarán sujetas a las intervenciones y fiscalizaciones que la presente ley establece por parte de la Superintendencia de Seguros”.

c) “ART. 185.—Quien ejerza en nombre propio o de otro, actividades de empresa de seguros con violación de los artículos 2º ó 3º de esta ley, será penado con prisión de uno (1) a tres (3) años, o multa entre un millón de bolívares y el equivalente en bolívares a 250 salarios mínimos urbanos. Si quien infringiere alguno de los citados artículos fuere persona jurídica, la pena de prisión se aplicará al presidente, administradores, gerentes u otros empleados de rango similar, que hayan participado en la decisión o acto correspondiente”.

De modo general, y sin hacer mayores esfuerzos intelectuales, se puede concluir con lo antes examinado que la actividad aseguradora, en el estado actual de las cosas, solo puede ser realizada como actividad profesional de “cobertura de riesgos”. Esto solo es posible mediante la modalidad técnica y profesional de una “empresa de seguros”, tal y como está definida y contemplada en la ley, a través de la forma legal del convenio denominado “contrato de seguro”, igualmente reglamentado estrictamente en la ley, bajo las modalidades y características que la misma mantiene prefijados. Por lo tanto, en Venezuela está proscrita dicha actividad a todo otro ente.

Esas mismas disposiciones legales atinentes directamente a la actividad aseguradora y al convenio o contrato de seguros profesional, prescriben como delictiva toda actividad de otras entidades, inclusive por el simple uso del nombre seguro, asegurador o similar, si no es de los contemplados y regulados en la ley.

Esto con la única salvedad de que precisamente no lo sean empresas mutualistas o cooperativas constituidas en el país, que ajustando su proceder y funcionamiento a los lineamientos de legislaciones especiales —aún no dictadas—. Esto sujetando su eventual acontecer a intervenciones y fiscalizaciones de la Superintendencia de Seguros para que puedan realizar dicha actividad, tal como resulta de las transcritas disposiciones de las leyes del contrato de seguro y de la actividad de las empresas de seguros y reaseguros.

En otras palabras, según el constituyente venezolano, las cooperativas y demás entes asociativos, solidarios y participativos, pueden ejercer cualquier tipo de actividades lícitas en el país. Con esto queda claramente precisado que constitucionalmente se reconoce la actividad cooperativista en cualquier ramo de actividades comerciales o empresariales, dentro de los parámetros que fije la ley, no necesariamente la especial de cooperativas. Esta normativa, como hemos visto, no contempla expresamente los modos específicos de explotación de determinadas actividades, sino que ratifica la posibilidad de que aquellas sean realizadas, cualquiera sea su clase, siempre que adopten la modalidad de explotación cooperativista, dentro de los lineamientos que fijan leyes especiales (LAC, arts. 1º, 5º, 86 y ss. y LESR, art. 5º, par. único).

2. ¿Quiénes pueden realizar habitualmente actividades de coberturas profesionales de riesgos en Venezuela contra el pago de remuneraciones?

Conforme ha quedado enunciado anteriormente, la ley precisa que toda actividad profesional de cobertura de riesgos, contra el pago de una contraprestación —prima o llámese como se quiera—, será siempre una actividad aseguradora. Igual trato se dará a la celebración de cualquier clase de convenios mediante los cuales una persona se obliga a prestar un servicio o a pagar una cantidad de dinero en caso de que ocurra un acontecimiento futuro e incierto y que no dependa exclusivamente de la voluntad del beneficiario a cambio de una contraprestación, siempre que no exista una ley especial que lo regule(7).

Adicionalmente, e incluso cuando pareciera que la Superintendencia de Seguros pretendiera excusarse de su deber de inspección y control, no cabe duda de que a la luz del artículo 5º de la LC debe ser lo contrario. Esto mientras que no exista una ley que las regule, pues a pesar de que se sostenga que no son propiamente aseguradoras, ni que desarrollan sus actividades, si con sus operaciones se presta cualquier tipo de servicio relacionado —cobertura de riesgos o de azares, garantía de responsabilidad por el acaecimiento de ciertos hechos o similares o se establezca una obligación de pagar sumas de dinero si ocurre cualquier acontecimiento futuro e incierto que no dependa exclusivamente de la voluntad del beneficiario a cambio de una contraprestación—, se les deben aplicar las disposiciones de la Ley del Contrato de Seguros (art. 5º).

De la misma manera, conforme el claro texto de la ley, si bien es cierto que mutuales y cooperativas pueden realizar operaciones de seguro o la actividad empresarial aseguradora de acuerdo a los términos establecidos en las leyes especiales de dicha actividad, estas se deben reputar proscritas y sancionadas, conforme lo dispone el artículo 185 de la LESR. Esto mientras no existan normas especiales que regulen la actividad y funcionamiento de mutuales y cooperativas de seguros o reaseguros que se constituyan en el país y siempre que el ente supervisor tenga la competencia necesaria para intervenirlas y fiscalizarlas (LESR, art. 5º).

Conforme a lo antes expresado y al tenor también de lo dispuesto en la LAC, no importa el rango, clase o modalidad de la actividad cooperativa, para entenderla sometida a tales regulaciones. Basta que se desempeñe como aseguradora o reaseguradora, pues debe entenderse que priman los principios cooperativos sobre las formas, a pesar de lo que puedan disponer las normas de derecho común y los principios generales del derecho, pues las mismas se rigen propiamente por lo dispuesto en la Constitución, la LAC, los estatutos y reglamentos y en general por el derecho cooperativo (LAC, art. 8º). En caso de duda corresponderá eventualmente a la Superintendencia de Sociedades Cooperativas la calificación del caso —certificaciones—, en los términos que contemplan los artículos 82, 89 y 90 de la LAC.

Destacamos igualmente que para nosotros las limitaciones respecto a los sujetos que efectúan la actividad de seguros o aquellas que realizan mientras no exista estatuto legal que las regule, se entienden amparadas bajo la normativa venezolana de seguros. Esta cubre igualmente la prestación de cobertura técnica de riesgos propiamente dicha, aun cuando el ente que las controla no sea propiamente una empresa aseguradora en los términos de la LC (art. 5º). Sin embargo, en este caso el legislador ha resultado más drástico, al extremo de que condiciona la actividad aseguradora propiamente dicha a que deba ser ejercida solo por empresas de seguros o por mutuales y cooperativas aseguradoras o reaseguradoras, con lo que se excluye cualquier otro tipo de empresas.

3. ¿Cómo reconocer que el ente que ejecuta una actividad aseguradora o reaseguradora, sin ser empresa de seguros, está autorizado para realizarla por ser una mutual o una cooperativa de seguros o reaseguros?

En primer lugar diremos que será una entidad mutual de seguros la que expida y conceda coberturas de riesgos a cambio de una contraprestación, que actúa bajo las modalidades establecidas en el Código de Comercio (arts. 365 y ss.) y que, además, lo hace bajo el amparo de la existencia de una ley especial que regule esa actividad específica (LESR, art. 5º).

Sin embargo, las cosas se pueden complicar un poco si las que prestan estos servicios son entidades cooperativas, pues se trata de una actividad de cobertura de riesgos, a pesar de que adopten libremente cualquier forma. En principio, estas organizaciones son asociaciones flexibles y abiertas, de hecho y derecho cooperativo, autónomas, cuyo vínculo con los asociados es un proceso de acuerdo voluntario para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones, con miras a generar bienestar integral y colectivo, por medio de procesos y empresas de propiedad colectiva, gestionadas y controladas democráticamente (LAC, art. 2º) y que en efecto realicen y ejecuten actos cooperativos (LAC, art. 7º).

Lo anterior siempre y cuando su existencia esté guiada por los principios de una asociación abierta y voluntaria, su gestión sea ejercida de manera democrática por los asociados, su participación sea igualitaria, autónoma e independiente y bajo principios de educación, entrenamiento e información. De igual manera, estas entidades tienen un deber de colaboración con otras cooperativas y están llamadas a asumir compromisos con la comunidad (LAC, art. 4º). Sus metas y valores deben ser el desarrollo de su conducta empresarial o profesional, dentro de los principios propios de las cooperativas, esto es, ayuda mutua, esfuerzo propio, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad y sus miembros deben promover valores éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social y compromiso con los demás (LAC, art. 3º).

5. ¿Qué tipo de contenido normativo deberá contener la legislación especial que regule la explotación de la actividad aseguradora y reaseguradora de mutuales y cooperativas?

Este aspecto reviste especial interés por la especialidad notoria de los entes mutuales y de las cooperativas, así como por sus muy concretos valores reguladores de su actividad —cooperación, bienestar integral y colectivo, mediante cogestión y control democrático—. Se podría pensar que tales regulaciones deberían o tendrían que ser de excepción, pero a la vez comedidas y menos drásticas quizá que con los entes aseguradores normales.

Respecto de este punto, las cosas no resultan tal como se señaló anteriormente, sino que el propio legislador especial fijó sus pautas al establecer que esas normativas deben y tienen que partir de propender por el desarrollo de cualquier tipo de actividad económica y social de carácter lícito. Por esta razón deben ser ejercidas en condiciones de igualdad con las demás empresas públicas o privadas que de manera general tengan confiada esa actividad en la sociedad (art. 6º) y así lo reputa por igual la docta y consagrada doctrina cooperativista(8).

Por supuesto, lo dicho deberá contemplar los aspectos esenciales de la actividad cooperativa o los actos propiamente cooperativos, con consecuencias diversas al régimen ordinario de las demás empresas, como serían ciertas particularidades en materia contable, la determinación y el destino de los excedentes, la creación de fondos sociales y educacionales, los retornos cooperativos y, particularmente, el régimen fiscal especial de que gozarán, por la propia naturaleza cooperativa de tales actividades. Estos deberán compatibilizarse, coordinarse o, en su caso, superarse con la propia actividad y, además, teniendo en cuenta que algunas de las normas aplicables a la actividad aseguradora o reaseguradora son, por regla general de orden “imperativo”, como las declara el propio legislador, salvo que en la misma ley del contrato se disponga lo contrario (LC, art. 2º).

Quizás con miras a permitir la compatibilidad de los principios propios del cooperativismo y la mutualidad con los de la actividad aseguradora y reaseguradora, será importante considerar la posible exclusión de determinados riesgos en la operación general realizada por las cooperativas y mutuales. Igualmente, las limitaciones cuantitativas en torno a riesgos asumidos o cúmulos de los mismos, para hacer más viable las limitaciones o la compatibilidad con los principios propios del cooperativismo.

6. Conclusiones

No cabe duda de que conforme a la ley venezolana, la actividad aseguradora profesional o la de prestación de ciertos servicios a causa del acaecimiento de determinados acontecimientos futuros e inciertos contra el pago de contraprestación dinerarias, solo se pueden realizar dentro del marco de una regulación legal especial dictada al efecto. En concreto, conforme a las normas de las leyes de la actividad aseguradora y reaseguradora y del contrato de seguro.

En segundo término, en el caso concreto, y para el ejercicio de esas actividades bajo la forma organizativa de cooperativas o mutuales, se hace indispensable y por mandato expreso de las leyes especiales que regulan su existencia propia —de la actividad aseguradora y de la de cooperativas—, que se promulgue una legislación especial que las contemple y compatibilice. Esta deberá tener en cuenta la especialidad de dicha actividad, así como la de la organización propia de las cooperativas y mutuales.

En tercer lugar, esa regulación ad hoc necesariamente debe dictarse en la medida que lo permita la compatibilización de la actividad con la forma de organización de la entidad prestadora de la misma, idéntica para las empresas públicas y privadas que realicen la actividad propia del seguro con las de las mutuales y cooperativas. Ello se debe hacer, en la medida que sea indispensable, con respeto de aquellos aspectos y modalidades especiales de la organización cooperativa que faciliten la coordinación y el ordenamiento propios de la actividad.

Por último, no cabe pensar sensatamente en que esa legislación especial que debe regir la actividad prestada por organizaciones cooperativas y mutuales, lo sea la sola Ley de Actividad Cooperativa, lo que supondría un franco desacato a la voluntad del legislador y un evidente engaño al fin querido por la normativa especial, pues la actual no cumple ni llena los más incipientes aspectos de aquella.

(1) Versión escrita de la conferencia dictada por el autor en el marco de las V Jornadas de Actualización en Derecho de Seguros (Avedese-Aida), Caracas, 3 de junio del 2004.

(2) La Constitución fue sancionada y promulgada en diciembre de 1999. Sin embargo, curiosa e inesperadamente se dispuso nuevamente su publicación corregida y con exposición de motivos en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5453, del 24 de marzo del 2000.

(3) Publicada conjuntamente con la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas. Gaceta Oficial Nº 37285 del 18 septiembre del 2001 (en adelante LAC).

(4) Gaceta Oficial Nº 37285 del 18 septiembre del 2001 (en lo sucesivo LAC).

(5) Decreto con fuerza de ley del contrato de seguros. Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5553 del 12 de noviembre del 2001 (en adelante LC).

(6) Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 4865 del 8 de marzo de 1995. Actualmente en vigencia especial en tanto hace las veces de normativa vigente por razón de la suspensión cautelar del decreto con fuerza de ley de empresas de seguros y reaseguros. Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5553 del 12 de noviembre del 2001, cuyo proceso definitivo de nulidad no ha sido aún definido (en adelante LESR).

(7) Esta norma es para nosotros de tal modo prístina, que no admite duda alguna. Deja dentro de las actividades aseguradoras reguladas por la ley y preservadas para las empresas profesionales o en las excepciones, todo y cualquier tipo de actividades idénticas, similares o de algún modo relacionadas con la cobertura de riesgos o de ofrecimiento de pago de sumas contra el pago de contraprestaciones dinerarias, sean realizadas por empresas ordinarias, especiales, mutuales o cooperativas. En tal sentido, parece insólito que hasta la fecha ninguna de las ya miles de empresas afianzadoras de riesgos, garantes de coberturas o como quiera llamárselas, existan en el mercado precisamente con aquellos fines.

(8) Véase Vincent Chulia, F. Ley general de cooperativas. En: Revista de Derecho Privado, Madrid: 1989; Sanz Jarque, J.J. Cooperación, régimen general y especial de las sociedades cooperativas. Edit. Comares, España: 1994; Uría, R. Derecho mercantil. Marcial Pons, Madrid: 1990, entre otros.