Reglas que todo empleador debe tener en cuenta a la hora de realizar un descuento salarial

Revista Nº 188 Mar.-Abr. 2015

Adriana Alejandra Fernández Montejo 

Abogada laboral EY 

Una de las preguntas más frecuentes en materia laboral es cuál es el tratamiento adecuado de los descuentos salariales. La legislación colombiana permite cuatro clases de descuentos al salario: (i) los obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral, (ii) los relativos a sanciones disciplinarias impuestas de conformidad con el reglamento interno, (iii) los que se producen como consecuencia de un mandamiento judicial, y (iv) los expresamente autorizados por el trabajador; entre elloslos descuentos por cuotas sindicales y el pago de préstamos y libranzas.

Para resolver el interrogante la Corte Constitucional establece las siguientes reglas que todo empleador debe tener en cuenta a la hora de realizar un descuento salarial:

1. El empleador es el encargado de realizar los descuentos permitidos por la ley.

Teniendo en cuenta que la obligación del pago del salario está en cabeza del empleador en virtud del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, es él quien debe realizar los descuentos salariales bajo la observancia de la normatividad laboral colombiana vigente y la jurisprudencia.

2. Los descuentos deben respetar los máximos establecidos en la ley.

El salario mínimo legal o convencional es inembargable, así lo señala el artículo 154 del Código Sustantivo del Trabajo. Por su parte, el artículo 155 del mismo estatuto establece que lo que exceda el salario mínimo mensual solo es embargable en una quinta parte.

Es importante mencionar que el empleador no puede efectuar ningún descuento salarial sin que medie autorización suscrita del trabajador para cada caso o sin que exista una orden judicial. No obstante, no procederá el descuento cuando aunque exista orden escrita del trabajador, se afecte el salario mínimo legal o convencional o la parte del salario declarada inembargable por la ley(1).

3. El salario mínimo legal no se puede descontar a menos que medie una orden judicial por cobro de alimentos o cooperativas.

A manera de excepción, el salario del trabajador podrá descontarse hasta en un cincuenta por ciento (50%) en favor de cooperativas legalmente autorizadas o para cubrir pensiones alimenticias, siempre que medie orden judicial.

4. En ningún caso podrá afectarse el mínimo vital del trabajador.

En Sentencia T-426 de 2014 la Corte Constitucional insistió en que el derecho al mínimo vital es una de las garantías más importantes de un Estado Social de Derecho pues permite a la persona percibir un ingreso que no solamente financia sus necesidades básicas sino que sirve como herramienta para desarrollar su proyecto de vida, desenvolverse como individuo en sociedad, logrando que el derecho a la dignidad humana sea realmente efectivo. Este derecho no tiene exclusivamente una connotación monetaria ya que genera un impacto directo en las condiciones de vida de la persona y es por esto que el mínimo vital y el salario mínimo, aunque se relacionan, no son sinónimos. Sin embargo, cuando este último se ve disminuido es muy probable que el mínimo vital se vea afectado.

El mínimo vital corre peligro en tres eventos: (i) cuando el salario del trabajador es su única fuente de ingresos, (II) cuando su familia depende de este, o (iii) cuando el asalariado es una persona de la tercera edad.

5. El descuento por libranza debe armonizarse con los derechos fundamentales del trabajador.

Una de las condiciones para acceder a la libranza o descuento directo, contenidas en el artículo 3º de la Ley 1527 de 2012 es que el trabajador no reciba menos del cincuenta por ciento (50%) de su salario neto después de los descuentos de ley. Ahora bien, el mismo artículo dispone que este tipo de deducciones quedan exceptuadas de la restricción contemplada en el numeral segundo del artículo 149 del Código Sustantivo del Trabajo referente a la prohibición de afectar el salario mínimo legal o convencional del trabajador o la parte del salario declarada inembargable por la ley.

Aunque una lectura aislada de la norma da a entender que en el caso del descuento por libranza el salario mínimo legal o convencional puede afectarse hasta en un 50% en todos los casos, la Constitución Política de Colombia en su artículo 53 consagra la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales como un principio mínimo fundamental y dispone que ni la ley, ni los contratos, acuerdos o convenios de trabajo, pueden llegar a menoscabar la libertad, la dignidad humana o los derechos de los trabajadores. Así lo ha reiterado la Corte Constitucional en jurisprudencia reciente advirtiendo que los descuentos salariales no transgreden los derechos fundamentales siempre y cuando se respeten los límites contenidos en las leyes colombianas. “Esos límites consagrados en las leyes colombianas, son normas de orden público que el empleador debe observar obligatoriamente, (…) ni siquiera con autorización expresa del trabajador, el empleador podrá practicar, ni los terceros exigir, descuentos directos al salario más allá de lo permitido por la ley (…). Al introducir el análisis sobre los descuentos autorizados por el trabajador y créditos por libranza, (…) el artículo 53 de la Constitución se activa como una garantía y límite a la autonomía del trabajador, pues este precepto establece
el principio de irrenunciabilidad de los derechos”(2).

La interpretación del artículo 3º de la Ley 1727 de 2012 relativa al descuento por libranza debe entonces armonizarse con los derechos fundamentales del trabajador al mínimo vital, la vida digna y al principio de irrenunciabilidad de los derechos consagrada en el artículo 53 de la Constitución. Dicho de otra forma, el cincuenta por ciento (50%) del salario podrá descontarse siempre y cuando, si se afecta el salario mínimo, no se afecten sus derechos al mínimo vital y a la vida digna(3).

Para concluir, en la práctica, el empleador no debe proceder a realizar ningún descuento salarial si este se encuentra en contravía de los preceptos constitucionales, la legislación y las reglas que la jurisprudencia ha establecido, aun cuando medie autorización expresa del trabajador o se trate de un descuento por libranza.

(1) Código Sustantivo del Trabajo, artículo 149.

(2) Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-1015 de noviembre 30 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(3)Ver. Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-426 del 2 de julio de 2014, M.P. Andrés Mutis Vanegas.