Reinsertados: ¿qué futuro laboral les espera?

Revista Nº 136 Jul.-Ago. 2006

Más de 40.000 desmovilizados de grupos armados ilegales se reincorporaron a la sociedad, pero el país y sus instituciones enfrentan dificultades para orientarlos con certeza hacia una vida laboral estable. 

Javier N. Rojas 

Especial para la Revista Actualidad Laboral 

Un día de agosto del 2003, Carlos Pérez(*) se lanzó a las aguas del río Saldaña en un lugar próximo al municipio de río Blanco —sur del departamento del Tolima—, para desertar de las filas guerrilleras de las FARC. Tuvo que nadar durante dos noches, a fin de evitar ser visto durante el día, hasta que alcanzó la carretera principal cerca del municipio de El Espinal (Tolima). Allí, abordó un camión que lo llevó a Bogotá, ciudad en la que entró en contacto con la oficina gubernamental para desmovilizados, instalada en el sector del Centro Internacional.

Pérez fue reclutado por la guerrilla a los 14 años de edad, en una finca de la región del Eje Cafetero, cuando esa organización llegó a secuestrar a su padre, por dejar de pagar el dinero de la extorsión a que era sometido. En ese momento, el adolescente se ofreció a marchar con los guerrilleros en lugar de su padre y, desde entonces, pasaron otros 14 años hasta que, desencantado de esa vida, tomó la determinación de huir.

Los primeros tiempos de la reincorporación no resultaron fáciles de sobrellevar, en un albergue en donde el hacinamiento y el ocio no propiciaban el reinicio de una vida de ciudadano normal. Carlos Pérez comenzó a tocar puertas en busca de una alternativa laboral. Por casualidad, se enteró de una convocatoria del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) dirigida a jóvenes interesados en formarse en el manejo de correo a gran escala.

En el albergue convivían 90 muchachos, a varios de los cuales Pérez les enseñó a leer y escribir. Luego de escuchar la propuesta, todos decidieron matricularse en el programa del SENA y 68 alcanzaron a titularse como especialistas en correo y mensajería. Antes de culminar el curso, Pérez averiguó cómo conformar una cooperativa, con el propósito de crear una empresa de economía solidaria dedicada a prestar servicios de correo y mensajería. Esta idea la logró materializar con 14 compañeros más.

Actualmente, la cooperativa cuenta con medio centenar de asociados y, a través de un contrato formal suscrito con la empresa estatal Adpostal, tiene a su cargo el manejo y la preparación para el despacho de todo el correo que llega al Aeropuerto Eldorado, de Bogotá. Pérez señala que no ha sido fácil vencer la desconfianza de las personas y de los directivos de las entidades del entorno laboral en que se mueven, pero que con la honestidad y la eficiencia del trabajo han demostrado que su compromiso de reintegrarse a la sociedad es verdadero.

En su momento, los distintos gobiernos han formulado estrategias y planes para el regreso a la comunidad de las personas que se desmovilizan de los grupos armados ilegales. El gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez concibió el Programa para la Reincorporación a la Vida Civil (PRVC) como una instancia adscrita al Ministerio del Interior y de Justicia, encargada de coordinar y dirigir la acción del Estado, para manejar la inserción social y económica de los ex combatientes de los grupos alzados en armas.

El principal reto del PRVC surgió cuando el gobierno Uribe puso en marcha el plan de desmovilizaciones masivas de los llamados grupos paramilitares, situación que exigió ajustes en la estructura operativa y administrativa del programa, pues era indispensable prepararse para brindar apoyo integral y simultáneo a grupos numerosos de desmovilizados en diversos sitios del país, que entregarían las armas esperanzados en restablecer su núcleo familiar y en dedicarse a un oficio legal.

Según un informe del PRVC, desde el comienzo del gobierno Uribe y hasta el pasado mes de abril, se han desmovilizado 40.879 personas, de las cuales 9.995 lo hicieron por decisión propia y 30.915, por la entrega colectiva de armas. Durante la década de los noventa, se desmovilizaron 4.715 combatientes, “producto de nueve acuerdos de paz que firmó el gobierno con un número igual de organizaciones armadas (ocho grupos guerrilleros y una de autodefensa étnica)”, asegura dicho programa.

En materia de desmovilizaciones individuales, el Estado ha ganado algo más de experiencia que frente a las colectivas. Sin embargo, el coordinador de esta área del PRVC, Humberto Bastidas, asegura que han tenido cierta flexibilidad institucional para ajustar el plan de reincorporación individual, a fin de procurar el éxito en la autosostenibilidad de cada individuo.

Bastidas explica que lograr que los desmovilizados definan lo más temprano posible la iniciativa productiva es un tema de permanente preocupación. Para el proyecto inicial, el beneficiario recibe un capital semilla de 8 millones de pesos. Los minimercados de barrio y los locales con cabinas telefónicas e internet son los proyectos que parecen tener mayor acogida.

Ajustes institucionales

Antes de la entrega colectiva de paramilitares, lo usual era la desmovilización de personas descontentas con la vida que llevaban en los distintos grupos insurgentes (tal como ocurrió con Carlos Pérez). A raíz de las nuevas circunstancias, el programa complementó el apoyo psicosocial, la ayuda humanitaria, la educación y la asistencia jurídica con una Red de Oportunidades Laborales, con centros de referencia de oportunidades y con una estrategia orientada a fortalecer la atención de los desmovilizados en las regiones.

El director de Proyectos Colectivos del PRVC, Jorge Alfredo Rodríguez, comenta que existen tres tipos de personas que se vinculan al programa: el de quien ha sido víctima de alguno de los grupos al margen de la ley y luego pasa a ser victimario del mismo buscando venganza, el de quien ha carecido de oportunidades laborales y el del delincuente nato.

A finales del 2003, se inició la construcción de un perfil psicosocial para los beneficiarios del PRVC, ejercicio del que no había antecedentes en el país, a pesar de que la ley lo disponía. Lo anterior, con el fin de atender las diversas necesidades de los ex combatientes, con fundamento en estudios científicos.

Rodríguez señala que uno de los aportes más destacados del modelo de perfiles fue darle un carácter transversal, es decir, una visión más integral y permanente al tratamiento psicosocial de los beneficiarios, que resulta determinante desde los primeros momentos del proceso de reincorporación, previsto para 24 meses. Así mismo, explica que esa determinación permite el acompañamiento y la tutela durante el tiempo en que se recibe todo el apoyo del programa: “Para que un beneficiario entienda cuál es el argumento por el cual el Gobierno le ha entregado 358.000 pesos como estipendio para satisfacer sus necesidades básicas, se requiere de una explicación que está inmersa en el apoyo psicosocial”.

Esta asistencia es constante tanto en la capacitación como a lo largo de la fase de formulación de los proyectos productivos, que buscan garantizar la manutención futura de cada individuo. Motivar a un desmovilizado a pensar en alternativas de vida laboral no es una tarea fácil, pues la mayoría se inclina inicialmente por oficios como el de escolta o a trabajar en empresas de seguridad privada.

Por eso, la educación se articuló al aspecto psicosocial, para permitir la exploración de actividades diferentes a las aprendidas en combate. Rodríguez comenta la experiencia de algunos beneficiarios que habían abandonado un oficio y que, al regresar a la vida civil, lo retoman; entre estos, se encuentran ebanistas, enfermeros, sastres, peluqueros y comerciantes.

Un alto porcentaje de los ex combatientes, se calcula que el 50%, trabajaba en el campo, antes de tomar las armas. En el PRVC, se ha procurado que vuelvan a sus actividades y se les ha capacitado, incluso, para administrar una finca.

Gestor de oportunidades

El PRVC se caracteriza por el propósito pedagógico, pues pretende orientar, enseñar un oficio al desmovilizado y propender por que al final del proceso este tenga la capacidad de ser autosuficiente; así mismo, que entidades públicas y privadas se vinculen a este esfuerzo.

Al comienzo, se pensó que los proyectos productivos agropecuarios a gran escala eran la alternativa ideal para procurarles el sustento a los desmovilizados, a la población desplazada por la violencia y a los mismos habitantes de una región. El objetivo era que estos proyectos también fueran promotores del desarrollo en los municipios, pero no se contaba con un detalle: muchos beneficiarios de origen campesino prefieren la vida urbana luego de conocerla y, dado que el programa respeta la voluntad de los ex combatientes, debe apoyarlos en esa determinación.

No obstante, el riesgo de reincidencia de los desmovilizados en actos ilegales es una preocupación generalizada. Rodríguez resalta la importancia estratégica del PRVC en la recuperación institucional y productiva del campo colombiano, para lo cual cuenta con el acompañamiento de distintas instancias estatales, la Policía, el Ejército y de las autoridades departamentales y municipales.

Entre tanto, “los beneficiarios, al adquirir sentido de pertenencia por el proyecto productivo, también se convierten en garantes, para decirle no al rearme y no a la violencia, a través de las denuncias a un grupo armado que quiera amedrentar a la región, reafirmando la cooperación con las instituciones”, precisa Rodríguez y agrega que, después de tocar la conciencia del desmovilizado, es difícil que este se rearme. “Los que regresan es porque lo han querido así y su naturaleza los inclina al delito, pero constituyen un porcentaje mínimo”, concluye.

Pocas horas antes de que el gobierno Uribe anunciara la transformación del PRVC en una instancia a cargo de un alto comisionado, Rodríguez afirmó que el proceso de reinserción “necesita de una institución mucho más grande que integre los planes gubernamentales de desmovilización, la reincorporación a la vida ciudadana y la reparación a las víctimas”. Y agrega: “Somos exitosos en este programa, pero la naturaleza del mismo ha sido tan cambiante y ha evolucionado tan complejamente que ya el Ministerio del Interior tiene que empezar a ceder esta dinámica”. El PRVC tiene la expectativa de acoger desmovilizaciones colectivas del ELN y de las FARC, por lo cual debe prepararse para actuar a gran escala, insiste.

Así mismo, señala que la mayor dificultad ha sido lograr que la sociedad, en general, y el empresariado, en particular, se vinculen estrechamente al programa de reincorporación, a pesar de los esfuerzos hechos hasta el momento. Precisa que se necesita el apoyo de los empresarios, dado que el PRVC no puede ser generador directo de empleo para los desmovilizados, pues su responsabilidad y la del Gobierno es crear el ambiente propicio para que surjan esas oportunidades laborales en el sector privado.

Apuesta por el éxito

El presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan), José Félix Lafaurie, asegura que para el Consejo Gremial Nacional y, por lo tanto, para el empresariado colombiano, es muy importante que el proceso de reincorporación le salga bien al país, porque de eso depende la suerte de Colombia en los próximos años.

Para Fedegan, no se trata de un problema menor, se trata de uno muy importante: “El Gobierno logró sacar exitosamente el proceso de desmovilización, pero no ha avanzado de manera clara en el tema de reinserción, que tiene dos aristas. Por un lado, el reto de reincorporar a 30.000 combatientes al mercado laboral; cómo hacer que en su condición de “mercenarios” o de insurgentes comprometidos que dejan las armas, cambien estas por unas herramientas para construir riqueza. Se supone que una economía que crece casi al 6% no tendría mayor problema en incorporar esas 30.000 personas”.

La otra arista corresponde al restablecimiento del Estado de derecho en las regiones donde hace más de 30 años se impuso la fuerza de la guerrilla y, más tarde, la del paramilitarismo. Al salir esos grupos ilegales, el Estado debe acompañar el proceso de restablecimiento del orden institucional, con el propósito de que escenarios de guerra se conviertan en espacio de desarrollo y de paz para la consolidación de la desmovilización y la reinserción.

“No veo que estemos avanzando en eso”, afirma Lafaurie. Y se pregunta: “¿Y el territorio qué?, pues cuando se encuentra en el campo una pobreza que dobla la de las ciudades, queda en evidencia que es un caldo de cultivo permanente para la ilegalidad”, asegura.

“Si el Estado no se apura a desplegar una estrategia de contención, en el corto plazo empezarán a verse algunos fenómenos de delincuencia común”, apunta Lafaurie, y advierte que ya se están registrando casos de abigeato y hurto no calificado, entre otros. “Si el Estado no lo reprime mediante la fuerza pública y la administración de justicia ni promueve una sociedad que brinde oportunidades laborales, va a ser muy difícil que la gente vulnerable no caiga en el delito”, concluye.

En septiembre del 2005, Fedegan presentó una propuesta al presidente Uribe para conducir flujos de inversión al campo y generar, mediante sociedades anónimas, procesos de desarrollo sostenido favorables a una cultura empresarial, que beneficien no solo a los desmovilizados sino al entorno social. El gremio todavía no ha recibido una respuesta.

En la próxima reforma tributaria, los ganaderos insistirán, basados en la propuesta presentada al Gobierno, en reducir la tasa del impuesto de renta. En la actualidad, se encuentra en el 38,5%, pero volverá, a partir de diciembre del 2006, al 35%, tras expirar la vigencia de la sobretasa temporal del 3,5%.

Dado que el presidente Uribe planteó la reducción de este impuesto a cerca del 30%, Fedegan propone que tres puntos porcentuales de los recursos financieros derivados de tal reducción se capitalicen como una inversión sustitutiva del impuesto de renta durante dos años consecutivos.

“El contribuyente tendría la posibilidad de pagar al Estado la totalidad del impuesto de renta (35%) o cancelarle el 32% y colocar la porción restante (3%) en un fondo de inversiones sustitutivas de impuestos, que se crearía para colectar dichos recursos bajo la figura de fideicomiso, mientras se determina qué proyectos de inversión (agropecuarios) satisfacen sus expectativas”, explica el documento entregado al Gobierno.

El Congreso de la República tendrá la responsabilidad de analizar esta alternativa, en la agenda legislativa del segundo período presidencial de Álvaro Uribe, pues va a ser el tema más importante de su cuatrienio, “porque, si falla, ¿cómo se podrá avanzar con las FARC?”, asevera Lafaurie. Este líder gremial cree que los avances en materia de reincorporación a la vida civil de los ex combatientes pueden sufrir un retroceso, por falta de una política pública y de instrumentos económicos que estimulen flujos de inversión al campo.

Otros proyectos productivos

Mientras los ganaderos no tienen reparos para vincular como trabajadores de sus fincas a los desmovilizados, los empresarios de las ciudades parecen menos dispuestos a asumir el riesgo de acogerlos como empleados, pero tampoco se muestran indiferentes al problema.

Los empresarios de la Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias, Acopi, han analizado opciones de apoyo al programa de reintegro a la sociedad de los alzados en armas. Sin embargo, el presidente ejecutivo de esa organización, Juan Alfredo Pinto, aclara que el compromiso no es ofrecerles empleo directo, pues existe prevención del empresariado y no se puede vincular gente sin capacidades para un oficio determinado.

En consecuencia, el gremio ha creado un paquete de proyectos productivos a los que se pueden vincular las personas desmovilizadas, que fue presentado al Gobierno y en el que figura una propuesta de redes de pequeños agricultores de plantas medicinales; un proyecto que daría trabajo acerca de 1.500 ex combatientes.

También se planteó un programa de minicadenas productivas, que podrían ser operadas por Acopi y el centro de investigaciones del gremio, Cinset, en distintas regiones, como Cauca, Chocó, Antioquia, Norte de Santander, el Eje Cafetero, Meta y Cundinamarca.

“A través de grupos asociativos y, en general, mediante modelos alternativos de producción, Acopi está en capacidad de instrumentar proyectos que sirvan de oportunidad económica a quienes dejaron las armas, donde los requerimientos de calificación son bajos o, incluso, donde personas de origen campesino pueden tener un reencuentro provechoso con sus orígenes”, comenta Pinto.

Por ahora, no hay resultados concretos de estas propuestas, “porque no entendemos muy bien cómo se instrumenta la política gubernamental en este frente”, acota el directivo. En una reunión en el Palacio de Nariño, el Gobierno propuso la vinculación directa de los desmovilizados como trabajadores a las empresas y, si bien los gremios no aceptaron esa salida, manifestaron su solidaridad con el proceso de reincorporación a la sociedad de los ex combatientes.

Después de ese episodio, comenzaron los diálogos entre los gremios económicos del país y el Gobierno para encontrar la manera de articular el apoyo del sector privado a los esfuerzos estatales. En esta fase, Acopi presentó las fórmulas ya mencionadas, pero aún sin resultados.

Pinto asevera que el gremio ha procurado vencer la resistencia de los empresarios a dar empleo directo a los desmovilizados, con el argumento de que “en la vida todos merecemos una segunda oportunidad”. Así mismo, piensa que ese obstáculo no es insalvable y que la mente de los industriales se abrirá a esa posibilidad, en la medida en que el programa de reincorporación del Gobierno muestre resultados positivos en proyectos productivos, como los propuestos por Acopi.

Abanico de oportunidades

Tras reconocer las dificultades del sector productivo para integrarse al PRVC, se creó la Red de Oportunidades Laborales (ROL), con el fin de que el empresariado colombiano brinde distintas alternativas de apoyo a los desmovilizados, bajo el lema: “Un reinsertado trabajando es un paso más hacia la paz”.

En ese ajuste a la estrategia del PRVC, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) tiene un papel destacado. La directora de Empleo y Trabajo de la institución, Julia Gutiérrez de Piñeres, explica que, hasta principios del 2006, el compromiso del SENA se concentraba en la formación de los desmovilizados, pero, desde ese entonces, se le asignó la coordinación en materia de trabajo en cuanto a empleos dependientes y a la creación de unidades productivas.

Esta funcionaria recuerda que desde finales del 2002, el SENA inició el acompañamiento a las desmovilizaciones y, hasta ahora, ha participado en 34 colectivas. De estas, la institución ha recibido para capacitación a 22.000 personas y ha invertido, entre el 2002 y el 2005, 16.000 millones de pesos.

En el 2006, se invertirán cerca de 21.000 millones de pesos más, en la formación de ex combatientes; mientras que, en dos programas de formación de 3.000 aprendices, se invertirán 10.000 millones de pesos, como apoyo a un proyecto para desmovilizados de la Alcaldía de Bogotá; la misma suma que se invertirá en la ciudad de Medellín. Estas son las dos ciudades que mayor número de reincorporados han recibido.

Los departamentos donde se registra la concentración más amplia de desmovilizados colectivos —que se calcula en un 50%— son Antioquia, Córdoba, Cesar, Santander y Atlántico, regiones en las que el SENA les ofrece una formación. En el caso de las desmovilizaciones individuales, se ha preferido como lugar de retorno a Bogotá, dado que a los reincorporados les resulta más fácil aparecer como ciudadanos comunes en una ciudad grande.

En este momento, el SENA tiene alrededor de 13.000 desmovilizados como estudiantes y cerca de 11.000 están en las diferentes actividades productivas que ofrece el programa de reincorporación. La institución tiene una oferta superior a 1.100 tipos de formación; 57 de estos tienen una gran demanda por parte de los desmovilizados, entre ellos se encuentran los programas de cría y levante de especies menores, cocina, cafetería, mecánica y sistemas.

Entre tanto, los empresarios del campo ven en la inversión rural la mejor opción generadora de empleo para los reincorporados. Por su lado, los desmovilizados tratan de hallar la mejor alternativa laboral en medio de su limitada educación y, quizá, muy cerca de la tentación de retomar las armas o la delincuencia como fuente de ingreso, si el país no resuelve cómo generar oportunidades laborales dignas para todos.

(*) Por razones de seguridad, se omite el nombre verdadero del ex combatiente reincorporado a la vida civil.

 

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