“Reivindicar los derechos del trabajador hace parte del ADN del derecho laboral”

Revista Nº 144 Nov.-Dic. 2007

Entrevista a Martín Carrillo elaborada por Javier N. Rojas 

La globalización y sus consecuentes cambios económicos, productivos y tecnológicos pueden conducir a modificaciones en los instrumentos de protección laboral, pero aquellos no tienen la capacidad de alterar la vocación protectora hacia el trabajador del derecho laboral, asegura Martín Carrillo Calle, profesor de la maestría en relaciones laborales de la Pontificia Universidad Católica del Perú y consultor de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Aunque aboga por un derecho del trabajo actualizado y dinámico, en entrevista con Actualidad Laboral, Carrillo advierte que la modernización de este, planteada por algunos expertos, podría transformarlo, en caso extremo, en derecho de la empresa o del empleo, condición que desvirtuaría la naturaleza de esa rama especializada del Derecho.

Actualidad Laboral: ¿Cómo ha incidido la globalización en el derecho laboral?

Martín Carrillo Calle: Los procesos internacionales advierten que son importantes no solo los espacios de justicia nacional, sino también los de reclamo y justicia internacional. Hay dos elementos muy importantes en la dinámica del mismo fenómeno del trabajo, que corresponden a la influencia mutua de lo local y lo global. En las fuentes de regulación donde la fuente internacional gana un espacio, esta opera de manera complementaria a la fuente nacional. Un fenómeno mundial tiene que ser respondido en su misma órbita. Por lo tanto, la visión internacional y el instrumento legal internacional son necesarios.

A. L.: ¿De qué efectos podemos hablar?

M. C. C.: No solamente se globalizan los negocios, hay que hacerlo con los derechos. El fenómeno debería ser integral, no puede ser unidimensional. Cuando globalizamos las oportunidades de negocio, cuando se globaliza una lógica de eficiencia económica, tiene que venir en equilibrio con la globalización de derechos, con el respeto a la dignidad de los trabajadores. Ante el gran impacto de la globalización en lo económico, otra vez se comienza a decir: ‘falta la cuota social; crecemos, pero no redistribuimos el ingreso’. Es muy importante la función de la legislación internacional y también la de los jueces. Pero no se debe olvidar que en el mundo del derecho del trabajo, hay una fuente propia, que es el convenio colectivo. Solo en esta área se va a encontrar una fuente normativa propia, que es la expresión de la autonomía colectiva, la negociación y su consecuente acuerdo, el convenio o pacto. Ahí también hay un espacio para que, junto con la ley nacional, asuman protagonismo la legislación internacional y la autonomía colectiva.

A. L.: ¿El papel del abogado laboralista sigue siendo reivindicar los derechos del trabajador?

M. C. C.: Lo veo como la naturaleza del derecho del trabajo, lo tiene en su ADN; en su núcleo definidor es un derecho protector. La globalización puede llevar, por los cambios económicos, productivos y tecnológicos, a modificar los instrumentos de protección, pero no el sentido del Derecho. Se pueden sustituir los instrumentos de la protección, pero no la vocación protectora que le es propia. Hay quienes plantean una modernización del derecho del trabajo que, llevada al extremo, en realidad se convierte en derecho de la empresa o del empresario, o en derecho del empleo. Eso es desvirtuar la naturaleza del derecho del trabajo. No creo en un derecho del trabajo estático, sino en uno actualizado, dinámico, que pretende cumplir su naturaleza. Si estos instrumentos ya no protegen, se van a buscar otros medios de protección. Hay documentos de la OIT que aceptan los cambios, pero reafirman los principios.

A. L.: ¿Esa función protectora podría disminuir ante la fuerza económica?

M. C. C.: Ese temperamento se ha adelgazado, ha ido perdiendo densidad, por las reformas legales que, en América Latina, en la década del noventa, han entendido que a menor protección del trabajador, mayor empleo. La reducción de los niveles de protección la han justificado con la creación del empleo. Pero no conozco ningún estudio internacional que acredite estadísticamente que ese ha sido el efecto de las reformas laborales ensayadas en América Latina en esa década. Está pendiente una gran auditoría internacional para que se señalen los resultados de esa política. La modificación legal se hizo en nombre de la creación del empleo: ¿se creó?, ¿cuánto y de qué calidad?

A. L.: ¿Basta con generar numerosos puestos de trabajo?

M. C. C.: El empleo no solo es un tema de cantidad. En los términos de la OIT, el trabajo decente es un empleo con garantía, con protección, un empleo eficiente en una economía que crece, un empleo que tiene determinados elementos para poder calificarlo como decente, digno. No se trata de crear cualquier empleo, consiste en crear uno que permita inclusión social, reproducción de la familia, calidad de vida. Cuando tenemos el tema del trabajo infantil, que en América Latina es una realidad, se advierte no solo un riesgo social en los menores, sino que, seguramente, ese menor viene de una familia desestructurada o donde el padre está desempleado o subempleado. El trabajo de la mujer o de los niños, en muchos estratos sociales, es una respuesta a la incapacidad del varón responsable de la familia de no tener un empleo en condiciones que le permitan atender las necesidades de esta.

A. L.: ¿Por qué es indispensable aquella auditoría internacional?

M. C. C.: El riesgo es que, en los debates actuales, nuevamente hay voces a favor de una segunda ola de reformas, según las cuales no se creó empleo porque no fuimos tan radicales en la primera reforma (en la década de los noventa), por tanto, ahora hay que completarla. Es una propuesta ideológica que pone por delante el modelo económico que sustenta un conjunto de políticas laborales. Y ese modelo, luego de una experiencia de ejecución, tendría que pasar por la figura de la auditoría, de un examen técnico, plural, calificado, donde se diga por qué insistir en determinadas políticas o cuáles descartar en países como los nuestros, donde seguimos teniendo problemas de pobreza, de empleo precario. Esa reforma no solucionó el tema laboral en nuestros países. Ha sido un capítulo más, muy radical, importante, sostenido en lo económico, pero no tiene capacidad de presentar resultados que digan: ‘con esas políticas hemos resuelto el tema sociolaboral en América Latina’.

A. L.: ¿Quién lidera en Latinoamérica la contrapropuesta a ese modelo?

M. C. C.: Quienes insisten en profundizar la reforma tienen mayor capacidad de propuesta y de llegar a los medios masivos de comunicación. Hay voces críticas, de resistencia, los movimientos sindicales plantean una figura de rechazo, aunque no necesariamente son ellos los que proponen vías alternativas. Pero hay que crearlas. No acepto que se diga: ‘se debe tomar entre la rigidez del pasado y la flexibilidad de hoy’. Esa es una falsa dicotomía. Quienes cuestionamos el modelo de flexibilidad laboral no lo hacemos porque añoremos la rigidez del pasado. Vayamos a fórmulas que están ensayadas en otros países y que se abra el criterio a ese concepto de ‘flexiseguridad’; hay que ser flexibles en los elementos que así lo justifiquen, pero darles garantías básicas a los trabajadores en los otros elementos. Por qué los empresarios reclaman seguridad jurídica para sus inversiones. Y ese concepto de seguridad no se lo reconocen al trabajador para su vinculación laboral.

A. L.: ¿La OIT está a favor de esa figura de ‘flexiseguridad’?

M. C. C.: La propuesta de trabajo decente se aleja de fórmulas radicales de flexibilidad, más bien busca recuperar un espacio en lo social, pero sin olvidar los elementos del trabajo productivo y sostenible ni del desarrollo empresarial. Para un trabajador, no representa una propuesta antiempresarial, cubre los elementos sociales de un desarrollo que, en su dimensión estricta, no consiste solo en el crecimiento económico. En América Latina, se dice: ‘el crecimiento económico es desarrollo’. No, ese crecimiento corresponde a la ganancia importante de ciertos grupos económicos y el desarrollo es una situación pendiente. Ha mejorado la economía de América Latina, en los indicadores macroeconómicos. Pero no ha mejorado la vida de los trabajadores, por lo tanto, hay una asignatura pendiente. Y hay unas propuestas como la de trabajo decente. La OIT, como órgano tripartito, trata de encontrar propuestas de equilibrio que reconocen intereses diversos.

A. L.: ¿Cuál debe ser el modelo de ‘flexiseguridad’ para Latinoamérica?

M. C. C.: Así como el modelo de flexibilidad laboral del mundo desarrollado es distinto en su noción y efectos al nuestro, su salida de ‘flexiseguridad’ también lo es. No son modelos para importar, son referencias de inspiración. En América Latina está pendiente generar espacios de discusión y de construcción colectiva de políticas. Lo que hay, mayormente, son voces que defienden los intereses de las partes. Eso es legítimo, pero la construcción de una política toma de todos los actores propuestas y busca conformar los equilibrios. Para eso, la fórmula de diálogo social aporta legitimidad a cualquier proceso. En América Latina, estas son experiencias incipientes. No tenemos una institucionalidad amplia, no tenemos una cultura de diálogo. Trabajadores y empleadores, mutuamente, niegan la interlocución al otro, lo descalifican. Falta crear los espacios de construcción colectiva.

A. L.: ¿Qué país latinoamericano ha avanzado en estos temas?

M. C. C.: La experiencia chilena es importante, en el sentido de la radicalidad de los cambios en la década de los ochenta y en que la vuelta a la democracia ha llevado a una revisión, seguramente lenta, pero sostenida, de varios de los elementos que pudieran significar un riesgo de abuso de parte de uno de los miembros de la relación de trabajo. En Chile, se ha recuperado el diálogo social y las reformas legislativas han ido buscando reducir los elementos de desnivel y tratando de reforzar el papel de los trabajadores, tanto en el ámbito individual como en el colectivo. Sin ser una experiencia perfecta, lo de Chile es interesante.

A. L.: ¿Qué otros países han evolucionado en esos aspectos?

M. C. C.: Economías más grandes, como Brasil o Argentina, donde hay un sindicalismo de rama de actividad, también han encontrado un nuevo escenario para hacer revisión. Las políticas laborales en Argentina, en el gobierno de Néstor Kirchner, han ido buscando revisar decisiones anteriores, ir sumando elementos de equilibrio. Existe un proceso de revisión, no integral, pero sí ante situaciones que han evidenciado abusos.

A. L.: ¿Se inició, entonces, una contrarreforma laboral en Latinoamérica?

M. C. C.: No creo que se pueda hablar de una contrarreforma en el sentido orgánico, ideológico, pero la reforma, pensada como tal en la década de los noventa, no se ha mantenido indemne. Ha sido revisada tanto en el ámbito legislativo como, en muchos casos, en el judicial. La Corte Constitucional colombiana y el Tribunal Constitucional peruano han aportado, a partir de resoluciones en casos concretos, miradas que han obligado a una revisión o a un cambio en determinadas instituciones laborales, definidas en años anteriores desde la lógica de flexibilidad laboral. En el caso peruano, el Tribunal Constitucional ha reivindicado la naturaleza protectora del derecho del trabajo y, a partir de ese concepto, ha protegido diversas situaciones que tenían una perspectiva distinta en la legislación.