Relatos del crimen y consecuencias en las demandas de seguridad ciudadana

Revista Nº 47 Abr.-Jun. 2014

Ricardo Antonio Cita Triana 

Abogado y Magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor del Área de Derecho penal y líder del Grupo de Investigación “Conflicto y Criminalidad”, de la Universidad Católica de Colombia 

(Colombia) 

Giovanny Antonio Salas Torres 

Manuel Fernando Zamora Bonilla 

Estudiantes de IX semestre de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. Miembros del semillero estudio de las transformaciones del Derecho penal y la Política criminal, Set-DPC, Universidad Católica de Colombia 

(Colombia) 

Sumario

Las siguientes líneas abordan los cambios culturales referidos a imaginarios y actuaciones de la sociedad en relación con el delito. El propósito de este documento es presentar algunas implicaciones de la categoría de los “relatos del crimen” en la configuración del concepto de seguridad ciudadana y su impacto en la creación de la política criminal. 

Temas relacionados

Relatos del crimen; seguridad ciudadana; sistema penal. 

1. Introducción

La violencia está presente en el orden cultural, en los discursos sociales, y desde allí se manifiesta en innumerables escenarios de la realidad cotidiana. De acuerdo a su existencia en estos soportales de la semiótica social, la hipótesis de este artículo es que los imaginarios colectivos relativos a la inseguridad son producto de esas relaciones de comunicación de la violencia y que involucran al sistema judicial, a las agencias gubernamentales y a los campos sociales relacionados con estas instituciones. El espectáculo de los tribunales de televisión, que ofrece las representaciones de la violencia como formación de la opinión pública, y el ethos punitivo han abanderado los tiempos recientes que se encaminan hacia la expansión del derecho penal(1).

Sin embargo, el presente artículo no constituye un examen de las respuestas del sistema penal, ni una descripción de cómo se flexibilizan los principios ante la aparición de nuevas exigencias de intervención, no por apartarnos de la preocupación vigente, sino porque la emprendemos desde una perspectiva que nos permite llegar a un nuevo punto de reflexión: el análisis de la seguridad ciudadana (expresión protagonista de las transformaciones del derecho penal) que cuenta con elementos comunicativos y de socialización influyentes en la posición de la sociedad frente a las medidas formales para la protección del delito.

Para analizar estas relaciones de los ciudadanos con la violencia en el contexto actual es necesario señalar que las mediaciones dependen de los procesos de globalización, ya que los avances en las tecnologías audiovisuales e informáticas condicionan la manera de interactuar y percibir el entorno político y cultural. El nuevo mundo emerge de la persuasión al consumo, asume otros modelos de aprehender la realidad (como la idea de progreso y las tecnologías), y cambian los medios en los que se manifiesta la opinión pública. De esta manera, la estructuración del pensamiento colectivo es una empresa que se sirve de la industria cultural para asentarse y conseguir forma.

Una de las más importantes consecuencias de las nuevas mediaciones de la realidad y su conexión con la constitución de relaciones sociales es la multiplicación de los escenarios en los que se ve representada la violencia, los cuales enmarcan los campos de participación, las manifestaciones políticas, institucionales y sociales. A través de Internet —en las redes sociales, blogs, foros para el debate público o las columnas de opinión— si bien se aproxima a una sensación de democracia y de libertad de expresión directa para el refuerzo de ideologías, también se representa la violencia que sugiere imaginarios acerca de la inseguridad y que casi siempre se trasladan a los de la situación política actual.

Como consecuencia de estos nuevos espacios de comunicación, las narraciones de crímenes han ido adquiriendo otras dimensiones. Las historias están a la orden del día, actúan como controladores sociales y al mismo tiempo como generadores de realidad. En este punto cabe preguntarnos por la violencia visualizada, y si la inseguridad ciudadana no es un rito social que distorsiona otras realidades, como la situación económica o política. El problema de la violencia no es su existencia, sino que esta trascienda al campo de lo cotidiano y, en el mismo sentido con la inseguridad, que esos imaginarios se rijan según lo excesivo, aunque tengan alguna justificación real. La principal expresión de aquella realidad son las historias de crímenes violentos, la representación de un contexto a través de estas dramatizaciones, violencia cuerpo a cuerpo que conlleva un daño físico y se presenta en forma de relato. Las narraciones funcionan como cuerpo del lenguaje respecto a sensibilidades de orden colectivo, hacen más amplia la relación de las sociedades con el crimen hasta crear experiencias figuradas del sujeto con el acto violento. Los ciudadanos reciben información aun cuando no han sido objeto de este y solo se han aproximado a él por las mediaciones. El relato transmite la posibilidad de nuevos ataques y se dota de una fuerza de terror que cambia las comunidades: la inseguridad es ante todo sentimiento y está en constante estímulo, desde los medios masivos de comunicación hasta los relatos de la criminalidad en el habla cotidiana.

El impacto de la violencia sobre el orden cultural a través de los imaginarios de la inseguridad —y en este sentido está orientada la tesis del presente trabajo— produce nuevas conductas sociales, patrones de acción motivados por los sentimientos colectivos. Estas figuraciones del desorden y del riesgo tienen como resultado nuevas exigencias de seguridad que, en cierto modo, cambian las formas de asociación y de relación social.

La comunidad siente temor a ser víctima del delito común, por tanto las demandas de seguridad aumentan para resguardarse del peligro y para ello se recurre a dispositivos de seguridad, segregación y discriminación. A partir de estos sentimientos en la sociedad, crecen las exigencias de control estatal del riesgo, se toman medidas policiales preventivas y las clases con capacidad económica adquieren sistemas de seguridad privada. De esta manera, los idearios de los colectivos acerca de los órdenes violentos tienen incidencia en la toma de medidas institucionales, pues debido a estas interpretaciones del entorno social la lógica político criminal está en un nuevo momento, enmarcada dentro de los parámetros del riesgo y la seguridad(2). Las percepciones de la sociedad respecto de una realidad constantemente representada llevan a que el derecho penal aumente su intervención buscando la armonía social, con lo cual se ocasiona, por ejemplo, el adelantamiento de las barreras punitivas (delitos de peligro abstracto)(3) y el impulso de la rigurosidad sancionatoria, que va desde los movimientos para exigir la prisión perpetua, hasta las variaciones interpretativas de algunos tipos penales(4).

Teniendo en cuenta el anterior panorama, el presente artículo se propone explicar la relación que tienen los relatos del crimen con las exigencias de seguridad ciudadana, así como describir su impacto en las políticas públicas y en la producción de estrategias de seguridad privada. Sobre esta premisa planteamos una búsqueda en la literatura, de modo que nos sea de utilidad para contribuir a la reflexión académica de las tendencias penales en este asunto.

2. Metodología

El documento pretende, con base en un modelo de investigación documental (ID), desarrollar tres momentos: (i) establecer la conexión de la experiencia del mensaje de la violencia en los relatos del crimen con los cambios estructurales de la sociedad de cara a la preocupación por el delito; (ii) describir las exigencias de seguridad ciudadana como consecuencia de la relación causal antes presentada, y (iii) plantear la discusión acerca de la influencia de los imaginarios en el desarrollo de las estrategias institucionales para así referirnos a otros aspectos problemáticos que guardan un vínculo con esta situación que motiven nuevos estudios.

3. Resultados

3.1. La violencia mediada

Las relaciones en torno a la violencia tienen una tradición histórica en la conformación de civilizaciones. Su significado es intrínseco al comportamiento y a los modelos de organización, pues la violencia es, en últimas, lo que se busca controlar mediante las instituciones(5). Para René Girard, está presente a manera de ritual en las comunidades para proteger a sus propios miembros y prevenirse de un caos mayor. Con este fin aparece el sacrificio, para dominar una fuerza esencial reductible por medio de símbolos, de lo figurado, que encierra la potencialidad desatada: una suerte de canalización de los instintos, de la ‘violencia intestina’.

La violencia puede ejecutarse en un plano directo, físico, pero también bajo una percepción simbólica, que alcance otros niveles comunicativos y que al mismo tiempo los detenga, y en su búsqueda la sociedad traslada estas ejecuciones a una dimensión sagrada. Y es así, debido a que los ciclos de violencia continúan hasta que desembocan y se alimentan de una víctima. Estos ciclos comienzan con un daño sufrido que produce venganzas familiares, y cuando se devuelven las agresiones estas son generadoras de nuevos sentimientos de violencia en el núcleo familiar de quienes sufren y sienten el deber de vengar un pariente. Se conforma una relación de ida y vuelta que se detiene con la actuación del sistema judicial.

Sin embargo, Girard en La violencia y lo sagrado(6) asimila las comunidades que cuentan con un sistema y las que carecen de tales estructuras, como las sociedades primitivas, y concluye que en ambas situaciones hay una institución sacrificial que cumple una función social a partir de la venganza puesta en manos de lo sagrado. Porque los sacrificios toman una víctima sacrificable y que debe ser concebida como una amenaza para la sociedad, la cual es susceptible de ser herida en su ser general. Así como lo expresa el autor, “entre la comunidad y las víctimas rituales no aparece un tipo de relación social, la que motiva que no se pueda recurrir a la violencia contra un individuo”(7).

Con el sacrificio, la comunidad celebra una muerte fundamental que es fundadora de un renovado orden cultural, en donde se reafirman los lazos sociales y la vida colectiva. Puede recaer sobre animales u objetos, como se ve en la tragedia griega, pero cuando es un sacrificio humano a lo que conduce es hacia la sacralización de la muerte, que es positiva porque de alguna manera está sustituyendo a otra, redimiendo de una violencia injusta.

La tesis que sostiene Girard es que la violencia solo puede ser controlada por medio de violencia; como no se puede suprimir hay que llevarla al encuentro de una víctima común, y es el sustento del sistema judicial que “aleja la amenaza de la venganza. No la suprime: la limita efectivamente a una represalia única cuyo ejercicio queda confiado a una autoridad soberana y especializada en esta materia. Las decisiones de la autoridad judicial siempre se afirman como la última palabra de la venganza”(8). Por consiguiente, en el sistema judicial, la justicia es una expresión de la venganza, es un principio que acoge al castigo como retribución del daño y solamente se legitima en el sentido en que se corta la cadena de represalias. En definitiva, se halla una distinción entre la violencia legítima y la ilegítima, que radica en que una se ejerce desde la institucionalidad y la otra es la criminal, la que merece ser reprochada socialmente y es el origen de las demás agresiones.

En otro sentido, la violencia puede ser calificada desde otras índoles, en contra de terceros o contra sí mismo (el suicidio, la autoflagelación), ambiental, colectiva o representada. Esta última, siendo una forma de violencia paralela que deja ver una realidad comunicada mediante imágenes aproximadas, desde la pantalla y los periódicos, en la cual adquiere un papel importante la labor periodística con efectos en el pensamiento colectivo.

Estos imaginarios que se configuran de acuerdo con la información cumplen una función estimulante para la toma de decisiones en el medio social. Sin embargo, no siempre la violencia que se representa coincide con la realidad. El resultado es, según lo explica Gérard Imbert, en diálogo con la tesis de Girard:

“Lejos de domesticar, mediante su conversión simbólica, la violencia, la práctica moderna del rito la establece: la escenifica, la pone en imagen, la almacena permanentemente. Vivimos ante un desfile de imágenes de violencia (...). Al trivializarse, la violencia se desacraliza(9). Es esta pérdida de lo sagrado lo que es problemático(10).

Puede que estas dramatizaciones de la violencia en las imágenes de los medios den cuenta de la realidad desde un espectro de un sector de esta, pero con independencia construyen una identidad que se consolida en los idearios comunes. Es conveniente pensar en los crímenes violentos que pueden impactar en la creación de una violencia consuetudinaria, en el montaje sensacionalista de un hecho social y en la influencia para la constitución de una violencia simbólica pero no sagrada. La pérdida de ese ritual hace que la violencia no solo no proteja de un daño más grave, sino que proyecte en caso extremo una nueva. En palabras de Imbert, “la escenificación de la violencia, del desorden, de la infracción de la ley puede también ejercer una cierta fascinación: la fascinación ante lo anómico, lo que está fuera de la ley”(11).

Los medios de comunicación señalan los hechos desde un tiempo inmediato, sin historia, lo cual genera un espacio en blanco que puede ser decisivo al momento de la creación de un imaginario. Como conclusión de esta sección, es importante la relación que habita en la percepción de la seguridad ciudadana, la forma en que esta se ve condicionada por la narración de los crímenes violentos, la representación de la violencia física, y si partimos de esta información(12) que proporciona la industria cultural que, en la perspectiva de Imbert, provoca un escenario de violencia desproporcionado, podríamos encontrar una posición para la valoración de la hipótesis que confrontamos.

3.2. Relatos del crimen

Resulta claro que con el tiempo la experiencia colectiva frente a estos hechos de violencia mediados puede intervenir en los cambios culturales, pues las sociedades se organizan, de una parte, según lo que transmiten los relatos(13). De hecho, así como los imaginarios del miedo y la inseguridad, la prevención del delito provoca un patrón de conducta que establece las tendencias de las estructuras institucionales. Los medios de comunicación y los agentes políticos o de opinión pública están modificando las percepciones de la sociedad cuando se enfrentan a las políticas del estado y en general a las estrategias formales. Así como dice Garland(14), estos esquemas y las relaciones entre los grupos sociales —tal como son moldeados a través de la economía, los medios masivos de comunicación y la totalidad del sistema institucional— determinan nuestras percepciones del peligro y su castigo. Desde esta postura podemos inferir que en las sociedades contemporáneas se ha instalado una nueva cultura frente al delito, pero también, agregando a la tesis de Garland los elementos desarrollados por Imbert, una nueva cultura ante la violencia.

De acuerdo a la anterior inferencia, los estudios dedicados al análisis de la seguridad han focalizado su preocupación en las ciudades principales, cuya prevención del delito altera sus estructuras sociales dando espacio a la creación de racismo y segregación que producen el levantamiento de muros y las medidas de seguridad. Estas últimas buscan proteger del crimen, pero también de las personas que cumplen con el estereotipo del criminal, “los indeseables”, como lo vemos en Ciudad de muros(15). Así se configura la prevención arquitectónica del crimen, segregación espacial y una nueva concepción del espacio público(16).

De una parte está el relato del crimen como noticia periodística que intenta remover la sensibilidad de la conciencia colectiva, o bien manipular estas percepciones sobre la gravedad de las defraudaciones y dar lugar a la simbología de la violencia generalizada por las venganzas privadas frente al delincuente estereotipado. En este escenario se pueden desconocer los derechos de los ciudadanos (en el sentido en que el abordaje de los medios masivos busca cumplir con el rito del sacrificio a la manera de Girard, pues es así que el sacrificable actor es cuerpo sobre el que recae la violencia legítima), porque se exige justicia penal como respuesta del estado a la protección de la sociedad. La valoración de las estrategias gubernamentales sustenta la toma de medidas informales para el control del crimen o la creación del pánico y el terror en la ciudad. Dicha motivación se da porque la sociedad hace una confrontación de los mecanismos estatales con las tasas de criminalidad, o con las expectativas de seguridad.

La sociedad ha desarrollado una fascinación por las narraciones de crímenes violentos, relatos de sangre y tragedias humanas. Se encuentra la necesidad de experimentar por cuenta propia el dolor, las situaciones impactantes que despiertan curiosidad y horror en la misma forma que se busca entretenimiento. “Hay una explotación de los sentimientos trágicos por parte de los medios, pero también una necesidad colectiva de explorar el mundo con los sentidos”(17).

Los medios de comunicación proporcionan este acercamiento a la violencia y permiten que los sujetos conozcan lo que sucede y causa, en este tiempo, el entorno social. Esto da una idea de los peligros a los que se exponen los ciudadanos, lo cual conlleva un imaginario remitente a que un crimen de determinadas características no solo es un mal individual sino que también afecta de manera simbólica el orden social, a todo el sistema, y necesita ser reprochado y castigado. “Los mass media sacrifican un cierto orden (ofreciendo un espectáculo de la violencia) que a la postre santifica el orden social, que compensa, previene contra una violencia mayor, contra una muerte mayúscula”(18).

Esta fijación por los relatos del crimen se ha visto como un fenómeno ambivalente, en la que los medios tienen protagonismo contando, reproduciendo, mostrando imágenes de sangre, identificando causas y localizando el crimen en un lugar determinado, zonas más riesgosas, biografías de criminales, arquetipos de delincuentes y categorías de ciudadanos más peligrosos. Pero si bien este lado oscuro de la sociedad es manipulado por los medios, también hay un interés de parte de esta de ver representada la violencia para crear identidades y simbolizar los problemas sociales en rituales de sociabilidad. “El discurso mediático es, para amplias capas de las sociedad, la experiencia más potente sobre los riesgos sociales y organiza y modela su percepción de los peligros”(19).

Hay una cultura centrada en el delito, hay una mirada atenta de los círculos sociales a las narraciones del crimen para prevenirse y fortalecer sus criterios de selección de los sitios más proclives a la violencia. Esta fascinación, que es independiente a la necesidad de saber, a las demandas de información, es la que favorece el sensacionalismo en las crónicas del crimen. Porque si bien estas dos nacen desde interpretaciones no siempre coincidentes con la realidad, en el contenido del discurso mediático esta clasificación se confunde. Los medios hacen de la difusión de la información un lugar para el espectáculo en donde los relatos pretenden las sensaciones colectivas, pero la veracidad del mensaje se sacrifica por la inmediatez de la noticia:

“Este mecanismo de extrañamiento, de cultivar el enigma a modo de relato policíaco, resulta potenciado por la urgencia con que trabajan los medios de comunicación, que deben informar de los hechos a los pocos minutos de que estos ocurran, cuando muchas veces todavía no hay una explicación certera y todo son hipótesis y suposiciones”(20).

También podemos hacer hincapié en que la relación con estas narraciones va más allá, y se encuentra en los relatos que fomentan la interpretación de que el mundo se ha vuelto más peligroso. El sentimiento de inseguridad toma posesión de los grupos y crea tipologías de ciudadanos que reaccionan frente al miedo, algunos hacen lecturas más políticas o morales, y no en todos los casos orientarán la acción hacia la seguridad privada o a la prevención del delito mediante dispositivos violentos; en cambio, otros serán más pesimistas, se cuidarán más en sus movimientos y creerán que la única solución es el encierro. Según Kessler(21), en cada hecho, la visión y aun la experiencia personal de victimización cobran un sentido particular en el marco de un relato determinado.

Con lo anterior, el relato es un fenómeno mediático que difunde ideas de la realidad y experiencias simbólicas. Estas experiencias de la sociedad con el crimen, o con la narración de este, conforman sentimientos alrededor de esas mediaciones que dan dirección a una cultura y son claves para su organización social, sistémica penal o espacial. En tal sentido, “se trata de construcciones discursivas que postulan algún grado de coherencia entre descripciones, explicaciones y orientaciones para la acción”(22).

El crimen violento ocurre en una sociedad como una ruptura del orden y de alguna manera estos acontecimientos se incluyen en la vida cotidiana. Garland explica este ciclo fenoménico que afecta a las ciudades contemporáneas, y para tal fin usa la expresión “modernidad tardía”, con la que se refiere a una “serie compleja de tendencias de transformación” en una parte de países capitalistas en el siglo XX. “Estos cambios, más bien fundamentales, en las formas en que llevamos adelante nuestra vida cotidiana tenderán a generar adaptaciones y respuestas en cada plano de la sociedad, que incluyen respuestas adaptativas en nuestra gestión de la desviación, el delito y el desorden”(23).

Desde otro punto de análisis, en el habla del crimen “los relatos están en las interacciones cotidianas de la comunidad, en todos los tipos de conversaciones, comentarios, narraciones, bromas, debates y chistes que tienen al crimen y al miedo como tema”(24). El habla del crimen genera estas experiencias mediadas con la violencia, que reproducen el miedo y cambian las percepciones y opiniones de la sociedad, “no solo es expresiva sino también productiva”(25). En esta concepción de los relatos podemos tener una perspectiva de generalidad en cuanto se estudian las narraciones del crimen no como un fenómeno de mediación masiva, sino desde las posibilidades cotidianas de difusión que tienen las historias de crímenes y sus experiencias con estas. Abordamos los medios a través de los cuales esas sensaciones colectivas del crimen se puedan transmitir, expandirse y producir cambios síquicos que cambien un patrón de acción social.

El habla del crimen produce nuevas interpretaciones que ayudan a la proliferación de la violencia, debido a que por estas explicaciones estereotipadas la sociedad ingresa en un contexto en el que las instituciones del orden no ofrecen garantías suficientes, así es, por ejemplo, como los ciudadanos optan por contratar vigilantes privados, creando condiciones de hacinamiento producto de la prevención situacional del delito(26) y empleando para ello dispositivos de seguridad. Pero la consecuencia común radica en la adhesión a medidas punitivas más severas, a la pena de muerte, a la violencia legítima —el castigo— para combatir la violencia ilegítima —el crimen—. En esta última concepción, según los postulados de Girard, la violencia solo puede ser controlada por medio de violencia, la buena y legítima violencia que dirige la violencia mala hacia los “canales adecuados”. Además, “esta distinción solo puede ser mantenida por una autoridad de amplia legitimidad que, siendo capaz de sancionar la violencia en una forma culturalmente enclaustrada, mantenga las distinciones entre el bien y el mal, violencia legítima e ilegítima, el sistema judicial y la venganza”(27).

Finalmente, esta autoridad sería la encargada de aplicar la violencia legítima para restablecer el orden, erradicar la violencia ilegítima y mantener un control del peligro. Sin embargo, este ejercicio simbólico no siempre cumple esa función, sino que inaugura una acción inversa. Como afirma Caldeira: “el orden simbólico engendrado en el habla del crimen no solo discrimina algunos grupos, promueve su criminalización y los transforma en víctimas de la violencia, sino que también hace circular el miedo a través de la repetición de historias y, sobre todo, ayuda a deslegitimar las instituciones del orden y a legitimar la privatización de la justicia y el uso de medios de venganza violentos e ilegales”(28). Estas interacciones en la sociedad sobre la violencia representada y transmitida conducen el pensamiento de la seguridad, le dan sentido a las identidades, contextos, episodios de la vida comunitaria, tomando parte en las medidas y estructuras que adoptan los ciudadanos frente a la prevención.

3.3. Demandas de seguridad ciudadana

Después de establecer la relación entre los imaginarios de la inseguridad con los relatos del crimen, en este punto corresponde la descripción de las demandas de seguridad ciudadana como consecuencia de esta premisa. Pero antes de abordar este asunto es conveniente revisar la aparición del concepto según el entramado histórico.

La postulación en la agenda pública del “delito comúnes el primer gesto desde el cual se consolidará lo que hoy conocemos como seguridad ciudadana. La preocupación por el delito común empieza a tener relevancia en la discusión criminológica hacia finales de la década de los setenta en Inglaterra, con la aparición de fenómenos delictivos en contra de clases desfavorecidas: obreros, mujeres, pequeñas comunidades étnicas, etc., que terminan por desvirtuar la concepción predominante del criminal en ese tiempo, impregnada de idealismo y romanticismo marxista. Según Larrauri:

“En la década de los setenta se empiezan a detectar y publicar brotes de violencia racista contra trabajadores extranjeros, agudizados por una situación de crisis económica. También adquieren relevancia y publicidad los ataques sexuales contra mujeres, denunciados por la ya incipiente influencia de las criminólogas feministas. Efectivamente se requería algo más que ‘imaginación desviada’ para defender estas formas de desviación como actos de rebeldía contra el sistema”(29).

En el ambiente político de la época nos encontramos en Inglaterra con el ascenso al poder del gobierno neoconservador en cabeza de Margaret Thatcher, que pone en riesgo la estabilidad del Estado social predominante hasta el momento. Ante este ambiente social y político se evidenciaron modificaciones en la manera de actuar frente a los brotes delictivos, especialmente la manera de contrarrestarlos, respondiendo a nuevos intereses sociales contrarios a lo que con anterioridad se practicaba dentro de las instituciones que ostentaban esta función en el marco de un Estado social, lo que David Garland denominó “welfarismo penal”(30).

Con la manifestación del delito común, es necesario advertir que el pensamiento de la comunidad se ve afectado y por ende surgen nuevos intereses sociales. La comunidad siente miedo a ser víctima de estos actos violentos, por cuanto en la génesis del delito se encuentra una condición social de segregación(31) y pobreza, muchas veces agudizado por la no intervención estatal en estas comunidades, focalizándose así la delincuencia y creando una serie de preocupaciones en la comunidad que siente en constante peligro su integridad.

Estos sentimientos sociales se constituyen debido a dos formas de victimización: una objetiva y una subjetiva. La primera, producto del encuentro directo con el delito, esto es ser sujeto pasivo de una conducta delictiva; y la segunda, se configura producto de las diferentes formas de interacción con miembros de la sociedad, en muchos casos víctimas reales del delito. Es decir, esta victimización subjetiva hace referencia al efecto de los relatos del crimen.

Aquí es conveniente decir que las relaciones interpersonales intrínsecas a una vida en sociedad conllevan la creación de lazos emocionales y de identificación entre los miembros de determinado círculo social, lo que supone una serie de exigencias condicionadas por sus intereses y preocupaciones. Al respecto, señala Garland:

“Teniendo en cuenta lo anterior, esas nuevas exigencias a las que nos referimos provocan un cambio importante en la consolidación de políticas públicas, impregnadas de nuevos tonos de emocionalidad producto del temor de la sociedad frente al delito. En los últimos años los intentos explicativos de expresar la ira y los resentimientos públicos se han convertido en un tema recurrente de la retórica que acompaña la legislación y la toma de decisiones en materia penal”(32).

Dichos nexos creados dentro de una comunidad condicionan una serie de valores que los identifica y los une. Por esta vía, el delincuente es concebido desde la nueva perspectiva criminológica como alguien que si bien es normal (dejando a un lado la concepción de anormalidad de matriz biológica) y comparte los mismo valores de la comunidad, no posee los medios para lograr tales valores-metas establecidos por la comunidad en la que se encuentra, desembocando en la concurrencia de actividades delictivas(33).

Con este nuevo momento para la criminología, en el contexto del Estado social, tendencias como la rehabilitación del delincuente permeaban la consolidación de la política criminal; sin embargo, este ideal deja de ser una preocupación del Estado, ahora se busca una retribución del daño y una bien marcada gestión de la disminución del riesgo, que provoca un cambio fundamental: la responsabilidad del control con fines preventivos pasa de ser una función del Estado a ser una obligación en cabeza de la misma comunidad. “El control no debe ser ejercido por organismos externos como la policía sino por la propia comunidad trabajadora”(34). Esta nueva ruta del control social exige una mutua colaboración entre los órganos estatales y los comunitarios para la prevención y la represión del delito.

Estas transformaciones en el control del delito también se manifiestan en la modificación de la estructura del gobierno (ahora bajo parámetros de la seguridad), que pasa de una fórmula estado-céntrica, que partía de una concepción estatal acorde con la teoría weberiana de entidades que podían obtener un monopolio legítimo de la fuerza(35), a una perspectiva de “gobierno nodal”(36), esto es, un verdadera encuentro entre el accionar de controles formales e informales suponiendo una redefinición de las fronteras entre lo privado y lo público.

Los controles informales se gestaron con el objetivo de prevenir y controlar el actuar delictivo, acompañado de una sensación errónea por parte de la comunidad respecto de las tasas reales de incidencia del delito, y un generalizado pesimismo frente al actuar de las instituciones estatales que cumplen la función de reprimirlo. Las cosas cambian, la concepción del criminólogo frente al delito se ve alterada, las teorías que ahora permean el pensamiento y la acción oficial son teorías de control de diversas clases, que consideran el delito, a la manera de Garland, como un problema no de privación, sino de control inadecuado(37). Entonces se empieza a pensar el Estado desde una perspectiva de “gobernar a través del delito”(38) que busca comprender el comportamiento delictivo y sus precursores para vivir en una sociedad menos proclive al desorden.

3.4. Tácticas de prevención del delito

Ahora bien, ante este panorama de reconfiguración de las relaciones sociales y de control social en torno al delito, vale la pena analizar las líneas generales de las tácticas de prevención del delito. Para ello, tomamos el esquema planteado por Sozzo(39) en el que se establecen tres tipos: táctica situacional y ambiental, táctica social y táctica comunitaria(40). Las teorías propuestas conciben el delito como un fenómeno normal en el seno de la comunidad que es explicable a través de situaciones que lo motivan propias del vivir en comunidad.

En primer término la “táctica situacional” básicamente pretende disminuir toda oportunidad que haga atractivo y rentable la comisión de un delito. El éxito o fracaso de la táctica situacional depende de la afectación que ocasione en el criminal la alteración del medio físico, su objeto es disminuir el beneficio respecto al costo del actuar criminal. Esta táctica de prevención está dirigida evidentemente a potenciales criminales pero también a las potenciales víctimas del delito, pues pretende protegerlas aunque se presenten los daños colaterales que trae esta implementación, como la violación de su privacidad, la exclusión social y una ruptura de relaciones sociales; busca el ambiente inmediato para lograr sus fines desde la alteración arquitectónica de la comunidad. Al respecto Garland afirma que los ciudadanos se dedican a sus asuntos casi sin notar las cámaras de vigilancia que apuntan desde lo alto a las calles de todas las ciudades importantes(41). El defecto que se evidencia en la implementación de la presente táctica es:

“el posible desplazamiento del crimen más allá de erradicarlo, prioriza la prevención de delitos económicos dejando a un lado lo de delincuencia organizada, ataca síntomas no causas, desplazamiento del hombre en favor de la tecnología, violación de la privacidad de los individuos y finalmente una marcada exclusión social que conlleva a una ruptura de los lazos interpersonales”(42).

El proceso de alteración del espacio físico causa paulatinamente el surgimiento de nuevas formas de organización territorial(43), creando así una marcada diferenciación social que se distingue desde lo geográfico. En efecto, este proceso de urbanización provoca una fractura social por un lado con la aparición de guetos de pobreza y por otro lado con la autosegregación residencial de clases altas y media altas(44), lo cual se evidencia en fenómenos como el levantamiento de muros, el encerramiento voluntario con fines de evitar el contacto con los de afuera, con las imágenes vivas del peligro y de la inseguridad, por lo tanto se va radicando en la mentalidad del que se encierra la idea, como lo plantea Ulrich Beck, de que se autorregula lo que se puede, y para lo que no se puede está el Estado(45).

Esta separación entre lo de adentro y lo de afuera crea un nuevo orden urbano que no se adecúa a los postulados de una verdadera democracia, este orden no es democrático e igualitario sino exactamente lo opuesto(46). Es opuesto porque su aparición quebranta derechos como la libertad de locomoción de los habitantes de una ciudad que ven un límite cuando se encuentran con la presencia de un muro que impide su movilidad. Se produce una perturbación en la concepción de espacio público, que se privatiza y de manera concomitante provoca la pérdida de lo igualitario, acentuando las diferencias entre clases.

Las “tácticas de prevención social”, por su parte, buscan atacar las causas sociales y psicológicas del delito, lo que se traduce en un control del riesgo, dirigido a los posibles agresores u ofensores de los valores comunitarios creando en ocasiones procesos de etiquetamiento al orientar su accionar a un determinado grupo por su condición actual y su posible peligrosidad. Se pueden identificar tres ejes de la táctica de prevención social, el primero denominado por Hirshi como control theory(47). El delito desde este enfoque es producto directo de una socialización equivocada por parte de la familia y la escuela principalmente, que deben procurar que sus actividades faciliten dicha prevención social.

El segundo eje gira en torno a la preocupación mertoniana respecto de las oportunidades mal distribuidas en la sociedad para alcanzar los fines comunes, el fin es brindar las mismas oportunidades a todos los individuos que conforman la comunidad. Las oportunidades legítimas de alcanzar las metas culturales no están igualitariamente distribuidas en la estructura social y por ende aquellos a quienes les faltan son los que optan por estos tipos de adaptación individual divergentes dentro de los cuales se ubican los comportamientos delictivos(48). La preocupación es tal que los ciudadanos equiparan el problema de inseguridad con la pobreza, y para demostrar la severidad de lo descrito basta con analizar el testimonio de ciudadanos que temen por su seguridad y culpan del fenómeno a los pobres(49).

También encontramos la teoría de las subculturas criminales de Cohen, que a manera de contraposición a la teoría de la anomia mertoniana, identifica procesos de adaptación que no solo involucra a individuos sino a grupos conformados por ellos que encaminan su actuar bajo una concepción propia de su contexto. El problema que afronta este tipo de intervención social radica en la misma sociedad heterogénea, esto se traduce en que no todos los grupos que convergen en una comunidad comparten los valores predominantes.

Finalmente, la táctica comunitariade prevención del delito que en palabras de Sozzo:

“pretende reorganizar la comunidad puesto que considera que por esta desorganización se presentan actos delictivos, se apuntaba a generar y mantener el sentido de comunidad en determinadas áreas urbanas, impulsando el desarrollo del control social informal, especialmente sobre los jóvenes, partiendo de la premisa del involucramiento de los residentes y el aseguramiento de su permanencia en la zona urbana”(50).

Un claro ejemplo de esta táctica es el postulado de defensa comunitaria denominado Broken Windows, tesis que pretende atacar cualquier signo de incivilidad, pues considera que estos son las primeras manifestaciones del delito por el cambio de pensamiento frente al control, porque ya no busca castigar el delito, ahora busca mantener un orden que cree en el ciudadano la sensación de seguridad y disminuya las posibilidades de ser víctima de un delito bajo el postulado de tolerancia cero(51). En palabras de James Q. Wilson y George L. Kelling, la esencia del rol policial de mantenimiento del orden es fortalecer los mecanismos de control informal de la propia comunidad(52).

La policía en este entendido aumenta su margen de acción, ahora no solamente actuará para erradicar y prevenir el delito, también tendrá entre su catálogo de funciones mantener el orden social y buscar la resolución de problemas desde el principio que apela a la justicia restaurativa(53). La diferenciación entre comunidades de riesgo y comunidades de sentimientos colectivos se torna relevante para la actuación policial. Así en las comunidades de sentimientos colectivos, entendidas como el grupo social que se encuentra unido por preceptos y sentimientos comunes y que no presenta problemas de delincuencia, la función coercitiva de la policía será menos intensa que en las comunidades de riesgo, entendidas como las comunidades en donde la incivilidad y el miedo es la constante de interacción social, como se puede ver en Clofford Shearing y Jennifer Wood. Allí el modelo de tolerancia cero postula que este poder coercitivo es fundamental para la gestión del riesgo privilegiando el mantenimiento del orden como método para acatar las reglas y combatir la incivilidad.

Los inconvenientes son varios en este tipo de intervención comunitaria, se desprenden diferentes interrogantes de su actuación: ¿Qué concepción de orden debe aplicar la policía? Si tenemos claro que cada comunidad tiene diferentes percepciones de orden, y conexo a esto encontramos grupos que conviven dentro de la comunidad pero no comparten estos valores generales, ¿tendríamos que olvidar los preceptos legales?, ¿cómo evitar que la policía no se convierta en agencia para el fanatismo de barrio?

“No podemos ofrecer una respuesta totalmente satisfactoria a estas importantes preguntas. No estamos seguros de que haya una buena respuesta, excepto esperar por su selección, capacitación y supervisión, que la policía sea capacitada con un sentido claro del límite de su autoridad discrecional. Este límite en pocas palabras es el siguiente: la policía existe para contribuir a regular las conductas, no para mantener la pureza racial o étnica de un vecindario”(54).

La esencia de poder, a partir de Foucault(55) radica en que este no puede tener dueño, por lo tanto los Estados deben involucrar a otras personas para que realicen acciones necesarias encaminadas a alcanzar los propios objetivos, lo que se traduce en vincular a la función del Estado en pro del bien común a diferentes personas que coadyuven en esta finalidad. Los Estados neoliberales establecen dos actores dentro de la dinámica de gobierno, por un lado recogiendo parcialmente la postura de Smith(56), que reconoce a los mercados como los mecanismos que impulsan las actividades de enrolamiento y se obtiene apoyo para un buen gobierno por medio de ellos; y por otro lado, la concepción hobbesiana(57) que concibe al Estado como fuente de gobierno central y legítima, que posee un poder abrumador para establecer y promover la paz. Como resultado tenemos un gobierno que concibe al Estado como fuente de dirección de la práctica de gobernar —Hobbes— y a los mercados como fuente de provisión —Smith—(58).

Nos queda entonces que los Estados actuales gobiernan a través de redes con otros entes y pretenden fortalecer su capacidad de prevenir y erradicar el delito mediante estrategias como la del empleo de “palancas legales”(59)obligando a terceros a prestar colaboración en las actividades de orden, mientras que la ley penal atacará los sucesos graves dentro de la comunidad.

Nos encontramos que con la manifestación en la agenda pública del delito común, el ascenso de gobiernos capitalistas en el contexto mundial, la nueva concepción del delincuente y las nuevas exigencias de seguridad ciudadana, nace un nuevo momento para el Derecho Penal, la criminología y las políticas públicas: el debilitamiento del “welfarismo penal” divide la historia en dos momentos pasando de la asistencia estatal a gobiernos que actúan bajo el entendido de libertad. Con el surgimiento de Estados neoliberales se pone en marcha el ejercicio de asignar funciones propias del Estado a particulares, lo que supone una verdadera injerencia de lo privado en lo público. Frente a este escenario, el actuar penal de los Estados actuales(60) cambia: ahora propugnan por el mantenimiento del orden y de la seguridad.

Es así como los Estados actuales gobiernan a través del delito(61) poniendo en funcionamiento especialmente la máxima de prevención del delito, el mejor ejemplo para demostrar esas nuevas racionalidades es la aparición de diferentes tácticas de prevención del delito, en donde hay un verdadero entrelazamiento del Estado con el ciudadano.

La implementación de palancas legales por parte de la policía, el surgimiento de cuadrillas de vigilancia(62) conformadas por los mismos habitantes de un sector determinado, las campañas permanentes de concienciación y en general todas las muestras de interacción del policía con el ciudadano son evidencias fehacientes del objeto central del estado: responder a las demandas de seguridad.

4. Discusión

Para concluir, demostrada la relación de los relatos del crimen, la violencia representada y transmitida en el habla cotidiana con la creación de idearios acerca de la inseguridad, podemos afirmar que estas construcciones participan en la generación de medidas informales para la prevención del delito, y que tales medidas se convierten en determinantes en la configuración de las políticas públicas —especialmente políticas criminales—, siendo por tanto tema relevante para las agencias gubernamentales en lo relativo a las respuestas que deben proporcionar ante las demandas de seguridad, efecto que se hace evidente en las estrategias policiales. En ese sentido se incorpora a la discusión la influencia de los relatos sobre las funciones jurídico-penales, por ejemplo, en la interpretación de tipos penales y el adelantamiento de barreras punitivas.

Las exigencias de seguridad ciudadana y la tendencia de la sociedad por autoprotegerse, en términos del discurso de los imaginarios colectivos, encuentran su razón fundamental en que las medidas oficiales para el control del delito se consideran ineficaces. En esta instancia cabe analizar si la supuesta incapacidad estatal motiva nuevas formas de convivencia, así como es tangible en el diseño arquitectónico de la ciudad: periferia y barrios privados, los denominados conjuntos cerrados que han privatizado los parques, así como la manera de interacción de la comunidad con las instituciones. Y en mayor medida, el cambio de las relaciones sociales que pueden engendrar su propia violencia a partir de la segregación y de los obstáculos para la sociabilidad.

Asimismo, la violencia representada en la industria cultural y en los medios de comunicación en forma de relatos de crímenes, en los espacios cibernéticos para el debate público o en el habla cotidiana, puede abarcar la situación política de un país, porque como fue previsto en el documento, estos imaginarios colectivos frente a la estructura gubernamental encauzan las políticas de Estado. De manera que no sobra preguntarnos si ¿puede también la violencia dramatizada en relatos periodísticos funcionar como desviación de la realidad política en otros sectores?

Con este comportamiento social se consolida una nueva concepción del delincuente, un estereotipo que se forma bajo la calificación de “indeseable” —y cuenta con una serie de características sociales, físicas, económicas y demográficas—, que ya no está determinada por patologías, y que tampoco se queda con la pura visión positivista, sino que está dada por una versión estadística y actuarial, donde lo ideal es prevenirse de las diferencias, crear lazos sociales con grupos deseables y protegerse de los que no cumplen con estas impresiones de seguridad.

La cultura escenificada en la violencia y enfrentada a la inseguridad trae consigo una visión conjunta de la prevención del delito en la que los grupos privados ingresan bajo la concepción de estado nodal y de palancas legales. De acuerdo con esta perspectiva, el Estado no tiene la exclusividad del control del delito, y así hemos de examinar, por último, que acaso también la reprimenda, la sanción, esté en peligro de perder su institucionalidad y el sistema judicial adquiera el calificativo de nodal. Este nuevo panorama de las medidas preventivas en busca de respuestas para el sentimiento de inseguridad es el que introduce pensamientos de cooperativismo y de control de diversa índole, a veces excesivo, y es al que nos hemos querido referir con el presente texto.

Bibliografía

Arendt, Hannah. “Introducción a la política”. En: La promesa de la política. Barcelona: Paidós, 2008, pp. 131-224.

Barata, Francesc. “El relato criminal como escenario de valores y lugar de reconocimientos” (versión electrónica). En: Mediaciones sociales, n.º 3, pp. 19-40, 2007.

Disponible en: http://revistas.ucm.es/index.php/MESO/article/view/MESO0808220019A/21258

Buitrago, Ángela. “Riesgo y seguridad ciudadana. Nuevo paradigma penal”. En: Memorias de las XXXIV Jornadas internacional de Derecho Penal. Retos del Derecho Penal contemporáneo: corrupción y seguridad ciudadana. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2012, pp. 73-81.

Caldeira, Teresa. Ciudad de muros. Barcelona: Gedisa, 2007.

Cita, Ricardo. Delitos de peligro abstracto en el Derecho Penal colombiano. Colección Jus. Penal I. Universidad Católica de Colombia, 2013.

Foucault, Michel. Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. México: Siglo XXI, 2009.

Garland, David. La cultura del control. Crimen y orden social en la sociedad contemporánea. Barcelona: Gedisa, 2012.

Girard, René. La violencia y lo sagrado. Barcelona: Anagrama, 2012.

Huertas Díaz, Omar. “Dolo eventual en accidentes de tránsito. Reflexión sobre el caso colombiano”. En: Diálogos de saberes: investigaciones y ciencias sociales, n.º 34, 2011, pp. 239-252.

Imbert, Gérard. Los escenarios de la violencia. Barcelona: Icaria, 1992.

Kessler, Gabriel. El sentimiento de inseguridad. Sociología del temor al delito. Buenos Aires: Siglo XXI, 2009.

Larrauri, Elena. “La contrarreforma”. En: La herencia de la criminología crítica. Madrid: Siglo XXI, 2000, pp. 143-147.

Silva Sánchez, Jesús-María. La expansión del derecho penal. Madrid: Civitas Ediciones, 2001.

Sozzo, Máximo. “Seguridad urbana y táctica de prevención del delito” (versión electrónica). En: Cuadernos de jurisprudencia y doctrina penal, n.º 10, 2000.

Disponible en: http://www.der.unicen.edu.ar/extension/upload/Sozzo_Seguridad_urbana_y_tacticas.pdf

Shearing, Clifford y Wood, Jennifer. Pensar la seguridad. Barcelona: Gedisa, 2011.

Svampa, Maristella. Seguridad urbana. Countries barrios privados. Buenos Aires: Capital Intelectual, 2000.

Wilson, J. Q. y Kelling, George L. “Ventanas rotas: la policía y la seguridad en los barrios”. En: Delito y sociedad. Revista de ciencias sociales, n.º 15-16, pp. 67-79, 2001.

(1) Silva Sánchez, Jesús-María. La expansión del Derecho Penal.

(2) En tal sentido, Buitrago, Ángela en “Riesgo y seguridad ciudadana. Nuevo paradigma penal”, pp. 73-83.

(3) Sobre esta técnica de tipificación, en el contexto colombiano, ver Cita, Ricardo. Delitos de peligro abstracto en el Derecho Penal colombiano.

(4) En Colombia, el ejemplo más significativo al respecto es el debate sobre la forma indicada, en términos jurídico-penales, para castigar a quienes han provocado la muerte de ciudadanos en accidentes de tránsito, bajo el efecto de sustancias alcohólicas. Las posiciones del debate remiten al problema, en la teoría del delito, de cómo generar criterios de interpretación jurídica que permitan establecer la frontera entre la culpa con representación, o consciente, y el dolo eventual. Al respecto, ver Huertas Díaz, Omar. “Dolo eventual en accidentes de tránsito. Reflexión sobre el caso colombiano”.

(5) Al reconstruir las líneas generales del pensamiento occidental sobre el sentido y la justificación de la política, Hannah Arendt, por ejemplo, ha señalado que una de las más antiguas justificaciones es la de asegurar la vida de los hombres monopolizando la violencia: “La política, se dice, es una necesidad ineludible para la vida humana, tanto individual como social (...). La misión y el fin de la política es asegurar la vida en el sentido más amplio. Es ella quien hace posible al individuo perseguir en paz y tranquilidad sus fines no importunándole (...). Dado que, como Madison observó una vez, en esta convivencia se trata de hombres y no de ángeles, el cuidado de la existencia solo puede tener lugar mediante un Estado que posea el monopolio de la violencia y evite la guerra de todos contra todos” (Arendt, Hannah. “Introducción a la política”. En: La promesa de la política, pp.150-151).

(6) Girard, René. La violencia y lo sagrado. Barcelona: Anagrama, 2012.

(7) Ibíd., p. 20.

(8) Ibíd., p. 23.

(9) Resaltado fuera de texto.

(10) Imbert, Gérard. Los escenarios de la violencia, pp. 30-31.

(11) Ibíd., p. 52.

(12) Término empleado por Imbert en Los escenarios de la violencia para referirse a esta relación.

(13) Prueba de ello son los estudios realizados en Brasil y en Argentina por Teresa Caldeira y Maristella Svampa respectivamente, según los cuales se analizan los cambios del habitar en función de la prevención del delito y de las capacidades de autoblindarse que tienen los grupos sociales y que inciden en el ordenamiento espacial de la ciudad. El planteamiento de cada uno va dirigido al levantamiento de muros y a la creación de barrios privados.

(14) Garland, David. La cultura del control. Crimen y orden social en la sociedad contemporánea, p. 28.

(15) Caldeira, Teresa. Ciudad de muros.

(16) Ibíd., pp. 257 y ss.

(17) Barata, Francesc. “El relato criminal como escenario de valores y lugar de reconocimientos” (versión electrónica). En: Mediaciones sociales, n.º 3, p. 35.

(18) Imbert, ob. cit., pp. 144-145.

(19) Barata, ob. cit., p. 37.

(20) Ibíd., p. 27.

(21) Kessler, Gabriel. El sentimiento de inseguridad. Sociología del temor al delito, p. 107.

(22) Ibíd., p. 105.

(23) Garland, ob. cit., p. 26.

(24) Caldeira, ob. cit., p. 33.

(25) Ibíd.

(26) Estas tácticas de prevención se desarrollarán en la siguiente sección.

(27) Ibíd., p. 50.

(28) Ibíd., p. 53.

(29) Larrauri, Elena. “La contrarreforma”. En: La herencia de la criminología crítica, p. 148.

(30) Garland, ob. cit., p. 35.

(31) Al respecto, “por ende la seguridad misma se convirtió, cada vez más en la marca por excelencia de la diferencia social” (En: Svampa Maristella. Seguridad urbana. Countries barrios privados, p. 46).

(32) Garland, ob. cit., p. 43.

(33) Así como se expresa en Larrauri (p. 164) este asunto es preocupación de la teoría de Merton, “su desviación [la del delincuente] radicaba en los medios elegidos, no en los objetivos compartidos”.

(34) Larrauri, ob. cit., p. 152.

(35) Shearing, Clifford y Wood, Jennifer. Pensar la seguridad, p. 25.

(36) En palabras de Shearing y Wood la “práctica de gobierno nodal hace referencia a una multiplicidad de autoridades y prestadores de gobierno que coexisten de múltiples formas para producir resultados de seguridad variados” (p. 41).

(37) Garland, ob. cit., p. 52.

(38) Shearing, Clifford y Wood, Jennifer, ob. cit., p. 15.

(39) Sozzo, Máximo. “Seguridad urbana y táctica de prevención del delito” (versión electrónica). En: Cuadernos de jurisprudencia y doctrina penal, n.º 10, p. 52.

(40) Ibíd., p. 106.

(41) Garland, ob. cit., p. 31.

(42) Sozzo, ob. cit., pp. 112-113.

(43) Como lo expresa Caldeira “(...) las reglas que organiza el espacio urbano son básicamente patrones de diferencia social y separación, identificando a lo largo del siglo XX tres formas diferentes de tal expresión, segregados por tipos de vivienda, la de centro periferia, y por último enclaves fortificados, estas últimas se encuentran próximas a los grupos sociales, pero se separan por muros y tecnologías de seguridad”.

(44) Svampa, Maristella, ob. cit.

(45) Ibíd., p. 100.

(46) Caldeira, ob. cit.

(47) La referencia se hace en el artículo de Sozzo (p. 114).

(48) Ibíd., p. 115.

(49) Entrevista elaborada por Caldeira donde se afirma que “(...) el gobierno debería dar asistencia a la pobreza. El barrio se volvió feo con las casas de vecindad. Y el pobre es así, cuando no puede comprar las cosas que necesita, roba”.

(50) Sozzo, ob. cit., p. 123.

(51) Citado en Shearing y Wood (p. 73): “(...) las dos palabras de la frase ‘tolerancia cero’ sirven para aliviar temores y satisfacer una necesidad primaria de la ciudadania: que se ocupe de su seguridad”. Texto original de Goldstein, H. Remarks on “zero tolerance” at SUNY Albany conference on zero tolerance policing initiatives. Legal and policy perspective. En: Criminal law bulletin, n.º 35(4), pp. 370-373.

(52) Wilson, J. Q. y Kelling, George L. “Ventanas rotas: la policía y la seguridad en los barrios. Delito y sociedad”. En: Revista de ciencias sociales n.º 15-16, p. 73.

(53) Véase al respecto, Shearing y Wood (pp. 51-82).

(54) Wilson y Kelling, ob. cit., p. 75.

(55) Shearing y Wood (p. 20). Adicionalmente no sobra recordar que en los análisis de la microfísica del poder, por lo menos los que se inspiran en el marco analítico de Vigilar y castigar, Foucault sostiene esta idea de que el poder no se posee: “El estudio de esta microfísica supone que el poder que en ella se ejerce no se conciba como una propiedad, sino como una estrategia, que sus efectos de dominación no sean atribuidos a una “aproximación”, sino a disposiciones, a maniobras, a tácticas, a técnicas, a funcionamientos, que se descifre en él una red de relaciones siempre tensas, siempre en actividad, más que un privilegio que se podría detentar; que se le dé como modelo la batalla perpetua más que el contrato que opera un traspaso, o la conquista que se apodera de un territorio” (Foucault, Michel. Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, p. 36).

(56) Ibíd., p. 22: “En lo esencial Smith estaba en lo cierto cuando afirmaba que las instituciones no estatales son las que mejor funcionan para la provisión del gobierno (y que los mercados son vehículos útiles para ello), pero se equivoca cuando afirma que los mercados operarían en pos del bien común”.

(57) Ibídem.

(58) Ibíd., p. 21.

(59) Ibídem: “La capacidad de la policía para ordenar que terceros participen en el control del delito, valiéndose para su finalidad de otros cuerpos legales que no fueron concebidos para controlar el delito, como la ley civil y de sanidad, entre otras; un ejemplo claro de ello es que la policía puede obligar a un propietario a desalojar a un inquilino que ha participado en actividades delictivas o desórdenes”.

(60) Al respecto véase Cita, Ricardo: “(...) el Derecho Penal de la seguridad y del riesgo, cuya función principal es la contención de amenazas y la lucha contra la criminalidad”.

(61) La referencia hace parte del artículo “The Limits of the Sovereign State. Strategies of Crime Control in Contemporary Societies”, en British Journal of Criminology (1996) de David Garland. Citado en (Sozzo, p. 106) “... en el contexto de los gobiernos liberales que establecían un libre mercado, un Estado mínimo y la libre elección promovieron una visión del delito bajo estos entendidos, lo que Garland denominó ‘criminologías de la vida cotidiana’”.

(62) Al respecto, véase Wilson y Kelling.