Remisión de las deudas aduaneras y cambiarias

Revista Nº 193 Ene.-Feb. 2016

El artículo 54 de la Ley 1739 del 2014 consagró nuevas reglas para la remisibilidad de algunas obligaciones tributarias a cargo de los contribuyentes, modificando en tal sentido el contenido del artículo 820 del estatuto tributario, que se ha pretendido reglamentar mediante la expedición del Decreto 2452 del 17 de diciembre del 2015.

La remisión no es otra cosa que uno de los modos de extinguir las obligaciones, previsto por la legislación civil a manera de condonación de las deudas (C.C. arts. 1711 a 1713).

Con este propósito, la DIAN podrá suprimir de los registros y cuentas de los contribuyentes las deudas a su cargo correspondientes no solo a obligaciones tributarias, sino también a las aduaneras y cambiarias, bajo las siguientes modalidades:

a. Los Directores Seccionales de Impuestos y/o Aduanas Nacionales están facultados para hacerlo respecto de las personas de su jurisdicción que hubieren fallecido sin dejar bienes, cualquiera sea el número de obligaciones y el monto de las mismas, siempre que se cuente con una copia del registro de defunción del deudor, se haya realizado por lo menos una investigación de bienes con resultado negativo y se verifique que no se presente la posibilidad de modificar la obligación insoluta ante la existencia y aplicación de títulos de depósito judicial, compensaciones o demás registros.

b. Por su parte, el Director General y los Directores Seccionales de Impuestos o de Impuestos y Aduanas Naciones —a quienes les haya sido delegado esta facultad—, podrán declarar la remisibilidad de las deudas de los contribuyentes por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y demás obligaciones aduaneras y cambiarias, incluyendo sanciones, intereses, recargos, actualizaciones y costas del proceso cuyo cobro esté a cargo de la DIAN, dependiendo del monto de la deuda y del tiempo que haya trascurrido desde la fecha en que tales obligaciones se hicieron exigibles, así: i) Si el vencimiento de una o más obligaciones supera los 54 meses, la condonación recaerá sobre todas y cada una de las deudas que en forma individual no superen los 159 UVT de ese momento, tomando como base el valor de cada obligación principal —sin incluir otros conceptos como intereses, actualizaciones, ni costas del proceso—, para lo cual se deberá previamente adelantar una gestión de cobro que involucre la realización de por lo menos una investigación de bienes con resultado negativo —tanto al deudor principal como a los solidarios y/o subsidiarios—, la constatación de no existir bienes embargados o garantías que respalden la deuda, la práctica de embargos de sumas de dinero sin respuesta en un mes o con respuesta negativa, el requerimiento de pago al deudor realizado por cualquier medio, y la verificación de la existencia y aplicación de títulos de depósito judicial, compensaciones o demás registros que puedan modificar la obligación; ii) Si se adeuda una o más obligaciones cuya sumatoria total a la fecha de expedición del acto administrativo sea superior a 40 UVT y hasta 96 UVT de ese momento —en esta oportunidad sin incluir sanciones, intereses, recargos, actualizaciones y costas del proceso—, que tengan una fecha de vencimiento menor de 54 meses, pero que la obligación más reciente supere los 18 meses, el beneficio procederá sin necesidad de determinar previamente la existencia de bienes o de derechos a favor del deudor, adelantando, eso sí, las gestiones de cobro encaminadas a determinar el valor real y la totalidad de las obligaciones adeudadas a cargo del deudor, a verificar que no se presente la posibilidad de modificar la obligación insoluta ante la existencia y aplicación de títulos de depósito judicial, compensaciones o demás registros, y a requerir el pago al deudor por cualquier medio; iii) Finalmente, habrá lugar a suprimir las deudas cuya sumatoria total a la fecha de expedición del acto administrativo no superen 40 UVT del momento —lo que tampoco incluye sanciones, intereses, recargos, actualizaciones y costas del proceso—, siempre y cuando desde la exigibilidad de la obligación más reciente hayan transcurrido 6 meses, sin que para el efecto tampoco se requiera determinar la existencia de bienes del deudor, aunque sí adelantar las mismas gestiones de cobro que en el caso anterior.

Para determinar la existencia de bienes del deudor —en los dos eventos en que ello es necesario— la DIAN utilizará los convenios interadministrativos con que cuente o, de lo contrario, deberá oficiar por correo electrónico a las oficinas o entidades de registros públicos, de propiedad intelectual, de marcas, de registros mobiliarios, así como a entidades del sector financiero, para que informen sobre la existencia o no de bienes o derechos a su favor, cuya respuesta se entenderá negativa si no es recibida dentro del mes siguiente al envío de la solicitud.

Si bien, el Decreto 2452 del 2015 cumple su cometido de determinar las gestiones de cobro exigidas por el legislador para declarar la remisibilidad de las obligaciones —cuando para ello no sea necesario determinar previamente los bienes del deudor—, nuevamente se desperdicia el ejercicio de la potestad reglamentaria para solucionar los verdaderos problemas de aplicación derivados de la confusa regulación legal.