Reparando la confianza pública(1). Comentarios sobre un esfuerzo legal

Revista Nº 12 Oct.-Dic. 2002

Hernando Bermúdez Gómez 

(Colombia) 

Abogado. Director del Departamento de Derecho Económico, y de la especialización en Derecho de Sociedades, Pontificia Universidad Javeriana. 

Consultor independiente, Colombia 

Dos cuestiones previas a manera de introducción

Haciendo normas

Una es la forma como se debieran hacer las normas jurídicas, en concreto la ley, y otra la forma como realmente se hacen las leyes.

La forma teórica entusiasma. La forma real muchas veces deprime.

La forma teórica plantea un procedimiento cuya observancia permitiría atribuir calidad a la norma. El procedimiento real usado para hacer las leyes pone en evidencia la fragilidad del sistema estatal, el cual se encuentra sometido al arbitraje.

La forma teórica busca la hechura de leyes saludables para el bien común. La forma real se queda en el equilibrio de fuerzas opuestas que finalmente se acomodan en un consenso. ¿Expresa este consenso lo mejor para el interés público? No necesariamente. La más de las veces expresa el parecer de los fuertes y soslaya la opinión de los débiles.

La forma teórica pasa por la sociología jurídica, por las ciencias, la política jurídica y por la dogmática jurídica.

La vida es teóricamente el principio de las normas. La observación de la vida, a través de los métodos de la sociología jurídica, nos permite conocer cómo actúa el derecho en una sociedad. Nos indica si las normas son o no respetadas por la sociedad y, en ese último caso, la manera como las normas son acatadas. Nos señala si su observancia produce el bien que supuestamente encarnan(2). Nos presenta los conflictos sociales no resueltos. Nos advierte de los anhelos y pareceres de la sociedad.

Dejando de lado la revelación(3), no tenemos sino un lugar al cual acudir para encontrar la solución de los problemas sociales: la ciencia(4). El conocimiento organizado, universal, tenido por válido, es interpelado para hallar la respuesta que demanda la vida en sociedad.

Existen cuestiones científicas ampliamente aceptadas. Mas solo son “verdad” tanto en cuanto aún no se han demostrado falsas. Existen planteamientos científicos que aún no han alcanzado un consenso aprobatorio. Sea uno u otro el caso, para la razón humana solo la ciencia es confiable para encontrar respuesta a los problemas sociales.

Pero adviértase que las soluciones científicas con propósitos sociales deben pasar por el filtro de la ciencia política. Posibilidad y conveniencia son dos asuntos cruciales en la elección de una solución para los problemas sociales. La solución se debe poder llevar a cabo en las circunstancias reales del pueblo al cual ella pretende dirigirse. La solución debe implicar mayor beneficio que costo social. La solución debe ser aquélla que parezca mejor(5).

Elegida una solución es necesario convertirla en norma. Teóricamente, la dogmática nos suministraría el método (técnica jurídica) necesario para plasmar la solución en una regla comprensible, admisible, eficaz(6).

Por otra parte, las buenas normas serían las que se hicieran mediante la participación de los interesados(7). Las que se generaran en forma transparente, es decir, mediante procedimientos y procesos sometidos permanentemente al escrutinio social y que, en consecuencia, darían lugar a soluciones “esperadas”. Las que expresaren un consenso(8) y no una imposición(9).

El usual carácter reactivo de las normas

Si se medita sobre lo expuesto en el aparte anterior se entenderá por qué las normas suelen ser más reactivas que predictivas.

Aunque en veces quisiéramos que fuese lo contrario, las normas suceden a los hechos más que ser los hechos fruto de las normas.

Desde la perspectiva que estamos utilizando, las normas son consecuencia de los hechos. Los problemas sociales provocan normas.

Este carácter reactivo de las normas no pone en duda su pretensión. Las normas pretenden gobernar los hechos. Más correctamente, las normas tienen el propósito de sujetar las conductas humanas. Por la sociología jurídica sabemos que las normas no logran dominar los hechos sino, apenas, sugerir u orientar las conductas. La libertad de los hombres y su constante crítica de las reglas, hacen que éstas se obedezcan o no, según convenga.

Tanto en cuanto comprendamos que las normas son reactivas —se producen a partir de los hechos, interpelando la ciencia y sometiendo a la prudencia de la política las soluciones científicas— entenderemos por qué la dogmática no crea sino que copia, no inventa sino que adopta, no postula sino que admite(10).

Así las cosas, raramente encontraremos algo “nuevo” en la ley. Usualmente lo que advertiremos es la adopción de las “mejores prácticas”. Ante el problema social se produce una investidura. Las que aparezcan como mejores soluciones serán convertidas en reglas(11).

Digamos por otra parte que, no obstante su aspiración de estabilidad —a la cual nos referimos usualmente como “seguridad jurídica”—, las normas no pueden sobrevivir sin cambios. Mientras las normas se esfuerzan por permanecer, la vida sigue adelante recreando permanentemente lo social. De alguna manera todo es viejo y simultáneamente nuevo. Así la norma sirve pero no sirve. Responde pero no responde. Por lo mismo las normas nuevas son normas viejas. Recrean, ajustan, mejoran lo anterior.

Una de las mayores causas de la crisis de una norma es la capacidad de sus destinatarios de desobedecerla. Entre otros fenómenos se encuentra este: la norma, inerme, es sometida a una extrema fijación de su alcance. Se interpreta así y no asá. Dice esto pero no aquello. Y en el asá, en lo que no dice, se fincan muchas conductas porque ello es conveniente(12). Finalmente, lo que está fuera de la ley se convierte en un problema social. Cuando la libertad traspasa el límite de lo honesto, desencadena perjuicio. Entonces el aparato social reacciona. Cambia la ley con la aspiración de que ella vuelva a comprender las conductas(13).

La fragilidad de las normas es mucho mayor en la realidad que en la teoría. Por ser el fruto de “pactos de paz” entre fuerzas opuestas signadas por sus propios intereses, tan pronto esos consensos se erosionen —es decir, cuando las fuerzas se recompongan— las normas explotarán.

La urgencia social provoca muchas normas improvisadas, aprobadas sin las consultas necesarias, concebidas sin el cuidado debido, fruto de manos inexpertas y, lamentablemente, sugeridas y patrocinadas por los fuertes sin consideración para con los débiles. En la expedición de la ley tiene un papel significativo el “oportunismo”.

Objeto y límites de este discurso

En las líneas que siguen haremos algunos comentarios sobre el “Sarbanes-Oxley Act of 2002”, expedido por el Congreso de los Estados Unidos de América “(...) Para proteger a los inversionistas mejorando la exactitud y fiabilidad de los descubrimientos corporativos hechos para los fines de las leyes sobre inversiones, y para otros propósitos (...)”.

Al estudiar una ley de otro país, nos mueve la necesidad de aprender de los demás. Y la convicción de que, en una u otra forma, esa respuesta legal tendrá un impacto entre nosotros(14). Por esto, inevitablemente, aparecerá una referencia a la situación colombiana.

Antes de proseguir, es necesario que pongamos de presente nuestros límites. En primer lugar se encuentra nuestro precario conocimiento de la cultura estadounidense. Y, dentro de él, nuestra pobre ilustración sobre su sistema jurídico(15). A lo que hay que añadir nuestra limitada capacidad para comprender el idioma inglés y, como consecuencia de lo anterior, la jerga legal(16).

De manera que lo que sigue es frágil. Pongo mi esperanza en quienes sabrán corregirme.

El restablecimiento de la información financiera

Al tiempo que se busca y exige fidelidad de la información financiera, fuerza reconocer su carácter imperfecto y meramente probable(17).

Hemos conocido dos formas de corregir la información contable ya difundida: la que impone el restablecimiento de la información (efecto retroactivo) y la que prefiere la corrección futura (efecto actual y prospectivo).

En Colombia, por regla general, preferimos el método actual y prospectivo, afectando el estado de resultados actual con la corrección de los errores contenidos en la información anterior. Excepcionalmente, nuestras leyes consagran un procedimiento con virtualidad retroactiva, al que la Ley número 222 de 1995 denominó rectificación de los estados financieros(18).

En la actualidad, el proyecto de mejoras a las normas internacionales de contabilidad, expuesto públicamente por IASB(19) para ser comentado por los interesados(20), contiene la propuesta de hacer obligatorio el uso del método retroactivo, tanto en cuanto imputa las cosas a los períodos a los cuales corresponden como porque así se protege la homogeneidad de las secuencias de información histórica(21).

La historia que está detrás de la ley que pretendemos comentar cobró importancia cuando una inmensa corporación (Enron(22)) anunció que restablecería sus estados financieros para corregir información que ya se había difundido, en cuantías que resultaban materiales(23).

La información financiera emitida por las grandes corporaciones cuyas partes de capital se negocian públicamente en los mercados de valores, es uno de los insumos que se utiliza para determinar los precios de tales partes(24). Al restablecerse la información financiera en forma tal que se mostró una significativa reducción en el patrimonio, el precio de las acciones en la bolsa se “desplomó”.

Entonces cobraron importancia muchos estados financieros restablecidos en el pasado(25). Adicionalmente se anunciaron y se presentaron otros estados financieros restablecidos(26).

El pánico invadió el mercado. Muchas personas veían perder rápidamente valor a sus inversiones, sintiéndose muy afectadas en cuanto éstas consistían en la colocación de sus ahorros para propósitos de jubilación(27).

Aun sin conocer con certeza los detalles de las situaciones que originaban el restablecimiento de la información financiera, la comunidad de negocios fue sorprendida por la noticia de una posible destrucción masiva de evidencia por parte de una muy importante firma de auditoría(28).

Así, con todo por investigar, el restablecimiento de la información financiera mostrando patrimonios inferiores a los previamente revelados y la gran duda sobre la honestidad de los sistemas de aseguramiento, dañó sensiblemente la confianza pública en el sistema de informes financieros estadounidense.

El Congreso al rescate

El inmenso malestar de los inversionistas, la baja rápida y profunda de los precios de las acciones, la desconfianza sobre la información financiera, primeramente asociada a la debilidad de las normas contables y a la posible complicidad de los auditores, se unió al hecho que los principales supervisores gubernamentales, organizados como agencias federales, obran como delegados por el Congreso(29).

El Congreso de los Estados Unidos de América se llenó de investigaciones, las cuales se practicaron principalmente por el Comité sobre Banca, Vivienda, y Asuntos Urbanos del Senado(30) y el Comité sobre Servicios Financieros de la Cámara de Representantes(31).

Las investigaciones del Congreso se dieron a conocer públicamente, a través de archivos de sonido y luego mediante las transcripciones escritas de las audiencias. El Congreso publicó un número apreciable de documentos recogidos durante su investigación(32).

Fueron citados para dar testimonio directores y funcionarios de las corporaciones en cuestión, miembros de las firmas a cargo de su auditoría, representantes de los supervisores gubernamentales, las agencias reguladoras de la contabilidad y la auditoría, los gremios y muchos expertos. Los congresistas hicieron cola para manifestarse al respecto.

Se iniciaron, paralelamente, acciones disciplinarias, comerciales y penales. La demanda por destrucción de documentos, el proceso de bancarrota al cual se acogieron las corporaciones implicadas, las investigaciones iniciadas por las agencias federales, se pudieron seguir, paso a paso, a través de los textos disponibles en la Internet(33).

Los congresistas congestionaron las cámaras con multitud de proyectos de ley(34).

Todos los medios de comunicación difundían diariamente noticias y opiniones al respecto.

Se produjo un consenso sobre la necesidad de una acción legislativa fuerte y rápida.

El propio presidente de los Estados Unidos se refirió al problema y pidió una pronta acción legislativa(35).

Las prácticas que dieron lugar a tal hecatombe fueron saliendo a la luz pública. Hábilmente se asociaron incluso con el Presidente Bush. Se abrió un “expediente” político.

La “federación” Andersen se desintegró. Las unidades fuera de los Estados Unidos de América aprovecharon su independencia jurídica, cambiaron de nombre, se fusionaron con otras organizaciones, vendieron partes de su negocio...

Todo eso desembocó en una clara acción legislativa: el “Sarbanes-Oxley Act of 2002”, la Ley 107-204(36).

Algunas observaciones faciales

Tamaño de la ley

Nos encontramos ante una larga ley (66 páginas en su versión en inglés presentada bajo el formato pdf).

Una precaria traducción al español la convierte en 78 páginas, conformadas por 1.047 párrafos, 3.360 líneas, 32.655 palabras y 203.537 caracteres incluyendo espacios(37).

Partes o divisiones de la ley

La Ley se divide en secciones las cuales se agrupan en títulos. La sección 1, como suele hacerse en los Estados Unidos de América, incluye el índice de la norma:

 

El número de secciones por títulos puede verse a continuación:

 

Numeración interna

La forma interna de numeración de las secciones es bastante inusual en nuestro medio:

 

Cita de textos legales

Otro asunto que conviene destacar radica en la invocación precisa que se hace de las normas que se quiere modificar, por ejemplo:

“(...) La Sección 3(a)(47) de la ley reguladora de las bolsas de 1934 (15 U.S.C. 78c(a)(47)) se enmienda insertando “The Sarbanes-Oxley Act of 2002”, antes de “el Público”. (...)”.

Código de los Estados Unidos

La sigla U.S.C. hace referencia al código de los Estados Unidos. Para ilustrar sobre él nos remitimos a las explicaciones que aparecen en http://uscode.house.gov/about.htm(38):

“About the Office and the United States Code

The Office of the Law Revision Counsel of the U.S. House of Representatives prepares and publishes the United States Code pursuant to section 285b of title 2 of the Code. The Code is a consolidation and codification by subject matter of the general and permanent laws of the United States.

The Code does not include regulations issued by executive branch agencies, decisions of the Federal courts, treaties, or laws enacted by State or local governments. Regulations issued by executive branch agencies are available in the Code of Federal Regulations. Proposed and recently adopted regulations may be found in the Federal Register.

Certain titles of the Code have been enacted into positive law, and pursuant to section 204 of title 1 of the Code, the text of those titles is legal evidence of the law contained in those titles. The other titles of the Code are prima facie evidence of the laws contained in those titles. The following titles of the Code have been enacted into positive law: 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 23, 28, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 46, and 49.

Titles 1 to 50 are based on the 2000 edition (January 2, 2001) of the Code. The Table of Popular Names, the Organic Laws and Tables I-IX are based on Supplement V (January 23, 2000) to the 1994 edition of the Code. Each section of the Code database contains a date in the top-right corner indicating that laws enacted as of that date and affecting that section are included in the text of that section. When a search is made for a specific section of the Code, as opposed to a search for certain words appearing in the Code, the hit list will include an “Update” item listing any amendments not already reflected in the text of that section.

The Classification Tables include Public Law 106-171 through Public Law 107-210, approved August 6, 2002. The tables show where recently enacted laws will appear in the Code and which sections of the Code have been amended by those laws. They provide a separate method of identifying any amendments to a section not already reflected in the text of that section.

While every effort has been made to ensure that the Code database on the web site is accurate, those using it for legal research should verify their results against the printed version of the United States Code available through the Government Printing Office. (…)”.

Mantenimiento del sistema

Son varias las normas mediante las cuales se modifican otras, manteniendo así la sistematización del cuerpo normativo. Por ejemplo:

“(...) (a) ENMENDADURA A LA LEY SOBRE INVERSIONES DE 1933 - La Sección 19 de la Ley sobre Inversiones de 1933 (15 U.S.C. 77s) se enmienda--

(1) Reclasificando las subdivisiones (b) y (c) como las subdivisiones (c) y (d), respectivamente; y

(2) Insertando después de la subdivisión (a) lo siguiente: (...)”

Conservación de las competencias

También es de resaltar la manera como la ley respeta las competencias de las distintas unidades estatales, absteniéndose de legislar sobre los asuntos que son de competencia de éstas. Por ejemplo:

“(...) (c) AUTORIDAD DE EMERGENCIA Y FECHA TOPE PARA LA ACCIÓN DE LA COMISIÓN - Se pide a la Comisión de Sentencias de los Estados Unidos promulgar las pautas o enmiendas señaladas bajo esta sección en cuanto sea factible, y en todo caso no después que los 180 días luego de la fecha de promulgación de este Acto, de acuerdo con los procedimientos determinados en la sección 21(a) del Acto Reforma de las Sentencias de 1987, como si la autoridad bajo ese Acto no hubiera expirado. (...)”.

Una lección repetida

A pesar de que aún no hemos descrito las normas consagradas por la ley en cuestión, ya es posible recalcar una lección que la historia nos muestra con frecuencia.

Los pueblos pueden tener distintas posiciones sobre la acción legislativa(39). Los hay que apoyan la mínima intervención necesaria y los que, en cambio, propenden por la expedición de leyes para dirigir la mayor cantidad de conductas sociales(40).

Sea una u otra la posición adoptada, se espera que las leyes se cumplan de buena fe y, en todo caso, con respeto de los principios y valores que forman parte de las reglas de juego aunque no estén escritos —el derecho natural para unos, el “common law” para otros, los principios generales del derecho para aquéllos—.

Cuando las leyes no se observan, o cuando se observan pero violentando las reglas de juego subyacentes, se provoca una reacción legislativa, demandada por los pueblos casi como única salida.

Esa es la historia de los principios de contabilidad en Colombia. Si la profesión contable y la comunidad empresarial hubiesen acordado unas reglas de juego honestas y las hubieran respetado, no nos habríamos enfrentado a la explosión legislativa, reglamentaria, reguladora, jurisprudencial y doctrinal que hoy padecemos, de manos de una multiplicidad de actores y reactores(41).

La normatización de las conductas sociales se hace a costa de la libertad. Solo la historia es capaz de demostrar la conveniencia de tales acciones, generalmente irrevocables.

Así pues, el derecho de sociedades, el derecho bursátil, el derecho penal, el derecho administrativo, el derecho contable, se invocaron y se han hecho presentes, en la vida estadounidense como respuesta a un clamor social.

Algún día esta lección de la historia servirá para comprender el inmenso daño que hacen los intérpretes y ministros de la ley que se esfuerzan, amparados en el casuismo, en encontrar y argumentar sobre las zonas de libertad no reguladas(42), sin considerar que con ello, en realidad, están eludiendo el debido comportamiento y provocando sucesivas regulaciones que ahogan cada vez más las comunidades(43).

Aquella famosa y lapidaria frase según la cual “las leyes se obedecen pero no se cumplen” no solo expresa una lastimosa característica cultural. Expresa también el flaco servicio que los intelectuales hemos prestado al sistema jurídico, ensayando en defensa de nuestros clientes, argumentos que hacen lícito lo ilícito, con base en una retorcida hermenéutica, parapetada en las palabras y en un apropiado conjunto de axiomas lógicos.

Los afectados

Al comienzo del debate generado por la secuencia de informaciones que causaron gran desasosiego, parecía que las normas de contabilidad terminarían siendo las principales culpables de la situación.

En donde vamos, la lista de “inculpados” y “comprometidos” es bien larga.

El sistema de adopción de normas contables

En teoría habría dos maneras principales de regular la contabilidad: mediante estándares acogidos a través de sistemas de autorregulación de la profesión o mediante normas expedidas por el gobierno.

Los sistemas de autorregulación están muy extendidos pero no se conservan puros. En primer lugar, otra vez, existe un fuerte conflicto de interés en que una profesión se fije a sí misma sus propias reglas de juego. En segundo lugar, existen otras muchas partes con gran interés en la regulación contable: los inversionistas, los empleados, los financieros, el gobierno... (44).

Los sistemas de regulación gubernamental se pueden observar por doquier. Se les critica porque tampoco el gobierno es neutral —sobre todo cuando las normas contables sirven para la determinación de impuestos—, por su constante evasión a la participación ciudadana, por la falta de nivel académico...(45).

En Estados Unidos de América, concretamente respecto de las corporaciones cuyas partes de capital se negocian públicamente en los mercados de valores, desde la década de los años 30, una agencia federal, la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), ha tenido la capacidad de expedir reglas en materia contable.

La SEC decidió aceptar, a través de sus reglas, las normas expedidas por la profesión contable (AICPA(46)) y luego por un organismo regulador independiente (FASB(47)). La SEC trabajaba estrechamente con el regulador y a través de sus intervenciones privadas y públicas le fijaba claros derroteros.

Como se lee en http://www.fasb.org/facts/index.shtml(48):

“(…) Since 1973, the Financial Accounting Standards Board (FASB) has been the designated organization in the private sector for establishing standards of financial accounting and reporting. Those standards govern the preparation of financial reports. They are officially recognized as authoritative by the Securities and Exchange Commission (Financial Reporting Release Nº 1, Section 101) and the American Institute of Certified Public Accountants (Rule 203, Rules of Professional Conduct, as amended May 1973 and May 1979). Such standards are essential to the efficient functioning of the economy because investors, creditors, auditors and others rely on credible, transparent and comparable financial information.

The Securities and Exchange Commission (SEC) has statutory authority to establish financial accounting and reporting standards for publicly held companies under the Securities Exchange Act of 1934. Throughout its history, however, the Commission’s policy has been to rely on the private sector for this function to the extent that the private sector demonstrates ability to fulfill the responsibility in the public interest. (…)”.

En medio de la crisis, SEC acusó de cierta lentitud a FASB. FASB explicó el sentido y alcance de sus normas y retó a la comunidad a que indicara cuál pudiera ser un cuerpo normativo que superara el emitido por ella.

Finalmente, los cuerpos reguladores de la contabilidad y el sistema mismo de contabilidad fueron objeto de normas expedidas por el Congreso. El sistema de adopción pervive pero ha perdido influencia y debe someterse a nuevas condiciones legales.

Los auditores

Los mecanismos de auto supervisión de la profesión contable

La profesión contable, al menos la profesión pública(49), resulta gravemente afectada(50). La profesión había venido creando sistemas de auto supervisión, como el “peer review” y había patrocinado organizaciones no gubernamentales para que con independencia efectuaran regularmente una supervisión sobre la práctica.

Se explica en http://www.aicpa.org/members/div/secps/report/secps.htm(51):

“(…) The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) SEC Practice Section (the SECPS or Section) was founded in 1977 as a voluntary organization of CPA firms striving for professional excellence in the auditing services they provide to SEC registrants. In January 1990, AICPA members adopted a bylaw change requiring members that engage in the practice of public accounting with a firm auditing one or more SEC clients to belong to a firm that is a member of the section. Membership in the section and participation in its peer review program complement the self-regulatory activities of the AICPA, and ensure a quality practice before the Securities and Exchange Commission (SEC). (…)”.

La revisión practicada por pares es un instrumento muy extendido en los Estados Unidos(52), utilizado no solo por los contadores sino por una gran gama de actividades y profesiones. Se basa en la idea que no hay nadie mejor que otro practicante para evaluar correctamente la gestión de un “par”. A la postre, aunque el sistema conserva validez, se le ha puesto en duda por el conflicto de interés que inevitablemente alberga la comunidad de practicantes respecto de su propia práctica.

Por otra parte, se encontraba el Public Oversight Board (POB). Son varios y muy conocidos sus informes. Según se lee en http://www.publicoversightboard.org/about.htm(53):

“About the POB

The Public Oversight Board (POB) is the cornerstone of the self-regulatory system that oversees the accounting profession in the United States. The POB exists to help assure regulators, investors and the public at large that audited financial statements of public corporations can be relied upon to provide an accurate picture of the financial health of those companies.

The POB was created in 1977 as an independent private sector body charged with overseeing and reporting on the programs of the SEC Practice Section (SECPS), also created in 1977 by the American Institute of Certified Public Accountants. The SECPS is composed of accounting firms that audit the financial statements of some 17,000 public corporations that file reports with the Securities and Exchange Commission. The SECPS establishes quality control requirements for member firms. In this regard, it requires that each member firm undergo peer review every three years. It also reviews allegations of audit failure to determine if there is any breakdown in a firm’s quality control system.

In February of 2001, a Charter for the POB was announced which strengthens and broadens the Board’s oversight of the accounting profession. The Charter authorizes the POB to oversee not only the SEC Practice Section, but also the Auditing Standards Board and the Independence Standards Board.

Funded by dues paid by SECPS members, the POB is autonomous. The five board members represent a broad spectrum of business, professional, regulatory, and legislative experience. Its independence is assured by the power to set its own budget, establish its own operating procedures, and appoint its own members, chairperson, and staff.

The following resolution was passed by the POB on January 20, 2002:

Be it resolved, after due consideration of the importance of effective self-regulation as one aspect of the oversight of the accounting profession, but with recognition of the obstacles to achieving this goal which have been encountered in recent years, and given the proposal of the SEC in consultation with the AICPA and the SEC Practice Section Executive Committee, without input from the Public Oversight Board, to reorganize the self-regulatory structure, the POB intends to terminate its existence pursuant to Section IX of the POB Charter no later than March 31, 2002.

The March 31 date is selected to provide time needed for coordination with the SEC Practice Section and for transitioning important tasks now underway, such as monitoring the implementation of the recommendations of the Panel on Audit Effectiveness; overseeing the Auditing Standards Board, the SEC Practice Section, the Peer Review Committee and the Quality Control Inquiry Committee; conducting the special independence reviews of the Big 5 accounting firms; and, based upon the POB’s more than 20 years’ experience, offering suggestions as to how the existing self-regulatory structure, now rendered largely ineffectual, might be substantially strengthened. The members of the POB believe that its professional staff can be a continuing resource beyond March 31 in assisting in the creation of a new and effective self-regulatory regime.

In order to provide for an orderly transition of its responsibilities, the POB extended the termination date to May 1, 2002, at which time it passed a resolution terminating the POB effective immediately. At that time, the POB members also indicated their preparedness to individually or collectively offer their advice or other assistance in establishing an effective oversight mechanism in the private sector for the accounting profession that audits public companies.”

Como se explicará en otro momento(54), el legislador estadounidense decidió crear y regular una entidad de naturaleza legal que se encargue de vigilar las firmas de contabilidad públicas. Ni siquiera las empresas extranjeras de contabilidad pública podrán colocarse fuera de este nuevo modelo de supervisión. A este nuevo cuerpo corresponderá la preparación de normas sobre auditoría, control de calidad e independencia como se explicará más adelante.

Respecto de la Unión Europea consúltese “32001H0256 - Recomendación de la Comisión, de 15 de noviembre de 2000, sobre el control de calidad de la auditoría legal en la Unión Europea: requisitos mínimos (texto pertinente a efectos del EEE) [notificada con el número C(2000) 3304] Diario Oficial Nº L 091 de 31/03/2001 p. 0091 – 0097”(55)

La independencia de los auditores

La independencia es una condición de objetividad, característica esencial de toda opinión de auditoría.

Pero, de otra parte, las barreras que se colocan para defender la independencia actúan como obstáculos para participar en los mercados y, en consecuencia, pueden ser usadas torcidamente para, so pretexto de defender la independencia, establecer en realidad limitaciones a los competidores.

El debate sobre la independencia ha sido largo y público. La cuestión llegó a provocar la organización de un comité ad hoc para ocuparse de ella: Independence Standards Board (ISB).

Sobre los orígenes y propósitos de ese comité ad hoc se puede leer en la página http://www.cpaindependence.org/textview.php3?doc_id=whatdoes(56):

“(...) The Independence Standards Board (“ISB” or “Board”) was developed from discussions between the American Institute of Certified Public Accountants (“AICPA”), other representatives of the accounting profession, and the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”). The various securities laws enacted by Congress and administered by the SEC recognize that the integrity and credibility of the financial reporting process for public companies depends, in large part, on auditors remaining independent from their audit clients. The operating policies of the ISB that follow are designed to permit timely, thorough, and open study of issues involving auditor independence and to encourage broad public participation in the process of establishing and improving independence standards. The objective of the ISB’s policy of openness and public participation is to stimulate public consideration and debate on matters relating to its objective and mission. All of the ISB’s constituencies, including members of the public, are encouraged to express their views on matters under consideration in order to stimulate constructive public dialogue (...)”.

Pero también este instrumento es ahora cosa del pasado. Como se lee en http://www.sec.gov/news/press/2001-72.txt(57):

“(...) Washington, DC, July 17, 2001 -- The Securities and Exchange Commission (SEC) and the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), with the agreement of members of the Independence Standards Board (ISB), today announced that the ISB will discontinue its operations effective July 31, 2001.

The ISB was created in 1997 through an agreement between the SEC and the AICPA to initiate research, develop standards, and engage in a public analysis and debate of auditor independence issues. During its tenure, the ISB made significant contributions in many areas, such as improving communications between audit committees and auditors regarding auditor independence issues, and clarifying the impact on an auditor’s independence of certain financial investments and of professionals leaving an accounting firm to work for one of the firm’s audit clients. Much of the ISB’s work was incorporated into the SEC’s new auditor independence rules, which were adopted in November 2000.

With the adoption of the SEC’s new rules and the strengthening of the AICPA’s Professional Ethics Executive Committee through the addition of public members, all parties agreed that the ISB has largely fulfilled its mission and that there is no longer a need for a group with the composition and structure of the ISB (...)”.

Por otra parte, la GAO (General Accounting Office)(58), a quien corresponde la regulación de la auditoría gubernamental, la cual se traslapa con la auditoría privada en las entidades que reciben ayuda federal(59), también expidió un renovado cuerpo de normas sobre independencia.

Como puede verse en http://www.gao.gov/press/pressreleaseqa.pdf(60):

“GAO PRESS STATEMENT

Tuesday, July 2, 2002

Today, David M. Walker, Comptroller General of the United States and head of the U.S. General Accounting Office (GAO), announced release of important guidance on auditor independence requirements under Government Auditing Standards. These standards, which were first published in 1972 and are commonly referred to as the “Yellow Book,” cover federal entities and those organizations receiving federal funds. Various laws require compliance with the Comptroller General’s auditing standards in connection with audits of federal entities and funds. Furthermore, many states and local governments and other entities, both domestically and internationally, have voluntarily adopted these standards.

On January 25, 2002, GAO issued significant changes to Government Auditing Standards related to auditor independence, which substantially changed the previous standard especially regarding nonaudit, or consulting services. In issuing the new standards in January, the Comptroller General stated that protecting the public interest and ensuring public confidence in the independence of auditors of government financial statements, programs, and operations, both in form and substance, were the overriding considerations in his decision to issue these new standards. At the time, the Comptroller General urged the American Institute of Certified Public Accountants to raise its standards to those contained in Government Accounting Standards.

Because of the new independence standards’ significant effect on audit organizations, when GAO issued the standard, it indicated plans to subsequently provide further guidance to assist in its implementation. This new guidance responds to questions related to the independence standards’ effective date, implementation time frame, underlying concepts, and application in specific nonaudit circumstances.

In releasing this guidance, the Comptroller General emphasized that “recent private sector accounting and reporting scandals have served to re-enforce the critical importance of having tough but fair auditor independence standards to protect the public and insure the credibility of the auditing profession.” He again called on other standard setters “to follow the lead of government auditors by adopting principle-based standards that make clear that auditors are to be independent in both fact and appearance (...)”.

Finalmente, la discusión ha recibido un empujón. El Congreso de los Estados Unidos de América ha tomado partido sobre ciertas cuestiones relativas a la independencia de los auditores. Lo que viene es una fuerte recomposición de los mercados y de las prácticas de auditoría.

La estabilidad de los auditores

Varias ideas contrarias hay que enfrentar para entender debidamente el asunto de la estabilidad de los auditores.

Por un lado, un auditor solo adquiere un suficiente y adecuado conocimiento de un cliente en el curso de auditorías recurrentes. La primera vez que se practica una auditoría hay mucho por aprender. Con el paso del tiempo el auditor adquiere una mejor comprensión del cliente y logra usar ese conocimiento para mejorar la calidad de su auditoría.

Por el otro lado, la permanencia del auditor hace que vaya creando lazos de familiaridad con los funcionarios del cliente. Empieza a perder escepticismo y distancia. Se descuida y no logra intuir lo inesperado. Así la auditoria pierde calidad(61).

Desde otra óptica, ganar un cliente implica un enorme esfuerzo. Conservarlo hace de la respectiva relación económica una cuestión más productiva. Perderlo es enfrentarse a las múltiples consecuencias derivadas de la contracción de la cartera de clientes.

Pero la conservación del auditor por parte de los clientes es un gran problema para los otros prestadores de los mismos servicios. Estos no podrían crecer si no es ganando clientes. Y al ganarlos alguien los pierde(62).

Lo anterior no es otra cosa que la competencia en los mercados. ¿Cada cuánto un cliente debería promover un concurso para elegir su auditor? ¿Cada cuánto dejar lo conocido por lo desconocido? ¿Hasta qué punto las eventuales ofertas de precios menores que apareja un concurso, se justifican frente a los costos de tener un nuevo auditor? ¿Existe o no una relación de confianza del cliente en el auditor? ¿Debe sacrificarse esta confianza duramente construida?

Así llegamos al problema de establecer qué conviene al interés público. ¿Dejar al mercado, es decir, a los clientes, resolver si rotan o no a sus auditores? O ¿Imponer la obligación de cambiar los auditores cada cierto tiempo?(63)

En España la cosa se trata así:

“(...) 4. Los auditores serán contratados por un período de tiempo determinado inicial, que no podrá ser inferior a tres años ni superior a nueve a contar desde la fecha en que se inicie el primer ejercicio a auditar, pudiendo ser contratados anualmente una vez haya finalizado el período inicial.

No obstante, cuando las auditorías de cuentas no fueran obligatorias, no serán de aplicación las limitaciones establecidas en el párrafo anterior. (2) Nueva Redacción dada por la disposición adicional sexta de la Ley 2 de 1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada (BOE, 24 de marzo de 1995). Entrada en vigor a partir del 1º de junio de 1995. (...)”(64)

La cuestión se ha debatido en los Estados Unidos de América por más de una década. En 1992 (hace 10 años) AICPA sostuvo(65):

“(...) Mandatory audit firm rotation would not enhance audit quality or strengthen investor confidence in the objectivity of audits—already protected by numerous safeguards. To the contrary, rotation would be very costly and counterproductive to the advancement of the public interest. Moreover, it would at least be partly redundant since individual auditors responsible for the audits of public companies already must rotate.

Based on a number of studies and years of audit experience, the profession strongly believes that mandatory rotation would actually heighten the risk of audit failure by curtailing audit firm’s ability to get and keep the in-depth institutional knowledge of a client entity and its business which is critical to early discovery and resolution of problems that may threaten a business. The public interest lies in early warning and the prompt correction of errors or abuses that threaten the entities in which people invest. We believe audit firm rotation would retard progress toward this important goal. (…)”.

Pues bien: la ley que estamos comentando resolvió que los socios de auditoría deben rotar cada cinco años y, se está estudiando la rotación de la firma de auditoría.

En otros países, como el Reino Unido, la discusión apenas comienza(66).

¿Qué efectos económicos traerán consigo estas medidas? Sabemos que, sin duda alguna, habrá consecuencias. No sabemos cuáles serán ni si, finalmente, ellas serán buenas o malas. Esta es una buena “película” que habrá que ver.

Los mecanismos de autorregulación de la práctica profesional

De manera similar a lo que ya explicamos sobre las normas de contabilidad, la autoridad del mercado de valores tenía la capacidad de expedir normas de auditoría. Obsérvese(67) por ejemplo la siguiente sección del Código de los Estados Unidos de América:

TITLE 15 > CHAPTER 2B > Sec. 78j-1. Prev | Next

Sec. 78j-1. - Audit requirements

(a) In general. Each audit required pursuant to this chapter of the financial statements of an issuer by an independent public accountant shall include, in accordance with generally accepted auditing standards, as may be modified or supplemented from time to time by the Commission -

(1) procedures designed to provide reasonable assurance of detecting illegal acts that would have a direct and material effect on the determination of financial statement amounts;

(2) procedures designed to identify related party transactions that are material to the financial statements or otherwise require disclosure therein; and

(3) an evaluation of whether there is substantial doubt about the ability of the issuer to continue as a going concern during the ensuing fiscal year.

(b) Required response to audit discoveries

(1) Investigation and report to management

If, in the course of conducting an audit pursuant to this chapter to which subsection (a) of this section applies, the independent public accountant detects or otherwise becomes aware of information indicating that an illegal act (whether or not perceived to have a material effect on the financial statements of the issuer) has or may have occurred, the accountant shall, in accordance with generally accepted auditing standards, as may be modified or supplemented from time to time by the Commission -

(A)

(i) determine whether it is likely that an illegal act has occurred; and

(ii) if so, determine and consider the possible effect of the illegal act on the financial statements of the issuer, including any contingent monetary effects, such as fines, penalties, and damages; and

(B) as soon as practicable, inform the appropriate level of the management of the issuer and assure that the audit committee of the issuer, or the board of directors of the issuer in the absence of such a committee, is adequately informed with respect to illegal acts that have been detected or have otherwise come to the attention of such accountant in the course of the audit, unless the illegal act is clearly inconsequential.

(2) Response to failure to take remedial action

If, after determining that the audit committee of the board of directors of the issuer, or the board of directors of the issuer in the absence of an audit committee, is adequately informed with respect to illegal acts that have been detected or have otherwise come to the attention of the accountant in the course of the audit of such accountant, the independent public accountant concludes that -

(A) the illegal act has a material effect on the financial statements of the issuer;

(B) the senior management has not taken, and the board of directors has not caused senior management to take, timely and appropriate remedial actions with respect to the illegal act; and

(C) the failure to take remedial action is reasonably expected to warrant departure from a standard report of the auditor, when made, or warrant resignation from the audit engagement;

the independent public accountant shall, as soon as practicable, directly report its conclusions to the board of directors.

(3) Notice to Commission; response to failure to notify

An issuer whose board of directors receives a report under paragraph (2) shall inform the Commission by notice not later than 1 business day after the receipt of such report and shall furnish the independent public accountant making such report with a copy of the notice furnished to the Commission. If the independent public accountant fails to receive a copy of the notice before the expiration of the required 1-business-day period, the independent public accountant shall -

(A) resign from the engagement; or

(B) furnish to the Commission a copy of its report (or the documentation of any oral report given) not later than 1 business day following such failure to receive notice.

(4) Report after resignation

If an independent public accountant resigns from an engagement under paragraph (3)(A), the accountant shall, not later than 1 business day following the failure by the issuer to notify the Commission under paragraph (3), furnish to the Commission a copy of the accountant’s report (or the documentation of any oral report given).

(c) Auditor liability limitation. No independent public accountant shall be liable in a private action for any finding, conclusion, or statement expressed in a report made pursuant to paragraph (3) or (4) of subsection (b) of this section, including any rule promulgated pursuant thereto.

(d) Civil penalties in cease-and-desist proceedings. If the Commission finds, after notice and opportunity for hearing in a proceeding instituted pursuant to section 78u-3 of this title, that an independent public accountant has willfully violated paragraph (3) or (4) of subsection (b) of this section, the Commission may, in addition to entering an order under section 78u-3 of this title, impose a civil penalty against the independent public accountant and any other person that the Commission finds was a cause of such violation. The determination to impose a civil penalty and the amount of the penalty shall be governed by the standards set forth in section 78u-2 of this title.

(e) Preservation of existing authority. Except as provided in subsection (d) of this section, nothing in this section shall be held to limit or otherwise affect the authority of the Commission under this chapter.

(f) “Illegal act’’ defined. As used in this section, the term “illegal act’’ means an act or omission that violates any law, or any rule or regulation having the force of law.”

Pero la Comisión había preferido dejar a la profesión establecer sus propias reglas. De hecho al interior del AICPA existe una unidad creada para establecer las normas de la práctica(68):

“III. The Auditing Standards Board

A. The ASB, formed in october 1978, is responsible for the promulgation of auditing, attestation, and quality control standards and procedures to be observed by members of the AICPA in accordance with the Institute’s Bylaws and Code of Professional Conduct.

B. The ASB is composed of 15 members, including representatives from international, national, regional, and local firms, as well as representatives from academia and state government.”

La gama de publicaciones del AICPA al alcance de un auditor para orientar su práctica es muy amplia(69):

Statements on Auditing Standards (SAS)

Statements on Standards for Attestation Engagements (SSAE)

Statements on Standards for Accounting and Review Services (SSARS)

Auditing Interpretations

Attest Interpretations

Accounting and Review Services Interpretations

Audit and Attest Statements of Position

Audit Guides

In Our Opinion

Otra vez nos encontramos con dos extremos: ¿Quién mejor que los auditores para decir cómo se debe hacer una auditoría? Mas, si consideramos que el cumplimiento de las normas de auditoría son el punto de referencia para establecer si un auditor ha obrado debidamente y que del cumplimiento de tales normas depende la confianza pública ¿Existirá un conflicto de interés de la profesión contable en autodefinirse las normas que determinan la responsabilidad de la práctica?

La ley que venimos comentando decidió que las normas de la profesión pública deben expedirse por un organismo de creación legal, que operará bajo reglas legales.

La responsabilidad de las corporaciones

Los comités de auditoría

Como tenía que ser, los implicados y comprometidos por la ley que estamos comentando no se limitan a los contadores, a sus firmas y a sus reglas. También se encuentran en esa lista las corporaciones(70), es decir, para los propósitos de este escrito, las entidades que negocian sus partes de capital en los mercados públicos de valores.

Desde hace mucho tiempo la profesión contable y sus reglas han subrayado que la responsabilidad por la preparación y emisión de información financiera recae sobre las empresas emisoras y no sobre los auditores. Y esto se acepta mayoritariamente por empresarios y gobernantes.

Esa diferencia es crucial. Implica separar los roles de los preparadores y de sus auditores y es la base para juzgar sus conductas con relación a marcos de referencia diferentes(71).

Aunque las leyes colombianas también establecen esta diferencia, en la práctica tal separación no tiene mayores efectos. Tanto en cuanto el revisor fiscal es visto como órgano social —el órgano de fiscalización— se le hace responsable, en veces individualmente, por la información financiera, dejando de lado la responsabilidad de la empresa emisora y la de sus administradores. Las mayores expresiones de esta realidad se presentan cuando en las reuniones de socios es al revisor fiscal a quien se trasladan las preguntas sobre la información financiera sometida a la aprobación de los máximos órganos sociales y cuando las autoridades gubernamentales de supervisión exigen a los representantes legales y a los revisores fiscales presentar en forma conjunta respuestas o explicaciones sobre ciertos asuntos.

La mala concepción que se anota en el párrafo que antecede es fruto, de un lado, de una serie de funcionarios, seguramente bien intencionados, pero carentes totalmente de conocimientos correctos sobre auditoría y, más aún, sin ninguna experiencia en ella. Pero, sorprendentemente, también es producto de miembros de la propia profesión. Como se sabe, mucho tiempo gasta la profesión colombiana echándose látigo. Antes de adoptar un sistema razonable, acorde con el estado de desarrollo de la disciplina y alineado con las normas internacionales, la profesión ha preferido adentrarse en el planteamiento de múltiples teorías cuyos ideales pueden ser muy loables pero cuyos desarrollos no son suficientes para conducir efectivamente una práctica.

La cuestión fundamental estriba en la imposibilidad de las partes externas de penetrar los registros contables. Estas partes deben confiar en la información que se les suministra.

En cambio, la entidad y, más en concreto, sus administradores, tienen un total acceso y conocimiento de las operaciones y de los registros contables consiguientes.

Ya en la crisis de 1930 se había resaltado la responsabilidad de la empresa por su información. Como se recordará esta presión llevó a las empresas a introducir, en su interior, auditores, generándose la figura de los auditores internos, por oposición a los auditores externos.

Más recientemente, se impuso la constitución de un comité de miembros de la junta directiva, al que se denominó “comité de auditoría” y al que se responsabilizó por la generación de información confiable y se le encomendó la coordinación y supervisión de los auditores(72).

La profesión contable estadounidense adoptó los comités de auditoría y expidió normas regulando las relaciones con ese cuerpo(73).

Detrás de la constitución de los comités de auditoría están, por lo menos, dos asuntos: de un lado la necesidad de que el máximo órgano administrativo se apersone de un asunto de tan grande importancia y, de otro, la conveniencia de dedicar expertos a tales menesteres.

En Colombia los comités de auditoría son unidades obligatorias solo para algunos emisores, como las instituciones financieras, a quienes sus respectivos supervisores han impuesto tal obligación, usualmente en desarrollo de la figura de control interno que ciertamente incluye tal cuerpo(74).

También puede apoyarse la conveniencia de la existencia de los comités de auditoría para enfrentar la teórica e inexistente subordinación de los revisores fiscales a los máximos órganos sociales. Esta subordinación se plantea, por un lado, por razones históricas, pues la revisoría se creó para asumir el mandato de los socios de vigilar a los administradores y, por otra parte, porque solo así se puede, al menos estructuralmente, mantener la idea de independencia necesaria respecto de los auditados.

Como lo cierto es que los socios de las grandes compañías son lejanos, que se reúnen de vez en cuando, y que en muchas ocasiones no cuentan con los conocimientos necesarios en estas materias, el revisor fiscal colombiano, como su equivalente en muchos países, carece de un jefe real. Es peor lo que sucede en muchas empresas pequeñas en las cuales sus dueños (socios) son a la vez administradores.

La Ley 107-204 se ha ocupado expresamente de los comités de auditoría, regulando su composición e independencia y estableciendo otras disposiciones enderezadas a garantizar su eficacia.

La certificación de los estados financieros

Estamos muy acostumbrados a utilizar la expresión “estados” financieros. Al fin y al cabo éstos se destinan a mostrar una situación.

Otra expresión posible, si se quiere más literal(75), es la de “declaraciones” financieras. Esta segunda expresión ayuda mucho mejor a entender una serie de ideas que se encuentran en la base de la información que se pone a disposición del público.

Lentamente los auditores sistematizaron la información contable para los efectos de su examen. Ellos advirtieron que cualquiera fuere la cuenta que se presentare, invariablemente se estaba sometido a una serie de cuestiones básicas, de cuyo cumplimiento depende la correcta y fiable difusión de la información.

Los auditores, impuestos, además, de que, entre otras cosas, los estados financieros son una forma mediante la cual los administradores rinden cuentas, pronto comprendieron que al emitir estados financieros se estaba “declarando”.

¿Qué se declara? Que la información es íntegra, que los recursos y obligaciones que presenta existen, que están bien clasificados y cuantificados y que se hacen respecto de ellos las necesarias explicaciones para su correcto y completo entendimiento. Estas son las que la ley colombiana denomina “afirmaciones”. El emisor de los estados financieros afirma, asevera, certifica, que ellos son correctos(76).

La multitud de operaciones celebradas por una grande empresa produce una “montaña” de información contable. Se necesita de expertos y máquinas para poder procesarla. Además, existen muchas reglas, de todo orden, que gobiernan o guían la generación de la información. Muchos administradores no son duchos en estas tareas.

Al emitir la información financiera se hace necesario que uno o varios funcionarios autorizados la suscriban en forma tal que pueda saberse que ella es auténtica, es decir, que pertenece al emisor a quien se atribuye. Al suscribirla esos funcionarios asumen responsabilidad por las afirmaciones, las cuales se consideran implícitas en la información financiera.

A falta de manifestaciones expresas sobre las afirmaciones implícitas en la información y ante la necesidad de asegurar la lealtad de los preparadores para con los auditores, éstos diseñaron el instrumento denominado en veces “carta de la gerencia” o, mejor, “carta de representaciones de la gerencia”, a través de la cual los auditores se aseguran de que los administradores son conscientes de sus responsabilidades y aumentan la seguridad de que los administradores les han puesto de presente toda la información necesaria para que puedan opinar correctamente sobre los estados financieros(77).

En algunos países europeos y, como reproducción de esas concepciones, en Colombia, se exige expresamente por la ley que los administradores certifiquen los estados financieros, aseverando así que se cumplen las afirmaciones implícitas en ellos(78). Algo tardó la profesión colombiana en entender la conveniencia de separar la certificación de los estados financieros por parte de los administradores y del dictamen de los mismos por parte de los auditores(79).

Con todo, es conveniente advertir que si de algunos administradores colombianos dependiera(80), se derogaría la obligación que tienen de certificar los estados financieros o se trasladaría este deber a otras personas. En Estados Unidos no se requiere que el suscriptor de los estados financieros sea necesariamente un representante legal. Basta que el funcionario tenga la autoridad para emitir los estados financieros.

Ante evidencia según la cual los administradores habrían sabido que los estados financieros difundidos no presentarían adecuadamente la situación financiera, el Congreso de los Estados Unidos de América optó por exigir, más allá del usual procedimiento utilizado por los auditores, que funcionarios de las corporaciones inscritas en bolsa certifiquen los estados financieros que difundan.

Y, por añadidura, el Senado se pronunció dirigiéndose a la autoridad tributaria expresándole que en su parecer ciertos denuncios tributarios deben ser suscritos por los más altos funcionarios de la organización.

Luchando contra estímulos peligrosos

Los grandes retos de supervivencia que se enfrentan en los mercados contemporáneos, hace necesario que se garantice el retorno de los costos y gastos en que se incurre para provocar los ingresos.

Por otra parte, se ha tenido en una fe ciega en la creencia de que son necesarios estímulos para que los funcionarios den cada vez más de sí(81).

Consecuentemente se ha construido una malla de incentivos o beneficios a los cuales un funcionario se hace acreedor a partir de los resultados que logre. Bonificaciones en dinero y especie, opciones para comprar acciones y créditos otorgados en condiciones preferenciales, forman parte de ese enjambre.

Pero he aquí que tales incentivos y beneficios pueden resquebrajar seriamente la moral de los funcionarios. Estos pueden estar dispuestos a hacer cualquier cosa para lograr los premios. Pueden sentirse tentados a obrar aprovechando información privilegiada y pueden, descaradamente, intentar presionar a los supervisores y auditores para que apliquen criterios flexibles. O pueden “echar todo por la borda” y en forma inaudita proceder a obrar francamente en forma ilegal y desleal, amparados en la posibilidad de impedir el acceso a la información(82).

La ley que estamos comentando trata de “tapar los huecos” estableciendo una gran variedad de prohibiciones y penas.

Simultáneamente la ley enfrenta los abogados corporativos. El secreto profesional, que nunca ha sido absoluto, se vuelve aún más relativo. La defensa de los inversionistas se impone sobre los intereses de los clientes, exigiendo a los togados la revelación de infracciones en su conocimiento. Esto no puede ser objeto de escándalo. Elementales consideraciones éticas ya precisaban que el secreto profesional se concede como arma de defensa honesta pero no como instrumento para encubrir daños sociales.

Las revelaciones o descubrimientos

Por definición, los estados financieros presentan información condensada(83). Esto facilita la apreciación del conjunto. Pero al mismo tiempo hace difícil ver más allá, comprender las implicaciones de ciertas relaciones.

En el ánimo de facilitar el esfuerzo de entendimiento de los estados financieros y la realización de análisis en detalle, el sistema contable postuló el principio de revelación (o descubrimiento). Así, los estados financieros se deben acompañar de notas, en ciertos lugares llamadas memoria, a través de las cuales se suministra información desagregada y pautas para asegurar su correcto entendimiento(84).

Con el pasar del tiempo se percibió que era necesario hacer especial énfasis en ciertas transacciones, como las celebradas entre la matriz y sus subordinadas, entre la empresa y sus administradores, entre el ente y sus principales accionistas.

El problema no era tanto la debida comprensión de la situación financiera como la necesidad de advertir ciertas operaciones, las cuales usualmente se caracterizan por condiciones privilegiadas y pueden significar el aprovechamiento del control en detrimento de los accionistas minoritarios.

Así el postulado de la revelación se convirtió en el requisito de la transparencia. Obligar a poner las cosas bajo la luz se ha convertido en una obsesión, en la esperanza de que el constreñimiento encaminado a forzar el descubrimiento obre como una sana palanca de las conductas honestas. Correlativamente el descubrimiento de operaciones otrora refugiadas en los conjuntos de información, pondría a los receptores de la información en guardia(85) y en la posibilidad de defender oportunamente sus intereses(86).

Finalmente, la lucha contra el dinero ilícito, la política contra el blanqueo de dinero, se alió al requerimiento de transparencia. Es necesario que las organizaciones no participen, no encubran actos ilegales ni sean astutamente utilizadas como medios de lavado de activos.

La transparencia no es cuestión que se limite al sector privado. Se exige con vehemencia en el sector público, extendiéndose de la información a los procesos para contribuir a la lucha eficaz contra la mala administración y contra la corrupción(87).

El “Sarbanes-Oxley Act of 2002” se esfuerza en aumentar las revelaciones que las corporaciones deben hacer a los usuarios de su información.

Los analistas de inversiones y los calificadores de créditos

Típicamente, un mercado de capitales está compuesto de dos grupos de personas: oferentes y demandantes. En medio de ellos se encuentran los establecimientos financieros, los analistas de inversiones y los calificadores de riesgos(88).

La SEC es consciente del papel que desempeñan los analistas de inversión(89):

“Securities analysts’ reports and recommendations can influence the price of a company’s stock. Over the last several years there has been increased concern regarding the changing role of analysts. Whereas sell side analysts used to be perceived as objective forecasters of corporate prospects and providers of opinions, some have increasingly become involved in marketing investment banking services. In order to ensure the integrity of our markets, it is vital that possible conflicts of interest among analysts and their firms beclearly disclosed and understood by the investing public who read those reports. The publications listed below address these issues and regulatory matters pertaining to analysts.”

Sobre las agencias calificadoras de riesgos se pronunció Isaac C. Hunt, Jr., Commissioner, U.S. Securities & Exchange Commission, manifestando(90):

“(...) For almost a century, credit rating agencies have been providing opinions on the creditworthiness of issuers of securities and other financial obligations. During this time, the importance of these opinions to investors and other market participants, and the influence of these opinions on the securities markets, has increased significantly, particularly with the increase in the number of issuers and the advent of new and complex financial products, such as asset-backed securities and credit derivatives. The globalization of the financial markets also has served to expand the role of credit ratings to jurisdictions other than the United States, where the reliance on credit ratings largely was confined for the first half of the twentieth century. Today, credit ratings affect securities markets in a number of important ways, including an issuer’s access to and cost of capital, the structure of financial transactions, and the ability of fiduciaries and others to invest in particular investments. (...)”.

Los establecimientos financieros administran enormes recursos: el ahorro del público. Apoyados en los consejos de los banqueros de inversión(91) y sobre la base de los conceptos de los calificadores de riesgos(92), deciden quiénes habrán de ser los destinatarios de tales recursos.

Uno era el mercado en el cual los establecimientos financieros asumían “posición propia”, es decir, se comprometían a dejar indemnes a sus clientes de las eventuales pérdidas que se produjeran respecto de las inversiones que realizaran. Pero el mercado ha ampliado de manera muy notable instrumentos por virtud de los cuales tales establecimientos financieros se “salen de la línea”.

De un lado están las mecánicas de administración, mediante las cuales el establecimiento compromete su mejor esfuerzo pero no garantiza resultados. Los fondos, entre ellos los que administran recursos para cubrir la jubilación, se suelen organizar bajo esta modalidad fiduciaria.

De otro lado, el establecimiento puede actuar típicamente como un corredor (o comisionista) limitándose a poner en contacto a un inversor con un cliente, quedándose con significativas partes de la ganancia a título de compensación por los servicios prestados.

Mientras los analistas de inversión y los calificadores de riesgos(93) obraron objetivamente el mercado se benefició de su conocimiento e imparcialidad. Sin embargo un virus atacó su independencia: el depender su remuneración de los negocios que lograran cristalizar.

Así, llegó el momento en que se perdió la lealtad para con el inversionista. La obtención de una ganancia dio lugar a la aceptación de premios por otorgar buenas recomendaciones, a la celebración de operaciones en beneficio propio con base en el uso de información privilegiada —lo cual fue posible gracias a que en muchos casos existe una estrecha relación entre los banqueros y los analistas—, a la pronta salida de las relaciones de crédito, dejando a los clientes apresados en riesgos respecto de los cuales las instituciones se habían puesto a salvo.

La SEC ya había detectado muchas prácticas preocupantes(94):

“(…) In the summer of 1999, staff from the SEC’s Division of Market Regulation began a review of industry practices regarding disclosure of research analyst’s conflicts of interest. Then, staff from my office, the Office of Compliance Inspections and Examinations, conducted examinations of the largest full-service firms on the Street. We focused on analysts’ financial interests in companies they covered, as well as analyst compensation arran-gements and reporting structures, in particular whether analysts reported to investment banking personnel. The SEC reported our findings in Congressional testimony last summer, which were the following:

• Many research analysts were significantly involved with start-up companies well before the companies had established an investment banking relationship with a broker-dealer. This involvement typically included establishing an initial relationship with the company, reviewing the company’s operations, and providing informal strategic advice. Many times, these analysts were invited to invest in these companies’ private placements, which were not available to the public generally. The staff also found that if the company went public and the analyst’s firm underwrote the IPO, the analyst always issued positive research on the company.

• It was commonplace for research analysts to provide research reports on companies that the analysts’ employer firm underwrote. Many firms paid their analysts largely based upon the profitability of their investment banking unit, and investment bankers at some firms were involved in evaluating the firm’s research analysts to determine their compensation.

• Some research analysts owned securities in companies they covered. These analysts sometimes acquired their shares in private placements prior to the initial public offering for a fraction of the IPO price. Subsequently, the analysts’ firms took the company public and the analyst initiated research coverage with a “buy” recommendation. Examiners found that some of these analysts executed trades for their personal accounts that were contrary to their recommendations in their research reports. In these instances, examination findings were referred to the SEC’s enforcement staff.

• The regulations existing at the time did not prohibit analysts from owning stock in companies their employer firms took public or that the analysts covered, but some firms maintained policies prohibiting analysts from owning stock in companies they covered. Other firms permitted analysts to own stock in companies they covered but prohibited them to execute personal trades that were contrary to the analysts’ outstanding recommendations.

• At the firms examined, compliance with SRO rules that require firms to monitor the private equity investments of employees (including analysts) was found to be poor. Nearly all firms examined were unable to identify accurately all private equity investments by their employees in companies the firms took public. Consequently, firms did not always know whether their research analysts owned stock in companies they underwrote and upon which their analysts then issued research reports.

• Disclosure of analysts’ and firms’ ownership in recommended securities varied widely, which may have been due to gaps and inconsistencies between SRO rules. As a result, some firms’ analysts’ reports affirmatively stated that they or their employees held positions in recommended securities, while other firms used boilerplate noting, “the firm or employees may have positions in the recommended issuer.” We found some instances in which the analysts’ ownership in stock of the covered company was not disclosed in the research report at all.

• Sell-side analysts routinely recommended securities during public appearances in the media (such as on financial television and radio programs), but rarely revealed any conflicts of interest to investors.

• The ratings terminology may have been be unclear to investors. The variety of undefined terms to describe investment recommendations, included: “buy,” “sell,” “strong buy,” “hold,” “neutral,” “accumulate,” “near-term accumulate,” “long-term buy,” “outperform,” “market perform,” and “market under-perform,” could confuse investors. (…)”.

Contra todo esto trata de reaccionar la ley que venimos comentando, estableciendo normas para combatir los eventuales conflictos de interés en que los analistas puedan involucrarse y ordenando estudios sobre las agencias calificadoras de riesgos.

Varias de las medidas que se adoptaron tienen por objeto garantizar la independencia funcional del analista y la prohibición a otros miembros de las organizaciones a las cuales aquéllos pertenezcan de interferir la tarea de los analistas.

En otro esfuerzo por llevar a la realidad el principio de transparencia, la ley obliga a los analistas a revelar cualquier relación que tengan con los emisores cuyos valores ha examinado.

El ¿bien? librado supervisor

Era obvio que la Comisión de Valores y Bolsas estuviera en el centro de los interrogantes sobre qué habría fallado y permitido la tragedia.

La Comisión supo manejar la cuestión. Si los principios de contabilidad eran ambiguos o se adaptaban a las circunstancias lentamente, esto era imputable al regulador privado en quien se había confiado. Si las firmas de auditoría habían podido obrar indebidamente, fue porque los instrumentos de autosupervisión y disciplina habían fallado. Si los emisores y sus administradores, los analistas y banqueros, habían obrado en forma negligente o indebida, ello no había podido detectarse ante la exigua disponibilidad de recursos de la Comisión(95).

Sea porque se aceptaron tales réplicas, sea porque al fin de cuentas aceptar el fracaso de la agencia federal implicara una responsabilidad estatal, sea porque según la ideología imperante cuando el sector privado falla el Estado debe fortalecerse, lo cierto es que, aparentemente, la Comisión salió bien librada. Al menos por ahora.

La Ley 107-204 amplía las facultades de la Comisión, refuerza su capacidad reguladora y disciplinaria, mejora los procedimientos a su alcance y la dota de importantes recursos. El futuro nos dirá el resultado de estas acciones.

Se ha proferido una ley pero el expediente no se ha archivado

La Comisión de valores y bolsas y el contralor general de los Estados Unidos de América están muy ocupados. El Congreso expidió una ley pero no archivó el expediente.

Muchos asuntos aún no se han investigado a satisfacción, algunos procesos todavía se encuentran en curso. Ciertos asuntos reclaman atención.

El Congreso resolvió ordenar la realización de varias investigaciones y estudios, que deberán presentársele rápidamente. Vendrán nuevos pronunciamientos del legislativo. Tal vez sea necesario esperar hasta mediados de 2003 para saber con cierta exactitud hasta dónde habrá penetrado el régimen legal en la vida de los distintos operadores del mercado de capitales.

Castigos y más castigos

Son numerosas las normas y las instrucciones impartidas para mejorar los tipos que contienen las conductas criminales, aumentar las penas, procurar procedimientos más expeditos y eficaces. Se ha trabajado tanto en el ámbito civil como en el criminal.

¿Tendrá ese nuevo andamiaje la virtualidad de intimidar suficientemente la realización de prácticas contra los intereses de los inversionistas y el interés público?

Existe cierto debate sobre la efectividad del derecho penal. Es muy claro que el andamiaje normativo no es eficaz sino tanto en cuanto el aparato investigador y el aparato decisorio pueda ser eficaz.

La cuestión se presta para hacer una breve referencia al sistema de valoración de las conductas reprimidas y la determinación de las consiguientes penas.

Puede leerse en http://www.ussc.gov/general/GLOVRWB. PDF:

“(…) THE FEDERAL SENTENCING GUIDELINES

In 1984, Congress addressed the issue of fairness in sentencing by passing the Sentencing Reform Act. This Act created a new federal agency, the United States Sentencing Commission, and instructed it to develop uniform guidelines for sentencing in federal cases.

The guidelines were to be fair so that similar offenders convicted of similar crimes would receive similar sentences. The guidelines were also to be honest; the sentence received was to be the sentence served. Parole would be abolished. No longer would parole turn what appeared to be a long sentence into a short one. (Inmates could still earn credits for good behavior, but this was limited to 54 days a year.) And the guidelines were to be certain. A person convicted of an offense would have a clear idea of the range of sentences he or she could receive.

The guidelines became effective November 1, 1987, and apply to all federal felonies and most serious misde-meanors.(...)”

Generalmente, los tipos penales, es decir, las normas que describen las conductas que son objeto de represión, establecen las penas a que ellas dan lugar en forma de un rango. Para ubicarse dentro del rango se acude a una serie de circunstancias agrupadas en dos categorías: las que aumentan la gravedad de la conducta y las que la disminuyen(96).

Desafortunadamente en Colombia no existen guías para la graduación de la pena en materia de las que han dado en llamarse “sanciones administrativas”. Aunque se dice, lo cual muchas veces no se cumple, que deberían utilizarse por analogía, o por aplicación extensiva, las normas penales, en la realidad los funcionarios obran como mejor les parece. Toda esa estructura de funcionamiento de la norma sancionatoria se reduce a la nada cuando las autoridades deciden que cualquier violación sea castigada con cierta pena. El sistema estadounidense, como queda señalado, ha generado una herramienta de calificación de las conductas, que apunta a lograr, aún en las sentencias, la realización del principio de igualdad. La gran ventaja radica en que tales guías no están propiamente en las leyes sino en pautas que se pueden ir ajustando en la medida en la cual las circunstancias lo exijan.

Conclusión

Muchas de las situaciones que dieron lugar a esta reacción legislativa ya habían sido advertidas y, de una manera y otra, se venían enfrentando. Parece ser, sin embargo, que el conjunto de actores obró con lentitud y algunos de ellos aprovecharon las “zonas grises”. La reacción social impuso un tratamiento legislativo a costa de disminuir la franja de libertad de operación en los mercados. La norma es amplia, se ha esforzado por comprender todos los actores y prácticas que se encontraron involucrados o comprometidos en los hechos y ha dispuesto la realización de varios estudios para ahondar mucho más al respecto. Al zanjar varias cuestiones que se venían discutiendo, ha provocado una “ola” de ajustes en el mercado, que seguramente tendrán un impacto en Colombia. Al fin y al cabo Estados Unidos de América es nuestro principal “socio comercial”.

(1) Texto de la ponencia presentada en el foro “La nueva ley de contabilidad corporativa en los EE.UU y su impacto en Colombia”. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2 y 3 de septiembre de 2002. Se trata de un documento introductorio al estudio del “Sarbanes-Oxley Act” de 2002.

(2) La eficacia de las normas puede también ser examinada mediante otros instrumentales teóricos, como el “análisis económico del derecho”.

(3) Porque, sin duda, hay revelación.

(4) Dentro de la ciencia se encuentra, obviamente, la teología.

(5) Hay que elegir entre una y otra solución tanto en cuanto no haya consenso científico sobre una solución.

(6) Se trata de métodos mucho más allá de la mecánica parlamentaria establecida para aprobar las normas.

(7) Se alude aquí a una participación real, efectiva. No a la representación teórica que se dice brotar de la elección de cuerpos “representativos”.

(8) Uno es el consenso entre las fuerzas opuestas que se hace a manera de un armisticio, al cual nos referimos atrás. Y otro, al que nos referimos aquí, el consenso como fruto del convencimiento mutuo, producido por la lenta aceptación íntima de los argumentos.

(9) Debe entenderse por imposición todo acto aprobatorio de una norma que no ha sido precedido de una franca y amplia participación y que, por lo mismo, no puede, aunque así se pretenda, expresar un consenso.

(10) Un buen hacedor de normas requiere tener una amplia cultura. No le basta ser buen dogmático.

(11) Así el texto legal en cuanto tal será nuevo. Pero el contenido de la ley bien podrá parecer una copia de comportamientos ya sugeridos.

(12) Actuar fuera de la ley supone ventajas sobre aquellos que cumplen la norma. Por ejemplo: una cosa es vender zapatos pagando impuestos y otra es venderlos evadiendo la carga tributaria.

(13) Así, la norma demuestra su validez social. Los pueblos acuden a ella como herramienta para expresar su querer.

(14) En enero-febrero de 2002 las exportaciones a Estados Unidos ascendieron al 41% del total. Véase la página http://www.mincomex.gov.co/mincomexvbecontent/documentos/estadisticas/ informes/EXPOEnero-Febrerode2002.pdf En materia de importaciones las provenientes de ese país representaron el 39.9% en el período enero-mayo de 2002. Véase http://www.mincomex.gov.co/mincomexvbecontent/documentos/estadisticas/impo/cuadros/periodo/pais/zona.xls

(15) Quiera que no, soy hijo de una escuela que no ha podido advertir la universalidad de la ciencia jurídica. No solo hemos partido el mundo en dos sistemas (el continental y el anglosajón), sino que hemos caído en la errada idea de creer que las soluciones legales son especies aborígenes, autóctonas, peculiares de cada pueblo.

(16) A pesar de nuestra debilidad, nos atrevemos a presentar ciertos textos traducidos al español. El lector debe tomar el cuidado de cruzarlos con su original en inglés.

(17) Ahora bien: toda la vida humana se ha desarrollado y, seguramente, se seguirá desarrollando sobre conocimiento probable. Porque, en general, el conocimiento humano escapa al criterio de exactitud.

(18) Fue muy clara la intención de quienes propusieron las normas sobre rectificación de los estados financieros en el sentido de forzar la corrección de errores en un momento determinado, so pena de tener que hacer las correcciones en estados financieros futuros. Sin embargo, aún los guardianes de la ley suelen separarse de ella, recurriendo a argumentos que tratan de hacer legítimo su obrar. Es así como en la realidad entidades gubernamentales de inspección, vigilancia y control pasan por alto las reglas sobre rectificación de los estados financieros, exigiendo el restablecimiento de la información por fuera de los procedimientos de rectificación. En el fondo de esta cuestión, la más de las veces, lo que hay es la imposibilidad de resolver oportunamente sobre la multitud de información sometida a supervisión. Y esto, a su turno, tiene como origen la manía de concentrar todo en ciertos lapsos (todas las sociedades presentan sus estados financieros dentro de un mismo término).

(19) “The International Accounting Standards Board is an independent, privately-funded accounting standard setter based in London, UK. Board Members come from nine countries and have a variety of functional backgrounds. The Board is committed to developing, in the public interest, a single set of high quality, understandable and enforceable global accounting standards that require transparent and comparable information in general purpose financial statements. In addition, the Board cooperates with national accounting standard setters to achieve convergence in accounting standards around the world.” Tomado el 30 de agosto de 2002 de http://www.iasc.org.uk/cmt/0001. asp?n=57&s=1159961&sc={85D667E0-034F-4CAB-9D67-3DCB57A7F736}&sd=617613500.

(20) Véase “Improvements to Existing International Financial Reporting Standards”, emitido el 15 de mayo de 2002, con plazo para hacer comentarios hasta el 16 de septiembre de 2002.

(21) Un punto jurídico muy importante que se deriva del restablecimiento de la información financiera es el que toca con los dividendos previamente pagados. La ley colombiana pone a salvo a los accionistas de buena fe y obliga a la absorción de los valores indebidamente repartidos con las utilidades de los períodos subsiguientes.

(22) Véase http://www.enron.com/corp/

(23) La expresión material equivale a las expresiones importante, significativa, substancial.

(24) El valor en libros de una acción no suele coincidir con su valor en bolsa. El mercado considera otros datos además de la información contable.

(25) “During this period, the number of restated financial statements filed by public companies has grown from approximately 120 in 1997 to 270 in the year 2001. Among our many observations is the amazing fact that the number of restatements continued to grow in 2001, despite a reduction in the number of public companies. The sheer number of restatements occurring in the marketplace has many people searching for the underlying causes and reasons why this number is so high. We hope to make a contribution to this discussion by studying the financial statement disclosures of companies that have filed 10QA’s and 10KA’s during the five years ended December 31, 2001.” Tomado el 30 de agosto de 2002 del estudio que puede consultarse en http://www.huronconsultinggroup.com/files/tbl_s6News/PDF134/50/restatement_study.pdf

(26) Tantos que la conciencia social se inclinó por considerar inadmisible que los estados financieros puedan restablecerse.

(27) Tómese nota de las siguientes cifras: “Pension Benefit Guaranty Corporation (PBGC) es una corporación del gobierno federal que administra el programa de seguros de pensión tal como lo establece el Título IV de la Ley de Seguridad de Ingresos de Jubilación de Trabajadores (Employee Retirement Income Security Act) de 1974, 29 U.S.C. § 1301-1461.

Si una empresa que patrocina un plan de jubilación no puede pagar beneficios a tiempo, entonces el plan cesa y es probable que sea dado en fideicomiso a la corporación PBGC. En este caso la PBGC se encarga de pagar los beneficios siguiendo las mismas regulaciones del plan original dentro de los límites establecidos por la ley.

Población elegible para los servicios de la PBGC

Miembros de planes de pensión: aproximadamente 44 millones de personas.

Contribuyentes de primas de seguro (planes de pensión asegurados por la PBGC): más de 35.000.

Profesionales en el sector de las jubilaciones (abogados, contadores, actuarios, etc.)” Tomado el 30 de agosto de 2002 de http://www.pbgc.gov/about/lepspanish.htm

(28) Todavía está en curso el proceso legal que pretende aclarar este asunto. Aunque hay una condena en primera instancia, Andersen (USA) siempre ha sostenido ser inocente y ha anunciado que apelará. Al respecto consúltese http://www.andersen.com/website.nsf/content/MediaCenterNewsRelease Archiveverdictstatement!OpenDocument

(29) Véase en http://www.law.cornell.edu/topics/administrative.html:administrative agencies: an overview.

Administrative law encompasses laws and legal principles governing the administration and regulation of government agencies (both Federal and state). Such agencies are delegated power by Congress (or in the case of a state agency, the state legislature) to act as agents for the executive. Generally, administrative agencies are created to protect a public interest rather than to vindicate private rights.

Governmental agencies must act within Constitutional parameters. These and other limits have been codified into statutes such as the Federal Administrative Procedure Act (FAPA) and state analogs.

The FAPA is a remedial statute designed to ensure uniformity and openness in the procedures used by federal agencies. The Act is comprised of a comprehensive regulatory scheme governing regulations, adjudications, and rule making in general terms. The FAPA is the major source for federal administrative agency law, while state agencies’ administration and regulation are governed by comparable state acts”.

(30) Senator Paul S. Sarbanes (D-MD) is Chairman of the Banking, Housing, and Urban Affairs Committee.

(31) Michael G. Oxley is Chairman of the House Financial Services Committee.

(32) Véase http://thomas.loc.gov/home/thomas2.html Este portal es envidiable. La transparencia y la participación democrática ganan mucho a través de estos esfuerzos de difusión. Creo que debemos cuidar lo que en el mismo sentido hacemos en Colombia. Ojalá se mantengan y perfeccionen las páginas que pueden consultarse en http://www.secretariasenado.gov.co; http://www.camararep.gov.co; http://aricaurte.imprenta.gov.co/gaceta/gaceta.portals; http://www.mininterior.gov.co/html/pal.htm

(33) Hay muchos recursos en la red. Véase, por ejemplo, http://www.findlaw.com/

(34) Véase http://www.aicpa.org/download/info/Federal_Legislation_Grid.doc

(35) Véase http://www.whitehouse.gov/infocus/corporateresponsibility/

(36) Véase en http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d107:HR03763:|TOM:/bss/d107query.html|

(37) He aquí una travesura apoyada en el módulo estadístico que acompaña a Word de Microsoft. Hablando en serio estas cifras ayudan a entender cómo cuando el legislador reacciona puede llegar a hacerlo con extensión.

(38) Versión copiada el 18 de agosto de 2002. Como puede verse en el texto, el código ya incluía en esta fecha las normas expedidas hasta el 6 de agosto anterior. Produce envidia esta capacidad compiladora, sobre todo cuando en Colombia la Constitución Política ordena la publicación íntegra de las leyes reformadas, lo cual no se cumple con regularidad. Hemos avanzado mucho con la difusión de las normas, especialmente al colocar el Diario Oficial en la Internet. Pero aún nos queda mucho por hacer para legislar con conciencia de lo que modificamos, haciendo las menciones del caso y para poder contar con codificaciones como el código estadounidense que en este aparte se alude.

(39) No tiene mucho sentido hacer teoría legal sin hacer simultáneamente teoría política.

(40) Cuál sistema es mejor es asunto de un complejo debate. En lo personal me inclino por el sistema de la mínima regulación necesaria. En nuestro país se ha hablado recientemente de la “inflación legislativa” y se ha planteado la necesidad de reducir la producción de normas. Esto no es muy viable porque la realidad indica que los colombianos presionamos la expedición de normas con mucha frecuencia. No es raro encontrarse frente a personas que no aplican normas porque “no han sido reglamentadas”. La propia Corte Constitucional en casos ha señalado la necesidad de la reglamentación y en casos ha considerado que ciertas normas deben aplicarse aunque no estén reglamentadas.

(41) Como bien lo hacía notar uno de mis compañeros docentes, los que en un momento atacan las normas en otros las defienden. Hay cierto “oportunismo” en estas posiciones.

(42) Hay abogados que trabajan en decir “cómo” es que algo “sí” se puede hacer.

(43) Creo que en nuestro país el “primer puesto” se lo disputan las normas tributarias y las regulaciones financieras. Seguramente algunos podrán proponer otros casos y sostendrán que son más alarmantes. Cada vez que los particulares encuentran un “hueco”, el legislador y el regulador tratan de cerrarlo con nuevas normas. Esto es de nunca acabar.

(44) Por esto es antidemocrática toda acción tendiente a imponer el “gobierno” de una profesión.

(45) Estos sistemas llegan a hacer desaparecer la participación. Aunque se creen espacios para que ella se realice, el público no responde. Parte de esta situación puede explicarse porque el gobierno no busca consensos sino asesoramiento y, finalmente, viendo en todos lados enemigos, resuelve según su leal saber y entender. ¿Para qué participar en una encuesta pública si el Gobierno hará lo que él quiera? ¿Hasta dónde el Gobierno obra “en representación” del pueblo?

(46) “The American Institute of Certified Public Accountants is the national, professional organization for all certified public accountants. Its mission is to provide members with the resources, information, and leadership that enable them to provide valuable services in the highest professional manner to benefit the public as well as employers and clients.

In fulfilling its mission, the AICPA works with state CPA organizations and gives priority to those areas where public reliance on CPA skills is most significant.” Tomado el 1 de septiembre de 2002 de http://www.aicpa.org/about/mission.htm

(47) Entre otras cosas, la creación de FASB fue una reacción a la crítica basada en los conflictos de interés de la profesión contable al fijar las reglas de contabilidad y luego obrar como auditor de su cumplimiento.

(48) Consultada en agosto 18 de 2002.

(49) Se entiende aquí por profesión pública aquella que obra de manera independiente, para un número no determinado de clientes y que usualmente emite informes destinados al público.

(50) En 18 de agosto de 2002, la página de AICPA reportaba más de 330.000 miembros.

(51) Consultada en agosto 18 de 2002.

(52) En Colombia se está empezando a utilizar, como sucede dentro del procedimiento de acreditación de las instituciones de educación superior.

(53) Consultada en agosto 18 de 2002.

(54) Este documento se escribe para ser presentado dentro de un foro organizado por el departamento de ciencias contables de la facultad de ciencias económicas y administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana, en desarrollo del cual se harán análisis más profundos de muchos de los asuntos aquí tratados. A este documento corresponde un papel introductorio.

(55) Véase en http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg= es&numdoc=32001H0256&model=guichett

(56) Consultada en agosto 18 de 2002.

(57) Consultada en agosto 18 de 2002.

(58) “(…) The General Accounting Office is the investigative arm of Congress. GAO exists to support the Congress in meeting its Constitutional responsibilities and to help improve the performance and ensure the accountability of the federal government for the American people. GAO examines the use of public funds, evaluates federal programs and activities, and provides analyses, options, recommendations, and other assistance to help the Congress make effective oversight, policy, and funding decisions. In this context, GAO works to continuously improve the economy, efficiency, and effectiveness of the federal government through financial audits, program reviews and evaluations, analyses, legal opinions, investigations, and other services. GAO’s activities are designed to ensure the executive branch’s accountability to the Congress under the Constitution and the government’s accountability to the American people. GAO is dedicated to good government through its commitment to the core values of accountability, integrity, and reliability. (…)” Tomado de http://www.gao.gov/ En agosto 18 de 2002.

(59) Véase Statement on Auditing Standards (SAS) Nº 74, Compliance auditing applicable to governmental entities and other recipients of governmental financial assistance.

(60) Consultada en agosto 18 de 2002.

(61) “(…) I wonder how investors or potential investors would react if they were aware of these facts. Would investors believe that the auditor’s objectivity is not affected when the auditor and his or her family are engaged in periodic baseball games and picnics with the client and the client’s families? Would investors believe that the auditor’s objectivity is not affected if the auditor and client personnel regularly attend sporting events together? Go shopping together? Whether paid for by the auditor or paid for by the client? Would investors perceive that gift giving, whether from auditor to client or client to auditor, can go on for very long without compromising the auditor’s objectivity? How would an underwriter who is about to underwrite an offering of $500 million of stock of that company react to these facts? A mutual fund investment manager who is about to invest $100 million in the stock of that company? Query: Should auditors have to follow the same rules with respect to their public company audit clients that I as an employee of the US Federal Government have to follow with respect to regulated entities or persons? Would there be fewer restatements if there were not such fraternizations?” Tomado el 1º de septiembre de 2002 de http://www.sec.gov/news/speech/speecharchive/1998/spch241.htm

(62) Claro que en el mercado aparecen nuevos clientes y éstos no hay que ganárselos a otros colegas. Pero el crecimiento del mercado no es tan grande como para que uno se pueda olvidar de los clientes antiguos.

(63) Un buen teórico liberal reprochará este planteamiento, pues parte de la base que “hay que meter las narices” en el mercado. Muchos piensan que el interés público se protege mejor protegiendo la libertad del mercado para decidir.

(64) Tomado el 29 de agosto de 2002 de http://www.icac.meh.es/consultas/ley.htm

(65) Tomado el 29 de agosto de 2002 de http://www.aicpa.org/members/div/secps/lit/sops/1900. htm

(66) Véase http://www.accountancymag.co.uk/DisplayFullNewsItem.asp?ItemKey=4518&SectionKey=6

(67) Tomado el 30 de agosto de 2002 de http://www4.law.cornell.edu/uscode/15/78j-1.html

(68) Tomado el 30 de agosto de 2002 de http://www.aicpa.org/members/div/auditstd/about.htm

(69) Véase http://www.aicpa.org/members/div/auditstd/about.htm

(70) Véase en http://www.law.cornell.edu/topics/corporations.htmlcorporations: an overview A corporation is a legal entity created through the laws of its state of incorporation. Individual states have the power to promulgate laws relating to the creation, organization and dissolution of corporations. Many states follow the Model Business Corporation Act. (See Minnesota’s adoption.) State corporation laws require articles of incorporation to document the corporation’s creation and to provide provisions regarding the management of internal affairs. Most state corporation statutes also operate under the assumption that each corporation will adopt bylaws to define the rights and obligations of officers, persons and groups within its structure. States also have registration laws requiring corporations that incorporate in other states to request permission to do in-state business.

There has also been a significant component of Federal corporations law since Congress passed the Securities Act of 1933, which regulates how corporate securities are issued and sold. Federal securities law also governs requirements of fiduciary conduct such as requiring corporations to make full disclosures to shareholders and investors.

The law treats a corporation as a legal “person” that has standing to sue and be sued, distinct from its stockholders. The legal independence of a corporation prevents shareholders from being personally liable for corporate debts. It also allows stockholders to sue the corporation through a derivative suit and makes ownership in the company (shares) easily transferable. The legal “person” status of corporations gives the business perpetual life; deaths of officials or stockholders do not alter the corporation’s structure.

Corporations are taxable entities that fall under a different scheme from individuals. Although corporations have a “double tax” problem --both corporate profits and shareholder dividends are taxed-- corporate profits are taxed at a lower rate than rates for individuals.

Corporate law has important intersections with contract and commercial transactions law.”

(71) Ley 43 de 1990: “Artículo 41. El contador público en el ejercicio de las funciones de revisor fiscal y/o auditor externo, no es responsable de los actos administrativos de las empresas o personas a las cuales presta sus servicios”.

(72) Para entender debidamente esta figura debe meditarse seriamente sobre las características de las corporaciones en Estados Unidos de América, muchas de las cuales tienen un apreciable número de socios esparcido por toda la Tierra, a quienes es necesario ver más como inversionistas que como empresarios. Consecuentemente la junta directiva es el órgano principal de gobierno de la corporación. Muchas de estas juntas están conformadas por un gran número de miembros, unos externos (no vinculados como empleados u oficiales) y otros internos (empleados y oficiales). Para cumplir sus tareas las juntas se organizan en comités, uno de los cuales es el comité de auditoría.

(73) Véase Auditing Standards, SAS Nº 90, Audit Committee Communications.

(74) Véase el numeral 7.7.1 del título I de la circular básica jurídica de la Superintendencia Bancaria, en el cual se lee: “(...) Para el adecuado cumplimiento de la labor que le corresponde a las Juntas o Consejos Directivos de las entidades vigiladas en la definición de las políticas y en la ordenación del diseño de los procedimientos de control interno, así como en la supervisión de la operación de dichos sistemas, se deben conformar Comités de Auditoría dependientes de ese órgano colegiado, los cuales desarrollarán las tareas que se señalan en el presente numeral. (...)”.

(75) Aquí nos referimos a la expresión que se utiliza en el idioma inglés.

(76) Decreto Reglamentario 2649 de 1993: “Artículo 57. Verificación de las afirmaciones. Antes de emitir estados financieros, la administración del ente económico debe cerciorarse que se cumplen satisfactoriamente las afirmaciones, explícitas e implícitas, en cada uno de sus elementos.

Las afirmaciones que se derivan de las normas básicas y de las normas técnicas, son las siguientes:

Existencia - Los activos y pasivos del ente económico existen en la fecha de corte y las transacciones registradas se han realizado durante el período.

Integridad - Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos.

Derechos y obligaciones - Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo del ente económico en la fecha de corte.

Valuación - Todos los elementos han sido reconocidos por los importes apropiados.

Presentación y revelación - Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados”.

(77) Véase SAS Nº 85, Management Representations.

(78) Ley 222 de 1995: “Artículo 37. Estados financieros certificados. El representante legal y el contador público bajo cuya responsabilidad se hubiesen preparado los estados financieros deberán certificar aquellos que se pongan a disposición de los asociados o de terceros. La certificación consiste en declarar que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento, y que las mismas se han tomado fielmente de los libros”.

(79) Ley 222 de 1995: “Artículo 38. Estados financieros dictaminados. Son dictaminados aquellos estados financieros certificados que se acompañen de la opinión profesional del revisor fiscal o, a falta de éste, del contador público independiente que los hubiere examinado de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas.

Estos estados deben ser suscritos por dicho profesional, anteponiendo la expresión “ver la opinión adjunta” u otra similar. El sentido y alcance de su firma será el que se indique en el dictamen correspondiente, que contendrá como mínimo las manifestaciones exigidas por el reglamento.

Cuando los estados financieros se presenten conjuntamente con el informe de gestión de los administradores, el revisor fiscal o contador público independiente deberá incluir en su informe su opinión sobre si entre aquéllos y éstos existe la debida concordancia”.

(80) A ellos les da angustia certificar los estados y sus abogados nos ocupamos de asustarlos aún más. Muchas veces se trata de tuertos aconsejando ciegos.

(81) Una cosa es que el esfuerzo deba ser reconocido y otra que solo nos esforcemos para lograr reconocimientos.

(82) Muchas de estas situaciones ya habían sido previstas. Véase Statement on Auditing Standards Nº 78, Consideration of Internal Control in a Financial Statement Audit: An Amendment to Statement on Auditing Standards Nº 55.

(83) Decreto Reglamentario 2649 de 1993: “Artículo 19. Importancia. Los estados financieros, cuya preparación y presentación es responsabilidad de los administradores del ente, son el medio principal para suministrar información contable a quienes no tienen acceso a los registros de un ente económico. Mediante una tabulación formal de nombres y cantidades de dinero derivados de tales registros, reflejan, a una fecha de corte, la recopilación, clasificación y resumen final de los datos contables”.

(84) Ley 222 de 1995: “Artículo 36. Notas a los estados financieros y normas de preparación. Los estados financieros estarán acompañados de sus notas, con las cuales conforman un todo indivisible. Los estados financieros y sus notas se prepararán y presentarán conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados”.

(85) Se lee en la Resolución 1200 de 1995 de la Superintendencia de Valores: “(...) a) Transparencia. Un mercado transparente es aquel en el cual es posible una apropiada formación de precios y toma de decisiones, como consecuencia de niveles adecuados de eficiencia, de competitividad y de flujos de información oportunos, suficientes y claros, entre los agentes que en él intervienen; (...)”.

(86) Véase, por ejemplo, Revisión de la directiva sobre servicios de inversión (93/22/CEE): —segunda consulta--documento descriptivo—” (...) 2. Transparencia:

Las propuestas de la Comisión Europea están fundamentadas en la consideración de que permitir la libre concurrencia en lo que respecta a la actividad relativa a la ejecución de ordenes —esto es la fragmentación del mercado— conlleva una serie de riesgos que si no son suficientemente tratados podrían afectar al funcionamiento del mercado y al proceso de formación de precios. Dichos riesgos, en opinión de la Comisión Europea se presentan fundamentalmente en lo que respecta a los instrumentos de renta variable. Para la Comisión Europea el instrumento fundamental a utilizar a la hora de combatir dichos efectos perniciosos es la “transparencia”.

Las propuestas de la Comisión Europea en lo que respecta a la transparencia establecen unos principios que aspiran a facilitar al público inversor en general el acceso a la información sobre las órdenes recibidas (pre-trade) así como sobre los detalles de las órdenes ejecutadas (post-trade). Estos principios (cuyo patrón lo forman los requisitos de transparencia exigidos a los mercados regulados), se aplicarían, sobre una base equivalente, a todos los sistemas de ejecución de órdenes que empleen métodos similares de negociación.

La Comisión Europea considera, por otro lado, que aunque el principio general debe de ser que las órdenes sean publicadas de forma inmediata es necesario prever ciertas excepciones a dicho principio. Por ejemplo en el caso de “grandes órdenes” (blocktrades), etc.

Por otro lado, aunque no se considere relevante la necesidad de hacer público el libro de órdenes (pre-trade) en los casos de negociación entre contrapartidas o de internalización no-sistemática, si se propone que se pongan a disposición del mercado los datos relativos a las órdenes ejecutadas de dicha forma. La obligación de información propuesta se limitará a las operaciones realizadas fuera de la bolsa de instrumentos admitidos a cotización en un “mercado regulado” del cual sea miembro el intermediario autorizado. Esto evitará imponer la obligación de crear nuevas fuentes de datos en mercados de los que no sea miembro la sociedad.

Las propuestas de la Comisión Europea se limitan a determinar qué datos y con qué cadencia temporal han de hacerse públicos en la suposición de que existan en el mercado las suficientes estructuras de tipo privado que se encargaran de, por la vía de la consolidación de todos ellos, proveer al fin último de los mecanismos de transparencia propuesto. Esto es, permitir la posibilidad que las diferentes órdenes puedan relacionarse entre sí. La Comisión Europea desearía recibir comentarios con respecto a este particular y más específicamente sobre si se considera que el confiar exclusivamente en la iniciativa privada permitirá alcanzar el objetivo de permitir un acceso general a todos o la mayor parte de los datos relativos a las órdenes (tanto propuestas como ejecutadas) del mercado. Se debiera prever un mayor papel de las autoridades públicas a este respecto (por ejemplo mediante la designación/autorización de la/s empresa/s a las que dichos datos han de ser enviados y que se encargarán de consolidarlos).

Es importante reseñar que las propuestas de la Comisión Europea no pretenden privar a los datos relativos a la negociación de instrumentos financieros de su carácter comercial. (...)”. Tomado de http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/finances/mobil/isd/docs/2nd-overview-paper_es.pdf

(87) Véase, por ejemplo, Fondo Monetario Internacional, Código de buenas prácticas de transparencia en las políticas monetarias y financieras: declaración de principios. Adoptado por el Comité Provisional el 26 de septiembre de 1999: “3. Para los fines del Código, la transparencia consiste en que se den a conocer al público en forma comprensible, accesible y oportuna los objetivos de la política, el marco jurídico, institucional y económico de la misma, las decisiones de política y sus fundamentos, los datos y la información relacionada con las políticas monetarias y financieras y los términos en que los organismos deben rendir cuentas. Por consiguiente, las prácticas de transparencia que se enumeran en el Código se centran en: 1. La claridad de las funciones, y objetivos de los bancos centrales y los organismos financieros; 2. Los procesos mediante los cuales el banco central formula y publica las decisiones de política monetaria y, los organismos financieros, las políticas financieras; 3. El acceso del público a la información sobre las políticas monetarias y financieras, y 4. La rendición de cuentas y las garantías de integridad del banco central y los organismos financieros”. Tomado de http://www.imf.org/external/np/mae/mft/code/spa/code2s.pdf

(88) “(...) De esta forma, internacionalmente la ley y la doctrina han estipulado la asignación de responsabilidades a entidades y personas que coadyuvan con procesos como la estructuración y colocación de emisiones, la calificación de los valores emitidos, el depósito y la custodia de valores negociados en el mercado, la cobertura a los inversionistas por riesgo de pérdida de títulos o dinero destinado a operaciones bursátiles, la asesoría en la conformación de portafolios de inversión, y la entrega de información al mercado y a los inversionistas. Esto ha originado regímenes regulatorios para las actividades de banca de inversión, la calificación de valores, la compensación y liquidación de operaciones y el depósito de valores, la gestión de fondos de garantía que cubran a los inversionistas, y más recientemente la certificación de operaciones realizadas por vía electrónica y/o a través de la red mundial de computadores (Internet). (...)” Tomado el 1º de septiembre de 2002 de http://www.supervalores.gov.co/ig_facilitador.htm

(89) Tomado el 1º de septiembre de 2002 de http://www.sec.gov/divisions/marketreg/securitiesanalysts.htm

(90) Tomado el 1º de septiembre de 2002 de http://www.sec.gov/news/testimony/032002tsih.htm

(91) “Banca de inversión: actividad desarrollada por un intermediario del mercado financiero que puede incluir el diagnóstico de empresas, la organización de potenciales compradores, la asesoría de inversionistas en la creación de nuevas empresas e inclusive la consecución de recursos para tales operaciones”. Tomado el 1º de septiembre de 2002 de http://www.supervalores.gov.co/glosario/glosario-b.htm#BANCAINVERSION

(92) “Calificación de valores: es una opinión profesional que produce una agencia calificadora de riesgos, sobre la capacidad de un emisor para pagar el capital y los intereses de sus obligaciones en forma oportuna. Para llegar a esa opinión, las calificadoras desarrollan estudios, análisis y evaluaciones de los emisores”. Tomado el 1º de septiembre de 2002 de http://www.supervalores.gov.co/glosario/glosario-c.htm#CALIFICACION%20DE%20VALORES

(93) “A credit rating agency is a firm that provides its opinion on the creditworthiness of an entity and the financial obligations (such as, bonds, preferred stock, and commercial paper) issued by an entity. Generally, credit ratings distinguish between investment grade and non-investment grade. For example, a credit rating agency may assign a “triple A” credit rating as its top “investment grade” rating for corporate bonds and a “double B” credit rating or below for “non-investment grade” or “high-yield” corporate bonds.” Tomado el 1º de septiembre de 2002 de http://www.sec.gov /answers/nrsro.htm

(94) Tomado el 1º de septiembre de 2002 de http://www.sec.gov/news/speech/spch559.htm

(95) “(…) Let me conclude with a point that may be last but is certainly not least. We need legislative assistance in increasing our funding for both this and subsequent fiscal years. The SEC regulates industries and markets that have grown enormously, in both size and complexity. The Commission currently oversees an estimated 8,000 brokerage firms employing nearly 700,000 brokers; 7,500 investment advisers with approximately $20 trillion in assets under management; 34,000 investment company portfolios; and over 17,000 reporting companies.

The President’s budget for fiscal 2003 requested an appropriation of $466.9 million for the Commission, an appropriation that I supported when it was first formulated. But, since the time that appropriation was formulated, pay parity legislation has passed, and the Commission has had to respond to three crises. As a result of those recent events, we critically need additional funds to enable us to phase-in a modest pay parity plan. We also need authorization to add new staff to address pressing immediate needs. We have discussed our interim personnel and resource needs with OMB, and they have indicated their receptivity to our request for an additional $15 million to fund 100 new lawyers and accountants. (…)” Tomado el 1º de septiembre de 2002 de http://www. sec.gov/news/testimony/032102tshlp.htm

(96) Ley 599 de 2000: “Artículo 54. Mayor y menor punibilidad. Además de las atenuantes y agravantes consagradas en otras disposiciones, regirán las siguientes.

Artículo 55. Circunstancias de menor punibilidad. Son circunstancias de menor punibilidad, siempre que no hayan sido previstas de otra manera:

1. La carencia de antecedentes penales.

2. El obrar por motivos nobles o altruistas.

3. El obrar en estado de emoción, pasión excusables, o de temor intenso.

4. La influencia de apremiantes circunstancias personales o familiares en la ejecución de la conducta punible.

5. Procurar voluntariamente después de cometida la conducta, anular o disminuir sus consecuencias.

6. Reparar voluntariamente el daño ocasionado aunque no sea en forma total. Así mismo, si se ha procedido a indemnizar a las personas afectadas con el hecho punible.

7. Presentarse voluntariamente a las autoridades después de haber cometido la conducta punible o evitar la injusta sindicación de terceros.

8. La indigencia o la falta de ilustración, en cuanto hayan influido en la ejecución de la conducta punible.

9. Las condiciones de inferioridad psíquica determinadas por la edad o por circunstancias orgánicas, en cuanto hayan influido en la ejecución de la conducta punible.

10. Cualquier circunstancia de análoga significación a las anteriores.

Artículo 56. El que realice la conducta punible bajo la influencia de profundas situaciones de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas, en cuanto hayan influido directamente en la ejecución de la conducta punible y no tengan la entidad suficiente para excluir la responsabilidad, incurrirá en pena no mayor de la mitad del máximo, ni menor de la sexta parte del mínimo de la señalada en la respectiva disposición.

Artículo 57. Ira o intenso dolor. El que realice la conducta punible en estado de ira o de intenso dolor, causados por comportamiento ajeno grave e injustificado, incurrirá en pena no menor de la sexta parte del mínimo ni mayor de la mitad del máximo de la señalada en la respectiva disposición.

Artículo 58. Circunstancias de mayor punibilidad. Son circunstancias de mayor punibilidad, siempre que no hayan sido previstas de otra manera:

1. Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos destinados a actividades de utilidad común o a la satisfacción de necesidades básicas de una colectividad.

2. Ejecutar la conducta punible por motivo abyecto, fútil o mediante precio, recompensa o promesa remuneratoria.

3. Que la ejecución de la conducta punible esté inspirada en móviles de intolerancia y discriminación referidos a la raza, la etnia, la ideología, la religión, o las creencias, sexo u orientación sexual, o alguna enfermedad o minusvalía de la víctima.

4. Emplear en la ejecución de la conducta punible medios de cuyo uso pueda resultar peligro común.

5. Ejecutar la conducta punible mediante ocultamiento, con abuso de la condición de superioridad sobre la víctima, o aprovechando circunstancias de tiempo, modo, lugar que dificulten la defensa del ofendido o la identificación del autor o partícipe.

6. Hacer más nocivas las consecuencias de la conducta punible.

7. Ejecutar la conducta punible con quebrantamiento de los deberes que las relaciones sociales o de parentesco impongan al sentenciado respecto de la víctima.

8. Aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando a ésta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito.

9. La posición distinguida que el sentenciado ocupe en la sociedad, por su cargo, posición económica, ilustración, poder, oficio o ministerio.

10. Obrar en coparticipación criminal.

11. Ejecutar la conducta punible valiéndose de un inimputable.

12. Cuando la conducta punible fuere cometida contra servidor público por razón del ejercicio de sus funciones o de su cargo, salvo que tal calidad haya sido prevista como elemento o circunstancia del tipo penal.

13. Cuando la conducta punible fuere dirigida o cometida total o parcialmente desde el interior de un lugar de reclusión por quien estuviere privado de su libertad, o total o parcialmente fuera del territorio nacional.

14. Cuando se produjere un daño grave o una irreversible modificación del equilibrio ecológico de los ecosistemas naturales.

15. Cuando para la realización de la conducta punible se hubieren utilizado explosivos, venenos u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva.

16. Cuando la conducta punible se realice sobre áreas de especial importancia ecológica o en ecosistemas estratégicos definidos por la ley o los reglamentos.

Artículo 59. Motivación del proceso de individualización de la pena. Toda sentencia deberá contener una fundamentación explícita sobre los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la pena.

Artículo 60. Parámetros para la determinación de los mínimos y máximos aplicables. Para efectuar el proceso de individualización de la pena el sentenciador deberá fijar, en primer término, los límites mínimos y máximos en los que se ha de mover. Para ello, y cuando hubiere circunstancias modificadoras de dichos límites, aplicará las siguientes reglas:

1. Si la pena se aumenta o disminuye en una proporción determinada, ésta se aplicará al mínimo y al máximo de la infracción básica.

2. Si la pena se aumenta hasta en una proporción, ésta se aplicará al máximo de la infracción básica.

3. Si la pena se disminuye hasta en una proporción, ésta se aplicará al mínimo de la infracción básica.

4. Si la pena se aumenta en dos proporciones, la menor se aplicará al mínimo y la mayor al máximo de la infracción básica.

5. Si la pena se disminuye en dos proporciones, la mayor se aplicará al mínimo y la menor al máximo de la infracción básica.

Artículo 61. Fundamentos para la individualización de la pena. Efectuado el procedimiento anterior, el sentenciador dividirá el ámbito punitivo de movilidad previsto en la ley en cuartos: uno mínimo, dos medios y uno máximo.

El sentenciador solo podrá moverse dentro del cuarto mínimo cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran únicamente circunstancias de atenuación punitiva, dentro de los cuartos medios cuando concurran circunstancias de atenuación y de agravación punitiva, y dentro del cuarto máximo cuando únicamente concurran circunstancias de agravación punitiva.

Establecido el cuarto o cuartos dentro del que deberá determinarse la pena, el sentenciador la impondrá ponderando los siguientes aspectos: la mayor o menor gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, la naturaleza de las causales que agraven o atenúen la punibilidad, la intensidad del dolo, la preterintención o la culpa concurrentes, la necesidad de pena y la función que ella ha de cumplir en el caso concreto.

Además de los fundamentos señalados en el inciso anterior, para efectos de la determinación de la pena, en la tentativa se tendrá en cuenta el mayor o menor grado de aproximación al momento consumativo y en la complicidad el mayor o menor grado de eficacia de la contribución o ayuda.

Artículo 62. Comunicabilidad de circunstancias. Las circunstancias agravantes o atenuantes de carácter personal que concurran en el autor de la conducta no se comunican a los partícipes, y solo serán tenidas en cuenta para agravar o atenuar la responsabilidad de aquellos que las hayan conocido.

Las circunstancias agravantes o atenuantes de índole material que concurran en el autor, se comunicarán a los partícipes que las hubiesen conocido en el momento de la planeación o ejecución de la conducta punible”.