Repercusiones tributarias por la emergencia social

Revista N° 158 Mar.-Abr. 2010

Humberto Aníbal Niño Vélez 

Abogado Tributarista  

La declaratoria de estado de emergencia social, efectuada mediante el Decreto 4975 del 23 de diciembre del 2009, le permitió al Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, dictar decretos con fuerza de ley con la única finalidad de conjurar la crisis en el sistema general de seguridad social en salud, que amenazaba en forma grave el orden social del país.

Varias de las medidas excepcionales adoptadas tienen que ver directamente con la modificación transitoria de la legislación tributaria, razón por la cual: i) se aumentó la tarifa del impuesto al valor agregado (IVA) para las cervezas —tanto de producción nacional como importadas— prevista en el artículo 475 del estatuto tributario (D. Leg. 127/2010, art. 2º) y para los juegos de suerte y azar señalada en el artículo 420 ibídem (D. Leg. 127/2010, art. 3º); ii) se estableció una nueva tarifa del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado y de licores, vinos aperitivos y similares (D. Leg. 127/2010, arts. 5º y 6º); y iii) se dispuso que los recursos destinados a la salud provenientes de impuestos, rentas o derechos de explotación por operación de juegos de suerte y azar no pueden ser objeto del gravamen a los movimientos financieros GMF (D. Leg. 130/2010, art. 7º).

Adicionalmente, se aprovechó la oportunidad para controlar la evasión y elusión en el recaudo de recursos parafiscales a cargo de terceros(1), utilizando para el efecto a los contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, quienes hasta ahora solo respondían por las consecuencias derivadas del no cumplimiento de sus propias obligaciones (E.T., arts. 108 y 664). En consecuencia, la nueva regulación condiciona la celebración de contratos de prestación de servicios a la verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista para con los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, según el caso y de las relacionadas con los aportes a las cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Los nuevos mecanismos de control al recaudo de las cotizaciones y aportes, son los siguientes:

a. Con relación a los aportes a la seguridad social a cargo del contribuyente —cuyo valor debe suministrar a título informativo en su declaración de renta por mandato del parágrafo 1º del artículo 50 de la Ley 789 del 2002—, se consagró la sanción por inexactitud prevista en la legislación tributaria para cuando tal información presente inconsistencias (D. Leg. 129/2010, art. 4º), aparte de la exigencia que se contempla de haber efectuado los aportes de conformidad con la ley, como requisito de deducibilidad de los pagos que por salarios haga el contribuyente (D. Leg. 129/2010, art. 3º).

Esta sanción resulta inocua gracias a la falta de determinación del monto y de la base sobre la cual se debe calcular, lo que resalta la improvisación en la adopción de esta medida.

b. Los trabajadores independientes o contratistas deben identificar plenamente y de manera expresa —en la factura de venta o cuenta de cobro respectiva— la planilla mediante la cual se efectuaron los pagos por concepto de cotizaciones y aportes al sistema de protección social sobre los ingresos materia de facturación (sic) y si el valor del aporte a la seguridad social en salud puede ser utilizado para disminuir la base de retención en la fuente en los términos del artículo 4º del decreto 2271 del 2009 (D. Leg. 129/2010, arts. 2º y 5º); la liquidación y pago por estos conceptos deben ser verificados por el contratante, no solo para que el monto de lo pagado por la prestación del servicio sea deducible del impuesto sobre la renta (D. Leg. 129/2010, art. 3º), sino para cumplir la obligación que se impone de retener las sumas adeudadas para efectuar el giro directo de tales recursos con prioridad a los regímenes de salud y pensiones (D. Leg. 129/2010, art. 2º).

La exigencia de acreditar el pago total de los aportes correspondientes a los ingresos facturados no tiene ninguna posibilidad práctica de ser cumplida y solo se explica su origen en la inadecuada e inoportuna copia del texto legal previsto en el artículo 50 de la Ley 789 del 2002, que permite la figura de la retención de las sumas dejadas de recaudar por estos conceptos, pero al momento de realizar la respectiva liquidación de los contratos celebrados con entidades del sector público.

Será entonces el propio Gobierno Nacional quién terminará "legislando" en asuntos tan delicados, mediante la reglamentación que expida con el propósito de implementar las imprecisas decisiones adoptadas al amparo del actual estado de excepción.

(1) Algunos de estos aportes no están destinados al sector salud, con lo cual se incumple la exigencia constitucional de referirse a materias que tengan relación directa y específica con el estado de emergencia (C.N., art. 215).