Residencia y periodo fiscal de expatriados en Colombia

Revista Nº 194 Mar.-Abr. 2016

Javier Nelson Rojas 

Especial Revista Impuestos 

La creciente globalización de los negocios ha intensificado la migración de talento humano entre las compañías que tienen operaciones en distintos países, hecho que ocasiona una compleja situación para el trabajador migrante frente a las administraciones tributarias del país de donde proviene y de aquel que lo acoge.

En el IV Congreso Colombiano de Tributación Internacional, organizado en noviembre del 2015, en Bogotá, por la Asociación Fiscal Internacional (IFA, por su sigla en inglés), el Instituto Colombiano de Derecho Tributario y AP Legis, se desarrolló un panel en torno a la tributación de los expatriados, donde se analizaron algunos casos y se compararon las legislaciones tributarias en la materia de España y Colombia.

María Consuelo Torres, experta en tributación y moderadora del panel, afirmó que el régimen español de expatriados “se parece mucho a lo que teníamos antes de la Ley 1607 del 2012”, en Colombia, normativa conforme a la cual “los extranjeros sin residencia o domicilio en Colombia solamente a partir del quinto año eran gravados sobre la renta de fuente mundial”. En la ley española se tiene “un tratamiento que deja unos años libre de gravamen sobre la renta mundial, salvo algunas excepciones, pero no interesa si se trata de un extranjero, sino que también puede ser aplicable a un ciudadano español. Nos ha parecido importante mirar un régimen que, a partir de la Ley 1607, ya no tenemos, porque el extranjero sin residencia en Colombia viene a tributar sobre renta mundial a partir del primer año”.

Ignacio Gordillo, director de la firma Montero Aramburu de España, señala que el régimen fiscal especial español de impatriados, como se denomina a la normativa fiscal atinente a los trabajadores expatriados que arriban a esa nación, constituye “un régimen de tributación cuasi territorial aplicable a quienes adquieran la residencia fiscal en España. La finalidad del mismo es la captación de capital humano y por tanto el influjo de conocimiento que eso pueda atraer a la actividad económica española”.

“Los beneficios del régimen son de tres tipos: una tributación cuasi territorial de las rentas”. Por ejemplo, en primer lugar, un “colombiano que adquiere la residencia fiscal en España no va a tributar, en este país, por las rentas de fuente no española. En segundo lugar, no va a tributar en sede del impuesto de patrimonio por el patrimonio localizado fuera del territorio español. Y en tercer lugar, si bien la ley no lo dispone expresamente, por vía interpretativa, la administración tributaria española, oficialmente, ha dicho que ese ciudadano colombiano que adquiere la residencia española y se acoge a este régimen no tendrá que cumplir con las obligaciones que cualquier otro residente fiscal español, sujeto al régimen general, tiene en cuanto a la información o reporte de los activos” de que disponga en el exterior. “Así que son tres beneficios: en materia de renta y de ganancias de capital, de patrimonio y en materia de reporte de información”.

Eventualmente, un colombiano en España, en relación con “aquellas rentas pasivas que sí sean de fuente española, por ejemplo, dividendos, intereses o ganancias de capital, tributarán a una tasa que va entre el 19% y el 23%, según una escala ya establecida”, acotó Gordillo.

Entre tanto, respecto a los ingresos que empiece a percibir, producto del “trabajo personal, va a tener que tributar, y por eso hablaba de régimen cuasi territorial, por la renta mundial. Si ese colombiano que va a España adquiere la residencia fiscal allá, obtiene rendimientos de su trabajo personal en España y, a lo mejor, viene esporádicamente a Colombia y sigue trabajando para una empresa colombiana de la cual percibe rendimientos del trabajo, en ese caso, toda la renta mundial tributará en España a una tasa preferencial fija del 24% para los primeros 600 mil euros anuales; por encima de este valor tributará a una tasa fija del 45%”.

Asimismo, manifestó: “estos son los beneficios que están claros en la ley y hay un beneficio añadido que está, ahora mismo, en el aire” y es en torno a si este colombiano del ejemplo podrá “beneficiarse de la red española de tratados para evitar la doble imposición. Él está en una zona gris” porque, en lo pertinente al concepto de residencia, a efectos de los convenios de doble imposición y del modelo de convenio para evitar la doble imposición de la OCDE, “por un lado, pues no tributa exclusivamente por la renta española, no se le aplica un régimen exclusivamente territorial, no está en la parte negra, pero tampoco está en la parte puramente blanca, porque solo tributa por aquellas rentas de fuente no española que deriven de su trabajo personal”.

“El legislador español, a sabiendas de que es una situación en zona gris, lo que ha determinado es: el colombiano podrá obtener un certificado de residencia fiscal a efectos domésticos, emitido por la autoridad tributaria española, pero, en cuanto a un certificado de residencia fiscal a efectos de los tratados para evitar la doble imposición firmados por España, el Ministerio de Hacienda podrá, a condición de reciprocidad, informar y determinar acerca de cuáles son las condiciones y en qué casos sí se podrá obtener ese certificado. Desafortunadamente, todavía no tenemos desarrollos por parte del Ministerio de Hacienda en este punto y lo cierto es que hay que dejarlo en interrogante”, añadió Gordillo.

El colombiano que obtenga la residencia fiscal en España podrá aplicar este régimen favorable durante seis años: el primer año en el que adquiera la residencia fiscal en España y permanezca más de 183 días en el país y los siguientes cinco años. Luego, “a partir del séptimo año, el colombiano ya se integrará a la lista de residentes fiscales en España sujetos a régimen general y entonces ya estará obligado a tributar según el criterio de renta y de patrimonio mundial”. En primer lugar, un requisito que debe cumplir un colombiano para acogerse a este régimen de expatriados en España es que “no podrá haber sido residente fiscal en España durante los diez años anteriores” al arribo a la nación ibérica. En segundo lugar, “ese desplazamiento a territorio español debe producirse a causa de cualquiera de las tres circunstancias siguientes: que sea contratado laboralmente por una empresa española, que sea enviado a España como consecuencia de un contrato laboral con una empresa extranjera, ya sea colombiana o de cualquier otro país, y que sea nombrado como administrador de una sociedad” en dicho país.

Según Gordillo, “en cualquiera de estos tres casos, para preservar, conforme a la normativa española, que se trate de verdad de una relación de tipo laboral, jurídicamente hablando, y en el caso del administrador, porque expresamente lo establece la norma, es importante que el colombiano residente en España” no figure como titular directo o indirecto, tomando en cuenta su ámbito familiar y empresarial, de “más de un 25% de la sociedad que lo contrata laboralmente o que lo nombra administrador”.

“Otro requisito añadido es que el colombiano no podrá ejercer en España, por cuenta propia, como persona natural, actividades profesionales, empresariales o artísticas. Si ejerciera ese tipo de actividades de manera directa no podría acogerse al régimen fiscal”, declaró Gordillo. “El último requisito es meramente formal, procedimental; desde la llegada del colombiano a España, como consecuencia de una de las tres circunstancias antes descritas, tendrá que comunicar a la oficina de hacienda española, mediante un formulario y con el aporte de determinada documentación, no demasiado pesada, que quiere acogerse a dicho régimen”.

Camilo Zarama, especialista en derecho tributario internacional y socio de Garrigues Colombia, preguntó por la razón fundamental de España para constituir ese régimen de impatriados, ante lo cual Gordillo manifestó que había sido “decisión pura de política tributaria el pretender que este régimen fiscal atraiga capital humano, talento, a la economía española. Se puede también imaginar que es un brindis a grandes fortunas, no se puede negar, para que hagan planeación fiscal internacional mediante cambio de residencia”.

Y agregó Gordillo: “también tiene otra vertiente, en la práctica, que es importante, no digo que sea el motivo principal, ni siquiera uno de los principales, pero es cierto que este régimen de impatriados acompaña muy bien al régimen de ETVE (entidades de tenencia de valores extranjeros), cuando la coyuntura actual y lo que se avecina en el futuro implica mayores requerimientos y condiciones de sustancia” en las operaciones transnacionales de las compañías. Explicó, además, que “si un grupo empresarial colombiano quiere establecer una estructura holding en España y ya en los territorios de fuente, de destino de la inversión, o en la propia Colombia, se empiezan a requerir mayores condiciones de sustancia, pues será más fácil enviar a un colombiano con este régimen que si se aplicara el régimen general. Y a esto también va añadido que casa muy bien, este régimen, con otros beneficios no necesariamente de índole tributaria como son el famoso ‘golden visa’ que permite, prácticamente, el permiso de larga duración en España y por tanto en Europa y acceso a la doble nacionalidad con una serie de inversiones específicas o de proyectos empresariales. Todo eso incentiva que grandes fortunas y que directivos corporativos de grupos económicos, por ejemplo, latinoamericanos, cada vez vayan más a Madrid o Barcelona y se establezcan allí”.

Primer caso

María Consuelo Torres, moderadora del panel sobre tributación de expatriados, explicó que el caso número uno trata de un ciudadano español que ingresó a Colombia a partir del primero de marzo del 2014 y permaneció hasta el 15 de octubre del mismo año. Entró a desempeñar actividades de trabajo por las cuales percibió rentas, pero mantuvo en España a su familia y los bienes que corresponden a la mayor parte de su patrimonio, del cual también se derivan rentas importantes para el expatriado. Durante el 2014, ese expatriado no solamente percibió las rentas de fuente colombiana, las rentas de fuente española, sino que también tuvo rentas percibidas en EE. UU.

Según Torres, la problemática planteada “es cómo y a qué tarifa debería tributar ese expatriado en Colombia. Está la consideración de que en Colombia ese expatriado es residente colombiano por la temporalidad, o sea que cumplió el término mínimo de días de permanencia para considerarlo residente, pero esa residencia en Colombia tuvo que ceder ante la residencia española, sobre la base de que tenía que entrar a reglas de desempate. Y estas, de acuerdo con el tratado para evitar la doble imposición”, determinan que el estado donde “tenga una vivienda permanente a disposición, será el que demande la reclamación de residencia” del mencionado ciudadano español.

“En este caso, el expatriado seguramente tiene vivienda permanente en ambos sitios, porque necesita una para su trabajo y la otra para su familia. Entonces, al consultar la segunda regla de desempate se evidencia que está el centro de intereses vitales (artículo 4º del convenio para evitar la doble imposición entre Colombia y España). Y hemos definido en el panel que, por centro de intereses vitales, sería un residente español, porque tiene tanto unos ingresos mayoritarios que provienen de España como una posesión de su patrimonio en España”. Entonces, se resolvió determinar que es un residente español, expresó Torres.

Sin embargo, continuó, “como Colombia está cediendo el tema de residencia, en virtud del tratado con España para evitar la doble imposición, la pregunta es si podría inaplicar este aspecto de residencia frente a rentas que no tienen que ver con los países involucrados en el tratado como serían las provenientes de EE. UU. Y, de otra parte, hasta qué punto Colombia podría gravar a una tarifa de residente, privilegiando la legislación local a este expatriado, porque cumple el término mínimo que, de acuerdo con la legislación doméstica, lo convierte en residente”.

Frente al caso, Juan Manuel Idrovo, tributarista y socio de la firma BDO, aseguró que “la situación se complica aún más con el régimen de impatriados, independientemente de que hayamos concluido y tomado la decisión en el panel de que el individuo es residente en España, ya que el artículo cuarto del convenio de doble imposición con España establece que no es residente la persona que está sujeta a imposición en ese Estado, exclusivamente por la renta que obtenga de fuente situada en ese Estado. Entonces, con base en eso, ni siquiera habría que llegar a reglas de desempate, sino que probablemente tendría que ser considerado residente en Colombia”.

“El otro tema corresponde a las dos causales, en España, para que él sea considerado residente y es que permanezca más de 183 días. Y también se computan las ausencias esporádicas; ese es otro tema interesante de mirar en algún momento, porque por reciprocidad, en el convenio para evitar la doble imposición entre Colombia y España, Colombia también debería contabilizar las ausencias esporádicas en el cálculo de los 183 días” de permanencia continua.

“El segundo evento es que el ciudadano español radique, en España, el núcleo de sus actividades o intereses económicos de forma directa o indirecta”. Idrovo pidió la opinión de Ignacio Gordillo sobre el siguiente aparte de la legislación española, quien dijo: “salvo prueba en contrario, se presume la residencia virtual en España, cuando residen en este país el cónyuge no separado y los hijos menores de edad”. Así, Idrovo expresó una inquietud específicamente por la frase “salvo prueba en contrario”. “¿Si alguien prueba que es residente en Colombia, porque permaneció más de 183 días, eso es una prueba en contrario que sirve para desvirtuar la residencia en España?”.

Y continuó con el análisis. Con base en lo anterior y al establecer que “la persona, definitivamente, por la razón que sea, es residente en España, pues llegamos a la conclusión de que es residente para todos los efectos, porque se está tratando de resolver aquí si es solo residente para efectos vis a vis (cara a cara) de España o si lo es para todos los efectos, parcialmente. El tratado lo que define es la residencia fiscal de un ciudadano español, por lo tanto, si la residencia fiscal del ciudadano español está resuelta respecto de Colombia debería aplicar para todos los efectos”. Por lo tanto, Colombia no debería gravar la renta de fuente estadounidense y tendría que “aplicar la tarifa del 33% sobre las rentas de fuente colombiana”.

La moderadora María Consuelo Torres también indagó a Ignacio Gordillo “si siguiendo las normas de España”, el sujeto del caso “sería residente español o si hay prueba en contrario, por el hecho de demostrar” que en Colombia tuvo una permanencia de más de 183 días y en tal situación “considerar que hay una duplicidad, si se puede llamar así, de la residencia”.

Gordillo respondió: “siendo estas las circunstancias, mucho me temo que conforme a la normativa española, el señor del caso sería residente fiscal en España, de todas formas, porque si bien parece que no va a permanecer en España más de 183 días, y habría que ver la regla de cómputo de ausencia esporádica, lo cierto es que el centro de intereses económicos, y ese es otro de los puntos de conexión de residencia fiscal, según la normativa española, está en España y ese punto de conexión no admite prueba en contrario. Es decir, no tendríamos ni tan siquiera que ir a la parte personal del centro de intereses vitales que es esa presunción ‘iuris tantum’ que establece la normativa española, cuando la esposa y los hijos residen en España”.

Además, añadió Gordillo, “si bajo estas circunstancias, según la normativa colombiana, también es residente en Colombia, entonces tendríamos que ir a la regla de desempate”. Al analizar el respectivo artículo 4.2 del convenio para evitar la doble imposición entre las dos naciones, “todo parece apuntar a que el centro de intereses económicos y vitales está en España, si tuviéramos que ir en ese orden, en cascada, al segundo punto del conocido artículo 4º”.

Por su parte, Daniel Cardoso, especialista en derecho tributario de PricewaterhouseCoopers, opinó que “Colombia no tiene la potestad para gravar las rentas de fuente estadounidense, porque en el convenio hay un artículo que específicamente excluye la potestad que tiene el país que pierde, por reglas de desempate, la residencia para gravar las rentas que se obtienen en un país distinto a España”.

En lo concerniente a los intereses, hay un artículo del convenio de doble imposición conforme al cual “para que Colombia no los pueda gravar, aquellos deben provenir del Estado español. Entonces, en este caso, no podríamos aplicar ese artículo, sino el artículo 20 para otras rentas; este señala que el país de residencia tiene la potestad para gravarlas, cualquiera fuese su procedencia. De esta forma, por ser una renta estadounidense, Colombia no la podría gravar, porque en el desempate la residencia” se le confirió a España.

No obstante, agregó Cardoso, “considero que esta persona del caso sigue siendo residente en Colombia para los efectos de la tarifa y por ende se le debería aplicar la tarifa progresiva y de la misma forma se podría llegar a pensar que puede ser un empleado para fines tributarios. Entonces, Colombia no puede gravar las rentas estadounidenses, pero respecto a las rentas de fuente colombiana, la tarifa del impuesto” debe corresponder a la tabla progresiva.

Camilo Zarama aseguró que al ciudadano español del caso, en relación con la remuneración percibida en Colombia, debería concedérsele la tarifa de residente “con fundamento en la aplicación de la Convención de Nueva York”. Al respecto, recordó que “la administración tributaria colombiana ha sido reacia a aplicar esta disposición bajo dos entendidos: primero, en algunos pronunciamientos ha señalado que las partes no firmantes de la convención no serían susceptibles de la aplicación de la misma como tal y, segundo, en un análisis señala que no ve lugar a la aplicación de la convención, en cuando que un no residente colombiano tendría el mismo tratamiento que un no residente extranjero”.

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“Desde la perspectiva de la convención, se ha establecido que el trabajador migrante es quien debe mover su domicilio y es a él, en su condición de trabajador, que se le debe dar un tratamiento igualitario” con base en las condiciones que “gozan los trabajadores del país receptor”, enfatizó Zarama.

Segundo caso

A continuación, María Consuelo Torres dijo: el caso número dos “trata de un expatriado que estuvo en Colombia desde agosto de un año hasta enero del otro de manera consecutiva. Con posterioridad sale del país, luego regresa en mayo y junio, después se va otra vez del país y regresa a pasar diciembre en Colombia. El problema que se ha discutido es el tema del período fiscal, porque este no es lo mismo que la residencia. Esta última, con la Ley 1607 del 2012, se estableció como la permanencia de más de 183 días continuos o discontinuos en un periodo de 365 días calendario, mientras que el periodo fiscal, por norma, está señalado como el que inicia el primero de enero y termina el 31 de diciembre de cada año”.

“Sin embargo, existe el Decreto 187 de 1975 que establece excepciones a ese periodo gravable. Una es justamente cuando el extranjero ingresa o sale del país; determina que ahí el período gravable ya no va a seguir la regla general de primero de enero a 31 de diciembre, sino que se va a mirar la fecha efectiva de ingreso contra la fecha de salida. Lo malo en este caso es que puede presentarse esta situación donde no haya una sola entrada y una sola salida, sino que ocurra esta circunstancia (de varios ingresos y salidas). Por eso hemos querido revisar si se podría aplicar este Decreto 187” en el escenario descrito, anotó Torres.

En lo atinente al segundo caso, Juan Manuel Idrovo expresó que existen “dos temas cruciales para determinar si la persona declara como residente o no y en qué año. En el año uno es claro que sería no residente, por cuanto estuvo menos de 183 días, si se cuenta de agosto a diciembre. La duda se genera en el año dos, ya que ahí de un año a otro completa 184 días a 31 de enero y, en todo caso, después volvió por unos periodos en el año dos”.

Explicó que “el artículo 10 del estatuto tributario señala expresamente que la residencia se predica cuando una persona está más de 183 días en cualquier periodo de 365 días y ahí surge la primera inquietud: ¿qué significa cualquier periodo?, ¿quién lo determina y cuál periodo prima? Se puede decir que se toma de agosto a agosto; eso es cualquier periodo”, o de diciembre a diciembre, “pero también se puede escoger de enero a diciembre, porque se establece que cualquier periodo de 365 días, y como el periodo fiscal es anual se puede escoger, teóricamente, tal como está la norma. ¿Quién dice que se debe partir de un mes específico? Si se llega a esta conclusión, es posible afirmar que esta persona no fue residente en Colombia en ninguno de los dos años; el primero, porque obviamente estuvo menos de 183 días y el segundo, porque, si se consideran los 365 días de primero de enero a 31 de diciembre, tampoco estuvo 183 días”.

Idrovo insistió en la validez de su afirmación, “porque si se analiza en el marco del artículo 10 del estatuto tributario y esa persona no fuera extranjera sino colombiana y demostrara que los meses, de ese año, que estuvo fuera obtuvo más del 50% de sus ingresos” en otra nación o “más del 50% de sus activos están fuera del país, sería considerado no residente. ¿Por qué un extranjero que pudiera tener las mismas condiciones sí es necesariamente un residente? Eso iría contra el principio de no discriminación y, eventualmente, si la persona llegara a probar que el 50% de los ingresos o de los activos están fuera del país, se le debería aplicar el mismo tratamiento que a un nacional, de acuerdo con el artículo 10 del estatuto tributario”.

Por su parte, Camilo Zarama estuvo en desacuerdo con Idrovo, porque “tendríamos una situación que bajo normativa interna claramente nos llevaría a determinar que para el año dos el expatriado se convierta en residente fiscal”. La duda surge en torno a cómo se aplica el Decreto 187 de 1975. “La autoridad tributaria colombiana, en las doctrinas, ha señalado que el año fiscal, para efectos de las personas naturales, lo considera inescindible”. En consecuencia, “se termina por concluir: si para el segundo año, la persona del ejemplo cumple la condición de ser residente para ese año, también lo será para todo el año calendario. Si es así, el Decreto 187 no tiene aplicación, porque no tendría sentido que se analizaran distintos periodos, si para la totalidad del periodo la persona ya es considerada residente”.

“Las implicaciones son gigantes”, advirtió Zarama. Esto conlleva a “pensar en diferentes supuestos: primero, un expatriado que llega en enero a Colombia, ¿desde cuándo empieza a tributar o no por renta de fuente mundial?, si se le da aplicación al Decreto 187 de 1975”. Si se toma en cuenta el periodo contemplado en esta norma, “se debe decir que el expatriado, el no residente, siempre que vaya a venir como residente, comienza su periodo fiscal en el momento de entrada al país y no por la totalidad del calendario”.

“Asimismo, si ese no residente abandona el país antes de terminar el año, su renta de fuente mundial como residente colombiano iría hasta el momento en que abandona el país. Bajo la actual interpretación de la autoridad tributaria esto evidentemente nos debería llevar a pensar que no es así y el fundamento que esgrime la administración es que a partir de la definición de residencia que da la Ley 1607 del 2012, no podemos hablar de varios periodos dentro del mismo calendario, para efectos de las personas naturales”, aseveró.

Respecto a las dudas concernientes al periodo fiscal, Zarama aseguró que no hay forma de resolverlas en el marco de los convenios para evitar la doble imposición. “Los comentarios a los convenios no ayudan en eso, porque establecen dónde está la residencia, pero no se define el periodo fiscal”, dado que tal asunto “se va a manejar desde la normativa interna. Si se admitiera la aplicación del Decreto 187 de 1975 implicaría que una persona que ingresa a Colombia”, en las condiciones del caso en análisis, se le podría sugerir: “admita que sí es residente por el periodo, al menos, de mayo a junio”. Empero, Zarama cuestiona la validez que “podría tener esa residencia fiscal frente al otro país con el cual se tiene conflicto de residencia, cuando la persona solamente tuvo, en Colombia, dos meses de gravamen en la condición de residente y por lo tanto sobre los ingresos de fuente mundial”.

Entre tanto, Daniel Cardoso sostuvo que el Decreto 187 “sigue vigente y debe ser aplicado. No obstante, la administración de impuestos, en sus conceptos, ha manifestado que el periodo no se puede dividir y por lo tanto la persona debe presentar declaración de renta por el lapso del primero de enero al 31 de diciembre”. Pero en los conceptos de la autoridad tributaria nunca se analiza, específicamente, la disposición del decreto acorde con la cual “los extranjeros pueden tener un periodo diferente al año calendario”.

“Por esta razón, si la persona, en el año dos, se hubiera ido de forma definitiva en el mes de junio, el periodo de ella, en el año dos, iría del primero de enero al 30 de junio y por este periodo tributaría por sus ingresos de renta mundial, toda vez que ya cumplió con el requisito de más de 183 días en un periodo de 365 días”, explicó Cardoso.

“El problema es que la persona volvió en diciembre y al hacerlo debería tributar, por todo el año, por sus ingresos y patrimonio de fuente mundial”. Según Cardoso, se podría aplicar lo que establece la norma en relación con que los 365 días deben tener un punto de partida para contarlos, el cual podría ser “el día que la persona llegó a Colombia o el día que se fue”. Si se toma en cuenta este último, el periodo fiscal “sería de 31 de diciembre a primero de enero; no se cumple con la regla de 183 días, por tanto en ese periodo podría tributar como no residente. Pero esta persona, al cumplir ya los 183 días, durante el año dos, debería tributar por sus ingresos y patrimonio de fuente mundial por todo el año gravable”.

Al cierre del panel, el experto español Ignacio Gordillo llamó la atención acerca de la inquietud que le surgió “tras estudiar el régimen de impatriados español y ver que hay otros países en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por ejemplo, Portugal y otros más que aplican este tipo de regímenes especiales para traer residentes normalmente de alta cualificación o de alto patrimonio a sus territorios. Y le resulta paradójico que en el marco del proyecto BEPS (iniciativa para evitar la erosión de la base imponible y el traslado de utilidades por parte de las firmas multinacionales) países como España y Portugal, que se rasgan las vestiduras y con mucho afán introducen normativa doméstica y unilateralmente sin esperar a que verdaderamente haya un consenso para luchar contra la erosión de bases imponibles y la transferencia al exterior de utilidades, sin embargo compitan mundialmente de esta otra manera, con medidas tributarias, para captar no solo capital humano, sino también grandes fortunas”.

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