RESOLUCIÓN 1 DE 2003 

(Abril 8)

El comité constituido por el Ministro del Interior y de Justicia, las ministras de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional, en cumplimiento de las funciones que le fueron asignadas en la Ley 288 de 1996, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley 288 de 1996 se establecieron instrumentos para la indemnización de los perjuicios sufridos por las víctimas de violaciones de derechos humanos, en virtud de lo dispuesto por determinados órganos internacionales de derechos humanos;

Que en el numeral 1º del artículo 2º de la mencionada ley se señala, como supuesto para su aplicación, la existencia de “una decisión previa, escrita y expresa del comité de derechos humanos del Pacto internacional de derechos civiles y políticos o de la Comisión interamericana de derechos humanos en la que se concluya respecto de un caso concreto que el Estado colombiano ha incurrido en una violación de derechos humanos y se establezca que deben indemnizarse los correspondientes perjuicios”;

Que en el parágrafo 2º del artículo 2º de la misma ley se indica que: “En todo caso, si no existiere segunda instancia prevista en el tratado internacional aplicable o se hubiere agotado el término para impugnar la decisión, el comité deberá rendir concepto favorable al cumplimiento de la decisión del órgano internacional”;

Que en el artículo 14 de la misma ley se indica que: “las atribuciones asignadas al Gobierno Nacional por medio de la presente ley deberán ejercerse en forma tal que se evite el fenómeno de la doble o excesiva indemnización de perjuicios”;

Que en el artículo 12 de la misma ley se indica que “las indemnizaciones que se paguen o efectúen de acuerdo con lo previsto en esta ley, darán lugar al ejercicio de la acción de repetición de que trata el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política”;

Que en el parágrafo 9.8 de la comunicación 778 de 1997 del Comité de derechos humanos del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, relativa al caso de los señores Gustavo Coronel Navarro, Nahún Elías Sánchez Vega, Ramón Emilio Sánchez, Ramón Emilio Quintero Ropero, Luis Honorio Quintero Ropero, Ramón Villegas Téllez y Ernesto Ascanio Ascanio, se concluyó que el comité “considera que los hechos que se han expuesto constituyen violaciones del párrafo 1º del artículo 6º, del artículo 7º en lo que respecta a Gustavo Coronel Navarro, Nahún Elías Sánchez Vega, Luis Ernesto Ascanio Ascanio y Luis Honorio Quintero Ropero, del artículo 9º del artículo 17 del pacto”;

Que en el parágrafo 10 de la misma comunicación, señala el comité que “el Estado parte tiene la obligación de proporcionar a los familiares de las víctimas un recurso efectivo, que incluya una indemnización”;

Que en el caso presente ni existe “segunda instancia prevista en el tratado internacional aplicable” ni posibilidad de “impugnar la decisión”, en los términos que se indica en el parágrafo 2º del artículo 2º ya citado,

RESUELVE:

ART. 1º—Emitir concepto favorable para el cumplimiento de la comunicación 778 de 1997 proferida por el comité de derechos humanos del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, en los términos y para los efectos de la Ley 288 de 1996.

ART. 2º—Señalar que con base en el trámite conciliatorio o judicial de liquidación de perjuicios consiguiente, no podrán efectuarse pagos a quienes hubieren sido ya indemnizados por los hechos a que se refiere la mencionada comunicación, en cumplimiento de una sentencia o de un acuerdo conciliatorio total.

ART. 3º—Señalar, así mismo, que las autoridades que efectúen indemnizaciones de conformidad con el presente concepto deberán ejercer la acción de repetición, siempre que se reúnan los supuestos exigidos en el segundo inciso del artículo 90 de la Constitución Política.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 8 de abril de 2003.

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