Comisión Nacional de Crédito Agropecuario

RESOLUCIÓN 10 DE 2017

(Noviembre 15)

“Por la cual se adiciona una actividad financiable al artículo 2º y se modifica el artículo 3º de la Resolución 1 de 2016 de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario”.

La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario,

en ejercicio de las facultades consagradas en la Ley 16 de 1990 y el Decreto-Ley 2371 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que los artículos 64 y 66 de la Constitución Política de Colombia establecen que es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, otorgándoles la potestad de reglamentar condiciones especiales en crédito agropecuario.

Que el artículo 2º de la Ley 16 de 1990 dispuso que el crédito de fomento se destinará primordialmente, entre otras cosas, para mejorar las condiciones sociales y económicas del sector rural del país.

Que la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, dispone en el artículo 103 que “Sin perjuicio de las disposiciones propias para la titulación de baldíos o regulación de bienes fiscales, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o la entidad ejecutora que este determine, gestionará y financiará de forma progresiva la formalización de tierras de naturaleza privada, para otorgar títulos de propiedad legalmente registrados a los trabajadores agrarios y pobladores rurales de escasos recursos que tengan la calidad de poseedores. Esta posesión debe respetar las exigencias legales de la prescripción adquisitiva de dominio, sucesión, saneamiento de que trata la Ley 1561 de 2012 o ratificación notarial de negocios jurídicos, según sea el caso”.

Que el Decreto-Ley 2371 de 2015, por el cual se crean y modifican unas funciones de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario y se modifica el objeto y las competencias del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, estableció las funciones de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, disponiendo, entre otras, “Establecer las actividades, los costos y los porcentajes de estos últimos que podrán ser objeto financiación por parte de las entidades que integran el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario”.

Que el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, definió las bases para la transformación estructural del campo y estableció como objetivos contribuir a su transformación estructural, cerrar la brecha entre el campo y la ciudad, crear condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural, integrar las regiones, contribuir a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía, en aras de contribuir a la construcción de una paz estables y duradera.

Que en Sentencia C-595 de 1995 la Corte afirmó que “si bien es cierto el Estado tiene el deber de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra, especialmente, a quienes trabajan, no es menos cierto que tal fin no se logra únicamente con la adjudicación de tierras baldías, que es una forma de hacerlo, sino también con otras políticas, como por ejemplo, la concesión de créditos a largo plazo y con facilidades de pago; la creación de subsidios para la compra de tierras, el fomento de las actividades agrícolas, etc., que también buscan esa finalidad”.

Que de acuerdo con los estudios realizados por la unidad de planificación rural agropecuaria, UPRA, dentro de los costos de formalización se consideran entre otros: documentación del predio (copia de escritura pública, certificado de tradición y libertad), estudios jurídicos y técnicos (estudio títulos, análisis técnico y catastral), verificación de campo (levantamientos topográficos y de planos con especificaciones técnicas), gastos procesales (representación jurídica, trámite procesal ante las diferentes instancias), trámites notariales y registro, e impuestos (predial, boleta fiscal, contribuciones).

Que el secretario técnico ad hoc de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario justificó técnica y jurídicamente la necesidad de permitir la financiación, a través de crédito de fomento agropecuario y rural, de los costos de formalización como los señalados en el párrafo anterior, en que se incurra para la formalización de tierras.

Que un borrador de este proyecto de resolución estuvo publicado en la página web de Finagro para comentarios de las partes interesadas entre el 2 y 9 de noviembre de 2017, en la URL: https://www.finagro.com.co/normas/proyectos-de-resolucion.

Que en reunión de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, llevada a cabo el 9 de noviembre de 2017, los miembros decidieron de manera unánime aprobar la modificación de los artículos 2º y 3º de la Resolución 1 de 2016 expedida por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, en las condiciones establecidas en la presente resolución.

Que el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante Resolución 365 de 2017, delegó en el viceministro de asuntos agropecuarios, doctor Samuel Zambrano Canizales, para presidir la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Adiciónase al artículo 2º de la Resolución 1 de 2016 de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario una nueva actividad financiable, la cual quedará así:

Gastos para la formalización de la tierra de pequeños y medianos productores: Comprenden gastos de documentación del predio, estudios jurídicos y técnicos, verificación de campo, gastos procesales y de representación jurídica, trámites notariales y de registro, impuestos del predio, e impuestos propios del proceso de formalización de la tierra.

ART. 2º—Modifícase el artículo 3º de la Resolución 1 de 2016 de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, el cual quedará así:

ART. 3º—Actividades no financiables. No serán objeto de financiación la ganadería de lidia, los gallos de pelea, los cultivos ilícitos, tampoco serán financiables los costos judiciales que no se encuentren relacionados con la formalización de tierras.

ART. 3º—La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias, y sus efectos aplicarán a partir de la fecha en la que Finagro expida la circular reglamentaria que procure la debida operatividad de lo aquí resuelto.

Dada en Bogotá, D.C., a 15 de noviembre de 2017.