Superintendencia de Sociedades

RESOLUCIÓN 100-012437 DE 2011 

(Agosto 1º)

“Por la cual se crea el grupo de seguimiento y supervisión concursal adscrito a la delegatura para los procedimientos mercantiles, se asignan sus funciones, se crea el cargo de secretario administrativo y se adicionan funciones a los grupos de intervenidas y procesos especiales”.

(Nota: Derogada por la Resolución 510-002797 de 2012 artículo 57 de la Superintendencia de Sociedades)

El Superintendente de Sociedades,

en ejercicio de sus atribuciones legales, y

CONSIDERANDO:

Primero. Que según lo dispone el artículo 115, inciso segundo, de la Ley 489 de 1998, los representantes legales podrán crear y organizar con carácter permanente o transitorio, grupos internos de trabajo;

Segundo. Que conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del precitado artículo, en el acto de creación de tales grupos se determinarán las tareas que deberán cumplir y las consiguientes responsabilidades, así como las demás normas necesarias para su funcionamiento;

Tercero. Que de conformidad con lo establecido en los numerales 13 y 15 artículo 4º, del Decreto 1080 de 1996, corresponde al superintendente de sociedades crear, organizar y suprimir grupos internos de trabajo, teniendo en cuenta la estructura interna, las necesidades del servicio, los planes y programas trazados por la Superintendencia de Sociedades;

Cuarto. Que según lo dispone el numeral 16 del precitado artículo, corresponde al superintendente asignar y distribuir las competencias de las distintas dependencias de la superintendencia para el mejor desempeño en la prestación del servicio;

Quinto. Que para la efectividad de los derechos e intereses de los administrados y analizadas las disposiciones que gobiernan el ejercicio de sus funciones, la Superintendencia de Sociedades como autoridad de la rama ejecutiva del poder público del orden nacional con atribución de ejercer funciones jurisdiccionales, debe cumplir con los principios que gobiernan la función administrativa, esto es, atender los fundamentos y cometidos que rigen la adecuada prestación del servicio público a su cargo, atendiendo la estructura de su organización, incluso cuando actúa como juez;

Sexto. Que con mérito en lo anteriormente expuesto este despacho,

RESUELVE:

ART. 1º—Crear, el grupo de seguimiento y supervisión concursal, adscrito a la delegatura para los procedimientos mercantiles, con las siguientes funciones:

En materia de supervisión

1. Ejercer las facultades de inspección, vigilancia y control sobre las sociedades comerciales, empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras admitidas a un acuerdo de reestructuración (cuando la Superintendencia de Sociedades o las cámaras de comercio son nominadoras), acuerdo recuperatorio de reorganización o, en cualquier tipo de proceso concursal de conformidad con lo señalado en los artículos 83 y siguientes de la Ley 222 de 1995 y, Ley 1116 de 2006 concordante con la Ley 550 de 1999.

2. Efectuar análisis contable y financiero de los estados financieros de fin de ejercicio, presentados por las sociedades que se encuentren en un acuerdo recuperatorio y, ordenar si fuere del caso, las rectificaciones de los mismos o de las notas que hacen parte integral de estos que no se ajusten a las normas contables y proyectar los oficios con las observaciones que se deriven del análisis respectivo.

3. Adelantar las acciones necesarias para exigir la preparación de estados financieros de períodos intermedios, cuando sea necesario y proyectar los oficios con las observaciones que se deriven del análisis respectivo.

4. Velar porque las sociedades en acuerdo recuperatorio, se ajusten a la ley, estatutos, en su formación y funcionamiento, en el desarrollo de su objeto social y frente al acuerdo concursal.

5. Velar porque los administradores sociales cumplan los deberes provenientes de la ley, estatutos, código de conducta empresarial, código de ética del respectivo convenio de reestructuración, de reorganización o concordato.

6. Efectuar las acciones necesarias para el desarrollo de la función de inspección, vigilancia y control sobre las sociedades en acuerdo recuperatorio a cargo del grupo, según sea el caso, a fin de verificar de oficio o a petición de parte la procedencia de las siguientes medidas:

6.1. Realizar investigaciones y adoptar las medidas pertinentes para que se subsanen las irregularidades observadas, e investigar, si es necesario, las operaciones finales o intermedias efectuadas por la sociedad visitada;

6.2. Enviar delegados a las reuniones de la asamblea general o junta de socios, cuando lo considere necesario;

6.3. Verificar que las actividades que desarrollen estén dentro del objeto social y ordenar la suspensión de los actos no comprendidos dentro del mismo;

6.4. Convocar a reuniones extraordinarias del máximo órgano social en los casos previstos en la ley;

6.5. Ordenar que se subsanen las irregularidades en la suscripción o enajenación de acciones que se adelanten sin el lleno de los requisitos legales o estatutarios;

6.6. Ordenar la modificación de las cláusulas estatutarias que no estén acordes con las disposiciones legales.

7. Analizar y evaluar la información administrativa, contable y financiera de las sociedades a cargo del grupo, a fin de determinar la procedencia de someterlas o exonerarlas de control.

8. Autorizar las reformas estatutarias, la emisión de bonos y la colocación de acciones, y aprobar los avalúos de aportes en especie en las sociedades sometidas a control.

9. Autorizar la emisión de bonos, las reformas estatutarias consistentes en fusión y escisión, en las sociedades sometidas a vigilancia, que se encuentren en ejecución de un acuerdo de reestructuración o de reorganización, cuando a ello hubiere lugar.

10. Promover la presentación de planes y programas encaminados a solucionar la situación que hubiere originado el control en trámite concursal y vigilar la cumplida ejecución de los mismos.

11. Adelantar las investigaciones correspondientes para determinar la remoción de los administradores que impidan el ejercicio del derecho de inspección, o al revisor fiscal que conociendo de dicho incumplimiento se abstuviere de denunciarlo oportunamente.

12. Ordenar la remoción de los administradores, revisor fiscal y empleados de las sociedades en control, cuando existan irregularidades que así lo ameriten.

13. Decretar la disolución, ordenar la liquidación privada de las sociedades comerciales vigiladas o controladas, cuando se cumplan los supuestos previstos en la ley y en los estatutos.

14. Ordenar la inscripción de acciones en el libro de registro correspondiente, cuando las sociedades vigiladas o controladas se nieguen a efectuarla sin fundamento legal.

15. Evaluar, aceptar o rechazar las solicitudes de investigaciones administrativas cuando así lo soliciten uno o más asociados representantes de no menos del 10% del capital social, o alguno de sus administradores.

16. Efectuar los estudios pertinentes tendientes a resolver las controversias que se susciten en relación con el derecho de inspección e impartir la orden respectiva, cuando se considere que haya lugar al suministro de información.

17. Autorizar a las sociedades vigiladas y controladas la emisión de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto y determinar los eventos en que los titulares de estas acciones deben participar con voz y voto en la asamblea general de accionistas.

18. Llevar a cabo los análisis necesarios para determinar de oficio o a petición de parte la improcedencia del derecho de retiro, cuando con ocasión de una fusión o escisión se establezca que el reembolso afecta sustancialmente la prenda común de los acreedores.

19. Adelantar los análisis requeridos para autorizar la disminución de capital, cuando la operación implique un efectivo reembolso de aportes.

20. Elaborar el proyecto que reconozca la ocurrencia de los presupuestos que den lugar a la sanción de ineficacia, en los casos señalados en el libro segundo del Código de Comercio.

21. Enviar a la entidad competente para su investigación las copias que acrediten la ocurrencia de hechos posiblemente punibles detectados en ejercicio de su labor.

22. Exigir bajo apremio de multas que el capital en las sociedades limitadas sea cubierto, u ordenar su disolución.

23. Conminar bajo apremio de multas a los administradores de las sociedades para que se abstengan de realizar actos contrarios a la ley, a los estatutos, a las decisiones del máximo órgano social o junta directiva, o que deterioren la prenda común de los acreedores, u ordenar la suspensión de los mismos.

24. Fomentar la utilización de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, buscando especialmente que las controversias se diriman ante la oficina de conciliación de esta superintendencia.

25. Ejercer las funciones de policía judicial, de acuerdo con ley.

En materia de admisión a los acuerdos de reestructuración en los términos de la Ley 550 de 1999

26. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9º de la Ley 1445 de 2011, de oficio o a solicitud del Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, o del club con deportistas profesionales organizado como asociación o corporación, analizar la viabilidad de iniciar un proceso de recuperación en los términos de la Ley 550 de 1999, para lo cual se realizarán las siguientes funciones:

26.1. Colaborar en las negociaciones previas a la iniciación de la negociación de un acuerdo de reestructuración;

26.2. Realizar los análisis necesarios y preparar los documentos que se requieran con el fin de promover de oficio acuerdos de reestructuración en las empresas sujetas a la vigilancia y control de la Superintendencia de Sociedades, en los términos del artículo 9º de la Ley 1445 de 2011;

26.3. Efectuar los análisis y preparar los documentos que permitan resolver las solicitudes de promoción de acuerdos de reestructuración de empresarios o acreedores, de conformidad con el parágrafo 1º, artículo 6º, de la Ley 550 de 1999;

26.4. Practicar visitas o solicitar información, cuando lo estime conveniente, a las sociedades que hayan solicitado la iniciación de la negociación de un acuerdo de reestructuración;

26.5. Preparar el acto administrativo mediante el cual se designen los promotores de las sociedades que sean aceptadas a acuerdo de reactivación, previa designación del grupo de registro de especialistas, así como elaborar el acto administrativo que fije la remuneración inicial del promotor;

26.6. Verificar que los promotores acrediten el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 550 de 1999, en los términos del parágrafo 1º del mencionado artículo;

26.7. Efectuar los estudios necesarios para resolver las recusaciones presentadas contra el promotor o los peritos, así como proponer al grupo de registro de especialistas la designación de su reemplazo, de encontrarla procedente, en los términos del artículo 12 de la Ley 550 de 1999;

26.8. Elaborar el acto administrativo que acepte o rechace las garantías de cumplimiento y de responsabilidad civil presentadas por los promotores y peritos, en los términos del artículo 10 de la Ley 550 de 1999 y del artículo 7º del Decreto 090 de 2000;

26.9. Recibir del promotor, para su depósito en la Superintendencia de Sociedades, el original del acuerdo que no tenga que formalizarse mediante escritura pública y expedir copias auténticas de los mismos, según lo establecido en el artículo 31 de la Ley 550 de 1999;

26.10. Efectuar los estudios necesarios para autorizar al empresario, teniendo en cuenta la recomendación del promotor y la urgencia, necesidad y conveniencia, la celebración o ejecución de las siguientes operaciones:

26.11. Constituir o ejecutar garantías o cauciones a favor de los acreedores de la empresa que recaigan sobre bienes propios del empresario, incluyendo fiducias mercantiles o encargos fiduciarios.

26.12. Efectuar compensaciones, pagos, arreglos, conciliaciones o transacciones de obligaciones a su cargo.

26.13. Realizar enajenaciones de bienes u operaciones que no correspondan al giro ordinario de los negocios de la empresa o que no se lleven a cabo sin sujeción a las limitaciones estatutarias aplicables.

26.14. Efectuar reformas estatutarias y, en general, todas las demás operaciones que se desprendan de lo consagrado en el artículo 17 de la Ley 550 de 1999;

26.15. Estudiar los casos en los cuales deba ordenarse la iniciación de un proceso de liquidación judicial y proyectar los documentos necesarios, cuando:

a) La empresa que esté tramitando un acuerdo de promoción, no pague oportuna y preferencialmente los créditos causados con posterioridad a la fecha de inicio de la negociación y/o la remuneración de promotores o peritos, en los términos del artículo 34, numeral 9º, y en concordancia con el artículo 35, numeral 5º, de la Ley 550 de 1999;

b) Los acreedores internos y externos no celebren el acuerdo dentro del plazo indicado en el artículo 27 inciso 1º Ibídem;

c) Fracase la negociación en los términos del artículo 28 de la Ley 550 de 1999, esto es, cuando se concluya que la empresa no es económicamente viable o el promotor no reciba oportunamente la información a que se refiere el artículo 20 de la citada ley;

d) Ocurra un evento de incumplimiento que no pueda remediarse, según lo previsto en el acuerdo;

e) El comité de vigilancia verifique la ocurrencia sobreviniente e imprevista de circunstancias no contempladas en el acuerdo y los acreedores internos y externos decidan su terminación anticipada en una reunión de acreedores;

f) El incumplimiento del acuerdo tenga su causa en los eventos previstos por el artículo 35, numeral 6º, de la Ley 550 de 1999;

26.16. Asistir a la reunión de determinación de votos y acreencias, así como a la prevista para el caso de la reforma del acuerdo de reestructuración, según lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 y el parágrafo 3º del artículo 29 de la Ley 550 de 1999;

26.17. Presentar los proyectos de acto administrativo mediante los cuales se ordene la remoción del cargo y la imposición de multas sucesivas de carácter personal a cada uno de los administradores, revisor fiscal, contralor, auditor o contador público, por el incumplimiento de las obligaciones impuestas en el parágrafo 1º del artículo 8º, en los numerales 8º, 9º, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del artículo 33 y en el artículo 35 de la Ley 550 de 1999;

26.18. Proyectar los actos administrativos que impongan al acreedor, al empresario, a ambos y a sus administradores, según el caso, multas sucesivas hasta de cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes, cuando quiera que se haya celebrado o ejecutado una operación de las mencionadas en el artículo 17 de la Ley 550 de 1999 y sin la previa autorización del funcionario competente;

26.19. Proyectar el acto administrativo que resuelve la recusación de la fiduciaria nombrada por el comité de vigilancia en el evento previsto en el literal f) del parágrafo 3º del artículo 35 de la Ley 550 de 1999;

26.20. Realizar el seguimiento a los acuerdos de reestructuración celebrados entre la deudora y sus acreedores, así como solicitar información o practicar visitas de inspección cuando se considere necesario, con el fin de verificar su cumplimiento;

26.21. Desarrollar todas las acciones y estudios necesarios para ejercer las funciones administrativas previstas en la Ley 550 de 1999, una vez la sociedad ha solicitado ser admitida a la negociación de un acuerdo de reestructuración y hasta su ejecución, y

En materia de seguimiento a los acuerdos de reestructuración

27. Realizar el seguimiento a los acuerdos de reestructuración celebrados entre la deudora y sus acreedores, sobre aquellas sociedades comerciales en las cuales la Superintendencia de Sociedades y las Cámaras de Comercio sean nominadoras y solicitar información o realizar investigaciones, con el fin de verificar su cumplimiento; así como cumplir las siguientes funciones asignadas en la Ley 550 de 1999:

27.1. Verificar que los promotores acrediten el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11, en los términos del parágrafo 1º del mencionado artículo;

27.2. Efectuar los estudios y proyectar los actos administrativos necesarios para resolver las recusaciones presentadas contra el promotor o los peritos, y proponer al comité de reestructuración empresarial la designación de su reemplazo, de encontrarla procedente, en los términos del artículo 12;

27.3. Recibir del promotor, para su depósito en la Superintendencia de Sociedades, el original del acuerdo o sus reformas que no tenga que formalizarse mediante escritura pública y expedir copias auténticas de los mismos, según lo establecido en el artículo 31;

27.4. Analizar las solicitudes para autorizar al empresario, teniendo en cuenta la recomendación del promotor y la urgencia, necesidad y conveniencia, la celebración o ejecución de las siguientes operaciones:

a) Constituir o ejecutar garantías o cauciones a favor de los acreedores de la empresa que recaigan sobre bienes propios del empresario, incluyendo fiducias mercantiles o encargos fiduciarios;

b) Efectuar compensaciones, pagos, arreglos, conciliaciones o transacciones de obligaciones a su cargo;

c) Realizar enajenaciones de bienes u operaciones que no correspondan al giro ordinario de los negocios de la empresa o que se lleven a cabo sin sujeción a las limitaciones estatutarias aplicables;

d) Efectuar reformas estatutarias y, en general, todas las demás operaciones que se desprendan de lo consagrado en el artículo 17;

27.5. Estudiar los casos en los cuales deba ordenarse la iniciación de un proceso de liquidación judicial y proyectar las providencias, cuando:

a) La empresa que esté tramitando un acuerdo de promoción no pague oportuna y preferencialmente los créditos causados con posterioridad a la fecha de inicio de la negociación y/o remuneración de promotores o peritos, en los términos del artículo 35, numeral 5º;

b) Los acreedores internos y externos no celebren el acuerdo dentro del plazo indicado en el artículo 27 inciso 1º;

c) Fracase la negociación en los términos del artículo 28, esto es, cuando se concluya que la empresa no es económicamente viable o el promotor no reciba oportunamente la información a que se refiere el artículo 20;

d) Ocurra un evento de incumplimiento que no pueda remediarse, según lo previsto en el acuerdo;

e) El comité de vigilancia, verifique la ocurrencia sobreviniente e imprevista de circunstancias no contempladas en el acuerdo y los acreedores internos y externos decidan su terminación anticipada en una reunión de acreedores;

f) El incumplimiento del acuerdo tenga su causa en los eventos previstos por el artículo 35, numeral 6º;

g) De oficio, por las causales previstas en el artículo 47 de la Ley 1116 de 2006.

27.6. Asistir a las reuniones de determinación de derechos de voto y acreencias y a la prevista para el caso de la reforma del acuerdo de reestructuración, según lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 y el parágrafo 3º del artículo 29;

27.7. Proyectar los actos administrativos mediante los cuales se ordene la remoción del cargo y la imposición de multas sucesivas de carácter personal a cada uno de los administradores, revisor fiscal, contralor, auditor o contador público, por el incumplimiento de las obligaciones impuestas en el parágrafo 1º del artículo 8º, en los numerales 8º, 9º, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del artículo 33 y en el artículo 35;

27.8. Proyectar los actos administrativos que impongan al acreedor, al empresario y a sus administradores, según el caso, multas sucesivas hasta de cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes, cuando quiera que se haya celebrado o ejecutado una operación de las mencionadas en el artículo 17 de la Ley 550 de 1999, sin la previa autorización del funcionario competente;

27.9. Proyectar el acto administrativo que resuelve la recusación de la fiduciaria nombrada por el comité de vigilancia en el evento previsto en el literal f) del parágrafo 3º del artículo 35;

27.10. Desarrollar todas las acciones y estudios necesarios para ejercer las funciones administrativas previstas en la Ley 550 de 1999, una vez la sociedad ha solicitado ser admitida a la negociación de un acuerdo de reestructuración y hasta su ejecución;

27.11. Proponer la exclusión de los promotores de la lista de inscripción en los eventos previstos en el Decreto 090 de 2000;

27.12. Elaborar el acto administrativo que acepte o rechace las garantías de cumplimiento y de responsabilidad civil presentadas por los promotores y peritos, en los términos del artículo 10 de la citada ley y del artículo 7º del Decreto 090 de 2000;

27.13. Verificar el cumplimiento de lo pactado en el código de conducta empresarial, aprobado en el acuerdo de reestructuración.

En materia de ejecución de acuerdos de reorganización

28. Actuar como conciliador durante el proceso de reorganización.

29. Decretar la remoción, de oficio o a petición de parte, de los auxiliares de la justicia en cualquier momento del proceso de reorganización, con ocasión del incumplimiento de las funciones o las órdenes impartidas por el juez del concurso y designar su reemplazo.

30. Ordenar, de oficio o a petición de parte, la remoción de los administradores y del revisor fiscal, según sea el caso, por incumplimiento a las órdenes impartidas por el juez del concurso o de los deberes previstos en la ley o estatutos y tomar las medidas necesarias para el nombramiento del reemplazo respectivo.

31. Designar los peritos, avaluadores y valoradores de empresas, en los casos a que haya lugar dentro del proceso de reorganización.

32. Ordenar la iniciación de un proceso de liquidación judicial, cuando se cumplan los presupuestos de la Ley 1116 de 2006.

33. Decretar la ocurrencia de los presupuestos de ineficacia contemplados en la Ley 1116 de 2006.

34. Realizar el seguimiento a los acuerdos de reorganización celebrados, cuando se considere necesario, con el fin de verificar su cumplimiento.

35. Citar a audiencia de reforma o de incumplimiento del acuerdo de reorganización y ordenar al promotor o al representante legal actualizar la calificación y graduación de créditos y derechos de voto, en el sentido de descontar las acreencias que hubieren sido solucionadas.

36. Tramitar los incidentes procesales del artículo 8º de la Ley 1116 de 2006.

37. Resolver los recursos interpuestos contra las decisiones proferidas por el grupo.

38. El reconocimiento de procesos extranjeros reglados en la Ley 1116 de 2006.

39. Solicitar a los jueces o funcionarios de conocimiento poner a disposición de la Superintendencia de Sociedades los títulos de depósito judicial relacionados con los embargos decretados dentro de los correspondientes procesos ejecutivos incorporados, así como cualquier otra medida cautelar.

40. Oficiar al secuestre que hubiere sido designado dentro de un proceso ejecutivo, comunicándole la incorporación del mismo al trámite concursal, ordenando la rendición de cuentas y advirtiéndole que en lo sucesivo deberá entenderse con el empresario o liquidador para todos los efectos relacionados con su cargo.

41. Dar cumplimiento a las órdenes impartidas en las providencias que confirmen o autoricen los acuerdos de reorganización y las producidas en las demás actuaciones durante la ejecución del acuerdo.

En materia de concordatos

42. Proyectar las providencias que deberán proferirse durante la ejecución de un acuerdo concordatario.

43. Preparar lo concerniente a las audiencias concordatarias, de acuerdo con lo establecido en los artículos 126 y siguientes de la Ley 222 de 1995.

44. Remover administradores y/o revisor fiscal, cuando se compruebe cualquiera de los hechos previstos por los artículos 117 y 118 de la Ley 222 de 1995, según lo previsto por el artículo 108 numeral 5º, ibídem.

45. Vigilar el cabal cumplimiento de las funciones a cargo de los contralores, así como evaluar los informes presentados por los contralores de las sociedades en concordato, con el fin de conocer la evolución, desarrollo y posible recuperación de la deudora, en los términos del artículo 108 de la Ley 222 de 1995.

46. Remover contralores, de oficio o a petición del deudor o de la junta provisional de acreedores, siempre que exista justa causa comprobada que así lo justifique, en los términos del artículo 109 de la Ley 222 de 1995.

47. Comunicar a la cámara de comercio respectiva la remoción del contralor para que, en los términos del artículo 109 de la Ley 222 de 1995, proceda a la cancelación de su inscripción en la correspondiente lista.

48. Proyectar oportunamente las decisiones que correspondan sobre los acuerdos concordatarios celebrados por fuera de audiencia, previa verificación de los presupuestos legales.

49. Adelantar el trámite pertinente para decretar, de oficio o a petición de parte, la acumulación procesal de que trata el artículo 148 de la Ley 222 de 1995.

50. Practicar visitas o solicitar información de oficio o a solicitud de un interesado a las sociedades en concordato.

51. Otorgar las autorizaciones que establece la ley a las sociedades que estén en trámite concordatario.

52. Convocar a la deudora y a sus acreedores a audiencias de modificación e incumplimiento de los acuerdos concordatarios.

53. Realizar seguimiento al desarrollo y cumplimiento de los acuerdos concordatarios celebrados entre la deudora y sus acreedores.

54. Declarar, cuando fuere del caso, el cumplimiento del acuerdo concordatario celebrado entre la deudora y sus acreedores, en los términos del artículo 141 de la Ley 222 de 1995.

55. Declarar fracasado o incumplido el concordato cuando así corresponda y ordenar la apertura de la liquidación judicial y su remisión al grupo respectivo.

56. Tramitar, conforme a la ley, las solicitudes de desglose de documentos, tanto en los procesos concordatarios como en los de reorganización.

(Nota: Derogada por la Resolución 510-002797 de 2012 artículo 57 de la Superintendencia de Sociedades)

ART. 2º—Funciones comunes:

1. Proyectar las providencias que impongan multas, sucesivas o no, hasta de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales, a quienes incumplan sus órdenes, la ley o los estatutos.

2. Las demás que le señale el superintendente de sociedades o el superintendente delegado para los procedimientos mercantiles, de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

3. Mantener actualizados todos los aplicativos de seguimiento a los procesos de cada área.

(Nota: Derogada por la Resolución 510-002797 de 2012 artículo 57 de la Superintendencia de Sociedades)

ART. 3º—Adicionar, el artículo 2º de la Resolución 165-05362(sic) del 9 de diciembre de 2008 con las siguientes funciones asignadas al grupo de intervenidas

1. Iniciar de oficio la investigación previa correspondiente, cuando tenga conocimiento por cualquier medio sobre captaciones o recaudos no autorizados, tales como pirámides, venta de servicios y otras operaciones y negociaciones masivas.

2. Determinar si existen hechos objetivos o notorios que indiquen la entrega masiva de dineros a personas naturales o jurídicas, directamente o a través de intermediarios, mediante la modalidad de operaciones de captación o recaudo en operaciones no autorizadas tales como pirámides, tarjetas prepago, venta de servicios y otras operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin explicación financiera razonable.

3. Practicar las pruebas que se requieran ara establecer la situación en que fueron realizados los negocios y operaciones de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, establecimientos de comercio, sucursales de sociedades extranjeras, representantes legales, miembros de juntas directivas, socios, factores, revisores fiscales, contadores, empresas y demás personas naturales o jurídicas vinculadas directa o indirectamente, distintos a quienes tienen exclusivamente como relación con estos negocios el de haber entregado sus recursos.

4. Ordenar la remisión de copia de la actuación adelantada a la Fiscalía General de la Nación y a otras entidades, para lo de su competencia.

5. Imponer las sanciones administrativas correspondientes, en el evento que el plan de desmonte se incumpla; así como dar traslado a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia.

(Nota: Derogada por la Resolución 510-002797 de 2012 artículo 57 de la Superintendencia de Sociedades)

ART. 4º—Adicionar, la Resolución 100-04714(sic) del 11 de agosto de 2009, con las siguientes funciones asignadas al grupo de procesos especiales, de conformidad con la Ley 1429, así:

1. Atender las acciones de responsabilidad contra socios y liquidadores en liquidación voluntaria en los eventos previstos en el artículo 28 de la Ley 1429 de 2010.

2. Resolver la oposición de los acreedores a la reactivación de una sociedad o sucursal en liquidación en los eventos previstos en el artículo 29 de la Ley 1429 de 2010.

3. Reconocer los presupuestos de ineficacia de la constitución de garantías que recaigan sobre bienes propios de la sociedad, enajenaciones de bienes u operaciones que no correspondan al giro ordinario de los negocios sin autorización previa de la superintendencia, a petición de parte, respecto de las compañías sometidas a control, en los eventos previstos en el artículo 43 de la Ley 1429 de 2010.

(Nota: Derogada por la Resolución 510-002797 de 2012 artículo 57 de la Superintendencia de Sociedades)

ART. 5º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga el artículo 2º de la Resolución 100-003085 del 3 de julio de 2007, numerales 1º a 18, relacionados con las funciones del grupo de reorganización en materia de concordatos; adiciona el artículo 2º de la Resolución 165-05362(sic) del 9 de diciembre de 2008 y el artículo 1º de la Resolución 100-04714(sic) del 11 de agosto de 2009.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 1º de agosto de 2011.

(Nota: Derogada por la Resolución 510-002797 de 2012 artículo 57 de la Superintendencia de Sociedades)