Superintendencia de Notariado y Registro

RESOLUCIÓN 10037 DE 2009 

(Diciembre 10)

“Por medio de la cual se adopta un procedimiento para regular la imposición de multas y se deroga la Resolución 2506 de fecha 14 de abril de 2008”.

El Superintendente de Notariado y Registro,

en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política y lo señalado en el artículo 1º del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con lo establecido en el artículo 87 del Decreto 2474 de 2008,

CONSIDERANDO:

Que según lo establecido en el artículo 13 inciso 1º de la Ley 80 de 1993 los contratos estatales se rigen por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en el estatuto de contratación estatal.

Que de acuerdo al artículo 32 de la Ley 80 de 1993, son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebran las entidades a que se refieren el estatuto de contratación, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales.

Que conforme el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las estipulaciones de los contratos estatales son aquellas que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en el estatuto de contratación correspondan a su esencia y naturaleza.

Que en derecho civil el pacto de cláusulas penales puede fungir como sanción convencional a manera de premio, pues al tenor del artículo 1599 del Código Civil “habrá lugar a exigir la pena en todos los casos en que se hubiere estipulado, sin que pueda alegarse por el deudor que la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio al acreedor o le ha producido beneficio”.

Que en desarrollo del deber de control y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las entidades sometidas al estatuto general de contratación de la administración pública, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 faculta a las entidades estatales a imponer multas que hayan sido previamente pactadas con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones.

Que la imposición de multas de carácter coercitivo sancionatorio debe estar precedida de una audiencia del afectado, con base en un procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso del contratista.

Que las entidades estatales deben sujetarse a las normas procesales establecidas para el ejercicio de sus competencias, pues la vigencia constitucional del debido proceso, aplicable a las actuaciones administrativas, así se lo exige.

Que la existencia de un diseño procedimental previo garantiza el ejercicio pleno del derecho de defensa y permite el control de validez de la decisión sancionatoria.

Que en el ámbito constitucional el principio de igualdad tiene diferentes manifestaciones, dentro de las cuales, en el campo del derecho procesal, en lo que concierne la administración de justicia y en el desarrollo de procedimientos administrativos, se destaca el deber de que todos sean juzgados de igual manera, por el mismo procedimiento, “con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”.

Que diversos son los pronunciamientos proferidos por la Corte Constitucional, en relación con la importancia que tiene la aplicación de normas previamente establecidas para el desarrollo de las actuaciones públicas, ya que por esta vía se preservan los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la defensa en concreto, y hacer efectivo el principio de justicia material que rige al Estado social de derecho.

Que los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales se rigen por estas y solo en lo no previsto en ellas se aplican las normas de la parte primera del Código Contencioso Administrativo que sean compatibles.

Que a falta de una normativa expresa y específica que garantice la aplicación de un procedimiento administrativo determinado, corresponde a los servidores públicos acudir a las normas del Código Contencioso Administrativo para ejercer la competencia sancionatoria.

Que ante la ausencia de un procedimiento legal previamente establecido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha indicado que la administración está obligada a observar las disposiciones del Código Contencioso Administrativo, relacionadas con los principios que inspiran la función administrativa, con la oportunidad y modo de inicio de las diligencias, con la forma de notificar las actuaciones, con los recursos pertinentes, las oportunidades de audiencia del afectado, los términos en que deben resolverse las peticiones y, en general, aquellas normas del régimen general que resulten pertinentes para imponer la sanción cuya competencia fue otorgada por la ley.

Que la Ley 1150 de 2007 no establece un procedimiento administrativo especial para imponer multas, toda vez que sus disposiciones se limitan a indicar que el procedimiento debe ser breve y que en desarrollo del mismo se debe conceder audiencia al afectado.

Que el artículo 87 del Decreto 2474 de 2008 señala que: “Para la imposición de la respectiva multa, a efecto de respetar el derecho de audiencia del afectado a que se refiere el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, la entidad señalará en su manual de contratación el procedimiento mínimo a seguir, en el que en todo caso se precisará el mecanismo que le permitirá al contratista ejercer su derecho de defensa de manera previa a la imposición de la sanción, dejando constancia de todo ello en el acto administrativo de imposición”,

RESUELVE:

ART. 1º—Objeto. Establecer en el manual de contratación estatal de la entidad un procedimiento administrativo para la imposición de multas acorde a lo indicado en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y a lo dispuesto en el inciso 2º, artículo 1º del Código Contencioso Administrativo.

ART. 2º—Principios rectores. El procedimiento adoptado para la imposición de multas se fundamenta en los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, así como en las disposiciones generales establecidas en la primera parte del Código Contencioso Administrativo.

ART. 3º—Renuncia a la reconvención en mora. En aplicación de normas civiles y comerciales, en las minutas de los contratos que elabore la entidad se incluirá una cláusula en la que el contratista renuncie a ser requerido para la constitución en mora.

ART. 4º—Cláusula de multas. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1599 del Código Civil, en las minutas de los contratos que elabore la entidad se incluirá una cláusula penal de naturaleza coercitivo sancionatoria, que se impondrá de forma unilateral a través de acto administrativo, cuando el contratista incumpla total o parcialmente cualquiera de las obligaciones principales del contrato.

ART. 5º—Requerimiento previo. En desarrollo del deber de control y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, cuando se detecte el incumplimiento parcial o total de algunas de las obligaciones principales del contrato, se informará al contratista por escrito, sobre la procedencia de la imposición de una multa, señalando para tales efectos su valor estimado y las razones que la acarrean. De igual manera se conminará al contratista a cumplir la respectiva obligación.

En el requerimiento, en caso de esgrimirse medios de prueba sobre los cuales no haya tenido oportunidad de pronunciarse el contratista, se allegará copia de los mismos o se indicará una dependencia al interior de la superintendencia donde puedan ser consultados. El requerimiento previo deberá ser comunicado conforme lo señalado en el artículo 28 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se enviará por correo a la dirección que se conozca del contratista si no hay otro medio más eficaz. Una vez comunicado el requerimiento previo, se otorgará un término de cinco (5) días para que el contratista, ejerza sus derechos constitucionales y legales, consulte el expediente administrativo, exprese sus opiniones, pida pruebas y allegue la información que estime pertinente.

PAR.—El texto del presente artículo deberá ser reproducido literalmente como cláusula contractual, en los acuerdos de voluntades que suscriba la entidad a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución.

ART. 6º—Aceptación de la multa. En el evento que el contratista no formule objeciones por escrito durante el término de traslado concedido para tales efectos, se entenderá aceptada la imposición de la multa y se procederá a expedir el correspondiente acto administrativo.

Dicha decisión deberá ser notificada personalmente o subsidiariamente por edicto, conforme lo señalado en los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo.

ART. 7º—Citación de terceros. De ser procedente, el requerimiento previo será dirigido a terceros interesados, como aseguradoras o entidades que brinden otros medios de cobertura frente al cumplimiento de las obligaciones contractuales, a dichas personas se les citará para que puedan hacerse parte y hacer valer sus derechos en el procedimiento administrativo. La citación se hará por correo a la dirección que se conozca si no hay otro medio más eficaz.

ART. 8º—Interventores externos. En el caso de que el contrato sea supervisado por un interventor externo a la entidad, dicha persona deberá reportar oportunamente los incumplimientos parciales o absolutos del contratista, a fin de adelantar el procedimiento sancionatorio regulado en la presente resolución.

ART. 9º—Adopción de la decisión. Habiéndose dado oportunidad al contratista y a los terceros interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas practicadas en desarrollo del procedimiento administrativo, la entidad tomará la determinación de imponer o no la multa.

En la decisión se resolverán todas las cuestiones planteadas, tanto inicialmente como durante el trámite.

ART. 10.—Notificación y recursos. La decisión adoptada al término del procedimiento administrativo deberá ser notificada personalmente o subsidiariamente por edicto, conforme lo señalado en los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo. Contra la imposición de la multa será procedente el recurso de reposición.

ART. 11.—Caducidad de la sanción. La prerrogativa para imponer multas solo podrá ejercerse durante la vigencia del contrato, con todo dicha facultad caduca a los tres (3) años de producido el hecho que pueda ocasionar la sanción.

ART. 12.—Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga la Resolución 2506 de fecha 14 de abril de 2008.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 10 de diciembre de 2009.