RESOLUCIÓN 101 DE 2003 

(Marzo 12)

“Por la cual se delegan unas funciones”.

La Presidente de la Empresa Territorial para la Salud, Etesa,

en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por el artículo 209 de la Constitución Política, desarrolladas en el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, en el Decreto 679 de 1994, artículos 7º y 14, en el artículo 37 del Decreto-Ley 2150 de 1995, por la Ley 489 de 1998, artículo 9º, el Acuerdo 1º de 2001, y

CONSIDERANDO:

Que por mandato constitucional señalado en el artículo 209, la función administrativa debe estar al servicio de los intereses generales y desarrollarse con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, delegación y desconcentración de funciones;

Que es necesario y conveniente delegar las funciones, tanto administrativas como operativas a cargo del despacho del presidente de la Empresa Territorial para la Salud, Etesa, con el objeto de garantizar la oportuna y eficaz prestación de los servicios que por disposición de la ley debe atender la entidad;

Que es indispensable para el recaudo de recursos, agilizar los procesos de depuración, actualización de la cartera, los acuerdos de pago, su cobro entre otros,

RESUELVE:

ART. 1º—Delegar en el vicepresidente comercial las siguientes funciones:

1. Ordenar y autorizar las acciones necesarias para el recaudo prejurídico de cartera.

2. Acordar y suscribir con los operadores los acuerdos de pago, aprobación de los títulos valores y garantías que entreguen para el cumplimiento de los mismos.

3. Expedir los paz y salvo que por concepto de derechos de explotación, administración, actuaciones administrativas o de cualquier otro orden se requieran de los operadores.

4. Definir y suscribir los actos administrativos que decidan las obligaciones pendientes, el reconocimiento de pagos, así como las situaciones que clarifiquen la legalidad o ilegalidad en que se encuentren los operadores.

5. Dar por terminados mediante acto administrativo, las autorizaciones o contratos que se encuentren prorrogados, o que al entrar en vigencia la Ley 643 de 2001, no se hayan adecuado al nuevo régimen.

6. Remitir a la jefatura de la oficina jurídica, la documentación completa y necesaria, para iniciar las acciones de cobro coactivo contra los operadores que se encuentren en mora.

ART. 2º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 12 de marzo de 2003.

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