Ministerio de Transporte 

RESOLUCIÓN 1023 DE 2017

(Abril 26)

“Por la cual se definen los elementos cofinanciables por parte de la Nación, y los aportes en especie en los proyectos SITM TransMilenio Soacha Fases II y III y Primera Línea de Metro de Bogotá, y se dictan otras disposiciones”.

El Ministro de Transporte, 

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el literal e) del artículo 2º de la Ley 105 de 1993, artículos 3º y 5º de la Ley 336 de 1996, numerales 6.2 y 6.3 del artículo 6º del Decreto 087 de 2011 y el documento Conpes 3882 de 2017, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 2º de la Ley 310 de 1996, señala:

“ART. 2º—La Nación y sus entidades descentralizadas por servicios cofinanciarán o participarán con aportes de capital, en dinero o en especie, en el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros, con un mínimo del 40% y un máximo del 70% del servicio de la deuda del proyecto, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

1. Que se constituya una por acciones que será la titular de este tipo de sistema de transporte, en caso de hacerse un aporte de capital.

2. Que el proyecto respectivo tenga concepto previo del Conpes mediante un estudio de factibilidad y rentabilidad, técnico-económico, socioambiental y físico-espacial, que defina claramente tanto la estrategia como el Sistema Integral de Transporte Masivo propuesto, así como el cronograma y los organismos de ejecución.

3. Que el Plan Integral de Transporte Masivo propuesto, sea coherente con el respectivo Plan Integral de Desarrollo Urbano, según lo dispuesto en la Ley 9a de 1989, o normas que la modifiquen o sustituyan.

4. Que el proyecto propuesto esté debidamente registrado en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional, y cumpla los requisitos establecidos por el Decreto 841 de 1990 y demás disposiciones vigentes sobre la materia.

5. Que esté formalmente constituida una autoridad Única de Transporte para la administración del Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros propuesto”.

Que la Ley 1753 de 2015 indica:

“ART. 31. Financiación de sistemas de transporte. Modifíquese el artículo 14 de la Ley 86 de 1989, el cual quedará así:

“ART. 14. Los sistemas de transporte deben ser sostenibles. Para ello las tarifas que se cobren por la prestación del servicio de transporte público de pasajeros, sumadas a otras fuentes de financiación de origen territorial si las hubiere, deberán ser suficientes para cubrir los costos de operación, administración, mantenimiento, y reposición de los equipos. En ningún caso el Gobierno Nacional podrá realizar transferencias para cubrir estos costos. Lo anterior, sin perjuicio de que las entidades territoriales y/o el Gobierno Nacional, dentro del Marco de Gasto de Mediano Plazo, en los casos en que cofinancie estos sistemas, puedan realizar inversiones en la etapa preoperativa en infraestructura física y adquisición inicial total o parcial de material rodante de sistemas de metro o de transporte férreo interurbano de pasajeros incentivando la incorporación de tecnologías limpias y la accesibilidad a los vehículos para personas con movilidad reducida, estrategias de articulación y fomento de la movilidad en medios no motorizados, así como implementación de sistemas de recaudo, información y control de flota que garanticen la sostenibilidad del Sistema.

Para el caso de cofinanciación de sistemas de metro, el Confis podrá autorizar vigencias futuras hasta por el plazo del servicio de la deuda del proyecto de conformidad con la Ley 310 de 1996, dentro del límite anual de autorizaciones para comprometer vigencias futuras establecidas en el artículo 26 de la Ley 1508 de 2012”.

Que la Política Nacional de Transporte Urbano, formulada mediante los documentos Conpes 3167 de 2002 “Política para mejorar el servicio de transporte público urbano de pasajeros”, 3260 de 2003 “Política Nacional de Transporte Urbano y Masivo” y 3368 de 2005 “Política Nacional de Transporte Urbano y Masivo - Seguimiento”, establece los lineamentos para la participación de la Nación, en los proyectos de transporte público urbano a nivel nacional.

Que de conformidad con lo dispuesto en el documento Conpes 3368 de 2005, ‘Política Nacional de Transporte Urbano y Masivo-Seguimiento’, numeral III Aspectos Institucionales, literal b) Mecanismos para el Seguimiento de los SITM, al Ministerio de Transporte a través del Grupo Interno de Trabajo de Seguimiento a los Sistemas Integrales de Transporte Masivo, le corresponde el seguimiento a la ejecución de las obligaciones contractuales de los convenios de cofinanciación suscritos con las entidades territoriales para cofinanciar los proyectos de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo del país.

Que de acuerdo con lo señalado en el artículo 13, numeral 13.4 del Decreto 087 de 2011, el Despacho del Viceministerio de Transporte, le corresponde:

“...13.4. Realizar la coordinación y articulación con las entidades territoriales y del Gobierno Nacional para la planeación, ejecución y seguimiento de los sistemas de movilidad urbana que sean cofinanciados por el Gobierno Nacional”.

Que mediante Resolución 269 de 2012, se redefine y reorganiza el grupo interno de trabajo “Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS)”, adscrito a la Dirección de Transporte y Tránsito, para apoyar los proyectos de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM), Sistemas Estratégicos de Transporte Público (SETP), cofinanciados por la Nación, así como aquellos proyectos de sistemas de movilidad urbana que llegaren a desarrollarse dentro del marco de la Política Nacional de Movilidad Urbana Sostenible, el cual tiene a su cargo entre otras funciones el seguimiento a los componentes administrativo, financiero y contable, adquisiciones y seguimiento de obras, seguimiento de políticas de mitigación de cambio climático y calidad ambiental, reasentamientos y gestión social, gestión ambiental.

Que el artículo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1079 de 2015, señala:

ART. 2.2.1.2.1.3.2.Transferencia y vigilancia de recursos. Cuando la Nación o sus entidades descentralizadas cofinancien o participen con aportes en un sistema de transporte masivo, sus recursos se transferirán a la entidad o empresa encargada de ejecutar el proyecto que haya sido designada por la autoridad territorial. El Ministerio de Transporte vigilará la inversión de esos recursos.

Que el documento Conpes 3677 de 2010, definió los términos para la participación de la Nación en la implementación del Programa Integral Movilidad de la Región Capital Bogotá, Cundinamarca, en cumplimiento de los requerimientos de la Ley 310 de 1996.

Que el documento Conpes 3882 de 2017, precisa los mecanismos y requisitos necesarios para materializar el apoyo del Gobierno Nacional en los proyectos que contribuyen a mejorar la movilidad de la Región Capital, presenta los tres proyectos susceptibles de cofinanciación de la Nación como son: (i) la Primera Línea de Metro para Bogotá; (ii) TransMilenio Soacha fases II y III; y (iii) Regiotram de Occidente. Adicionalmente, precisa el alcance de cada uno de los diez requisitos establecidos en el Documento Conpes 3677 de 2010 Movilidad integral para la Región Capital Bogotá, Cundinamarca, describe la participación de la Nación en el seguimiento y desarrollo de los proyectos y, finalmente, se presentan los componentes elegibles de cofinanciación y los lineamientos para su evaluación por parte del Ministerio de Transporte.

Que igualmente señala el citado documento, que le corresponde al Ministerio de Transporte expedir el acto administrativo que especifique el procedimiento que debe surtirse al interior de la entidad para el reconocimiento de los componentes que serán aprobados como elementos cofinanciables por parte de la Nación, así como el procedimiento para el reconocimiento de aportes en especie, conforme a los lineamientos allí establecidos.

Que para dar cumplimiento a lo anterior, y en desarrollo de la Política Pública de Transporte Urbano se hace necesario definir los lineamientos bajo los cuales deberá desarrollarse el componente de gestión social que conlleva la construcción de infraestructura de los proyectos de transporte cofinanciados por la Nación, incluyendo TransMilenio Soacha Fases II y III y Primera Línea de Metro de Bogotá, como requisito para el reconocimiento de los componentes aprobados como elementos cofinanciables dentro del convenio de cofinanciación, incluyendo los aportes en especie.

Que mediante memorandos 20172100051613 y 20172100057333 de 2017, la Directora de Transporte y Tránsito (E) del Ministerio de Transporte solicita la emisión del acto administrativo respectivo.

Que la Unidad de Movilidad Urbana y Desarrollo Sostenible (UMUS) del Ministerio de Transporte deberá conservar los documentos asociados al proceso de divulgación y participación ciudadana, incluidos los cronogramas, actas, comentarios, grabaciones e informes que evidencien la publicidad del proyecto y la participación de los ciudadanos y grupos de interés, todo ello en concordancia con las políticas de gestión documental y de archivo de la entidad.

Que el contenido de la presente resolución, fue publicado en la página web del Ministerio de Transporte, en cumplimiento de lo determinado en el literal 8 del artículo 8º de la Ley 1437 de 2011, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Definición componentes elegibles para los proyectos TransMilenio– Soacha Fases II y III y Primera Línea de Metro de Bogotá. Son aquellos elementos esenciales para desarrollar un sistema de transporte con altos estándares de funcionalidad, operatividad, y que presenten alta conexidad con el sistema de transporte cofinanciado por la Nación, como:

a) Infraestructura vial: Carriles de circulación para los vehículos del SITP y parqueaderos intermedios de acuerdo con los modos que lo componen (vías en túnel, troncales, pretroncales, cables, corredores de circulación para material rodante, vías troncales férreas etc.).

b) Infraestructura de soporte: Estaciones (sencillas o intermedias), portales, módulos de transferencia o terminales de integración de cabecera, paraderos o cualquier tipo de equipamiento que permita a los usuarios ingresar al sistema.

c) Material rodante: Vagones, trenes y cabinas, en los términos establecidos en la Ley 1753 de 2015, o la norma que lo modifique, sustituya y adicione, siempre y cuando estos no se financien en un esquema de concesión donde este componente se remunere a través de la tarifa (no se podrán incluir futuros costos de operación, mantenimiento o reposición).

d) Predios y su plan de reasentamientos y reconocimientos respectivo, cuando estos no se financien en un esquema de concesión donde este componente se remunere a través de la tarifa y cumplan los criterios establecidos en el Anexo 1 de esta resolución, elaborado con base en los lineamientos contemplados en el Anexo B del documento Conpes 3882 de 2017.

e) Planes de manejo de tráfico, señalización y desvíos.

f) Centros de control para la gestión de flota (sistema de ayuda de explotación), semafóricos y de señalética.

g) Obras de mejoramiento de espacio público dentro del área de influencia directa del proyecto de paramento a paramento en corredores urbanos, medido desde donde inicia o termina el espacio público.

h) Adecuación de la malla vial existente: Vías que utilizará el proyecto, tanto a lo largo del trayecto como accesos a patios y talleres, intersecciones vehiculares y peatonales a nivel y desnivel para la correcta implantación del nuevo sistema. La construcción de vías nuevas que hagan parte del área de influencia del proyecto podrán ser realizadas con cargo a los recursos de la entidad territorial fuera del convenio de cofinanciación.

i) Estudios de consultorio y asesoría para estructuración, obra y operación.

j) Plan de manejo ambiental y social.

k) Traslado de redes de servicios públicos que se vean afectadas de manera directa con el proyecto y que cumplan con los criterios establecidos en el Anexo 1 de esta resolución, elaborado con base en los lineamientos contemplados en el Anexo B del documento Conpes 3882 de 2017.

La definición de elegibilidad de este componente deberá darse bajo las condiciones establecidas en el artículo 50 de la Ley 1682 de 2013, o la norma que la modifique, sustituya y adicione.

l) Costo asociado al seguimiento de cada uno de los componentes del proyecto por parte del Ministerio de Transporte.

PAR.—La precisión de los elementos elegibles de cofinanciación y el desglose de cada uno de ellos serán definidos en el Anexo del Convenio de Cofinanciación con base en documento Conpes de importancia estratégica de cada proyecto.

ART. 2º—Seguimiento. La Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) del Ministerio de Transporte realizará el seguimiento a los proyectos TransMilenio Extensión Soacha Fases II y III, y al Proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, contenidos en el documento Conpes 3882 de 2017, con base en lo previsto en la Resolución 269 de 2012, o la norma que la modifique, sustituya y adicione.

Las funciones realizadas por la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible del Ministerio de Transporte, se encaminan al seguimiento de la Política Nacional de Transporte Urbano y a la ejecución de las obligaciones contractuales de los convenios de cofinanciación y de las políticas contenidas en los documentos Conpes, en consecuencia, no podrá entenderse como el ejercicio de funciones de interventoría o supervisión, ni sustituye al ente territorial o ente gestor en las decisiones que deben adoptarse en desarrollo del proyecto, en sus etapas de estudios y diseños (fases I, II y III), construcción y operación.

La responsabilidad en la contratación, recibo a satisfacción y la calidad de los bienes o servicios, serán del ente territorial directamente o de la entidad que este delegue.

ART. 3º—Procedimiento para reconocimiento de aportes en especie. Adóptese el procedimiento para el reconocimiento de aportes en especie para los proyectos TransMilenio Extensión Soacha Fases II y III, y Proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá, contenido en el Anexo 1, el cual hace parte integral de la presente resolución.

ART. 4º—Adopción marco de política. Adóptese el marco de política de reasentamientos y adquisición predial, en el marco de la Política Nacional de Transporte Urbano, contenido en el Anexo 2, el cual hace parte integral de la presente resolución.

ART. 5º—Procedimiento para reconocimiento de componentes elegibles. En desarrollo de las labores de acompañamiento y seguimiento adelantadas por el Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible, se realizará el reconocimiento de los componentes aprobados como elementos cofinanciables o elegibles por parte de la Nación para los proyectos TransMilenio Extensión Soacha Fases II y III, y Proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá.

En consecuencia, se adelantará el seguimiento de los proyectos en cumplimiento de la Resolución 269 de 2012, o la norma que lo modifique, sustituya y adicione, en cada uno de los siguientes componentes de trabajo: Administrativo, financiero y contable, reasentamientos y gestión social, gestión ambiental, adquisiciones y seguimiento de obras, entre otros.

El acompañamiento realizado por el Ministerio de Transporte, a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible, buscará que durante la ejecución del proyecto, se ejecuten los recursos de los proyectos, bajo las reglas establecidas en los documentos Conpes y en el convenio de cofinanciación respectivos.

PAR.—Cuando el proyecto cuente con recursos de la Banca Multilateral, los procesos de contratación deberán adelantarse siguiendo las normas de adquisiciones y contrataciones de acuerdo con las reglas previstas en el contrato de empréstito suscrito, igualmente se deberán cumplir las políticas y salvaguardas ambientales y sociales respectivas, así como las normas para la prevención y lucha contra el fraude y corrupción vigentes a la fecha de firma del contrato de crédito.

La Unidad de Movilidad Urbana Sostenible, UMUS, adelantará el seguimiento de acuerdo con lo previsto en el manual de operaciones propio del proyecto, conforme a las reglas establecidas en el contrato de empréstito, el cual será de obligatorio cumplimiento para las partes.

ART. 6º—Vigencia. La presente resolución rige a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.C., a 26 de abril de 2017.

ANEXO 1

Procedimiento para el reconocimiento de aportes en especie 

1. Contexto. 

En virtud de las disposiciones contenidas en la Ley 310 de 1996, la Nación ha participado en la cofinanciación de los Sistemas de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros en el país, específicamente el artículo 2º de la norma en cita, indica que la Nación cofinanciará o participará con aportes de capital, en dinero, o en especie, en el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros, con un mínimo del 40% y un máximo del 70% del servicio de la deuda del proyecto.

Las reglas específicas para la participación de la Nación en cada sistema se materializan con la suscripción de un convenio de cofinanciación para cada proyecto. En dicho convenio, se definen, entre otros, el perfil de los aportes, sus fuentes de financiación y las condiciones para los respectivos desembolsos provenientes de la Nación y de los municipios. La finalidad de estos aportes es la construcción de la infraestructura y el desarrollo de aquellos elementos necesarios para llevar a cabo la implementación adecuada de la operación de cada sistema. Las condiciones de elegibilidad de los elementos a los cuales se podrán destinar los recursos de la Nación se establecen en un anexo técnico que es único para cada convenio.

Ahora bien, para el caso que nos ocupa, el Documento Conpes 3882 de 2017, estableció la posibilidad del reconocimiento de aportes en especie, para lo cual es indispensable el cumplimiento de los lineamientos de componentes elegibles establecidos en dicho Conpes, y en el acto administrativo correspondiente expedido por el Ministerio de Transporte, que aquí se desarrolla.

2. Aportes en especie. 

Son aportes en especie, los gastos o inversiones efectuadas por el municipio en el desarrollo y ejecución de los componentes elegibles: predios, traslado de redes y estudios de consultorio y asesoría para la estructuración, obra y operación, que se paguen o causen a partir de la expedición de la metodología de reconocimiento de aportes en especie y hasta la firma del convenio de cofinanciación del proyecto.

En caso de que alguno de los gastos e inversiones realizadas por el municipio, previas a la firma del convenio de cofinanciación no cumplan con la metodología establecida por el Ministerio de Transporte, no podrán ser validadas como aportes en especie, en consecuencia, el municipio deberá responder en la siguiente vigencia por los montos no tenidos en cuenta en dicha validación, con la correspondiente actualización ajustada con el IPC.

NOTA 1: Para el proyecto TransMilenio Soacha Fases II y III, los aportes en especie se circunscriben a la entrega de un predio propiedad del municipio, donde será construido el Patio Portal, ubicado en el sector de El Vínculo. Este corresponderá en el perfil de aportes al previsto para la vigencia 2017. En caso de que el aporte previsto por el municipio no cumpla con la metodología establecida por el Ministerio de Transporte, el municipio deberá responder en las siguientes vigencias establecidas en el convenio de cofinanciación por los montos no tenidos en cuenta en dicha validación, con la correspondiente actualización ajustada con el IPC.

3. Definiciones. 

Para los efectos de esta metodología, se adoptan las siguientes definiciones:

Gastos o inversiones: Son todas aquellas erogaciones efectuadas por las entidades territoriales para desarrollar y ejecutar los componentes elegibles de adquisición predial, traslado de redes y estudios del respectivo proyecto, conforme a los lineamientos establecidos en el documento Conpes 3882 de 2017 y en el presente anexo.

Gastos o inversiones causadas: Los gastos e inversiones se entenderán causados cuando el objeto de la erogación haya sido cumplido total o parcialmente, aun cuando el pago correspondiente no se haya hecho efectivo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.8.1.7.6 del Decreto 1068 del 2015, al reglamentar el Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional1, aplicado por analogía a las entidades territoriales.

Respecto a las obligaciones de pago derivadas de gastos e inversiones en los componentes elegibles adquisición predial, traslado de redes y estudios del respectivo proyecto, originados en compromisos adquiridos entre la fecha de expedición de la presente Resolución y la fecha de firma del convenio de cofinanciación, se pagarán con cargo a dicho convenio, siempre y cuando cumplan con los criterios establecidos en este anexo y sean validados por el Ministerio de Transporte.

Gastos o inversiones pagadas: Se entenderá que el gasto o la inversión ha sido pagado cuando los recursos egresan del patrimonio de la entidad contratante para ser trasladados al del contratista, previo cumplimiento de los requisitos pactados en el contrato. Dicho pago puede haber sido realizado directamente al contratista, o al tercero indicado por este, incluyendo un negocio fiduciario indicado por el contratista para estos efectos.

4. Descripción de los componentes elegibles como aportes en especie. 

Para efectos de mayor claridad a continuación, se desglosan los elementos que hacen parte de cada componente elegible susceptible de ser presentado como aporte en especie:

4.1. Predios y su plan de reasentamientos y reconocimientos respectivo, cuando estos no se financien en un esquema de concesión donde este componente se remunere a través de la tarifa y cumplan los criterios aquí establecidos. 

Serán componentes elegibles y susceptibles de ser validados como aporte en especie, las inversiones realizadas en los siguientes tipos de predios.

4.1.1. Relacionados directamente con la construcción y operación del proyecto, en los componentes: vías indispensables, patios, talleres y estaciones (sencillas, dobles e intermedias y/o de integración).

Se considera que están relacionados directamente con la construcción y operación del proyecto.

a) Los predios situados a una distancia no mayor a 10 metros medidos desde el borde externo de la placa del viaducto, carril exclusivo o borde externo de la estructura de la estación y hasta el punto más cercano del predio.

b) Los predios adicionales que deben ser intervenidos acorde con los requerimientos o normas técnicas (operacionales, ambientales y urbanísticas), destinados exclusivamente para la construcción y operación al sistema.

4.1.2. Adquiridos total o parcialmente para desarrollos urbanos complementarios o conexos a las estaciones que generen un retorno o ingreso adicional al sistema, comprobado con un ejercicio financiero a nivel de factibilidad.

El componente de predios, adicionalmente a los terrenos e inmuebles necesarios para la construcción y operación del proyecto, comprende:

a) Estudios técnicos de franjas y predios a adquirir.

b) Estudios de títulos.

c) Avalúos de predios y ajustes.

d) Levantamientos topográficos.

e) Demolición y vigilancia.

f) Costos e impuestos de notariado, beneficencia y registro.

g) Elaboración y ejecución de los planes de reasentamientos, así como los de ocupantes de espacio público.

h) Reconocimientos económicos a las unidades sociales asociadas a los predios e inmuebles a adquirir y determinadas en los censos socioeconómicos y planes de reasentamiento.

i) Las acciones inherentes a los estudios para el desarrollo de los planes de reasentamiento (censos, diagnósticos, programas determinados).

PAR. 1º—No serán elegibles las inversiones realizadas en predios requeridos para completar las manzanas de intervención para el viaducto o estación integral (culatas o espacios públicos residuales), salvo que los requerimientos o normas técnicas (operacionales, ambientales y urbanísticas), lo exijan. En este último caso, deberá garantizarse por parte del ente gestor, que la adquisición de estos predios, no afecta los recursos disponibles para la compra de los predios relacionados directamente con la construcción y operación del proyecto.

PAR. 2º—El valor a reconocer como aporte en especie por el componente predios deberá atender la necesidad del proyecto, manteniendo la viabilidad y sostenibilidad del mismo, buscando la máxima optimización de los recursos disponibles en el convenio de cofinanciación.

En todo caso, la Nación no cubrirá ningún mayor costo al establecido en el documento Conpes específico del proyecto, por lo tanto, cualquier costo adicional en el proyecto deberá ser asumido por la entidad territorial.

4.2. Traslado de redes de servicios públicos afectadas de manera directa con el proyecto y que cumplan con los criterios aquí establecidos. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1682 de 20132, se entenderá por costos asociados al traslado o reubicación de redes y activos “el valor del desmantelamiento e instalación de una nueva red o activo. Dicho valor incluirá la adquisición de nuevos activos, servidumbres, licenciamientos, gestión contractual y, en general, los costos que impliquen la instalación de la nueva red, así como las obras necesarias para garantizar la continuidad y calidad en la prestación de los servicios públicos durante el traslado o reubicación de las redes y activos. La determinación del valor del activo estará sujeta al principio de no traslado de renta entre sectores”.

Es decir, este componente, comprende:

a) Estudios y diseños de redes.

b) Obras para desmonte y traslado de elementos estructurales y redes de servicio público impactadas por el desarrollo del corredor vial y/o del proyecto en general (túnel, viaducto, estación, portal, patios, entre otros elementos).

c) Adquisición de nuevos activos de la misma condición de la red actual existente.

d) Servidumbres.

e) Licenciamientos y gestión contractual.

f) Los costos que impliquen la instalación de la nueva red, siempre y cuando no incorporen valores por ampliación, repotenciación o actualización de las redes.

g) Las obras necesarias para garantizar la continuidad y calidad en la prestación de los servicios públicos durante el traslado o reubicación de las redes y activos.

h) Estudios asociados a Plan de Manejo Ambiental (PMA), y Plan de Manejo de Tráfico (PMT).

i) Obras de restitución del espacio público afectado por el traslado de redes de servicios públicos, en las mismas condiciones en que se encontraba antes de la intervención.

También se entenderá como aporte en especie, las obras necesarias para la protección de redes de servicios públicos, debidamente soportado en el análisis a que se refiere el artículo 47 de la Ley 1682 de 2013.

PAR. 1º—No serán elegibles los costos que puedan surgir de la ampliación, repotenciación o actualización de las redes de servicios públicos, salvo que estos impliquen menores costos que la restitución de la red a las mismas condiciones iniciales.

PAR. 2º—El valor a reconocer como aporte en especie por el componente traslado de redes deberá atender la necesidad del proyecto, manteniendo la viabilidad y sostenibilidad del mismo.

En todo caso, la Nación no cubrirá ningún mayor costo al establecido en el documento Conpes específico del proyecto, por lo tanto, cualquier costo adicional deberá ser asumido por la entidad territorial.

4.3. Estudios de consultoría y asesoría para estructuración, obra y operación. 

En este componente, son susceptibles de validación como aporte en especie, los estudios de prefactibilidad y factibilidad resultado del proceso de optimización del proyecto Primera Línea Metro de Bogotá, contratados a partir del año 2016.

5. Procedimiento. 

5.1. Responsable. 

De acuerdo con el Conpes 3882 de 2017 en su numeral 4.3.1, “metodología para acceder a la cofinanciación de la Nación y seguimiento de los proyectos”, la validación de aportes en especie, será responsabilidad del Ministerio de Transporte, para lo cual podrá contratar una consultoría de apoyo mediante un proceso de selección con reglas objetivas, justas y claras, garantizando pluralidad de oferentes, la cual tendrá a su cargo brindar asistencia para la ejecución del procedimiento establecido en este anexo.

La firma consultora seleccionada deberá contar con el siguiente personal mínimo:

Ingeniero Civil (2) 

1. Título de formación profesional en Ingeniería Civil.

2. Título de posgrado en estructuras de obras civiles, gerencia de proyectos o maestría en ingeniería.

3. Con experiencia específica no menor de seis (6) años en estudios o diseños o interventorías y/o construcción de proyectos de infraestructura para transporte, tales como proyectos viales, proyectos de puentes y proyectos de espacio público, preferiblemente, con conocimiento de la normatividad vigente para el desarrollo de los proyectos de transporte urbano.

Ingeniero Ambiental (1) 

1. Título de formación profesional en Ingeniería Ambiental.

2. Título de posgrado en áreas ambientales o maestría en ingeniería.

3. Con experiencia específica no menor de seis (6) años en elaboración estudios y/o evaluación, revisión de estudios de impacto ambiental.

Trabajador social. Abogado (2) 

1. Título de formación profesional en Derecho, o trabajo social.

2. Título de posgrado en gestión social o maestría en planeación urbana y regional.

3. Experiencia específica no menor a seis (6) años en actividades asociadas a la adquisición predial, en el área de gestión social y reasentamientos con conocimiento en la aplicación de salvaguardas de acuerdo con las políticas de la banca multilateral.

Contador (2) 

1. Título de formación profesional en contaduría pública.

2. Especialización en gerencia de proyectos o en finanzas.

3. Experiencia específica no menor a cinco (5) años en ejecución presupuestal (revisión de estados financieros, registros contables y reportes contables, conciliaciones bancarias), de proyectos de Transporte Masivo y/o de Banca Multilateral.

Economista (1) 

1. Título de formación profesional en economía.

2. Especialización en gerencia de proyectos o gestión de proyectos o evaluación y desarrollo de proyectos.

3. Experiencia específica mínima de cinco (5) años en unidades coordinadoras de proyectos, metodología de proyectos financiados con recursos de la banca multilateral, cooperación internacional y Presupuesto Nacional.

Esta consultoría se pagará con cargo a los recursos del proyecto de conformidad con el componente elegible “Costo asociado al seguimiento de cada uno de los componentes del proyecto por parte del Ministerio de Transporte”, contenido en el numeral 4.3.1 del citado documento Conpes.

El Ministerio de Transporte ejercerá las funciones de supervisión.

5.2. Solicitud. 

Para la validación de los gastos o inversiones ejecutadas por los entes territoriales como aportes en especie, de acuerdo con lo establecido en el documento Conpes 3882 de 2017, se deberá radicar la solicitud de validación de aportes en especie ante el Ministerio de Transporte - Unidad de Movilidad Urbana Sostenible, la cual será remitida a la firma consultora seleccionada para la ejecución del procedimiento.

La solicitud deberá venir suscrita por el representante legal del ente gestor o entidad territorial, quien con la firma de la misma certifica que los documentos adjuntos son auténticos y la información presentada es veraz, acompañada de los anexos de carácter obligatorio que a continuación se indican:

• Relación de los gastos o inversiones que pretendan ser reconocidos como aporte en especie, discriminando el componente elegible que se trate, valor solicitado para reconocimiento y vigencia a la cual se aplicará dicho aporte en especie.

Gasto o inversiónComponente elegibleValor solicitado para reconocimientoFecha de pago o causaciónVigencia
Ej.: Estudios de títulosPredios$0día/mes/añoAño X

 

• Certificación del representante legal del ente gestor y su revisor fiscal o ente territorial en la que haga constar:

a) Que el valor presentado para ser reconocido como aporte en especie corresponde, únicamente a gastos e inversiones que hacen parte de los componentes elegibles predios, traslado de redes, estudios de consultorio y asesoría para estructuración, obra y operación, según se trate en la solicitud relacionados directamente con la construcción y operación del proyecto.

b) Que la totalidad de la información de sustento correspondiente a cada uno de los gastos o inversiones, está disponible en los archivos de la entidad, para la revisión del Ministerio de Transporte directamente o de la firma consultora contratada, o de cualquier entidad de seguimiento o control que lo pueda requerir.

c) Que conoce y acepta que la responsabilidad sobre la adquisición o reconocimiento, contratación, recibo a satisfacción y la calidad de los bienes o servicios que la entidad territorial aporte, serán exclusivamente de esta, y que el proceso de revisión documental que hace el Ministerio de Transporte, se adelanta con el objeto de dar concepto favorable a dichos aportes en especie, con base en la información suministrada, pero no corresponde al ejercicio de funciones de interventoría o supervisión.

d) Que los elementos que hacen parte del componente elegible que se aportan, son los requeridos exclusivamente para la construcción y operación del Sistema.

• Estudios y diseños de la ingeniería básica del proyecto (factibilidad) que tengan incidencia sobre los componentes elegibles: predios y traslado de redes.

• Soportes en medio magnético de los gastos o inversiones que pretendan ser reconocidos como aportes en especie o de contrapartida de acuerdo con los requerimientos específicos según se trate de predios, traslado de redes o estudios de estructuración, construcción u obra.

Según se trate de la solicitud para reconocimiento de aportes en especie en los componentes predios, traslado de redes y estudios de consultoría y asesoría para estructuración, obra y operación, se deberán adjuntar además de lo anterior, los siguientes documentos:

Predios 

• Plan de reasentamiento acorde con los requisitos mínimos establecidos en el Marco de Política del Ministerio de Transporte, y certificación (formato número 1).

• Ficha predial y de reasentamiento (formato número 2).

• Matriz de predios (formato número 3).

• Documento o informe del pago realizado por la entidad bancaria.

• Relación de pagos y documentos soporte de cada pago (orden de operación, comprobante de egreso, resolución para pago, cuenta de cobro, promesa de compraventa, avalúo comercial, documento de identificación del beneficiario), según cada caso.

• En caso de incluirse en la solicitud de reconocimiento predios adquiridos total o parcialmente para desarrollos urbanos complementarios o conexos a las estaciones, se deberá presentar además de los documentos anteriormente descritos:

1. La estructuración técnica, legal y financiera de los proyectos a desarrollar, que a nivel de prefactibilidad, demuestre que dicha inversión generará un retorno o ingreso adicional al sistema, y

2. Carta de compromiso del ente gestor o del ente territorial donde se indique que el retorno o ingreso adicional al sistema, se destinará para el mantenimiento o expansión de la infraestructura del sistema de transporte.

• En caso de incluirse en la solicitud de reconocimiento predios contemplados en el literal b) numeral 4.1.1 de este anexo, o predios requeridos para completar las manzanas de intervención para el viaducto o estación integral (culatas o espacios públicos residuales), parágrafo 1 numeral 4 de este anexo, además de los requisitos anteriormente descritos, se debe presentar un documento técnico suscrito por el ente gestor, soportado en los diseños a nivel de factibilidad que identifique y justifique la necesidad de la adquisición de dichos predios, bajos las condiciones previstas en este documento.

(sic)NOTA 3: Para el caso del proyecto Fases II y Fase III de TransMilenio Soacha, el reconocimiento como aporte en especie del predio donde se construirá el Patio Portal, ubicado en el sector “El Vínculo”, se realizará una vez se cuente con los siguientes documentos, tal como lo establece el artículo 36. “Cesión de inmuebles entre entidades públicas” de la Ley 1682 de 2013 (Corregido por el artículo 2º, Decreto Nacional 3049 de 2013).

• Documento de Cesión del predio al ente gestor o a la entidad que ejecutará el proyecto con las autorizaciones correspondientes.

• Avalúo del predio.

• Estudio de títulos.

• Certificado de uso del suelo.

• Certificado de libertad y tradición con fecha de expedición no mayor a 30 días.

En el caso que el predio este ocupado, el municipio deberá presentar el correspondiente plan de reasentamientos.

Traslado de redes 

a) Documento y planos de las redes existentes validado por las empresas de servicios públicos correspondientes donde se muestre la localización de las redes antes de las intervenciones y afectaciones. (Catastro de redes de servicios públicos). Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el artículo 48 de la Ley 1682 de 2013.

b) Caracterización de la red anterior al traslado, definiendo su vida útil, vida remanente, condiciones técnicas de acuerdo con el tipo de red a trasladar (diámetro, longitud, capacidad de carga, tipo de materiales, etc.), año de construcción de la respectiva red, tipo de red, condición o estado de la infraestructura. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el artículo 48 de la Ley 1682 de 2013.

c) Diseños del proyecto a nivel de factibilidad y sus respectivos anexos (planos, bitácoras, cantidades de obra, presupuesto, etc.), que incidan o definan las condiciones de diseño del componente de redes, donde se identifique claramente la necesidad de la protección o movimiento de las redes de servicios públicos. (Avalado en el componente de redes por parte de las empresas de servicios públicos correspondientes).

d) Copia de los contratos o convenios, modificaciones, informes de interventoría, actas de recibo parcial o recibo definitivo, actas de terminación, actas de liquidación con la validación por parte de las empresas de servicios públicos correspondientes, con el fin de constatar el efectivo traslado de la red respectiva.

e) Certificación del ente gestor y/o entidad territorial donde conste que el valor presentado para reconocimiento se sujeta al principio de no traslado de renta entre sectores de conformidad con lo previsto en la Ley 1682 de 2013, debidamente soportada en el concepto emitido por la comisión de regulación respectiva o empresa de servicios públicos.

PAR. 1º—No se reconocerán los costos adicionales por la ampliación, repotenciación o actualización de las redes de servicios públicos, salvo que estos impliquen menores costos que la restitución de la red a las mismas condiciones iniciales, caso en el cual deberá adjuntarse un documento suscrito por el ente gestor que con base en los estudios a nivel de factibilidad analice y defina la pertinencia de la ampliación, repotenciación o actualización de las redes en función de los menores costos que ello implica.

Estudios de estructuración 

Contrato o convenio, actas de recibo parciales o definitivas, y los productos finales de las consultorías aprobados.

5.2.1. Plazo de presentación de la solicitud. 

La solicitud de reconocimiento de aportes en especie así como los documentos soporte deberán ser presentados al Ministerio de Transporte en un plazo no mayor a un año a partir de la firma del convenio de cofinanciación.

5.3. Estudio de la solicitud. 

El estudio de la solicitud de validación de aportes en especie, se hará teniendo en cuenta la información técnica presentada por el ente gestor o el Ente Territorial, de acuerdo con los documentos establecidos en este anexo, según el caso.

Si la solicitud radicada está incompleta o requiere alguna aclaración, la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible del Ministerio de Transporte y/o la firma consultora lo requerirá mediante documento escrito, por una sola vez, otorgando un plazo prudencial para subsanar que oscilará entre quince (15) días hábiles y hasta treinta (30) días hábiles. La entidad territorial podrá solicitar una prórroga para subsanar hasta por el mismo plazo otorgado inicialmente por la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible del Ministerio de Transporte y/o la firma consultora.

Lo anterior, sin perjuicio que durante el proceso de validación, se celebren reuniones o mesas de trabajo con el ente gestor o ente territorial o quien este delegue.

Una vez recibida a satisfacción la información remitida por el ente gestor o Ente Territorial, la validación del Ministerio consistirá en la verificación de:

5.3.1. Predios. 

Revisión técnica 

• Verificación de los predios incluidos en la solicitud de validación de aportes en especie, frente al trazado del proyecto conforme a los estudios a nivel de factibilidad.

• Verificación del plan de reasentamiento en cumplimiento al Marco de Política de Reasentamiento del Ministerio de Transporte, o de la entidad que realice la adquisición predial, siempre y cuando se cumplan los mínimos establecidos por el Ministerio de Transporte en su marco de política. Hará parte del proceso del cumplimiento del Marco de Política la revisión del plan para ocupantes del espacio público. Plazo estimado para revisión dos (2) meses.

• Revisión de las fichas prediales: Con base en la matriz de predios, se tomará una muestra representativa y aleatoria del 30% sobre el total de predios y unidades sociales reportadas para el reconocimiento de los aportes en especie, y se verificará la información reportada en la ficha predial, contra el expediente y los sistemas de información que tenga disponible la entidad que realizó la adquisición predial. La muestra deberá incluir predios adquiridos para los desarrollos urbanos complementarios o conexos a las estaciones, en caso que estos hagan parte de la solicitud de validación.

• Cuando el proyecto cuente con recursos de la banca multilateral deberá demostrarse y verificarse el cumplimiento de las salvaguardas.

Revisión financiera 

Con el fin de legalizar los recursos ejecutados en adquisición predial y reconocimientos económicos elegibles del proyecto, se revisarán los siguientes documentos que soportan el pago para la revisión respectiva:

• Matriz de predios (formato número 3).

• Documento o informe del pago realizado por la entidad bancaria.

• Documentos soporte de cada pago (orden de operación, comprobante de egreso, resolución para pago, cuenta de cobro, promesa de compraventa, avalúo comercial, documento de identificación del beneficiario), según cada caso.

• Relación de pagos.

La Unidad de Movilidad Urbana Sostenible del Ministerio de Transporte y/o la firma consultora, realizará la revisión documental del total de pagos.

NOTA 4: Para el caso del proyecto Fases II y III de TransMilenio Soacha, se constatará que el predio haya sido debidamente cedido al ente gestor o a la entidad responsable del proyecto, por el valor previsto en el avalúo.

5.3.2. Traslado de redes. 

Revisión técnica 

• Verificación de la afectación de las redes existentes incluidas en la solicitud de validación de aportes en especie, frente al trazado del proyecto conforme a los estudios a nivel de factibilidad.

• Verificación de los estudios y diseños a nivel de factibilidad en cuanto a la estructuración de presupuestos bajo condiciones existentes de mercado.

• Verificación de la obra realizada para traslado de redes, y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

• Cuando el proyecto cuente con recursos de la banca multilateral deberá demostrarse y verificarse el cumplimiento de las salvaguardas ambientales.

Revisión financiera 

Con el fin de legalizar los recursos ejecutados en el componente de traslado de redes del proyecto, se deben considerar los siguientes parámetros:

• Se reconocerán como aportes en especie, los valores relacionados con el proceso de protección, desmonte y traslado de redes directamente impactadas por el proyecto de acuerdo con los estudios y diseños a nivel de factibilidad, y bajo las condiciones previstas en este documento.

• La diferencia del valor del traslado de redes contenido en los diseños frente al valor del traslado establecido en desarrollo de la obra no será objeto de reconocimiento.

5.4. Validación. Duración máxima seis (6) meses, contados a partir de la entrega de información completa por parte del ente gestor o ente territorial.

Entregada la totalidad de los documentos contemplados en este procedimiento, por parte del ente gestor o ente territorial y realizado el proceso de validación por parte de la firma consultora, se generará un informe por parte de la Unidad de Movilidad Urbana del Ministerio de Transporte con visto bueno de la Dirección de Transporte y Tránsito, dirigido al señor Ministro de Transporte, en el que indique el proceso adelantado, las verificaciones realizadas por el grupo de trabajo, así como los valores definitivos susceptibles de reconocer como aportes en especie para las vigencias correspondientes.

Con base en dicho informe, el señor Ministro de Transporte, expedirá una certificación que contendrá el valor de los aportes en especie validados con destino al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la entidad territorial y al ente gestor, el cual servirá de soporte para la verificación del cumplimiento del perfil de aportes del municipio, establecido en el convenio de cofinanciación.

FORMATO 1

Certificación para verificar plan de reasentamiento (aportes en especie) 

Logo de la entidad (ente gestor) 

• Fecha de elaboración y entrega al misterio(sic)

• Nombre del ente gestor

• Nombre del plan de reasentamiento

• Nombre del proyecto relacionado con el plan

• Nombre del o del tramo relacionado con el plan y con el proyecto

• Fecha y número de los actos administrativos para la adopción del plan y para el otorgamiento de los reconocimientos económicos.

En entrega del documento del plan de reasentamiento y para ocupantes del espacio público (si es de lugar), se deberá certificar que el plan cumpla con la existencia de los siguientes reportes:

1. Plan de reasentamiento. 

 

Contenido en el plan de reasentamientoVerificaciónObservaciones
NO
Información sobre el proyecto y área a intervenir
Estudios técnicos realizados: levantamientos topográficos, títulos, avalúos.
Localización de los predios. Tira predial o trazado de diseños.
Relación de los predios conexos con el proyecto y tipo de afectación.
Estudios sociales, censo socioeconómico y diagnóstico general y particular de las unidades sociales.
Relación de las unidades sociales censadas, elegibles y tipificadas, asociadas a cada uno de los predios relacionados.
Identificación y análisis de impactos de la población y vulnerabilidades de las unidades sociales.
Relación de reconocimientos económicos para la mitigación de las unidades sociales.
Alternativas y criterios de solución de reasentamiento.
Programas del plan incorporados en correspondencia con los resultados de los estudios. Indicadores de seguimiento por programa.
Estructura y organizacional y recursos para la ejecución del plan: presupuesto articulado con el POA y plan de compras de la entidad.
Cronograma articulado con la programación de la obra.
Sistema de seguimiento y monitoreo y evaluación.
Consulta y validación del plan de reasentamiento.
Informe de cierre de plan de reasentamiento*1.

*1. Se presentará solo si a la fecha de remisión de la certificación, el plan cuenta con cierre. Es de responsabilidad del ente gestor finalizado el proceso de adquisición predial y reasentamiento su cierre.

 

2. Plan para ocupantes del espacio público.

Contenido en el plan para ocupantes del espacio públicoVerificaciónObservaciones
NO
Descripción de las áreas ocupadas y su relación con el proyecto
Censo e identificación de los OEP y diagnóstico
Relación de ocupantes y tipificación
Alternativas y criterios de solución por tipificación
Arreglos institucionales para la ejecución del Plan: programas.
Cronograma de relocalización articulado con la programación de obra
Certificación de aval del plan por el ente de la administración competente.
Informe de cierre del plan*2.

*2. Se presentará solo si a la fecha de remisión de la certificación, el plan cuenta con cierre. Es de responsabilidad del ente gestor finalizado el proceso de adquisición predial y reasentamiento su cierre.

 

FORMATO 2

Ficha socio-predial 

(Aportes en especie) 

 

Logo de la entidad Incluir logo del ente gestor
Formato Incluir el registro asociado a un proceso de calidad de la entidad.
Fecha de elaboración Indicar fecha de elaboración de la ficha.
Información del proyecto
Resolución de utilidad pública/ anuncio del proyecto. Número y fecha.
Proyecto relacionado. Indicar la relación del predio con alguno de los componentes elegibles: vías, patios, talles y estaciones.
Obra relacionada. Indicar el nombre de la obra a la que hace parte el predio.
Plan de reasentamiento. Indicar el nombre del plan a la que hace parte el predio
Actos administrativos de adopción del plan de reasentamiento y para el cálculo y pago de los reconocimientos económicos. Nº de resolución, fecha.
Valor a ser reconocido resultado del valor del avaluó y reconocimientos económicos. Valor total a ser reconocido. Corresponde a los estipulados para el componente.
Identificación e información del predio
Dirección del predio. Incluir la dirección del predio o su nomenclatura oficial, según el boletín catastral, barrio, localidad, UPZ.
M. inmobiliaria. Número de la matrícula inmobiliaria del predio.
Nº catastral. Número de la cédula catastral del predio con RT.
Tipo de afectación. Indicar si la afectación es parcial total.
Condición de uso antes de la adquisición. Indicar si era residencial, actividad económica, industria, comercio, servicios, otro.
Nombre del titular del predio o poseedor. Nombre reconocido bajo los estudios de títulos existentes con los nombres del o los titulares.
Cédula de ciudadanía del o los titulares. Indicar el o los números de cédula de los propietarios o poseedores.
Unidades sociales asociadas al predio e identificadas en el plan. Relación de unidades sociales identificadas y asociadas al mismo, con cédula de ciudadanía.
Estudios técnicos efectuados del predio
Identificación predial. 1. Levantamiento topográfico, 2. Resolución de áreas que se encuentra en los avalúos. Plano catastral/tira predial.
Estudios de títulos. Estudios de títulos o diagnósticos.
Valoración del inmueble. Concepto técnico del avalúo. Reclamación u objeción del avalúo, cuando hayan existido y acciones resultas.
Valor del avaluó final determinado para la negociación predial (incluido daño emergente y lucro cesante).
Estudios sociales
Censo. Ficha socioeconómico de la unidad social titular o poseedor y de las unidades sociales asociados al predio determinadas en el plan.
Tipo de unidad social.
Diagnóstico de la o las unidades sociales. Identificación y tipo de vulnerabilidad de las unidades sociales asociadas al predio. Ficha de vulnerabilidad de acuerdo a la tipificación (hogar, económica). Acciones de mitigación realizadas (si es del caso).
Negociación del predio y reconocimientos económicos
Tipo de negociación. Enajenación voluntaria o expropiación.
Pagos debidamente legalizados, correspondientes a la negociación de los predios o del gasto elegible establecido en este documento. Órdenes o certificación de pagos realizados a los propietarios o titulares de las unidades sociales (Nombre, número, fecha y valor, u órdenes de servicio.
Documentación para el pago de los reconocimientos económicos y cálculo de reconocimientos de las unidades sociales. 1. Acta de comité de reasentamiento firmada, 2. Resolución para el cálculo y pago del reconocimiento económico, 3. Número y orden de operación con sus soportes.
Recibo del inmueble y/o paz y salvos Acta entrega inmueble a la entidad o acta de intervención voluntaria. En caso de arrendatarios paz y salvo de entrega del inmueble a propietarios.
Escritura pública. Debidamente registrada, número y fecha a favor de la entidad adquiriente.
Certificado de tradición y libertad. Expedido con una antelación no superior a 30 días, donde conste la inscripción de la propiedad a nombre de la entidad adquiriente.
Reasentamiento
Consulta y validación del plan de reasentamiento. Documento soporte evento socialización y publicación del censo.
Restablecimiento de las condiciones socioeconómicas y sociales. Relación por cada unidad social asociada al predio, sobre: Modalidad de reasentamiento (individual colectivo, otra). Tipo de alternativa (vivienda nueva o usada). Dirección vivienda de reposición
Matriz de acceso a servicios sociales.
Reporte de continuidad de actividades económicas.
Acciones de capacitación, asesoría socialización, capacitación a las unidades sociales. Soportes de acciones, en lo jurídico, técnico y social.
Cierre del plan. Informe de cierre o, en su defecto, ficha de seguimiento final a cada unidad social reasentada.
Peticiones, quejas y reclamos (PQR) Tipo de solicitud, fecha y acto de respuesta.
Cierre de la ficha
Elaboró y aprobó. Nombre, firma y de la persona responsable de la Entidad de la elaboración de la Ficha SOCIO-PREDIAL y entrega de soportes.
Observaciones. Según sea requerido, deben anotarse aquellos comentarios que permitan aclarar o mejorar la información contenida en la Ficha Predial y los soportes a ser revisados.

 

PREDIOS
PREDIOS
 

ANEXO II

Marco de política de reasentamientos y adquisición predial y directriz de reconocimientos 

(Versión aprobada mayo 2015) 

Presentación 

De acuerdo con las políticas propuestas dentro del Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno de Colombia está desarrollando el Proyecto Nacional de Movilidad Urbana, en las ciudades con más de 600.000 habitantes que han cumplido con los lineamientos de política sectorial y requerimientos establecidos en la Ley 310 de 1996. Adicionalmente, se han incluido siete ciudades que hacen parte del programa “ciudades amables”, con una población entre 250.000 y 500.000 habitantes las cuales siguen las directrices del Decreto 3422 de 2009. La importancia de este proyecto radica principalmente en su capacidad de redistribución de la inversión pública y su contribución al mejoramiento de la calidad de vida de los residentes de las ciudades a través de un servicio de transporte ágil y eficiente.

En concordancia el Plan Nacional de Desarrollo vigente “Todos por un Nuevo País 2014-2018” en su componente de Competitividad e Infraestructura Estratégicas, define a los Sistemas de Transporte Masivo y a los Sistemas Estratégicos de Transporte Público, en adelante SITM y SETP, como las soluciones para municipios y áreas metropolitanas, dirigidos a consolidar la conectividad y complementariedad del mercado laboral y de servicios de esas áreas. La infraestructura asociada al transporte es considerada fundamental para el desarrollo económico de una ciudad; la ejecución de este proyecto tiene impactos socioeconómicos positivos debido a que la mayor agilidad y eficiencia del sistema de transporte, disminuirá los tiempos de desplazamiento y mejorará la calidad de vida de los usuarios y de los conductores de transporte público. La modernización del parque automotor mejorará las condiciones ambientales en las ciudades y el mejoramiento de los andenes optimizará el uso del espacio público.

La construcción de las obras requeridas para implementar los sistemas conlleva, en algunos casos, la adquisición de predios y el desplazamiento involuntario, tanto de la población que allí habita como de las actividades económicas y sociales que allí se realizan e impacta la población del área de influencia. La experiencia tanto en el ámbito nacional como internacional ha demostrado que si no se mitigan los impactos causados por el desplazamiento involuntario, se pueden generar graves problemas económicos y sociales en las personas que lo enfrentan.

Con el fin de mitigar los impactos de desplazamiento involuntario ocasionados durante la ejecución del proyecto Nacional de Movilidad Urbana, se ha elaborado un Marco de Política de Reasentamiento aplicable en dicho contexto, cuyo propósito es apoyar el restablecimiento de las condiciones socioeconómicas de la población que deberá trasladarse; igualmente, tiene el propósito de establecer un marco de referencia y lineamientos para la operación y aplicación de la política de reasentamiento en el contexto del desarrollo de los sistemas de transporte para la ciudades. Este marco es coherente con la Política de reasentamiento 4.12 del Banco Mundial y la política OP 710 del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, entidades que participarán en la financiación de este proyecto y es incluyente para los proyectos financiados por CAF, o cualquier otra Banca Multilateral que participa. Teniendo en cuenta que el proceso de adquisición de predios forma parte indisoluble del desplazamiento y reasentamiento de población, este proceso está incluido dentro de este marco de política.

Subsisten dificultades de acceso a una infraestructura de transporte de calidad, vinculadas con una amplia gama de necesidades básicas insatisfechas de la población que se verá beneficiada por los sistemas; y en este sentido, los lineamientos que el ministerio presenta son garantía de protección a esa población desplazada involuntariamente por la obra pública.

Por lo anterior, existe la necesidad y exigencia en garantía de los derechos individuales y colectivos de la población involucrada en la construcción del proyecto de transporte y en el marco del Estado social de derecho, de implementar planes de reasentamiento por parte de los entes gestores ejecutores siguiendo los lineamientos dados en este documento de política.

El presente documento se ajusta en virtud del cambio normativo colombiano, esto es la expedición de la Ley 1682 de 2013 y sus decretos reglamentarios, la Ley 1742 de 2014 y las resoluciones del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en adelante IGAC, además de contar con sistematización de experiencias aprendidas en los últimos años especialmente por los SITM y algunas solicitudes en la implementación de los SETP por parte de los entes gestores; en concordancia con lo anterior los ajustes son:

a) Los alcances, justificación y definiciones en el marco de la política.

b) Los objetivos, principios y lineamientos de la política de reasentamientos que será aplicada por los ejecutores de los subproyectos.

c) El marco legal que rige la adquisición de predios y el reasentamiento de población.

d) El procedimiento para la preparación de los planes de reasentamiento y para ocupantes del espacio público, en adelante OEP.

e) Los criterios de elegibilidad de la población beneficiaría de las políticas.

f) Los mecanismos de consulta y de solución de quejas y reclamaciones a los cuales puede acceder la población beneficiario de las políticas en los subproyectos.

g) Los mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación.

h) La organización institucional y las fuentes de financiación.

1. Descripción del proyecto. 

En Colombia el servicio de transporte urbano se presta de una manera deficiente debido a la presencia de un parque automotor de elevada edad promedio, a la sobreoferta de buses y al uso ineficiente de la infraestructura de transporte. Buscando brindar soluciones a estos problemas y mejorar la calidad de vida de los habitantes de las grandes ciudades del país, el Gobierno Nacional diseñó el Proyecto Nacional de Movilidad Urbana.

Los principales componentes de este proyecto son:

a) Construcción y adecuación de corredores troncales que operan en vías principales de manera exclusiva cuando correspondan3; corredores de precarga vinculados a los terminales sus respectivas cuencas de alimentación y corredores complementarios que atenderán la demanda no resuelta por las dos jerarquías anteriores.

b) Construcción de terminales de transferencia de pasajeros, estaciones terminales intermedias, estaciones de conexión entre troncales y estaciones simples o paraderos.

c) Mejoramiento de los andenes y construcción de intersecciones de paso peatonal.

Las obras de adecuación y construcción de infraestructura en virtud del proyecto se realizan en vías urbanas de alto tráfico vehicular, con un grado importante de congestión, localizadas casi todas ellas en zonas urbanas consolidadas desde hace muchos años, algunas veces con sectores en proceso de deterioro debido a la sobreocupación de los inmuebles y las actividades de comercio informal en el espacio público.

La Ley 310 de 1996 establece que la Nación y sus entidades descentralizadas participarán en la financiación de proyectos de servicio público de transporte de pasajeros, en aquellas áreas urbanas, suburbanas y municipios que:

a) Constituyan una sociedad por acciones que a su vez se convierta en la titular de este tipo de sistema de transporte.

b) Obtengan la aprobación del Conpes, luego de presentar: estudio de factibilidad y rentabilidad, estudio técnico-económico, estudio socio-ambiental y físico-espacial, cronograma, y organismos de ejecución.

c) Presenten coherencia entre el plan integral de transporte masivo propuesto y el respectivo plan integral de desarrollo urbano.

d) Tengan registrado el proyecto en el banco de proyectos de inversión nacional.

e) Cuenten con una autoridad única de transporte formalmente constituida para la administración del sistema de transporte masivo de pasajeros propuesto.

Asimismo, el Decreto 3422 de 2009, hoy compilado en el Decreto 1079 de 2017, establece que la Nación y sus entidades descentralizadas participarán con aportes de capital, en dinero o en especie, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que el proyecto sea consistente con el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan de Movilidad, una vez se articule y revise dicho Plan de Ordenamiento, según lo dispuesto en las Leyes 388 de 1997 y Ley 1454 de 2011 o normas que las modifiquen o sustituyan.

b) Que el proyecto propuesto esté debidamente registrado en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional, y cumpla los requisitos establecidos por el Decreto 841 de 1990.

c) Que el proyecto de sistema estratégico de transporte público esté incluido en el Plan Nacional de Desarrollo.

d) Que el proyecto respectivo tenga concepto previo favorable del Conpes, mediante un estudio de factibilidad y rentabilidad, técnico-económico, socio-ambiental y físico-espacial, que defina claramente la estrategia, el cronograma y los organismos de ejecución.

e) Que el Alcalde de cada ciudad, donde se implementará el Sistema Estratégico de Transporte Público, SETP, adopte mediante acto administrativo el respectivo sistema de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 7º del presente decreto.

En el marco establecido entre la Nación y la Banca Multilateral, las ciudades que están siendo financiadas son: SITM Bogotá, D.C., y Bogotá – Soacha, Barranquilla – Área Metropolitana, Pereira Área Metropolitana Centro Occidente, Bucaramanga - Área Metropolitana, Medellín Área Metropolitana Valle de Aburrá, Santiago de Cali y Cartagena y en el proyecto SETP Santa Marta, San Juan de Pasto, Armenia, Popayán, Sincelejo, Montería y Valledupar. Tabla número 1. Sin embargo el presente marco de política es aplicable para todas las ciudades y entes gestores que en el futuro entren a participar en el proyecto de Movilidad Urbana.

TABLA 1

Programa Nacional de Transporte Urbano – Proyectos 

 

CiudadEntidad responsableCofinanciación de la banca multilateral
BucaramangaMetrolínea S.A.Banco Mundial - BM
BarranquillaTransmetro S.A.Banco Mundial - BM
CartagenaTranscaribe S.A.Banco Mundial - BM
Bogotá-NQSTransmilenio S.A.Corporación Andina de Fomento - CAF y BM
MedellínMetroplús S.A.Banco Mundial - BM
PereiraMegabús S.A.Banco Mundial - BM
CaliMetrocali S.A.Banco Interamericano de Desarrollo- BID
MonteríaMontería Ciudad Amable S.A.S.Corporación Andina de Fomento - CAF
SincelejoMetro Sabana S.A.S.Banco Mundial - BM
ValleduparSIVA S.A.S.Banco Mundial - BM
NeivaTransfederalBanco Mundial - BM
Santa MartaSept Santa Marta S.A.SBanco interamericano de Desarrollo - BID
PastoAvante U.EBanco Interamericano de Desarrollo - BID
ArmeniaAmable E.I.C.E.Banco Interamericano de Desarrollo - BID
PopayánMovilidad FuturaBanco Interamericano de Desarrollo - BID

 

2. Justificación. 

El Marco de Política de Reasentamiento del Ministerio elaborado desde el año 2004 y ajustado durante los años 2009, 2010 y 2015, con el propósito de mitigar los impactos del desplazamiento involuntario y apoyar el restablecimiento de las condiciones económicas y el nivel de vida de la población afectada mediante planes de reasentamiento por parte de los entes gestores, pretende:

a) Incluir ajustes en el marco de política en virtud de los cambios normativos (expedición de la Ley 1682 de 2013 y sus decretos reglamentarios, la Ley 1742 de 2014 y las resoluciones del IGAC) que implican cambios en el alcance de algunos estudios y programas (censo, diagnóstico, reconocimientos económicos) de los planes de reasentamiento.

b) Fortalecer los lineamientos para la elaboración de los planes de reasentamiento y sus programas, a partir de los resultados de las experiencias aprendidas y los procesos de capacitación y sistematización de experiencias.

c) Aportar en los diseños de los planes de reasentamiento, alcances, definiciones, acciones e indicadores que permitan dar respuesta a las directrices emanadas del marco de política en atención a la asesoría y acompañamiento que requiere la población sujeto.

d) Avanzar en la construcción e institucionalización de un marco de actuación integral e interinstitucional e intersectorial de intervención articulada y coordinada, tanto para la población a reasentar como para aquella que se asienta en el área de influencia.

El marco de política bajo el contexto, de los nuevos aportes busca concretar desde el enfoque de los derechos, un proceso estratégico de carácter integral y planificado, orientado a minimizar los impactos generados por las afectaciones y el desplazamiento involuntario de la población, a partir del reconocimiento de las realidades poblacionales, territoriales y de los marcos normativos y de planificación vigentes.

3. Definiciones en el marco de política. 

Desplazamiento involuntario: Se presenta cuando una persona, familia, grupo o actividad económica debe trasladarse obligatoriamente a otro lugar, por una decisión que es impuesta por un agente externo, sin que exista posibilidad de permanecer en el lugar donde habita. En el caso de este proyecto, el desplazamiento se presentará para las personas que residen en los predios que se requerirán para la construcción y mejoramiento de las obras de infraestructura de los Sistemas de Transporte SITM y SETP, así como para las actividades económicas que allí se desarrollan.

Reasentamiento: Es un proceso metodológico, integral y planificado que acompaña, asesora y apoya a la población sujeto del desplazamiento involuntario para restablecer y mejorar los niveles de vida que tenían antes del desplazamiento.

Población sujeto del marco de política: Son aquellas unidades sociales y/o los grupos, comunidades o poblaciones económicas directamente impactadas, que residen en las áreas requeridas por las obras con afectaciones prediales y que deben trasladarse obligatoriamente.

Atiende también a los grupos, comunidades, poblaciones o actividades económicas del área de influencia de la obra, en el marco del plan de gestión social definido en el plan de manejo ambiental.

Impacto: Se entiende por impacto los cambios o alteraciones causados por el proyecto a las condiciones socioeconómicas y culturales iniciales de las unidades sociales (antes del desplazamiento involuntario), en relación con su condición final en términos de inclusión (nuevo lugar de vivienda y/o actividad). Los impactos se catalogan a partir de elementos de análisis sobre el mejoramiento (positivos) o por el daño provocado (negativos).

Vulnerabilidad: “La vulnerabilidad se entiende como una función inversa de la capacidad de los individuos, grupos, hogares y comunidades de prever, resistir, enfrentar y recuperarse del impacto o efectos de eventos que impliquen una pérdida de activos materiales einmateriales”4.

Los grupos sociales que se encuentran más expuestos al riesgo en los proyectos de los sistemas de transporte son: los niños y niñas, la población discapacitada, las y los adultos mayores y las mujeres cabeza de familia en condiciones de pobreza, la población reconocida como víctima de desplazamiento forzado, la población ubicada por debajo de los límites de pobreza según clasificación del DANE, poblaciones para las cuales será necesario identificar sus condiciones de vulnerabilidad en relación con el proyecto.

Nivel de vida: Se adopta el concepto emitido por las Naciones Unidas en los siguientes términos: “Definió como las condiciones reales en que vive un pueblo el modo más satisfactorio de medir los niveles de vida en el orden internacional seria proceder a la medición de aspectos o partes claramente delimitados de las condiciones generales de vida que pudieran representarse cuantitativamente y que reflejasen objetivos generalmente aceptados de la política social y económica en el orden internacional. Esferas separadas tales como la salud, la nutrición, la vivienda, las condiciones de empleo y la educación se consideraron como “componentes “del nivel de vida, y se propuso expresar estos componentes por medio de medidas o “indicadores” estadísticos concretos, teniendo en cuenta la disponibilidad y comparabilidad internacional de los datos”5.

Unidad social: Se entiende por unidad social las personas naturales o jurídicas, con vínculos o no de consanguinidad que guardan relación de dependencia legal, física o económica respecto del inmueble requerido para la construcción de las obras del sistema de transporte.

Las unidades sociales pueden ser clasificadas por tenencia (propietario, arrendatario, usufructuario, tenedor y ocupante), uso (residencial, industrial, comercial y servicio) y residencia (si habita o no en el inmueble). En un inmueble puede habitar más de una unidad social. Para efectos de los reconocimientos económicos, las unidades sociales (US) previstas se tipifican, en el documento de directrices que hace parte integral del presente marco de política y contiene tanto los criterios de selección como los cálculos para efectos de los reconocimientos económicos.

Cabe anotar que en ningún caso la condición de tenencia impedirá la participación plena de una unidad social. Atendiendo las condiciones particulares de los impactos, vulnerabilidades y realidades de la población, se podrán tipificar otras unidades sociales.

Inmueble: Unidad individual de terreno con o sin mejoras, física y catastralmente identificable.

Adquisición predial: Es el Instrumento legal por medio del cual la administración accede a la titularidad de los derechos de dominio y posesión de inmuebles, existiendo otros modos de adquirir la propiedad como la donación, extinción de dominio, sucesión, entre otros, estas formas de adquisición no están asociadas a motivos de interés general por obra pública. Los procesos y trámites asociados a la adquisición de inmuebles necesarios para la ejecución de obras públicas y/o de interés general, tienen su amparo inicial en el artículo 58 de nuestra Carta Política.

La adquisición predial inicia al tenor del artículo 13 de la Ley 9a de 1989 con la presentación de la oferta de compra, y finaliza una vez el inmueble se encuentre registrado a nombre de la entidad adquiriente.

Nivel de afectación: Se clasifica en:

Total: Cuando un predio se afecta totalmente y todas las unidades sociales que allí residen o realizan una actividad económica deben trasladarse.

Parcial: Cuando un predio se afecta parcialmente y el área remanente puede seguir utilizándose para vivienda o actividad económica. La afectación parcial puede implicar el desplazamiento de una o más unidades sociales residentes o con actividad económica en el predio.

Mixta: Cuando se afecta el total de la construcción y el lote parcial permitiendo en el área remanente el desarrollo de la vivienda de reposición.

4. Objetivos, principios y lineamientos que rigen la preparación y ejecución del reasentamiento. 

4.1. Objetivos. 

• Mitigar y compensar los impactos causados por el desplazamiento involuntario cuando este sea inevitable.

• Apoyar el restablecimiento de las condiciones socioeconómicas de la población desplazada.

• Generar un marco de actuación integral y planificado orientado a la atención y acompañamiento de la población objeto del reasentamiento, en especial aquellas que deben desplazarse físicamente, mediante planes de reasentamiento.

• Convertir el reasentamiento en una oportunidad para contribuir al mejoramiento del ordenamiento territorial y urbanístico de las ciudades.

4.2. Principios. 

El reasentamiento se fundamenta en los estándares de la Banca Multilateral y es concordante con el enfoque del Estado social de derecho y la Constitución colombiana.

Minimizar el desplazamiento de población: Todos los impactos negativos del desplazamiento involuntario, en la medida de lo posible, deben evitarse. Por ello, deberán analizarse detalladamente todas las opciones viables del proyecto, con el fin de minimizar las afectaciones prediales y sugerir la que cause menor desplazamiento. Las opciones consideradas deberán incluirse en el plan de reasentamiento.

Restablecimiento de condiciones socioeconómicas: El reconocimiento en dinero no constituye por sí solo una solución a los impactos del desplazamiento, ni garantiza el restablecimiento de las condiciones socioeconómicas de los afectados. Por ello, se diseñarán y ejecutarán planes de reasentamiento para asistir a la población desplazada en el restablecimiento o mejoramiento de sus condiciones.

Inclusión: La población asentada en los sitios intervenidos por la construcción de los sistemas de transporte, independientemente de la forma de tenencia que acrediten, tendrán derecho a ser apoyados en el restablecimiento de sus condiciones de vida. El reasentamiento de población incorporará acciones de carácter poblacional, territorial, ambiental, sociocultural, económico y el apoyo a la provisión de servicios sociales, en pro del cumplimiento del derecho a la inclusión social.

Equidad: Las soluciones de reasentamiento deben responder a los impactos causados por el desplazamiento involuntario. El reasentamiento parte del reconocimiento de la realidad y diversidad sociocultural y económica de la población y deberá considerar acciones diferenciales en los temas en los que se identifiquen vulnerabilidades, incluyendo las de género.

Igualdad: Todas las unidades sociales, que sean objeto de traslado recibirán el mismo tratamiento de acuerdo a su realidad social identificada y accederán en condiciones de equidad a los diversos programas que se ofrezcan, en especial aquellas unidades sociales con mayor vulnerabilidad.

Comunicación: Toda la población sujeto del marco de política recibirá información transparente, clara, veraz y oportuna sobre sus derechos, deberes y obligaciones, en un ejercicio de corresponsabilidad.

Consulta: Las unidades sociales que se deban trasladar serán consultadas sobre las alternativas de solución de reasentamiento y los planes que se formulen para ello.

Transparencia: El plan de reasentamiento y sus programas será difundido y validado con las unidades sociales de tal manera que sea conocido y entendido por todos los participantes. El proceso se manejará de manera objetiva y técnica, con el fin de garantizar que los beneficios solamente cubran a la población afectada por las obras y que se apliquen los criterios y procedimientos establecidos de manera equitativa para todos.

Celeridad: Las entidades responsables de la ejecución de las acciones y actividades relacionadas con los reasentamientos asignarán los recursos físicos, humanos, administrativos y financieros necesarios para su ejecución, en el tiempo previsto.

Mejoramiento urbano: Los planes de reasentamiento se convertirán en una oportunidad para contribuir al ordenamiento urbano y podrán ser parte de las actuaciones urbanísticas previstas por los entes territoriales, con el fin de garantizar un desarrollo armónico y sostenible de las regiones y sus habitantes.

4.3. Lineamientos. 

• El Estado debe procurar que sus acciones de desarrollo y ordenamiento estén orientadas al beneficio colectivo, intentando reducir al máximo el desplazamiento de población.

• Los entes gestores deberán revisar y analizar los resultados de los diferentes estudios técnicos, sociales y ambientales, con el fin de minimizar los impactos y la adquisición predial.

• La formulación y ejecución del plan de reasentamiento requiere la planeación, coordinación y articulación con las etapas técnicas del proyecto.

• El proceso de reasentamiento deberá realizarse de manera objetiva, técnica y soportada, con el fin de garantizar la transparencia del mismo.

• Los estudios preliminares, el censo y el diagnóstico demográfico, social, económico y cultural, como la relación de las unidades sociales con el predio y los impactos previstos, se constituyen en la línea base cuantitativa y cualitativita para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del plan de reasentamiento y, en el insumo para el análisis de la factibilidad social de la obra.

• El reasentamiento deberá apoyar el mejoramiento del nivel de vida de la población que se encuentra impactada por el proyecto, en especial aquellas personas o unidades sociales en condiciones de extrema pobreza, vulnerabilidad social, informalidad, y precarias formas de habitabilidad.

• Cada ente gestor deberá realizar procesos de planeación a corto, mediano y largo plazo, con el fin de garantizar la conformación de los equipos profesionales y los recursos necesarios para llevar a cabo los procesos de reasentamiento de manera eficiente y eficaz, en cumplimiento de los objetivos de la política.

• El reasentamiento deberá ser una oportunidad de desarrollo social y por ello, es requisito el acompañamiento y asesoría integral a la población en todas las etapas y programas del plan.

• En la planeación del reasentamiento se deberá identificar y coordinar acciones con los diferentes actores institucionales, que representen los sectores para dar atención integral a la población afectada.

• Durante el proceso de reasentamiento, se deberá mantener una comunicación, seguimiento y retroalimentación constante con la población sujeto, con el fin de tomar los correctivos para minimizar los impactos.

• El reasentamiento como parte del proceso de ordenamiento territorial y la construcción de ciudad deberá contribuir a la formación de una cultura ciudadana que promueva la operación y el cuidado del sistema de transporte.

5. Marco jurídico. 

No existe en Colombia una orientación normativa de carácter nacional específica para el reasentamiento; las acciones públicas y privadas se desarrollan en el marco de leyes y decretos relacionados con la adquisición de predios y valoración económica de los mismos, lo que determina que el reasentamiento se ejecute más como una acción complementaria.

En el marco jurídico nacional la Ley 388 de 1997 en su artículo 15 relaciona entre las normas urbanísticas, como complementarias las atinentes a la “reubicación de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo” pero no hace mención al reasentamiento en ejecución de obra pública, no hay norma nacional que contemple un procedimiento reglamentado para formular y ejecutar planes de reasentamiento en infraestructura de transporte, ni lineamientos que den un trato igualitario tanto a propietarios como a poseedores y acompañamiento integral y profesional interdisciplinario en general; por lo tanto, este Marco de Política de Reasentamiento contempla los requisitos normativos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en esta materia, concordantes con los estándares internacionales de la Banca Multilateral y será la guía a ser aplicada por el proyecto para salvar los vacíos en el marco jurídico local.

El Marco de Política de Reasentamiento se desarrolla bajo las normas aplicables de carácter internacional ratificadas por el Gobierno de Colombia, por las normas nacionales, así como por los principios generales del derecho, jurisprudencia y doctrina que brindan pautas para la adquisición de predios y protección de los derechos fundamentales de personas desplazadas por proyectos de desarrollo, así como el método de avalúo de los bienes afectados.

5.1. Normas relacionadas con la adquisición de predios. 

5.1.1. Normas constitucionales. 

ART. 1º—“Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.

Cuando el artículo 1º de la Constitución Política dice que Colombia es un Estado social de derecho, está afirmando que existe una obligación para el estado de buscar la justicia social en cada una de sus actuaciones, de tal manera que los asociados no vean vulnerados sus derechos por actos generados por la administración. De esta manera resulta acorde con el artículo 2º de la Carta, el cual hace referencia a que son fines esenciales del Estado: “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la constitución”. C-153-94.

El artículo 5º de la Carta consagra la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad.

ART. 58.—“Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles... La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Como tal le es inherente una función ecológica...”.

“Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa...”.

La Constitución garantiza la propiedad privada como norma general y permite la expropiación como una excepción, únicamente por motivos de utilidad pública e interés social, previo el reconocimiento de una indemnización por los perjuicios ocasionados, la cual se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado e invocando razones de justicia y equidad. En dichos procedimientos, se deben tener en cuenta, no sólo las garantías constitucionales básicas referidas al derecho a la vida, a la integridad y al derecho de defensa, sino también la necesidad de actuar, por parte del Estado, dando respuestas eficaces y permitiendo el desarrollo de los derechos prestacionales, entre los cuales el derecho a la vivienda, en condiciones de dignidad es uno de los más importantes (C-153-94).

Al establecer prevalencia del interés general sobre el particular, el artículo 58 de la Constitución previene sobre la obligación de garantizar la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.

5.1.2. Normas Legales. 

Ley 388 de 1997 

La adquisición de predios por motivos de utilidad pública se rige por el procedimiento especial ya reglamentado en el capítulo III de la ley 9ª de 1989, modificado por el capítulo VII de la ley 388 de 1997, en virtud de los cuales son susceptibles de adquisición el derecho real de dominio, sus elementos constitutivos, y los demás derechos reales.

Para efectos de decretar su expropiación y además de los motivos determinados en otras leyes vigentes se declara de utilidad pública o interés social la adquisición de inmuebles para destinarlos entre otros fines a los siguientes: ejecución de proyectos de producción, ampliación, abastecimiento y distribución de servicios públicos domiciliarios; ejecución de programas y proyectos de infraestructura vial y de sistemas de transporte masivo; constitución de zonas de reserva para la protección del medio ambiente y los recursos hídricos; ejecución de proyectos de urbanización y de construcción, prioritarios en los términos previstos en los planes de ordenamiento, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

La ley establece un procedimiento básico para perfeccionar la compraventa del inmueble cuando esta se hace de manera voluntaria por parte de su titular, debiéndose hacer mención especial a la existencia de una oferta de compra.

Ley 1682 de 2013 

En lo que concierne a la infraestructura de transporte en todas sus modalidades, y cuando se le compara con otros países de similar nivel de desarrollo, Colombia presenta un rezago importante (Foro Económico Mundial, 2012). El atraso y la precaria institucionalidad de los sistemas de transporte en el país contrastan con los avances y las prácticas en otros sectores6.

Por lo anterior y el Gobierno Nacional consiente de la necesidad de superar este problema, ha puesto muy alto entre sus prioridades el objetivo de construir y mantener una red de transporte moderna y eficiente y como consecuencia de la gestión, se expide el 22 de noviembre de 2013 la Ley 1682 “por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias”.

En lo relacionado con gestión y adquisición predial el artículo 19 señala: “Definir como un motivo de utilidad pública e interés social la ejecución y/o desarrollo de proyectos de infraestructura del transporte a los que se refiere esta ley, así como el desarrollo de las actividades relacionadas con su construcción, mantenimiento, rehabilitación o mejora, quedando autorizada la expropiación administrativa o judicial de los bienes e inmuebles urbanos y rurales que se requieran para tal fin, de conformidad con el artículo 58 de la Constitución Política”.

La adquisición predial es responsabilidad del Estado y para ello la entidad pública responsable del proyecto podrá adelantar la expropiación administrativa con fundamento en el motivo definido en el artículo anterior, siguiendo para el efecto los procedimientos previstos en las Leyes 9a de 1989 y 388 de 1997, o la expropiación judicial con fundamento en el mismo motivo, de conformidad con lo previsto en las leyes 9ª de 1989, 388 de 1997 y 1564 de 2012.

El avalúo comercial para la adquisición o expropiación de los inmuebles requeridos para proyectos de infraestructura de transporte será realizado por el IGAC o la autoridad catastral correspondiente o las personas naturales o jurídicas de carácter privado registradas y autorizadas por las lonjas de propiedad raíz.

El avalúo comercial, de ser procedente, incluirá el valor de las indemnizaciones o compensaciones que fuera del caso realizar por afectar el patrimonio de los particulares.

5.2. Normas relacionadas con el reasentamiento de población. 

Si bien el Estado colombiano no cuenta en su cuerpo normativo con un procedimiento reglamentado para formular y ejecutar planes de reasentamiento, como sí lo tiene para la adquisición de predios, existen normas internacionales y constitucionales que sirven de base para ello. En consecuencia el Marco de Política de Reasentamiento recoge las políticas que en el tema contempla el Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo.

5.2.1. Normas Internacionales. 

Los criterios adoptados para tener en cuenta la normatividad internacional en el presente Marco, se fundamentan en la prevalencia del derecho internacional y los derechos humanos sobre la regulación interna y la aplicación directa que los mismos deben tener en nuestro ordenamiento (artículo 93 de C. P).

La Convención de San José de Costa Rica (vinculada a través de la Ley 16 de 1972), en la cual se establece que: “artículo 21. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar el uso y goce al interés social. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas en la ley”.

5.2.1.1. Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

Todo ser humano tendrá derecho a la protección contra reasentamientos arbitrarios que le alejen de su hogar o de su lugar de residencia habitual (Naciones Unidas. Principio 6).

Se encuentran prohibidos internacionalmente los reasentamientos arbitrarios en caso de proyectos de desarrollo en gran escala, que no estén justificados sobre un interés público superior o primordial (Naciones Unidas. Principio 6).

Antes de decidir el desplazamiento de personas, las autoridades competentes se asegurarán de que se han explorado todas las alternativas viables para evitarlo. Cuando no quede ninguna alternativa, se tomarán todas las medidas necesarias para minimizar el desplazamiento y sus efectos adversos (Naciones Unidas. Principio 7).

Las autoridades responsables del desplazamiento se aseguran en la mayor medida posible de que se facilita alojamiento adecuado a las personas desplazadas en condiciones satisfactorias de seguridad, alimentación, salud e higiene y que no se separan a los miembros de la misma familia (Naciones Unidas. Principio 7).

Se buscará contar siempre con el consentimiento libre e informado de los desplazados (Naciones Unidas. Principio 7).

Las autoridades competentes tratarán de involucrar a las personas afectadas en particular las mujeres en la planificación y gestión de su reasentamiento (Naciones Unidas Principio 7).

El desplazamiento no se llevará a cabo de tal manera que viole los derechos a la vida, dignidad, libertad y seguridad de los afectados (Naciones Unidas Principio 8).

Se deberán adoptar medidas adecuadas para facilitar a los futuros reasentados información completa sobre las razones y procedimientos de su desplazamiento y, en su caso, sobre la indemnización y reasentamiento (Naciones Unidas Principio 7).

5.2.1.2. Principios del Ecuador. 

Principio 7: Revisión Independiente. A propósito de préstamos corporativos vinculados a proyectos, con impactos adversos sobre pueblos indígenas, impactos sobre Hábitats Críticos, impactos significativos sobre el patrimonio cultural y reasentamientos a gran escala.

5.2.2. Normas constitucionales. 

ART. 1º—“Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo, y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.

Las bases de esta nueva definición de Estado han sido desarrolladas por la Jurisprudencia Constitucional e indican, en primer lugar, el respeto y garantía de los derechos constitucionales, en especial, el desarrollo y eficacia de los derechos económicos, sociales, culturales y colectivos; en segundo lugar, la participación democrática en la función pública y la atención especial que el Estado debe prestar a la solución de las necesidades de los asociados, buscando su bienestar y calidad de vida.

ART. 2º—“... Las autoridades de la República están constituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades y para asegurar en cumplimiento de los deberes sociales del estado y de los particulares”.

ART. 5º—“El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad”.

ART. 90.—“El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sea imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas...”.

ART. 287.—“Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley...”.

Artículos 42, 43, 44, 46, 51, 58, 79, 80 los cuales consagran los derechos sociales, económicos y culturales. El derecho a la vivienda se debe reconocer en condiciones de dignidad, es decir en condiciones materiales y espirituales de existencia que permitan vivir con calidad y tener un espacio para el libre desarrollo de la personalidad (Sent. C-575/92, art. 51 Constitución Nacional).

5.2.3. Normas legales. 

Ley 388 de 1997 

ART. 1º, núm. 3. “Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la función social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios, y velar por la creación y la defensa del espacio público, así como por la protección del medio ambiente y la prevención de desastres”.

ART. 2º—“El ordenamiento del territorio se fundamenta en los siguientes principios:

— La función social y ecológica de la propiedad.

— La prevalencia del interés general sobre el particular.

— La distribución equitativa de cargas y beneficios”.

ART. 3º—Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo.

ART. 4º—“Participación democrática. En ejercicio de las diferentes actividades que conforman la acción urbanísticas, las administraciones municipales, distritales y metropolitanas deberán fomentar la concertación entre los intereses sociales, económicos y urbanísticos, mediante la participación de los pobladores y sus organizaciones...”.

Artículo 119 señala que en caso de propietarios o poseedores de vivienda de interés social que no acepten la forma de pago o el derecho de preferencia previstos en este artículo, la administración municipal o distrital que participe en proyectos de renovación correspondientes les garantizará el acceso a una solución de vivienda del mismo tipo, para lo cual otorgará los subsidios municipales de vivienda; artículo 128. El ente territorial podrá, en el tema de compensaciones, expedir el correspondiente acto administrativo para otorgar los reconocimientos económicos que mitiguen los impactos causados por la obra.

Ley 3ª de 1991 

La Ley 3ª de 1991 y sus Decretos Reglamentarios 706 de 1995 y 824 de 1999 fijan la cuantía del subsidio y el valor de la vivienda de interés social.

Ley 99 de 1993 artículo 57 

“Del estudio de impacto ambiental. Se entiende por estudio de impacto ambiental el conjunto de la información que deberá presentar ante la autoridad ambiental competente el peticionario de una licencia ambiental.

El Estudio de Impacto Ambiental contendrá información sobre la localización del proyecto, y los elementos abióticos, bióticos y socioeconómicos del medio que puedan sufrir deterioro por la respectiva obra o actividad...”.

Ley 546 de 1999 

ART. 2º—“Objetivos y criterios de la presente ley. El Gobierno Nacional regulará el sistema especializado de financiación de vivienda de largo plazo para fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho constitucional a la vivienda digna, de conformidad (entre otros) con los siguientes objetivos y criterios: Proteger el patrimonio de las familias representado en vivienda...”.

5.2.4. Normas y criterios aplicables a ocupantes del espacio público. 

Teniendo en cuenta que los corredores urbanos en el país se caracterizan por la presencia de vendedores ambulantes o estacionarios, situación que refleja el hecho de que la mayoría de la población económicamente activa está vinculada al sector informal, existen normas y jurisprudencia relacionada con el tratamiento para las personas vinculadas a estas actividades, así como para ocupantes que residen en el espacio público. Dentro de las normas y sentencias relevantes, se encuentran las siguientes:

• Se definen los bienes de uso público como bienes inalienables, imprescriptibles e inembargables (Constitución Nacional artículo 63).

• En los bienes de uso público no se admite la existencia de derechos adquiridos. Las personas que se encuentren en ellos son meros ocupantes. (Consulta C de E octubre 28/94).

• La recuperación de los bienes de uso público puede hacerse mediante declaratoria de reserva ecológica o ambiental, acción restitutoria o acción popular. (Consulta C de E octubre 28/94).

• Cuando la administración permite la ocupación de áreas que constituyen espacio público o zonas de reserva y protección, sin adelantar las acciones oportunas y pertinentes en los términos que la ley establece para prevenir o impedir esta ocupación, debe proponer programas de reasentamientos. Como lo expresa la Corte Constitucional: “estableciendo con su permisividad la confianza por parte de los administrados de crear unas expectativas en torno a una solución de vivienda. Lo anterior supone, en consecuencia, que cuando una autoridad local se proponga recuperar el espacio público ocupado por los administrados que ocuparon tal espacio público, deberá diseñar y ejecutar un adecuado y razonable plan de reubicación de dichas personas” Fallo de tutela T617/1995.

En relación con la situación y tratamiento a vendedores ambulantes o estacionarios, la jurisprudencia en los últimos años ha señalado criterios claros que permiten conciliar la protección del espacio público con la protección y salvaguardia del derecho al trabajo y al empleo. Las principales sentencias se pueden resumir así:

“...Como ya se dijo la defensa del espacio público es un deber exigible, por lo cual las autoridades administrativas y judiciales deben ordenar su vigilancia y protección” (SU-360/99).

“Quienes ejercen el comercio informal hacen uso de su derecho al trabajo, el cual también goza de protección constitucional. Claro que la actividad de los vendedores informales coloca en conflicto el deber de preservar el espacio público y el derecho al trabajo; y, hay algo muy importante, en algunas oportunidades se agregó que también habría que tener en cuenta la obligación estatal de propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar”, (Sents. T-225/92, M.P. Jaime Sanín Greiffenstein y T-578 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo).

Pese a que el interés general de preservar el espacio público prima sobre el interés particular de los vendedores ambulantes y estacionarios, es necesario, según la jurisprudencia, conciliar proporcional y armoniosamente los derechos y deberes en conflicto. Por consiguiente, el desalojo del espacio público está permitido constitucionalmente, siempre y cuando exista un proceso judicial o policivo que lo autorice, con el cumplimiento de las reglas del debido proceso previo al desalojo y que se dispongan políticas que garanticen que los “ocupantes no queden desamparados porque estamos en un Estado social de derecho” (Sent. T-396 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell).

De ahí que las personas que usan el espacio público para fines de trabajo pueden obtener la protección, a través de la acción de tutela, siempre y cuando se encuentren amparadas por el principio de la confianza legítima con las condiciones que la jurisprudencia ha indicado. Es así como los comerciantes informales pueden invocar el aludido principio de confianza legítima, si demuestran que las actuaciones u omisiones de la administración anteriores a la orden de desocupar les permitían concluir que su conducta era jurídicamente aceptada, por lo que esas personas tenían certeza de que “la administración no va a exigirle más de lo que estrictamente sea necesario para la realización de los fines públicos que en cada caso concreto persiga” (Sent. T-617 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero)”.

Por otra parte ha establecido la jurisprudencia como presupuestos necesarios para que opere la reubicación de los vendedores ambulantes: “que se trate de trabajadores que con anterioridad a la decisión de la administración de recuperar un espacio público de uso común, hayan estado instalados allí”; “que dicha ocupación hubiese sido permitida con anterioridad por las respectivas autoridades, a través del respectivo permiso o licencia” (Sent. T-160 de 1996, M.P. Fabio Morón Díaz. En el mismo sentido las sentencias T-115 de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y T-778 de 1998, M.P. Alfredo Beltrán Sierra).

En relación con las alternativas de solución, la jurisprudencia señala que “...Por lo tanto, el desalojo de trabajadores informales con el cual termina el procedimiento policivo tiene que ir acompañado de algunas medidas en favor de aquellos, si están amparados por la confianza legítima. En principio, la medida es la de la reubicación, no en el sentido de que el erario público se encarga de entregar un inmueble para que allí se formalice un trabajo que antes era informal, (por supuesto que si las autoridades públicas lo hicieren por haber destinación presupuestal precisa y adecuada, esta opción también es válida), sino que las autoridades públicas y concretamente el respectivo municipio determine el sitio donde pueden laborar las personas que van a ser desalojadas, dándoseles las debidas garantías para el ejercicio de su oficio, y, además hay que colaborar eficazmente con determinados beneficios (no indemnizaciones) que faciliten la ubicación en el nuevo sitio para trabajar y también se haga más llevadero el traslado y la reiniciación del trabajo. Pero puede haber otras opciones distintas a la reubicación o colaterales a la reubicación, tan es así que propio Distrito Capital habla de “estrategias”. Luego, el juzgador constitucional apreciará teniendo en cuenta los ofrecimientos y el análisis de los presupuestos, los planes de desarrollo y las políticas que estén debidamente señaladas y sean reales y es en esta proyección que debe entenderse por la jurisprudencia las opciones alternativas o colaterales a la principal: la reubicación. SU-360 de 1999.

Es importante resaltar el documento Conpes 3718 de fecha enero 31 de 2012 que establece La Política Nacional de Espacio Público y que señala “La estrategia “Construir Ciudades Amables” de la Visión Colombia 2019, plantea que para lograr una sociedad más justa y con mayores oportunidades será de gran importancia la consolidación de un espacio público accesible, adecuado y suficiente para la totalidad de los ciudadanos. Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014: Prosperidad para Todos, establece la construcción de la Política Nacional de Espacio Público, mediante la cual se apoyará a las entidades territoriales en el fortalecimiento de su capacidad institucional y administrativa para la planeación, gestión, financiación y sostenibilidad del espacio público”.

6. Método de avalúo de los bienes afectados. 

La Ley 1682 de 2013, por la cual se adoptaron medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte, reguló algunos aspectos de la gestión y adquisición predial y, entre otros, determinó en su artículo 23 que el avalúo comercial para la adquisición o expropiación de los inmuebles requeridos para proyectos de infraestructura de transporte será realizado por el IGAC o la autoridad catastral correspondiente o las personas naturales o jurídicas de carácter privado registradas y autorizadas por las Lonjas de Propiedad Raíz, y de ser procedente, incluirá el valor de las indemnizaciones o compensaciones que fuera del caso realizar por afectar el patrimonio de los particulares.

Para el efecto el IGAC tendrá como función adoptar las normas, métodos, parámetros, criterios y procedimientos que deben aplicarse en la elaboración de los avalúos comerciales.

Es pertinente resaltar que tanto la Ley 1682 de 2013 como sus decretos reglamentarios solo toman en cuenta a los propietarios titulares de derecho real de propiedad y/o poseedor regular inscrito, en tanto el marco de política, cuyo propósito es apoyar el restablecimiento de las condiciones socioeconómicas de TODA la población que deberá trasladarse, no tiene distinción frente a la tenencia del predio, propendiendo un trato igualitario tanto a propietarios como a poseedores, tenedores, ocupantes y arrendatarios Subsidiariamente y al presentarse estos vacíos en la norma nacional, el Ministerio de Transporte acogió la Política de Reasentamiento 4.12 del Banco Mundial y la Política OP 710 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en garantía de los derechos de toda la población que deberá trasladarse por causa del proyecto.

El “costo de substitución”7, dentro del presente marco, será correspondiente con la aplicación de la técnica de avalúo denominada de “comparación o de mercado”. (Resolución del IGAC 620 de 2008).

Se propenderá por mitigar los impactos causados a poseedores irregulares, tenedores, ocupantes y arrendatarios, por el reasentamiento, mediante el pago de los respectivos reconocimientos económicos; de la misma forma, se acompañará y brindará asesoría integral inmobiliaria, legal y social, hasta adquirir un inmueble de reposición y restablecer las condiciones socioeconómicas de las unidades sociales a ser trasladadas.

Por otra parte, el Decreto 1420 en su artículo 21 numeral 6 prevé “... que para los inmuebles que se encuentren destinados a actividades productivas y se presente una afectación que ocasione una limitación temporal o definitiva a la generación de ingresos provenientes del desarrollo de la misma, deberá considerarse independiente del avalúo del inmueble, la compensación por las rentas que se dejaran de percibir hasta por un período máximo de seis (6) meses”; en consecuencia, cada uno de los subproyectos podrá basarse en el mencionado artículo para hacer los reconocimientos económicos diferentes al valor del predio concernientes a las actividades productivas o de renta que se realicen en los predios objeto de compra.

7. Preparación del plan de reasentamiento. 

La fase preparatoria consiste en la definición y ejecución de las acciones necesarias para adelantar los estudios e investigaciones requeridas para la formulación de los planes de reasentamiento. Comprende los estudios conceptuales, preliminares y de diagnóstico sociocultural, económico, técnico y jurídico, así como la preparación e instalación de la capacidad de cada ente gestor, para adelantar los planes de reasentamiento, desde el punto de vista administrativo, presupuestal, técnico y operativo.

Esta fase corresponde a la preparación para la integralidad del Plan de Reasentamiento, por lo que requiere, entre otros:

• El diseño e implementación de acciones de información, comunicación, socialización y sensibilización hacia la población afectada por el proyecto.

• La articulación y el análisis interdisciplinario entre las áreas del proyecto de los estudios conceptuales, preliminares y de diagnóstico, en función de la minimización de los impactos pronosticados e identificados.

• La coordinación al interior del ente gestor, interinstitucional e intersectorial para revisar, concertar y articular la información, documentación y acciones requeridas en desarrollo de las etapas técnicas, jurídicas, económicas y sociales para la formulación del plan de reasentamiento y la minimización de los impactos.

• La identificación de actores presentes en el territorio del área directa de afectación y de influencia, su nivel de representatividad y la población que representan.

7.1. Conformación del equipo de trabajo. 

Para la preparación de un plan de reasentamiento, la entidad encargada contratará a los profesionales idóneos, con experiencia en reasentamiento y adquisición predial, para coordinar el diseño y posterior ejecución, seguimiento y evaluación del mismo dentro de la unidad responsable de la preparación del proyecto.

El diseño y ejecución del plan debe realizarlo un equipo interdisciplinario, conformado por: abogados, ingenieros civiles, arquitectos, economistas y profesionales en ciencias sociales.

El número y composición de cada equipo dependerá de la magnitud del reasentamiento, del número y características de la población por desplazar. Este equipo podrá pertenecer a la planta de la entidad ejecutora o la entidad podrá suscribir un convenio o un contrato, evento en el cual el ente gestor deberá elaborar los términos de referencia y establecer los mecanismos para su interventoría. Para estos casos deben asegurarse los lineamientos del Marco de Política y en específico el cumplimiento del plan de reasentamiento para la población que determine en el censo y diagnóstico, en los tramos correspondientes.

En cualquiera de los casos, el equipo contará con los recursos físicos y económicos adecuados para el desempeño de sus funciones.

7.2. Programa de Información y Comunicación a la Comunidad y Programa de Petición y Solución de Quejas y Reclamos (PQR). 

Antes de iniciar las actividades correspondientes a los diseños conceptuales de ingeniería y arquitectónicos de la infraestructura del proyecto, se diseñarán los Programas de Información y Comunicación y de Petición y Solución de Quejas y Reclamos (POR), que deberán estar presentes en las diferentes etapas del Plan de Reasentamiento y durante todas las etapas de obra.

7.2.1. Objetivos generales. 

Elaborar y ejecutar un Programa de información y comunicación continua que considere como población objeto a la ciudadanía en general del sector, a la población del área de influencia de las obras y continuará residiendo en el lugar, y a las unidades sociales residentes de los predios, mediante el diseño de estrategias, medios y mecanismos idóneos, oportunos y claros.

Instaurar un programa de peticiones y de solución de quejas y reclamos dirigido a la población del área de influencia y a las unidades sociales residentes en los predios afectados, para brindar respuestas eficientes y eficaces a las diferentes solicitudes relacionadas con el desarrollo de las obras del sistema y frente al reasentamiento.

7.2.2. Para el desarrollo del programa de información y comunicación. 

Objetivos específicos 

• Reconocer las dinámicas y realidades sociales, económicas y culturales de los sectores a intervenir y del área de influencia, para el diseño de las acciones metodológicas y pedagógicas de la propuesta.

• Identificar y caracterizar los actores, liderazgos, grupos de interés, organizaciones sociales, comunitarias y agremiaciones formales e informales de comercio en el área de influencia directa de las obras para establecer acciones concretas de comunicación e información a grupos focales.

• Generar acciones participativas y preventivas de comunicación, información y concertación para mitigar los efectos que causará la realización de las obras a los residentes, comerciantes formales e informales e instituciones del sector y a la población a ser desplazada involuntariamente.

• Establecer canales directos y oficiales que permitan la comunicación bilateral entre el ente gestor y la población involucrada o afectada.

• Mantener Informada a la población sobre las características, las etapas técnicas de diseño y construcción, los cronogramas previstos, los diferentes actores que participarán y la entidad responsable del mismo.

• Informar sobre los estudios y procedimientos que se llevarán a cabo con los propietarios, titulares de derechos y residentes de los posibles predios que se van a adquirir.

• Disminuir la ansiedad y el estrés de la población potencialmente afectada por las obras.

• Prevenir la intromisión de agentes externos con intereses económicos o políticos que lesionen los intereses públicos y de la población afectada.

• Comunicar e informar a la población que será afectada sobre los procesos, procedimientos y requerimientos de información y documentación para adelantar el reasentamiento.

• Establecer mecanismos de comunicación con la comunidad receptora del reasentamiento, en los casos que se requiera.

Actividades 

La información a la ciudadanía del sector, a la comunidad que continuará residiendo en el lugar se podrá brindar a través de medios masivos de comunicación, reuniones comunitarias, plegables, afiches, etc. Esto requerirá la participación de comunicadores e implicará actividades específicas de preparación de materiales y lanzamiento de las campañas de difusión.

La información para los propietarios y residentes de inmuebles afectados se brindará directa y personalmente a través de reuniones por grupos específicos y atención personalizada. Antes de iniciar las actividades de los diagnósticos físico, legal y socioeconómico la población estará plenamente informada de los objetivos de estos estudios, de los documentos que deberán aportar para ello, de las fechas y horarios en que se llevará a cabo la recolección de información necesaria, de los procedimientos que se llevarán a cabo para la adquisición de los predios, de la formulación del Plan de Reasentamiento y de sus objetivos, así como de los lugares donde pueden ir si requieren mayor ilustración.

Se tendrán presentes las siguientes acciones:

• Presentación por parte del ente gestor los profesionales a la comunidad, de las diferentes áreas relacionadas con la atención a la población en especial los responsables de la gestión social y del reasentamiento.

• Articulación de las áreas de gestión social y comunicación tanto del ente gestor como de la administración local para la preparación y puesta en marcha de las diferentes acciones que se planteen en la propuesta de información y comunicación.

• Diseño de acciones de comunicación e información en respuesta a la identificación de las dinámicas, características y afectaciones generadas, a la población, a las actividades comerciales y a los grupos de interés identificados.

• Desarrollo de estrategias, mecanismos, medios y espacios propios para cada población y nivel: masivos para la población general, descentralizada en el territorio y puntual con los diferentes grupos afectados, personales y directos con la población sujeto del reasentamiento.

• Coordinación e implementación de acciones especiales de comunicación para la atención de las actividades económicas presentes y afectadas por la obra en el sector. Información y comunicación anticipada y concertada con la comunidad y grupos afectados, sobre los objetivos, fechas y horarios, lugares y mecanismos a desarrollar en función de los procesos de las obras y de los estudios técnicos, jurídicos y sociales para el reasentamiento.

Mecanismos 

Los mecanismos, objetivos y métodos de implementación no se pueden trazar en abstracto, deberán responder a las realidades, particularidades y condiciones físicas, sociales, culturales, económicas del territorio y de la población sujeto. En este sentido se resume y propone los principales mecanismos de información y comunicación a tener en cuenta para el diseño y ejecución de las acciones. Tabla número 2.

TABLA 2

Mecanismos de información y comunicación 

 

MetaObjetivoMétodo de Implementación
Información y consultas generales Identificar y desarrollar temas de interés, en especial sobre los diferentes aspectos del Sistema de Transporte, de las obras para la operación del mismo, de los procesos que se desarrollarán para adelantar el plan de reasentamiento y de las acciones sociales del componente de manejo ambiental. Reuniones comunitarias de información inicial y de presentación de los lineamientos del Plan de Reasentamientos. Visitas domiciliares a cada uno de los predios, interactuando con el / los representantes de la Unidad Social.
Visitas domiciliares de seguimiento para asesorar y orientar sobre el avance del proceso.
Puntos de información y comunicación. Levantamiento de soportes documentales (actas de reuniones, visitas domiciliarias, registros fotográficos).
Informar y validar el plan de reasentamiento con las unidades sociales.
Informar a la comunidad sobre lineamientos y avances del Plan de Reasentamiento.
Informar a la comunidad sobre el proceso, procedimiento, requerimientos y documentación para adelantar la adquisición predial.
Informar sobre el alcance del acompañamiento y asesoría que se brindará en virtud de los procesos de reasentamiento por el ente gestor y las instituciones de la administración involucradas en la solución.
Diálogos ciudadanos a las familias afectadas por la adquisición de predios y el reasentamiento Permitir la libre elección respecto de la modalidad de adquisición predial: enajenación voluntaria o expropiación. Atenciones personalizadas en visitas o reuniones para explicar y orientar sobre los alcances y consecuencias de cada una de las opciones.

 

7.2.3. Para el desarrollo del programa de peticiones y soluciones de quejas y reclamos. 

Dentro de los planes de reasentamiento, se diseñará un programa de solución de quejas y reclamaciones que deberá implementarse durante la ejecución del Reasentamiento y durante todas las etapas de la obra. Este programa estará dirigido a dos grupos diferentes: a la población del área de influencia que continuará residiendo en el lugar y a las unidades sociales residentes en los predios que se adquirirán para la obra.

Objetivos específicos 

• Evitar situaciones conflictivas que afecten el desarrollo de la obra, informando a la comunidad sobre los mecanismos existentes en la legislación nacional para tramitar sus quejas o reclamaciones en caso que no sea posible por la vía de la resolución de conflictos.

• Determinar un procedimiento de registro y seguimiento de las quejas y reclamos recibidos, garantizando la respuesta en plazos establecidos en el Código Contencioso Administrativo. Brindar respuesta a las peticiones y reclamaciones de las unidades sociales afectas por la adquisición predial con base en lo establecido por las leyes 9ª de 1989, 388 de 1997 y 1682 de 2013 y sus respectivos decretos reglamentarios.

• Diseñar mecanismos formales e informales de resolución de conflictos, preferencialmente acordados con la comunidad.

• Elaborar un sistema de atención, seguimiento y archivo de las quejas y reclamos.

Actividades 

La comunidad, representada por los dos grupos objetivo: población del área de influencia que continuará residiendo en el lugar y a las Unidades Sociales residentes en los predios que se adquirirán para la obra, será informada sobre el procedimiento de quejas y reclamos y las instancias y lugares para ejercerlo.

La respuesta a quejas por motivos de obra, será oportuna, impidiendo que por motivos de falta o inoportuna atención, se agraven situaciones ocasionadas directamente por la obra. Para ello se debe establecerse un procedimiento para que los responsables de la obra actúen en la solución de los problemas ocasionados por la obra y determinar un sistema de seguimiento.

Se tendrán presentes las siguientes acciones:

• Instalar un punto de atención u oficina accesible a los grupos objetivos, para la recepción y solución ágil a las quejas y reclamos y el trámite, de acuerdo con el tipo de queja, evitando situaciones que afecten el desarrollo de la obra. Se diferenciarán dos tipos de quejas: por motivos de las obras, el proyecto y por adquisición predial y reasentamiento.

• Identificación de los mecanismos y manifestaciones usuales del tipo reclamación que realiza la comunidad.

• Construcción de protocolos entre el ente gestor y los contratistas de la obra, para la definición de estrategias y actividades para la atención y respuestas unificadas a nivel individual y colectivo.

• Instalación y determinación del carácter de los puntos de atención (fijo, móvil o mixto) en el área o tramo de afectación, bajo criterios de la facilidad de acceso y de las condiciones óptimas para la población.

• Publicación y difusión de los mecanismos existentes en la legislación nacional para tramitar sus quejas o reclamaciones en caso que no sea posible por la vía de la resolución de conflictos.

Sistematización y documentación de las acciones de información, comunicación y de las peticiones y soluciones para anticipar algunas situaciones y proponer acciones preventivas o de mitigación, mediante los sistemas tecnológicos que se definan.

Mecanismos 

Se resume y propone los principales mecanismos de solución de quejas y reclamos a tener en cuenta para el diseño y ejecución de las acciones. Tabla número 3.

TABLA 3

Mecanismos de solución de quejas y reclamaciones 

 

MecanismoObjetivoMétodo de Implementación
Atención a quejas y reclamos Atender oportunamente los requerimientos de la comunidad y dar respuesta en plazos definidos en el código Contencioso Administrativo. Recepción directa verbal, recepción directa escrita, pagina web, atención en oficina, atención en reuniones, etc. Se debe definir protocolo de respuesta y seguimiento.
Atención a pedidos de asistencia por parte de familias afectadas por la adquisición de predios. Mitigar los impactos del desplazamiento involuntario y de la adquisición predial evitando riesgos de empobrecimiento o impactos negativos y adversos. Recepción verbal o escrita y traslado al comité de reasentamientos quien determinará protocolo de respuesta y seguimiento.
Diseño de estrategias y actividades que permitan brindar soluciones individuales y colectivas tempranas, contundentes y así reducir el número de peticiones.
Conciliación, negociación y solución de conflictos Generar instancias y procedimientos para la resolución o transformación de los conflictos existentes o emergentes durante el proceso. Identificación de conflicto por medio de: contacto directo, revisión de medios, atención en oficina, revisión documental, etc.
Implementación de mesas o espacios de conciliación individual o colectiva.

 

8. Desarrollo de la formulación del plan de reasentamiento y la articulación entre el proceso de reasentamiento con las etapas técnicas del proyecto. 

Con el fin de garantizar la disponibilidad de predios en el momento de iniciar la construcción de las obras y para que exista el tiempo necesario para la ejecución del Plan de Reasentamiento, en todos los subproyectos de transporte que se adelanten, existirá una estrecha relación entre las etapas técnicas de la obra y la formulación y ejecución del Plan de Reasentamiento, tal como se señala a continuación:

• La identificación de impactos potenciales se iniciará durante la selección de alternativas de los corredores y la elaboración de los diseños conceptuales, con el fin de determinar de manera preliminar la factibilidad social de la obra, identificar los principales problemas que se pueden enfrentar, estimar los predios afectados, la población por desplazar y los costos de la ejecución del Plan de Reasentamiento.

• Una vez se cuente con los diseños definitivos se procederá a efectuar los diagnósticos técnicos, legales y socioeconómicos de los predios afectados y de la población por desplazar. Con base en estos diagnósticos, se identificarán los impactos, se definirán las alternativas de solución y se formulará el Plan de reasentamiento.

• Este plan será previamente socializado, consultado y validado con la población que se deberá desplazar y será enviado por los entes gestores al Ministerio – UMUS para su revisión. Para los proyectos que cuenten con financiación de la banca multilateral una vez haya sido revisado por el ministerio, el ente gestor deberá remitirlo al banco respectivo para la no objeción (en caso de financiación de la banca multilateral) y posterior a esta podrá iniciarse la ejecución.

• La ejecución del plan de reasentamiento se llevará a cabo durante todo el proceso de contratación de la obra de tal manera que los predios estén disponibles en el momento de iniciación de la misma. Si el cronograma de construcción lo permite, la ejecución del plan podrá continuar durante esta etapa, siempre y cuando no afecte el cronograma de construcción ni signifique el traslado apresurado o provisional de la población.

A continuación se describen las etapas que se llevarán a cabo para la formulación y ejecución del plan de reasentamiento en relación con las etapas técnicas de la obra; estas deben ser simultáneas, paralelas y articuladas entre los equipos técnicos y de reasentamiento.

TABLA 4

Relación del proceso de reasentamiento con las etapas técnicas de la obras 

 

Planificación y construcción de obras civilesPlanificación y ejecución del reasentamiento
Diseño conceptual Estudios preliminares
Identificación y caracterización previa de las dinámicas territoriales, poblacionales, sociales, económicas y culturales, como de los posibles impactos que se generarán en desarrollo del proyecto. Conformación del equipo de reasentamiento y adquisición predial, ejecución de los programas de información y comunicación y de PQR.
Diseños definitivos Diagnósticos
• Levantamientos topográficos e identificación de unidades prediales
• Realización de estudio de títulos
• Elaboración de avalúos
• Censo, elegibilidad y diagnóstico socioeconómico
• Identificación y evaluación de impactos
• Análisis de alternativas de solución
• Criterios de elegibilidad
Formulación del plan
• Socialización, Consulta y validación del Plan con la población
• Aprobación del plan
• Inicio de la ejecución del plan
• Inicio del monitoreo y seguimiento
Contratación • Ejecución del plan
• Monitoreo y seguimiento
Construcción • Ejecución del plan si el cronograma de construcción lo permite
• Monitoreo y seguimiento
Operación • Evaluación ex post o documentos de cierre de los planes de reasentamiento, a partir de la ejecución de los programas e indicadores definidos en el plan y del seguimiento a las unidades sociales.

 

A continuación se describen los objetivos, actividades y resultados de cada una de las etapas del diseño, ejecución, monitoreo, seguimiento y evaluación del Plan de reasentamiento.

8.1. Estudios preliminares. 

Paralelamente a la elaboración de los diseños conceptuales, se llevarán a cabo los estudios preliminares dirigidos a la identificación y caracterización social del área donde se localizarán las obras.

En esta primera fase, se encuentra el levantamiento y análisis de la información primaria y secundaria en relación, tanto con el reconocimiento e identificación territorial y predial donde se localizan las obras, así como el poblacional, lo que permite preliminarmente:

• El análisis territorial en relación con las dinámicas urbanas, sociales, culturales y económicas del sector a intervenir con las obras del sistema de transporte.

• La delimitación del área a intervenir y la identificación predial inicial, insumo para la realización del registro poblacional.

• Elaboración del registro de población, sujeto al posible reasentamiento para determinar la magnitud de afectaciones, de su condición legal, social, económica y cultural.

• Previsión de impactos en relación de los predios afectar y su ocupación, destino o utilización.

• Perfil de los programas necesarios para abordar la mitigación.

• Identificación de información y de documentación que se requerirá, en observación de la relación y condición que las unidades sociales tienen con el predio o inmueble.

• Identificación de coordinaciones interinstitucionales e intersectoriales que demandarán las etapas técnicas en especial para la elaboración de avalúos y reposición de niveles de vida.

• Reconocimiento de acciones para el acceso a los servicios sociales públicos y privados para la vinculación de las unidades sociales.

• Inventario local de posibles alternativas habitacionales y productivas acorde con la información territorial prevista.

Objetivos 

• Reconocer e identificar las características socioeconómicas del área intervenida por el proyecto y situaciones de eventuales conflictos.

• Identificar la necesidad de adquirir predios para la construcción de las obras y estimar el número.

• Identificar la necesidad de desplazar población, identificar las características socioeconómicas de esta población y evaluar la viabilidad social y económica del reasentamiento.

• Identificar si existe ocupación del espacio público y las actividades que se realizan en él (vendedores ambulantes, estacionarios, utilización de andenes para reparación de vehículos, etc.).

• Identificar posibles conflictos sociales.

• Garantizar el seguimiento a las acciones de comunicación.

• Articular y analizar con el área técnica y ambiental los estudios preliminares.

• Establecer los requerimientos de recursos humanos, físicos y financieros para ejecutar el plan de reasentamiento.

• Incluir dentro de los presupuestos del proyecto los costos estimados del reasentamiento.

Actividades 

• Reconocimiento interdisciplinario de los sitios que intervendrá el proyecto.

• Divulgación e información sobre las características del proyecto y sus etapas de construcción y operación, mediante procesos continuos y registro que soporte las acciones adelantadas.

• Cuantificación preliminar de los predios con información catastral, de ocupación, actividades económicas y equipamientos institucionales y comunitarios.

• Elaboración preliminar de la ficha predial resultado de la anterior actividad.

• Identificación preliminar de la población en relación con: las dinámicas y origen del asentamiento, relaciones vecinales, comerciales, culturales, redes de equipamientos para la accesibilidad de servicios sociales, así como de su magnitud.

• Inventario e identificación de bienes e inmuebles públicos, su función social y sus usos.

• Elaboración de ficha preliminar de los impactos en respuesta al estudio.

• Identificación de actores sociales presentes en la zona.

• Estudios jurídicos generales para identificar posibles dificultades en el proceso de compra.

• Definición de estrategias para abordar el reasentamiento.

• Descripción general de ocupantes de espacio público e identificación de posibles alternativas de solución.

• Coordinación interinstitucional para la atención de la población y creación de un comité técnico liderada por el ente gestor, en el que se construyan, entre otros protocolos de articulación.

Instrumentos 

• Ficha de caracterización preliminar de la población.

• Ficha de impactos previstos.

• Ficha de identificación de actores sociales.

Información cartográfica.

• Ficha preliminar de información predial con el nombre del proyecto.

• Protocolo interinstitucional para las etapas técnicas y sociales.

• Sistema de información de la entidad operadora.

Los resultados de esta fase corresponden a la articulación de las diferentes áreas y disciplinas que intervienen en el estudio y será la base para el análisis de la intervención y minimización de impactos.

8.2. Diagnóstico. 

El diagnóstico permite la certeza técnica, jurídica, social, presupuestal y administrativa para dar inicio a la formulación del plan de reasentamiento.

Esta etapa inicia cuando los diseños definitivos están en una fase avanzada y cuando se han identificado los predios a adquirir y su tipo de afectación para el desarrollo de las obras.

El diagnóstico está conformado por el levantamiento topográfico de los predios, el estudio de títulos, el censo y estudio socioeconómico y la valoración de los inmuebles. Los contenidos de estos componentes se describen a continuación.

8.2.1. Levantamiento topográfico. 

Objetivo 

Determinar geográfica y físicamente las características de los predios y mejoras que se deben adquirir para la ejecución del proyecto.

Actividades 

• Contratación de levantamientos topográficos de los predios requeridos.

Revisión de la documentación obtenida en la fase de diseños.

• Georreferenciación de los inmuebles afectados.

• Divulgación e información a propietarios y residentes de los predios requeridos sobre el alcance del estudio, fechas y horarios del levantamiento topográfico y sobre la documentación requerida (las fechas y horarios deben ser acordados con la comunidad).

• Elaboración de los levantamientos topográficos.

Es recomendable que en las visitas para elaboración de levantamientos topográficos y avalúos asista un profesional social y es indispensable la presencia del propietario del inmueble, quien deberá entregar copia de los documentos que acreditan la propiedad o tipo de tenencia. Ambas visitas deben documentarse con actas firmadas por los funcionarios y los propietarios o personas que se crean con derecho sobre el inmueble.

8.2.2. Estudio de títulos. 

Durante la elaboración de los levantamientos topográficos se recolectarán los documentos necesarios para el estudio de títulos (escrituras, promesas de compra-venta, recibos de pago de impuesto predial, servicios públicos y demás documentos requeridos por los abogados). Se elaborará un acta de recibo de estos documentos donde conste el tipo de documento entregado y la fecha.

Objetivos 

• Identificar a los titulares de derechos reales.

• Identificar los bienes inmuebles públicos (entidades a las que pertenecen, función social).

• Identificación de situaciones jurídicas que eventualmente podrían impedir el proceso de enajenación voluntaria.

• Orientar a las unidades sociales sobre el alcance del estudio y fortalecer su capacidad de gestión para atender situaciones particulares que se encuentren en el predio.

• Generar confianza en las unidades sociales frente al proceso que se desarrollara del estudio de títulos.

Actividades 

• Conciliación de la información jurídica y catastral de los predios objeto de compra (identificación de inconsistencias en las medidas físico catastrales y jurídicas y solución de problemas identificados).

• Elaboración de listados de los titulares de derechos reales y las limitaciones y gravámenes que recaigan sobre los predios.

Conciliación de los estudios de títulos, registros topográficos, avalúos y datos sociales de cada inmueble.

• Identificación de casos que requieren manejo especial (poseedores, usufructuarios, falsa tradición, etc.).

• Determinación de la aplicación de la figura de Saneamiento automático de que trata la Ley 1682 de 2013, consistente en el efecto legal que opera por ministerio de la ley exclusivamente a favor del Estado, cuando este adelanta procesos de adquisición de bienes inmuebles, por los motivos de utilidad pública consagrados en la ley para proyectos de infraestructura de transporte.

• Realización de talleres o atención personalizada para el apoyo y asesoría jurídica que requieran las unidades sociales.

• Coordinación de acciones interinstitucionales para el estudio de títulos.

El proceso que se adelante en el estudio de títulos y en las acciones de orientación y acompañamiento, deberá estar soportado y documentado.

8.2.3. Valoración de los inmuebles. 

Después de analizar las consistencias entre la información de los levantamientos topográficos y los estudios de títulos, se procede a la contratación de los avalúos comerciales. Este estudio debe realizarse en coordinación y articulación con el levantamiento del censo y la elaboración del diagnóstico, los cuales permiten la obtención de información que se requiere para este fin.

Objetivos 

Determinar el valor comercial de los inmuebles requeridos teniendo en cuenta la reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en relación con el inmueble a adquirir, su destinación económica, el daño emergente y el lucro cesante.

Orientar y acompañar a las unidades sociales sobre el alcance, importancia y corresponsabilidad que se requiere para adelantar la valoración los inmuebles.

Actividades 

• Contratación de la elaboración de los avalúos con las entidades autorizadas de acuerdo con las especificaciones contenidas en la Ley 1682 de 2013, el Decreto 1420 de 1998, Reglamentación IGAC y demás normas concordantes.

• Divulgación e información a propietarios y residentes de los predios requeridos sobre el alcance de los avalúos, fechas y horarios de las visita de los avaluadores (las fechas y horarios deben ser acordados con la comunidad).

• Conciliación y aprobación de los registros topográficos y los avalúos para poder iniciar el programa de adquisición de predios.

Las visitas de los avaluadores deberán estar asistidas por un profesional social y es indispensable la presencia del propietario y/o poseedor del inmueble. La visita debe documentarse con actas firmadas por los funcionarios y los propietarios o personas que se crean con derecho sobre el inmueble.

8.2.4. Censo de la población afectada y diagnóstico socioeconómico. 

En el marco de la política de reasentamiento, el censo y el diagnóstico socioeconómico se entienden como el proceso metodológico de recolección, compilación, sistematización y análisis de la información de carácter espacial, física, demográfica, económica, social, psicosocial y cultural del total de las unidades sociales localizadas en los predios determinados.

El censo tiene como propósito identificar, enumerar y georreferenciar todas las unidades sociales y económicas presentes en los predios determinados, las principales características de la población, así como brindar el insumo para la identificación y determinación de la elegibilidad, de los impactos, vulnerabilidad es y condiciones frente al proceso de reasentamiento.

El diagnóstico socioeconómico, consiste en el procesamiento y análisis de toda la información recopilada tanto en el censo como en el estudio preliminar, con el objeto de identificar y caracterizar las unidades sociales, desde el punto de vista social, cultural, económico y técnico habitacional; posibilita un conocimiento real y concreto de una situación sobre la que se va a intervenir, permitiendo dar cuenta de los distintos elementos que son necesarios para implementar acciones orientadas identificar los impacto positivos y negativos y el grado de vulnerabilidad de la población, para formular el Plan de reasentamiento y sus programas.

El censo es un documento de captura de información, mientras le diagnóstico es un documento analítico de la información del censo y demás estudios.

8.2.4.1. Objetivos generales. 

• Cuantificar y determinar las unidades sociales y económicas que tienen derechos sobre los inmuebles afectados y los que se deben desplazar.

• Elaborar el censo oficial de los propietarios y residentes de los predios requeridos por el proyecto y de los beneficiarios de los programas que conformarán el plan de reasentamiento.

• Definir las características sociales, económicas, culturales y habitacionales a partir de las realidades de la población sujeto del reasentamiento.

• Determinar la elegibilidad de las unidades sociales y económicas sujetos del reasentamiento.

8.2.4.2. Actividades para el desarrollo del censo. 

Para la realización del censo el ente gestor determinará el alcance de acuerdo con la complejidad del proyecto o de las necesidades de información para la intervención. En función del plan de reasentamiento se recomiendan las siguientes actividades:

Diseño del instrumento del censo e instructivo por usos del predio y tenencia para la recolección de información; mínimamente se recomienda incluir las siguientes variables:

• La identificación completa del predio (dirección, zona, barrio, cédula catastral, folio de matrícula inmobiliaria (para propietarios), estrato, área de afectación, servicios públicos-contadores y/o medidores y acometidas y su ubicación en el predio).

• Relación de muebles ubicados en el inmueble, en especial de las actividades económicas comerciales e industriales y de prestación de servicios.

• La identificación de cada una de las unidades sociales residentes y de las actividades económicas comerciales, industriales o residenciales que se desarrollan en cada uno de los predios (número de unidades sociales, composición e identificación de cada uno de los miembros correlacionados en cada unidad, tipificación (hogar, económica, socioeconómica, rentistas, otra).

• Relación de arrendatarios.

• La identificación del uso del predio (vivienda, servicios, industria, comercio, renta, depósito, otros que se encuentren).

• La Identificación de la tenencia del predio (información que se vinculara y constara con los estudios de títulos en caso de propietarios y poseedores) y la relación de las unidades con el mismo – usos del inmueble.

• Trámites que se adelantan frente al predio (servicios públicos e impuestos).

• La descripción de condiciones físicas y de habitabilidad (características físicas, espaciales y funcionales, servicios públicos, otros relacionados con las actividades económicas).

• Las características socioeconómicas de la población, así como las relacionadas con las dimensiones espacial, demográfica, económica, social, psicosocial y cultural.

• Las expectativas frente al traslado.

• Localización cartográfica vinculada a los predios y éstos a las unidades sociales y económicas.

• Divulgación e información con anterioridad a los propietarios y residentes de los predios requeridos sobre el objetivo, fechas y horarios de la aplicación de la encuesta (las fechas y horarios deben ser acordados con la comunidad), con el fin de garantizar la presencia de los afectados el día del censo, se recomienda consultar con los líderes y representantes de las organizaciones cuál es el mejor momento para programar las visitas domiciliarias de los encuestadores.

• Definición del diseño estadístico y del método de sistematización que permitirá la captura de la información y la garantía de la calidad de la misma frente a los resultados que se espera obtener.

• Recolección de la información. Esta se llevará a cabo mediante visitas domiciliarias y la encuesta se aplicará solamente a personas responsables en las unidades sociales y al propietario de las unidades económicas. El instrumento de la ficha censal debe ser firmado por la persona de la Unidad Social quien suministro la información y por el profesional del ente gestor que la aplicó.

• Captura de la información en base de datos y reporte en los sistemas de información.

• Remisión y cruce, de la información reportada en el registro, para la focalización de la intervención interinstitucional, identificación de servicios que tienen las unidades sociales y requeridas para su restitución.

• Remisión de información para la realización de cruces con otras entidades que se requiera para el proceso de reasentamiento.

• Sistematización de la información recolectada. Determinación de la elegibilidad de las unidades sociales y económicas sujetos del reasentamiento.

• Publicación y socialización de los resultados del censo en la página web y en la oficina del ente gestor.

8.2.4.3. Actividades para el desarrollo del diagnóstico socioeconómico. 

• Definición de las unidades sociales ubicadas en los predios requeridos por el proyecto y tipificación de las mismas.

• Definición de beneficiarios de los reconocimientos económicos.

Definición de la línea base que permita identificar y evaluar los impactos generados por el desplazamiento.

• Descripción y análisis de las características demográficas, sociales, económicas y culturales de la población que reside o realiza actividades económicas en los predios requeridos para el proyecto.

• Caracterización de los grupos de población e identificación de las unidades sociales vulnerables.

• Identificación de las expectativas de la población afectada en relación con el reasentamiento.

• Disposición de información que permita elegir dentro de las modalidades de reasentamiento y los programas respectivos, las que mejor respondan a las necesidades de la población afectada.

• Análisis para la búsqueda y selección de alternativas de viviendas de reposición.

• Análisis de la información recolectada. Esta información debe vincularse a la que aporta el levantamiento topográfico, el estudio de títulos, el censo y la que se obtenga en el avalúo comercial con el fin de contar con la información completa del predio y de las unidades sociales y económicas.

• Evaluación de la viabilidad social y económica del reasentamiento.

Elaboración de las fichas prediales definitivas y de las unidades sociales y económicas. 

• Elaboración del informe final.

Se requiere registros fotográficos por cada unidad predial, unidad social y unidad económica, como soportes documentales y la evaluación ex antes y ex post.

8.2.4.4. Variables a tener en cuenta para la elaboración del Diagnóstico. 

Dimensión espacial 

Se refiere al proceso de desarrollo histórico del asentamiento, su proceso de consolidación, la dinámica de las relaciones existentes y los actuales usos que se hacen de él, con el fin de determinar la dinámica de la ocupación del espacio y de la población.

Dimensión física 

Contempla las características de la infraestructura y el equipamiento básico existente en el área de estudio y en cada uno de los predios afectados (uso y relación habitacional, condición de tenencia, servicios públicos, medios de transporte, servicios institucionales o comunitarios y tipos de construcciones existentes).

Dimensión demográfica 

Incluye la estructura por edad, sexo y género, estado civil, el porcentaje y característica de la población económicamente activa, tipo de familias y relaciones de parentesco, niveles de escolaridad, ocupación y lugares de desarrollo de las ocupaciones.

Dimensión económica 

Contempla los ingresos económicos de cada unidad social, el porcentaje de estos ingresos que son derivados del inmueble afectado y del entorno, el tipo de ocupación, el lugar de trabajo y su distancia del lugar de residencia, y en general, las estrategias de subsistencia familiar.

En el caso de industrias, comercios o servicios, se analizará el tipo de actividad, su área de cobertura, el tipo de clientela, número y domicilio de los trabajadores, el nivel de ventas y la posibilidad para su reubicación.

Cuando se trate de vendedores informales que ocupan el espacio público, deberán contabilizarse. La recolección de información relacionada con los ocupantes permanentes del espacio público podrá hacerse mediante encuesta cuyo formato debe ser pre-elaborado.

Dimensión social

Se refiere al nivel de vida y cohesión social de las unidades sociales (acceso a servicios sociales, de educación y nivel educativo, de salud, y seguridad social, de participación y organizaciones sociales); de la población vulnerable (mujeres, adultos mayores, menores de 5 años, en condición de discapacidad), del acceso y vinculación a programas de bienestar social públicos o privados, de comportamientos de movilidad de la población y de las relaciones de vecindad, entre otros.

Dimensión psicosocial 

Datos como los niveles de satisfacción con el entorno, los vecinos, la vivienda y las expectativas ante el reasentamiento, permitirán evaluar la disposición o resistencia al desplazamiento y el grado de stress que este generará en las personas.

Dimensión cultural 

Relacionada con normas, costumbres y redes sociales y económicas que puedan ser relevantes en el proceso de desplazamiento y reasentamiento.

8.2.5. Identificación de impactos 

En esta etapa se identifican, evalúan y analizan los impactos que enfrentarán los propietarios y residentes, poseedores, tenedores y ocupantes de los inmuebles requeridos por el proyecto, para poder definir las medidas de mitigación y compensación correspondientes.

Para el plan de reasentamiento la tenencia y el uso del inmueble, son factores determinantes en la identificación de los impactos en consideración al tipo de desplazamiento.

Para el análisis de los impactos se deberá clasificar la población según estos. Esta clasificación facilitará determinar los grupos de población, número de unidades sociales, magnitud y grado de intensidad de cada impacto para cada medida de mitigación o compensación. A manera de guía, a continuación se describen los impactos que se presentan por el desplazamiento, así como los grupos de población que los enfrentan.

TABLA 5

Tipo de impactos 

Variables que determinan el impactoImpactoCategorías
Afectación parcial del inmueble. Pérdida parcial del inmueble. Propietarios con afectación parcial.
Afectación total del inmueble. Pérdida total del inmueble. Propietarios, poseedores.
Residencia en el inmueble. Pérdida de la vivienda. Propietarios, poseedores, arrendatarios, usufructuarios, tenedores residentes.
Actividad económica en el inmueble afectado, o en el área afectada, o renta derivada del inmueble. Pérdida parcial o total de los ingresos. Rentistas, propietarios de comercios, industrias o servicios.
Lugar de asistencia a la educación. Pérdida de acceso a la educación o incremento en costos de transporte para la asistencia. Población en edad escolar que estudia cerca de su vivienda y no utiliza transporte para llegar al establecimiento educativo.
Lugar de asistencia a los servicios de salud. Pérdida de acceso a la educación o incremento en costos de transporte para la asistencia. Población que asiste a centros de salud u hospitales cercanos y que no utiliza transporte.
Apoyo y solidaridad por parte de familiares que viven cerca o de vecinos. Pérdida de redes sociales e Incremento en costos para cubrir falta de apoyo. Población que recibe apoyo de familiares o vecinos.
Participación comunitaria. Pérdida de organizaciones comunitarias. Población que participa en las organizaciones sociales locales.

 

Si del análisis de los impactos y del resultado del diagnóstico socioeconómico se identifican personas y unidades sociales vulnerables, se deberá determinar su grado a fin de focalizar la intervención dentro del Plan de reasentamiento y elaborar la ficha de vulnerabilidad, las acciones diferenciales para mitigación y el acompañamiento integral.

El resultado de la identificación, evaluación y análisis de los impactos y de la vulnerabilidad debe ser documentado y reportado para el seguimiento en una ficha de impactos.

8.2.6. Análisis y selección de alternativas de reasentamiento. 

Con base en los resultados de los diagnósticos, la identificación de impactos y de vulnerabilidad, se seleccionara conjuntamente con las Unidades Sociales el tipo de reasentamiento, colectivo e individual y la oferta de inmuebles nuevos o usados que puedan servir para reponer los inmuebles afectados, de acuerdo con las alternativas para el reasentamiento.

El ente gestor, con las unidades sociales y económicas en un ejercicio de participación deberá decidir el tipo de solución que será adoptado para el reasentamiento, teniendo en cuenta los recursos, el tiempo, los cronogramas, las necesidades de la población, los planes de vivienda locales, y las ofertas del mercado de vivienda. El acompañamiento integral de acuerdo con las condiciones demográficas, socioeconómicas, culturales, la ubicación de la oferta inmobiliaria, las expectativas y el ejercicio de concertación y toma de decisiones, plantea dos modalidades de reasentamiento: colectiva o individual.

Reasentamiento colectivo 

Consiste en el traslado colectivo hacia una solución de reasentamiento que ofrece viviendas, restablecimiento de actividades económicas, infraestructura básica de servicios y equipamiento social y cultural. Implica por parte del ente gestor un liderazgo integral y coordinado para la selección de la adquisición y adecuación de terrenos, la construcción de infraestructura, viviendas, equipamientos comunitarios, adjudicación de viviendas, titulación, traslado y programas de restablecimiento socioeconómico después del traslado.

Los planes de reasentamiento colectivo generalmente se proponen cuando se registra la siguiente situación: (i) durante el diagnóstico se identifica una alta vulnerabilidad de la población frente al desplazamiento, debido a la cohesión y arraigo del grupo en el lugar, (ii) hay disponibilidad de tierras para construir, (iii) el tiempo disponible para la construcción de la obra pública lo permite.

Cuando se decida la implementación de reasentamientos colectivos, el ente gestor deberá consultar el POT, los planes parciales, de renovación urbana, los planes de vivienda de interés social, con el objeto de articular el reasentamiento al ordenamiento urbano del municipio, garantizando de esta forma el desarrollo armónico y sostenible de la localidad o municipio intervenido.

En esta modalidad una vez reasentada la población, el ente gestor deberá brindar un acompañamiento integral post reasentamiento para la construcción y apropiación del territorio en concertación con la población receptora. En este sentido, se realizará un análisis de las características socioeconómicas de dicha población y de las posibilidades de incorporar la población sujeto del reasentamiento; este análisis será parte del diagnóstico del Plan de Reasentamiento.

Reasentamiento individual 

Consiste en la adquisición de un inmueble nuevo o usado en el mercado por parte del propietario o poseedor, con el fin de reponer y restablecer las condiciones socioeconómicas causadas por el desplazamiento involuntario.

Las condiciones sociales, económicas y culturales de cada unidad social definen tanto las características de la vivienda de reposición a seleccionar como del tipo de asesoría y acompañamiento que se requiere brindar por parte del ente gestor.

Para su ejecución es indispensable garantizar que existe una oferta inmobiliaria suficiente para la reposición de los bienes perdidos, mediante la apuesta de un portfolio y la asesoría legal, económica y social en la adquisición del inmueble de reposición, previo estudio de viabilidad jurídica, técnica, ambiental y social de la alternativa habitacional. En el caso de los arrendatarios, esta alternativa brindará asesoría para conseguir otro inmueble en alquiler, garantizando el tiempo y los recursos para el traslado.

8.2.7. Criterios de elegibilidad 

Los criterios de elegibilidad para ser beneficiario del plan de reasentamiento, de acuerdo a su condición, y/o de las diferentes alternativas de solución que éste ofrezca serán los siguientes:

• Ser titular de derecho real sobre los predios a adquirir, debidamente acreditados.

• Ser unidad social residente en el predio a adquirir, en cualquier condición de tenencia (poseedor, propietario, arrendatario, ocupante, tenedor, usufructuario, etc.).

• Residir o desarrollar una actividad económica en los predios requeridos para la construcción de las obras, en cualquier condición de tenencia.

• Estar registrado en el censo oficial efectuado en el estudio socioeconómico, una vez aprobado y publicado.

La fecha de corte de los listados de los participantes elegibles del programa de reasentamiento se determinará a través de la publicación en la página web y en la oficina del ente gestor, así como en los sitios del área a intervenir acordados con la comunidad; y deberá contener el listado de los jefes de las unidades sociales completas elegibles con su correspondiente número de identificación.

Para evitar modificaciones posteriores, en las reuniones de información se acordará tener los listados disponibles para la revisión por parte de la población beneficiaría en los sitios de atención a la comunidad y se dará un tiempo de 15 días para realizar cualquier ajuste que se requiera por omisiones o errores del censo.

Las modificaciones posteriores en los listados de beneficiarios por motivos de ajustes a los diseños o por falencia en la etapa censal (inclusión o sustracción de predios con unidades sociales afectadas) deberán estar justificadas por el área técnica de infraestructura y requerirá de su publicación y aclaración en el plan de reasentamiento a través de una adenda aprobada en comité de reasentamiento. En caso de financiación por parte de la Banca Multilateral requerirá de la No Objeción.

8.3. Planificación y diseño del reasentamiento. 

Con base en los resultados obtenidos en los estudios y diagnósticos realizados, así como con la identificación y evaluación de los impactos, vulnerabilidades y el listado definitivo de los beneficiarios elegibles, se procederá a la formulación del plan de reasentamiento, el cual consiste en el conjunto de acciones organizadas mediante programas y actividades, encaminadas a brindar un acompañamiento integral a las unidades sociales durante el proceso de traslado que permita, no sólo el restablecimiento de sus condiciones iniciales, sino el mejoramiento de su nivel de vida.

Definida la modalidad que se utilizará para el reasentamiento de la población, se procederá a formular el plan respectivo dependiendo del tipo de alternativas seleccionadas, los recursos humanos, físicos, financieros y a elaborar el cronograma de ejecución, el cual debe estar articulado con el cronograma de contratación y construcción de las obras.

Así mismo, se deberá definir la Organización interinstitucional e intersectorial que se requiera para la ejecución del plan, mediante la elaboración de acuerdos, y socializar, consultar y validar con las unidades sociales el contenido y alcance del Plan.

8.3.1. Contenido del plan de reasentamiento. 

Cada plan deberá responder a las realidades y condiciones socioeconómicas de la población afectada, sin embargo, el alcance y desarrollo estará de acuerdo con el número de predios, el tipo de afectación, el número de unidades sociales, la identificación de impactos y la alternativa del reasentamiento. En su contenido se destacará:

• Descripción del proyecto y del área donde se desarrollará, deberá incluir: el polígono de afectación (identificaciones prediales con las unidades sociales), las dinámicas territoriales (usos del suelo) y poblacionales.

• Localización de los predios afectados.

• Resultados del diagnóstico (información topográfica de los predios, estudio de títulos y estudio socioeconómico).

• Identificación y análisis de impactos y vulnerabilidades enfrentados por la población por desplazar.

• Alternativas de solución técnicas y sociales basadas en el tipo de impactos ocasionados y en las características de la población.

• Criterios de elegibilidad para cada alternativa de solución.

• Programa de información, divulgación y consulta.

• Programa de solución de quejas y reclamaciones.

• Programa de adquisición de los inmuebles afectados (descripción del proceso y cronograma).

• Programa de reposición de inmuebles (construcción de viviendas y establecimientos para actividades económicas en el caso de reasentamientos colectivos o asesorías inmobiliarias, legales y sociales para la reposición de los inmuebles en el caso de reasentamientos individuales).

• Programa de restablecimiento de condiciones económicas (pago de reconocimientos por pérdidas económicas y asesoría para el restablecimiento).

• Programa de restablecimiento de condiciones sociales.

• Estructura organizacional responsable de la ejecución del plan.

• Recursos humanos y físicos requeridos para la ejecución del plan

• Presupuesto.

• Cronograma.

• Sistema de seguimiento y monitoreo.

• Sistema de evaluación.

Los programas deben incluir indicadores de acuerdo con el alcance propuesto en cada uno de ellos con el fin de realizar el seguimiento y posterior evaluación y cierre de los planes de reasentamiento.

Los planes de reasentamiento podrán incluir unidades sociales de varios tramos u obras del sistema dependiendo de la planeación y la articulación con los cronogramas de obra, siempre y cuando sea posible la atención integral.

En caso de no presentarse reasentamiento de unidades sociales (afectaciones parciales o un tipo de reconocimiento), se deberá preparar un plan de reasentamiento abreviado o un informe socio predial; el contenido se acordara con el ministerio y con la banca multilateral (si es del caso), sin embargo, mínimamente deberá incluir: Descripción del proyecto, localización de los predios requeridos, resultados del diagnóstico, identificación y análisis de impactos, afectaciones prediales, reconocimientos a los que se tiene derecho y los programas de Comunicación, divulgación información y consulta, solución de quejas y reclamaciones, adquisición de los inmuebles afectados y disposiciones sobre el cronograma y seguimiento.

El plan de reasentamiento o el informe socio predial deben socializarse y validarse con la población sujeto antes de iniciarse su implementación. Los aportes o ajustes de éstas serán incluidos en el plan y soportados a través de actas para el posterior seguimiento.

A continuación se describe el contenido y especificaciones de los programas que forman parte de los planes de reasentamiento.

8.3.2. Programa de información, divulgación y consulta. 

Este programa tiene por objeto ofrecer a los propietarios, titulares de derechos, residentes y comerciantes de los predios requeridos por las obras, información adecuada, oportuna y permanente sobre el contenido del Plan de Reasentamiento, el proceso de adquisición de predios, los cronogramas previstos y los derechos y deberes de cada una de las partes. Por ello el programa de información y consulta debe estar presente en las etapas de preparación, ejecución, seguimiento y evaluación del reasentamiento.

Las estrategias de divulgación, deben responder tanto a las particularidades del proyecto de transporte como a las características de la población.

Objetivos 

• Permitir que las unidades sociales accedan a toda la información que sea necesaria para garantizar una adecuada participación durante el proceso de reasentamiento y ejecución del plan.

• Evitar confusiones y falsas expectativas que surjan en la población por información errónea que pueda entorpecer el desarrollo del proceso.

• Establecer canales y espacios directos y en el territorio, que permitan la comunicación bilateral entre las unidades sociales, el ente gestor y las demás entidades involucras en el desarrollo del plan.

• Generar mecanismos idóneos y directos para transmitir la información de acuerdo con el nivel educativo de la población.

• Propiciar la transferencia en la información que se entrega a las unidades sociales, mediante la presencia del Ministerio Público cuando se requiera.

Actividades 

• Identificación de puntos de encuentro, colectivos y estratégicos de fácil acceso de la población, así como de los horarios, para la divulgación de la información.

• Instalación de puntos de atención e información dentro de la zona del proyecto (el número de oficinas dependerá de la longitud del corredor) que funcione de manera permanente y con horarios establecidos.

• Elaboración de paquetes y piezas pedagógicos y de comunicación alternativa, como soporte a los diferentes programas de reasentamiento y eventos de información y divulgación.

• Realización de reuniones comunitarias en el inicio de cada etapa del proceso (estudios preliminares, censo, diagnósticos, listado de beneficiarios elegibles, consulta y validación del plan).

• Socialización y orientación sobre la ruta del reasentamiento: procedimientos, tiempos, requisitos, trámites y requerimientos de información y documentación, relacionados con la adquisición predial, reconocimientos y el traslado a la vivienda de reposición.

• Orientación, asesoría y acompañamiento integral para la elección de la alternativa de reposición, como para la restitución de servicios sociales.

• Socialización de los programas de las entidades (públicas y privadas) que participaran en el proceso de reasentamiento.

• Socialización del plan de reasentamiento y de sus programas.

• Diseño y puesta en marcha del procedimiento y metodología para generar espacios de participación ciudadana en torno a la definición y ejecución del plan del reasentamiento.

• Levantamiento de soportes documentales de la participación de las unidades sociales en los diferentes eventos (registros de asistencia, fotográfico y actas de reuniones).

• Convocatoria a los Entes de Control Local a los espacios y encuentros de participación, con las unidades sociales y la comunidad.

8.3.3. Programa de solución de quejas y reclamaciones. 

Este programa tiene por objeto ofrecer a las Unidades Sociales residentes en predios a adquirir, condiciones para tramitar quejas y reclamos o instancias para resolver conflictos, de manera oportuna y eficaz. Este programa deberá estar presente en las etapas de preparación y ejecución del reasentamiento y durante el plazo de ejecución de las obras.

Los protocolos, procedimientos y plazos para recepción y respuesta de las quejas y reclamos, deben responder tanto a las particularidades del proyecto de transporte como a las características de la población afectada y serán tramitados conforme a los procedimientos y términos de que trata la Ley 1437 de 2011 capítulo II artículos 13 y siguientes.

Objetivos 

• Generar instancias y procedimientos para la transformación y solución de los conflictos existentes o emergentes durante el proceso de reasentamiento.

Establecer canales directos y de fácil mediación para que las unidades sociales presenten las peticiones, quejas y reclamos frente al proceso de reasentamiento.

• Identificar y prever conflictos que frente a los programas del plan, en especial los de adquisición predial, reposición de inmuebles y reconocimientos, se manifiesten en diferentes espacios y bajo diferentes mecanismos.

• Ofrecer a las unidades sociales de los predios a adquirir, las condiciones para tramitar las peticiones, quejas y reclamos y las instancias para resolver conflictos, de manera oportuna y eficaz.

Actividades 

• Instalar una oficina de atención e información dentro de la zona del proyecto (el número de oficinas dependerá de la longitud del corredor).

• Llevar a cabo reuniones comunitarias en el inicio de cada etapa del proceso (estudios preliminares, diagnósticos, consulta y validación del plan).

• Informar a la comunidad del alcance del programa y de los mecanismos existentes en la legislación nacional para tramitar sus quejas o reclamaciones en caso que no sea posible por la vía de la resolución de conflictos.

• Realizar un registro de la participación de las personas en los eventos de información y de la recepción y seguimiento de las PQR.

• Diseño y operación de un sistema de atención y seguimiento a quejas y reclamos que se puedan presentar durante el proceso.

• Recepción de las PQR de manera verbal, escrita, pagina web, atención en oficina y en reuniones, etc.

• Identificación de conflictos por medio de: contacto directo, revisión de medios, atención en oficina, revisión documental, etc.

• Implementación de mesas o espacios de conciliación individual o colectiva.

• Realización de comités de reasentamiento para el análisis y toma de decisiones frente a las situaciones y soluciones de las PQR.

8.3.4. Programa de Adquisición de Inmuebles afectados. 

Objetivos 

Adquirir y perfeccionar la compra del predio afectado por parte de la entidad designada para tal fin, de manera ágil, oportuna y con el lleno de las garantías para el particular. Describir el estado de cada una de las etapas del proceso de adquisición y perfeccionamiento de la compra de los predios afectados y de los impactos previstos por las afectaciones identificadas.

Desarrollar las acciones de acompañamiento, asesoría y capacitación social y jurídica que se requieran para que las unidades sociales comprendan y adelanten la venta de sus inmuebles.

Actividades 

• Divulgación y orientación de los procedimientos estipulados para la venta por enajenación voluntaria y la expropiación.

Elaboración de oferta de compra, promesa de compra-venta y minuta de escritura pública.

• Proposición de espacios de resolución de conflictos de carácter jurídico para alcanzar el saneamiento del predio.

• Información a la unidad social sobre los plazos, metodología para cuantificar el valor que se cancelará, los procesos que se puedan presentar, acogiéndose al artículo 25 de la Ley 1682 de 2013.

• Elaboración de documentos de conciliación entre arrendadores y arrendatarios, o entre copropietarios que faciliten la entrega del predio.

• Orientación y apoyo para el saneamiento jurídico de los predios objeto de venta.

• Pago del valor del avalúo y de los conceptos de daño emergente y lucro cesante a que haya lugar.

• Coordinación y articulación con las entidades de la administración que se requiera para adelantar la adquisición predial y facilitar el proceso a las unidades sociales.

• Orientación y apoyo en el trámite de obtención de paz y salvos de la Empresas de Servicios Públicos y de las entidades recaudadoras de impuestos y contribuciones que recaigan sobre los predios.

• Recibo del predio (una vez la unidad social cuente con el inmueble de reposición).

• Demolición del inmueble, adecuación del predio y las acciones tendientes a su cerramiento y vigilancia hasta el inicio de las obras de manera que brinde seguridad a la población.

• Actualización catastral del predio una vez quede perfeccionada la venta.

8.3.5. Programa de inmuebles de reposición. 

Consiste en el acompañamiento y asesoría a las unidades sociales en la selección, negociación y adquisición de los inmuebles de reposición, de acuerdo con sus condiciones socioeconómicas y culturales y a las alternativas y oferta habitacional existente en el mercado.

8.3.5.1. Para propietarios y poseedores 

Objetivos 

• Restablecer la vivienda y/o el establecimiento para la actividad económica que fueron afectados por el proyecto. Brindar asesoría y acompañamiento técnico, jurídico y social a las unidades sociales en la elección y negociación de la alternativa de reposición.

• Identificar casos de condiciones especiales de unidades sociales (ejemplo: adultos mayores solos, situaciones de salud física o emocional desprotegidos o presencia de minusvalías, situaciones de extrema pobreza) para generar alternativas diferentes de reposición sostenibles.

• Proporcionar a las unidades sociales el acceso a los servicios sociales en su nueva alternativa habitacional.

Actividades 

Para la alternativa de reasentamiento colectivo, se podrán utilizar programas de vivienda existentes o en ejecución en la ciudad, y/o coordinar con la administración y empresas privadas el desarrollo de conjuntos habitacionales, lo cual implica las siguientes actividades:

• Identificación, selección y adquisición de tierras o proyectos para el reasentamiento. Para ello se tendrán en cuenta ubicación, área, estrato, legalidad, dotación de infraestructura básica y de servicios sociales y que no se encuentre localizado en zonas de riesgo, de preservación ambiental, rondas o de construcción de obras públicas.

• Articulación con la Administración Municipal para el acceso a programas ofrecidos por el Gobierno Nacional y postulaciones al Subsidio de Vivienda.

• Generación de redes y de ofertas sociales y económicas de vecindad.

• Caracterización de la población receptora con el fin de identificar, evitar o minimizar los posibles conflictos con la población sujeto de reasentamiento.

• Adjudicación y titulación de las viviendas.

• Todas las actividades anteriores deben ser consultadas y acordadas con los beneficiarios del programa.

• La alternativa de reasentamiento individual consiste en la asesoría a las personas que se deben trasladar para adquirir o alquilar un inmueble en el mercado. Las actividades relacionadas con esta alternativa son las siguientes:

• Creación de una base de datos de inmuebles disponibles nuevos o usados en el mercado que respondan a las características de los requeridos por la población que se debe trasladar. Asesoría técnica para evaluar la calidad del inmueble seleccionado.

• Creación de un portafolio inmobiliario, con base en el inventario e informe técnico y fotográfico de viabilidad de los inmuebles disponibles en el mercado para ser presentado a las unidades sociales a ser trasladadas.

• Orientación y acompañamiento técnico, jurídico y social para la selección y adquisición de los inmuebles de reposición a través de estrategias pedagógicas.

• Asistencia legal para la revisión de títulos y tradición del inmueble de reposición, revisión de documentos de compra del inmueble y registro del mismo.

• Asistencia financiera en la negociación de la vivienda de reposición.

• Asesoramiento técnico-habitacional para evaluar la calidad del inmueble seleccionado.

• Asesoramiento social en la sostenibilidad de la vivienda de reposición mediante la identificación de servicios sociales, institucionales y comerciales en el nuevo entorno habitacional.

• Seguimiento al traslado efectivo y las nuevas condiciones de las unidades sociales.

• Pago de reconocimientos económicos para reposición de vivienda. Cuando el valor del avalúo es menor que el valor de una vivienda de interés social de (70 smmlv), se reconocerá el valor de un subsidio de vivienda de interés social, con el propósito de cubrir, la diferencia entre el valor del avalúo y el precio de una vivienda de interés social del valor mencionado. Este reconocimiento también se puede cubrir a través de la obtención de subsidios nacionales o municipales de vivienda.

Por Vivienda de Interés Social al tenor del artículo 91 de la Ley 388 de 1997 “... Se entiende... aquellas que se desarrollen para garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos. En cada Plan Nacional de Desarrollo el Gobierno Nacional establecerá el tipo y precio máximo de las soluciones destinadas a estos hogares teniendo en cuenta, entre otros aspectos, las características del déficit habitacional, las posibilidades de acceso al crédito de los hogares, las condiciones de la oferta, el monto de recursos de crédito disponibles por parte del sector financiero y la suma de fondos del Estado destinados a los programas de vivienda”.

En concordancia el artículo 117 de la Ley 1450 de 2011 establece la “Definición de vivienda de interés social. De conformidad con el artículo 91 de la Ley 388 de 1997, la vivienda de interés social es la unidad habitacional que cumple con los estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción y cuyo valor no exceda ciento treinta y cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (135 smlmv). Parágrafo 1º Se establecerá un tipo de vivienda denominada Vivienda de Interés Social Prioritaria, cuyo valor máximo será de setenta salarios mínimos legales mensual vigente (70 smlmv). Las entidades territoriales que financien vivienda en los municipios de categorías 3, 4, 5 y 6 de la Ley 617 de 2000, solo podrán hacerlo en vivienda de interés social prioritaria.”.

8.3.5.2. Para arrendatarios. 

Los arrendatarios serán informados con la debida anticipación que deben entregar los inmuebles alquilados (por lo menos el tiempo estipulado en la ley) y contarán con asesoría inmobiliaria para la búsqueda de un inmueble para alquilar, el que deberá responder a sus necesidades, expectativas y posibilidades.

Se reconocerá a la unidad social arrendataria que deba trasladarse y que esté identificada en el censo y reconocida por su arrendador, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

• Mediante la presentación de contrato de arrendamiento de vivienda, uso, habitación o cualquier documento equivalente que dé cuenta de las condiciones de habitación consentida, o en su defecto, a través de la presentación de la declaración extraproceso prestada por el titular de la vivienda, que dé fe de la habitación consentida por el término mencionado.

• Que se encuentre incluido en el censo o que se incluya por medio del comité de reasentamientos.

• Los arrendatarios recibirán un reconocimiento económico que cubra el valor de su traslado. Este valor se reconocerá siempre y cuando presente paz y salvo del arrendador por concepto de pago de alquiler y de servicios.

• Se brindará asesoría legal y social para conciliar los problemas o diferencias que pueden presentarse entre arrendadores y arrendatarios.

• Si en el diagnóstico socioeconómico y la identificación de impactos se encuentra que los arrendatarios tienen una alta vulnerabilidad, ya sea por el tiempo vivido en el lugar, por su dependencia económica del inmueble o el sector o por otra razón de tipo socioeconómico, se diseñarán programas específicos para apoyar a estas personas a restablecer sus viviendas y actividades.

8.3.5.3. Asesoría para reconstrucción de inmuebles afectados parcialmente. 

Objetivos 

• Asesorar a los propietarios y personas con derechos de inmuebles afectados parcialmente a reconstruir y adaptar el inmueble al área disponible después de la venta a la entidad.

• Mejorar el diseño urbano y paisajístico del sector.

Actividades 

• Información sobre normas urbanísticas y usos permitidos en cada uno de los barrios y localidades. Asesoría arquitectónica para la reconstrucción del inmueble.

• Asesoría en los trámites y requisitos para solicitar licencias de construcción ante las Curadurías Urbanas.

• Orientación a los propietarios de los inmuebles colindantes sobre los parámetros y requisitos para el mejoramiento de culatas y entorno paisajístico.

8.3.6. Programa de restablecimiento de condiciones económicas. 

Este Programa tiene por objetivo hacer un reconocimiento económico para cubrir los costos asociados a, la compra del inmueble de reposición, el traslado y la pérdida de ingresos derivados del inmueble. De la misma forma reconocer gastos ocasionados con desconexión de servicios públicos, impuesto predial. Estos reconocimientos económicos son los siguientes:

8.3.6.1. Reconocimiento por los impactos económicos. 

Estos reconocimientos están dirigidos a reconocer a las unidades sociales los gastos incurridos en la adquisición de inmuebles y los gastos por el traslado. Los criterios y modalidades de traslado se contemplan y desarrollan en las directrices para el cálculo de reconocimientos económicos que forman parte integral del presente documento.

• Reconocimiento por concepto de trámites: Corresponde al reconocimiento de los gastos en que incurren las unidades sociales con motivo de la adquisición de la vivienda de reposición. Este reconocimiento va dirigido a propietarios y poseedores.

• Reconocimiento por concepto de traslado: Corresponde al reconocimiento económico por concepto de gastos en que incurra la unidad social en calidad de poseedora no inscrita y arrendatarios, para efectos de trasladar los muebles de su propiedad, ubicados en el inmueble objeto de adquisición, a otro lugar, o la reubicación en el área remanente cuando la adquisición es parcial; y además reconocerá los siguientes conceptos, entre otros:

• Reconocimiento por traslado de maquinaria.

• Reconocimiento por traslado provisional, en caso de que se requiera mientras se adquiere el inmueble de reposición o por afectación parcial.

• Reconocimiento por desconexión de servicios públicos: Corresponde a las tarifas por la desconexión, cancelación definitiva o traslado de cada servicio público domiciliario, existente en el respectivo inmueble o zona de terreno objeto de adquisición, en que tendrán que incurrir los poseedores no inscritos para efectos de llevar a cabo la entrega real y material del bien a la entidad adquirente. El valor por este concepto se establecerá tomando en consideración las tarifas fijadas por las empresas prestadoras de los diferentes servicios públicos domiciliarios, así como la información suministrada por la entidad adquirente sobre número y ubicación de contadores y acometidas.

• Reconocimiento por Impuesto predial corresponde de forma exclusiva para la adquisición total de predios de conformidad con el valor del impuesto predial y de forma proporcional de acuerdo al trimestre en que se elabore el avalúo el cual se reconocerá solo para poseedores no inscritos.

8.3.6.2. Reconocimiento para restablecimiento de ingresos. 

Está dirigido a las unidades sociales que derivan un ingreso del inmueble afectado y busca garantizar que el ingreso se mantenga por un periodo de tiempo de acuerdo a la normatividad. Para el caso de poseedores no inscritos y arredatarios, se deberá hacer un reconocimiento en los siguientes términos:

• Reconocimiento por pérdida y/o traslado de actividad productiva: mediante peritazgo de contador público o lonja inmobiliaria.

• Reconocimiento por renta del inmueble (total o parcial): Se reconocerá a los arrendadores una suma equivalente al ingreso derivado del contrato, tomando en consideración la información contenida en el respectivo contrato y hasta 3 veces el valor del canon , conforme a lo identificado en el censo y diagnóstico socioeconómico.

8.3.6.2.1. Asesoría y apoyo para el restablecimiento de ingresos. 

8.3.6.2.1.1. Para propietarios de actividades productivas. 

De acuerdo con las características de las industrias, comercios y servicios que se deberán trasladar y de sus propietarios así como con los impactos identificados, se diseñarán actividades específicas de asesoría para el restablecimiento de estas actividades.

En el caso de los reasentamientos colectivos, se contemplará estrategias de corto plazo para garantizar la subsistencia de las unidades sociales, una vez se inicie el traslado y otras de mediano y largo plazo que faciliten el restablecimiento definitivo de las actividades económicas.

En el caso de reasentamientos individuales, la asesoría inmobiliaria deberá tener en cuenta las características de los inmuebles y su localización para el restablecimiento de la actividad productiva y el ingreso.

Se podrán también diseñar programas de capacitación, o efectuar convenios con entidades apropiadas para mejorar la capacidad de gestión de los propietarios de actividades productivas para que puedan restablecer sus ingresos (recuperación de clientela, manejo contable, administración, etc.).

Estas asesorías y capacitaciones están dirigidas tanto a propietarios como a poseedores.

8.3.6.2.1.2. Para arrendadores. 

Para estos casos, la asesoría inmobiliaria deberá tener en cuenta que el inmueble de reposición pueda permitir el restablecimiento de ingresos por concepto de renta.

8.3.6.2.1.3. Atención para los ocupantes del espacio público estacionarios. 

Para el desarrollo de las obras del sistema transporte masivo o estratégico, se coordinará bajo una política pública con la administración municipal la asesoría a los casos comprobados de ocupación permanente y estacionaria del espacio público para el desarrollo de actividades económicas.

En articulación con la administración municipal se debe diseñar un Plan de relocalización especial de los negocios informales registrados Para ello se debe ejecutar directamente y/o en coordinación con la administración el censo y proporcionar un diagnóstico que incluya: i) total de ocupantes (OEPs) estacionarios, ii) ingresos netos diarios y iii) tipos de actividad económica que ejecutan.

El traslado colectivo de los negocios informales que ocupan el espacio público solo podrá implementarse cuando el lugar seleccionado con la participación de los afectados se encuentre dotado de condiciones que garanticen el restablecimiento de la actividad económica previa y las condiciones de seguridad, salubridad e higiene sean garantizadas por la oferta de servicios básicos.

Las condiciones en las que serán entregados los locales construidos o adecuados para los ocupantes permanentes y estacionarios del espacio público, pueden ser: propiedad o arrendamiento de acuerdo con los resultados de la concertación efectuada durante la etapa de diseño del plan. Sin embargo, también se podrán explorar otras soluciones concordantes con la Política Publica establecida en cada uno de los municipios.

Con el objeto de garantizar la sostenibilidad de los locales, será necesario implementar un estudio previo sobre las características de los negocios y el análisis del mercado, además de programas de capacitación y formación a los vendedores informales con el objeto de lograr su inserción a la formalidad.

Un reglamento de uso deberá acordarse previo a la mudanza, lo mismo que el sistema como serán repartidos los locales entre los participantes en el programa de relocalización colectiva.

Los vendedores ambulantes son también sujetos de los programas de capacitación que se ofrezcan a lo largo del diseño del programa, como apoyo para su traslado.

8.3.7. Programa de restablecimiento de condiciones sociales. 

8.3.7.1. Acceso a servicios de educación, salud y otros programas gubernamentales. 

A través de este programa se busca apoyar el acceso y restablecimiento a los servicios sociales de educación, salud y otros programas gubernamentales, así como propender por la vinculación de las unidades sociales a los servicios que carecen.

En este programa se deberá adelantar toda la gestión interinstitucional local regional y nacional requerida, para propender dentro del marco de corresponsabilidad institucional y de las unidades sociales, el restablecimiento de las condiciones sociales de la población y la definición de rutas de traslado para continuar con la vinculación a los programas de servicio social.

Es requisito identificar en el censo y diagnóstico socioeconómico la población en edad escolar que no requiere servicios de transporte porque asiste a centros educativos y de salud cercanos a su vivienda, así como la vinculación a otros programas nacionales, regionales y locales, de bienestar social a las Unidades Sociales.

Actividades 

• Identificación y atención de vulnerabilidades diagnosticadas por grupos poblacionales.

• Revisión de los centros prestadores de servicios y ubicación de los mismos que atienden a las unidades sociales, así como en el nuevo entorno para la definición de traslados o no por la cercanía.

• Coordinación y articulación institucional mediante el establecimiento de protocolos de atención.

• Elaboración de portafolio de servicios.

• Atención a la prestación del servicio mientras se produce el traslado y la entrega efectiva de la alternativa habitacional de reposición.

• Monitoreo de la entrada a los servicios sociales.

En la alternativa de reasentamiento colectivo se evaluará la capacidad que tiene el nuevo sitio, de asimilar la demanda de servicios. En caso de no existir o ser insuficiente el ente gestor deberá gestionar la focalización de esta población en el marco de los protocolos intersectoriales y los recursos requeridos para atender a la nueva población.

En la alternativa de reasentamiento individual, para restablecer el acceso a la educación, se analizará con las familias la solución prevista para la asistencia escolar de los hijos una vez hayan seleccionado su vivienda de reposición, con el fin de identificar aquellos que requieren un cupo en un establecimiento diferente. Se asesorará y apoyará a las unidades sociales en esta gestión, a través de la búsqueda de centros educativos cercanos al lugar de la nueva vivienda. En el caso de los que asisten a establecimientos públicos, el ente gestor gestionará nuevos cupos en otros establecimientos públicos.

Para restablecer el acceso a los servicios de salud con base en el diagnóstico se focalizarán las personas que estén afiliadas a centros cercanos que no utilizan transporte para acceder a ellos, y una vez hayan seleccionado la vivienda de reposición, se identificará aquellas que deben registrarse en un nuevo centro cercano a su vivienda. La entidad responsable gestionará ante la entidad correspondiente el nuevo registro para garantizar el restablecimiento de este servicio.

8.3.7.2. Organización y participación comunitaria. 

Este programa busca tanto para las modalidades de reasentamiento colectivo como individual, incentivar y dinamizar la creación y/o vinculación a organizaciones comunitarias en los nuevos asentamientos para lograr la autogestión de la comunidad en su propio desarrollo.

En el proceso de diseño y formulación del plan de reasentamiento se debe prever la utilización de metodologías participativas y la apertura de espacios de encuentro comunitario que permitan la inclusión y el reconocimiento de los derechos de las unidades sociales. De la misma manera se deberá identificar y atender las condiciones especiales en el tema de género.

En el reasentamiento colectivo, se brindará capacitación y formación necesaria para desarrollar proyectos para el cuidado y mantenimiento de las viviendas, de los equipamientos comunitarios, de las zonas comunales y su vez, generar sentido de pertenencia así como las bases para que la autogestión de la comunidad y las redes comunitarias en su nuevo territorio.

En el reasentamiento individual, se contactarán las organizaciones sociales presentes en el sector y se presentará a las nuevas unidades sociales y se les capacitará en el ejercicio de convivencia en el nuevo territorio.

9. Ejecución del plan de reasentamiento. 

La ejecución es entendida como la puesta en marcha del Plan de reasentamiento con sus programas, a través de los cuales se adelantarán los procesos y se brindará la orientación, acompañamiento y asesoría a las unidades sociales a reasentar.

El fortalecimiento institucional y la estructura organizativa permanente al interior del ente gestor con una base social, jurídica, técnica, económica, financiera y administrativa, es requisito fundamental en esta etapa.

9.1. Ejecución. 

Para la ejecución del plan de reasentamiento, se hace necesaria la instalación de un comité de reasentamiento creado mediante acto administrativo del ente gestor, como única y máxima instancia decisoria en todos los temas y asuntos relacionados con el mismo y en especial, para aprobar, reconocer y ordenar el pago de los reconocimientos económicos a los que tengan derecho las unidades sociales.

La ejecución del plan la puede adelantar la entidad responsable del proyecto directamente, la podrá contratar con una firma privada o llevar a cabo mediante convenios con otras instituciones. La conformación del equipo correspondiente, la contratación o la suscripción de convenios se hará con la debida antelación para garantizar el inicio de ejecución del plan tan pronto se termine su formulación y se confirme la construcción de la obra. Se recomienda, en lo posible, que el equipo de adquisición y reasentamiento sea el mismo durante la fase de diagnóstico y ejecución del plan.

9.2. Seguimiento. 

El seguimiento, más que ser la etapa final del proceso, consiste en el desarrollo de actividades transversales a todo el plan de reasentamiento, que conllevan la evaluación permanentemente de la gestión del proceso, las acciones y medidas adoptadas para mitigar los impactos.

Se creará un sistema de seguimiento para todas las actividades del cronograma a través de una base de datos. El seguimiento registrará los eventos más importantes del proceso de adquisición de predios y traslado y atención de unidades sociales, lo que permitirá identificar problemas oportunamente para el restablecimiento de condiciones de vida por cada unidad social y tomar las medidas correspondientes para solucionarlos.

Para el desarrollo del seguimiento, se deberá establecer una batería de indicadores por los programas. Se propone ejemplos de indicadores por programas, pero ellos dependerán de la planificación de cada plan. Tabla número 6.

TABLA 6

Propuesta de indicadores por programa 

 

ProgramasIndicadores
ImpactosImpactos: (número de impactos atendidos por unidad social/Total de impactos identificados * 100.
(Número de Impactos identificados contenidos en los protocolos/ el total de impactos identificados* 100.
Programa de información v comunicación, divulgación y participación Boletines: (número de boletines comunicados / Número de boletines realizados)* 100
Cumplimiento de socializaciones: (número de socializaciones ejecutadas/ Número de socializaciones programadas)* 100
• Un documento de formulación del plan de reasentamiento socializado con la población. Número de unidades sociales informadas/ total de unidades sociales afectadas*.
Programa de solución de quejas y reclamosGestión de PQR: (número de PQR atendidos de manera oportuna / Número total de PQR recibidas)* 100
Proporción de PQR abiertas: (número de PQR abiertos/ Número. total de PQR recibidas)* 100
Programa de adquisición de inmuebles afectados Gestión de predios: (número predios adquiridos / Número total predios a adquirir)* 100
Predios saneados: (número predios saneados / Número total de predios que requieren saneamiento)* 100
Porcentaje predios adquiridos por enajenación voluntaria: (número de inmuebles adquiridos por enajenación voluntaria / Número total de predios afectados por el proyecto)* 100
Porcentaje predios adquiridos por expropiación: (número de inmuebles adquiridos por expropiación / Número total de predios notificados)* 100
Acompañamiento social: (número de unidades sociales con proceso de enajenación voluntaria / Número total de unidades sociales)* 100
Programa de reposición de inmuebles afectados Gestión reasentamiento US: (número unidades sociales reasentadas / Número total de unidades sociales a reasentar)* 100
• Nota: Indicador aplica para Proyecto Acompañamiento social al proceso de adquisición de inmuebles afectados y aspecto social del programa.
Traslado temporal: (número de unidades sociales trasladadas temporalmente/ Número total de unidades sociales)* 100
US con afectación parcial: (número de US a reasentar asesoradas por el área técnica / Número total de unidades sociales a reasentar)* 100
Traslado definitivo: (número US trasladadas de forma definitiva con asesoría integral / Número total de US a reasentarse de forma definitiva)* 100
Asesoría US: (número US asesoradas / Número de US afectadas por el proyecto)*100
Programa de restablecimiento de condiciones económicas Reconocimientos: (número de unidades sociales elegibles con cálculo de reconocimientos/ Número total de unidades sociales elegibles )* 100
Asesoría US: (número USE asesoradas / Número de USE afectadas por el proyecto)* 100

 

 

ProgramasIndicadores
Programa de restablecimiento de condiciones sociales
Organización y participación comunitaria
Restablecimiento condiciones sociales: (número de US para el acceso o restitución de servicios/Número total de US sujetos de reasentamiento)* 100
Traslados estudiantes: (número de estudiantes trasladados vinculados al sistema educativo / Número total de estudiantes censados matriculados en instituciones)* 100
Traslados vinculación salud: (número de personas trasladadas que acceden al servicio de salud / Número total de personas censadas vinculadas a instituciones de salud)* 100
Gestión organizaciones comunitarias: (número de Organizaciones comunitarias fortalecidas/ Número total de organizaciones comunitarias identificadas en el área de influencia del Sistema)* 100
Gestión organizaciones comunitarias (número unidades sociales reasentadas e integradas a organizaciones / Número total de unidades sociales elegibles)* 100

 

Los hitos más importantes sobre los que se debe hacer el seguimiento son los siguientes (estos aspectos se adaptan de acuerdo con la tenencia del inmueble):

• Información sobre el proyecto y los estudios.

• Levantamientos topográficos y definición de polígono de afectación.

• Censo de unidades sociales, elegibilidad y publicación.

• Definición y evaluación de impactos y vulnerabilidad.

• Diseños de programas y elaboración de protocolos intersectoriales.

• Elaboración de avalúos comerciales.

• Elaboración de estudios de títulos.

• Oferta Integral de compra.

• Negociación.

• Elaboración de promesa de compraventa

• Firma de promesa de compraventa.

• Elaboración de escritura.

• Firma de escritura registro de escritura pago del inmueble.

• Pago de reconocimientos económicos.

• Selección del inmueble de reposición.

• Elaboración de promesa de compraventa del inmueble de reposición.

• Elaboración de escritura de inmueble de reposición.

• Registro de la escritura del inmueble reposición.

• Traslado.

• Entrega del predio.

• Retiro de contadores de servicios públicos.

• Demolición.

• Restablecimiento de condiciones de vida.

Hace parte del seguimiento los informes mensuales, trimestrales y la ficha predial establecidos por la UMUS del Ministerio de Transporte.

Si como resultado del seguimiento se identifican programas del Plan de Reasentamiento que no se ejecutaron, o no fueron efectivas, se elaborará un Plan Remedial, el cual deberá tener una identificación y caracterización de las deficiencias presentadas e incluir las acciones para remediarlas o compensarlas y deberá obtener la No Objeción de la Banca multilateral en caso de existir esta financiación. Este Plan Remedial se debe elaborar en cualquier momento de la implementación del Plan de Reasentamiento y su ejecución satisfactoria será condición para cerrarlo y declararlo terminado.

9.3. Monitoreo. 

Para verificar el nivel de restablecimiento de las condiciones socioeconómicas de la población desplazada involuntariamente, se efectuará un monitoreo sobre el nivel de restablecimiento de las siguientes variables:

9.3.1. Para las unidades sociales. 

• Vivienda

• Servicios públicos (agua, energía, teléfono, transporte, recolección basura).

• Acceso a educación.

• Acceso a salud.

• Acceso a bienestar social.

• Ingresos.

9.3.2. Para Industrias, comercios, servicios. 

• Continuidad de la actividad económica.

• Servicios Públicos (agua, energía, teléfono, transporte, recolección basura).

• Restablecimiento de ingresos.

9.3.3. Auditoría. 

En el caso de ser requerido por la Banca multilateral que efectúa el empréstito, y con el fin de garantizar la transparencia del proceso de adquisición de predios y reasentamiento, se contratará una auditoría independiente que elaborará informes, los cuales serán remitidos al Ministerio de Transporte.

10. Evaluación ex post - cierre de planes de reasentamiento. 

Una vez se haya ejecutado las obras civiles y por ende cumplido con el traslado de la totalidad de las unidades sociales y actividades económicas se realizará la evaluación ex post de la eficacia y eficiencia de la ejecución del plan, la cual tendrá especial énfasis en el restablecimiento de las condiciones socioeconómicas de la población que fue objeto del plan.

Dentro del siguiente año posterior a terminar el reasentamiento y para el cierre de los planes se deberá aplicar una ficha de seguimiento final a cada unidad social reasentada (propietarios o poseedores residentes y/o con actividad económica). Para las unidades sociales arrendatarias se tomará una muestra representativa al igual que si se incluyen otras tipificaciones que hayan implicado reconocimientos especiales por su vulnerabilidad.

El informe de cierre dará cumplimiento a la mitigación de los impactos y vulnerabilidades previstos e igualmente al restablecimiento de las condiciones socioeconómicas de las unidades sociales a través de los programas e indicadores. El cierre debe tener la revisión del Ministerio y aprobación de la Banca Multilateral.

11. Organización institucional. 

Los entes gestores en cada una de las ciudades participantes del Proyecto Nacional de Transporte Urbano contarán, dentro de su estructura organizacional, con los recursos humanos físicos y financieros necesarios para la coordinación del diseño, ejecución y evaluación del plan de reasentamiento.

El ente gestor podrá ejecutar el reasentamiento bien sea en forma directa, a través de contratación externa o de convenios con instituciones que tengan experiencia en el tema, caso en el cual mantiene la responsabilidad por los resultados de la ejecución. Durante el diseño, la ejecución y evaluación, mantendrá la dirección, supervisión y control.

La entidad ejecutora remitirá al Ministerio de Transporte como coordinador del Proyecto de Transporte Urbano, el plan de reasentamiento o informes socioprediales para revisión. En los casos en que se tenga financiación de la Banca Multilateral, una vez se cuente con la revisión final del contenido del plan por parte del Ministerio el ente gestor lo remitirá al Banco Mundial y al BID para la No Objeción (en caso de financiación de la Banca Multilateral). Este proceso cursa igualmente para los cierres de los planes.

12. Financiamiento del plan de reasentamiento. 

Dentro del presupuesto del Programa Nacional de Transporte Urbano, se deberá incluir los costos de los planes de reasentamiento descrito, incluidos costos administrativos o de funcionamiento, honorarios profesionales o contrataciones externas, valores de los predios a adquirir y de cada uno de los programas adoptados por el plan de reasentamiento.

El ente gestor deberá al momento de la presentación de los planes de reasentamiento incluir el presupuesto detallado de las actividades que lo constituyen, las fuentes de financiación y la disponibilidad de los recursos.

El Ministerio de Transporte – Unidad de movilidad urbana sostenible – con el propósito de unificar criterios y homogenizar procedimientos en la implementación del marco de política, en cuanto al tema de adquisición predial y reasentamiento de población, presentó los lineamientos que definen y precisan conceptual y operativamente lo consignado en el literal 4.10.6. Programa de restablecimiento de condiciones económicas del marco de política, para los SITM y los SETP.

Con la expedición de la Ley 1682 de 2013 “por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias” y en desarrollo de sus artículos 23 y 37 que permiten incluir en el valor comercial el monto de las indemnizaciones o compensaciones, y la función dada por la misma ley al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), para “adoptar las normas, métodos, parámetros, criterios y procedimientos que deben utilizarse en la elaboración de avalúos comerciales”, se considera procedente ajustar las directrices para el cálculo de reconocimientos económicos, toda vez que vía elaboración de avalúos comerciales se tasará a propietarios y poseedores inscritos, conceptos por daño emergente y lucro cesante.

Las directrices se presentan sin perjuicio de mayores alcances que puedan desarrollar los entes territoriales. Estas directrices entraran en aplicación en la fecha en que reciban la correspondiente No Objeción. El comité de reasentamientos de cada ente gestor determinará la aplicabilidad para aquellos casos que se encuentran en proceso.

La matriz pretende la unificación de criterios respecto del tema de reconocimientos económicos, permitiendo:

• Evitar interpretaciones sobre el alcance y montos de cada uno de los reconocimientos económicos.

• Homogenizar las definiciones y criterios.

• Determinar objetivamente valores y fórmulas para el cálculo de los reconocimientos económicos.

• Establecer topes máximos de aplicación, cuando haya lugar.

• Identificar los documentos soporte para el pago.

• Precisar las Unidades Sociales elegibles.

• Identificar el carácter de la gestión social de acompañamiento.

• Contar con un presupuesto por Unidad Social con base en la información obtenida en la etapa de elaboración del Plan de Reasentamiento.

• Establecer un presupuesto fijo desde antes de iniciar la ejecución del Plan de Reasentamiento.

• Permitir un adecuado seguimiento al proceso y a la ejecución presupuestal.

• Permitir un control sobre el presupuesto.

Finalmente se articularán los procedimientos para el cálculo de los reconocimientos económicos, a los procesos y procedimientos de las resoluciones expedidas por el IGAC en la materia, de tal forma que puedan adoptarlos como un estándar.

13. Directrices de reconocimiento. 

13.1. Definiciones. 

13.1.1. Reconocimiento económico. 

Hace referencia a lo descrito en el literal 8.3.6 del Marco de Política. Los reconocimientos se dividen en:

a) Reconocimiento por impacto económico:

• Trámites.

• Traslado.

• Desconexión de Servicios Públicos

• Impuesto Predial.

b) Reconocimiento por restablecimiento de ingreso: dirigido a mitigar el impacto sobre la utilidad y a mantener ingreso por un tiempo determinado. Se consideran los siguientes reconocimientos:

• Renta.

• Pérdida y/o Traslado de la actividad productiva.

Reconocimiento por reposición de vivienda, relacionado con el subsidio para vivienda de interés social como forma de complementar el valor del avalúo y mejorar el poder de adquisición de la vivienda de reposición.

13.1.2. Afectación. 

Se caracteriza como total, parcial o mixta.

a) Afectación total, es cuando todo el inmueble o predio debe adquirirse y las Unidades Sociales residentes o que desarrollan la actividad económica deben trasladarse.

b) Afectación parcial, es cuando parte del inmueble o predio debe comprarse, existiendo dos posibilidades:

• Que la US deba trasladarse.

• Que la US pueda continuar residiendo o desarrollando su actividad económica.

c) Afectación Mixta: cuando se afecta el total de la construcción y el lote parcial permitiendo en el área remanente el desarrollo de la vivienda de reposición.

13.1.3. Monto. 

Es el valor base sobre el que se realiza el cálculo de los reconocimientos económicos. Puede estar relacionado con:

a) Canon de renta.

b) Subsidio de vivienda de interés social.

13.1.4. Unidad social. 

Se entiende por Unidad Social las personas naturales o jurídicas, con vínculos o no de consanguinidad que guardan relación de dependencia legal, física o económica respecto del inmueble requerido para la construcción de las obras del sistema de transporte.

Las unidades sociales (US) pueden ser de los siguientes tipos:

a) Unidad social hogar (USH).

b) Unidad social económica (USE), que se diferencia entre quienes perciben una renta por arriendo y quienes desarrollan una actividad económica de carácter formal o informal. Se subdivide en:

• Unidad social económica rentista (USE rentista): Corresponde a aquella unidad social económica que percibe un ingreso por la actividad económica consistente en la renta del bien inmueble o predio.

• Unidad social arrendataria (USA): Puede ser cualquiera de las US definidas, excepto la USE rentista. El subarriendo es una figura jurídica por la que un arrendatario (inquilino) alquila la vivienda que él tiene arrendada, o parte de esa vivienda, a un tercero; el arrendatario se convierte así en subarrendador o arrendador del nuevo inquilino.

• Unidad social subarrendataria (USSA): Es la unidad social a la cual se le ha alquilado la vivienda, o parte de esta, por la unidad social arrendataria podrán tener los mismos derechos de las unidades sociales arrendatarias, siempre y cuando sean autorizadas por el comité de reasentamientos del ente gestor.

• Unidad social anticrética (USAN): Es la unidad social que ocupa un inmueble para residencia o para desarrollar una actividad económica, en virtud de un contrato de anticresis verbal o escrito suscrito con el propietario del predio/inmueble.

• Unidad social socioeconómica (USSE): Constituida por una US hogar que adicionalmente desarrolla actividad económica (rentista o actividad económica). En estos casos aplican los reconocimientos para ambas modalidades de US.

En ningún caso la condición de tenencia impide la participación plena de una Unidad Social.

13.1.5. Tenencia. 

Se refiere a la modalidad de tenencia de cualquiera de las US. Se divide en:

a) Propietario: Es el titular de derecho real de dominio sobre el bien inmueble de acuerdo con lo establecido en los artículos 669 y siguientes del Código Civil colombiano.

b) Poseedor regular: “Se llama poseedor regular aquel que ostenta un justo título y ha adquirido la posesión de buena fe, aunque la buena fe no subsista después de adquirida la posesión. Si el título es traslaticio de dominio, es también necesaria la tradición.” (art. 764 C.C.); este poseedor que detenta la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo o por otra persona que la tenga en lugar o a nombre de él. El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo. Artículo 762 del Código Civil Colombiano.

c) Poseedor irregular: Será el que ha adquirido la posesión sin justo título o de mala fe, es decir, la posesión en cuya adquisición ha faltado uno de los elementos cuya concurrencia configura la posesión regular, o ambos. Posesión irregular es la que carece de uno o más de los requisitos señalados en el artículo 764: “La posesión irregular es aquella que no reúne todos los requisitos de la posesión regular, o sea, la que no proviene de un justo título, o se inició sin buena fe, o cuando a pesar de haber justo título y de haberse adquirido de buena fe, no se hizo la tradición legal si el título que le dio origen era traslaticio de dominio”.

d) Usufructuario: Es la persona que detenta el derecho real de usufructo, el cual consiste en la facultad de gozar de una cosa, con cargo de conservar su forma y sustancia y de restituirla a su dueño si la cosa no es fungible; o a cargo de devolver igual cantidad y calidad del mismo género o de pagar su valor si la cosa es fungible. Artículo 823 del Código Civil Colombiano.

e) Arrendatario: Persona natural o jurídica con quien el propietario o poseedor del inmueble haya celebrado contrato de arrendamiento escrito o verbal en los términos establecidos en los artículos 1974 y siguientes del Código Civil Colombiano. Si se trata de arrendamiento de establecimiento de comercio se tendrá en cuenta lo reglamentado en el Código de Comercio, artículos 518 y siguientes.

El arrendatario puede ser cualesquiera de las US definidas, excepto USE rentista.

f) Arrendador: Titular de los derechos del bien o propietario de las mejoras, que entrega el bien para uso y disfrute, percibiendo de ello un ingreso.

g) Subarriendo: El subarriendo es una figura jurídica por la que un arrendatario (inquilino) alquila la vivienda que él tiene arrendada, o parte de esa vivienda, a un tercero. El arrendatario se convierte así en subarrendador o arrendador del nuevo inquilino.

h) Anticresis: La anticresis es un contrato por el que se entrega al acreedor una finca raíz para que se pague con sus frutos, el cual funciona de la siguiente manera: El acreedor anticrético entrega al deudor anticrético una suma de dinero a título de mutuo sin intereses y a su vez recibe del deudor anticrético el usufructo de un inmueble por un tiempo determinado, vencido el cual la persona que utiliza el bien inmueble deberá devolver el mismo en las mismas condiciones que lo recibió y el dueño deberá devolver la cantidad de dinero recibida.

13.1.6. Documento soporte. 

Corresponde al tipo de soporte documental que prueba la condición de elegible para un determinado reconocimiento económico.

13.2. Cálculo de los reconocimientos económicos. 

Para cada uno de los reconocimientos considerados (excepto el de actividad económica) se presentan los siguientes componentes:

a) Tipo de afectación.

b) Tipo de ocupación.

c) Cálculo.

d) Documentos soporte

Notas iniciales: 

• Los reconocimientos económicos no tienen ninguna vinculación con la estratificación socioeconómica, corresponden a la mitigación de impactos generados por el proceso de desplazamiento involuntario, aplican para todos los estratos.

• Con el fin de seguir garantizando los derechos para toda la población, sin importar el tipo de tenencia del inmueble / predio, los reconocimientos económicos deben aplicar de acuerdo a las realidades de ocupación encontradas.

• Para propietarios y poseedores inscritos aplicará de igual forma el reconocimiento por reposición de vivienda y el reconocimiento por trámites para la compra de la misma.

• Los reconocimientos económicos solo aplican para negociaciones voluntarias.

• Los reconocimientos económicos no aplican en procesos de expropiación.

• Los conceptos por los cuales se pueden generar reconocimientos económicos enunciados en el presente documento son indicativos y no excluyen otros conceptos que se demuestren y puedan ser reconocidos en el cálculo de reconocimiento.

Notas sobre elegibilidad de US:

Tipo de unidad socialReconocimientos económicos
TrámitesTrasladoDesconexión de servicios públicosImpuesto predialReposición viviendaRentaTraslado actividad económica
USHXXXXXX
USEXX
USE (rentista)XX
USSEXXXXX

 

Para las USH, solo se tipifica cuando está en condición de residente, aplican trámites, traslados y reposición de vivienda (cuando adquiere vivienda reposición para el caso de los propietarios y/o poseedores). En caso de arrenda70tarios(sic) y anticrética solo aplica traslado.

• Para las USE aplica trámites, traslado y traslado de actividad económica según su existencia. Nunca reposición de vivienda. En USE arrendatarias o anticrético no aplica trámites.

Para las USE rentista aplica trámites y renta. Nunca reposición de vivienda.

• La condición para las USE y USSE es que la actividad por motivos de la afectación predial tenga imposibilidad de continuar.

• Para las USSE únicamente se tipifican en condición de residentes, aplican trámites, traslados, reposición de vivienda y renta y/o traslado de actividad económica según su existencia. En USSE arrendatarias o anticréticas no aplica traslado.

13.2.1. Trámites. 

Corresponde a un reconocimiento por los trámites de compra de la vivienda de reposición. USH propietaria o poseedora.

• Tipo de afectación: Aplica para afectaciones totales

• Tipo de ocupación: Aplica para residente.

• Unidades sociales elegibles: USH cuya tenencia sea de propietaria o poseedora.

• Cálculo: Para efectos del cálculo de este concepto se tendrán en cuenta las tasas y/o tarifas establecidas por la Superintendencia de Notariado y Registro, referidas a los costos de escrituración e inscripción en el respectivo certificado de libertad y tradición contenidos en los Decretos Nacionales 650 de 1996, 1681 de 1996, 1428 de 2000 y demás normas vigentes, así como aquellas que los modifiquen, complementen o deroguen.

• Documentos soporte:

Liquidación realizada por la respectiva notaría.

Escritura debidamente registrada del inmueble de reposición.

13.2.2. Traslado. 

Se refiere a los costos en que incurrirán las unidades sociales para efectos de trasladar los muebles, ubicados en el inmueble objeto de adquisición, a otro lugar, o la reubicación en el área remanente cuando la adquisición es parcial, e incluye, entre otros, los siguientes conceptos:

• Reconocimiento por traslado de maquinaria.

• Reconocimiento por traslado provisional.

• En caso de que se requiera mientras se adquiere el inmueble de reposición o por afectación parcial.

13.2.2.1. Tipo de afectación. 

Se plantea para predios o inmuebles con afectación total. En el caso de afectaciones parciales, debe estudiarse la viabilidad para que el área restante pueda desarrollarse como vivienda (normas de planeación sobre áreas mínimas) o que la actividad económica pueda ajustarse al área restante. Aplica únicamente para aquellas US que obligatoriamente deben desplazarse. Aplica también a aquellas US que deben trasladarse temporalmente mientras se adecua la vivienda.

13.2.2.2. Tipo de ocupación. 

No aplica para US no residentes.

13.2.2.3. Unidades sociales elegibles. 

USH y USSE cuya tenencia sea poseedor no inscrito y USA.

13.2.2.4. Cálculo. 

Para el cálculo de este concepto se debe realizar investigación de mercado y/o encuestas.

• Para las USH, poseedores no inscritos o arrendatario.

• Para las USE o USSE, EXCEPTO aquellas con calidad de propietarios o poseedores inscritos.

13.2.2.5. Documentos soporte. 

• USH / USE / USSE: Acta de entrega y desocupación del predio.

USA, USSA, USAN: Paz y Salvo expedido por arrendador.

13.2.3. Renta. 

Dirigido solo a poseedores no inscritos y arrendatarios, quienes perciben utilidad por esta actividad económica, para mantener el ingreso por un periodo predeterminado. Aplica únicamente para US económicas o socioeconómicas cuya actividad sea la renta y la afectación impide definitivamente continuar con la actividad, sin importar si el inmueble se renta parcial o totalmente.

13.2.3.1. Tipo de afectación. 

Se plantea para predios o inmuebles con afectación total. En el caso de afectaciones parciales, debe estudiarse la viabilidad para que la actividad económica pueda continuar.

13.2.3.2. Tipo de ocupación. 

Aplica para cualquier tipo de ocupación.

13.2.3.3. Unidades Sociales Elegibles USH. 

Cuya tenencia sea de poseedor no inscrito y USA.

13.2.3.4. Cálculo. 

Para el cálculo de este concepto se establecerá el ingreso derivado del contrato, tomando en consideración la información contenida en el respectivo contrato.

Esta información se verificará con investigación de mercado, la cual permitirá determinar la renta que el mercado está dispuesto a pagar por dicho contrato. Si se encuentran diferencias entre lo pactado en el contrato y el resultado de la investigación de mercado, prevalecerá el último para efectos del cálculo de la utilidad.

Con el fin de mantener una coherencia con lo que inicialmente se fijó en las directrices del año 2010, se reconocerá para arrendatarios en este caso el correspondiente a tres (03) meses.

13.2.3.5. Documentos soporte: 

• Contrato de arrendamiento, censo y elegibilidad.

13.2.4. Desconexión de servicios públicos. 

Corresponde a las tarifas por la desconexión, cancelación definitiva o traslado de cada servicio público domiciliario, existente en el respectivo inmueble o zona de terreno objeto de adquisición, en que tendrán que incurrir los poseedores no inscritos para efectos de llevar a cabo la entrega real y material del bien a la entidad adquirente.

13.2.4.1. Tipo de afectación. 

Únicamente afectación total.

13.2.4.2. Tipo de ocupación. 

Residente 

13.2.4.3. Cálculo. 

Se establecerá tomando en consideración las tarifas fijadas por las empresas prestadoras de los diferentes servicios públicos domiciliarios, así como la información suministrada por EL CENSO sobre número y ubicación de contadores y acometidas.

13.2.4.4. Unidades elegibles. 

USH cuya tenencia sea de poseedor no inscrito.

13.2.4.5. Documentos soporte: 

• Censo

• Recibos de pago

13.2.5. Impuesto predial. 

Corresponde de forma exclusiva para la adquisición total de predios de conformidad con el valor del impuesto predial y de forma proporcional de acuerdo al trimestre en que se elabore el avalúo:

13.2.5.1. Tipo de afectación. 

Únicamente afectación Total

13.2.5.2. Tipo de ocupación. 

Residente 

13.2.5.3. Cálculo. 

Establecerá tomando en cuenta el momento de elaboración del avalúo, así:

• Primer trimestre el 75%.

• Segundo trimestre el 50%.

• Tercer trimestre el 25%.

• Cuarto trimestre el 0%.

13.2.5.4. Unidades Elegibles. 

USH y USSE cuya tenencia sea de poseedor no inscrito.

13.2.5.5. Documentos soporte: 

• Censo

• Recibos de pago cancelados de impuesto predial.

13.2.6. Reposición de vivienda. 

Tiene como propósito contribuir a la adquisición de una vivienda de reposición dentro del mínimo definido para la vivienda de interés social prioritaria – VIS. Aplica únicamente cuando el valor del avalúo es hasta los 70 smlmv.

13.2.6.1. Tipo de afectación. 

Únicamente afectación total.

13.2.6.2. Tipo de ocupación. 

Residente. 

13.2.6.3. Cálculo. 

La fórmula para el cálculo del reconocimiento debe arrojar el valor necesario para cubrir la diferencia entre el valor del avalúo y el monto de la vivienda de interés social vigente (70 smlmv), sin exceder el monto máximo del reconocimiento.

En el caso de propietarios se considera el valor total del inmueble según avalúo, es decir construcción más predio. Para los poseedores únicamente se considera el valor de las construcciones. En ambos casos este es un reconocimiento adicional al avalúo.

13.2.6.4. Unidades sociales elegibles. 

USH cuya tenencia sea de Propietaria o poseedora.

13.2.6.5. Documentos soporte: 

• USH Avalúo inferior a 70 smlmv, censo y Matrícula Inmobiliaria de la vivienda de reposición.

13.2.7. Pérdida y/o traslado actividad económica. 

El objetivo de este reconocimiento es aportar un valor para mitigar el impacto de la pérdida y/o traslado de la actividad económica y mantener por un plazo la utilidad estimada por la actividad económica.

Se consideran dos variables para el cálculo:

• Valor estimado de utilidad de acuerdo a peritaje de la actividad económica elaborado por contador.

• Número de meses del estimado de utilidad, diferencial de acuerdo al monto de la utilidad.

13.2.7.1. Tipo de afectación: 

Total o parcial con obligatorio traslado de la actividad económica.

13.2.7.2. Tipo de ocupación. 

Cualquiera 

13.2.7.3. US Elegibles: 

USE / USSE solo cuando la tenencia sea en calidad de poseedor no inscrito y/o arrendatario.

13.2.7.4. Cálculo. 

Peritaje a la actividad económica elaborado por profesional contador público que presente el monto promedio de los ingresos en los últimos 6 meses.

En concordancia con lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley 1682 de 2013, este reconocimiento se calculará hasta por 6 meses.

13.2.7.5. Documentos soporte. 

Peritaje a la actividad económica determinando monto de utilidad mensual promedio en los últimos 6 meses.

1 ART. 2.8.1.76.—Ejecución compromisos presupuestales. Los compromisos presupuestales legalmente adquiridos, se cumplen o ejecutan, tratándose de contratos o convenios, con la recepción de los bienes y servicios, y en los demás eventos, con el cumplimiento de los requisitos que hagan exigible su pago (...)”.

2 Artículo 12 Ley 1682 de 2013.

3 SITM llevan carriles exclusivos, SETP carriles preferenciales.

4 Veeduría Distrital. La Vulnerabilidad Social en Bogotá 2002.

5 Definición Naciones Unidas Año 1961.

6 Informe de la Comisión de Infraestructura Bogotá, octubre de 2012.

7 Según las políticas del Banco Mundial y BID, el "costo de substitución" se define de las siguientes maneras:

• Tratándose de tierras agrícolas: el "costo de substitución" es el valor de mercado que tenían con anterioridad al proyecto o con anterioridad al desplazamiento, si este es más alto, las tierras de igual potencial productivo o de igual uso ubicadas en las proximidades de las tierras afectadas, más el costo de preparación de las tierras para que alcancen un nivel similar al de las tierras afectadas, más el costo de los impuestos de registro y transferencia.

• Tratándose de tierras situadas en zonas urbanas: el "costo de substitución", es el valor de mercado con anterioridad al desplazamiento, de tierras de igual tamaño y uso, con instalaciones y servicios públicos de infraestructura similares o mejores, ubicadas en las proximidades de las tierras afectadas, más el costo de cualesquiera impuestos de registro o transferencia.