RESOLUCION 1036 DE 2006 

(Julio 6)

“Solicitud de las empresas colombianas Tablemac S.A. y Pizano S.A. para la aplicación de derechos antidumping a las importaciones de tableros aglomerados de madera crudos y tableros aglomerados de madera con recubrimiento melamínico, clasificados en las subpartidas Nandina 44.10.31.00 y 44.10.32.00, provenientes de Venezuela y producidos por el grupo Terranova”.

La Secretaría General de la Comunidad Andina,

VISTOS: Los artículos 93 y 94 del Acuerdo de Cartagena, la Decisión 456 de la comisión, la Decisión 425 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, las resoluciones 905, 939 y 973 de la Secretaría General; y,

CONSIDERANDO: Que el 10 de enero de 2005 las empresas colombianas Tableros y Maderas Caldas S.A. (Tablemac S.A.) y Pizano S.A. (Pizano S.A.) solicitaron a la Secretaría General el inicio de investigación para determinar la existencia de importaciones colombianas de tableros aglomerados de madera comprendidos en la subpartidas Nandina 44.10.31.00 y 44.10.32.00, provenientes de Venezuela en condiciones de dumping afectando la producción nacional colombiana de dichos productos;

Que el 24 de febrero de 2005, la Secretaría General emitió la Resolución 905 por medio de la cual se inició la investigación antidumping a las importaciones colombianas de tableros aglomerados de madera crudo y tableros aglomerados de madera con recubrimiento melamínico, clasificados en las subpartidas Nandina 44.10.31.00 y 44.10.32.00, provenientes de Venezuela y producidos o exportados por Terranova S.A.;

Que la Secretaría General comunicó la Resolución 905, mediante la cual se inició el proceso de investigación, a los gobiernos de los países miembros, a las empresas solicitantes, a los exportadores e importadores de los productos objeto de investigación, mediante comunicaciones SG-X/0/216/2005, SG-F/0/260/2005, SG-F/0/261/2005, SG-F/0/262/2005, SG/X/2.17.27/229/2005. Se remitió al exportador y a la autoridad del país exportador copia de las respectivas versiones públicas de la solicitud mediante comunicación SG-R/2.17.27/049/2005, expediente que fue puesto a disposición de las partes interesadas en la investigación;

Que el 4 de marzo de 2005 la Secretaría General solicitó información estadística de los productos involucrados a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, DIAN. Dicha información fue suministrada a la Secretaría General con fecha 18 de marzo de 2005;

Que el 11 de marzo de 2005 la Secretaría General recibió una comunicación de las empresas Pizano S.A. y Tablemac S.A., solicitando la aplicación de derechos provisionales a las importaciones de tableros aglomerados crudos y de tableros con recubrimiento melamínico provenientes de Venezuela, con el fin de evitar que durante el período de investigación, se siga causando un daño que sea de difícil reparación a las empresas solicitantes;

Que según lo dispuesto en el artículo 34 de la Decisión 456, la Secretaría General entre el 15 y 16 de marzo de 2005 remitió los cuestionarios a las empresas Pizano S.A., Tablemac S.A., Terranova Colombia S.A. (actualmente Masisa Colombia S.A.), Terranova de Venezuela S.A., Cotopaxi Colombia S.A. y Fibranova C.A. Posteriormente, a solicitud de las empresas, mediante comunicación del 4 de abril de 2005, se postergó la fecha de recepción de los cuestionarios hasta el 28 de abril. Todas las empresas remitieron respuesta a los cuestionarios; la Secretaría General otorgó tratamiento confidencial a la información presentada por Pizano S.A., Tablemac S.A., Fibranova C.A., Terranova de Venezuela S.A. y Terranova de Colombia S.A.;

Que, con fecha 13 de abril de 2005 la Secretaría General convocó a audiencia pública a solicitud del gerente general del grupo Terranova de Venezuela que representó a las empresas de su grupo (Fibranova C.A. y Terranova de Venezuela S.A.), la misma que se realizó el 19 de abril en la sede de la Secretaría General. A dicha audiencia, asistieron también representantes de las empresas Pizano S.A., Tablemac S.A. y Terranova de Colombia S.A., Masisa Perú/Ecuador (afiliada de Terranova de Venezuela), abogados de Terranova y funcionarios de la Secretaría General;

Que el mismo 19 de abril la empresa Terranova de Venezuela solicitó a la Secretaría General reconsiderar la Resolución 905 de la Secretaría General. Esta solicitud fue declarada inadmisible mediante comunicación SG/F/2.17.27/604/2005 por extemporánea con base en lo dispuesto en el artículo 44 de la Decisión 425;

Que, de acuerdo con lo previsto en la Sección E de la Decisión 456, la Secretaría General realizó visitas de verificación a las empresas Terranova en Venezuela (planta Fibranova C.A. en la localidad de Macapaima y oficinas en la ciudad de Puerto Ordaz) el 20 y 21 de julio, Masisa Colombia S.A. el 1º y 2 de agosto, Tablemac S.A. el 3 y 4 de agosto, Pizano S.A. el 5 y 6 de agosto en las ciudades de Bogotá, Medellín y Barranquilla en Colombia, respectivamente; Que, el 26 de julio de 2005, mediante comunicaciones SG/X/2.17.27/905/2005 y SG/X/2.17.27/906/2005, la Secretaría General comunicó a las empresas solicitantes y a las denunciadas, así como a sus respectivos gobiernos, la prórroga por 2 meses de la investigación que se extendería hasta octubre de 2005, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 de la Decisión 456. Así mismo, en estas comunicaciones se informó que la audiencia pública se realizaría el día 18 de agosto de 2005 en la sede de la Secretaría General;

Que la Secretaría General mediante Resolución 939, de fecha 26 de julio de 2005 y publicada en la Gaceta Oficial 1225 del 3 de agosto de 2005, con base en la investigación adelantada hasta ese momento encontró fundamento para pronunciarse sobre las medidas provisionales solicitadas por las empresas productoras nacionales para los productos investigados clasificados en las subpartidas Nandina 44.10.31.00 y 44.10.32.00, teniendo en cuenta las conclusiones preliminares en cuanto a la existencia de dumping, del daño y de la relación causal entre la práctica y el daño;

Que, en consonancia con lo anterior, la Resolución 939 de la Secretaría General autorizó al Gobierno de Colombia la aplicación de derechos provisionales garantizados mediante depósitos en efectivo o fianzas, de 48 dólares por metro cúbico, únicamente a las importaciones de tableros aglomerados de madera crudos clasificados en la subpartida Nandina 44.10.31.00, y producidos por Terranova S.A. a través de su empresa Fibranova C.A., o cualquiera de sus filiales, provenientes de Venezuela. Según se indicó en esta resolución, el despacho de aduana a consumo de estos productos estaría supeditado a la constitución de la garantía;

Que la Resolución 939 fue comunicada a las partes involucradas mediante comunicación SG-X/00916/2005 de fecha 1º de agosto de 2005; adicionalmente se dio conocimiento a la empresa importadora Terranova Colombia S.A. mediante comunicación SG-X/00922/2005 de fecha 2 de agosto; Que el 10 de agosto de 2005, la Secretaría General recibió una comunicación de la empresa Terranova, mediante la cual solicitó la suspensión de los efectos de la Resolución 939 y presentó recurso de reconsideración contra la misma resolución;

Que el 11 de agosto de 2005, la Secretaría General recibió la comunicación de la empresa importadora Masisa Colombia S.A., mediante la cual solicitó la suspensión de los efectos de la Resolución 939 y presentó recurso de reconsideración contra la misma resolución;

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 35 de la Decisión 456, la Secretaría General celebró el 18 de agosto de 2005, una audiencia pública a la que asistieron representantes de Pizano S.A., Tablemac S.A., Endecolsa, Masisa Colombia S.A., empresas productoras e importadoras colombianas y un funcionario de la embajada de Colombia en Lima; así mismo, asistieron funcionarios de la empresa Terranova, en calidad de representantes de Fibranova C.A. y Terranova de Venezuela S.A. La participación de la empresa Endecolsa en la audiencia, la hizo en calidad de cliente de la empresa importadora Masisa Colombia S.A., en razón de que los precios de los productos importados se pudieran incrementar ante la aplicación de medidas correctivas;

Que el 23 de agosto de 2005, en atención a la Resolución 939 de la Secretaría General, se publicó en el Diario Oficial de Colombia el Decreto 1761 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por medio del cual se impuso un derecho antidumping provisional garantizado, mediante depósitos en efectivo o fianzas, de 48 dólares por metro cúbico, a las importaciones de tableros aglomerados de madera crudo (PB) clasificados en la subpartida Nandina 44.10.31.00, y producidos por Terranova S.A. a través de su empresa Fibranova C.A., o cualquiera de sus filiales, provenientes de la República Bolivariana de Venezuela;

Que mediante comunicaciones SG/F/2.17.27/1400/2005 y SG/F/2.17.27/1401/2005, de fecha 1º de septiembre de 2005, la Secretaría General denegó la solicitud de suspensión provisional de los efectos de la Resolución 939 planteada por Terranova y Masisa Colombia S.A.;

Que el 30 de septiembre la Secretaría General recibió la comunicación DVMCE/2005/207 del Gobierno de Venezuela mediante la cual señalaban que se habría atribuido de manera injusta a las importaciones investigadas el supuesto deterioro sufrido por la rama de la producción nacional, al no analizar la evolución de la tecnología y las variaciones en la estructura de consumo en el mercado colombiano. En particular, dicho gobierno solicitó a la Secretaría General evaluar la condición de insumo del tablero crudo en la producción de tablero con recubrimiento de melamina, variaciones en la estructura de consumo (formatos) y el cierre de la planta de Tablemac y el impacto en el empleo;

Que el 8 de noviembre de 2005, mediante Resolución 973, la Secretaría General se pronunció sobre el recurso de reconsideración presentado por la empresa venezolana Terranova y la empresa importadora Masisa Colombia S.A., ambas empresas filiales del grupo Terranova S.A., confirmando la Resolución 939;

Que con fecha 30 de noviembre y 1º de diciembre de 2005 la Secretaría General remitió el informe de hechos esenciales a las partes interesadas, con el propósito que remitieran sus comentarios al mismo. En este informe la Secretaría General puso en conocimiento de las partes los hallazgos de la investigación hasta ese momento, sobre los elementos a los que hace referencia el artículo 32 de la Decisión 456, en cuanto a “la determinación de la existencia del dumping, del daño, y de la relación causal entre la práctica y el daño”;

Que el 1º de diciembre de 2005 el Gobierno de Venezuela, a través del Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio remitió sus observaciones al informe de hechos esenciales. Posteriormente las empresas Terranova, Masisa, Endecolsa, Pizano y Tablemac remitieron sus observaciones a dicho informe, en el plazo señalado en el artículo 38 de la Decisión 456;

Que según el artículo 43 de la Decisión 456 la Secretaría General podrá suspender o dar por concluida una investigación sin el establecimiento de medidas provisionales o derecho definitivos, cuando el exportador comunique que asume voluntariamente compromisos satisfactorios de revisar sus precios o de poner fin a las exportaciones al país en cuestión, a precios de dumping, de modo que la Secretaría General quede convencida de que la práctica ha cesado y se eliminará por tanto el efecto perjudicial del dumping;

Que el 12 de diciembre de 2005, el señor Iván Rubio, representante legal de Terranova Venezuela S.A., ofreció un compromiso de precios para los tableros aglomerados de madera crudos PB;

Que el 15 de diciembre de 2005 las empresas Pizano y Tablemac presentaron sus comentarios al ofrecimiento de compromiso de precios de la empresa exportadora venezolana, manifestando que no se reflejaba en dicho compromiso ninguna corrección en el precio real de exportación de Venezuela a Colombia, y por ende no se corregiría el margen de dumping, haciéndose más evidente y grave el daño ocasionado al mercado local colombiano, que no solo incluye a los productores nacionales, sino a los otros importadores. En ese sentido señalaron que dicho compromiso no sería satisfactorio ni conveniente para los productores nacionales, entre otros; por lo cual solicitaron la imposición de derechos definitivos tanto para el tablero crudo (PB) como para el tablero laminado (PBM);

Que la Secretaría General recibió a los representantes de la empresa Terranova de Venezuela S.A. y a los representantes de las empresas productoras colombianas el día 11 de enero de 2006, por separado, con el fin de escuchar sus argumentos sobre el ofrecimiento de compromiso de precios;

Que el 16 de enero las empresas productoras colombianas remitieron un nuevo escrito manifestando su posición en relación a la inconveniencia de aceptar el compromiso de precios ofrecido por la empresa exportadora venezolana, mencionando aspectos como: 1) la imposibilidad de cumplimiento de compromiso y su correspondiente verificación por tratarse de empresas relacionadas, 2) la adopción de un compromiso satisfactorio como la posibilidad de su verificación en el tiempo, requisitos concurrentes que en este caso no se dan 3) tanto la norma comunitaria andina como las normas de la OMC, prevén la no aceptación de un compromiso, teniendo en cuenta diversos motivos, 4) las medidas provisionales no han sido efectivas, la imposición de derechos antidumping definitivos, es la herramienta que permitiría corregir de forma efectiva, la práctica desleal existente;

Que el 2 de febrero de 2006, la Secretaría General comunicó a la empresa Terranova de Venezuela S.A. que el compromiso de precios ofrecido no convencía a la Secretaría General respecto a la idoneidad de dicho instrumento para corregir los posibles efectos perjudiciales de la práctica investigada sobre la producción colombiana de tableros aglomerados de madera crudos (PB), con base en las determinaciones que hiciera la Secretaría General hasta esa fecha;

Que según los artículos 43 y 44 de la Decisión 456 la Secretaría General no solo debe estar convencida de que los compromisos voluntarios comunicados por el exportador eliminarán los efectos perjudiciales del dumping, sino que podrá no aceptar un compromiso ofrecido si considera que no sería realista tal aceptación, o como resultado de otras consideraciones;

Que, en este contexto, el 6 de febrero de 2006, la Secretaría General comunicó a las partes interesadas y a sus respectivos gobiernos que el ofrecimiento inicial de la empresa Terranova S.A. no alcanzaba a convencer a la Secretaría General sobre la corrección de los efectos perjudiciales de la práctica denunciada;

Que la Secretaría General, a solicitud de la empresa Terranova de Venezuela S.A., celebró una audiencia privada el 1º de marzo. Así mismo, la Secretaría General recibió el 7 de marzo a las empresas colombianas Pizano S.A. y Tablemac S.A., para escuchar sus argumentos en relación al compromiso de precios;

Que con fecha 3 de marzo la empresa Terranova de Venezuela S.A. remitió una nueva versión del compromiso de precios ofrecido para el tablero de madera PB;

Que el 15 de marzo de 2006, el Gobierno de Colombia mediante comunicación SPC-327 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, manifestó su apoyo a la solicitud de aplicación de derechos antidumping definitivos, solicitados por la rama de la producción nacional colombiana de aglomerados, con el fin de que se corrigiera oportunamente el daño que estaban enfrentando los productores nacionales por la práctica desleal alegada en las importaciones de tableros aglomerados clasificados por las subpartidas Nandina 44.10.31.00 y 44.10.32.00 provenientes de Venezuela. Sobre el ofrecimiento de compromiso de precio, dicho gobierno señaló que al estar la compañía productora venezolana relacionada con la empresa importadora colombiana, no se garantiza la corrección de la práctica desleal demostrada a la cual hace referencia el artículo 43 de la Decisión 456, en el sentido de lograr eliminar “el efecto perjudicial de dumping”. Señaló además que, conforme lo señala el artículo 44 de la Decisión 456, “… la Secretaría no podría aceptar un compromiso que no es realista ni satisfactorio, ya que su verificación es imposible, por tratarse de empresas relacionadas, y el efecto de tal naturaleza que dé lugar a un comportamiento diferente del que se espere de empresas no vinculadas”;

Que dicho gobierno solicitó un pronunciamiento rápido e imponiendo las medidas correctivas a que haya lugar, señalando que el plazo para el pronunciamiento había vencido en octubre de 2005 y que no se habían aplicado medidas provisionales en lo que respecta a la Nandina 44.10.32.00;

Que, la República Bolivariana de Venezuela, mediante comunicación 515 de fecha 22 de abril de 2006 del Ministro de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, solicitó a la Secretaría General que hiciera “… circular la comunicación [514 de esa misma fecha] a los países miembros y órganos de la Comunidad Andina, mediante la cual inform[ó] de la decisión del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de retirarse formalmente de la Comunidad Andina ….”;

Que, la comunicación 514, luego de dar cuenta de los motivos de la República Bolivariana de Venezuela para retirarse de la Comunidad Andina, manifiesta que “por las razones expuestas, en nombre y representación de la República Bolivariana de Venezuela, expresamos, a partir de la presente fecha, la decisión de denunciar el referido acuerdo conforme lo establecido en su propia normativa, contando con el apropiado desempeño de la comisión en la tramitación pertinente …”;

Que la Secretaría General, atendiendo la solicitud del Gobierno de Venezuela remitió la comunicación 514 a sus destinatarios, es decir a la presidenta y miembros de la Comisión de la Comunidad Andina;

Que una vez estudiada la nueva versión de compromiso de precios que comunicara el 3 de marzo la empresa Terranova de Venezuela, la Secretaría General remitió a esta empresa con fecha 2 de mayo, comentarios sobre los elementos que deberían recogerse en el compromiso, el cual, según los artículos 43 y 44 de la Decisión 456, debe ser satisfactorio y convencer a la Secretaría General para ser aceptable;

Que con fecha 15 de mayo de 2006, la Secretaría General recibió el fax de fecha 11 de mayo de 2006, mediante el cual el representante legal del Grupo Terranova en Venezuela solicitó la terminación anticipada de la investigación por falta de jurisdicción y competencia de la Secretaría General. Al respecto el representante legal de dicho grupo señaló que el 22 de abril de 2006 el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela remitió a la Secretaría General la carta por medio de la cual informó la decisión de dicho país para denunciar el Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 del mismo tratado. En ese sentido afirmó que: “… los derechos y obligaciones de la República Bolivariana de Venezuela derivados de su condición de país miembro de la Comunidad Andina, cesaron a partir de 22 de abril de 2006…”. En razón de ello señaló que “Dentro de las normas jurídicas que pierden sus efectos respecto a la República Bolivariana de Venezuela, así como de sus habitantes, está la Decisión 456”;

Que, así mismo, el representante legal del Grupo Terranova observó que habiendo perdido jurisdicción y competencia la Secretaría General, correspondía dejar sin efectos la Resolución 939 del 26 de julio de 2005, confirmada mediante Resolución 973, por la cual se aplicaron derechos provisionales a las importaciones de tablero crudo producidos por Terranova S.A. a través de su empresa Fibranova C.A., o cualquiera de sus filiales y provenientes de Venezuela; igualmente, que correspondía a la Secretaría solicitar al Gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que derogara el Decreto 1761 de agosto de 2005, mediante la cual dicho gobierno aplicó la medida provisional;

Que, en razón de los argumentos anteriormente expuestos, el representante legal del Grupo Terranova indicó que la celebración de un compromiso ya era extemporánea, pese a que en algún momento habían tenido la disposición de asumirlo;

Que, con fecha 26 de mayo de 2006, los representantes de las empresas Pizano y Tablemac, presentaron un escrito mediante el cual manifestaron que, a pesar de la denuncia del Acuerdo de Cartagena presentada por la República Bolivariana de Venezuela, la Secretaría General no habría perdido competencia para resolver sobre el fondo en la investigación iniciada mediante Resolución 905. Al respecto argumentaron que:

“… de la lectura detenida del artículo 135, se llega a la conclusión invariable de que todas las obligaciones y derechos de Venezuela en su condición de miembro cesan con la denuncia, excepto los relativos al programa de liberación, por lo cual, el país que denuncia el acuerdo conservará no solo los derechos sino las obligaciones de cualquier miembro para efectos de obtener las ventajas derivadas de dicho programa de liberación.

De lo anterior, es forzoso concluir que para los fines relacionados con el programa de liberación, Venezuela conserva su condición de miembro, y no podría ser de otra manera, pues no sería razonable ni realista mantener el programa de liberación, sin contar con todos los elementos intrínsecos del mismo, como lo son las normas de origen (y dentro de este tema, necesariamente las medidas antidumping sobre productos originarios y liberados).

Si esto no fuera así, los demás países que conservan su condición de miembros plenos, no tendrían protección ni regulación alguna frente a las importaciones originarias de Venezuela que presentan margen de dumping y que gozan de una desgravación total”;

Que, el artículo 135 del Acuerdo de Cartagena dispone:

“El país miembro que desee denunciar este acuerdo deberá comunicarlo a la comisión. Desde ese momento cesarán para él los derechos y obligaciones derivados de su condición de miembro, con excepción de las ventajas recibidas y otorgadas de conformidad con el programa de liberación de la subregión, las cuales permanecerán en vigencia por un plazo de cinco años a partir de la denuncia.

El plazo indicado en el párrafo anterior podrá ser disminuido en casos debidamente fundados, por decisión de la Comisión y a petición del país miembro interesado.

En relación con los programas de integración industrial se aplicará lo dispuesto en el literal i) del artículo 62”;

Que con fecha 23 de mayo de 2006, mediante misiva Nº SG-C/5/1008/2006 la Secretaría General elevó una consulta al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina relacionada con la competencia de la Secretaría General de concluir esta investigación, iniciada al amparo de la Decisión 456, en razón a las implicaciones que podría tener la presentación de la denuncia del Acuerdo de Cartagena por parte de la República Bolivariana de Venezuela;

Que mediante oficio 166-P-TJCA-2006 del 28 de junio de 2006, suscrito por la presidenta del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la mencionada consulta elevada por la Secretaría General, dicho órgano puso en conocimiento el auto dictado en el proceso 145-AI-2005, mediante el cual se resolvieron aspectos atinentes a los efectos de la denuncia del Acuerdo de Cartagena por parte de la República Bolivariana de Venezuela;

Que el referido auto, de fecha 27 de junio de 2006, por medio del cual se inhibió de seguir conociendo el proceso 145-AI-2005 (acción de incumplimiento interpuesta contra la República Bolivariana de Venezuela por la Secretaría General que fuera admitida a trámite el 28 de septiembre de 2005), el tribunal de justicia manifestó que:

“En el marco del artículo [135 del Acuerdo de Cartagena], la República Bolivariana de Venezuela denunció el Acuerdo de Cartagena, finalizando de pleno derecho para ese país miembro, desde el momento de la presentación de la denuncia, los derechos y obligaciones originados de su condición de país miembro.”

[ …]

“Que, desde ese momento, a la República Bolivariana de Venezuela, con relación a las obligaciones y derechos, le es aplicable el principio de res inter. aliosacta, con la sola excepción de aquellas previsiones que se refieren al programa de liberación que, conforme con el artículo 76 del acuerdo es irrevocable, tengan relación directa con el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones emanadas de dicho programa, cuya validez debe ser garantizada a fin de que tanto la República Bolivariana de Venezuela, como los países miembros que conforman la Comunidad Andina puedan cumplirlos durante el lapso [de cinco años];”

Que, resulta evidente para este tribunal que sin el concurso y aplicación de las disposiciones contenidas en los artículos 72, 73, 75, 76, 77 y 139 del Acuerdo de Cartagena resultaría imposible que se pudiera cumplir a cabalidad lo dispuesto en el artículo 135 del propio tratado, aun cuando las diferencias y controversias que se hubiesen suscitado deberán, necesariamente sustanciarse en otros foros distintos a los de este tribunal y al de la Secretaría General de la Comunidad Andina.”

[…]

Que, conforme a lo anterior, es evidente que, igualmente desde el momento de la denuncia del tratado cesa la condición de país justiciable por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ya que de conformidad con la normativa que regula la actividad de este órgano, este no tiene competencia para resolver los conflictos que se susciten entre los países miembros y un tercero, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 42 del Tratado de Creación del tribunal. En efecto el artículo 5º del estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dispone que ‘el tribunal ejerce su jurisdicción sobre la Comunidad Andina dentro del marco de competencias establecido en el ordenamiento jurídico comunitario’.”

Que de acuerdo a lo mencionado el trámite de los procesos en curso contra el país que ha denunciando el Acuerdo Subregional Andino debe cesar.”;

Que de lo anterior se desprende que a partir de la denuncia del Acuerdo de Cartagena por parte de la República Bolivariana de Venezuela cesaron los derechos y obligaciones de dicho país en relación con el Acuerdo de Cartagena, a excepción de aquellos emanados del programa de liberación. Sin embargo, conforme lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ni este órgano ni la Secretaría General son competentes para conocer y resolver respecto a los asuntos en los que sea parte la República Bolivariana de Venezuela, aun cuando, en razón de la materia, dichos asuntos se encuentren directa o indirectamente relacionados con el programa de liberación, toda vez que la República Bolivariana de Venezuela, para efectos de jurisdicción y competencia, debe ser considerada como un tercer país y no como país miembro;

Que, el artículo 93 del Acuerdo de Cartagena establece un mandato para que la comisión adopte las normas indispensables con el objeto de prevenir o corregir las prácticas que puedan distorsionar la competencia dentro de la subregión, tales como el dumping, y el artículo 94 otorga competencia a la Secretaría General para conocer y, en su caso, autorizar la aplicación de medidas correctivas. En desarrollo de estas normas del tratado fundacional y en aplicación de la Decisión 456, se dio inicio al trámite del presente caso mediante Resolución 905 y se encontró mérito para que el Gobierno de Colombia aplicara medidas provisionales mediante Resolución 939 para impedir que durante el plazo de la investigación se causaran daños de difícil reparación, todo ello mientras la República Bolivariana de Venezuela era un país miembro de la Comunidad Andina;

Que en su artículo 1º la Decisión 456 establece que: “[l]as normas previstas en la presente decisión tienen por objeto prevenir o corregir los daños causados a una rama de la producción de los países miembros, que sean el resultado de distorsiones en la competencia generadas por prácticas de dumping en importaciones de productos originarios de países miembros de la Comunidad Andina.”;

Que, conforme lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el citado auto, la República Bolivariana de Venezuela ha cesado en su condición de país miembro a partir de la denuncia del Acuerdo de Cartagena. En consecuencia, la Secretaría General de la Comunidad Andina ha perdido competencia para la conclusión de la investigación iniciada mediante Resolución 905, toda vez que el trámite se adelantó con base en una disposición aplicable a las prácticas de dumping en la importación de bienes originarios de los países miembros y que la práctica investigada se refiere a la importación de bienes originarios de un país que dejó de ser miembro. En este sentido, la Secretaría General dejó de ser competente para seguir conociendo de la referida investigación;

Que, en relación con lo manifestado por los representantes de Pizano y Tablemac en cuanto a que los países miembros no tendrían protección ni regulación alguna frente a las importaciones originarias de Venezuela en condiciones de dumping y que gozan de una desgravación total, se debe considerar que en la Comunidad Andina son tres los mecanismos disponibles para corregir las prácticas de dumping:

— la Decisión 456, aplicable en los casos de la importación de productos originarios de los países miembros;

— la Decisión 283, aplicable cuando las prácticas originadas en un país de fuera de la subregión amenacen causar o causen perjuicio importante a la producción nacional destinada a la exportación a otro país miembro y cuando las prácticas originadas en un país de fuera de la subregión amenacen causar o causen perjuicio importante a su producción nacional; se trate de los productos a los que se aplique el arancel externo común y, las medidas correctivas deban aplicarse en más de un país miembro; y

— las disposiciones nacionales de los países miembros que son aplicables en todos los demás casos, conforme lo establecido en el artículo 2º de la Decisión 283;

Que, en ese orden, han quedado salvadas las vías, tanto comunitaria de la Decisión 283, como la de aplicación de las disposiciones nacionales, conforme sea el caso, para proteger a la producción de un país miembro frente a prácticas de dumping en la importación de bienes originarios de un tercer país, como pasó a ser, en este caso, la República Bolivariana de Venezuela;

Que en razón de lo anterior este órgano comunitario debe inhibirse en el presente caso de seguir conociendo del trámite de investigación iniciada mediante Resolución 905, y consecuentemente debe abstenerse de concluir la investigación con un pronunciamiento definitivo sobre el mérito de la denuncia y medidas a aplicar;

Que al no poder la Secretaría General establecer en este caso derechos definitivos o celebrar un compromiso de precios, por las razones expuestas, corresponde dejar sin efecto las medidas provisionales autorizadas mediante la referida Resolución 939, confirmada por Resolución 973;

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Decisión 425, contra la presente resolución cabe el recurso de reconsideración dentro de los 45 días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena;

RESUELVE:

ART. 1º—Inhibirse de seguir conociendo del trámite de investigación iniciada mediante Resolución 905 de 2005, y abstenerse de concluir la investigación con un pronunciamiento definitivo sobre el mérito de la denuncia.

ART. 2º—Dejar sin efecto la autorización para la aplicación de medidas provisionales otorgada mediante Resolución 939 de 2005, que fuera confirmada por Resolución 973 de 2005.

ART. 3º—En cumplimiento de lo dispuesto en la Decisión 425, comuníquese a los países miembros y partes interesadas conocidas, la presente resolución, la que entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a 6 de julio de 2006.

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