Contaduría General de la Nación

RESOLUCIÓN 104 DE 2018

(Abril 4)

“Por la cual se regula la atención y respuesta a las distintas modalidades de peticiones, quejas y reclamos que a la UAE Contaduría General de la Nación le corresponda resolver de manera oportuna y de fondo”.

El Contador General de la Nación,

en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confiere el artículo 354 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 298 de 1996, el Decreto 143 de 2004 y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 23 de la Constitución Política consagrada el derecho que tienen todos los ciudadanos para presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, por motivos de interés particular o general y a obtener una pronta y adecuada respuesta.

Que el artículo 22 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que las autoridades deberán reglamentar la tramitación interna de las peticiones que les correspondan resolver, y la manera de atender las quejas para garantizar el buen funcionamiento de los servicios a su cargo.

Que la Ley 1755 del 30 de junio de 2015, regula el derecho fundamental de petición, y que en su artículo 13 determina: toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta respuesta.

Que la Ley 190 de 1995, “Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa”, señala que las quejas y reclamos se resolverán de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Reglamentar el derecho de petición. De conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política y demás normas concordantes, toda persona tiene derecho a formular verbalmente o por escrito, peticiones respetuosas sobre materias que sean de la Contaduría General de la Nación, sea de interés general o de particular, invóquese o no el derecho de petición en la solicitud. En consecuencia, a toda petición deberá dársele trámite.

lgualmente el ciudadano podrá consultar, solicitar información y obtener copias de los documentos, teniendo en cuenta las restricciones de orden legal. Los funcionarios están obligados a tramitar y dar respuesta oportuna y de fondo, independientemente del objeto solicitado. Deberán tener en cuenta el trámite que para cada asunto se prevé y dentro de los términos que se indican en la presente resolución. A falta de norma expresa, se sujetará a lo dispuesto por el Código Contencioso Administrativo.

ART. 2º—Principios orientadores. Todas las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Estos deben servir de guía para la interpretación, ejecución y decisión de los procedimientos administrativos de competencia de la Contaduría General de la Nación, conforme al Código Contencioso Administrativo.

El retardo injustificado en los procedimientos es caudal de sanción disciplinaria que se podrá imponer de oficio o a solicitud de parte interesada, sin perjuicio de la responsabilidad que le pueda corresponder al funcionario por los daños que cause por dalo o culpa grave en el desempeño de sus funciones.

ART. 3º—Contenido de la petición. De conformidad con el artículo 16 de la Ley 1755 de 2015, toda petición deberá contener, por lo menos:

1. La designación de la autoridad a la que se dirige.

2. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y/o apoderado, si es el caso, con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá correspondencia. El peticionario podrá agregar el número de fax o la dirección electrónica. Si el peticionario es una persona privada que deba estar inscrita en el registro mercantil, estará obligada a indicar su dirección electrónica.

3. El objeto de la petición.

4. Las razones en las que fundamenta su petición.

5. La relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite.

6. La firma del peticionario cuando fuere el caso.

PAR. 1º—La autoridad tiene la obligación de examinar integralmente la petición, y en ningún caso la estimará incompleta por falta de requisitos o documentos que no se encuentren dentro del marco jurídico vigente, que no sean necesarios para resolverla o que se encuentren dentro de sus archivos.

PAR. 2º—En ningún caso podrá ser rechazada la petición por motivos de fundamentación inadecuada o incompleta.

ART. 4º—Peticiones verbales. Las peticiones verbales, deberán formularse directamente en la oficina competente para resolverlas según la naturaleza del asunto; su respuesta de ser posible, se hará de manera inmediata y en el orden que fueron presentadas. Si quien presenta la petición pide constancia de haberla presentado, el funcionario la expedirá en forma sucinta.

Las autoridades podrán exigir que ciertas peticiones se presenten por escrito, y pondrán a disposición de los interesados, sin costo, a menos que una ley expresamente señale lo contrario, formularios y otros instrumentos estandarizados para facilitar su diligenciamiento. En todo caso, los peticionarios no quedarán impedidos para aportar o formular con su petición argumentos, pruebas o documentos que los formularios por su diseño no completen, sin que por su utilización las autoridades queden relavadas del deber de resolver sobre todos los aspectos y pruebas que se les sean planteados o presentados más allá del contenido de dichos formularios.

ART. 5º—Recepción. Las peticiones serán recibidas en la Contaduría General de la Nación de la siguiente manera:

1. Por la oficina de archivo y correspondencia donde serán registradas en el programa de recepción aplicable a todas las comunicaciones que se reciben en la Contaduría General de la Nación sistema “Orfeo”. Dicho programa generará la siguiente informacíón: número de radicado, nombre del peticionario, procedencia, fecha de recibo, naturaleza del asunto y fecha aproximada de respuesta al peticionario.

2. A través del correo electrónico contactenos@contaduria.gov.co.

ART. 6º—Petición incompleta o desistimiento tácito. Una vez radicada la petición y en caso de incumplimiento de algunos de los requisitos señalados en el artículo tercero de la presente resolución, y se constate que la actuación puede continuar sin oponerse a la ley, se requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes. A partir del día hábil siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos comenzará a correr el término para resolver la petición.

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual.

ART. 7º—Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, informará de inmediato al interesado si éste actúa verbalmente, o dentro de los diez (10) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito.

Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario.

Los términos para decidir se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la petición por la autoridad competente.

ART. 8º—Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción.

Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes.

PAR.—Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad deberá informar de inmediato, y en todo caso antes del vencimiento del término señalado en la ley, esta circunstancia al interesado expresando los motivos de la demora señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, el cual no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.

ART. 9º—Interrupción de términos. Los términos señalados en el artículo octavo de la presente resolución se interrumpirán en los siguientes casos

1. Mientras se cumple el término decretado para la práctica de pruebas, sí hubiere lugar a ello.

2. Cuando las informaciones o documentos proporcionados por el interesado, no sean suficientemente ilustrativos para decidir, se dará aplicación a lo previsto en el artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ART. 10.—Atención prioritaria de peticiones. Las autoridades darán atención prioritaria a las peticiones de reconocimiento de un derecho fundamental cuando deban ser resueltas para evitar daño irremediable al peticionario, quien deberá probar sumariamente la titularidad del derecho y el riesgo de perjuicio invocados.

Cuando por razones de salud o de seguridad personal esté en peligro inminente la vida o la integridad del destinatario de la medida solicitada, la autoridad deberá adoptar de inmediato las medidas de urgencia necesarias para conjurar dicho peligro, sin perjuicio del trámite que deba darse a la petición.

ART. 11.—Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán el carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución o la ley, y en especial:

1. Los protegidos por el secreto comercial o industrial.

2. Los relacionados con la defensa o seguridad nacionales.

3. los amparados por el secreto profesional.

4. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensiónales y demás registros de personal que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica, salvo que sean solicitados por los propios interesados o por sus apoderados con facultad expresa para acceder a esa información.

5. Los relativos a las condiciones financieras de las operaciones de crédito público y tesorería que realice la Nación, así como a los estudios técnicos de valoración de los activos de la Nación. Estos documentos e informaciones estarán sometidos a reserva por un término de seis (6) meses contados a partir de la realización de la respectiva operación.

ART. 12.—Rechazo de las peticiones de información por motivo de reserva. Toda decisión que rechace la petición de informaciones o documentos será motivada, indicará en forma precisa las disposiciones legales pertinentes y deberá notificarse al peticionario. Contra la decisión que rechace la petición de informaciones o documentos por motivos de reserva legal, no procede recurso alguno, salvo lo previsto en el artículo siguiente.

La restricción por reserva legal no se extenderá a otras piezas del respectivo expediente o actuación que no estén cubiertas por ella.

ART. 13.—Insistencia del solicitante en caso de reserva. Si la persona interesada insistiere en su petición de información o de documentos ante la autoridad que invoca la reserva, corresponderá al tribunal administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si se trata de autoridades distritales y municipales decidir en única instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente, la petición formulada.

Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al tribunal o al juez administrativo, el cual decidirá dentro de los diez (10) días siguientes. Este término se interrumpirá en los siguientes casos:

1. Cuando el tribunal o el juez administrativo solicite copia o fotocopia de los documentos sobre cuya divulgación deba decidir, o cualquier otra información que requieran, y hasta la fecha en la cual las reciba oficialmente.

2. Cuando la autoridad solicite, a la sección del Consejo de Estado que el reglamento disponga, asumir conocimiento del asunto en atención a su importancia jurídica o con el objeto de unificar criterios sobre el tema. Si al cabo de cinco (5) días la sección guarda silencio, o decide no avocar conocimiento, la actuación continuará ante el respectivo tribunal o juzgado administrativo.

ART. 14.—Documentos publicados. Cuando la petición de consulta o de expedición de copias verse sobre documentos oportunamente publicados por la entidad, así lo informará al peticionario mediante escrito en que conste el número y la fecha del Diario, Boletín, Gaceta u otro medio en que se hizo la publicación; en caso de encontrarse agotado el medio, se deberá atender la solicitud como si el documento no hubiere sido publicado.

ART. 15.—Quejas y reclamos. Las quejas y reclamos se resolverán de conformidad con lo preceptuado en el artículo 55 de la Ley 190 de 1995: Las quejas y reclamos se resolverán o contestarán siguiendo los principios, términos y procedimientos dispuestos en el Código Contencioso Administrativo para el ejercicio del derecho de petición, según se trate del interés particular o general y su incumplimiento dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en el mismo.

ART. 16.—Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga la Resolución 363 del 24 de julio de 2012 y las demás normas que le sean contrarias.

Publíquese, y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., abril 4 de 2018.