Comisión Nacional de Crédito Agropecuario

RESOLUCIÓN 11 DE 2011 

(Agosto 23)

“Por la cual se regula el programa especial de fomento y desarrollo agropecuario para financiar proyectos desarrollados por población desplazada, reinsertados y programas de desarrollo alternativo”.

La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario,

en ejercicio de las facultades que le confieren la Ley 16 de 1990 y el Decreto 1313 de 1990,

RESUELVE:

ART. 1º—(Modificado).* Autorizase al fondo para el financiamiento del sector agropecuario, Finagro, para que en su programa de crédito y con cargo a los recursos de inversión obligatoria en TDA clase A y recursos que se reciban de cooperación, nacional o internacional, destine recursos para préstamos a población individualmente calificada como desplazada o reinsertada, o las asociaciones, agremiaciones, cooperativas no financieras y ONG, que asocien, agrupen o integren a población calificada como desplazada o reinsertada, o vinculada a los programas de desarrollo alternativo que determine el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o la entidad definida para el efecto por el Gobierno Nacional, hasta por un saldo máximo de cartera con recursos de Finagro de cien mil millones de pesos ($ 100.000.000.000).

*(Nota: Modificado por la Resolución 3 de 2012 artículo 1° de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario)

ART. 2º—(Modificado).* Los créditos que se otorguen en desarrollo de la presente resolución, se deberán destinar a la financiación del capital de trabajo y las necesidades de inversión propias de: actividades productivas agropecuarias, acuícolas, forestales, de pesca y rurales, reglamentadas por Finagro. En ningún caso se podrán utilizar los recursos para cubrir los costos de establecimiento o de operación de la persona jurídica que actúe como integrador, ni para satisfacer la necesidades básicas del grupo familiar de los vinculados a los proyectos. Se exceptúa de esta prohibición el pago de los servicios de mano de obra que sea prestada para la ejecución del proyecto por la población vinculada; así como los costos operativos para la ejecución y puesta en marcha del proyecto en que incurra el integrador, bien sea directamente o a través de un operador.

Para efectos de la aplicación de lo establecido en esta resolución se deben tener en cuenta los siguientes criterios:

Asociación, agremiación, cooperativa, ONG: Persona jurídica, legalmente constituida, que selecciona y asocia o integra a la población desplazada, reinsertada y la vinculada a programas de desarrollo alternativo, así como las unidades productivas en las que se desarrollarán los proyectos productivos agropecuarios, y que dispone de la capacidad administrativa y técnica para su identificación, formulación y ejecución, asegurando la comercialización de la producción esperada. En el caso de que la persona jurídica no disponga de capacidad administrativa y/o técnica puede contratar los servicios de un operador.

Operador: Persona jurídica, legalmente constituida, que cuenta con la capacidad ad­ministrativa y/o técnica para ejecutar un proyecto productivo agropecuario asociativo que vincule a población desplazada, reinsertada o de programas de desarrollo alternativo, o proyectos individualmente considerados de población desplazada o reinsertada.

Población desplazada, reinsertada o vinculada a programas de desarrollo alternativo: Persona natural que se encuentra registrada en las bases de datos de las entidades definidas por el Gobierno Nacional para el efecto y que por lo tanto cuenta con la certificación de desplazado, reinsertado o desmovilizado, o vinculado a programas de desarrollo alternativo.

Los proyectos que se vayan a desarrollar bajo esquemas asociativos deben contemplar acuerdos y compromisos formales entre los integrantes de la cadena productiva para el desarrollo de la producción bajo condiciones técnicas adecuadas y eficientes de producción, y a través de los mismos se deberá asegurar: la identificación de cada productor y la unidad productiva integrada, asistencia técnica integral, costos de producción por unidad productiva, la absorción, precio y pago de la producción esperada en condiciones preestablecidas acordes con los mercados y con mecanismos que propicien el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes, incluidas las financieras.

*(Nota: Modificado por la Resolución 3 de 2012 artículo 2° de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario)

ART. 3º—Los establecimientos financieros que se vinculen al financiamiento de los programas especiales de fomento agropecuario mediante el otorgamiento de créditos asociativos en las condiciones previstas en esta resolución, en el estudio y aprobación de las solicitudes de crédito y en concordancia con su SARC, deberán efectuar la evaluación de las asociaciones, agremiaciones, cooperativas no financieras, y ONG, que actúen como integradores o ente asociativo; del proyecto en su viabilidad técnica, financiera y ambiental; de las garantías ofrecidas para respaldar la operación y los criterios para estimar su valor y eficacia; y de los integrados en cuanto a su plena identificación y condición de desplazado, reinsertado o vinculado a programas de desarrollo alternativo, así como de las unidades productivas vinculadas al proyecto.

Para los créditos a población individualmente considerada, adicional al cumplimiento del SARC en el estudio y aprobación de las solicitudes, los intermediarios financieros deberán verificar que la persona natural cuenta con la certificación de desplazado o reinsertado.

ART. 4º—Las condiciones financieras de tasa de interés, tasa de redescuento, margen de redescuento, cobertura de financiación y el monto máximo de crédito, serán las definidas en la resolución por la cual se define el programa indicativo de crédito anual.

ART. 5º—La reestructuración o consolidación de pasivos respecto de créditos otorgados bajo esta resolución, podrán mantener las condiciones financieras de tasa de interés, tasa de redescuento y margen de redescuento del crédito original.

ART. 5º (sic) —Las operaciones de crédito que se redescuenten conforme a esta resolución serán objeto de control obligatorio de inversiones por los establecimientos de crédito.

ART. 6º—La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial y deroga la Resolución 18 de 2005.