RESOLUCIÓN 11099 DE 1999 

(Enero 22)

“Por la cual se fijan criterios técnicos y jurídicos para el ejercicio de la actividad de blindajes en los servicios de vigilancia y seguridad privada”.

El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada,

en el ejercicio de sus facultades legales conferidas por el Decreto 2453 de 1993, en concordancia con lo establecido en el Decreto 356 de 1994 y demás disposiciones legales, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo consagrado en el artículo 4º del Decreto 2453 de 1993, corresponde a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en otras funciones, la de velar porque los servicios de vigilancia y seguridad privada se presten de conformidad con el respeto a las normas legales;

Que de conformidad con el artículo 2º del Decreto 356 de 1994, al definir los servicios de vigilancia y seguridad privada, se establece que “para efectos del presente decreto, entiéndese por servicios de vigilancia y seguridad privada, las actividades que en forma remunerada o en beneficio de una organización pública o privada, desarrollan las personas naturales o jurídicas, tendientes a prevenir o detener perturbaciones a la seguridad y tranquilidad individual en lo relacionado con la vida y los bienes propios o de terceros y la fabricación, instalación, comercialización y utilización de equipos para la vigilancia y seguridad privada, blindajes y transporte con este mismo fin”;

Que el artículo 3º del mismo decreto, establece la obligación de todos los servicios de vigilancia y seguridad privada, entre ellos, el relacionado con la actividad blindadora, de obtener licencia de funcionamiento o credencial de parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada;

Que corresponde a la dirección de desarrollo tecnológico, escuelas de capacitación y servicios especiales, en aplicación a lo dispuesto en el numeral 9º del artículo 14 del Decreto 2453 de 1993, evaluar las solicitudes de autorización para establecimiento de servicios de blindaje de cualquier tipo de elementos;

Que es función de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada instruir a los vigilados sobre las disposiciones que regulan su actividad, fijar criterios técnicos y jurídicos que faciliten el cumplimiento de tales normas y, señalar los procedimientos para su cabal aplicación;

Que corresponde al Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada expedir y ejecutar los actos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la superintendencia de acuerdo con las normas legales vigentes;

Que se hace necesario fijar los criterios técnicos y jurídicos en la solicitud, estudio y evaluación, y expedición de las licencias de funcionamiento de servicios de vigilancia y seguridad privada que ejerzan la actividad blindadora;

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

CAPÍTULO I

De las empresas blindadoras para la vigilancia y seguridad privada

ART. 1º—Actividad blindadora para la vigilancia y seguridad privada. Entiéndese por actividad blindadora para los servicios de vigilancia y seguridad privada, en los términos establecidos en el artículo 2º del Decreto 356 de 1994, los servicios de blindaje que comprenden cualquiera de los siguientes tipos:

1. Fabricación, producción, ensamblaje o elaboración de equipos, elementos, productos o automotores blindados para la vigilancia y seguridad privada.

2. Importación de equipos, bienes, productos o automotores blindados o para el blindaje en la actividad de vigilancia y seguridad privada.

3. Comercialización de blindajes para la vigilancia y seguridad privada.

4. Alquiler, arrendamiento, leasing o comodato de equipos, elementos o automotores blindados para la vigilancia y seguridad privada.

5. Instalación y acondicionamiento de elementos, equipos o automotores blindados.

6. Blindaje arquitectónico; ventanas blindadas para puestos de pago y cajeros, garitas blindadas para guardianes, puertas blindadas con detectores de metales, cabinas blindadas con sistemas de control de acceso.

ART. 2º—Empresas blindadoras. Entiéndese por empresas blindadoras las sociedades legalmente constituidas cuyo objeto social consiste en la prestación remunerada de servicios de vigilancia y seguridad privada, a través de los tipos de blindaje señalados en el artículo anterior, para lo cual deberán obtener la licencia de funcionamiento de que trata el artículo 3º del Decreto 356 de 1994.

Estas empresas, no podrán ofrecer ni prestar a ningún título, en beneficio de una persona, empresa o usuario, servicios de vigilancia y seguridad privada, en las modalidades previstas en el artículo 6º del Decreto 356 de 1994.

ART. 3º—Autorización previa. En aplicación de lo consagrado en el artículo 83 del Decreto 356 de 1994, para constituir una empresa de blindajes para la vigilancia y seguridad privada deberá obtenerse la autorización previa de que trata el artículo 9º del Decreto 356 de 1994.

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada se abstendrá de expedir licencias de funcionamiento a las empresas que se dediquen a la actividad blindadora, cuando no hayan obtenido y protocolizado con la escritura de constitución societaria la autorización previa.

La autorización previa, no compromete ni obliga a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para otorgar la licencia de funcionamiento, en aplicación del artículo 3º del mismo decreto: En consecuencia, esta entidad no es responsable de las inversiones realizadas para obtener la licencia, ni sobre los posibles perjuicios ocasionados en razón al capital invertido para cumplir los requisitos legales vigentes.

ART. 4º—Capital social. Las empresas blindadoras para la vigilancia y seguridad privada, deberán mantener y acreditar un capital social suscrito y pagado no inferior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de su constitución, para efectos de ofrecer una garantía permanente de solvencia y afianzar la prenda general de acreedores, contratistas y terceros.

ART. 5º—Licencia de funcionamiento. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, podrá expedir licencia de funcionamiento hasta por cinco (5) años, para ejercer la actividad blindadora previo el cumplimiento de los siguientes requisitos por parte del solicitante:

1. Solicitud dirigida a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, suscrita por el representante legal, en la cual se informe:

a) La dirección de la sede principal y la de las sucursales o agencias en donde pretende desarrollar su actividad, indicando las características generales de sus instalaciones y las condiciones y medidas de seguridad con que cuenta para cumplir las finalidades y objetivos sociales;

b) Sustentación de la capacidad para desarrollar las diferentes actividades de blindaje y cumplir a cabalidad con sus objetivos y finalidades;

c) Las instalaciones y los medios que pretende utilizar para la prestación del servicio, con sus características técnicas, si es del caso, y

d) Los tipos de blindaje que desarrollará y su nivel.

2. Adjuntar los siguientes documentos:

a) Copia auténtica de la escritura de constitución y reformas de la misma;

b) Certificado vigente de existencia y representación legal de la sociedad;

c) Póliza de seguros de responsabilidad civil extracontractual, por un valor no inferior a cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que cubra los riesgos de uso indebido de equipos, medios e instalaciones utilizados en la actividad blindadora, para la vigilancia y seguridad privada.

1. Solicitud de aprobación de instalaciones y medios por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, visita que se realizará de manera previa a la expedición de la licencia de funcionamiento, efecto para el cual el representante legal o personal autorizado pondrá a disposición de esta entidad pública todo lo necesario para tal fin.

ART. 6º—Término para solicitar la licencia. En aplicación de lo contenido en el artículo 83 del Decreto 356 de 1994, concedida la autorización previa, se deberá solicitar la licencia de funcionamiento dentro de los seis (6) meses siguientes a la misma, dando cumplimiento a los requisitos para este efecto. En caso contrario, se tendrán que iniciar los trámites nuevamente y perderá fuerza de ejecutoria la autorización previa concedida.

PAR.—Los servicios de blindaje para la vigilancia y seguridad privada que a la fecha de expedición de la presente resolución se encuentren inscritos en el registro de blindajes que para el efecto lleva la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, deberán solicitar licencia de funcionamiento dentro del término señalado en este artículo. Para tales efectos el registro vigente equivaldrá a la autorización previa de que trata el artículo 3º de este acto administrativo.

ART. 7º—Póliza de seguro. Los servicios de blindaje para la vigilancia y seguridad privada deberán tomar una póliza de seguros de responsabilidad civil extracontractual, contra los riesgos de uso indebido de equipos, medios, instalaciones u otros elementos utilizados para el desarrollo de su actividad, no inferior a cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales vigentes, expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada.

ART. 8º—Sucursales y agencias. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá habilitar a una empresa blindadora para la vigilancia y seguridad privada, mediante autorización previa, el establecimiento, apertura y funcionamiento de una sucursal o agencia, con el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Solicitud dirigida a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, suscrita por el representante legal, en la cual se informe:

a) La dirección de la sede de las sucursales o agencias en donde pretende desarrollar su actividad, indicando también las características generales de sus instalaciones y las condiciones y medidas de seguridad con que cuenta para cumplir sus actividades;

b) Los tipos de blindaje con los que pretende desarrollar su actividad, acorde con lo señalado en la respectiva licencia de funcionamiento de carácter nacional, sustentando su capacidad para entrenar al personal para cumplir a cabalidad con sus objetivos y finalidades, y

c) Las instalaciones y medios que pretende utilizar para la prestación del servicio, con sus características técnicas, si es del caso.

2. Adjuntar los siguientes documentos:

a) Copia auténtica de la escritura de constitución y reformas de la misma.

b) Certificado vigente de existencia y representación legal de la sociedad;

c) Solicitud de aprobación de instalaciones y medios de la sucursal o agencia, cuya visita deberá realizarse de manera previa a la expedición de la autorización, y

d) Información sobre el personal directivo de dicha sucursal o agencia, acreditando las hojas de vida e idoneidad para realizar la actividad blindadora para la vigilancia y seguridad privada.

ART. 9º—Renovación de la licencia. Para efectos de renovar la licencia de funcionamiento, el representante legal o apoderado de la respectiva empresa blindadora, tendrá el deber de elevar la correspondiente solicitud de renovación, dentro de los sesenta (60) días calendario, antes de la pérdida de vigencia de la licencia de funcionamiento.

La solicitud de renovación de la licencia se acompañará de un informe general de actividades de la empresa en donde conste lo siguiente:

1. Estado financiero de la empresa, que incluye el de su sede principal, sucursales y agencias.

2. Relación de servicios prestados a terceros con indicación de sus contratos.

3. Relación del personal que integra la empresa.

4. Relación de equipos, medios y vehículos utilizados en su actividad.

5. Relación de las armas de fuego que utilicen para la realización de pruebas u otras actividades afines.

6. Indicación de la actividad desarrollada por las sucursales o agencias autorizadas, así como los servicios prestados en sitios diferentes a los de su sede principal.

ART. 10.—Las empresas blindadoras deberán elaborar y mantener un registro de usuarios y compradores, el cual deberá contener la siguiente información: nombre, documento de identidad, dirección y teléfono. Esta información deberá mantenerse actualizada y podrá ser solicitada por la superintendencia en cualquier momento.

CAPÍTULO II

Utilización de blindajes para la vigilancia y seguridad privada

ART. 11.—Requisitos para usuarios y compradores de equipos, elementos y automotores blindados. Las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado interesadas en la adquisición, instalación, importación, acondicionamiento, arrendamiento, uso o empleo de blindajes para la vigilancia y seguridad privada, elevarán una solicitud previa de autorización, adjuntando la siguiente información y documentos:

a) Acreditar los requisitos a que se refiere el literal c) del artículo 34 del Decreto 2535 de 1993;

b) Nombre y dirección de la empresa donde trabaja y actividad que desarrolla, así como la dirección de los propietarios o usuarios de los blindajes para vigilancia y seguridad privada;

c) Identificación del objeto a blindar, anexando fotocopia del documento que acredita la propiedad del mismo;

d) Fotocopia autenticada de la cédula de ciudadanía del propietario y/o de los usuarios;

e) Fotocopia autenticada del certificado judicial vigente para personas naturales y usuarios del vehículo;

f) Características del vehículo, elemento o bien que se pretende blindar;

g) Si se trata de acondicionar, indicar la fábrica, establecimiento o taller que efectuará el trabajo mencionando el nivel del blindaje. Si se trata de adquirir un blindado, identificar plenamente a su actual propietario;

h) Si se trata de un traspaso se debe anexar la carta del actual propietario avalando la venta o transacción a realizar;

i) Para personas jurídicas, aportar el certificado de cámara de comercio actualizado y fotocopia autenticada del NIT, y

j) En el caso del contrato de leasing anexar copia del mismo y autorización del representante legal.

PAR.—Presentada la solicitud a que se refiere el presente artículo, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, previo estudio de la solicitud correspondiente, procederá, con base en la potestad discrecional, a conceder la autorización respectiva.

ART. 12.—Vehículos blindados. El comprador, usuario o tenedor que haya adquirido un vehículo blindado o a quien se haya autorizado el mismo, deberá tramitar ante las autoridades competentes la modificación de la tarjeta de propiedad en donde conste o se indique la característica de blindado y el nivel de blindaje.

Una vez efectuado lo anterior, el usuario o comprador deberá remitir copia a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada de la tarjeta de propiedad modificada en donde conste la condición de blindado. En todo caso, la obligación anterior se cumplirá dentro de los cuatro meses subsiguientes a la fecha de expedición del acto administrativo que autorice el acondicionamiento o adquisición del vehículo so pena de incurrir en las sanciones previstas para el régimen de servicios de vigilancia y seguridad privada.

ART. 13.—Identificación. Los propietarios o usuarios deberán portar la tarjeta de propiedad con la indicación de blindado; copia de la resolución de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en la cual se autoriza el blindaje del vehículo y una tarjeta o carné de usuario expedido por la empresa que lo acondicionó.

ART. 14.—Norma remisoria. En lo no contemplado en esta resolución, a los servicios de blindajes para la vigilancia y seguridad privada se les aplicará las disposiciones del Decreto 356 de 1994, en lo pertinente.

ART. 15.—Prohibición. En ningún caso las empresas blindadoras podrán instalar, acondicionar, enajenar, importar y arrendar equipos, elementos o automotores blindados sin que se acredite por parte del usuario la autorización correspondiente expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Las empresas blindadoras deberán exigir al interesado, la presentación de la respectiva resolución previamente a la realización del trabajo o modalidad correspondiente, so pena de incurrir en las sanciones legales y medidas previstas para los servicios de vigilancia y seguridad privada.

ART. 16.—Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de publicación y deroga todas las disposiciones que fueren contrarias, en especial la Resolución 804 del 28 de julio de 1995.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a 22 de enero de 1999.

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