Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

RESOLUCIÓN 1125 DE 2015

(Mayo 11)

“Por la cual se adopta la ruta para la declaratoria de áreas protegidas”.

El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 5º numerales 1º y 4º de la Ley 99 de 1993, en el artículo 40 del Decreto 2372 de 2010 y en los numerales 1º y 3º del artículo 2º del Decreto-Ley 3570 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que el Convenio sobre diversidad biológica, aprobado por la Ley 165 de 1994 indica que los objetivos de conservación de la biodiversidad que se persiguen son: La conservación de la diversidad, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven del uso de recursos genéticos.

Que el referido convenio dispone como acciones de conservación in situ, que cada parte contratante, en la medida de lo posible, debe establecer un sistema de áreas protegidas; elaborar directrices para la selección, establecimiento y la ordenación de las áreas protegidas; promover la protección de ecosistemas de hábitats naturales y el mantenimiento de poblaciones viables de especies en sus entornos naturales, así como el desarrollo ambientalmente sostenible en zonas adyacentes a las áreas protegidas; rehabilitar y restaurar ecosistemas degradados y promover la recuperación de especies amenazadas; armonizar las utilizaciones actuales de la biodiversidad con la conservación y utilización sostenible de sus componentes; establecer la legislación necesaria para la protección de especies y poblaciones amenazadas; respetar y mantener los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad, entre otras.

Que mediante decisión VII.28 de la séptima conferencia de las partes —COP 7— del Convenio sobre diversidad biológica, se aprobó el programa temático de áreas protegidas que confirma que es indispensable hacer esfuerzos para establecer y mantener sistemas de áreas protegidas, aplicando el enfoque ecosistémico con el objetivo de establecer y mantener sistemas completos, eficazmente manejados y ecológicamente representativos de áreas protegidas.

Que atendiendo a lo anterior y teniendo en cuenta el desarrollo del Conpes 3680 de 2010, se expidió el Decreto 2372 de 2010 “por el cual se reglamenta el Decreto-Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto-Ley 216 de 2003, en relación con el sistema nacional de áreas protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y se dictan otras disposiciones”.

Que en el referido decreto, se establecen los criterios que deben orientar la declaratoria de áreas protegidas, así como también se contempla la normatividad vigente y necesaria para el desarrollo de la misma.

Que la designación de nuevas áreas protegidas debe realizarse conforme los preceptos del enfoque ecosistémico, y por ende debe contemplar aspectos de las dimensiones biofísica, socioeconómica y cultural, para lo cual se debe obtener la información correspondiente y más apropiada a estas temáticas, que se encuentran establecidas en el documento de ruta de declaratoria.

Que en el artículo 40 del referido decreto, se ordena al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expedir mediante resolución, una ruta para la declaratoria de áreas protegidas que desarrolle las fases del procedimiento de la misma.

Que dicho procedimiento, tiene por objeto señalar las fases los contenidos, las acciones y las responsabilidades de las autoridades ambientales del orden nacional o regional, para la declaratoria de áreas protegidas.

Que este ministerio de manera conjunta con Parques Nacionales Naturales de Colombia, desarrolló el documento denominado “Ruta declaratoria de áreas protegidas del sistema nacional de áreas protegidas, Sinap”. Lo anterior en virtud de lo establecido en las funciones de Parques Nacionales Naturales de Colombia como coordinador del sistema nacional de áreas protegidas establecidas en el Decreto 3572 de 2011 y la obligación de adoptar la ruta por parte de este ministerio.

Que la ruta para la declaratoria ha sido estructurada en tres fases; una fase considerada de preparación, en la cual a partir de la identificación de las prioridades de conservación se da a conocer la iniciativa a los actores estratégicos; la fase de aprestamiento, en la que se recopila toda la información, se delimita y se categoriza el área; y finalmente la fase de declaratoria, que culmina el proceso mediante la elaboración del documento síntesis y declaratoria.

En mérito de lo expuesto;

RESUELVE:

ART. 1º—Adopción. Adoptar la “Ruta para la declaratoria de áreas protegidas”, la cual hace parte integral de la presente resolución y se incluye como documento anexo de la misma.

ART. 2º—Ámbito de aplicación. La presente resolución aplica para la declaratoria o ampliación de las áreas protegidas públicas a que hace referencia el Decreto 2372 de 2010 o la norma que lo modifique, sustituya o derogue.

PAR.—Lo dispuesto en el presente acto administrativo no aplica a la homologación de áreas protegidas de que trata el artículo 23 del Decreto 2372 de 2010.

ART. 3º—Comunicación. Comunicar el presente acto administrativo a las corporaciones autónomas regionales y para el desarrollo sostenible; Parques Nacionales Naturales de Colombia; Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andreis”, Invemar; Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander Von Humboldt”; Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas “Sinchi”; Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico “John Von Neumann”; y la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

PAR.—Por la dirección de bosques, biodiversidad y servicios ecosistémicos de este ministerio, realizar los actos propios de las disposiciones contenidas en el presente artículo.

ART. 4º—Publicación. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y deroga expresamente el artículo 5º de la Resolución 1526 de 2012.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 11 de mayo de 2015.

Ruta para la declaratoria de áreas protegidas del sistema nacional de áreas protegidas, Sinap

Dirección de bosques, biodiversidad y servicios ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADS, y Parques Nacionales Naturales de Colombia, PNNC

Bogotá, mayo de 2015

Tabla de contenido

1. Introducción

2. Preámbulo

3. Fases

3.1. Fase I: Preparación

— Valoración de la iniciativa.

— Estado del arte de la información social, económica y cultural.

— Canales de comunicación.

3.2. Fase II: Aprestamiento

— Identificación y descripción de actores.

— Participación activa de actores.

— Base técnica y análisis de la propiedad, sectorial y jurídico.

3.3. Fase III: Declaratoria o ampliación

— Sustentación del proceso de declaratoria.

— Acciones complementarias.

— Documentos finales de declaración o ampliación.

— Suscripción acto administrativo de declaratoria o ampliación.

4. Consulta previa

1. Introducción.

Colombia suscribió el Convenio de diversidad biológica aprobado a través de la Ley 165 de 1994, con base en el cual se adquirió el compromiso de conformar y consolidar un sistema nacional de áreas protegidas, Sinap, integrado por el conjunto de áreas protegidas, actores sociales y estrategias e instrumentos de gestión que las articulan, para contribuir al cumplimiento de los objetivos de conservación del país.

Adicionalmente, con la adopción del programa de trabajo sobre áreas protegidas, en el año 2004 y la emisión del documento Conpes 3680 en el año 2010, Colombia se comprometió a establecer y mantener el sistema nacional de áreas protegidas, Sinap, completo, eficazmente manejado y ecológicamente representativo, contribuyendo al logro de los objetivos del Convenio de diversidad biológica.

Dentro del Sinap se incluyen todas las áreas protegidas tanto públicas como privadas, y del ámbito de gestión nacional y regional. Es así, como se presentan diferentes categorías de manejo, de acuerdo al nivel de biodiversidad que protegen, su estado de conservación, la escala de gestión y las actividades que en ellas se permitan.

Las áreas protegidas se definieron en el artículo 2º del Decreto 2372 de 2010 como “área definida geográficamente, que haya sido designada, regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación”. Estas áreas representan una de las estrategias más importantes para conservar la biodiversidad in situ, ya que por medio del diseño y puesta en marcha de diferentes medidas de manejo, se asegura la conservación de los valores naturales, culturales y los servicios ecosistémicos que conservan y proveen.

Es así, como las áreas protegidas contribuyen a la conservación de la diversidad biológica y a garantizar la oferta de servicios ecosistémicos que hacen posible el desarrollo productivo del país y el bienestar de la sociedad, ya que conservan ecosistemas estratégicos para la conservación de especies animales, vegetales y otras formas de vida, manteniendo hábitats claves, refugios, espacios de migración, zonas de desplazamiento y áreas de conexión entre unidades biogeográficas, entre otras. También contribuyen a la regulación del recurso hídrico, a la adaptación y mitigación al cambio climático, a la regulación del clima, a la reducción y mitigación de riesgos naturales, a la seguridad alimentaria y a la protección de las culturas propias de nuestro país, siendo territorios que permiten la pervivencia de poblaciones étnicas y que albergan parte de nuestro patrimonio arqueológico e histórico.

Dada la importancia que tiene la declaración o ampliación de un área protegida, se requiere contar con un documento que oriente técnicamente el desarrollo de este proceso y que sirva de guía para las diferentes iniciativas de las autoridades ambientales nacionales y regionales, los entes territoriales, instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales, institutos de investigación y/o comunidades locales.

En este sentido, el documento que se presenta contiene la ruta que desarrolla las fases del procedimiento de declaratoria de áreas protegidas públicas listadas en el artículo 10 del Decreto 2372 de 2010 en cumplimiento de lo establecido en el artículo 40 del citado decreto, no obstante la metodología específica para aplicarla dependerá de las condiciones particulares de cada caso.

Es importante tener en cuenta que debido a que una realinderación consiste en señalar nuevos límites para excluir o incluir superficie a un área protegida, para efectos de este documento, cuando se pretenda realizar una realinderación que incluya nueva superficie al área protegida, deben seguirse las mismas fases del procedimiento que requiere la declaratoria de una nueva área protegida, para el área a incluir.

La ruta declaratoria está compuesta por 3 fases: la fase I de preparación, en la cual a partir de la identificación de las prioridades de conservación se da a conocer la iniciativa a los actores estratégicos; la fase II de aprestamiento, en la que se recopila toda la información, se delimita y se categoriza el área; y la fase III de declaratoria, que culmina el proceso mediante la elaboración del documento síntesis y declaratoria. Las fases I y II contienen varios componentes que pueden iniciarse en cualquier momento, pueden llevarse a cabo de manera paralela o incluso en algunos casos pueden obviarse algunos, de no considerarse necesarios en el desarrollo de la ruta.

Finalmente, en los casos en que dos o más autoridades ambientales pretendan adelantar de manera conjunta la declaratoria o ampliación de un área protegida, deberán generar espacios de concertación o trabajo conjunto para armonizar y definir estrategias para la aplicación de la ruta.

2. Preámbulo.

Antes de dar principio al desarrollo de la ruta para la declaratoria de áreas protegidas se debe analizar la pertinencia de iniciar este proceso tomando en consideración, entre otros, los siguientes factores:

a) Contribución o aporte al cumplimiento de las metas de representatividad del país: El área a declarar o ampliar está acorde con la meta Aichi 11, la cual establece que “para el 2020, al menos el 17 por ciento de las zonas terrestres y de aguas continentales y el 10 por ciento de las zonas marinas y costeras, especialmente aquellas de particular importancia para la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, deben conservarse en los sistemas de áreas protegidas administrados de manera eficaz y equitativa, ecológicamente representativos y bien conectados y otras medidas de conservación eficaces...”. En este contexto, el documento Conpes 3680 de 2010, a partir de la identificación de vacíos de conservación y definición de prioridades, define los sitios prioritarios a escala nacional para declarar áreas protegidas en zonas continentales, marinas y costeras.

b) Determinación del valor biológico: El área a declarar o ampliar corresponde a lugares denominados “hotspots”, que poseen altos índices de biodiversidad, a zonas de congregación de especies o de protección genética, o a ecosistemas que contienen especies endémicas, raras, de distribución reducida, que estén amenazadas, que presenten algún riesgo de extinción o que sus hábitats estén en riesgo.

c) Provisión de servicios ecosistémicos: El área a declarar o ampliar provee alguno de los siguientes servicios ecosistémicos:

• Conservación de zonas proveedoras y reguladoras del recurso hídrico, que aportan al abastecimiento de poblaciones humanas y al desarrollo de sectores, entre ellos, el agropecuario, el energético y el minero, que utilizan el agua en sus sistemas de producción.

• Reducción de riesgos naturales, como inundaciones, deslizamientos, avalanchas, procesos de remoción en masa, incendios, erosión costera, entre otros.

• Regulación del clima, siendo la solución natural menos costosa y más efectiva para enfrentar el cambio climático ya que aportan a la adaptación y contribuyen en la mitigación del mismo por la fijación y captura de gases efecto invernadero especialmente de los que contienen carbono en sus estructuras.

• Provisión de alimentos, por ejemplo, el Invemar cuenta con análisis de prioridades de conservación de ecosistemas en áreas marinas y marino costeras en la costa pacífica y caribe, donde además del análisis de representatividad, se han identificado zonas que son salacuna de peces y otros recursos que se aprovechan en el sector pesquero.

• Provisión de recursos hidrobiológicos que contribuyen al buen mantenimiento y salud de los mares y océanos del mundo.

• Protección de escenarios que presentan bellezas o excepcionalidades paisajísticas y geomorfológicas, especialmente para ser aprovechados de una manera ordenada por el sector turístico, el sector salud o en procesos de educación e investigación.

d) Protección de áreas asociadas a etnias, culturas propias, restos arqueológicos o patrimonio histórico: El área a declarar o ampliar se traslapa con resguardos constituidos de pueblos indígenas, siendo una garantía de conservación de estos territorios y las etnias que allí habitan y que han contribuido a la protección de los mismos.

Adicionalmente, para el caso de las comunidades afrocolombianas el uso tradicional y ancestral que contribuye a la pervivencia de su cultura y sus costumbres, es posible dentro de las áreas protegidas. De otro lado, la protección de restos arqueológicos y lugares de importancia histórica también pueden ser factores que influyen en la decisión de proteger un territorio bajo alguna de las categorías del Sinap.

Es importante resaltar, que la decisión de declarar o ampliar un área protegida requiere no solo del análisis de estos factores, sino también de un interés social, el cual garantizará en el tiempo que no se generen conflictos socioambientales sobre el territorio, y que al contrario el área protegida se declare con un proceso de apropiación que garantice su conservación y que contribuya en un adecuado manejo.

3. Fases.

3.1. Fase I: Preparación.

La finalidad de esta fase es que a partir de las iniciativas y prioridades de conservación, se identifique el área para iniciar un proceso de declaratoria o ampliación. En esta fase, se realizan los primeros acercamientos con los actores estratégicos relacionados con el área (comunidades, instituciones, empresas, organizaciones sociales o entes territoriales, entre otros), identificando sus expectativas, así como dando a conocer las implicaciones del proceso de declaratoria del área protegida y el papel de la conservación en la construcción y el ordenamiento de su territorio.

Esta fase se desarrolla mediante los siguientes componentes (gráfica 1):

RES 1115 P56
 

Gráfica 1. Componentes de la fase de preparación

— Valoración de la iniciativa.

En general, existen iniciativas de tipo científico o académico elaboradas conforme a estudios de carácter biológico o ecológico. Este tipo de iniciativas son presentadas por instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales o institutos de investigación. De otra parte, hay iniciativas de orden comunitario que sustentan la propuesta con base en la descripción de necesidades específicas de la comunidad, respecto a situaciones de deterioro ambiental o como parte del reconocimiento de servicios ecosistémicos específicos que está generando la biodiversidad. Existen también iniciativas que presentan entes territoriales como municipios o gobernaciones, que generan inclusive movimientos sociales importantes en torno a la creación de un área protegida(1). Igualmente deben considerarse las iniciativas de las propias autoridades ambientales, muchas orientadas tanto a crear nuevas áreas protegidas como a ampliar algunas de las existentes.

Las iniciativas para la declaración o ampliación de un área protegida en el marco de las categorías del Decreto 2372 de 2010, o la búsqueda de otra estrategia de conservación in situ, deben ser analizadas considerando lo siguiente:

— Representatividad biológica a nivel local, regional y nacional.

— Zonas consideradas de alto valor biológico por poseer altos índices de biodiversidad, o contener especies endémicas, raras, o de distribución reducida, que estén amenazadas, que presenten algún riesgo de extinción o que sus hábitats estén en riesgo; o zonas de congregación de especies o de protección genética.

— Provisión de servicios ecosistémicos, como la provisión y regulación del recurso hídrico; la reducción y mitigación de riesgos naturales; la regulación del clima; la provisión de alimento; y la protección de sitios con valor escénico o paisajístico, entre otros.

— Protección de áreas asociadas a etnias, culturas propias, vestigios arqueológicos o patrimonio histórico.

— Otras consideraciones complementarias para la identificación de estas áreas pueden ser los instrumentos de ordenamiento ambiental del territorio, la zonificación adoptada para las reservas forestales establecidas por Ley 2ª de 1959, entre otros.

Una vez analizadas las consideraciones anteriores, cada iniciativa de declaratoria o ampliación de un área protegida debe ser valorada para entender su alcance y especialmente para fortalecerla en los términos legales y técnicos que deben acompañar el proceso.

En la valoración de la iniciativa se realiza una aproximación inicial a los criterios biofísicos, sociales, económicos, políticos y culturales que la enmarcan, como base para entender el alcance de la declaratoria o ampliación, en términos de ubicarla en el mejor escenario de conservación in situ posible. La información recogida inicialmente sobre estos criterios será complementada, compilada y analizada posteriormente en la fase de aprestamiento.

— Estado del arte de la información social, económica y cultural.

En este componente se debe recopilar la información básica existente sobre los actores estratégicos, los sistemas productivos, culturales y simbólicos que reflejen la relación de las comunidades con el área preliminar a declarar o ampliar, con el fin de incorporar el conocimiento de los diferentes intereses e iniciativas en el proceso de declaratoria o ampliación.

Así mismo, es necesario realizar un primer análisis de la propuesta de conservación en relación con las comunidades campesinas, territorios de grupos étnicos, sectores productivos, entidades territoriales, entre otros, que se localizan o tienen influencia en la zona.

— Canales de comunicación.

Este componente debe generar estrategias de comunicación con los actores estratégicos (comunidades, instituciones, organizaciones sociales o entes territoriales, entre otros) involucrados en la propuesta de conservación. Estos canales dan inicio a la generación de confianza y credibilidad por parte tanto de los actores locales como de las instituciones involucradas, la cual solo se logra a partir de la participación activa en el proceso.

Dentro de este componente se presenta frente a los actores estratégicos, de una manera general, la propuesta de conservación, el significado y finalidad de las áreas protegidas, brindando un panorama sobre las características de las categorías de manejo y los beneficios de la propuesta de conservación. Este acercamiento permite que los actores analicen la visión que tienen de su territorio y se consideren las posibilidades de conservación y manejo.

3.2. Fase II: Aprestamiento.

La finalidad de esta fase es compilar la información biofísica, socioeconómica y cultural que sustenta la necesidad de declarar o ampliar el área protegida. De acuerdo con lo establecido en el artículo 41 del Decreto 2372 de 2010, “la autoridad ambiental que adelanta el proceso deberá solicitar información a las entidades competentes, con el fin de analizar aspectos como propiedad y tenencia de la tierra, presencia de grupos étnicos, existencia de solicitudes, títulos mineros o zonas de interés minero estratégico, proyectos de exploración o explotación de hidrocarburos, desarrollos viales proyectados, y presencia de cultivos de uso ilícito”.

La solicitud de información a las entidades competentes debe realizarse en el marco de lo establecido en la Ley 489 de 1998, Ley 1437 de 2011, el Decreto 19 de 2012 y las demás normas relacionadas con la trasferencia de información entre entidades.

En los casos que se contemple la pertinencia de declarar o ampliar diferentes categorías de áreas protegidas dentro del área de interés, se podrá de manera paralela llevar a cabo este proceso para cada una de estas.

Esta fase se desarrolla mediante los siguientes componentes (gráfica 2):

RES 1115 P56A
 

Gráfica 2. Componentes de la fase de aprestamiento

— Identificación y descripción de actores.

En este componente se debe realizar la caracterización de los actores con el fin de tener un conocimiento sobre la red social que incluye entre otros los pobladores, usuarios, instituciones públicas, privadas, nacionales e internacionales, la comunidad científica y el sector productivo relacionado con el área.

— Participación activa de actores.

Este componente pretende elaborar una “Agenda conjunta de trabajo”, que integre a los actores comprometidos en el área de interés, para establecer acuerdos e instancias de coordinación que respondan a la iniciativa de conservación. Igualmente, se identificarán los posibles aliados para el proceso, los recursos financieros, logísticos, operativos y humanos necesarios para la implementación de la agenda conjunta de trabajo.

Dentro de esta agenda se debe incluir la presentación periódica de avances del proceso a la instancia que declara o amplia el área protegida.

— Base técnica y análisis de la propiedad, sectorial y jurídico.

Este componente debe recopilar y analizar la información secundaria e información primaria en los casos que sea pertinente, con el fin de sustentar los criterios biofísicos, socioeconómicos y culturales que se consideran para la declaración o ampliación del área protegida.

El artículo 38 del Decreto 2372 de 2010 establece que se aplicarán como mínimo los siguientes criterios:

• Criterios biofísicos:

a) Representatividad: El área propuesta incluya niveles de la biodiversidad no representados o insuficientemente representados en el sistema de áreas protegidas, de acuerdo a las metas de conservación definidas (D. 2372/2010, art. 38). Este atributo se refiere a que la mayor cantidad y diversidad de sistemas biológicos que se encuentran en el país deben mantenerse.

La representatividad del área puede ser sustentada a partir del análisis de los siguientes aspectos:

• Revisión del sistema nacional y regional de áreas protegidas, para identificar especies, comunidades, ecosistemas o paisajes no representados o insuficientemente representados.

Identificación de ecosistemas presentes en el área propuesta.

• Revisión de ejercicios de priorización regional o nacional, que contengan paisajes y ecosistemas identificados como prioritarios.

• Conectividad con otras áreas protegidas, estrategias de conservación, corredores ecológicos y categorías de protección y manejo de los recursos naturales renovables reguladas por la Ley 2ª de 1959, el Decreto-Ley 2811 de 1974, o por la Ley 99 de 1993 y sus reglamentarios.

b) Irremplazabilidad: El área propuesta considera muestras únicas o poco comunes y remanentes de tipos de ecosistemas, que por causas debidas a procesos de transformación o por su singularidad, no se repiten dentro de unidades espaciales de análisis de carácter superior como biomas o unidades biogeográficas (D. 2372/2010, art. 38). Este atributo se refiere a la conservación de muestras únicas de ecosistemas que no hayan sido transformados o que correspondan a formaciones con elementos o asociaciones particulares. Se encuentra generalmente asociado a los sistemas de categorías de amenaza definidos para ecosistemas a escala nacional o global, ya que estas categorías son las principales indicadoras de la pérdida de extensiones importantes de ecosistemas.

La irremplazabilidad del área puede ser sustentada a partir del análisis de los siguientes aspectos:

• Revisión de la cobertura de la tierra Corine Land Cover, adaptada para Colombia.

• Identificación de biomas que se encuentran en una sola o muy pocas unidades biogeográficas.

• La identificación de ecosistemas que se requieren preservar o restaurar como estrategia de adaptación y mitigación frente a los posibles efectos del cambio climático.

c) Integridad ecológica: El área propuesta permite mantener la integridad ecológica, garantizando la dinámica natural de cambio de los atributos que caracterizan su biodiversidad (D. 2372/2010, art. 38). Se refiere al mantenimiento de los atributos de la biodiversidad, es decir la composición (elementos que conforman el sistema), estructura (aspecto del sistema en el espacio y en el tiempo) y función (relaciones entre sus componentes).

La integridad ecológica del área puede ser sustentada a partir del análisis de los siguientes aspectos:

• Servicios ecosistémicos proporcionados por el área (regulación y oferta hídrica, presencia de áreas de recarga hídrica, cobertura vegetal frente a fenómenos como erosión y remoción en masa, entre otros).

• Estructura y composición de la vegetación.

• Presencia de especies de flora y fauna indicadoras del estado de conservación de los ecosistemas.

d) Grado de amenaza: El área propuesta protege poblaciones de especies consideradas en alguna categoría global o nacional de amenaza o que están catalogadas en esta condición a partir de un análisis regional o local (D. 2372/2010, art. 38). Este atributo se refiere a la conservación de áreas que alberguen especies que se encuentran dentro de alguno de los siguientes criterios de amenaza: reducción del tamaño de la población, distribución restringida o endemismos, deterioro poblacional, uso o comercialización no sostenible.

El grado de amenaza del área puede ser sustentado a partir del análisis de los siguientes aspectos:

• Presencia de especies de fauna y flora endémicas o de distribución restringida.

• Presencia de especies de fauna y flora en alguna categoría global, nacional, regional o local de amenaza de extinción (se recomienda consultar la serie Libros Rojos de Especies Amenazadas de Colombia del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y las Listas Rojas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN.

• Criterios socioeconómicos y culturales:

a) Contribución al mantenimiento de zonas estratégicas de conservación cultural; como un proceso activo para la pervivencia de los grupos étnicos reconocidos como culturas diferenciadas en el país (D. 2372/2010, art. 38).

b) Inclusión de zonas históricas y culturales o sitios arqueológicos asociados a objetivos de conservación de biodiversidad, fundamentales para la preservación del patrimonio cultural (D. 2372/2010, art. 38).

c) Consideración de áreas en las cuales sin haber ocupación permanente, se utilicen los diferentes niveles de la biodiversidad de forma responsable, estableciéndose parcial o totalmente sistemas de producción sostenible (D. 2372/2010, art. 38).

d) Inclusión de zonas que presten beneficios ambientales fundamentales para el bienestar de las comunidades humanas (D. 2372/2010, art. 38).

e) Considerar la propiedad y tenencia de la tierra no como un elemento negativo frente a la posibilidad de alcanzar los objetivos de conservación del área protegida, sino como la posibilidad de generar soluciones efectivas para no comprometer el diseño del área protegida (D. 2372/2010, art. 38).

f) Lograr aglutinar el trabajo y esfuerzo de actores sociales e institucionales, garantizando así la gobernabilidad sobre el área protegida y la financiación de las actividades necesarias para su manejo y administración.

Para sustentar estos criterios socioeconómicos y culturales, se puede analizar la presencia de sitios con valor escénico o paisajístico, relictos arqueológicos y otros sitios de valor histórico, cultural o arqueológico; identificación de diversos sistemas de conocimiento tradicional; uso y manejo tradicional de especies y espacios; formas de tenencia de la tierra; inventario y cartografía predial, en donde se incluya el régimen de tenencia, tipo de propietario (privado, público, comunitario) y distribución (por veredas o municipios); presencia de grupos étnicos y de territorios con titulación colectiva; presencia o iniciativas de constitución de reservas campesinas e instrumentos de planificación ambiental y de desarrollo regional que se encuentren identificados en el área.

A partir del análisis de esta información biofísica, socioeconómica y cultural recopilada, se establece el estado de conservación del área, las oportunidades y limitantes para su protección, y de esta manera se justifica el aporte del área en cuanto a los objetivos específicos de conservación de las áreas protegidas, establecidos en el artículo 6º del Decreto 2372 de 2010. Sin embargo, es importante aclarar que la información temática a tener en cuenta en la construcción de la base técnica, puede variar de acuerdo a las condiciones particulares de cada área.

Se recomienda que durante el proceso de recolección de información primaria y secundaria, la base técnica tenga un carácter participativo que involucre a todos los actores. Igualmente, se recomienda que la información se encuentre en la escala más detallada disponible.

Adicionalmente, es necesario realizar un análisis de la información recopilada sobre todas las actividades, proyectos públicos y privados identificados, autorizaciones y solicitudes existentes en materia sectorial, de manera que permita tener una visión integral de los diferentes intereses y situaciones particulares, para la toma de decisión. Igualmente, se debe realizar un análisis jurídico frente a las implicaciones de la iniciativa de declaratoria sobre los proyectos sectoriales públicos y privados identificados.

Con relación al análisis jurídico frente a situaciones de ocupación y tenencia de propiedad en el área que se pretende declarar o ampliar, se deberá caracterizar e identificar en el máximo posible, la naturaleza jurídica de los predios que la comprenden, así como las relaciones de tenencia entre los sujetos y los bienes inmuebles.

En cuanto a la identificación de la naturaleza jurídica de los predios que se encuentran al interior del polígono del área propuesta, es preciso señalar que estos pueden ser de diversas categorías: propiedad privada, bienes baldíos de la Nación, bienes de uso público o bienes fiscales patrimoniales. De igual manera, las relaciones de tenencia de los predios pueden ser varias: posesión en propiedad privada, ocupación tratándose de bienes baldíos, o posesión por parte del propietario del predio del cual es titular.

La caracterización del área en cuanto a naturaleza predial y relaciones de tenencia, debe realizarse con la información oficial que reposa en las entidades que tienen competencia en materia de propiedad agraria, esto es: el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Incoder, la Superintendencia de Notariado y Registro, notarías, o las entidades que cumplan dichas funciones. Resulta también oportuna la información aportada por tenedores de predios, así como levantamientos prediales que precise la entidad, los que deberán ser analizados en conjunto con las demás recaudadas.

Tal caracterización permitirá a las autoridades ambientales, activar rutas de saneamiento de las áreas, según las tipologías encontradas. Tratándose de ocupación en bienes baldíos de la Nación, deberá dar traslado a las autoridades agrarias para que en el marco de sus competencias adelanten los procedimientos correspondientes.

Tratándose de propiedad privada se podrán adquirir los predios, o proceder a la afectación registral del mismo, conforme a la categoría de área protegida que se designe. La caracterización que conduzca a la identificación de propiedad privada en el área a declarar, permitirá que se adquieran bienes o mejoras de los mismos. En el marco del cumplimiento de las compensaciones por pérdida de biodiversidad, caso en el cual la autoridad ambiental deberá realizar un análisis jurídico del bien o mejora que se recibirá en virtud de tal compensación.

Cuando la autoridad ambiental reciba de un tercero, un predio como resultado de compensación por pérdida de biodiversidad, este deberá salir del dominio de quien lo entrega e ingresar al patrimonio de la entidad, en calidad de bien fiscal patrimonial, no siendo admisible que el tercero se reserve la propiedad o el dominio del bien.

En caso de que no se declare o amplíe el área, y se haya recibido un bien inmueble como consecuencia de compensación por pérdida de biodiversidad, y atendiendo a que este ingresó al patrimonio de la entidad en calidad de bien fiscal patrimonial, esta podrá disponer del mismo conforme a la legislación vigente, procurando la realización de estrategias de conservación en el área del proyecto, para lo cual podrá articularse a aquellas que ejecuten las autoridades ambientales regionales.

Definición de objetivos, delimitación y categorización:

El diseño adecuado del área parte de un ejercicio de integración de información técnica y concertación política regional, orientado a integrar los valores naturales únicos con las perspectivas de ordenamiento regional planteadas para el área por los diferentes sectores comunitarios, institucionales y gremiales (Parques Nacionales Naturales, 2005). La delimitación del área propuesta se realizará con base en la integración de la información técnica y jurídica, y bajo los criterios para la designación o declaración de áreas protegidas establecidos en el artículo 38 del Decreto 2372 de 2010.

Es importante durante la delimitación involucrar a las comunidades cercanas o traslapadas con el área protegida ya que este ejercicio permitirá un reconocimiento social de los límites que tendrá el polígono del área designada o ampliada.

De igual manera, es necesario evaluar la conectividad que va a tener el área con otras áreas protegidas o estrategias complementarias de conservación con el fin de evitar el efecto isla y de borde. Se debe garantizar que el polígono delimitado permita el cumplimiento de los objetivos de conservación del área protegida.

También se definirán los objetivos de conservación relacionados con los valores naturales, culturales y de valoración social del área, los cuales son determinantes en la delimitación y ampliación del área protegida y deben estar acordes con los objetivos de conservación de las áreas protegidas del Sinap definidos en el artículo 6º del Decreto 2372 de 2010.

Es importante resaltar que los objetivos de conservación, son propósitos realizables y alcanzables en el tiempo, que se convierten en el norte para la gestión de un área protegida, deben estar articulados entre sí y con el territorio, evidenciando una intención de manejo integral(2). Los objetivos de conservación de un área protegida son el punto de partida y el punto final hacia el cual se proyectan las acciones de la planeación, orientando la definición de las prioridades de manejo.

De igual manera el logro de los objetivos de conservación permitirá evaluar la efectividad de las decisiones y acciones que han sido la base para el planteamiento de las estrategias de manejo que se implementan y su contribución en el cumplimiento de los objetivos nacionales de conservación(3).

En el caso de tratarse de una ampliación, se debe especificar si el área a incorporar implica adicionar nuevos objetivos de conservación al esquema de planificación del área protegida, complementar los objetivos de conservación previamente establecidos o fortalecer el manejo del área.

Definido el polígono y los objetivos de conservación del área propuesta, es posible avanzar en la definición de la categoría de manejo. Escoger la categoría más apropiada implica analizar la forma como los objetivos de la nueva área protegida corresponden a las categorías y para ello es posible tener dos aspectos en cuenta(4):

— Los elementos conceptuales que definen conservación de biodiversidad, protección, restauración y uso sostenible.

— Los objetivos específicos de las categorías.

Así, por ejemplo, si al analizar los objetivos de conservación del área a declarar, estos se relacionan más con la protección y restauración de elementos de biodiversidad, categorías como parques naturales o santuarios deberán tenerse muy en cuenta. Si por el contrario, los objetivos de conservación están más asociados hacia temas de uso sostenible, categorías como distritos de manejo integrado tal vez sean más apropiadas(5).

Adicionalmente, es necesario considerar en esta definición la manera cómo se presentan en el área a declarar, los siguientes atributos de la biodiversidad:

• Composición: “Atributo de la biodiversidad que hace referencia a los componentes físicos y bióticos de los sistemas biológicos en sus distintos niveles de organización” (D. 2372/2010, art. 2º). Este atributo se refiere a los elementos que conforman el sistema biológico y por lo tanto puede ser analizado a partir de la identificación de la riqueza y diversidad de especies, la presencia de especies nativas, presencia de tipos de hábitat o paisaje característicos en los sistemas ecológicos, entre otros.

• Estructura: “Atributo de la biodiversidad que hace referencia a la disposición u ordenamiento físico de los componentes de cada nivel de organización” (D. 2372/2010, art. 2º). Este atributo se refiere al aspecto que muestra un sistema en el espacio y en el tiempo y por lo tanto puede ser analizado a partir de la identificación del dosel, sotobosque y cubierta herbácea de una comunidad boscosa, la distribución espacial de parches de vegetación, las etapas de sucesión, los patrones del paisaje, entre otros.

• Función: “Atributo de la biodiversidad que hace referencia a la variedad de procesos e interacciones que ocurren entre sus componentes biológicos” (D. 2372/2010, art. 2º). Este atributo se refiere a las relaciones presentes entre los componentes que conforman un sistema biológico y por lo tanto puede ser analizado a partir de la identificación de procesos ecosistémicos, procesos demográficos, procesos en cuanto al uso del paisaje, identificación de interacciones por competencia, depredación y enfermedad, entre otros.

Finalmente, también es necesario considerar el nivel de gestión más adecuado para el área (nacional o regional), de acuerdo a aspectos como el alcance geográfico del área, las competencias en cuanto al manejo del área, y la relevancia del área a nivel nacional o regional.

Con base en el análisis de los aspectos anteriormente descritos, se define la categoría de manejo del área protegida pública, las cuales pueden ser:

a) Sistema de parques nacionales naturales: Está integrado por los siguientes tipos de áreas consagrados en el artículo 329 del Decreto-Ley 2811 de 1974:

• Parque nacional: Área de extensión que permita su autorregulación ecológica y cuyos ecosistemas en general no han sido alterados sustancialmente por la explotación u ocupación humana, y donde las especies vegetales de animales, complejos geomorfológicos y manifestaciones históricas o culturales tiene valor científico, educativo, estético y recreativo nacional y para su perpetuación se somete a un régimen adecuado de manejo.

• Reserva natural: Área en la cual existen condiciones primitivas de flora, fauna y gea; y está destinada a la conservación, investigación y estudio de sus riquezas naturales.

• Área natural única: Área que, por poseer condiciones especiales de flora o gea es escenario natural raro.

• Santuario de flora: Área dedicada a preservar especies o comunidades vegetales para conservar recursos genéticos de la flora nacional.

• Santuario de fauna: Área dedicada a preservar especies o comunidades de animales silvestres, para conservar recursos genéticos de la fauna nacional.

• Vía parque: Faja de terreno con carretera que posee bellezas panorámicas singulares o valores naturales o culturales, conservada para fines de educación y esparcimiento.

b) Reservas forestales protectoras: Espacio geográfico en el que los ecosistemas de bosque mantienen su función, aunque su estructura y composición haya sido modificada y los valores naturales asociados se ponen al alcance de la población humana para destinarlos a su preservación, uso sostenible, restauración, conocimiento y disfrute. Esta zona de propiedad pública o privada se reserva para destinarla al establecimiento o mantenimiento y utilización sostenible de los bosques y demás coberturas vegetales naturales.

c) Parque natural regional: Espacio geográfico en el que los paisajes y ecosistemas estratégicos en la escala regional, mantienen la estructura, composición y función, así como los procesos ecológicos y evolutivos que los sustentan y cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la población humana para destinarlas a su preservación, restauración, conocimiento y disfrute.

d) Distritos de manejo integrado: Espacio geográfico en el que los paisajes y ecosistemas mantienen su composición y función, aunque su estructura haya sido modificada y cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la población humana para destinarlos a su uso sostenible, preservación, restauración, conocimiento y disfrute.

e) Áreas de recreación: Espacio geográfico en los paisajes y ecosistemas estratégicos en la escala regional, mantienen la función, aunque su estructura y composición hayan sido modificadas, con un potencial significativo de recuperación y cuyos valores naturales y culturales asociados, se ponen al alcance de la población humana para destinarlos a su restauración, uso sostenible, conocimiento y disfrute.

f) Distritos de conservación de suelos: Espacio geográfico cuyos ecosistemas estratégicos en la escala regional, mantienen su función, aunque su estructura y composición hayan sido modificadas y aportan esencialmente a la generación de bienes y servicios ambientales, cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la población humana para destinarlos a su restauración, uso sostenible, preservación, conocimiento y disfrute.

Para la propuesta de declaración o ampliación de una categoría de área protegida que implique la exclusión de actividades mineras en áreas de interés minero se deberá dar aplicación a la colaboración, por parte de la autoridad minera nacional, de que trata el artículo 34 de la Ley 685 de 2001. Para entender los alcances del deber de colaboración se recomienda revisar lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-339 de 2002, así como el Consejo de Estado en la sentencia del 23 de junio de 2010, emitida en el expediente Radicado 11001032600020050004100(30987), M.P. Ruth Stella Correa. En todo caso el deber de colaboración entre autoridad ambiental y las autoridades competentes, no limita ni condiciona el ejercicio de la competencia de la autoridad ambiental.

3.3. Fase III: Declaratoria o ampliación

La finalidad de esta fase es culminar el proceso de declaración o ampliación del área protegida, por lo cual a partir de la información recolectada y analizada durante las fases de preparación y aprestamiento, se identificarán los elementos que deben ser tomados en cuenta para la declaratoria.

Esta fase se desarrolla mediante los siguientes componentes (gráfica 3):

RES 1115 P58
 

Gráfica 3. Componentes de la fase de declaratoria o ampliación.

— Sustentación del proceso de declaratoria

Elaborar un documento que sintetice la propuesta de la declaratoria o ampliación, el cual debe contener:

1. Introducción: Descripción del origen y alcance en términos sociales, económicos, culturales, biológicos y geográficos de la propuesta de nueva área protegida o ampliación, señalando los actores sociales e institucionales que han participado en la iniciativa y oportunidades y limitantes que ha tenido el proceso.

2. Localización: Descripción del contexto regional del área protegida o la ampliación. Se debe incluir el polígono del área protegida o la ampliación junto con las entidades territoriales que cobija en términos de extensión (departamentos, municipios, resguardo, territorios colectivos, entre otros), en sistema de proyección Magna Sirgas, indicando el origen.

Si se trata de un área que hace parte de un mosaico de áreas protegidas, deben incluirse los polígonos de las otras áreas que hacen parte del mosaico.

3. Caracterización biofísica, socioeconómica y cultural: Caracterización de los aspectos más relevantes y característicos de la zona en términos de los aspectos biofísicos y socioeconómicos. Así mismo, los grupos humanos que habitan el territorio, su cultura, tenencia de tierra, organizaciones sociales, sus características en cuanto formas de gobierno y ordenamiento territorial, así como una breve descripción de los elementos propios de la economía local y regional.

Dentro de la caracterización socioeconómica se debe incluir la percepción de los diferentes actores sociales e institucionales frente a la declaratoria o ampliación del área protegida, al igual que compromisos y acuerdos.

4. Presiones: Caracterización de las causas, fuentes de presión y efectos que caracterizan las presiones naturales o antrópicas identificadas para el área protegida propuesta.

En este capítulo se debe incluir el análisis de la información recopilada sobre todas las actividades, proyectos públicos y privados identificados, autorizaciones y solicitudes existentes en materia sectorial, de manera que permita tener una visión integral de los diferentes intereses y situaciones particulares, para la toma de decisión. Adicional a lo anterior, se debe incluir el análisis jurídico frente a las implicaciones de la iniciativa de declaratoria sobre los proyectos sectoriales públicos y privados identificados.

Igualmente, se debe incluir el soporte del cumplimiento del deber de colaboración entre la autoridad ambiental y las autoridades competentes frente a las áreas de interés sectorial, en los casos que haya lugar. Si la categoría utilizada excluye o restringe el desarrollo de actividades mineras, tal como lo establece el artículo 34 del Código de Minas, los estudios deben determinar la incompatibilidad o restricción en relación con las actividades mineras.

En el caso de que se trate de una ampliación, se debe presentar el contexto del área protegida existente, especificando las presiones de la zona de ampliación propuesta.

5. Objetivos específicos de conservación: Con base en los objetivos de conservación de las áreas protegidas del Sinap, se deben precisar los objetivos específicos de conservación para el área a declarar. En caso de que el área a declarar complemente un mosaico de áreas protegidas, la definición del (los) objetivo(s) de conservación debe(n) estar articulado(s) con los de las áreas que conforman el mosaico.

6. Justificación: Descripción de los argumentos que sustentan la declaratoria o ampliación del área frente a los criterios biofísicos y socioeconómicos, como por ejemplo: oferta de servicios ecosistémicos, representatividad, integridad ecológica, riesgo de extinción de especies (UICN, libros rojos, información regional o local), irremplazabilidad de ecosistemas, importancia cultural, estado predial y apropiación social frente a la propuesta de declaratoria o ampliación.

7. Delimitación: Presentación del polígono del área protegida o la ampliación de un área existente, indicando con claridad y exactitud los límites geográficos correspondientes. Estos límites deben estar descritos con puntos arcifinios y referenciados en coordenadas planas en sistema de proyección Magna Sirgas, indicando el origen, y deben ir acompañados con la geodatabase (modelo de almacenamiento geográfico) de los elementos que puedan ayudar a verificar los objetos geográficos incluidos dentro de los análisis.

8. Categoría propuesta: Presentación de la categoría del sistema nacional de áreas protegidas a utilizar para la nueva área protegida, y su justificación frente a los objetivos de conservación y el estado de conservación en que se encuentra el área. En caso de que el área a declarar complemente un mosaico de áreas protegidas, se debe resaltar la contribución de la categoría propuesta al alcance de los objetivos de conservación del conjunto de áreas protegidas que conforman el mosaico.

9. Resultados de los compromisos y acuerdos del proceso de consulta previa: En los casos en que se haya realizado consulta previa, se deben presentar los resultados de los compromisos y acuerdos con las comunidades.

10. Acciones estratégicas prioritarias: Descripción de objetivos de gestión definidos para desarrollar las primeras acciones estratégicas en torno a lograr los objetivos de conservación. En este punto se deben destacar las alianzas y oportunidades de gestión en torno al manejo futuro del área protegida o la ampliación.

11. Bibliografía y anexos: Citas bibliográficas utilizadas para documentar la síntesis que se presenta y los anexos.

El documento síntesis debe presentarse en formato digital e impreso ante las instancias encargadas de realizar el concepto previo favorable de la declaración o ampliación del área, al que hace referencia el artículo 39 del Decreto 2372 de 2010. En el caso de tratarse de la declaración o ampliación de áreas protegidas de carácter nacional, deben contar con concepto de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, Accefyn, y para áreas protegidas de carácter regional el mencionado concepto deberá solicitarse a los institutos de investigación adscritos y vinculados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

El concepto previo favorable para la declaratoria o ampliación en unidades ambientales oceánicas y costeras estará a cargo del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andreis, Invemar; para propuestas localizadas en el chocó biogeográfico, a cargo del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico John von Neumann, IIAP; para la región amazónica a cargo del Instituto de Investigaciones Amazónicas, Sinchi, y finalmente para las localizadas en el resto del espacio continental del país, a cargo del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. En los casos que se requiera, se puede solicitar la colaboración del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, el cual deberá remitir los estudios técnicos que disponga, a la instancia que emite el concepto, según los asuntos de su competencia.

Los institutos de investigación científica deben definir con base en la información remitida, los insumos necesarios para emitir el concepto previo, en lo que se refiere a visitas técnicas, entrega de información complementaria, entre otros, y deben acordar con la autoridad ambiental los mecanismos para atender los mismos. En todo caso la emisión del concepto no deberá exceder un término de 3 meses a partir de la fecha de la radicación de la solicitud.

Acciones complementarias

Con base en la articulación de los actores sociales e institucionales relacionados con el área, se identifican y acuerdan las acciones orientadas para dar inicio a la puesta en marcha del área protegida.

Así mismo, en el caso de presentarse comunidades étnicas, se deben tener en cuenta los compromisos de la consulta previa que apliquen.

— Documentos finales de declaración o ampliación

Se deben presentar los siguientes documentos ante la instancia competente que expide el acto administrativo por el cual se declara o amplia el área protegida:

— Documento técnico de soporte de la declaratoria o ampliación

— Concepto técnico: Concepto previo de la instancia de sustentación correspondiente (Accefyn, Invemar, IIAP, Sinchi, IAVH, Ideam).

— Certificaciones: Se deben presentar las certificaciones de presencia de comunidades étnicas en el territorio, expedidas por la entidad competente.

— Protocolización de la consulta previa en el caso que aplique.

— Proyecto de acto administrativo de la declaratoria o ampliación del área protegida: Es elaborado por la autoridad ambiental que adelanta la ruta y debe contener nombre, la categoría de manejo, la delimitación, la extensión de superficie, los objetivos de conservación y los usos permitidos.

Debe ir acompañado con la materialización cartográfica del área a declarar o ampliar, para la cual se deben referenciar los límites del área de interés en coordenadas planas en sistema de proyección Magna Sirgas, indicando el origen, y deben ir acompañados con la geodatabase (modelo de almacenamiento geográfico) de los elementos que puedan ayudar a verificar los objetos geográficos incluidos dentro de los análisis.

Suscripción acto administrativo de declaratoria o ampliación

Suscrito el acto administrativo que declara o amplia el área protegida, por parte de la instancia competente, se deben ejecutar las siguientes acciones:

— Publicación en el Diario Oficial

— Enviar el acto administrativo para la fijación en los despachos de las gobernaciones y municipios que correspondan, en la forma prevista por el artículo 55 del Código de Régimen Político y Municipal, o el que lo modifique y sustituya. Igualmente, se debe enviar a las autoridades ambientales regionales correspondientes, en caso de que estas no sean las encargadas de expedir el acto administrativo por el cual se declara o amplia el área protegida.

Los municipios deberán incorporar el área protegida declarada o la ampliación, como determinante ambiental dentro del plan de ordenamiento territorial o el instrumento que haga sus veces según lo dispuesto en la Ley 388 de 1997 y el Decreto 3600 de 2007.

— Enviar a Parques Nacionales Naturales de Colombia el acto administrativo de la declaración o ampliación del área protegida, junto con el polígono correspondiente en formato shape, en sistema de proyección Magna Sirgas, indicando el origen y acompañado con la geodatabase (modelo de almacenamiento geográfico).

— Incorporar en la plataforma del registro único nacional de áreas protegidas, Runap, la siguiente información: la categoría de manejo, extensión geográfica, polígono correspondiente en formato shape (en sistema de proyección Magna Sirgas), objetivos de conservación y destinación de uso y el acto administrativo de declaratoria o ampliación.

— Ordenar al administrador del área protegida, solicitar la inscripción del acto administrativo correspondiente en los folios de matrícula inmobiliaria de los predios comprendidos dentro del área declarada, según los requerimientos que establece la Superintendencia de Notariado y Registro para tal efecto, así como proceder conforme lo establece el estatuto registral respecto de los bienes baldíos.

En el caso de que se trate de la declaración o ampliación de un área protegida nacional o del sistema de parques nacionales naturales, esta información debe ser remitida por el administrador al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para solicitar la respectiva inscripción ante las oficinas de registro de instrumentos públicos correspondientes.

4. Consulta previa.

Se debe llevar a cabo en los casos en que el Ministerio del Interior certifique la presencia o uso del territorio por comunidades étnicas, sin desconocer, que será la autoridad ambiental la responsable de garantizar el presente derecho fundamental.

La declaración o ampliación de un área protegida es una medida administrativa que tiene implicaciones sobre la ocupación del territorio y el uso permanente de recursos naturales, que puedan realizar comunidades de grupos étnicos reconocidos, por lo que es necesario adelantar un proceso de consulta previa.

“La Constitución Política de 1991 reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación. En este marco, Colombia aprobó el Convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, mediante la Ley 21 de 1991; esta norma establece, entre los compromisos asumidos por el país los siguientes:

a) La adopción de medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger el medioambiente de los territorios que habitan.

b) El respeto a la importancia que tiene para estos pueblos su relación con las tierras y territorios que ocupan y utilizan.

c) El reconocimiento del derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, y la salvaguarda de su derecho a utilizar las tierras a las que han tenido acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia, especialmente cuando se trate de pueblos nómadas e itinerantes.

d) La protección especial a los derechos de estos pueblos sobre los recursos naturales existentes en sus tierras, lo que comprende el derecho a participar en la utilización, administración y conservación de tales recursos, entre otros.

Al mismo tiempo, esta norma consagra los siguientes deberes específicos de los Estados:

a) Consultar, mediante procedimientos apropiados, a los pueblos interesados cuando se prevean medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles directamente.

b) Establecer los medios para que puedan participar libremente en la adopción de decisiones en instituciones de elección y otros organismos responsables de políticas y programas que les conciernan.

c) Garantizar la participación de dichos pueblos en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional que puedan afectarlos directamente.

d) Garantizar el derecho a participar en la utilización, administración y conservación de los recursos naturales existentes en sus tierras.

Por su parte, el Convenio de diversidad biológica, ratificado mediante la Ley 165 de 1994, promueve la creación de sistemas de áreas protegidas, donde se respeten, preserven y mantengan los conocimientos innovaciones prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica. Promueve además este convenio, la aprobación y participación amplia en estas comunidades que poseen estos conocimientos, innovaciones y prácticas y fomenta que los beneficios derivados de su utilización se compartan equitativamente.

Para el caso específico de la designación o ampliación de un área protegida el énfasis debe realizarse en los procesos de formación en conservación y territorio, para que las comunidades apropien la información, se sensibilicen y vinculen positivamente en el proceso mediante la protocolización de la consulta previa. Es decir, el proceso debe estar lo suficientemente construido y validado.

Si bien el ordenamiento jurídico colombiano no establece un procedimiento para realizar la consulta de este tipo de medidas administrativas, algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional en este sentido ayudan a dilucidar los siguientes principios que deben orientar el cumplimiento de este precepto constitucional:

1. La consulta debe sustentarse en el respeto y la buena fe de las partes.

2. Las comunidades deben tener conocimiento pleno y suficiente sobre la propuesta de declaración de un área protegida en los territorios que habitan o utilizan tradicionalmente.

3. Las comunidades deben tener participación real y efectiva en la consulta, así como sus representantes u organizaciones o instituciones genuinamente representativas que están habilitadas para tomar decisiones o hablar en nombre de las comunidades interesadas.

4. La decisión debe estar desprovista de autoritarismo y arbitrariedad.

5. Deberá consultarse y definirse conjuntamente el procedimiento para realizar la consulta previa.

En el proceso de consulta previa, como parte de la metodología concertada, es necesario analizar la incidencia ambiental, social, cultural y económica que pueda tener el área protegida propuesta sobre los territorios de grupos étnicos. Para ello es importante que al menos se pongan en consideración, aspectos como la delimitación, los objetivos de conservación, la categoría escogida, los esquemas o formas de manejo y los usos compatibles o no con el área protegida.

Los acuerdos que se suscriban en el marco del proceso de consulta previa para la declaratoria de un área protegida comprometerán las competencias de las entidades que participen en esa consulta y deberán versar sobre la declaratoria o ampliación del área protegida y sus implicaciones.

Este proceso deberá adelantarse en todas sus etapas conforme a los lineamientos y orientación del Ministerio del Interior, como único organismo competente para coordinar la realización de este tipo de procesos, conforme a los establecido en la Resolución 3598 de 2008 del Ministerio del Interior y de Justicia y la Directiva Presidencial 1 del 26 de marzo de 2010”(56)(sic), la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la normatividad vigente.

La autoridad ambiental que esté llevando a cabo el proceso de declaratoria o ampliación del área protegida, podrá iniciar el proceso de consulta previa en cualquiera de las etapas definidas en esta ruta; sin embargo, al inicio de la fase III se debe contar con la protocolización de la misma.

(1) Parques Nacionales Naturales de Colombia, Zambrano, H. & Pérez, A. 2012. Ruta para la declaratoria de nuevas áreas y ampliaciones en el sistema nacional de áreas protegidas.

(2) Parques Nacionales Naturales de Colombia. Jarro, E. 2011. Lineamientos técnicos para la formulación de objetivos de conservación y valores objeto de conservación. Serie documentos de la caja de herramientas para actualizar, reformular o formular planes de manejo en el SPNN. Bogotá.

(3) Ídem 2.

(4) Ídem 1.

(5) Ídem 1.