Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos —UAESP—

RESOLUCIÓN 119 DE 2013 

(Marzo 20)

“Por la cual se adopta el procedimiento de remuneración a la población recicladora de oficio para la ciudad de Bogotá, D.C.”.

(Nota: Prorrogado el término de vigencia de la presente resolución por la Resoluión 100 de 2014 artículo 1° de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos —UAESP—)

La Directora General de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos —UAESP—,

en ejercicio de las facultades legales, en especial las conferidas en el Acuerdo Distrital 287 de 2007, en los artículos 10 y 14 del Decreto Distrital 564 de 2012, en el artículo 3º numeral 2º del Acuerdo 1 de 2012, en concordancia con el artículo 6º del Acuerdo 4 de 2008 del consejo directivo de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y conforme al Auto 275 de 2011 de la honorable Corte Constitucional y,

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de Colombia consagra en su preámbulo, como fin del Estado colombiano, asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo.

Que el artículo 1º de la Constitución Política establece que Colombia está fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

Que en el artículo 4º de la Constitución Política se establece que:

“La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”.

Que la Constitución Nacional establece, también en el artículo 13, que:

“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, para ello el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. En este sentido, el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan” (subrayado y negrilla fuera de texto).

Que el artículo 25 de la Carta Política reconoce que:

“El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado, por ello toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas” (subrayado y negrilla fuera de texto).

Que el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en la sociedad, está reconocido en el artículo 38 de la Constitución Política de Colombia.

Que la Constitución Política de Colombia establece en el artículo 365 que:

“Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios (...)”.

Que en consulta elevada ante la Superintendencia de Servicios Públicos, Radicado 20134330054151 (Rad. UAESP 20136800025072) ante la pregunta ¿Podría considerarse que la actividad desarrollada por la población recicladora de oficio en condiciones de vulnerabilidad en la ciudad de Bogotá, D.C. se encuentra enmarcada en el numeral 15.2 de la Ley 142 de 1994?, contestó: “... la población recicladora para desarrollar la actividad de reciclaje como parte del aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo, deberá estar constituida como una de las formas asociativas y las personas descritas en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994” (subrayado y negrilla fuera de texto).

Que según los resultados del “Censo de recicladores 2012: Bogotá humana” la mayoría de las y los recicladores de oficio en condiciones de vulnerabilidad no pertenece a ningún tipo de asociación u organización, es decir, trabajan de manera individual.

Que revisada y analizada la Ley 142 de 1994 y en particular el artículo 15, en donde establece quiénes pueden prestar los servicios públicos, el numeral 15.2., dispone que: “Las personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas, o como consecuencia o complemento de su actividad principal, los bienes y servicios propios del objeto de las empresas de servicios públicos” (subrayado y negrilla fuera de texto), y a su vez el numeral 15.4, también establece que pueden prestar los servicios públicos “Las organizaciones autorizadas conforme a esta ley para prestar servicios públicos en municipios menores en zonas rurales y en áreas o zonas urbanas específicas”(1).

Que se considera que la actividad principal de los recicladores es la recuperación para permitir el reciclaje —en los términos definidos por el Decreto Nacional 1713 de 2002— del material potencialmente reciclable, es decir, su actividad principal no es la prestación del servicio público domiciliario de aseo, pero la prestación de éste si es una consecuencia o complemento del ejercicio de su actividad principal, tal y como lo describe el artículo 15.2., de la Ley 142 de 1994.

Que de la actividad principal ejecutada por los recicladores de oficio se deriva como consecuencia la prestación del aprovechamiento en el marco del servicio público domiciliario de aseo que genera un beneficio para la sociedad, por lo cual debe ser remunerada.

Que el Decreto Nacional 1713 de 2002 “Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto-Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la gestión integral de residuos sólidos” establece en el artículo 1º las siguientes definiciones:

“Aprovechamiento en el marco del servicio público domiciliario de aseo. Es el conjunto de actividades dirigidas a efectuar la recolección, transporte y separación, cuando a ello haya lugar, de residuos sólidos que serán sometidos a procesos de reutilización, reciclaje o incineración con fines de generación de energía, compostaje, lombricultura o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales, sociales y/o económicos en el marco de la gestión integral de los residuos sólidos (Definición adicionada por el D. Nacional 1505/2003, art. 1º).

Reciclador: es la persona natural o jurídica que presta el servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento.

Reciclaje. Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos productos. El reciclaje puede constar de varias etapas: procesos de tecnologías limpias, reconversión industrial, separación, recolección selectiva acopio, reutilización, transformación y comercialización.

(...).

Recuperación. Es la acción que permite seleccionar y retirar los residuos sólidos que pueden someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, para convertirlos en materia prima útil en la fabricación de nuevos productos” (subrayado y negrilla fuera de texto).

Que el artículo 67 del Decreto Nacional 1713 de 2002 numeral 5º establece como propósito fundamental de la recuperación y aprovechamiento “(...) Garantizar la participación de los recicladores y del sector solidario, en las actividades de recuperación y aprovechamiento, con el fin de consolidar productivamente estas actividades y mejorar sus condiciones de vida”.

Que el artículo 68 del Decreto Nacional 1713 de 2002 numeral 2º establece sobre las personas prestadoras del servicio de aseo que efectúan la actividad de aprovechamiento que:

“(...) El aprovechamiento de residuos sólidos podrá ser realizado por las siguientes personas:

2. Las personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas o como complemento de su actividad principal, los bienes y servicios relacionados con el aprovechamiento y valorización de los residuos, tales como las organizaciones, cooperativas y asociaciones de recicladores, en los términos establecidos en la normatividad vigente.(...)” (subrayado y negrilla fuera de texto).

Que la Ley 1450 de 2011 “Por la cual se expide el plan nacional de desarrollo, 2010-2014” establece en el parágrafo 2º del artículo 251 que:

“La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios vigilará que dentro de las actividades referentes a la recolección y disposición final de residuos sólidos se considere la inclusión de las organizaciones de recicladores como socios estratégicos del negocio. Se establecerá como meta a las entidades competentes, la organización de estos grupos, la formalización de su trabajo y el reconocimiento al aporte ambiental que realizan en lo referente a la separación de materiales reutilizables” (subrayado y negrilla fuera de texto).

Que el Acuerdo Distrital 287 de 2007 “Por el cual se establecen lineamientos para aplicar las acciones afirmativas que garantizan la inclusión de los recicladores de oficio en condiciones de pobreza y vulnerabilidad en los procesos de la gestión y manejo integral de los residuos sólidos”, establece en el artículo 2º lo siguiente:

“Población objetivo. Lo establecido en este acuerdo tiene como población beneficiaria a los recicladores de oficio en condición de pobreza y vulnerabilidad. Se entiende por reciclador de oficio la persona natural que alista o recupera los residuos para su aprovechamiento. Se entiende por reciclador de oficio en condiciones de pobreza la persona natural que deriva su sustento y el de su familia del reciclaje de residuos sólidos y que tiene su lugar de residencia en inmuebles clasificados en los estratos 1 o 2. PAR.—El estado de vulnerabilidad del reciclador de oficio en condición de pobreza será establecido por la administración distrital en función de su política social y la normativa aplicable” (subrayado y negrilla fuera de texto).

Que el Acuerdo Distrital 287 de 2007 “Por el cual se establecen los lineamientos para aplicar las acciones afirmativas que garantizan la inclusión de los recicladores de oficio en condiciones de pobreza y vulnerabilidad en los procesos de la gestión y manejo integral de los residuos sólidos”, define en su artículo 3º el concepto de acciones afirmativas, y a su turno en el artículo 4º señala los objetivos de las acciones afirmativas en los siguientes términos:

“(...) 1. Establecer mecanismos que permitan condiciones de igualdad real de los recicladores en procesos contractuales vinculados a la gestión y manejo de los residuos sólidos. (...) 4. Apoyar a la población objeto para la creación de formas económicas asociativas, asesorándola en la formulación de un plan de negocios y en alternativas de financiamiento para el emprendimiento. (...) 6. Fortalecer y apoyar la conformación de organizaciones representativas de los intereses de la población objetivo”.

Que el Acuerdo Distrital 287 de 2007, también establece en el artículo 5º dentro de los principios de interpretación de las acciones afirmativas la “solidaridad, dignidad humana, igualdad material, sostenibilidad ambiental, participación, proporcionalidad y temporalidad de la diferenciación positiva”.

Que la Sentencia T-724 de 2003, proferida por la honorable Corte Constitucional en su parte resolutiva contempla:

“(...) Tercero. PREVENIR en los términos del artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, a la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos del Distrito Capital de Bogotá o a la entidad del Distrito que haga sus veces, para que en futuras ocasiones incluya acciones afirmativas a favor de los recicladores de Bogotá, cuando se trate de la contratación de servicios públicos de aseo, debido a que la actividad que ellos desarrollan está ligada con dicho servicio, a fin de lograr condiciones reales de igualdad y de dar cumplimiento a los deberes sociales del Estado, y que por ningún motivo vuelva a reincidir en las omisiones en que incurrió en la Licitación 1 de 2002, respecto de los recicladores de Bogotá”.

Que la honorable Corte Constitucional en Sentencia C-932 de 2007 establece que:

“Por acciones afirmativas se entiende todo tipo de medidas o políticas dirigidas a favorecer a determinadas personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, cultural o económico que los afectan, bien de lograr que los miembros de un grupo subrepresentado, usualmente un grupo que ha sido discriminado, tengan una mayor representación, con el fin de conseguir una mayor igualdad sustantiva entre grupos sociales con problemas de discriminación o de desigualdad de oportunidades” (subrayado y negrilla fuera de texto).

Que la Sentencia C-793 de 2009 de la Honorable Corte Constitucional estableció que:

“Los recicladores informales constituyen un grupo social que, como alternativa de supervivencia, se dedica al reciclaje de basuras, en condiciones de marginamiento y discriminación, razón por la cual, el Estado, no solamente está obligado a adoptar las acciones positivas que sean necesarias para ayudarles a superar la condición de exclusión social en la que viven, sino que debe abstenerse de adoptar medidas que, aunque, con carácter general y abstracto, pretendan impulsar finalidades constitucionalmente legítimas, tengan un impacto desproporcionado sobre la actividad que, como medio de subsistencia, realizan los recicladores informales, sin ofrecerles de manera simultánea, alternativas adecuadas de ingreso. (...) La jurisprudencia constitucional ha señalado que a partir de la cláusula del Estado social de derecho, en ocasiones, el análisis de constitucionalidad de las normas debe hacerse teniendo en cuenta el contexto económico y social en el que están llamadas a desenvolverse, lo cual, a su vez, puede implicar una consideración al derecho al mínimo vital y a los deberes de las autoridades en torno a la igualdad de grupos marginados y discriminados” (subrayado y negrilla fuera de texto).

Que la honorable Corte Constitucional, en respuesta a una solicitud de cumplimiento de la Sentencia T-724 de 2003 presentada por la Asociación Cooperativa de Recicladores de Bogotá (ARB), expidió el Auto 275 del 19 de diciembre de 2011.

Que la honorable Corte Constitucional, en el Auto 275 del 19 de diciembre de 2011, incluyó dentro de sus consideraciones que:

“38. Ahora bien, a pesar de que la finalidad de las acciones afirmativas es compensar una situación dada y modificar el status quo contrario a la Constitución, esto no significa que tenga que hacerlo de manera inmediata. Como bien se dijo con anterioridad, estas medidas pueden ser progresivas, pero —en todo caso— eficaces. Esto implica que pueden conllevar transformaciones paulatinas.

Sin embargo, la progresividad también tiene como consecuencia que las medidas adoptadas por el Estado siempre contemplen modificaciones de la situación que genera la exclusión. Esto se observa en la orden dada por la Corte Constitucional en la Sentencia T-724 de 2003, cuyo cumplimiento se analiza en esta providencia, donde se dijo a la autoridad administrativa del momento —hoy remplazada en sus competencias por la UAESP— que incluyera acciones afirmativas a favor de los recicladores del distrito.

(...).

87.4. Se observa la ausencia de remuneración formal del servicio público de recolección y transporte de residuos aprovechables que se radica en cabeza de los recicladores, vía tarifa o a través de un sistema de precios. Ello por cuanto si bien la metodología tarifaria prevista en la Resolución CRA 351 de 2005, consideró el aprovechamiento como un incentivo para los usuarios dentro del componente de disposición final, dirigido a que disminuya la tarifa a partir del cálculo de un porcentaje de reducción de residuos por efecto del aprovechamiento cuyo costo “será igual al valor que genera indiferencia en el costo de disposición final al suscriptor, ajustado por las diferencias generadas por concepto de tramo excedente”, lo cierto es que el servicio de recolección y transporte como componente tarifario es inexistente. Al trasladar la prestación de este servicio al reciclador no se consagra ninguna remuneración vía tarifa, como tampoco la obtendrá para efectos de formalizar su actividad de la comercialización de los residuos, en la medida que no existe un sistema de precios unificado en los centros de acopio”.

(...).

109.

... El esquema que contenga las mencionadas acciones positivas en favor de los recicladores se podrán incluir a nivel de regulación distrital, en el plan de gestión integral de residuos sólidos —PGIRS—, siempre que su ejecución se materialice en el corto plazo, en los procesos de concesión y/o contratación de servicios de aseo, así como en la prestación misma de los mencionados servicios públicos, de acuerdo con las pautas generales y criterios ya señalados por esta corporación en sus diferentes providencias (en especial la Sent. T-724/2003 y el Auto 268/2010), la normatividad vigente y la especificidad del componente de aseo”.

(...).

112. En consecuencia, se ordenará al Distrito definir con la colaboración técnica de la CRA —a quien se exhortará para tal efecto—, parámetros especiales que definan cómo serán ofrecidos en la práctica los servicios de reciclaje, tratamiento y aprovechamiento de residuos y, la forma en que la prestación de los mismos deberá ser remunerada, bien a través de la tarifa o bien mediante la fijación de un esquema de precios, de forma que estos componentes sean manejados íntegramente por las organizaciones de recicladores que entren en proceso de regularización.

En ese orden, se deberá señalar la manera en que el esquema de libre competencia u otro legalmente posible para los componentes de reciclaje, tratamiento y aprovechamiento se coordinará con otros modelos de operación como la concesión de áreas de servicio exclusivo autorizadas para los componentes de recolección y transporte de residuos no separados o cualquier otro modelo, garantizando alternativas a través de las cuales sectores de la población tradicionalmente marginados, participen de manera real y material en la prestación del servicio público de aseo en sus componentes complementarios de reciclaje, transformación y aprovechamiento. Este aspecto deberá reflejarse en el esquema de metas a corto plazo señalado en el numeral 105 de esta providencia.

(...).

118. Para la Sala es necesario precisar que las medidas de acción afirmativa llamadas a ser dispuestas, pueden representar deberes, cargas u obligaciones para los recicladores en razón a que prestan un servicio público con ingentes beneficios ambientales para el colectivo, tal y como ha sido señalado a lo largo de esta providencia. En ese sentido, el esquema de medidas a cumplir en el corto plazo, de conformidad con la normatividad existente y con las órdenes contenidas en esta providencia, deberá establecer compromisos, cargas y obligaciones en cabeza de los recicladores para su adecuada normalización. Lo anterior, por cuanto la protección especial que merecen como sujetos en condiciones de vulnerabilidad no es obstáculo para disponer acciones de doble vía, dada la naturaleza del servicio público domiciliario y esencial del cual participan” (subrayado y negrilla fuera de texto).

Que el Auto 275 de 2011 en su parte resolutiva, ordenó:

“Tercero. Ordenar a la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) —o la entidad que haga sus veces—, que defina un esquema de metas a cumplir en el corto plazo con destino a la formalización y regularización de la población de recicladores, que contenga acciones concretas, cualificadas, medibles y verificables, el cual debe ser entregado a la Corte Constitucional, así como a la Procuraduría General de la Nación a más tardar el 31 de marzo del año 2012. Dicho plan deberá definirse a partir de las órdenes previstas en los numerales 109 a 118 de esta providencia.

(...).

Quinto. Exhortar a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) para que revise y defina parámetros generales para la prestación de los servicios de separación, reciclaje, tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos en los términos establecidos en el numeral 115 de esta providencia. La CRA remitirá un informe de los parámetros que hayan sido o vayan a ser fijados a la Corte Constitucional a más tardar dentro del primer trimestre del año dos mil doce (2012).

La CRA deberá asegurarse de que tales parámetros se reflejen en la estructura tarifaria que por virtud de la ley debe ser fijada en el año dos mil doce (2012).

Sexto. Exhortar a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), para que acompañe y preste su colaboración al Distrito —a través de la UAESP o de la entidad que haga sus veces—, en la definición de la regulación especial a nivel distrital dirigida a la regularización de la población de recicladores en los componentes de separación, reciclaje, trasformación y aprovechamiento de residuos, en los términos del numeral 116 de esta providencia”.

Que dentro del conjunto de órdenes impartidas por la honorable Corte Constitucional en la misma providencia citada dispuso que “... Lo expuesto, requiere habilitar un modelo que opere en dos vías, esto es: un trabajo coordinado en materia de regulación en el nivel distrital y en el nivel nacional”.

Que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico —CRA— en comunicado de prensa publicado su página web, en la sección servicios de información al ciudadano, subsección noticias del 21 de junio de 2012 www.cra.gov.co afirmó que:

“El director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), Alejandro Gualy Guzmán, aclaró en el día de hoy que “la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos del Distrito Capital (UAESP), puede incluir una remuneración para los recicladores en el esquema del servicio público de aseo, que está próxima a licitar, sin necesidad de esperar por la expedición de la nueva metodología tarifaria que debe promulgar la CRA para este servicio público” (subrayado y negrilla fuera de texto).

Que por oficio radicado CRA 20124010036511 recibido por la UAESP el 27 de junio de 2012, (Rad. UAESP 20126800090952), comunicó que

“... cabe aclarar que el esquema de aprovechamiento a partir de costos evitados, propuesto por esta Comisión de Regulación a la Corte Constitucional en cumplimiento al Auto 275 de 2011 y aprobado con el Auto 84 de 2012, es un esquema que se está desarrollando dentro de la revisión quinquenal del marco tarifario para el servicio público de aseo y que se propondrá para la nueva metodología tarifaria del mencionado servicio. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la UAESP podría implementar en el corto plazo un esquema operativo que se ajuste a los requerimientos de la Corte Constitucional, partiendo de las posibilidades de remuneración que ofrece la metodología tarifaria vigente” (subrayado y negrilla fuera de texto).

Que la CRA por medio de un comunicado de prensa del 21 de diciembre de 2012, con el título: “El Distrito puede hacer todo lo que necesita en aseo con la metodología actual: CRA” expresó que: “Desde el mes marzo de 2012, esta comisión se pronunció en el sentido que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos del Distrito Capital (UAESP), puede incluir una remuneración para los recicladores en el actual esquema del servicio público de aseo, sin necesidad de esperar la expedición de un nuevo marco para este servicio público” (subrayado y negrilla fuera de texto).

Que en Oficio Radicado CRA 20132110005791 del 25 de febrero de 2013, la CRA expresó que: “Así mismo, es necesario indicar que para recibir remuneración por la realización de la actividad de aprovechamiento, el reciclador no requiere ostentar la categoría de entidad tarifaria local” (pág. 8).

Que el Acuerdo Distrital 489 de 2012 “Por el cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá, D.C. 2012-2016 Bogotá humana” determinó en el parágrafo del artículo 30 “(...) el esquema de metas presentada a la Corte Constitucional, en cumplimiento del Auto 275 del 19 de diciembre de 2011 y avalado por el auto de 19 de Abril de 2012, será cumplido por la administración como parte del programa basura cero (...)”.

Que el Decreto Distrital 564 de 2012 establece en el artículo 10 que:

“ART. 10.—Remuneración a recicladores de oficio. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP está autorizada para pagar de la tarifa de aseo, la remuneración del reciclaje; en consecuencia, deberá integrar dicha actividad, a la de recolección, transporte y disposición final, en el sentido de remunerarlas al valor correspondiente, en igualdad de condiciones materiales a las que se reconoce la remuneración de los operadores que recolectan residuos ordinarios no reciclables que conducen al relleno sanitario.

PAR.—En todo caso la tarifa al usuario deberá mantenerse dentro de los límites fijados por la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA” (subrayado y negrilla fuera de texto).

Que en el Decreto Distrital 564 de 2012 se dispone que:

“ART. 14.—Remuneración a recicladores de oficio. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. EAAB-ESP, y las demás empresas de servicios públicos que presten el servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá, realizarán las acciones necesarias para que con cargo a la tarifa, en forma progresiva se remunere la actividad del reciclaje, y, además, en la prestación del servicio de aseo, cualquiera que sea la modalidad, se dará estricto cumplimiento a las normas sobre contribuciones y subsidios establecidas en el régimen legal. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-UAESP verificará el cumplimiento de estas condiciones y ejercerá las funciones de supervisión y control en las distintas etapas de determinación de las tarifas, facturación y pago. PAR.—En todo caso las tarifas aplicadas al usuario corresponderán a las establecidas en las normas vigentes” (subrayado y negrilla fuera de texto).

Que teniendo en cuenta que en virtud del Contrato Interadministrativo 17 de 2012 suscrito entre la UAESP y la EAAB, ésta tiene a su cargo el manejo de los recursos provenientes del recaudo por la prestación del servicio de aseo en la ciudad de Bogotá, D.C., y que con cargo a esos recursos debe hacerse la remuneración a los recicladores de oficio, le compete a la EAAB efectuar el pago a los recicladores previa autorización de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, y conforme a los actos administrativos de reconocimiento que para tal efecto expida bimestralmente.

Que la UAESP ha establecido la viabilidad técnica, económica, financiera y metodológica para remunerar a los recicladores de oficio registrados en el censo, tal y como consta en los análisis efectuados por la subdirección de aprovechamiento de la unidad.

Que la Resolución UAESP 061 de 2013 “Por el cual se crea el registro único de recicladores de oficio —RURO—, el registro único de organizaciones de recicladores —RUOR— y se establecen los criterios para la configuración de organizaciones de recicladores de oficio como organizaciones de recicladores habilitadas en Bogotá, D.C.”, adopta el censo de recicladores y crea el registro único de organizaciones de recicladores.

Que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, el 13 de diciembre de 2012, a través de la página web institucional, definió el procedimiento para que las bodegas privadas de reciclaje se constituyeran en centros de pesaje transitorios, a efectos de determinar la cantidad de material potencialmente reciclable recuperado por los recicladores, actividad que empezó a desarrollarse a partir del 18 de diciembre.

Que se hace necesario e imperativo dar cumplimiento a las disposiciones normativas y jurisprudenciales antes señaladas, en especial, a las órdenes impartidas por la honorable Corte Constitucional a través de la Sentencia T-724 de 2003 y el Auto 275 de 2011, estableciendo mecanismos que permitan remunerar a los recicladores la recolección y el transporte del material potencialmente aprovechable, así como el incentivo al aprovechamiento como parte de la implementación de acciones afirmativas a favor de esta población, y cuya ejecución fue ordenada a la UAESP mediante los artículos 10 y 14 del Decreto Distrital 564 de 2012.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Remuneración a los recicladores. De conformidad con los numerales 2º y 4º del artículo 15 de la Ley 142 de 1994 y en cumplimiento de las órdenes impartidas por la honorable Corte Constitucional, especialmente las contenidas en la Sentencia T-724 de 2003 y el Auto 275 de 2011, reconózcase a los recicladores de oficio, en las condiciones señaladas en esta Resolución y como acción afirmativa, la remuneración a su labor en las actividades de recolección, transporte y el incentivo, como parte del componente de aprovechamiento del servicio público domiciliario de aseo.

PAR. 1º—La remuneración reconocida mediante el presente acto, tiene como propósito implementar acciones afirmativas a favor de los recicladores de oficio, en su carácter de población vulnerable; una vez dicha condición sea superada con ocasión de su participación como operarios formales del servicio de aseo en la ciudad, éstos dejarán de ser sujetos del reconocimiento aquí establecido y deberán ceñirse a la remuneración definida por la UAESP a los prestadores del servicio público de aseo.

PAR. 2º—A su vez, la remuneración al reciclador de oficio reconocida mediante el presente acto, establece los medios y las condiciones a efectos de lograr la formalización y la regularización de la población recicladora en condiciones de igualdad material y participar en la prestación del servicio de aseo en la ciudad.

ART. 2º—Definiciones. Para los efectos de esta resolución, se adoptan las siguientes definiciones:

Material potencialmente reciclable: Es aquel residuo que no es objeto de rechazo y que puede insertarse de manera directa en la cadena del reciclaje.

Centro de pesaje: Lugar destinado al pesaje del material potencialmente reciclable, ubicado dentro del perímetro de Bogotá, D.C., en el cual se determina con exactitud el peso del material potencialmente reciclable recolectado y transportado por los recicladores de oficio censados o vinculados en el registro único de recicladores de oficio RURO. El centro de pesaje puede ser público o privado.

Centro de pesaje público: Es el punto de pesaje operado directamente por la UAESP para determinar el peso del material potencialmente reciclable recolectado y transportado por los recicladores de oficio censados o vinculados en el registro único de recicladores de oficio —RURO—.

Centro de pesaje privado: Es el punto de pesaje de propiedad de particulares adoptado de manera transitoria por la UAESP para determinar el peso del material potencialmente reciclable recolectado y transportado por los recicladores de oficio censados o vinculados en el registro único de recicladores de oficio —RURO—.

Supervisor de pesaje: Es la persona designada por la UAESP para certificar que el pesaje se realice con exactitud en los puntos de pesaje.

(Nota: Modificado en lo pertinente por la Resolución 388 de 2013 artículo 1° de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP)

ART. 3º—Recicladores de oficio censados o en el registro único de recicladores de oficio —RURO—. Esta resolución únicamente está dirigida a la población de recicladores de oficio en condiciones de vulnerabilidad que se encuentran registrados en el censo de recicladores Bogotá humana 2012, efectuado en virtud el Convenio Específico 1 de 2012 suscrito entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la UAESP o que se encuentren en el registro único de recicladores de oficio —RURO—, conforme lo establecido en la Resolución UAESP 61 de 2013.

ART. 4º—Pesaje de la cantidad de material potencialmente reciclable. Los recicladores de oficio deberán pesar el material potencialmente reciclable en los puntos de pesaje públicos y privados, y deberán diligenciar la planilla de pesaje que para tal efecto proporcionó la unidad. En caso de que no se pese el material potencialmente reciclable, no podrá realizarse reconocimiento económico alguno.

PAR. 1º—La remuneración reconocida mediante el presente acto se realiza sobre el pesaje del material potencialmente reciclable únicamente, es decir, después de la exclusión de los residuos rechazados que serán objeto de disposición final.

PAR. 2º—Los recicladores de oficio se deben comprometer a pesar por una sola vez el material potencialmente reciclable y a consignar con total veracidad la información en las planillas de pesaje.

PAR. 3º—Los propietarios o administradores de los centros privados de pesaje harán constar por escrito, bajo la gravedad de juramento, que la información suministrada por ellos en planillas sobre cantidades de material potencialmente reciclable recuperadas por recicladores de oficio es veraz, para proceder a la remuneración que refiere la presente resolución.

PAR. 4º—(Nota: Adicionado por la Resolución 388 de 2013 artículo 2° de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP)

PAR. 5º—(Nota: Adicionado por la Resolución 388 de 2013 artículo 2° de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP)

ART. 5º—Supervisión del pesaje. La subdirección de aprovechamiento de la UAESP adelantará acciones de seguimiento a los centros de pesaje privados a fin de verificar el cumplimiento del procedimiento que regula la presente resolución. Así mismo, será la encargada de operar los centros públicos de pesaje mediante la figura de supervisores de pesaje.

ART. 6º—Reconocimiento de la cantidad de material potencialmente aprovechable recuperado. La UAESP a través de un acto administrativo motivado reconocerá, de manera bimestral, la cantidad de kilogramos recolectados y transportados por cada uno de los recicladores de oficio, desde el 18 de diciembre de 2012, y su valor correspondiente en pesos, teniendo en cuenta la planilla y/o el instrumento de pesaje que para tal efecto proporcionó en los centros de pesaje autorizados.

PAR.—El valor reconocido no genera intereses, ni indexación, tampoco genera derecho a actualizaciones de ningún tipo.

PAR.2°—(Nota: Adicionado por la Resolución 388 de 2013 artículo 3° de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP)

ART. 7º—Pago. Los valores reconocidos por la recolección y el transporte del material potencialmente aprovechable recuperado y pesado a los recicladores de oficio como persona natural o como persona jurídica se definirán de conformidad con el artículo 15, numerales 15.2 y 15.4, de la Ley 142 de 1994.

PAR. 1º—Las organizaciones de recicladores deben cumplir con todos los requisitos del Decreto Nacional 421 de 2000 “Por el cual se reglamenta el numeral 4º del artículo 15 de la Ley 142 de 1994, en relación con las organizaciones autorizadas para prestar los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico en municipios menores, zonas rurales y áreas urbanas específicas”, o de la norma que lo modifique, sustituya o adicione.

PAR. 2º—De acuerdo con lo establecido en el Contrato Interadministrativo 17 de 2012 cláusula tercera numeral 3.2, la UAESP autorizará a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá —EAAB— para que realice el pago de que trata el presente artículo.

ART. 8º—Adopción de la metodología tarifaria contenida en las resoluciones 351 y 352 de 2005 de la comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico. Se adopta la metodología tarifaria establecida por las resoluciones 351 y 352 de 2005.

El valor de la recolección y transporte del material potencialmente reciclable se calculará conforme lo establecido en el artículo 12 de la Resolución 351 de 2005, así mismo se reconocerá a los recicladores de oficio el valor total del incentivo al aprovechamiento contenido en el artículo 17 de la Resolución 351 de 2005 que a la letra dice:

“(...) Aprovechamiento. Como incentivo a las actividades de aprovechamiento, éstas se considerarán para efectos de tarifa, como una actividad de disposición final, cuyo costo máximo será igual al valor que genera indiferencia en el costo de disposición final al suscriptor, ajustado por las diferencias generadas por concepto de tramo excedente, así:

CDTA = 11.910 + (CTEK - CTEA) ($/Tonelada)

Donde: CDTA: Costo máximo a reconocer, por tonelada recibida en el sitio de aprovechamiento ($/Tonelada).

CTEk: Costo máximo a reconocer, por tonelada transportada en el tramo excedente hasta el sitio de disposición final ($/Tonelada).

CTEA: Costo máximo a reconocer, por tonelada transportada en el tramo excedente hasta el sitio de aprovechamiento ($/Tonelada).

PAR.—Se reconocerá como CDT máximo el establecido en este artículo para otras tecnologías diferentes a relleno sanitario, cuando estas cumplan con las autorizaciones que prevea la normatividad ambiental vigente (...)”.

PAR.—Si durante la vigencia de la presente resolución, la Comisión de Regulación y Agua Potable —CRA—, expide la regulación ordenada por la Corte Constitucional en el exhorto quinto del Auto 275 de 2011, se adoptará la metodología tarifaria correspondiente.

ART. 9º—Estímulos a la creación de organizaciones de recicladores. La UAESP priorizará a los recicladores de oficio que reporten la cantidad de kilogramos recolectados a través de las organizaciones de recicladores en la implementación de las acciones afirmativas que desarrolle el Distrito Capital.

ART. 10.—Deberes y obligaciones de la población recicladora. En virtud del considerando número 118 del Auto 275 de 2011 de la Corte Constitucional, las y los recicladores de oficio deben respetar las disposiciones de orden constitucional, legal, reglamentario y regulatorio para percibir el reconocimiento económico del que trata la presente resolución.

ART. 11.—Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación y tendrá un término de vigencia de hasta un (1) año, momento en el cual se revisarán las condiciones existentes y se evaluará la necesidad de implementar modificaciones o ajustes. Contra la presente resolución no procede recurso alguno.

(Nota: Prorrogado el término de vigencia de la presente resolución por la Resoluión 100 de 2014 artículo 1° de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos —UAESP—)

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 20 de marzo de 2013.

(Nota: Prorrogado el término de vigencia de la presente resolución por la Resoluión 100 de 2014 artículo 1° de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos —UAESP—)