Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

RESOLUCIÓN 129 DE 2017

(Mayo 26)

“Por la cual se adoptan los lineamientos para la planificación y gestión territorial por barrido predial masivo de la Agencia Nacional de Tierras y se dictan otras disposiciones”.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

en ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas en el numeral 4 del artículo 3º del Decreto 1985 de 2013 y el numeral 4 del artículo 11 del Decreto-Ley 2363 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que el ordenamiento productivo y social de la propiedad rural es la política pública del Gobierno Nacional para transformar el campo colombiano, y debe ser el resultado de un proceso de planificación participativo y multisectorial de carácter técnico, administrativo y político, el cual busca contribuir en la armonización de la gestión de los usos agropecuarios y la tenencia de la tierra rural, de manera que se mejore o mantenga un adecuado equilibrio entre la producción agropecuaria (agrícola, pecuaria, forestal, acuícola y pesquera), el uso eficiente del suelo, la distribución equitativa y seguridad jurídica de la tenencia de la tierra, la competitividad y la sostenibilidad social, ambiental y económica, de manera articulada con los instrumentos del ordenamiento territorial y desarrollo rural existentes en el territorio.

Que como un componente de dicha política pública, el ordenamiento social de la propiedad rural es un proceso de planificación y gestión para ordenar la ocupación y uso de las tierras rurales y administrar las tierras de la Nación, que promueve el acceso progresivo a la propiedad y a otras formas de tenencia, la distribución equitativa de la tierra, la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra, la planificación, gestión y financiación del suelo rural, y un mercado de tierras transparente y monitoreado, en cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población rural.

Que el ordenamiento social de la propiedad rural implica un giro total en el diseño institucional para atender las necesidades de administración y gestión de las tierras rurales, pues ya no se concentrará exclusivamente en la atención por solicitud de los interesados, sino que la institucionalidad pública debe orientarse hacia un enfoque proactivo de oferta de servicios, que ponga el énfasis en la iniciativa gubernamental para la atención de los requerimientos originados en las relaciones entre las personas y la tierra.

Que la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, se fundamenta en la construcción de una Colombia en paz, equitativa y educada. Dicho propósito pretende ser alcanzado a través de procesos transversales como la competitividad e infraestructura estratégicas, la movilidad social, la transformación del campo, la seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz, el buen gobierno y el crecimiento verde.

Que el mencionado Plan Nacional de Desarrollo, en el Capítulo III, denominado La Transformación del Campo, dispone la necesidad de contar con un arreglo institucional integral y multisectorial que tenga presencia territorial, de acuerdo con las necesidades de los pobladores rurales y los atributos del territorio, que permita corregir las brechas de bienestar y oportunidades de desarrollo entre regiones rurales.

Que igualmente el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 acogió y desarrolló las directrices antes mencionadas a través de un marco institucional integral que permitiera atender de manera especializada la ejecución de la política de ordenamiento social de la propiedad.

Que mediante el Decreto-Ley 2363 de 2015 se creó la Agencia Nacional de Tierras, ANT, con el objeto de ejecutar la política de ordenamiento social de la propiedad rural formulada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para lo cual debe gestionar el acceso a la tierra como factor productivo, lograr la seguridad jurídica sobre esta, promover su uso en cumplimiento de la función social de la propiedad, y administrar y disponer de los predios rurales de propiedad de la Nación.

Que el numeral 4 del artículo 3º del Decreto 1985 de 2013 establece, dentro de las funciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la de “Formular, coordinar, adoptar y hacer seguimiento a la política de desarrollo rural con enfoque territorial, en lo relacionado con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso productivo del suelo, capacidades productivas y generación de ingresos, y gestión de bienes públicos rurales”.

Que el artículo 3º del Decreto 4145 de 2011 define como objetivo de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA), el de “Orientar la política de gestión del territorio para usos agropecuarios.

Para ello la UPRA planificará, producirá lineamientos, indicadores y criterios técnicos para la toma de decisiones sobre el ordenamiento social de la propiedad de la tierra rural, el uso eficiente del suelo para fines agropecuarios, la adecuación de tierras, el mercado de tierras rurales, y el seguimiento y evaluación de las políticas públicas en estas materias”.

Que el numeral 4 del artículo 5º del Decreto 4145 de 2011 prevé, dentro de las funciones de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios, UPRA, la de “Planificar el ordenamiento social de la propiedad de las tierras rurales, definir los criterios y crear los instrumentos requeridos para tal efecto”.

Que teniendo en cuenta lo anterior, se llevó a cabo un trabajo conjunto entre la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios, UPRA, y la Agencia Nacional de Tierras, ANT, con la coordinación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el fin de acordar los lineamientos para la operación de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural.

Que la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA), desarrolló los Lineamientos para el Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad Rural, como respuesta a la necesidad de brindar al sector agropecuario de una política pública encaminada a contribuir al buen desarrollo del sector rural.

Que de conformidad con el Concepto técnico y el documento lineamientos para la elaboración, aprobación y ejecución de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural (POSPR), elaborados por la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA), la Agencia Nacional de Tierras, de acuerdo con sus funciones, debe desarrollar la capacidad para atender las necesidades de ordenamiento social de la propiedad rural por medio de tres tipos de entrada:

a) De manera prioritaria, a través de la oferta de servicios, apelando a metodologías que hagan dicha oferta cercana a los ciudadanos destinatarios;

b) De manera complementaria, y para facilitar el mantenimiento del ordenamiento, a través de la atención de solicitudes puntuales hechas por demanda; y,

c) De manera transitoria, mediante la descongestión o trámite expedito de los procesos no resueltos bajo el modelo de gestión anterior.

Que el Decreto-Ley 2363 de 2015, en el numeral 4 del artículo 11, remite a la competencia del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para fijar los lineamientos a los cuales se ceñirán los planes de ordenamiento social de la propiedad rural (POSPR), que servirán como guía para la ejecución de la política pública de ordenamiento social de la propiedad rural en el territorio colombiano.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Lineamientos para la elaboración, aprobación y ejecución de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural (POSPR). Adóptanse los lineamientos para la elaboración, aprobación y ejecución de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural (POSPR), contenidos en el documento del mismo nombre anexo a la presente resolución, los cuales hacen parte de la política pública de ordenamiento social de la propiedad y guardarán armonía con la política de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural.

ART. 2º—Planes de ordenamiento social de la propiedad rural (POSPR). Los planes de ordenamiento social de la propiedad rural (POSPR) se definen como un instrumento operativo que articula la acción institucional de los niveles nacional, regional y local para el desarrollo de programas, proyectos y acciones, orientados a organizar la distribución equitativa y el acceso a la tierra rural, la regularización de la propiedad, y la consolidación del mercado de tierras rurales, promoviendo su uso en cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, con el fin de fortalecer la cohesión social, cultural y territorial.

ART. 3º—Ámbito de aplicación. Los planes de ordenamiento social de la propiedad rural (POSPR) podrán elaborarse y ejecutarse en las zonas focalizadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y en el marco de las zonas focalizadas por el catastro multipropósito.

ART. 4º—Principios orientadores para la ejecución de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural (POSPR). Los planes de ordenamiento social de la propiedad rural (POSPR) se ejecutarán bajo la orientación de los siguientes principios:

1. Focalización y progresividad. Los planes de ordenamiento social de la propiedad rural (POSPR) se ejecutarán a través de intervenciones planificadas de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), avanzando por jurisdicción (veredas, corregimientos, municipios, regiones o zonas determinadas), de manera gradual y progresiva, teniendo en cuenta los recursos disponibles. Dichos planes se implementarán en las zonas priorizadas según los criterios que para el efecto señale el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y en las zonas de intervención priorizadas de conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Ley 1753 de 2015.

2. Gratuidad. En la ejecución de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural (POSPR) se procurará no generar costos para la población destinataria. Ello sin perjuicio del tratamiento para quienes, por no reunir las condiciones o requisitos para ser beneficiarios de financiación autorizada por la ley, deban sufragar gastos específicos asociados con las actividades necesarias para el logro y mantenimiento del ordenamiento social de la propiedad.

3. Concurrencia. Las autoridades nacionales y territoriales deberán colaborar y participar en la elaboración y ejecución de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural (POSPR). La elaboración y ejecución de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural (POSPR) deberán articular las intervenciones de las autoridades nacionales y territoriales que deban concurrir en el proceso.

4. Universalidad. Para la elaboración y ejecución de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural (POSPR), en virtud de la aplicación de la metodología de barrido predial, serán objeto de revisión y/o de intervención todos los predios del territorio focalizado.

5. Coincidencia de la información física y jurídica. Para la elaboración y ejecución de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural (POSPR), se buscará integrar la información física de los predios del país (cartografía, ubicación geográfica, descripción de áreas y linderos), con su información jurídica (titulares y contenido de los derechos), en aras de superar las eventuales discrepancias entre la realidad física, el catastro, y el registro jurídico de los derechos e intereses sobre un predio.

6. Sostenibilidad. En el marco de la elaboración y ejecución de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural (POSPR), se promoverán las condiciones para el surgimiento y consolidación de una cultura de la formalidad en las relaciones de tenencia de la tierra, tanto entre actores públicos como privados.

7. Participación ciudadana y comunitaria. La elaboración y ejecución de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural (POSPR) deberán hacerse de manera participativa, garantizando que los habitantes de las zonas de intervención obtengan información clara y oportuna sobre cuáles son los objetivos del proceso, cómo se desarrollará, cuáles pueden ser sus resultados y consecuencias, cómo pueden vincularse al mismo, cuáles son las oportunidades, y cuáles las acciones a las que pueden acudir para garantizar la protección de sus derechos.

8. Publicidad. En la elaboración y ejecución de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural (POSPR), las autoridades nacionales y territoriales con responsabilidad en el reconocimiento y asignación de derechos sobre la propiedad rural promoverán mecanismos de difusión de la información que estimulen y faciliten la participación ciudadana y comunitaria.

9. Interés público. En la elaboración y ejecución de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural (POSPR) deberá prevalecer el interés público o general sobre el interés privado o particular.

10. Responsabilidad. Las autoridades relacionadas con la administración de la tierra, y los propietarios, poseedores y ocupantes de predios objeto de revisión en el marco de la elaboración y ejecución de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural (POSPR), tendrán la responsabilidad de apoyar su ejecución.

11. Enfoque de género. En la elaboración y ejecución de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural (POSPR) se garantizarán los derechos de las mujeres, a través de la consideración del impacto diferenciado que dichos planes pudieran tener sobre sus condiciones y proyecto de vida. En todo caso, se dará prioridad a la atención de las necesidades especiales de las mujeres rurales y, entre ellas, a las mujeres rurales cabeza de familia.

12. Enfoque diferencial. En la elaboración y ejecución de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural (POSPR), se reconocerá la forma diferenciada en que poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, pertenencia étnica, orientación sexual o situación de discapacidad, pudieran ser afectadas. Se brindará especial atención a la población víctima del conflicto armado.

ART. 5º—Lineamientos para la elaboración, aprobación y ejecución de los POSPR. La elaboración y ejecución de los planes se realizará en armonía con los diferentes niveles de planeación estatal. Los planes de ordenamiento social de la propiedad rural (POSPR) se articularán con los planes de desarrollo agropecuario y rural integral con enfoque territorial elaborados por la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), con los planes departamentales de ordenamiento productivo y social de la propiedad, formulados con el apoyo de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA), y con los planes de desarrollo rural integral para las Zidres.

ART. 6º—Metodología. Los planes de ordenamiento social de la propiedad rural (POSPR) se elaborarán y ejecutarán bajo la conducción y con la metodología adoptada por la Agencia Nacional de Tierras, considerando el marco integral del ordenamiento social de la propiedad y de la integración de los procesos de regularización de las tierras rurales. Dicha metodología deberá guardar concordancia con los instrumentos de política pública pertinentes, y tendrá en cuenta herramientas metodológicas elaboradas por la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA), o por otras entidades con experiencia relevante en la materia.

ART. 7º—Sistema Nacional de Gestión de Tierras. Para la elaboración y ejecución de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural (POSPR) la Agencia Nacional de Tierras se apoyará en el Sistema Nacional de Gestión de Tierras, de conformidad con su reglamentación e implementación progresiva por parte del Gobierno Nacional.

ART. 8º—Etapas. Los planes de ordenamiento social de la propiedad rural (POSPR) comprenderán tres etapas:

1. Elaboración.

2. Aprobación.

3. Ejecución.

Durante las tres (3) etapas, la Agencia Nacional de Tierras trabajará en estrecha colaboración con las autoridades nacionales y territoriales relacionadas con la administración de la tierra, y con los habitantes de las zonas objeto de ordenamiento; velará por garantizar el derecho al debido proceso de todas las partes involucradas; y tomará en consideración las necesidades y particularidades de cada territorio focalizado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o por el catastro multipropósito.

ART. 9º—Elaboración de los POSPR. Durante la etapa de elaboración de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural (POSPR), como mínimo se deberán surtir las siguientes etapas:

1. Adelantar acciones de coordinación institucional y planeación estratégica en el orden nacional; recolectar y analizar información pertinente tanto en las dependencias de la agencia nacional de tierras (ANT), como en otras entidades administrativas relacionadas con la administración de la tierra, sobre los predios ubicados en las zonas de intervención rural.

2. Recolectar y analizar la información pertinente para el ordenamiento social de la propiedad de las zonas de intervención, utilizando, entre otras, la metodología de cartografía social.

3. Vincular a los actores públicos y privados interesados de la zona de intervención.

4. Difundir masivamente información clara y pertinente sobre el proceso.

5. Diseñar el plan operativo y hacer los arreglos institucionales necesarios para levantar, procesar y validar la información física y jurídica de los predios objeto de intervención, mediante la metodología de barrido predial.

6. Levantar el censo de potenciales beneficiarios de programas a ejecutar por la Agencia Nacional de Tierras en el marco del ordenamiento social de la propiedad.

7. Resolver situaciones relacionadas con la regularización para la seguridad jurídica de la tierra, susceptibles de trámite inmediato.

8. Organizar y clasificar toda la información recolectada, levantada y validada, y categorizar los predios a intervenir según rutas para su trámite.

PAR.—En la elaboración de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural (POSPR), la Agencia Nacional de Tierras incluirá todos los procesos en curso que le hayan sido transferidos por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, actualmente liquidado (tales como titulación de baldíos, procedimientos administrativos especiales agrarios, solicitudes de sustracción de Ley 2ª de 1959, subsidios integrales de reforma agraria, saneamiento de predios del FNA), y por el programa de formalización de la propiedad rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

ART. 10.—Guía operativa. La Agencia Nacional de Tierras (ANT), desarrollará la guía operativa con la que implementará la metodología de barrido predial para la elaboración de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural (POSPR).

ART. 11.—Situaciones especiales. Los planes de ordenamiento social de la propiedad rural (POSPR) otorgarán especial atención a los procesos que adelante la Dirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras, a las situaciones encontradas en las zonas de reserva campesina (ZRC) o en las áreas protegidas por mandato legal que estén ubicadas dentro de sus zonas de intervención, así como a las zonas microfocalizadas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas en el marco de los procesos de restitución de tierras y territorios abandonados y/o despojados, entre otras restricciones al uso.

Los planes de ordenamiento social de la propiedad rural (POSPR) tendrán en cuenta las disposiciones y limitaciones incluidas en los planes de ordenamiento territorial, en los títulos y licencias mineras y de exploración y explotación de hidrocarburos, y en las zonas de reserva para obras de infraestructura, ubicadas en sus zonas de intervención.

ART. 12.—Incorporación de la información. Los planes de ordenamiento social de la propiedad rural (POSPR) deberán incorporar toda la información recolectada, levantada y validada durante su etapa de elaboración, y serán aprobados por el Director de la Agencia Nacional de Tierras, conforme a lo previsto en el numeral 4 del artículo 11 del Decreto-Ley 2363 de 2015.

PAR.—La información recolectada durante las etapas del proceso hará parte del Sistema Nacional de Gestión de Tierras.

ART. 13.—Aprobación de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural (POSPR). Una vez aprobado el Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (POSPR), se iniciará la etapa de su ejecución.

En todo caso, la aprobación del plan de ordenamiento social de la propiedad rural (POSPR) no será requisito para resolver situaciones particulares relacionadas con las funciones misionales de la ANT al momento en que la situación haya sido identificada.

ART. 14.—Ejecución de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural, POSPR. Durante la etapa de ejecución, se tomarán las decisiones en materia de ordenamiento social de la propiedad a que haya lugar, según las competencias y procedimientos establecidos en las normas vigentes, y se iniciará la implementación de la estrategia de sostenibilidad del ordenamiento social de la propiedad.

ART. 15.—Competencia. La Agencia Nacional de Tierras se encargará de realizar las acciones y adoptar las decisiones administrativas necesarias para la adecuada ejecución de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural (POSPR), garantizando la articulación de los programas de la entidad en el territorio.

ART. 16.—Remisión por competencia. La Agencia Nacional de Tierras coordinará la remisión a las autoridades correspondientes de aquellos casos cuyas rutas de trámite no sean de su competencia.

ART. 17.—Seguimiento y evaluación de los POSPR. Durante todas sus etapas, los planes de ordenamiento social de la propiedad rural (POSPR) incluirán las metas y los indicadores, tanto de resultados como de impacto, que permitan hacerle su debido seguimiento y evaluación. El seguimiento y evaluación a las etapas de los planes de ordenamiento social de la propiedad Rural (POSPR) serán responsabilidad de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), sin perjuicio del seguimiento y evaluación de la política pública de ordenamiento social de la propiedad que como función tienen la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA), y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

ART. 18.—Sostenibilidad. La estrategia de sostenibilidad del ordenamiento social de la propiedad rural estará coordinada por las autoridades administrativas municipales y la Agencia Nacional de Tierras, con el apoyo de las autoridades competentes.

La estrategia de sostenibilidad del ordenamiento social de la propiedad rural debe incluir mecanismos que faciliten, entre otros aspectos, el sostenimiento de la seguridad jurídica de los predios, la creación de una cultura de la formalidad, y el cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, y deberá promover el fortalecimiento institucional y la actualización permanente de la información física, jurídica y económica de los predios que hayan sido objeto de ordenamiento, de acuerdo con la normatividad vigente.

ART. 19.—Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 26 de mayo de 2017.

NOTA: El documento anexo que hace parte integral de la presente resolución, el cual no fue promulgado en el Diario Oficial, puede ser consultado en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.