RESOLUCIÓN 1357 DE 1999 

(Septiembre 28)

“Por medio de la cual se establecen los requisitos para ejercer las funciones de liquidador y se establecen sus honorarios dentro del proceso de liquidación o toma de posesión para liquidar”.

La Superintendente Nacional de Salud,

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas por los decretos 1259 de 1994 y 1922 de 1994, modificado por los decretos 752 de 1976 y 788 de 1998 y demás normas concordantes y complementarias, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto 1922 de 1994 se reglamentó la intervención en el sistema general de seguridad social en salud, conforme a lo dispuesto en el Decreto-Ley 56 de 1995, la Ley 60 de 1993 y la Ley 100 de 1993;

Que a partir de la vigencia del Decreto 788 de 1998 las funciones de intervención en el sistema general de seguridad social en salud sobre las empresas promotoras de salud y las instituciones prestadoras de salud, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, se ejercen por la Superintendencia Nacional de Salud, sin perjuicio de las demás facultades atribuidas al Ministerio de Salud en el Decreto 1922 de 1994;

Que de conformidad con los decretos 1922 de 1994 y 788 de 1998, la Superintendencia Nacional de Salud puede intervenir o tomar posesión de una entidad promotora de salud para liquidarla, cuando se le haya revocado la autorización para funcionar o haya incurrido en una causal de liquidación de conformidad con sus estatutos o con su régimen legal;

Que el comité jurídico consultor de la Superintendencia Nacional de Salud, al estudiar la competencia para decretar la intervención para liquidar las empresas promotoras de salud al tenor de los decretos 1922 de 1994 y 788 de 1998, concluyó que tales entidades están sujetas a un trámite especial de liquidación, sujeto en lo pertinente al procedimiento señalado por el Decreto-Ley 663 de 1993 y demás normas que lo adicionen o modifiquen;

Que de acuerdo con el parágrafo 2º del artículo 233 de la Ley 100 de 1993, el procedimiento administrativo de la Superintendencia Nacional de Salud será el mismo que se consagra por las disposiciones legales para la Superintendencia Bancaria;

Que así mismo, el artículo 32 del Decreto 1922 de 1994 establece que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto-Ley 1259 de 1994, los procedimientos administrativos para la intervención o toma de posesión para liquidar una entidad promotora de salud, serán en lo pertinente, los previstos en el artículo 116 del Decreto-Ley 663 de 1993 y las demás normas que lo complementen o modifiquen;

Que los costos de toda intervención de acuerdo con el artículo 39 del Decreto 1922 de 1994, serán de cargo de la entidad intervenida, salvo que la intervención sea por motivos de orden público en situaciones de emergencia o desastre y sin que exista responsabilidad de la entidad intervenida;

Que al tenor del artículo 41 del Decreto 1922 de 1994, los particulares que ejerzan la intervención por designación o en nombre de la autoridad, responderán en las mismas condiciones que lo hacen los servidores públicos;

Que el término de toda intervención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º del Decreto 752 de 1996, no podrá ser superior a un año, prorrogable por una sola vez por un período igual, salvo que el Ministerio de Salud conceptúe sobre la necesidad de continuar con la intervención por un período mayor;

Que esta superintendencia considera necesario para el ejercicio de las funciones de liquidación o toma de posesión respecto de las entidades sujetas a su control y vigilancia, establecer el régimen de remuneración para el reconocimiento y pago de los honorarios que deben devengar los particulares que ejerzan tales funciones públicas, con el propósito de garantizar el adecuado cumplimiento de su labor institucional, la defensa de los intereses públicos y el adelantamiento de su labor dentro de términos de eficiencia y transparencia;

Que por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Requisitos para ser designado liquidador y contralor. La Superintendencia Nacional de Salud, para la designación de liquidador tendrá en cuenta los requisitos mínimos que para desempeñar esta función establece el artículo 4º del artículo 295 del estatuto orgánico del sistema financiero, modificado mediante el artículo 28 de la Ley 510 de 1999.

ART. 2º—Honorarios de liquidadores y contralores. Los liquidadores y contralores designados por la Superintendencia Nacional de Salud, recibirán con cargo a la entidad en liquidación, honorarios de acuerdo con la tabla que determine y reglamente el Gobierno Nacional para los liquidadores y contralores designados por el fondo de garantías de instituciones financieras, de conformidad con la facultad expresa que determina el parágrafo del artículo 28 de la Ley 510 de 1999.

ART. 3º—Teniendo en cuenta la disposición anterior y mientras se establecen los honorarios y primas de gestión que deben percibir los liquidadores designados por el fondo de garantías de instituciones financieras, que resulta ser aplicable a los liquidadores designados por la Superintendente Nacional de Salud, los mismos, en ejercicio de sus funciones públicas percibirán mensualmente, con cargo a la entidad en liquidación, honorarios y prima de gestión, fijados y determinados de la siguiente manera:

Durante los primeros doce (12) meses del proceso de liquidación, el equivalente al ciento por ciento (100%) del valor mensual de la asignación salarial que a la fecha de posesión devengue el representante legal de la entidad, a título de honorarios y una prima de gestión por este mismo valor.

Durante los meses trece (13) a dieciocho (18) del proceso de liquidación, el equivalente al ochenta por ciento (80%) del valor mensual del salario que a la fecha de posesión devengaba el representante legal de la entidad, a título de honorarios, y una prima de gestión por este mismo valor.

Durante los meses diecinueve (19) a veinticuatro (24) del proceso de liquidación, el equivalente al sesenta y cinco por ciento (65%) del valor mensual del salario que a la fecha de posesión devengaba el representante legal de la entidad, a título de honorarios, y una prima de gestión sobre este mismo valor.

A partir del mes veinticinco (25) de la liquidación, el equivalente al sesenta y cinco por ciento (65%) del valor mensual del salario que a la fecha de posesión devengaba el representante legal de la entidad, a título de honorarios; y una prima de gestión equivalente al cincuenta por ciento (50%) de tales honorarios, siempre y cuando no existan motivos suficientes para determinar mora injustificada en el adelantamiento del proceso de liquidación.

PAR. 1º—Las sumas a que se refiere el presente artículo serán pagadas así: la totalidad de las sumas determinadas con base en las equivalencias salariales, en forma vencida mensual; y la prima de gestión correspondiente pagaderos al vencimiento de cada semestre en forma sucesiva. Ninguno de los anteriores pagos constituye reconocimiento salarial o prestacional y es exigible contra la entidad en liquidación.

PAR. 2º—Los pagos de gestión determinados en la presente resolución, estarán sujetos en todo momento al cumplimiento del plan de actividades que debe presentar el liquidador dentro de los 20 días siguientes a su designación y asunción de sus funciones ante el despacho del Superintendente Nacional de Salud y debidamente aprobado; pago que se suspenderá hasta el cumplimiento de lo debido o la pérdida de la suma por gestión en caso de comprobarse negligencia de parte del liquidador.

ART. 4º—Cuando de la calificación de la gestión se determine la total eficiencia en la gestión adoptada por el interventor, y siempre y cuando la liquidación termine antes del primer año siguiente a la posesión del liquidador, éste recibirá adicionalmente un 15% calculado sobre la totalidad de honorarios que aquí sean reconocidos y siempre y cuando haya tenido que elaborar inventario de bienes practicado el avalúo actualizado los libros contables y estados financieros de ejercicios anteriores y solución de conflictos laborales o de liquidez de la empresa o adelantar diligencias administrativas o judiciales.

ART. 5º—Los honorarios aquí reconocidos se aplicarán preferentemente hasta la fecha en que lo determine el Gobierno Nacional y serán de aplicación inmediata a partir de la vigencia de la presente resolución.

Las personas que en la actualidad desempeñen cargos de interventores deberán ceñirse a lo aquí dispuesto, para efecto de los pagos que les deban ser reconocidos a partir de la fecha.

ART. 6º—Sin perjuicio de las designaciones que como liquidadores realice el Superintendente Nacional de Salud, se establecerá un registro de liquidadores que será manejado por la secretaría general de la superintendencia, con el fin de verificar los requisitos que establece el artículo 28 de la Ley 510 de 1999.

ART. 7º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a 28 de septiembre de 1999.

________________________________