Institución Universitaria Conocimiento e Innovación para la Justicia

RESOLUCIÓN 137 DE 2015 

(Agosto 21)

“Por medio de la cual se establece la tabla de honorarios para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la Institución Universitaria Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ)”.

El Director General de la Institución Universitaria Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ),

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 734 de 2012, y el Decreto 36 de 2014.

CONSIDERANDO QUE:

El artículo 209 de la Constitución Política de 1991, establece que la “función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”.

Por su parte, el artículo 3º de la Ley 489 de 1998, dispone que “La función administrativa se desarrollará conforme a los principios constitucionales en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia. Los principios anteriores se aplicarán igualmente en la prestación de servicios públicos, en cuanto fueren compatibles con su naturaleza y régimen”.

El artículo 3º de la Ley 80 de 1993, reza lo siguiente: “Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

Los particulares por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social, que como tal implica obligaciones”.

El artículo 23 de la Ley 80 de 1993, instituye que “Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente se aplicarán las mismas normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo”.

El numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, define los contratos de prestación de servicios así: “Son contratos de prestación de servicios los que celebran las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos solo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún momento estos contratos generan relación laboral, ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente necesario”.

El literal h), del numeral 4º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, establece “que la modalidad de selección de contratación directa, procede para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo puedan encomendarse a determinadas personas naturales”.

En el mismo sentido, el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, dispone: “Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las entidades estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita.

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad estatal, así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales.

La entidad estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente puedan encomendarse a determinadas personas naturales, debe justificar esta situación en los estudios y documentos previos”.

El artículo 1º del Decreto 2785 del 4 de agosto de 2011 establece:

“ART. 1º—modifíquese el artículo 4º del Decreto 1737 de 1998, modificado por el artículo 2º del Decreto 2209 de 1998, el cual quedará así: (...)

‘ART. 4º—Está prohibido el pacto de remuneración para pago de servicios personales calificados con personas naturales, o jurídicas, encaminados a la prestación de servicios en forma continua para atender asuntos propios de la respectiva entidad, por valor mensual superior a la remuneración total mensual establecida para el jefe de la entidad.

PAR. 1º—Se entiende por remuneración total mensual del jefe de la entidad, la que corresponda a este en cada uno de dichos periodos, sin que en ningún caso puedan tenerse en consideración los factores prestacionales.

PAR. 2º—Los servicios a que hace referencia el presente artículo corresponden exclusivamente a aquellos comprendidos en el concepto de —remuneración servicios técnicos— desarrollado en el decreto de liquidación del presupuesto general de la Nación, con independencia del presupuesto con cargo al cual se realice su pago.

PAR. 3º—De manera excepcional para aquellos eventos en los que se requiera contratar servicios altamente calificados podrán pactarse honorarios superiores a la remuneración total mensual establecida para el jefe de la entidad, los cuales no podrán exceder del valor total mensual establecida para el jefe de la entidad incluidos los factores prestacionales y las contribuciones inherentes a la nómina, relacionada con la seguridad social y parafiscales a cargo del empleador. En estos eventos el representante legal de la entidad deberá certificar el cumplimiento de los siguientes aspectos: 1. Justificar la necesidad del servicio personal altamente calificado. 2. Indicar las características y calidades específicas, altamente calificadas que reúne el contratista para la ejecución del contrato. 3. Determinar las características de los productos y/o servicios que se espera obtener.

PAR. 4º—Se entiende por servicios altamente calificados, aquellos requeridos en situaciones de alto nivel de especialidad, complejidad y detalle’.

El perfil del contratista se determina de acuerdo con las competencias y las responsabilidades inherentes al objeto contractual a desarrollar, criterios que se tendrán en cuenta al fijar los requisitos específicos de estudios y de experiencia del contratista, así como la tasación de los honorarios correspondientes.

La Ley 734 de 2002, en su artículo 48 —Faltas gravísimas— numeral 29, establece lo siguiente: Son faltas gravísimas: (...) 29: Celebrar contrato de prestación de servicios cuyo objeto sea el cumplimiento de funciones públicas o administrativas que requieran dedicación de tiempo completo e impliquen subordinación y ausencia de autonomía respecto del contratista, salvo las excepciones legales”.

De conformidad con el artículo 2º numeral 5º del Decreto 16 del 9 de enero de 2014, la Institución Universitaria Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ) es una entidad adscrita a la Fiscalía General de la Nación (FGN), quien mediante la Resolución 2647 de 2012, adoptó la tabla que fijó los honorarios para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la FGN en el año 2012, la cual servirá de sustento para la fijación de los honorarios para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la CIJ.

De otra parte, el numeral 16 del artículo 11 del Decreto 36 del 13 de enero de 2014, señaló dentro de las funciones que le corresponden al director general de la Institución Universitaria Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ) la de “Adjudicar y suscribir los contratos que sean requeridos por la entidad, ajustándose a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes”.

De conformidad a lo anterior, con el propósito de cumplir con los fines del Estado, los objetivos misionales y funcionales de la Institución Universitaria Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ) y los principios propios de la contratación pública, es oportuno establecer criterios objetivos que permitan a las áreas gestoras de la necesidad y el ordenador del gasto de la Institución Universitaria Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ), la fijación de los honorarios en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, de acuerdo con su idoneidad y experiencia requerida.

Que en mérito de lo expuesto este despacho,

RESUELVE:

ART. 1º—Adoptar la tabla que fija los honorarios para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la Institución Universitaria Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ), cuyo pago se pacte en periodos mensuales, de acuerdo a los valores máximos establecidos a continuación, teniendo en cuenta los niveles de formación y experiencia:

NivelFormaciónExperiencia exigida-añosHonorarios año 2015
ProfesionalTítulo profesional y título de maestría o doctorado10 o más15.000.000
 913.000.000
 811.000.000
Título de profesional y título de especialización79.000.000
 67.000.000
 56.500.000
 46.000.000
 35.500.000
 25.000.000
 14.300.000
Título profesional6 meses 3.800.000
TécnicoTítulo de técnico o tecnólogo2 o más3.200.000
 12.900.000
 6 meses2.100.000
Auxiliar Título de bachiller 1 o más 1.600.000
 6 meses1.000.000

PAR. 1º—Los valores señalados en la tabla son los topes máximos permitidos para fijar los honorarios en los contratos de prestación de servicios profesionales, de ahí que los mismos puedan pactarse por debajo del valor máximo acorde con la disponibilidad presupuestal.

PAR. 2º—El valor de los honorarios establecido regirá a partir del año 2015 y se reajustarán anualmente a través de resolución, teniendo en cuenta el incremento al salario mínimo mensual legal vigente.

PAR. 3º—El valor de los honorarios aquí expresados incluye todos los impuestos a que haya lugar y los costos directos e indirectos en que incurra el contratista para ejecutar el acuerdo de voluntades, a excepción del impuesto al valor agregado (IVA), que se pactará de conformidad con el régimen tributario del eventual contratista.

PAR. 4º—Para garantizar cobertura presupuestal del contrato, el área gestora deberá justificar expresamente los eventos en que el contratista deba desplazarse a lugares distintos del domicilio contractual por razones del objeto y obligaciones a pactar. Así mismo indicará la forma de reconocer y pagar los gastos de viáticos y transporte, si a ello hubiere lugar, para lo cual tendrá en cuenta la resolución por la cual se fija el valor de los viáticos para los servidores de la entidad de acuerdo con la escala salarial de los mismos.

PAR. 5º—Quedan excluidas de la aplicación de la presente resolución teniendo en cuenta el objeto, obligaciones, especialidad, formación, experiencia e idoneidad, los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la representación judicial de la entidad en tribunales de arbitramento independientemente de la forma de pago; los contratos de prestación de servicios profesionales de representación judicial-extrajudicial o administrativa, cuando el objeto o la naturaleza del proceso o la cuantía de las pretensiones lo amerite; los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas jurídicas; por producto presentado y tasado en forma previa y en concreto; por concepto jurídico, técnico especializado, financiero, económico, científico, tecnológico, o de cualquier otra naturaleza; por hora de dedicación de expertos; por gestión cumplida o intermediación; los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo que requiera el despacho del director general de la CIJ y los que él autorice. De esta circunstancia se dejará constancia en los estudios previos donde se realizará el análisis respectivo para llegar al valor pactado.

PAR. 6º—Atendiendo a circunstancias propias del mercado laboral u otras con incidencia en la contratación de prestaciones de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, la presente tabla de honorarios podrá ser modificada o derogada mediante acto administrativo.

ART. 2º—Ordenar a las áreas gestoras la aplicación de las siguientes equivalencias entre estudios y experiencia, siempre y cuando el caso amerite:

a) Doctorado: Título de posgrado en la modalidad de doctorado, por cuatro (4) años de experiencia profesional y viceversa, siempre y cuando acredite el título profesional;

b) Maestría: Título de posgrado en la modalidad de maestría, por tres (3) años de experiencia profesional y viceversa, siempre y cuando acredite el título profesional;

c) Especialización: Título de posgrado en la modalidad de especialización, por dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre y cuando se acredite el título profesional respectivo;

d) Técnico: Título de técnico o tecnólogo por seis (6) semestres de formación universitaria. Título de técnico o tecnólogo por constancia de terminación de estudios de este nivel de formación y seis (6) meses de experiencia laboral;

e) Bachiller: Título de bachiller por cuatro (4) de educación básica secundaria y dos (2) años de experiencia laboral.

Título de bachiller por constancia de terminación de estudios de este nivel de formación y seis (6) meses de experiencia laboral.

En cuanto al factor experiencia: seis (6) semestres de universidad por dos (2) años de experiencia laboral, siempre que acredite el requisito mínimo exigido en formación.

PAR.—La experiencia se acreditará y contabilizará conforme las normas vigentes para el ejercicio de las correspondientes profesiones.

ART. 3º—Comunicar a todas las áreas gestoras y ejecutoras de la entidad, el texto de la presente resolución, la cual rige a partir de su expedición.

Comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 21 de agosto de 2015.