RESOLUCIÓN 139 DE 1999 

(Mayo 17)

“Por medio de la cual se precisan los criterios y procedimientos con los cuales la Contaduría General de la Nación ejecuta técnicamente los procesos de consolidación del sector público y de sus niveles nacional y territorial, los cuales deberán adoptarse progresivamente por los funcionarios responsables de la administración de los entes públicos y se dictan otras disposiciones”.

El Contador General de la Nación,

en uso de las atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confieren el artículo 354 de la Constitución Política, los literales a) y c) del artículo 3º y b) y s) del artículo 4º de la Ley 298 del 23 de julio de 1996 y los literales b) y s) del artículo 2º, del Decreto 1914 de 1996, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 354 de la Constitución Política establece como funciones para el Contador General de la Nación las de uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad pública;

Que así mismo, el precitado artículo establece que el Contador General de la Nación, elaborará el balance general de la Nación, y lo consolidará con el de las entidades descentralizadas territorialmente y por servicios cualesquiera sea el nivel y sector a los que pertenezcan;

Que de conformidad con el literal c) del artículo 3º de la Ley 298 de 1996, es función del Contador General de la Nación, fijar las normas, criterios y procedimientos que deberán adoptar los gobernadores, alcaldes y demás funcionarios responsables del manejo de dichas entidades, con el fin de adelantar la respectiva fase del proceso de consolidación, así como para la producción de información consolidada que deberán enviar a la Contaduría General de la Nación;

Que el literal s) del artículo 4º de la precitada ley establece como función de la Contaduría General de la Nación, determinar las entidades públicas y los servidores de las mismas responsables de producir, consolidar y enviar la información por ella requerida;

Que el proceso de consolidación del sector público colombiano se inscribe bajo la concepción general del sistema de desarrollo administrativo, respecto de las entidades y organismos del nivel nacional y su aplicación, en lo pertinente, a las territoriales, autónomas y las de régimen especial previsto constitucionalmente, establecido por la Ley 489 del 29 de diciembre de 1998;

Que el proceso de consolidación puede ejecutarse en forma descentralizada, siguiendo un esquema gradual de cobertura progresiva por centros de subconsolidación,

RESUELVE:

I. Criterios básicos

ART. 1º—Proceso técnico de consolidación contable del sector público colombiano. Comprende la definición en forma comprehensible, sistemática, recurrente y progresiva de: centros de consolidación, criterios básicos de control, identificación, reconocimiento, conciliación y eliminación de saldos de operaciones recíprocas y la determinación técnica de saldos conciliados, cuenta a cuenta, y del interés minoritario.

Comprehensibilidad. El proceso de consolidación del sector público colombiano, está orientado, explícitamente, a estructurar en forma lógica y razonable, resultados por centros de consolidación que hacen viables propósitos de revelación y análisis, tanto sectorial como macroeconómico, de comparación, con estados contables consolidados de otras jurisdicciones, o financieros, propiamente dichos.

Sistematicidad. El proceso de consolidación del sector público colombiano se fundamenta en la captura simultánea e integrada de todas y cada una de las transacciones de los entes públicos y es ejecutado en forma automática y en fechas predefinidas, sin la posibilidad de injerencia de agentes externos en sus procesos y resultados.

Recurrencia. El proceso de consolidación se desarrolla en fases sucesivas, en cada una de las cuales, se sigue y ejecutan los mismos pasos y procedimientos, cuyos resultados marginales constituyen, necesariamente, punto de partida de fases subsecuentes, hasta el proceso final.

Progresividad. Sin perjuicio de su actual ejecución global y centralizada en la Contaduría General de la Nación, el proceso admite la posibilidad de su ejecución gradual en forma descentralizada.

ART. 2º—Definición de centros de consolidación. Los centros de consolidación básicos del sector público colombiano están concebidos en armonía con la existencia de sectores administrativos estructurados sobre la base del reconocimiento de la autonomía prevista constitucionalmente para la Nación, los entes territoriales y las entidades y organismos estatales sujetos a régimen especial y, simultáneamente, la clasificación derivada de los procesos de desarrollo institucional mediante esquemas de descentralización o desconcentración, sin perjuicio de la posibilidad de definir centros de consolidación de propósitos específicos.

ART. 3º—Estados contables consolidados. La generación de estados contables consolidados por centros de consolidación, supone la integración comprehensible, sistemática, lógica y coherente de la información contable básica individual de varios entes públicos, como si se tratara de un ente contable.

ART. 4º—Mecanismo de seguimiento, autoregulación y control. El proceso técnico de consolidación prevé, a manera de mecanismo para su mejoramiento continuo, la revelación explícita, en los estados contables comprehensivos consolidados, de las diferencias observadas al conciliar los saldos de operaciones recíprocas reportados por los diferentes entes públicos partícipes en una misma transacción, verificables tanto a nivel individual, como del respectivo centro de consolidación.

ART. 5º—Autonomía. La autonomía, desde el punto de vista de la técnica contable de consolidación de la información financiera de los entes públicos, se entiende exclusivamente respecto de las entidades territoriales para la gestión de los asuntos de su interés, en los términos establecidos por la Constitución Política.

ART. 6º—Condición básica de control. Atendiendo al desarrollo institucional de la administración descentralizada del Estado, el criterio de agrupación o condición básica utilizada para definir centros de consolidación está dado por el grado de ejercicio del control de tutela gubernamental y la existencia formal de condiciones de control administrativo o de influencia importante.

ART. 7º—Control de tutela gubernamental. Sujeción de las entidades y organismos públicos descentralizados en relación con la orientación y vigilancia exclusiva por parte de sus respectivas entidades principales del nivel central, la cual es ejercida en diferentes grados, en función de su condición de adscripción o vinculación.

ART. 8º—Condición de control administrativo. Para los efectos de la presente norma, se presume que una entidad es controlada administrativamente por el sector público si el 50% o más de su capital social pertenece, en forma directa, desde una entidad, o indirecta, por concurrencia de la participación de varias entidades, a dicho sector.

ART. 9º—Condición de influencia importante. Se presume la existencia del ejercicio de influencia importante, cuando una entidad pública inversora, independientemente de su participación en el capital social de la entidad receptora, puede definir las decisiones operativas y financieras de esta última.

ART. 10.—Proceso de consolidación contable por presunción. Para los efectos del proceso de consolidación contable, la Contaduría General de la Nación presumirá la existencia de control o el ejercicio de influencia importante en la toma de decisiones financieras y operativas de unas entidades públicas principales respecto de otras receptoras de sus aportes patrimoniales, cuando dichos aportes representen una participación patrimonial directa o indirecta, por concurrencia de las participaciones desde otras entidades u organismos adscritos o vinculados, en la respectiva entidad u organismo receptor, mayor o igual al 50%.

Consecuentemente, en caso de existir un interés opuesto, esto es, indicando la inexistencia de control o del ejercicio de influencia importante por parte de una entidad pública clasificada como principal respecto de una determinada entidad u organismo adscrito o vinculado, los interesados deberán aportar los documentos probatorios, que serán evaluados y sobre los cuales deberá conceptuar este despacho. Entretanto, la presunción se entenderá vigente.

ART. 11.—Información contable básica requerida. Para la obtención de estados contables consolidados a partir de información individual, la información contable básica será la contenida en los correspondientes formatos CGN-96-001, CGN-96-002 y CGN-98-003 y demás formatos que los modifiquen o adicionen.

Ahora bien, tratándose de la elaboración de estados contables consolidados a partir de información previamente consolidada, la información contable básica está constituida por los estados contables consolidados y, el agregado de los saldos de operaciones recíprocas y estructura patrimonial contenidos en los formatos CGN-96-002 y CGN-98-003, que no fueron eliminadas en fases previas o anteriores del proceso de consolidación.

ART. 12.—Entidades consolidadoras. Tienen esta calidad las entidades principales de la administración central o entidades inversoras que ejercen control administrativo, o bien, controlan ejercen influencia importante, en los términos de la presente resolución, respecto de otras entidades receptoras de sus aportes patrimoniales.

PAR. 1º—Del sector público. La Contaduría General de la Nación, como entidad responsable del proceso de consolidación del sector público, actuará en calidad de consolidadora al efectuar la última etapa de dicho proceso.

PAR. 2º—Del nivel nacional. Los ministerios y departamentos administrativos serán las entidades consolidadoras básicas del nivel nacional.

PAR. 3º—Del nivel territorial. Las gobernaciones, alcaldías municipales y distritales serán las entidades consolidadoras básicas del nivel territorial.

PAR. 4º—Consolidación de seccionales, regionales u oficinas delegadas. Cuando una entidad consolidadora desarrolle su función administrativa mediante el esquema de oficinas seccionales, regionales o delegadas, su información contable básica requerida, se agregará con la de sus entidades adscritas y se consolidará con la de sus entidades vinculadas, directas o indirectas, en la principal. En consecuencia, las operaciones recíprocas efectuadas en el lugar de domicilio de las oficinas seccionales, regionales o delegadas, serán eliminadas, por la Contaduría General de la Nación, al momento de consolidar los estados contables consolidados de la entidad principal.

ART. 13.—Entidades consolidadas. Tienen esta calidad las entidades públicas adscritas o vinculadas, directas o indirectas, a una entidad pública principal, sobre las cuales ésta ejerce control administrativo, o bien, controla o ejerce influencia importante en los términos aquí definidos.

Consecuentemente, las entidades públicas consolidadas deben enviar, para los efectos de la presente resolución, su información contable básica requerida, a la entidad pública principal, designada como su consolidadora, en las fechas de presentación definidas por la Contaduría General de la Nación.

PAR. 1º—Entidades y organismos públicos del nivel nacional que remiten información directamente a la Contaduría General de la Nación. Las entidades públicas del nivel nacional, pertenecientes a las ramas legislativa y judicial del poder público, los organismos de control, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y los entes y organismos que conforman la organización electoral, deben reportar directamente su información contable básica requerida a la Contaduría General de la Nación. Consecuentemente, dichas entidades serán consideradas, para los efectos de la presente resolución, como entidades públicas consolidadas.

En este mismo sentido, los organismos estatales sujetos a régimen especial otorgado por la Constitución Nacional deberán remitir su información contable básica directamente a la Contaduría General de la Nación, particularmente el Banco de la República, los entes universitarios autónomos, las corporaciones autónomas regionales y la Comisión Nacional de Televisión. En consecuencia, tales entidades y organismos serán consideradas para los efectos de la presente resolución como entidades públicas consolidadas.

PAR. 2º—Organismos territoriales de control y corporaciones administrativas públicas de elección popular. En el nivel territorial, los organismos especializados en el ejercicio de funciones administrativas de control o normatización, v. gr.: contralorías, asambleas, concejos, entre otros, deben reportar directamente su información contable básica requerida a la respectiva administración central, departamental, municipal, distrital o, la de los territorios indígenas, según sea el caso. En consecuencia, serán considerados, para los efectos de la presente resolución, como entidades públicas consolidadas del respectivo centro de consolidación.

PAR. 3º—Entidades públicas consolidadoras y consolidadas sucesivamente. Las entidades públicas que actúen en calidad de consolidadoras de sus adscritas y vinculadas, directas o indirectas y de las entidades que controle administrativamente, o sobre las cuales ejerza influencia importante, tendrán la calidad de consolidadas en la fase inmediatamente siguiente, toda vez que el proceso de consolidación se define mediante el desarrollo recurrente de fases consecutivas.

En consecuencia, los estados contables consolidados provenientes de los centros de consolidación definidos por la Contaduría General de la Nación, serán consolidados, en la fase final del proceso de consolidación, por esta entidad, junto con la información contable básica de los organismos y entidades públicas definidos en los parágrafos 1º y 2º, inmediatamente anteriores.

PAR. 4º—Entidades adscritas. Las entidades adscritas de los niveles nacional y territorial, en sentido estricto, desde el punto de vista de la elaboración de estados contables comprehensibles consolidados, agregan su información contable básica requerida, con la de su respectiva entidad principal o administración central, según sea el caso.

II. Ámbito de aplicación

ART. 14.—Nivel nacional. Lo dispuesto en la presente resolución, deberá ser aplicado por la totalidad de entes públicos del orden nacional, directos e indirectos o de segundo grado, bajo el contexto de la administración institucional descentralizada en sus diversas modalidades como son: La Presidencia de la República, la Vicepresidencia de la República, los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y unidades administrativas especiales con y sin personería jurídica, organismos consultivos, la Policía Nacional, los pertenecientes a las ramas legislativa y judicial, los organismos de control, la organización electoral, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las filiales de las empresas industriales y comerciales, las filiales creadas con participación de particulares, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios públicos, las empresas de servicios públicos mixtas, las sociedades públicas, las sociedades de economía mixta, sociedades y asociaciones entre entidades públicas, asociaciones y fundaciones estatales con participación de personas jurídicas particulares, corporaciones civiles sin ánimo de lucro, instituciones o fundaciones y demás entidades creadas o autorizadas por ley.

ART. 15.—Nivel territorial. Lo dispuesto en la presente resolución también deberá ser aplicado por la totalidad de entes públicos del orden territorial, directos e indirectos o de segundo grado, bajo el contexto de la administración institucional descentralizada en sus diversas modalidades como son: El Distrito Capital de Santafé de Bogotá, departamentos, distritos, municipios, territorios indígenas, otras regiones, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las filiales de las empresas industriales y comerciales, las filiales creadas con participación de particulares, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios públicos, las empresas de servicios públicos mixtas, las sociedades públicas, las sociedades de economía mixta, sociedades y asociaciones entre entidades públicas, asociaciones y fundaciones estatales con participación de personas jurídicas particulares, instituciones o fundaciones y demás entidades territoriales creadas o autorizadas por ley.

ART. 16.—Régimen especial. Lo dispuesto en la presente resolución, deberá ser aplicado igualmente, por el Banco de la República, los entes universitarios autónomos, las corporaciones autónomas nacionales, la Comisión Nacional de Televisión y demás entidades y organismos sujetos a régimen especial otorgado por la Constitución Política.

III. Funciones de los entes públicos en el proceso de consolidación

ART. 17.—Procesamiento de la información. Los funcionarios responsables del manejo de los entes públicos señalados en los artículos 14, 15 y 16 de la presente resolución, deberán disponer lo necesario para que sus áreas financieras y contables produzcan oportunamente la información contable básica requerida, atendiendo estrictamente los procedimientos números 6.2.5.2. “Instrucciones para el correcto diligenciamiento del modelo CGN-96-001, denominado catálogo de cuentas” y 6.2.5.3. “Instrucciones para el correcto diligenciamiento del modelo CGN-96-002, denominado saldos de operaciones recíprocas”, contenidos en el Plan General de la Contabilidad Pública, PGCP, y demás normas que los modifiquen o adicionen.

ART. 18.—Obligaciones de las entidades consolidadoras. Las entidades públicas designadas taxativamente en la presente resolución, como consolidadoras, deben disponer lo necesario para: acopiar técnicamente e inicialmente y en forma trimestral, la información contable básica requerida de sus respectivas entidades consolidadas, la cual les será suministrada en medio magnético e impreso; ejecutar la fase del proceso de consolidación de la cual es responsable, y remitir a la Contaduría General de la Nación en medio magnético e impreso los estados contables consolidados resultantes, junto con las respectivas notas, la hoja de trabajo, la relación de las entidades que fueron objeto de la consolidación, la de las que quedaron excluidas de la misma y la certificación de los estados contables consolidados. Así mismo, en medio magnético, deberán remitir los archivos que contienen los formatos individuales CGN-96-001 y CGN-96-002 de los entes consolidados, en las fechas previstas para la presentación de información financiera, económica y social.

ART. 19.—Información patrimonial. Las entidades públicas deben mantener permanentemente actualizada su estructura patrimonial en la Contaduría General de la Nación de conformidad con lo dispuesto para tal fin por este despacho, toda vez que los aportes patrimoniales medidos por el porcentaje de participación acumulado directo, desde una entidad pública del nivel nacional o territorial, o indirecto, por concurrencia del aporte de varias entidades públicas que bien pueden pertenecer a los niveles nacional o territorial, de las entidades públicas entre sí o como participación en entidades del sector privado, son esenciales para adelantar el proceso técnico de consolidación del sector público.

Así mismo, el registro contable de los montos representativos de inversiones patrimoniales de largo plazo, clasificados como títulos de renta variable no negociables y cuyo interés fundamental es el control de las respectivas entidades emisoras, deberá efectuarse, sin excepción, por el método de la participación patrimonial de conformidad con las instrucciones impartidas por este despacho.

ART. 20.—Exclusiones del proceso de consolidación. Sin perjuicio de que al analizar la condición básica de control administrativo deba verificarse previamente la existencia de control o de influencia importante según lo definido en esta resolución, las entidades consolidadoras sólo excluirán del proceso de consolidación las entidades que estén contempladas en una de las siguientes circunstancias:

1. Cuando presenten inexactitudes o imprecisiones en la información remitida o que no remitan oportunamente la información contable básica requerida. Estas entidades públicas serán reportadas a la Procuraduría General de la Nación para lo de su competencia, sin perjuicio de las demás acciones legales a que hubiere lugar.

2. Cuando se trate de entidades públicas que no estén comprendidas dentro del ámbito de aplicación del Plan General de la Contabilidad Pública, PGCP.

3. Cuando se trate de sociedades de economía mixta en las cuales el sector público posee aportes patrimoniales cuya participación, directa o indirecta, resulte ser inferior al 50%.

4. Cuando se trate de entidades públicas en las cuales se tiene una participación patrimonial, directa e indirecta, igual o superior al 50%, pero que existe intención probada, desde el momento de su adquisición, de enajenación en el corto plazo.

PAR. 1º—Sustentación y revelación de exclusiones. Toda exclusión de entidades públicas por parte de la entidad consolidadora deberá justificarse suficientemente y contar con la aprobación de la Contaduría General de la Nación e igualmente revelarse en notas a los estados contables consolidados, en la respectiva fase del proceso de consolidación.

PAR. 2º—Definición complementaria de entidades consolidables. La Contaduría General de la Nación, no obstante la definición de los criterios de exclusión señalados en este artículo, podrá determinar la inclusión o exclusión de entidades públicas en el proceso de consolidación, siempre que exista evidencia que demuestre sobre ellas aspectos que afecten, aumentando o atenuando, la capacidad de ejercer influencia importante en las políticas operacionales y financieras de las entidades receptoras de la inversión.

ART. 21.—Certificación. El contador de la entidad consolidadora deberá certificar formalmente la adecuada aplicación del procedimiento de consolidación, de conformidad con la información por él producida o acopiada y bajo los criterios y procedimientos señalados en la presente resolución.

PAR.—Revelación. El contador de la entidad consolidadora deberá revelar todo aspecto importante que, a su juicio, pueda afectar sustancialmente la información contenida en los respectivos estados contables consolidados.

IV. Centros de consolidación, entidades consolidadoras y consolidadas

ART. 22.—Clasificación y ubicación de entidades. Con el fin de delimitar con precisión cada uno de los grupos de entidades públicas que serán objeto del proceso de consolidación, todas y cada una de ellas deberán verificar su calidad, como entidad consolidadora, o bien, como entidad consolidada, y determinar así las entidades que le remitirán la respectiva información contable básica requerida o, por el contrario, la entidad pública a la cual debe reportarle dicha información.

ART. 23.—Centros de consolidación. Se definen formalmente cuatro (4) centros de consolidación, así:

Nivel nacional. Incluye información consolidada de la Presidencia de la República, ministerios y departamentos administrativos y la de las demás entidades consolidadoras de este nivel.

Nivel territorial. Incluye información consolidada de los departamentos, el Distrito Capital de Santafé de Bogotá, los demás distritos, municipios, territorios indígenas y la de las demás entidades consolidadoras de este nivel.

Régimen especial. Incluye información consolidada de el Banco de la República, los entes universitarios autónomos, las corporaciones autónomas regionales, la Comisión Nacional de Televisión y los demás entes y organismos con régimen especial previsto constitucionalmente.

Contaduría General de la Nación. Incluye información consolidada de los niveles nacional, territorial y de entidades y organismos pertenecientes al régimen especial.

ART. 24.—Centros de subconsolidación. Tanto en el nivel nacional como territorial, se consideran como centros de subconsolidación básicos, los resultantes del conjunto de entidades públicas de sus respectivos sectores central y descentralizado.

V. Presentación de la información

ART. 25. TRANS.—Plazos. Una vez definido un esquema de ejecución descentralizada del proceso de consolidación mediante un programa progresivo de cobertura gradual y con el fin de compatibilizar los plazos de presentación de la información, definidos en el artículo 4º de la Resolución 152 del 25 de julio de 1997, modificados mediante el artículo 1º de la Resolución 320 del 14 de noviembre de 1998, con el proceso de consolidación por fases desde las entidades consolidadas hacia las respectivas entidades consolidadoras y desde éstas hacia la Contaduría General de la Nación, las entidades públicas deberán remitir la información contable básica requerida y la correspondiente a los estados contables consolidados, atendiendo las siguientes fechas de corte y presentación:

Fecha de corteFecha de presentación de información contable básica individual a entidades consolidadorasFecha de presentación a la Contaduría General de la Nación
31 de marzo30 de abril8 de mayo
30 de junio31 de julio8 de agosto
30 de septiembre31 de octubre8 de noviembre
31 de diciembre15 de febrero23 de febrero

Cuando las fechas señaladas coincidan con un día no laborable, el cumplimiento deberá efectuarse, a más tardar, el día hábil siguiente al indicado.

PAR.—Cumplimiento del deber de presentar información. Con la presentación oportuna y sin errores técnicos de validación de la información contable básica requerida con sus anexos y notas, de las entidades consolidadas en la respectiva entidad consolidadora, se entiende atendida su obligación de presentación de información individual ante la Contaduría General de la Nación, sin perjuicio de la aplicación de las demás acciones a que haya lugar como consecuencia de imprecisiones en la información contable reportada y que sean detectadas con posterioridad.

Por su parte las entidades que actúan como consolidadoras en cualesquiera de las fases del proceso, deberán presentar su información contable básica requerida junto con los estados contables consolidados resultantes en su fase de consolidación ante la Contaduría General de la Nación, a más tardar en las fechas previstas para el efecto, sin perjuicio de la aplicación de las demás acciones a que haya lugar como consecuencia de imprecisiones en su información contable básica requerida reportada y que sean detectadas con posterioridad.

ART. 26.—Cobertura progresiva. La calidad de entidades consolidadoras que se asigne a las entidades públicas, será ejercida por los entes designados, mediante un esquema de cobertura progresiva, debiendo asumirla plenamente a partir del momento en que la Contaduría General de la Nación lo indique explícitamente. Entre tanto, su información contable básica requerida y la de las entidades públicas por ellos consolidada, deberán remitirse directamente a esta entidad.

ART. 27.—Conformación de series comparables. La Contaduría General de la Nación, con el fin de garantizar la consistencia y comparabilidad intertemporal de las series de información consolidadas por centros de consolidación y subconsolidación, ejecutará los procesos a que haya lugar, sin perjuicio de mantener los resultados de los informes presentados oficialmente a los organismos de control.

VI. Vigencia y derogatorias

ART. 28.—Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial, momento desde el cual deben adoptarse los criterios, procedimientos y funciones aquí definidos. La Contaduría General de la Nación aplicará formalmente esta norma a los procesos de consolidación que tengan lugar a partir del año 1999 y modificará, en lo pertinente, la Resolución 152 del 25 de julio de 1997.

PAR. TRANS.—Una vez definida la ejecución descentralizada del proceso de consolidación, por parte de la Contaduría General de la Nación, atendiendo un esquema de cobertura progresiva y habiendo garantizado previamente el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos de consolidación por parte de los entes públicos designados como entidades consolidadoras, la presente resolución modificará, en lo pertinente, la Resolución 152 del 25 de julio de 1997.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a 17 de mayo de 1999.

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