RESOLUCIÓN 1396 DE 2005 

(Abril 15)

“Por medio de la cual se delegan unas funciones administrativas”.

El Fiscal General de la Nación,

en uso de sus facultades legales, especialmente las que le confiere los artículos 11 numerales 17 y 25, y 13 de la Ley 938 del 30 de diciembre de 2004, y

CONSIDERANDO QUE:

El artículo 64 del Código de Procedimiento Civil establece que la Nación y demás entidades de derecho público podrán constituir apoderados especiales para los procesos en que sean parte;

El artículo 59 de la Ley 23 de marzo 21 de 1991, modificado por el artículo 70 de la Ley 446 de julio 7 de 1998, establece que las personas jurídicas de derecho público, podrán conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, por conducto de sus representantes legales o de apoderado, sobre conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo mediante las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo;

El artículo 151 del Código Contencioso Administrativo, dispone que las entidades públicas deberán estar representadas por abogado, en los procesos en que intervengan como demandantes, demandadas o terceros;

El artículo 11 de la Ley 938 del 30 de diciembre de 2004, establece que el Fiscal General de la Nación tiene la representación de la Fiscalía General de la Nación;

Los numerales 17 y 25 del anterior precepto legal, establecen que el Fiscal General de la Nación, además de las funciones especiales otorgadas por la Constitución Política, tendrá las funciones generales de expedir procedimientos conducentes a la organización administrativa y al eficaz desempeño de las funciones de la entidad, y de representar a la Nación —Fiscalía General de la Nación—, en los procesos judiciales, para lo cual podrá constituir apoderados especiales;

Para el cumplimiento de lo preceptuado en las anteriores normas, el Fiscal General de la Nación debe constituir apoderados para que representen y defiendan los intereses de la Fiscalía General de la Nación;

El artículo 13 de la Ley 938 de 2004, establece que el Fiscal General de la Nación podrá delegar, en los servidores del más alto nivel de la Fiscalía General de la Nación, las funciones de carácter legal que convengan al mejor cumplimiento de los objetivos de la entidad;

En consecuencia,

RESUELVE:

ART. 1º—Delegar en el jefe de la oficina jurídica de la Fiscalía General de la Nación las siguientes funciones:

a) Actuar en representación de la Fiscalía General de la Nación en los procesos contencioso administrativos, civiles y laborales, audiencias de conciliación prejudicial o judicial, acciones constitucionales y de inconstitucionalidad, que se adelanten en los diferentes despachos judiciales del territorio nacional, en los cuales la Fiscalía General de la Nación deba actuar en calidad de demandante, demandada o interviniente, con facultades precisas para transigir, desistir, conciliar total o parcialmente, y, en general, todas las demás, inherentes al mandato, de conformidad con el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil. Para el cumplimiento de tales delegaciones, podrá constituir apoderados especiales y sustitutos;

b) Notificarse personalmente del auto admisorio de la demanda, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca o por el Consejo de Estado, dentro de los procesos que se adelanten en esas corporaciones contra la Fiscalía General de la Nación;

c) Notificarse personalmente del auto admisorio de la demanda y del mandamiento de pago, dictados en los procesos judiciales, que se adelanten contra la Fiscalía General de la Nación, en los distintos despachos judiciales de Bogotá, D.C.;

d) Otorgar poderes a los abogados vinculados a la Fiscalía General de la Nación, o externos contratados para tal fin, para representar, en calidad de principales o sustitutos, en los procesos judiciales, audiencias de conciliación judicial o prejudicial, acciones constitucionales o de inconstitucionalidad, que se adelanten en los diferentes despachos judiciales, en los cuales la Fiscalía General de la Nación deba actuar en calidad de demandante, demandada o interviniente, con las facultades señaladas en el literal a) del artículo 1º de esta resolución.

(Nota: Adicionado por la Resolución 1832 de 2007 artículo 1º de la Fiscalía General de la Nación)

ART. 2º—Delegar en los directores seccionales administrativos y financieros de la Fiscalía General de la Nación, ubicados en sede diferente a la ciudad de Bogotá, D.C., las siguientes funciones:

a) Notificación personal del auto admisorio de la demanda y del mandamiento de pago dictados en los procesos contencioso administrativos, civiles y laborales, que se adelanten contra la Fiscalía General de la Nación, en los distintos despachos judiciales del territorio del departamento, en cuya capital tengan su sede, previa verificación de que todos y cada uno de los documentos, anexos y pruebas que se reciben se encuentran completos;

b) Inmediatamente después de surtida la notificación de la demanda, deberán remitirla a la oficina jurídica, con todos sus anexos, informando al mismo tiempo y por escrito la fecha de su presentación.

PAR.—Los directores, por conducto del abogado asistente de la respectiva seccional, deberán remitir a la oficina jurídica de la entidad, las solicitudes de conciliación prejudicial en que sea citada la Fiscalía General de la Nación, previa verificación de tener la documentación completa, e informar por escrito, inmediatamente después de recibir la respectiva citación, las fechas y horas de sus correspondientes audiencias. En consecuencia y, en este mismo orden de ideas, deberán comparecer a las respectivas audiencias de conciliación prejudicial y remitir con destino a la oficina jurídica, las copias de las actas que se adelanten en ellas.

ART. 3º—El control judicial de los procesos de que trata esta resolución corresponde a los mencionados directores, por conducto del abogado asistente de la respectiva seccional, quienes informarán de inmediato y por escrito a la oficina jurídica de la entidad, todas y cada una de las novedades relacionadas con las actuaciones procesales que se surtan, y también las providencias que se produzcan en ellos.

PAR. 1º—Los directores, por conducto del abogado asistente, deberán visitar constantemente los despachos judiciales, con el fin de hacer estricto seguimiento al desarrollo y evolución de los procesos e informar inmediatamente después de la notificación o comunicación, y proceder a enviar copia vía fax y posteriormente por valija de:

— Auto admisorio de la demanda.

— Auto que decreta las pruebas.

— Todas las pruebas practicadas y surtidas dentro del proceso.

— Acta de la audiencia de conciliación.

— Dictamen pericial.

— Pronunciamientos acerca de las excepciones propuestas.

— Los diferentes pronunciamientos de los llamados en garantía o de a quienes se les ha denunciado el pleito.

— Sentencia de primera instancia, junto con el memorial de apelación, en los casos en que resulte procedente su interposición.

— Las demás piezas documentales que se produzcan dentro del proceso.

PAR. 2º—Los directores, por conducto del abogado asistente, deben realizar todos los trámites legales y administrativos para efectos de lograr la notificación y comparecencia efectiva de los llamados en garantía, o de a quienes se les ha denunciado el pleito; comparecer a las audiencias de conciliación y de testimonios que se ordenen y programen dentro del proceso contencioso administrativo y remitir, con destino a la oficina jurídica de la entidad, las respectivas actas y allegar oportunamente, a las diferentes corporaciones, los memoriales suscritos por los apoderados de la entidad.

ART. 4º—El cumplimiento de las funciones aquí delegadas a los directores seccionales administrativos y financieros, se hará por conducto de los abogados asistentes adscritos a las diferentes direcciones seccionales administrativas y financieras de la Fiscalía General de la Nación.

ART. 5º—El incumplimiento de cualquiera de las funciones administrativas delegadas en la presente resolución, por parte de los referidos directores seccionales administrativos y financieros o de sus correspondientes abogados asistentes, genera responsabilidad solidaria, y constituye falta disciplinaria, conforme a lo dispuesto en la Ley 734 del 5 de febrero de 2002.

ART. 6º—Deroga la Resolución 0-0052 del 14 de enero de 1994, y todas las demás disposiciones que le sean contrarias.

ART. 7º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 15 de abril de 2005.

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