RESOLUCIÓN R-014 DE 1993 

(Julio 23)

“Por medio de la cual se fijan reglas respecto de la actuación de los procuradores en lo judicial ante los tribunales contencioso administrativo, y de los procuradores delegados en lo contencioso ante el Consejo de Estado, respecto de la vinculación a proceso contencioso administrativo de servidores o exservidores públicos, y de particulares que cumplan funciones públicas”.

El Procurador General de la Nación,

en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y,

(Nota: Derogada por la Resolución 73 de 1997 artículo 19 de la Procuraduría General de la Nación).

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 277 de la Constitución Política, especialmente en sus numerales 3º, 5º y 7º, y 127 del Decreto 01 de 1984, corresponde al Ministerio Público velar por los intereses de la sociedad e intervenir en los procesos cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales;

Que de acuerdo con las funciones descritas en el numeral anterior y con fundamento en las previsiones del inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política, el título VII del Decreto 1 de 1984, el título XII del Decreto 222 de 1983 (2), y demás normas concordantes, corresponde al Ministerio Público buscar mecanismos para que la falla personal del servidor o exservidor público sea materia de análisis y decisión por la jurisdicción contencioso administrativa;

Que en desarrollo de sus atribuciones constitucionales y legales, los agentes del Ministerio Público han venido solicitando la vinculación a proceso contencioso administrativo de funcionarios o exfuncionarios públicos,

RESUELVE:

ART. 1º—Los procuradores en lo judicial ante los tribunales contencioso administrativo y los procuradores delegados en lo contencioso ante el Consejo de Estado, una vez notificados de los autos admisorios de las demandas en su respectiva órbita de competencia, y en las cuales se demande una persona pública o a una privada que ejerza o haya ejercido funciones administrativas, podrán solicitar a la respectiva corporación judicial, o a la persona pública demandada para que a su turno ella realice la petición, que se vincule al proceso a los servidores o exservidores públicos, y a los particulares, cuando de la demanda se colija que dichas personas han podido incurrir en culpa grave o dolo en el ejercicio de sus funciones.

En el evento en que el procurador en lo judicial o delegado se haya dirigido a la entidad demandada para efectos de que realice la vinculación al proceso de su funcionario, sin que ésta lo hiciere en el término oportuno, aquél deberá solicitarlo a la corporación judicial en dicho término.

(Nota: Derogada por la Resolución 73 de 1997 artículo 19 de la Procuraduría General de la Nación).

ART. 2º—Para efectos de dicha vinculación, los procuradores ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, deberán cumplir con los requisitos previstos en el artículo 57 del Código de Procedimiento Civil y demás normas concordantes. La petición referida podrá solicitarse desde el momento de la notificación del auto admisorio de la demanda, en el término de fijación en lista, o en cualquier estado del proceso cuando fuere pertinente.

(Nota: Derogada por la Resolución 73 de 1997 artículo 19 de la Procuraduría General de la Nación).

ART. 3º—La solicitud de vinculación al proceso deberá ser seguida de una intervención activa en aras de promover su legalidad y de obtener, cuando así lo acrediten las circunstancias del mismo, la condena pecuniaria por lo que correspondiere por culpa grave o dolo en el ejercicio de sus funciones, al servidor, exservidor público o particular, dentro del mismo proceso en el cual procediere la declaratoria de responsabilidad contra una persona pública o una privada que ejerciere o haya ejercido funciones administrativas, y propenderán porque se dé aplicación a lo dispuesto en el artículo 79 del Código Contencioso Administrativo.

(Nota: Derogada por la Resolución 73 de 1997 artículo 19 de la Procuraduría General de la Nación).

ART. 4º—En las acciones de simple nulidad no ha de solicitarse la mencionada vinculación al proceso, ni tampoco en aquellos eventos en los cuales de la demanda o de las pruebas aportadas o practicadas en el proceso, se infiera que no existió culpa grave o dolo del servidor, exservidor público o del particular.

(Nota: Derogada por la Resolución 73 de 1997 artículo 19 de la Procuraduría General de la Nación).

ART. 5º—En el evento de observarse, en cualquier etapa del proceso, que el servidor o exservidor público así como el particular, no ameritan estar vinculados al proceso, el procurador respectivo habrá de promover su desvinculación del mismo.

(Nota: Derogada por la Resolución 73 de 1997 artículo 19 de la Procuraduría General de la Nación).

ART. 6º—Como complemento al informe mensual a que están obligados por disposición de la Ley 4ª de 1990, los procuradores ante la jurisdicción contencioso administrativa enviarán dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes, a la procuraduría auxiliar, una relación de los procesos en los cuales se decidió solicitar o no la vinculación en los mismos, en los términos señalados en la presente resolución, especificando claramente los motivos de su determinación, así como los hechos en que se funda.

(Nota: Derogada por la Resolución 73 de 1997 artículo 19 de la Procuraduría General de la Nación).

ART. 7º—En los eventos en los cuales se solicita la comparecencia a proceso de servidores o exservidores públicos, el procurador ante la jurisdicción contencioso administrativa, deberá informar al respectivo procurador departamental, provincial, delegado o general, según fuere el caso, con el objeto de que dicho funcionario, si lo considera procedente, adelante la correspondiente investigación disciplinaria con respecto a los hechos materia de la controversia judicial. A partir del informe rendido a estos últimos, se comunicarán al procurador ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo las actuaciones que pueden repercutir en el proceso contencioso.

(Nota: Derogada por la Resolución 73 de 1997 artículo 19 de la Procuraduría General de la Nación).

ART. 8º—La presente resolución rige a partir de la fecha y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Comuníquese y cúmplase.

(Nota: Derogada por la Resolución 73 de 1997 artículo 19 de la Procuraduría General de la Nación).

Dada en Santafé de Bogotá, D. C., a 21 de julio de 1993.

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