Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

RESOLUCIÓN 1428 DE 2018

(Julio 31)

“Por la cual se modifican los artículos 9º, 10 y 12 de la Resolución 256 del 22 de febrero de 2018, por medio de la cual se adopta la actualización del Manual de compensaciones ambientales del componente biótico y se toman otras determinaciones”.

El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas por el numeral 14 del artículo 5º de la Ley 99 de 1993 y el numeral 2º del artículo 2º del Decreto-Ley 3570 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que los artículos 8º, 58, 79 y 80 de la Constitución Política de Colombia establecen que, es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación; que la propiedad es una función social que Implica obligaciones, a la cual le es inherente una función ecológica; que es deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar, entre otros fines, su conservación y restauración, así como proteger la diversidad e integridad del ambiente y de manera particular el deber de conservar las áreas de especial importancia ecológica.

Que el artículo 1º de la Ley 99 de 1993, establece dentro de los principios generales ambientales: “2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada de forma sostenible”.

Que el numeral 14 del artículo 5º de la precitada ley, señala dentro de las funciones de este ministerio “Definir y regular los instrumentos administrativos y mecanismos necesarios para la prevención y el control de los factores de deterioro ambiental y determinar los criterios de evaluación, seguimiento y manejo ambientales de las actividades económicas”, el cual es concordante con el numeral 2º del artículo 2º del Decreto-Ley 3570 de 2011, que establece como función del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la de “Diseñar y regular las políticas públicas y las condiciones generales para el saneamiento del ambiente, y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación de los recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto de actividades contaminantes, deteriorantes o destructivas del entorno o del patrimonio natural, en todos los sectores económicos y productivos”.

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, determina que, les corresponde a las corporaciones autónomas regionales, entre otras funciones, ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental definidos por la ley o por el Ministerio del Medio Ambiente, promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos naturales renovables; coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes organismos y entidades integrantes del sistema nacional ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción y en especial, asesorar a los departamentos, distritos y municipios y ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos de los recursos naturales renovables.

Que el artículo 50 de la Ley 99, señala que la licencia ambiental impone al beneficiario la obligación de cumplir con los requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada.

Que el Decreto 3573 de 2011, creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y le asignó en el artículo 3º, entre otras funciones, “1. Otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de conformidad con la ley y los reglamentos” y “2. Realizar el seguimiento de las licencias, permisos y trámites ambientales”.

Que el inciso 2º del artículo 204 de la Ley 1450 de 2011, establece que “(...) en los casos en que proceda la sustracción de las áreas de reserva forestal, sea esta temporal o definitiva, la autoridad ambiental competente impondrá al interesado en la sustracción, las medidas de compensación, restauración y recuperación a que haya lugar, sin perjuicio de las que sean impuestas en virtud del desarrollo de la actividad que se pretenda desarrollar en el área sustraída. Para el caso de sustracción temporal, las compensaciones se establecerán de acuerdo con el área afectada”.

Que para los casos en que se estime pertinente efectuar la sustracción parcial de la reserva forestal, una vez realizada la evaluación correspondiente, se hace necesario establecer las medidas de compensación correspondientes, dada la pérdida de área de reserva forestal y de servicios ecosistémicos que la misma implica para la Nación.

Que el parágrafo 2º del artículo 2.2.1.1.5.1 del Decreto 1076 de 2015, señala que, cuando por razones de utilidad pública se requiera sustraer bosques ubicados en terrenos de dominio público para realizar aprovechamientos forestales únicos, el área afectada deberá ser compensada, como mínimo, por otra de igual cobertura y extensión, en el lugar que determine la entidad administradora del recurso.

Que mediante Resolución 1526 de 2012, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible estableció los requisitos y el procedimiento para la sustracción de áreas en las reservas forestales nacionales, las cuales comprenden las establecidas mediante la Ley 2ª de 1959 y las reservas forestales declaradas por el Ministerio de la Economía Nacional, el Inderena, el Ministerio de Agricultura y las áreas de reservas forestales regionales, para el desarrollo de actividades económicas declaradas por la ley como de utilidad pública o interés social que impliquen remoción de bosques o cambio en el uso de los suelos o cualquiera otra actividad distinta del aprovechamiento racional de los bosques.

Que mediante Resolución 1517 de 2012, este ministerio adoptó el Manual para la asignación de compensaciones ambientales por pérdida de biodiversidad para el medio biótico en ecosistemas terrestres, cuyo ámbito de aplicación era obligatorio para los usuarios que elaboren y presenten las medidas de compensación contenidas en los estudios ambientales exigidos para la obtención de la licencia ambiental de los proyectos, obras o actividades contenidas en el anexo 3 de dicho Manual de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

Que a través de la Resolución 256 del 22 de febrero de 2018, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adoptó la actualización del Manual de compensaciones ambientales del componente biótico y derogó la Resolución 1517 de 2012 y modifica el numeral 1.2 del artículo 10 de la Resolución 1526 de 2012.

Que de conformidad con los diferentes escenarios técnicos y jurídicos que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sostuvo con actores y autoridades ambientales, se observó la necesidad de modificar los artículos 9º, 10 y 12 de la Resolución 256 del 22 de febrero de 2018, con el fin de dar certeza a la aplicabilidad jurídica del régimen de transición por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), las corporaciones autónomas regionales y las de desarrollo sostenible, los grandes centros urbanos de que trata el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, establecimientos públicos ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002 y 1617 de 2013, partiendo de una fecha exacta de entrada en vigencia del acto administrativo en comento.

Que conforme a lo anterior, este Ministerio modificará a través del presente acto administrativo los artículos 9º, 10 y 12 de la Resolución 256 del 22 de febrero de 2018.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Modificar el artículo 9º de la Resolución 256 de 2018, el cual quedará de la siguiente manera:

“ART. 9º—Aplicación del Manual de compensaciones del componente biótico. El presente manual de compensaciones del componente biótico, será de obligatorio cumplimiento y aplicación para los usuarios y autoridades ambientales en materia de licenciamiento ambiental, permiso de aprovechamiento forestal único y sustracción de reservas forestales nacionales o regionales a partir del 15 de agosto de 2018”.

ART. 2º—Modificar el artículo 10 de la Resolución 256 de 2018, el cual quedará así:

“ART. 10.—Régimen de transición. El régimen de transición aplicará para los siguientes casos:

1. Aquellos que a partir de la entrada en vigencia del presente acto administrativo, cuentan con acto administrativo de inicio de trámite para la obtención de licencia ambiental o su modificación, permiso de aprovechamiento forestal único o sustracción de áreas de reserva forestal nacional o regional, continuarán su proceso de evaluación sujetos a la norma vigente al momento de su Inicio. Sin embargo, si el usuario lo considera pertinente podrán acogerse a lo dispuesto en la presente resolución, en lo concerniente al dónde y cómo implementar las medidas de compensación, según la tipología legal de la medida.

2. Aquellos que obtuvieron licencia ambiental, permiso de aprovechamiento forestal único o sustracción de áreas de reserva forestal nacional o regional antes de la entrada en vigencia del presente acto administrativo, continuarán sujetos a las normas vigentes al momento de su expedición. Sin embargo, podrán acogerse a lo dispuesto en la presente resolución, en lo concerniente al dónde y cómo implementar las medidas de compensación.

PAR. 1º—Para el numeral 2º del presente artículo, la autoridad ambiental competente evaluará la viabilidad de aprobación de la propuesta de modificación de las obligaciones relacionadas con las medidas de compensación, sin perjuicio de las infracciones ambientales a que haya lugar de conformidad con la Ley 1333 de 2009.

PAR. 2º—La propuesta de modificación de las medidas de compensación, deberá ser presentada ante la autoridad ambiental competente hasta el 31 de diciembre de 2018, término perentorio para la presentación de la solicitud.

PAR. 3º—En todos los casos, el ajuste de las medidas de compensación, no implica modificaciones en la extensión del área a compensar, ni la monetización de las medidas originalmente impuestas”.

ART. 3º—Modificar el artículo 12 de la Resolución 256 de 2018, el cual quedará así:

“ART. 12.—Vigencia y derogatorias. La presente resolución entrará en vigencia a partir del 15 de agosto de 2018 y deroga la Resolución 1517 de 2012 y modifica el numeral 1.2 del artículo 10 de la Resolución 1526 de 2012”.

ART. 4º—Vigencia. La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial y modifica los artículos 9º, 10 y 12 de la Resolución 256 del 22 de febrero de 2018.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.C., a 31 de julio de 2018.