Fiscalía General de la Nación

RESOLUCIÓN 1439 DE 2012 

(Agosto 27)

“Por medio de la cual se conforma un comité asesor al interior de la Fiscalía General de la Nación para apoyar la realización y el cumplimiento oportuno de las tareas asignadas a la entidad, derivadas de la implementación de la Ley 1448 de 2011 y el sistema de atención a víctimas, así como de la Sentencia T-025 de la Corte Constitucional y sus autos de seguimiento”.

El Fiscal General de la Nación,

en uso de las atribuciones legales y en particular de las que le confiere el artículo 11 artículo 33 de la Ley 938 de diciembre de 2004, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 387 de 1997 “por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia”, dispone en su artículo 4º: “Créase el sistema nacional de atención integral a la población desplazada por la violencia para alcanzar los siguientes objetivos: (...) 3º. Integrar los esfuerzos públicos y privados para la adecuada prevención y atención de las situaciones de desplazamiento forzado por la violencia”.

Que el Decreto 2467 de 2005 mediante el cual se crea la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción Social dispone en su artículo 6º “Funciones generales. (...) 6. Coordinar el sistema nacional de atención integral a la población desplazada por la violencia y ejecutar acciones de acompañamiento al retorno, prevención, protección, atención humanitaria y reubicación a favor de la población desplazada y en riesgo de desplazamiento, de conformidad con las competencias asignadas por la Ley 387 de1997 y sus decretos reglamentarios (...)”.

Que el Congreso de la República, aprobó el 10 de junio de 2011 la Ley 1448, “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones” con el objeto de “establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3º de la presente ley, dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales”.

Que el Decreto 4155 de 3 de noviembre de 2011, por el cual se “transforma la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción Social, en Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, perteneciente al sector administrativo de inclusión social y reconciliación, y se fija su objetivo y estructura”, en su artículo 2º consagra: “Objetivo. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social tiene como objetivo dentro del marco de sus competencias y de la ley, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, planes generales, programas y proyectos para la superación de la pobreza, la inclusión social, la reconciliación, la recuperación de territorios, la atención y reparación a víctimas de la violencia, la atención a grupos vulnerables, población discapacitada y la reintegración social y económica y la atención y reparación a víctimas de la violencia a las que se refiere el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, las cuales desarrollará directamente o a través de sus entidades adscritas o vinculadas, en coordinación con las demás entidades u organismos competentes”.

Que la Corte Constitucional mediante Sentencia T-025 de 2004, declara el “estado de cosas inconstitucional”, frente a la población en condición de desplazamiento por considerar que “existe una vulneración sistemática de sus derechos”, impartiendo órdenes a entidades nacionales y territoriales con el fin de que sean atendidas las necesidades básicas de esta población.

Que en desarrollo de la facultad contenida en el Decreto 2591 de 1991, artículo 7º, la Corte Constitucional adelanta la evaluación del cumplimiento de las órdenes emanadas de la referida sentencia por parte de las entidades del Estado.

Que mediante Auto 116 de 2008, la Corte Constitucional establece la necesidad de desarrollar un sistema de indicadores que permita realizar el seguimiento al cumplimiento por parte de las entidades a las órdenes emitidas en la Sentencia T-025 de 2004 y autos subsiguientes.

Que la Ley 1448 de 2011, “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, en su artículo 159 dispone: “Créase el sistema nacional de atención y reparación integral a las víctimas, el cual estará constituido por el conjunto de entidades públicas del nivel gubernamental y estatal en los órdenes nacional y territoriales y las demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de formular o ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones específicas, tendientes a la atención y reparación integral de las víctimas de que trata la presente ley”, señalando igualmente en su artículo 160 “El sistema nacional de atención y reparación a las víctimas estará conformado por las siguientes entidades y programas: En el orden nacional, por:... 16. La Fiscalía General de la Nación”.

Que en su artículo 4º, el Decreto 4155 de 2011, “por el cual se transforma la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción Social, en Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, perteneciente al sector administrativo de inclusión social y reconciliación, y se fija su objetivo y estructura”, señala como funciones del Departamento para la Prosperidad Social, en su numeral 16: “Definir las políticas de gestión e intercambio de la información, de las tecnologías de información y comunicaciones del sector administrativo de inclusión social y reconciliación, y procurar la disponibilidad de información para el eficiente cumplimiento de las funciones de las entidades”.

Que el Decreto 4800 de 2011, “por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones”, en su artículo 9º estipula: “Información compartida y armonizada. Las entidades del Estado deberán compartir la información necesaria para la prevención de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, la protección y las garantías de no repetición, de manera armónica y coordinada, así como la armonización de un sistema articulado de registro y que permitan la comunicación entre las distintas bases de datos. Lo anterior sin perjuicio de la reserva legal aplicable a ciertos documentos y archivos”.

Que el artículo 11 de la Ley 938 del 30 de diciembre de 2004, señala: “El Fiscal General de la Nación tiene la representación de la entidad y además de las funciones especiales otorgadas por la Constitución Política, tiene las siguientes funciones generales:... 33. Crear comités asesores y grupos de trabajo para el cumplimiento de la función de la entidad y los previstos en la ley”.

Que se hace necesario conformar un comité asesor al interior de la institución, que estará integrado por los jefes de las unidades nacionales: Para la justicia y la paz, derechos humanos y derecho internacional humanitario, contra el desplazamiento y la desaparición forzada, contra el secuestro y la extorsión, un delegado del despacho del Fiscal General de la Nación, el jefe de la oficina de planeación, el jefe de la oficina de informática y un delegado de la Dirección Nacional de Fiscalías, para apoyar la realización y el cumplimiento oportuno de las tareas asignadas a la entidad, derivadas de la implementación de la Ley 1448 de 2011 y el sistema de atención a víctimas, así como de la Sentencia T-025 de la Corte Constitucional y sus autos de seguimiento,

RESUELVE:

ART. 1º—Conformar un comité asesor al interior de la institución que estará integrado por los jefes de las unidades nacionales: Para la justicia y la paz, derechos humanos y derecho internacional humanitario, contra el desplazamiento y la desaparición forzada, contra el secuestro y la extorsión, un delegado del despacho del Fiscal General de la Nación, el jefe de la oficina de planeación, el jefe de la oficina de informática y un delegado de la Dirección Nacional de Fiscalías, para apoyar la realización y el cumplimiento oportuno de las tareas asignadas a la entidad, derivadas de la implementación de la Ley 1448 de 2011 y el sistema de atención a víctimas, así como de la Sentencia T-025 de la Corte Constitucional y sus autos de seguimiento.

ART. 2º—Los funcionarios destacados, bajo la dirección del señor Fiscal General de la Nación articularán esfuerzos en el marco de las competencias de cada una de sus unidades o dependencias, a efectos de cumplir con las obligaciones derivadas de la implementación de la Ley 1448 de 2011 y el sistema de atención a víctimas en lo que respecta a la entidad, así como para la realización de las tareas necesarias para el cumplimiento de las órdenes emanadas de la Corte Constitucional, mediante Sentencia T-025 de 2004 y sus autos de seguimiento.

ART. 3º—En caso de que para la optimización en el cumplimiento de las tareas, surjan propuestas en asuntos que competen a la alta dirección de la entidad, estas deberán someterse a su aprobación por parte del despacho del Fiscal General de la Nación.

ART. 4º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 27 de agosto de 2012.