RESOLUCIÓN 1442 DE 2008 

(Agosto 14)

“Por la cual se establece el procedimiento para la expedición del dictamen técnico-ambiental al que alude la norma andina para el registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola, Decisión 436, de la Comisión de la Comunidad Andina, y se toman otras determinaciones”.

El Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,

en uso de las facultades legales, especialmente las conferidas por los numerales 10 y 14 artículo 5º de la Ley 99 de 1993, el Decreto-Ley 216 de 2003, el numeral 12 del artículo 8º del Decreto 1220 de 2005, modificado por el artículo 1º del Decreto 500 del 2006, y

CONSIDERANDO:

Que las artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución Política señalan que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente y planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, así como prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental;

Que el artículo 2º de la Ley 99 de 1993 dispuso la creación del Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial como organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado entre otras cosas, de definir las regulaciones a las que se sujetarán la conservación, protección, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente de la Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible;

Que el numeral 8º del artículo 52 de la Ley 99 de 1993 dispuso que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial otorga de manera privativa licencia ambiental para la “producción o importación de pesticidas y de aquellas sustancias, materiales o productos sujetos a controles por virtud de tratados, convenios y protocolos internacionales”;

Que mediante la norma andina para el registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola Decisión 436 de la Comisión de la Comunidad Andina se reglamentó lo relativo al registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola, entre los países miembros de la Comunidad Andina;

Que el artículo 8º de la decisión citada dispone que “Cada país miembro deberá adoptar las medidas técnicas, legales y demás que sean pertinentes, con el fin de desarrollar los instrumentos necesarios para la aplicación de la presente decisión”;

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 10 ibídem todo fabricante, formulador, importador, exportador, envasador y distribuidor de plaguicidas químicos de uso agrícola deberá registrarse ante la autoridad nacional competente;

Que el artículo 53 señala que para efectos del registro nacional de un plaguicida químico de uso agrícola, la información técnica será evaluada por la autoridad nacional competente, igualmente considera como sujetos de evaluación el ingrediente activo grado técnico, el formulado y los aditivos;

Que el artículo 54 de la norma que nos ocupa, dispone que “De acuerdo con su ordenamiento jurídico y procedimientos internos, cada país miembro definirá las áreas de responsabilidad institucional para la evaluación de los aspectos agronómicos, de salud y ambientales, inherentes al registro.

Que para el análisis de riesgo-beneficio, la autoridad nacional competente basará su decisión en los dictámenes técnicos emitidos por las instituciones señaladas supra, o en la opinión de los especialistas que sean convocados para asesorar en la materia, cuando se considere necesario”;

Que el artículo 70 de la Decisión 436 dispone que “La presente decisión entrará en vigencia al momento de la aprobación del manual técnico andino...”;

Que mediante la Resolución 630 del 25 de junio de 2002 la Secretaría General de la Comunidad Andina adoptó el manual técnico andino para el registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola;

Que mediante el Decreto 502 de 2003 el Gobierno Nacional reglamentó la norma andina para el registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola, Decisión 436 de la Comisión de la Comunidad Andina y designó al Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, como la autoridad nacional competente para llevar el registro y control de los plaguicidas químicos de uso agrícola y responsable de velar por el cumplimiento de la decisión, su manual técnico y el citado decreto;

Que el artículo 3º del precitado decreto, consagró que la autoridad nacional competente recibirá las solicitudes de registro y dará traslado a los ministerios de la protección social y al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para que adelanten dentro del ámbito de sus competencias, los trámites en el control de las actividades vinculadas con los plaguicidas químicos de uso agrícola;

Que el Decreto-Ley 216 de 2003 establece que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial cumplirá además de las funciones allí señaladas, las dispuestas en la Ley 99 de 1993;

Que el numeral 12 del artículo 8º del Decreto 1220 de 2005, modificado por el artículo 1º del Decreto 500 de 2006, establece que “La importación y producción de pesticidas y de aquellas sustancias, materiales o productos sujetos a controles por virtud de tratados. convenios y protocolos internacionales. La importación de plaguicidas químicos de uso agrícola, se ajustará al procedimiento señalado en la Decisión Andina 435 del Acuerdo de Cartagena y sus normas reglamentarias. Tratándose de organismos vivos modificados, OVM, para lo cual se aplicará en su evaluación y pronunciamiento únicamente el procedimiento establecido en la Ley 740 de 2002, y en sus decretos reglamentarios”;

Que el artículo 24 de Decisión 436 de 1998 de la Comisión de la Comunidad Andina consagró que el registro nacional tendrá una vigencia indefinida sin perjuicio de la potestad que tienen las autoridades nacionales de los sectores de agricultura, salud y ambiente para realizar estudios sobre la base de los programas de seguimiento y vigilancia posregistro y para adoptar las disposiciones pertinentes conforme a la ley;

Que de conformidad con lo expuesto se procederá a establecer el procedimiento que debe surtirse para la expedición del dictamen técnico ambiental al que alude la Decisión 436,

RESUELVE:

ART. 1º—Definiciones. Para la correcta interpretación y aplicación de la presente resolución, se utilizarán las definiciones contenidas en la norma andina para el registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola Decisión 436 de la Comisión de la Comunidad Andina, el manual técnico andino adoptado mediante Resolución 630 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, y la que se cita a continuación:

Dictamen técnico ambiental. Es el concepto técnico y legal que se fundamenta en la evaluación integral de los estudios presentados, para obtener el registro nacional de plaguicidas químicos de uso agrícola, con base en el manual técnico de la Decisión Andina 436 de 1998.

ART. 2º—Ámbito de aplicación. La presente resolución se aplicará dentro del territorio colombiano, con el objeto de obtener el registro nacional de plaguicidas químicos de uso agrícola, ante la autoridad nacional competente, ANC.

PAR.—El registro nacional comprende además de la actividad de importación, la fabricación, la formulación, la exportación, el envasado y la distribución de plaguicidas químicos de uso agrícola, de conformidad con lo dispuesto en la norma andina para el registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola Decisión 436 de 1998 de la Comisión de la Comunidad Andina.

ART. 3º—Procedimiento. El procedimiento a seguir para la emisión del dictamen técnico ambiental será el siguiente:

1. El interesado en el dictamen técnico ambiental para obtener el registro nacional de plaguicidas químicos de uso agrícola, deberá remitir a este ministerio, a través de la autoridad nacional competente, ANC, la siguiente documentación:

1.1. Solicitud suscrita por el representante legal o quien haga sus veces (en caso de ser persona jurídica) o la persona natural interesada, nombre o razón social, número de identificación, domicilio y nacionalidad.

1.2. Certificado de existencia y representación legal para el caso de persona jurídica (siempre y cuando la empresa no tenga expediente en la dirección de licencias, permisos y trámites ambientales o teniendo se haya cambiado el representante legal de la misma).

1.3. Poder otorgado en debida forma, cuando se actúe mediante apoderado.

1.4. Autoliquidación y constancia de pago del cobro por la prestación del servicio de evaluación ambiental.

1.5. El estudio ambiental que se debe elaborar de conformidad con lo dispuesto en el manual técnico andino.

1.6. Copia del protocolo de ensayo de eficacia debidamente aprobado por el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA.

2. Allegada la solicitud el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a través de la dirección de licencias, permisos y trámites ambientales verificará el cumplimiento de los requisitos de que trata el numeral anterior y en el caso de no cumplirse, requerirá al interesado para que allegue la documentación faltante, caso en el cual y hasta tanto no se suministre la documentación en debida forma, no se expedirá el auto de inicio de trámite.

En el evento en que la solicitud cumpla con los requisitos antes mencionados o allegada la documentación requerida para el efecto, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la radicación de la misma se procederá a expedir el auto de inicio de trámite que se notificará y publicará en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993 y se procederá a la apertura del correspondiente expediente.

3. Una vez en firme el auto de inicio trámite, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes la dirección de licencias, permiso y trámites ambientales de conformidad con lo dispuesto en el manual técnico andino podrá solicitar al interesado la información adicional mediante auto. En este caso se interrumpirán los términos que tiene la autoridad para decidir.

4. Si no se requiere información adicional o allegada ésta, la dirección de licencias, permisos y trámites ambientales en un término máximo de cuarenta (40) días hábiles emitirá el concepto técnico ambiental el cual será acogido mediante la respectiva resolución, la cual será notificada y publicada de conformidad con los términos señalados en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

5. Contra el acto administrativo citado en el numeral anterior procede el recurso de reposición en los términos y condiciones consagrados en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso-Administrativo.

6. Una vez quede en firme la resolución que emite el dictamen técnico ambiental, será comunicada a la autoridad nacional competente, ANC, para que ésta continúe con el trámite administrativo para el registro nacional.

PAR.—La presentación del estudio ambiental deberá estar acorde con el numeral 3.1.1 de la metodología general para la presentación de estudios ambientales, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

ART. 4º—Contenido del dictamen técnico ambiental. La resolución mediante la cual se emita el dictamen técnico ambiental para la obtención del registro nacional de plaguicidas químicos de uso agrícola, deberá contener, cuando menos lo siguiente:

1. La identificación de la persona natural o jurídica, pública o privada interesada en obtener el registro nacional de plaguicidas químicos de uso agrícola.

2. Un resumen de las consideraciones y motivaciones de orden ambiental que han sido tenidas en cuenta para la emisión del dictamen técnico ambiental.

3. Las diferentes actividades que se autorizan.

4. Las condiciones y requisitos de uso.

5. Obligatoriedad de efectuar la publicación del acto administrativo, conforme al artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

6. Las demás obligaciones y requisitos que deben cumplirse.

ART. 5º—Modificación del dictamen técnico ambiental. El dictamen técnico ambiental, deberá ser modificado en los siguientes casos:

1. Aumento de la dosis recomendada en la sección de uso y manejo del proyecto de etiqueta del producto o de la etiqueta debidamente aprobada por la autoridad nacional competente, ANC.

2. Cambio y/o adición de cultivos y/o plagas a tratar cuando dicho cambio implique un aumento en la dosis recomendada del producto y se hayan obtenido ante autoridad nacional competente, ANC, aprobación de los protocolos de ensayos de eficacia para los cultivos y/o plagas a cambiar o adicionar.

3. Cambio de nombre del producto formulado durante el proceso de obtención del registro nacional y hasta cuando éste sea otorgado por la autoridad nacional competente, ANC, caso en el cual se deberá presentar el nuevo proyecto de rotulado y el certificado de análisis químico cualitativo y cuantitativo del ingrediente activo y el certificado de composición química del nuevo nombre del producto formulado, expedido por un laboratorio nacional o internacional reconocido o acreditado.

4. Se reubique el producto en una categoría toxicológica diferente a la original, por aplicación de la norma andina.

En todos los casos antes mencionados, el interesado suministrará el nuevo proyecto de etiqueta con los cambios propuestos.

ART. 6º—Modificaciones menores. Se considerarán como modificaciones menores o ajuste normal dentro del giro ordinario de la actividad, las actividades que se relacionan a continuación:

1. Disminución de la dosis recomendada en la sección de uso y manejo del proyecto de etiqueta del producto o de la etiqueta debidamente aprobada por la autoridad nacional competente.

2. Cambio y/o adición de cultivos y/o plagas a tratar cuando dicho cambio no implique un aumento en la dosis recomendada del producto y se hayan obtenido ante la autoridad nacional competente la aprobación de los protocolos de ensayos de eficacia para los cultivos y/o plagas a cambiar o adicionar.

3. Retiro de usos del producto.

4. Cambio y/o adición de una empresa fabricante o formuladora del producto, o el país de origen, siempre que el perfil del ingrediente activo grado técnico, aditivos en la formulación e impurezas, estén dentro del rango de las especificaciones técnicas del producto inicialmente evaluado de conformidad con el certificado de análisis químico cualitativo y cuantitativo del ingrediente activo y el certificado analítico de composición química del producto formulado, emitidos por un laboratorio nacional o internacional reconocido o acreditado, cumpliendo con lo establecido en el manual técnico andino, sección 2, parte B, numerales 2.1. y 2.2.

5. Exclusión de una empresa fabricante o formuladora.

6. Cambios en la razón social de la empresa fabricante o formuladora.

PAR.—El titular del dictamen técnico ambiental deberá informar mediante escrito y con destino al expediente las modificaciones menores o ajuste normal dentro del giro ordinario de la actividad, con el fin de que sean tenidas en cuenta en el proceso de seguimiento ambiental.

ART. 7º—Vigencia del dictamen técnico ambiental. El dictamen técnico ambiental perderá su vigencia cuando:

1. Transcurridos tres (3) años contados a partir de la fecha de ejecutoria del acto administrativo que lo emitió, el titular del mismo no haya realizado la actividad autorizada en éste.

2. Transcurridos tres (3) años contados a partir de la fecha de ejecutoria del acto administrativo que lo emitió, el titular del mismo no haya obtenido el registro nacional que otorga la autoridad nacional competente, ANC.

3. Por renuncia expresa del titular del dictamen técnico ambiental, siempre y cuando no haya realizado la actividad autorizada en este.

ART. 8º—Cesión. El titular del dictamen técnico ambiental emitido por este ministerio, podrá solicitar la cesión de los derechos y las obligaciones de ceder los derechos y las obligaciones que se derivan de él, previa la presentación de un documento escrito y suscrito por él y la persona interesada en la cesión.

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se pronunciará mediante acto administrativo dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud.

A la solicitud de cesión, deberán anexarse el certificado de existencia y representación legal expedido dentro del mes anterior a la fecha de radicación de la solicitud, si se trata de personas jurídicas, o del documento de identificación en el caso de personas naturales.

ART. 9º—Control y seguimiento. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial realizará control y seguimiento a lo establecido en la resolución mediante la cual se expidió el dictamen técnico ambiental, de tal forma que se determine el cumplimiento de lo allí dispuesto y a las normas ambientales, siempre que se haya efectuado el registro nacional por parte de la autoridad nacional competente, ANC.

ART. 10.—Cobro. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial efectuará el cobro por concepto de evaluación o seguimiento ambiental, originados con ocasión del dictamen técnico ambiental siempre y cuando se haya efectuado el registro nacional por parte de la autoridad nacional competente.

ART. 11.—Medidas preventivas y sanciones. El incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución, dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sanciones previstas en el artículo 85 de la Ley 99 de 1993, o la norma que la modifique, sustituya o derogue.

ART. 12.—Transición. Las solicitudes de licencia ambiental de importación de plaguicidas químicos de uso agrícola que se hayan efectuado antes de la entrada en vigencia del Decreto 500 del 20 de febrero de 2006, continuarán su trámite de conformidad con las normas vigentes al momento de efectuada la solicitud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la citada norma. En estos casos las licencias ambientales serán el fundamento ambiental para continuar con el trámite tendiente a la obtención del registro nacional de plaguicidas químicos de uso agrícola ante la autoridad nacional competente, ANC, ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 55 de la Decisión 436 de 1998.

Las solicitudes de modificación de dictámenes técnicos ambientales que fueron presentadas antes de la entrada en vigencia de la presente resolución se regirán por las disposiciones vigentes al momento del inicio del trámite administrativo.

ART. 13.—El procedimiento que se fija en el presente acto administrativo se aplicará igualmente a:

1. Los plaguicidas químicos de uso agrícola que de acuerdo con el artículo 55 de la Decisión 436 de 1998, sean sometidos al proceso de revaluación por parte de la autoridad nacional competente.

2. En el evento en que la autoridad nacional competente, ANC, previo el cumplimiento de los requisitos consagrados en la Decisión 436 de 1998, decida levantar la prohibición establecida en su artículo 13.

ART. 14.—Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial, y deroga la Resolución 662 del 17 de junio de 2003.

Comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 14 de agosto de 2008.

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